Toma de posesión de la Fiscal de la PGR

Discurso de la Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en Ciudad Juárez, María Guadalupe Morfín Otero, leído
durante la toma de protesta de la Fiscal Especial para la Atención de los
Homicidios de Género en Cd. Juárez, efectuada el viernes 30 de enero de
2004.
La vida pública de un país está hecha de momentos que no son fotografías
fijas, sino procesos construidos entre muchos actores.
En el cúmulo de decisiones públicas no siempre es posible ver con claridad las
consecuencias de un acto político. En esa posición estoy ante la creación de la
Fiscalía Especial. No he sido parte de su diseño y me preocupa que no se
incorpore a las víctimas de la ciudad de Chihuahua en su mandato. Nos
hubiera gustado enterarnos de que hubo un diálogo abierto con los
directamente afectados para su creación.
Esto no significa desconfianza de los esfuerzos institucionales, sino recoger la
memoria de las dificultades que han tenido las fiscalías especiales en México,
por la ausencia de resultados y la consecuente falta de credibilidad, con la
salvedad quizá de la que se ocupa de los Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado.
Antes de la creación de la Fiscalía hubiera preferido, a través del análisis que
como Comisionada me corresponde hacer de las causas estructurales de la
violencia, aportar otras fórmulas de intervención federal sin dejar a un lado el
fortalecimiento y capacidad de rectificación y asunción de responsabilidades de
las instituciones locales. Abrigo por ello, con razonable mesura, la esperanza
de que las cosas funcionen bien en este caso.
Confío en que la Procuraduría General de la República, que es la experta en la
investigación del delito y que atraviesa por un notable proceso de cambios
positivos en su compromiso de combatir la delincuencia organizada, respetar
los derechos humanos, hacer análisis de inteligencia y trabajar en forma
coordinada y leal con otras dependencias, tenga, en este caso, todo el éxito
que merece y que ofrezca los resultados tan esperados.
La mayor participación del Gobierno Federal en las investigaciones coincide
con las recomendaciones de relatores y expertos de Naciones Unidas y del
Sistema Interamericano de derechos humanos, así como de organismos
nacionales e internacionales. En esta visión coincido; la magnitud del fenómeno
y la responsabilidad internacional que de esto pueda resultar para México
requiere de todos los esfuerzos. La PGR debe seguir estudiando las distintas
fórmulas de atracción y de intervención que tendrán como reto adicional
impulsar a las autoridades locales, en un futuro, a ofrecer respuestas
profesionales a estos asuntos. El problema crucial es cómo aplicamos el
derecho en mayor beneficio de las víctimas y sin vulnerar las garantías del
debido proceso de los inculpados.
No queremos una fiscalía que marque divisiones de los delitos que constituyen
el espectro de agresiones contra las mujeres; la violencia doméstica no deja de
ser grave. La discriminación implícita en los homicidios contra mujeres no se
resolverá separando los delitos según pertenezcan a la federación o al estado.
La violencia contra las mujeres requiere un análisis profundo e integral de sus
causas; fraccionar las investigaciones sólo beneficiaría a quienes siguen
gozando del halo de la impunidad. Un atentado no concluido el día de hoy, una
tentativa que sólo se traduzca en lesiones, puede convertirse mañana en una
violación, en un nuevo asesinato, en una pista que se dejó de seguir porque se
perdió en la burocracia de la clasificación entre el fuero local y el federal.
Sin duda este nuevo enfoque a las indagatorias generará nuevas reflexiones
jurídicas entre académicos, jueces, magistrados, ministros, defensores de
derechos humanos, agentes del Ministerio Público, teóricos del Estado,
comunicadores. Quienes queremos que el derecho sea vehículo de la justicia
debemos estarnos preguntando qué más falta, qué nuevas interpretaciones
legítimas de las normas existentes internas, y del derecho internacional de los
derechos humanos podemos explorar e invocar para mejor proveer de una vida
libre de violencia a las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua y en todas
aquellas partes del país donde su integridad sea puesta en peligro por la
desigualdad, la discriminación, la insuficiencia del Estado constitucional de
derecho.
Me corresponde en este proceso, promover el cumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado mexicano por lo que respecta a los homicidios
relacionados con violencia de género en Ciudad Juárez y Chihuahua; necesito
su cooperación en este rubro para cubrir una página de ética pública pendiente
en nuestro país. Espero que las sugerencias y recomendaciones que yo pueda
hacer para un mejor cumplimiento de estas obligaciones, sean tomadas en
cuenta.
Me corresponde, además de proveer a la reconstrucción del tejido social,
promover el acceso de las víctimas a una justicia integral en sus componentes
de investigación y sanción de los responsables, reparación del daño, adopción
de medidas de no repetición y garantía del derecho a saber la verdad.
Supervisaré que este acceso sea real y efectivo.
Coincidiré con la Fiscalía en el análisis de los expedientes, sólo que además de
las cifras oficiales, como Comisionada estoy obligada a consultar otras fuentes;
mi análisis no será únicamente criminológico, sino a la luz del derecho nacional
y del derecho internacional de los derechos humanos, y con perspectiva de
género. Esperamos contar, como nos lo ha prometido el Procurador General de
la República, Rafael Macedo de la Concha, con el acceso irrestricto de toda la
información con que cuente la Fiscalía para poder realizar nuestro análisis.
La tarea, en efecto, es complicada; más complicada lo será si no unimos
esfuerzos. Saludo por ello la valentía de la Fiscal, María López Urbina, para
asumir su puesto, y le doy una afectuosa bienvenida.
Seré su compañera de causa, pediré para ella la protección que requiera,
intentaré con ella trazar coordenadas éticas en la procuración de justicia.
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En medio de las dificultades de nuestra tarea estoy segura de que seremos
escuchadas. Y lo seremos sobre todo por otras mujeres que en la arena
pública estamos abriendo camino a nuevos modos de resolver problemas.
Legisladoras, servidoras públicas, líderes de opinión, defensoras, académicas.
Y también por las mujeres que en otros recintos están creando nuevas formas
de aceptación y respeto para relacionarnos unos con otros. Y ¿por qué no?:
por los hombres de buena voluntad a quienes necesitamos a nuestro lado.
Reconozco su valentía al aceptar esta encomienda y deseo que la respalden
en las nuevas interpretaciones del derecho que vayamos generando.
Porque ya lo decía sor Juana: así sea friendo chícharos en la cocina, las
mujeres tenemos el derecho fundamental de explicarnos el mundo, de
interpretarlo, y yo agregaría, de vivir en el mundo. Y eso lo aprendí de una
maestra en teoría de género, Marcela Lagarde, diputada federal.
Enhorabuena y vayamos caminando juntas.
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