XXII SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Informe

XXII SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Informe

XXII SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Sobre la Situación de
los Derechos Humanos en Colombia
20 de marzo de 2012
Señor Presidente, Señora Alta Comisionada,
Agradecemos el trabajo de su Oficina dando seguimiento a la situación de Derechos Humanos y de
Derecho Internacional Humanitario en nuestro país.
Señor Presidente,
2012 fue un año de avances trascendentales para Colombia. El proceso de paz, iniciado en la
Habana por el Presidente Juan Manuel Santos y la reparación integral a las víctimas se unen a las
acciones que avanzan en el país para proteger cada vez con mayor eficacia los derechos humanos.
Tal y como lo ha expresado el Señor Presidente, los diálogos de paz tienen como objetivo la
terminación definitiva del conflicto. Coincidimos con Usted Alta Comisionada en que este proceso
tiene un potencial transformador y un impacto positivo en el disfrute de los derechos humanos de
los colombianos.
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras materializa también estos avances y está dando sus
primeros resultados: más de 150 mil víctimas indemnizadas en 2012, 50.000 planes de reparación
integral formulados y 8 planes de reparación colectiva. En 2013 habremos reparado cerca de 260
mil víctimas.
Otro avance significativo es la implementación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH
creado para articular y coordinar el marco normativo, políticas, entidades e instancias del orden
nacional y territorial en la materia.
En esa misma línea, la Conferencia Nacional de Derechos Humanos y DIH, convocada por el
Gobierno nacional, la sociedad civil y la comunidad Internacional, permitió la realización de foros
en 25 de los 32 departamentos del país. En todo el proceso han participado hasta ahora cerca de
14 mil personas.
Señora Alta Comisionada:
En relación con el informe, el Gobierno colombiano quisiera hacer algunos comentarios sobre
temas en los cuales creemos es importante hacer énfasis y dar mayor claridad.
Frente a las denominadas “ejecuciones extrajudiciales” el Estado ha tomado medidas preventivas
e igualmente medidas destinadas al esclarecimiento de los hechos.
En prevención se destaca el trabajo del Ministerio de Defensa con la Oficina de la Alta
Comisionada en la implementación de 15 medidas que reportan avances en: capacitación
curricular y extracurricular en derechos humanos; incremento de los Asesores Jurídicos
Operacionales, y refuerzo del acompañamiento judicial a las operaciones por parte de la Fiscalía
General de la Nación. Destacamos que el informe señala que para el año 2012 no se recibió
ninguna denuncia sobre el particular.
En acciones relacionadas con el esclarecimiento es relevante mencionar que más de 600 personas
han sido condenadas y 1784 fueron acusadas formalmente por delitos de esta naturaleza.
Señora Alta Comisionada,
La actividad de la fuerza pública se adelanta dentro del compromiso absoluto con la promoción y
protección de los derechos humanos. Cualquier integrante de la fuerza pública que incurra en
crímenes contra los derechos humanos será judicializado por la justicia ordinaria tal y como lo
dispone la Ley que es absolutamente clara sobre los delitos que quedan excluidos del
conocimiento de la Justicia Penal Militar.
El Estado ha promovido una reforma con el ánimo de lograr una justicia penal militar moderna,
estricta, eficiente y autónoma, con garantía de independencia e imparcialidad. Algunas previsiones
tomadas para cristalizar esas garantías son: la separación absoluta del mando, la ubicación de los
despachos fuera de unidades militares como regla general y preservar la Corte Suprema de Justicia
como última instancia de la jurisdicción castrense.
Señora Alta Comisionada,
Colombia adelantó un proceso de desmovilización con los grupos de Autodefensa Ilegal que
cuenta entre sus resultados con más de 80 mil personas desmovilizadas en forma individual y
colectiva. También hay resultados de la Ley de Justicia y Paz en esclarecimiento de la verdad y
hallazgos de cuerpos y restos de personas desaparecidas.
El Gobierno expresa su desacuerdo con la expresión "grupos post desmovilización”, usada en el
informe para caracterizar a las bandas criminales o bacrim. Estas bandas son organizaciones
multidelictivas, independientes unas de otras, carentes de cualquier tipo de ideología, y se
despliegan en zonas donde convergen las fases de la cadena del narcotráfico.
El Estado tiene un compromiso irrestricto de combatir estas bandas y su impacto en el disfrute de
los derechos humanos. La Policía y la Fiscalía adelantan una estrategia integral para la detención y
el procesamiento de sus integrantes que ya ha dado resultados entre ellos más de 5 mil capturas
Así mismo, en 2012 se creó la Unidad de Contexto de la Fiscalía General de la Nación que
establece criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de
investigación penal y de gestión de los mismos.
Esta medida busca fortalecer la lucha contra la impunidad de los delitos cometidos por ejemplo,
en contra los Defensores y Defensoras de derechos humanos y se une a las acciones que ha
tomado el Gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección, que en 2012 invirtió más de 50
millones de dólares para brindar las garantías que requieren a fin de ejercer su labor.
Señora Alta Comisionada
Colombia es un país respetuoso de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales,
palenqueras y rom, comprometido con el desarrollo de herramientas eficaces que permitan la
promoción y protección de sus derechos, incluyendo el derecho a la consulta previa.
Colombia es igualmente un país comprometido en la lucha contra la no discriminación. Esto se
refleja en el marco normativo que penaliza la discriminación y el racismo y establece medidas de
acción afirmativa, así como campañas de sensibilización pública y formación de funcionarios.
En este sentido son de resaltar iniciativas como la adopción del Protocolo Especial de Protección
para mujeres defensoras de derechos humanos y la creación de la mesa de Casos urgentes de
población LGBTI para atender situaciones específicas de violencia que afectan a ese colectivo.
Señora Alta Comisionada
Colombia es un país en progreso, que enfrenta grandes retos y dificultades pero que ha
demostrado su compromiso por avanzar en la garantía y la vigencia de los derechos humanos de
toda la población, sin distingo alguno. Todos los esfuerzos que se realizan en Colombia, deben ser
vistos desde la perspectiva de una Nación que enfrenta un conflicto de cerca de cinco décadas,
con las complejidades que ello representa.
Reiteramos la disposición del Gobierno de Colombia de mantener un diálogo respetuoso, franco y
constructivo con su Oficina la Oficina en el que se reconozcan los avances, así como los retos y
compromisos que tiene el país.
Muchas gracias,