¿Minería en el paraíso
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¿Minería en el paraíso
DOSSIER DE PRENSA INTERNACIONAL Una campaña del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, Muqui – Red de Propuesta y Acción (CooperAcción y Fedepaz) y del Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales (CATAPA, Bélgica) www.mininginparadise.org ¿Minería en el paraíso? Zonas libres de minería Se decide un futuro. El de varias generaciones. Si el termómetro de conflictos describe un país, Perú queda retratado: actualmente tiene 25 pugnas abiertas entorno a su desarrollo minero, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Sus experiencias son numerosas y muchas están teñidas de desastres ecológicos, desencanto económico para sus poblaciones y violaciones de los derechos de las comunidades locales. Las poblaciones de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio y Jaén claman por su opción: conservar sus zonas libres de actividad minera. Éstas están actualmente amenazadas por el proyecto de extracción de cobre y molibdeno Río Blanco, que representa Paisaje de Huancabamba el primer proyecto minero a gran escala en el norte de Perú, una zona que aún tiene la posibilidad de elegir qué tipo de desarrollo quiere. Un 25% de esas cuatro provincias se encuentra actualmente concesionado, pero la explotación aún no ha empezado. El proyecto representa la primera piedra de la construcción de un distrito minero en esa zona. Por lo tanto, la decisión no es baladí y los norteños ya han votado: no a la minería. Pero, ¿quién decide dónde y cómo explotar? Por el momento, la única voz es la del Gobierno peruano, quien en todo momento ha defendido los intereses de la empresa Río Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz S.A.), actualmente en manos del complejo chino Zijin, pero que hasta el 2007 era subsidiaria de la británica Monterrico Metals. Desde el inicio de las actividades en 2003, el proyecto se ha considerado ilegal –según el informe de la Defensoría del Pueblo del 2006- ya que la población local no ha sido consultada tal y como dicta la Constitución Peruana. Sólo la consulta vecinal del 16 de septiembre del 2007, realizada en los municipios de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera, 2 da una referencia oficial -no vinculante- de la voluntad de los locales: un 97% de la población votó en contra de la actividad minera. Anteriormente, el descontento de la población derivó en una marcha pacífica hacia el campamento de la empresa que terminó con el secuestro y la tortura de 28 campesinos y un fallecido. La empresa está siendo juzgada en Londres por estos delitos de los que existen claras fotografías del maltrato de los comuneros. Más allá del pisotón a los derechos humanos también son importantes los datos económicos. La población peruana ha hecho sus propias cuentas: a largo plazo es más beneficiosa una zona libre de minería. Se conseguirá así conservar una zona de ecosistemas únicos, como son el bosque de neblina y el páramo, asegurar la calidad y cantidad de agua necesaria para la agricultura de la zona –donde se cultiva café orgánico, cacao, mangos, limones y arroz- y respetar así una opción de desarrollo propia y sostenible con el medio ambiente. Así, no hay duda que en el conflicto de Río Blanco se decide el futuro de esas tierras y su población. Está en juego una opción de desarrollo para una comunidad entera. Y la población se ha decidido en contra de las minas. Le falta ser escuchada. 3 Dimensión económica del conflicto Minería para el desarrollo. Esa ha sido la propaganda del Gobierno peruano durante los últimos años. Aprovechamiento de sus recursos minerales para hacer crecer la economía del país. Pero, ¿quién se beneficia de esa minería? “Traen desarrollo, pero solo para ellos, la empresa, no para nosotros. Para nosotros dejan la destrucción, la contaminación”, denuncia Pascual Rosales, ex-presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca. Hay varias razones que soportan sus quejas. Varias experiencias nacionales para poner en duda la máxima del gobierno. La economía peruana se ha centrado en los últimos años en la actividad minera. Actualmente, con el 15,38% del territorio concesionado, el país vive la mayor expansión del sector. Pero este aumento de la riqueza no ha contribuido al desarrollo de las poblaciones locales, esas que prestan sus territorios para la extracción. Muy al contrario, habitualmente los territorios ven cómo la actividad se desarrolla sin ningún beneficio, dejando sólo un suelo incultivable y escasez de agua potable, que contribuye a Campesina en la provincia de Huancabamba destrozar su desarrollo durante décadas. Yanacocha, por ejemplo, alberga la mina aurífera más grande de América Latina, pero la región de Cajamarca sigue siendo la segunda región más pobre del país. Este escaso beneficio que se genera a nivel local en países como Perú llevó a la Corporación Financiera Internacional (brazo del Banco Mundial) a crear el programa “Reforzando los beneficios locales”, por la evidente falta de beneficios que aporta la minería a la zona donde se desarrolla. Uno de los principales problemas del desarrollo minero en Perú deriva del hecho que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tenga una doble responsabilidad: promover la inversión minera, pero también regular y asegurar su correcto desarrollo. ¿Por qué las 4 empresas extranjeras encuentran en Perú tantos beneficios? El canon minero es una tasa baja respecto a otras internacionales y uno de los más bajos de América Latina y muchas de las regalías se rebajan exageradamente o, en muchos casos, se eliminan. Se convierte la minería, así, en un negocio redondo para las empresas. La población recuerda que su desarrollo económico alternativo es más beneficioso que una mina a largo plaza. En la zona del proyecto se han formado una serie de cooperativas ecológicas y asociaciones de productores, agrícolas y ganaderos, que promueven un desarrollo alternativo y sostenible. Un desarrollo que les permita mantener los ecosistemas que las comunidades han cuidado y de los que dependen para sobrevivir. Existe además una posibilidad de ecoturismo en una zona tan rica como son los Andes tropicales peruanos; opción económica que se perdería, sin duda, con el inicio de explotación de la mina Río Blanco. 5 Dimensión ecológica del conflicto “Nosotros aquí en Ayabaca estamos en un paraíso, en un ambiente tan saludable, donde nacen las aguas puras y limpias de la cordillera. Las Rondas, hemos acordado que la minería no la aceptamos”, expresa Natividad Vicente Gonza, ex-vicepresidenta de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de la provincia de Ayabaca. Y no exagera con lo de paraíso. Los Andes tropicales son entornos de extraordinaria riqueza biológica –incluyen los frágiles ecosistemas del páramo y los bosques de neblina-, regulan el agua de toda la región y forman parte de la cabecera del Río Amazonas, bien común de toda la Humanidad. Los representantes de las cuatro provincias que se declaran zonas libres de minería lo tienen claro: no a una minería que destruya un entorno natural como el suyo. Hay casos dramáticos dentro de las fronteras de Perú que justifican la opción de querer evitar ese tipo de desarrollo. La Oroya, por ejemplo, está actualmente entre las diez poblaciones más contaminadas del mundo, ¿qué desarrollo ha obtenido su población? Silvia Passuni, geógrafa de la organización Bosque de neblina en Jaén CooperAcción, lamenta que en ese caso “los excesos ambientales y sociales cometidos por la empresa hayan propiciado que el Estado y la Sociedad Nacional de Minería los rechacen públicamente; pero el rechazo es siempre hacia la empresa, los problemas de contaminación ambiental y desorden social pasan a segundo plano”. Pero no siempre la minería gana. La población de Tambogrande defendió su opción hasta el final: no a la minería de la empresa Manhattan. Y ésta tuvo que abandonar la zona. Ahora, es el turno de Río Blanco. Las mayores amenazas contaminantes de una mina a cielo abierto son los relaves no tratados ni manejables, el drenaje ácido de mina (AMD) y los daños a los recursos hídricos. Mina aurífera en Yanacocha (Cajamarca) Estos últimos son los que adquieren una escala 6 más global, por lo que la contaminación de las aguas puede afectar a la larga a otras regiones –más allá de Piura- e, incluso, a otros países. Según Passuni, Ecuador podría verse afectado, “en especial si consideramos que hacia el otro lado de la frontera existe otro proyecto minero con similar denominación, lo que nos hace pensar que podría tratarse de otra subsidiaria de la matriz”. Con la actividad minera se contaminan las aguas superficiales y subterráneas que corren río abajo. Según un estudio del Perú Support Group, el proyecto actual está situado en la vertiente oriental, limitando así su efecto negativo al Río Amazonas y al Océano Atlántico. Pero un distrito minero más amplio en esa región amenaza la vertiente occidental que va hacia el Pacífico. Y, actualmente, un 25% de las cuatro provincias ya ha sido concesionado. Todos los efectos contaminantes son reducibles, aunque eso depende siempre de la empresa. El complejo chino Zijin, actual responsable del proyecto (tras la compra de los activos de Monterrico Metals en el 2007) acaba de ser noticia por la contaminación en China del Río Ting; 2.000 toneladas de peces contaminados lo convierten en uno de los desastres más graves de los últimos años en el país. El pasado mes de agosto se detuvo al vicepresidente de la empresa por irregularidades técnicas. "Si son capaces de contaminar de esa manera dentro de su propio país, es muy probable que no tengan ningún escrúpulo de hacerlo en un país que no es el suyo, como el caso del Perú y el proyecto minero Río Blanco", expresaba tras la noticia David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). El debate se resume en cómo debería ser una correcta sinergia entre minería, desarrollo y medio ambiente. Passuni añade que “Perú es un país muy diverso tanto en ecosistemas como en grupos culturales, por lo tanto, no es posible aplicar la misma recomendación o un mismo modelo en todos los casos”. Así, cada zona debe buscar su propio desarrollo, y el norte lo ha encontrado: zonas libres de minería. 7 Dimensión social del conflicto ¿Qué pasa si un día llega una mina e instala un campamento a los pies de tu casa? En el 2003, la vida de las provincias de Ayabaca y Huancabamba -situadas en la sierra andina peruana- cambió. Llegó la empresa minera Majaz S.A -actualmente Río Blanco Copper S.A, subsidiaria de la transnacional china Zijin- y se instaló en las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas. La amenaza minera, esa que hasta entonces sólo conocían en la zona norte como una experiencia fuera de sus regiones, irrumpió de repente. Sin previo aviso y sin consultar. Sin lograr una aceptación ciudadana, sólo una concesión del Gobierno peruano en Lima. Tan lejos de esa zona. Rápidamente se abrió el debate: ¿qué desarrollo quieren nuestras regiones?, ¿realmente coincide con el desarrollo que necesita Lima?, ¿cómo vamos a vivir a partir de ahora? Manuel Guerrero, secretario de Medio Ambiente en la Central Nacional de Rondas Campesinas, explica: que “con la mina se está tratando de insertar formas de vida en contra de nuestra sociedad”. Desde el gobierno se defiende que una mina genera oportunidades de trabajo, pero se descuida que mucho del trabajo requiere empleados cualificados que la zona no puede aportar. Entonces, ¿trabajo para quién? Y, ¿qué harán las mujeres? Según el informe de la organización británica Peru Support Group, la experiencia corrobora que la mina no genera trabajo para ellas, lo que puede tener como consecuencia el empobrecimiento de la mujer, que con la contaminación puede perder sus campos de cultivo. Y el proyecto ha derivado en conflicto. Río Blanco es una de las 25 pugnas abiertas a causa de la minería, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Así, parece que la minería peruana no ha generado los beneficios anunciados. Las actividades extractivas no se han traducido en riqueza para los locales ni en paz social. Todo lo Mujer frente un cartel de protesta en Ayabaca contrario. 8 El gobierno ha decidido militarizar la zona de Río Blanco. Mientras las comunidades buscan recursos para alzar su voz y dialogar con empresa y gobierno, este último opta por la militarización para garantizar un correcto desarrollo de la actividad. Guerrero asegura que ellos defienden “la vida y se les acusa de terroristas, en cambio se defiende a los que traen la muerte y la destrucción”. ¿A quién representa este gobierno? David Velazco, director de Fedepaz, explica: “el gobierno se está aprovechando de la idea de que hay, supuestamente, serios riesgos a la seguridad para declarar en emergencia la zona. Esto termina siendo una idea para imponer el desarrollo de la actividad minera”. Se han violado los derechos humanos. Hasta la fecha han fallecido siete personas en este conflicto y se espera en Londres la sentencia del juicio a Monterrico Metals por la tortura de 28 comuneros tras una marcha al campamento en agosto del 2005. ¿Dónde está la paz social? Guerrero no duda: “esto sigue siendo un paraíso y hay que defenderlo”. 9 Dimensión jurídica del conflicto Un juicio pendiente en Londres da la primera pista. La empresa Monterrico Metals, responsable del inicio de la exploración de Río Blanco, actividad que en el 2007 absorbió el gigante chino Zijing, está acusada de violación de los derechos humanos. También está acusada de asentamiento ilegal en la zona norte peruana por la Defensoría del Pueblo (2006) y por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y de Ambiente y Ecología del Congreso de la República (2008). Con esta presentación, al proyecto minero de Piura le queda poco apoyo legal. Monterrico Metals tiene congeladas 5 millones de libras esterlinas en activos (unos 8 millones de dólares americanos), a la espera de la sentencia del juicio – prevista para el 2011- en el que la empresa está acusada del secuestro y tortura de 28 personas que protestaron por su actividad en el norte, en agosto del 2005. Las fotos de la tortura vieron la luz unos meses más tarde del conflicto, dejando pocas dudas sobre los hechos. Por otro lado, en el 2006, la Defensoría del Pueblo determinó hasta tres violaciones de los derechos que implican la concesión minera: violación a la propiedad de los comuneros, al derecho a determinar cómo se explota una propiedad y al derecho a la información sobre el desarrollo de las actividades. La Ley de tierras y la Ley de comunidades campesinas peruanas establecen que cualquier empresa requiere al menos 2/3 de la Asamblea Comunal de las Comunidades Campesinas propietarias para iniciar sus actividades, disponga o no de licencia. Emma Gómez, abogada de CooperAcción afirma que “ninguna autoridad se ha hecho responsable por permitir que la empresa esté desde el año 2003 en la zona, sin tener autorización correspondiente. Tanto el Congreso de la República como la Defensoría han confirmado la ilegalidad”. Y esa presencia ilegal ya ha sido denunciada por las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas como delito de usurpación de tierras. Por lo tanto, los únicos indicios reales de consulta de la voluntad de las comunidades son los resultados de la consulta vecinal del 16 de septiembre del 2007, realizados en los municipios de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera. Aunque los resultados no son vinculantes, el no a la minería ganó con un aplastante 97% de los votos. 10 Gómez lamenta priorice el que interés de “el la Gobierno empresa extranjera en desmedro de la protección y defensa de los derechos de las comunidades del país. Así, han tratado de aplicar la denominada política del perro del hortelano, que se basa en la idea de Anuncio de la Consulta Vecinal del 2007 que la existencia de comunidades no permite el desarrollo del país”. Pero, ¿un desarrollo que pise a los derechos humanos? Si el juicio de Londres se decide en contra de la empresa, será “una prueba más de la inviabilidad del proyecto por todos los problemas que ha generado”, argumenta Gómez. Y, pese a la importancia del caso, el Gobierno peruano sigue sin pronunciarse al respecto. Mientras en Londres se juzga la violación de los derechos humanos en el norte del Perú, el gobierno sigue en silencio. Y la protesta en Piura sólo crece. 11 Mapas de la zona afectada Mapa de las concesiones mineras en Perú, entre 15-16% del territorio. 12 13 Agenda • - SEPTIEMBRE Autodeclaración de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio y Jaén como “Zonas libres de minería”. • Lanzamiento de la campaña en Piura (local) y Bélgica (internacional). OCTUBRE - Entrega de la declaración “Zonas libres de minería” en Lima. - Foro público sobre el ordenamiento territorial y la zonificación ecológicaeconómica en Lima. • - NOVIEMBRE 23 de noviembre. Conferencia internacional en Bruselas: académicos, europarlamentarios, testimonios y representantes de las instituciones peruanas participarán en el debate sobre la propuesta de zonas libres de minería. Se presentará el dossier de investigación, fundamento científico y jurídico de la campaña, y una exposición fotográfica sobre los efectos devastadores de la minería en Perú y los paraísos amenazados. - Semanas de acción: Conferencias destinadas a la sensibilización de la población europea sobre los conflictos mineros y la propuesta de zonas libres de minería. - Gira Europea: Conferencias de ponentes peruanos que pasarán por algunos países europeos –por determinar- en las que se expondrán las razones que argumentan y sustentan la creación de una zona libre de minería. Las conferencias serán acompañadas con reuniones de articulación y entrevistas con la prensa. • DICIEMBRE - Semanas de acción - Día de Clausura: Se presentarán los resultados ante las instituciones peruanas, europeas y las Naciones Unidas. 14 Contacto de prensa internacional [email protected] Aretha Francis [email protected] [email protected] 0032 477042887 Laura de la Quintana [email protected] [email protected] 0032 477042869 Antonio Varela [email protected] [email protected] 0032 477047397 CATAPA (Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales). K. Maria-Hendrikaplein 5-6 9000 Gent, Bélgica. www.mininginparadise.com 15 Campaña internacional organizada por 16