El juvenicidio, porque no puede llamarse de otra forma a la masacre

Juvenicidio
Lunes 28 de Septiembre de 2009 19:11 -
El juvenicidio, porque no puede llamarse de otra forma a la masacre de 18 jóvenes, en su
mayoría, en el Centro de Rehabilitación Aliviane en Ciudad Juárez revela, no el estallido social
de todos tan temido, sino el estallido estatal: la dispersión, divergencia e incluso contradicción
entre los órdenes de gobierno, como sucede en Chihuahua ante la inseguridad rampante.
No hay claridad en las estrategias del gobierno contra el crimen; ni siquiera en las tácticas. No
hay claridad en la caracterización del enemigo, o de los enemigos, de sus alianzas y
divergencias. No hay hoja de ruta para la retirada del Ejército que ya empieza a empacar
maletas. No se ven los acuerdos mínimos entre los órdenes de gobierno. Sin embargo, la cuota
de ejecuciones, de secuestros, de actos terroristas sigue aumentando. Como también
aumentan las cuotas directas e indirectas que la población tiene que seguir pagando por la
acción del crimen y por la ineficaz acción de las fuerzas del orden para combatirlo. Y las
acciones tipo escuadrones de la muerte, como la del funcionamiento de los 17 jóvenes adictos,
se presentan sin que nadie pueda pararlas. Las estadísticas que vinieron a descobijar: primero fueron las del CIDAC que colocan a
Chihuahua como primer lugar en ejecuciones y en delictividad general, tanto así que si fuera
país, el estado norteño estaría sólo por debajo de El Salvador, Sudáfrica y Venezuela,
cuadruplicando la media nacional. Luego las del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública
y Justicia Penal que señalan que Juárez en 2008 tuvo una tasa de 130 homicidios dolosos por
cada 100 mil personas, contra 96 de Caracas, 95 de Nueva Orleáns y 73 de Tijuana. Pero
como van las cosas se calcula que cerrará con 2,293 homicidios para llegar a un terrible 159
por cien mil. Como si esto no fuera suficiente el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la
Inseguridad, A.C. dispara otra encuesta: 4 de cada cinco habitantes de Ciudad Juárez o de
Chihuahua se sienten inseguros por vivir en estas ciudades, superando casi por el doble a los
ciudadanos que se sienten inseguros en otras partes del país. Perdida la guerra de las cifras, los medios oficiales y los oficialistas trataron de ganar la de las
interpretaciones de las cifras: la más socorrida es que “hay que descontar los muertos que
resultan de las luchas entre narcos y sicarios”. Pero el sol no se deja tapar por este tipo de
dedos y Juárez cierra por segundo mes consecutivo rompiendo el récord histórico de
homicidios dolosos en 30 días: 301 ejecutados el mes de agosto.
Como para argumentar desde la calle a quienes minimizan las cifras de antes, la población se
sigue quejando cotidianamente de la explosión de delitos comunes: robos a gasolineras,
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licorerías, despojo de vehículos a mano armada y secuestros, la democratización del terror, la
agresión de la delincuencia a quien ni la debe ni la teme, a todo aquel que parezca tener
dinero. La estadística de nuevo es implacable.
La impunidad a pesar de todo, sigue campeando. Aunque en una semana se dan a conocer
dos aprehensiones espectaculares, la primera, de 7 sicarios, responsables de más de una
treintena de muertos. La segunda, de 3 pistoleros, presuntos autores materiales —no hay
pruebas todavía-— de la ejecución de 211 personas, también presuntamente, todas ellas, de
bandas enfrentadas del crimen organizado. Sin embargo, los sicarios van también por las
suyas. El 27 de julio asesinan al Agente del Ministerio Público Federal encargado de las
investigaciones del asesinato del periodista Jorge Arturo Rodríguez y de Benjamín LeBaron y
Luis Whitmar. Un mes después, asesinan al secretario del agente que suplió al ejecutado en
julio. En tanto siguen amenazados los dirigentes de la comunidad de LeBaron.
En medio de todo esto el gobernador del estado anuncia que el ejército empezará a regresar a
los cuarteles, porque entrarán en acción más de 3 mil nuevos elementos recién entrenados a la
policía municipal de Ciudad Juárez, sin que esto signifique el fin del Operativo Conjunto
Chihuahua. Operativo que revela también sus enormes grietas: su comandante titular, el de la
Quinta Zona Militar, presenta denuncia contra el Secretario de Seguridad Pública Estatal por
“violar la Ley Federal de Armas de Fuego, ejercicio abusivo de funciones etc.”. El ejército que
regresa a sus cuarteles, desgastado, desprestigiado por las violaciones a los derechos
humanos…
Los ciudadanos chihuahuenses y juarenses han tenido que pagar extra por este operativo que
ni es lo que dijeron que era ni ha servido para lo que dijeron iba a servir. Tan sólo al
ayuntamiento de Ciudad Juárez, la manutención y el hospedaje de soldados y policías
federales le ha costado 90 millones de pesos adicionales. Una cantidad superior al presupuesto
de 58 de los 67 municipios chihuahuenses. Un impuesto de ocupación que cobra el Gobierno
federal para venir a dejar mayores problemas ocasionados por su negligencia.
Un Estado deshilachado, estallado, como se muestra en Chihuahua, no puede ser más que un
Estado fallido. Y mientras las autoridades locales no dan pie con bola, Calderón no da la cara,
no rinde cuentas. Ni se para por acá, ni se refiere a Chihuahua, la cereza del pastel de su
fracaso ya tresañero. El cohetón que le estalla en sus manos limpias. 2/2