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Dos cosas que indignan
Lucy Garrido
UNA - El 30% de los ginecólogos de
nuestro país manifestaron “objeción de
conciencia” para practicar el aborto una
vez que fue aprobada la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Más allá del derecho que les asiste a hacerlo, y de que éste, bajo ningún concepto
puede impedir el ejercicio del derecho de
las mujeres a abortar; más allá de que la
objeción solo puede ser individual y que
deban ponerla por escrito; y sin detenerme a calcular cuánto de este 30% está
peleando en realidad por un reclamo sindical, hay una pregunta que me interesa
más todavía. Las y los ginecólogos que sí
acatan la ley, ¿no tienen conciencia? ¿No
lo hacen “en conciencia”?
Los médicos/as que sí cumplen la ley también tienen conciencia. Saben que el aborto clandestino es inseguro, saben del peligro y los riesgos por los que tantas miles
de mujeres han tenido que pasar. Su ética
ha sido construida sobre ese conocimiento
y están a favor, no sólo de todos los nacimientos deseados, sino también, de la
vida y el proyecto de vida de las mujeres.
No se trata sólo de que cumplen la ley, sino
de que reconocen la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a decidir. Al
contrario de los “objetores” que están acostumbrados a ser los que deciden sobre las
“pacientes”, la conciencia de los que sí cumplen la ley, entraría en crisis si no respetaran
la voluntad de interrumpir el embarazo.
No es buena cosa, no es justo, regalar la
idea de “conciencia” a los que anteponen
su modo de pensar a los derechos sexuales y reproductivos de esas mismas mujeres que, sin embargo, quieren tener como
“pacientes”. Aunque no como ciudadanas.
DOS - Respecto a la paridad y la participación política de las mujeres en Uruguay, el
cuadro que presentamos abajo dice más
que mil palabras. ¡Estamos un poquito
peor que los países del Pacífico, y apenas
un “poquito” mejor que los países árabes!
¿Será que aquello de República “Oriental”
del Uruguay no era en balde?
Promedio de mujeres en los parlamentos en el mundo, la región y Uruguay
Fuente: Unión Inter -Parlamentaria e Instituto Nacional de las Mujeres
1
Tras la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
El mapa cambia de color
Patrícia Álvares
Hace un año Cotidiano Mujer imprimía una publicación con el mapamundi que colorea el planeta de acuerdo a la legislación del aborto que
tiene cada uno de los países. En ese entonces,
Uruguay –como la mayoría de las naciones del
hemisferio sur– estaba pintado de naranja por su
prohibición al aborto, salvo en casos de violación o riesgos para la vida de la madre. Tras la
aprobación en octubre de 2012 de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), nuestro
país ahora está pintado de color verde. Se ha
encendido una luz de esperanza para el derecho
a decidir de las mujeres en toda la región.
Alonso cuestiona, entre otros puntos, la necesidad de que la mujer
realice tres consultas y la garantía de la confidencialidad, además
de insistir en que los ginecólogos no fueron invitados a participar
del proceso de redacción de la nueva normativa. Sin embargo, la
Sociedad Ginecotológica del Uruguay (SGU) informó haber prestado asesoramiento en la reglamentación.
Sin embargo, este cambio de color, y de ley, implica un nuevo desafío: garantizar el acceso al aborto a todas aquellas mujeres que
lo soliciten en cualquier lugar del país. En estos primeros meses,
en el horizonte se asomaron numerosos obstáculos: los plazos
se hicieron enemigos de las pastillas abortivas que pueden fallar, una mujer tuvo que recurrir a una clínica clandestina (tras el
fracaso del aborto con fármacos), algunas se sintieron destratadas en los centros de asistencia, hubo escasez de trabajadores
sociales y, en Salto, todos los ginecólogos alegaron objeción de
conciencia.
Antes de que se votara la normativa, los parlamentarios abrieron
un espacio de consulta en el que participó el cuerpo médico: “Algunos hicieron llegar su opinión y solicitaron ser recibidos, como
los médicos de Colonia, por ejemplo. Otros supongo que se vieron representados en las instituciones y organismos invitados. La
comisión especial no dejó de considerar a nadie que quisiera ser
escuchado”, explica la diputada del Frente Amplio, María Elena
Laurnaga.
Hasta el momento de cierre de esta publicación, el 30% de los
ginecólogos se ha declarado objetor, según el Ministerio de Salud Pública (MSP). Entre ellos figura Justo Alonso, grado 5 de
ginecología del Hospital Pereira Rossell, quien señaló que no fue
objetor de conciencia por cuestiones morales o filosóficas –como
prevé el código de ética de medicina–, sino por estar en contra de
cómo fue redactada la ley.
Mientras el Ministerio de Salud y los objetores más activos protagonizan un rifirrafe en la prensa, muchos prefieren no pronun-
2
ciarse públicamente, aunque sí lo hacen en foros médicos con
acceso privado. En estos sitios, algunos profesionales hablan
abiertamente sobre el ser objetor de conciencia para no cargar
con el estigma de “aborteros” o señalan la necesidad de cobrar
por el acto médico. Así fue que ganó fuerza la idea de que muchos ginecólogos estarían usando la objeción de conciencia para
disfrazar un caso de desobediencia civil. Es decir, para negarse
a aplicar la ley.
vez que pueda vulnerar los derechos de otras personas y que
ante la presentación de objeción de conciencia por determinado
profesional, la paciente tiene el derecho de llevar adelante su
decisión y el sistema la obligación de asegurárselo”. Cotidiano
Mujer intentó hablar con el Colegio de Médicos acerca de su postura, pero no obtuvo respuesta.
Frente a los médicos objetores, el MSP pretende que enuncien
sus motivos por escrito, una medida que podría identificar a los
profesionales que están desvirtuando el concepto de objeción
de conciencia. Por su parte, los profesionales que se oponen
a realizar abortos manifiestan persecución y argumentan que
la declaración permitiría crear listas de objetores y “aborteros”.
Sin embargo, para Leticia Rieppi, directora del área de Salud
Sexual y Reproductiva del MSP, tales listas ya existen en cada
institución: los respectivos coordinadores saben quiénes son
los profesionales que atienden o no en determinada prestación
de servicio.
Por su parte, el Colegio Médico del Uruguay (CMU) busca agradar a griegos y troyanos con un comunicado que dice que la objeción de conciencia “es un derecho humano fundamental cuya
plena vigencia expresa la salud democrática de un país y cuyo
ejercicio debiera llevarse a cabo con plenitud pero sin lesionar
otros derechos humanos fundamentales, para el caso, los correspondientes a la mujer gestante que ha solicitado la interrupción de su embarazo”. Al mismo tiempo, la carta señala que “no
es un derecho absoluto, sino que encuentra sus limitaciones toda
3
Uno de los abogados del MSP, Sergio Araújo, reitera que la objeción de conciencia “abre una excepción individual por razones íntimas, filosóficas. No puede ser utilizada como instrumento para
reclamar cambios a una ley”. El letrado sin embargo reconoce
que estas puntualizaciones conceptuales no van a tener efecto
en la práctica: “Un médico podría decir que objeta por cuestiones
personales y tener en su historia un hecho que lo contradice, es
una prueba, pero en la práctica sería muy difícil llevar adelante
alguna sanción”, evalúa.
En el territorio
A la objeción de conciencia general de Salto, se le encontró la
solución de trasladar a las mujeres a otros departamentos para
conseguir la receta de prescripción de la mifepristona y el misoprostol. Esta medida, que en un principio se propuso como temporal, no parece que vaya a cambiar en el corto plazo.
“Hay que indagar si en términos jurídicos es posible obligar al
centro de salud a brindar ese servicio dentro del territorio de su
competencia”, opina Laurnaga, que está en desacuerdo con el
traslado de las salteñas. La diputada apostilla: “Es raro que todos
los médicos de Salto opinen lo mismo. No creo que antes de la
ley no hubiera abortos clandestinos allá, pero esto es pura especulación mía y de mucha gente”.
León Ferrari
La Federación Médica del Interior (FEMI), integrada por 23 instituciones distribuidas en 18 departamentos del país, se dispuso
a trabajar por la implementación de la ley, pero no considera viable contratar nuevos ginecólogos para ofrecer este servicio: “La
demanda [de solicitudes a la IVE] ha sido menor de lo que se
pensaba. La radicación de especialistas en el interior pasa, entre
otras cosas, por asegurar trabajo pleno con buenas condiciones
y salario digno”, señala el presidente de la FEMI, Edgardo Mier.
Aunque en Salto se contratara un nuevo profesional que no
fuera objetor, y el departamento alcanzara la situación actual
de Paysandú (solo un ginecólogo no es objetor), otro problema
continuaría: ¿qué pasaría con las mujeres que necesitaran una
intervención quirúrgica en manos de ginecólogos que tienen el
derecho a no provocar la interrupción y el deber de concluirla en
esos casos? Más allá de la objeción de conciencia, el desafío es
garantizar a la mujer que llega al centro de salud un trato digno,
que se respeten sus derechos humanos al margen de las cuestiones morales del profesional que le tocó en suerte.
Ojos que no ven, corazón que no siente
Otro obstáculo que ha surgido a partir de la ley tiene que ver con
los métodos abortivos. Muchos ginecólogos no tienen problema
con recetar los fármacos recomendados para provocar la interrupción del embarazo ni de hacer una intervención quirúrgica
para limpiar el útero de posibles restos tras la utilización de las
pastillas. Pero sí rechazan la idea del aborto quirúrgico como primer procedimiento.
4
Esta dificultad entorpece la posibilidad de realizar un aborto quirúrgico cuando la mujer que llega al centro de salud está con un tiempo de embarazo cercano al plazo límite establecido por la ley. Un
ejemplo de ello fue el caso de una paciente en Canelones quien
denunció que le fallaron las pastillas abortivas recetadas por el
médico frente a una gestación de casi 12 semanas. La mujer tuvo
que salir del país para abortar de forma clandestina. A la prensa
contó temer que si continuaba con el embarazo, el hijo naciera con
problemas debido al uso de los medicamentos abortivos.
La vía rápida
De acuerdo con información publicada por El Observador, en
Tacuarembó los ginecólogos objetores son la mayoría, pero
no tienen problema en prescribir la medicación: “Su objeción
es solo para abortos quirúrgicos”. El Ministerio de Salud reconoce este escenario, pero sostiene que no se ha registrado
ningún problema en ese departamento. Rieppi asegura que
los ginecólogos están orientados a recurrir al método quirúrgico cuando la mujer presenta más de nueve semanas de
embarazo: “En este período la mifepristona ya no resulta tan
eficaz como hemos podido observar”, explica. Sin embargo,
la jerarca admite que el número de objeciones de conciencia
aumentaría si la reglamentación los hiciera sentirse obligados
a aplicar ese procedimiento como primera elección, cualquiera
fuera la circunstancia. “Nosotros, que realizamos abortos, sabemos que es un derecho de la mujer y lo hacemos de forma
racional, pero es un procedimiento complicado que mueve la
parte emocional del médico”, puntualiza Rieppi, quien también
es ginecóloga.
La joven se reunió el mismo día con un ginecólogo, una sicóloga
y una trabajadora social. A ellos les contó, separadamente, que
quería interrumpir su embarazo y ellos le informaron todos los
procedimientos. “Me dieron el formulario de consentimiento que
te explica todo, también sobre los métodos, la medicación, los
tiempos, las dosis, los intervalos, los cuidados, los efectos, las
contraindicaciones”.
Julieta (nombre ficticio), de 20 años, quedó embarazada a pesar
de que tomaba sus pastillas diarias para evitarlo. Llamó a su mutualista y pidió información sobre la IVE. Le explicaron todos los
pasos, incluso, el del encuentro con el “tribunal” interdisciplinario.
“Me asusté con la palabra ‘tribunal’, pero la persona me explicó
que no era para juzgar, sino para explicarme los procedimientos
y me agendó las consultas”, recuerda.
Al cabo de cinco días volvió con el papel firmado y el médico le
recetó cinco pastillas: cuatro de misoprostol y una de mifepristona. “Me gustó que pudiera hacer todo en casa porque me sentí
más cómoda con los cuidados de mi familia”, cuenta. La joven
no tiene ninguna queja: “Me hicieron todo el acompañamiento
por teléfono, me llamaron para saber si estaba todo bien. Hubo
un día que sentí fuertes dolores y sangré muchísimo, pero no fue
necesario ir al hospital”.
Terminado todo el procedimiento, volvió a la institución y le confirmaron que no habían quedado restos en su útero. “Fue un alivio.
Aún me siento mal por todo, es una decisión muy difícil de tomar,
sobre todo porque pienso ser madre un día, pero sé que todavía
no es el momento”.
La píldora que no es mágica en el contexto de la objeción
Por un lado hay médicos que practican el aborto siempre y
cuando no tengan que participar directamente: la mujer se va
con la medicación y las instrucciones. Será en su hogar que
vivirá el dolor, las contracciones, el sangrado. Por otro, están
los médicos que no están de acuerdo con ninguna forma de
interrupción voluntaria del embarazo, pero deben atender a
las usuarias que llegan a emergencia. En el medio queda atrapada la mujer.
MSP con los docentes de todos los departamentos, frente a la
pregunta de si no sería mejor que se internara a las usuarias y
garantizar así la efectiva administración de los medicamentos,
Rieppi destacó que si “no hay un ambiente amigable, la paciente
puede sentirse expuesta, intimidada”.
Los expertos coinciden en que el método medicamentoso es el
menos agresivo. En este “recomendable” surge un desafío que
evidencia debilidades del sistema de salud en Uruguay: un ambiente frío y hostil para sus pacientes en los momentos de mayor
vulnerabilidad. El pasado febrero, en una videoconferencia del
En esa misma reunión, una médica informó del problema de los
ginecólogos objetores de guardia: “En el lugar que trabajo hemos
intentado acompañar a las pacientes por teléfono y hasta por
email para evitar que se vayan a emergencia durante las guardias de colegas objetores”.
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El via crucis
Informaciones desencontradas, falta de equipo, atraso en los plazos,
destrato y negligencia resultaron en un sinfín de idas y vueltas para
Lorena (nombre ficticio) de 26 años, madre de dos hijos, que decidió
interrumpir su embarazo cuando lo descubrió, a las cinco semanas.
Lorena cuenta que se sintió juzgada por todo el equipo de salud durante el proceso del aborto que le costó un mes, una infección, dos
legrados e incontables miradas de desprecio en su mutualista.
En el hospital, llevada finalmente por un ginecólogo de emergencia,
le explicaron que podría pasar por una intervención quirúrgica para
sacarse los restos, pero que el médico disponible en el horario “estaba en contra del misoprostol”. Lorena no entendía lo que quería decir:
“Me internaron junto a otras mujeres en la misma situación y ese médico las estaba atendiendo a todas. Cuando me atendió a mí, me dijo
que cuando despertara de la anestesia debía volver a casa porque
él se iba de licencia y yo no podía quedarme internada por un mes,
hasta que él volviera para darme de alta”. Aun sin entender la actitud
del médico, Lorena le dijo que tenía miedo y que prefería quedarse, a
lo que le respondió: “Lo que quiere usted es comer gratis”. El mismo
médico quien le hizo el legrado le dio de alta sin explicarle nada, ni recetar otro medicamento que pudiera ser necesario. Pasado un par de
días volvió a llamar a la emergencia porque continuaba con malestar:
le identificaron una infección y le pasaron antibióticos.
Obstáculo número uno: hasta marzo no había trabajadora social con
agenda disponible. Para ese mes, su gestación ya estaría cerca de
las 12 semanas. Sin embargo, con un calendario en mano, la psicóloga le insistía que había tiempo. Como Lorena no quería prolongar su
angustia, decidió ir a un centro en el que sí estuviera la profesional.
Después de cuatro viajes, consiguió cita para principios de febrero.
Como en ese trayecto habían pasado las tres semanas, Lorena entendió que los cinco días de reflexión habían transcurrido, pero la
única trabajadora social de la mutualista para todo Montevideo le
dijo que debía esperar cinco días más (de acuerdo con la ley). Lorena protestó. Contestó que conocía la ley y que la mutualista la estaba incumpliendo al postergarle tres semanas por falta de personal.
Argumentó que durante ese tiempo impuesto ya había reflexionado
demasiado y que si se atrasaban más, los iba a denunciar.
Lorena pasó otro par de días con dolores y fiebre y la ambulancia la
llevó de vuelta al hospital: “Me dejaron horas tirada sin acompañamiento o explicaciones hasta que me hicieron un examen de sangre
que confirmó que yo seguía embarazada y me internaron para una
segunda intervención”.
La ginecóloga número 11 que la atendió, le recetó antibióticos, le
explicó todos los procedimientos posquirúrgicos e inclusive los métodos contraceptivos.
Acto seguido, tras la trabajadora social preguntarle los motivos de
su intención de interrumpir el embarazo, le informó sobre programas
sociales de asistencia y le preguntó si no había pensado en darlo en
adopción: “Me dijo si yo sabía que hay gente que ofrece plata. Yo
no podía creer”.
Al cabo de un mes Lorena pudo descansar. Sin embargo, aún se
angustia: “Todo lo que pasé desde el principio, cuando la ecógrafa
me preguntó si quería oír los latidos, la confusión de las informaciones mal dadas, los viajes para encontrar a la trabajadora social para
que terminara diciéndome que hay gente que ofrece dinero por un
bebé, las miradas de desaprobación, todo parecía estar montado a
propósito para que yo no abortara”.
Un ginecólogo le recetó las pastillas al día siguiente y Lorena siguió
las instrucciones. Al tercer día tuvo fiebre y mucho dolor. Llamó a la
emergencia y fue una médica a la casa. “Le dije que había tomado misoprostol y me dijo que yo tenía que pedir otro ginecólogo y se fue”.
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El Ministerio de Salud está buscando mecanismos que
faciliten la implementación de la ley más allá de talleres
y capacitaciones. Mientras se va implementando el servicio, se van detectando detalles que necesitan ser cuidados. Entre ellos, el de mantener la confidencialidad de las
usuarias al momento de la ecografía. “Nos hemos reunido con los equipos técnicos para integrarlos al proceso
de una forma que las pacientes no se sientan expuestas,
pero el personal debe saber que se trata de una IVE para
no ofrecer fotitos del embrión o el audio de los latidos del
corazón”, explica Rieppi.
Al mismo tiempo, la sociedad civil está alerta. Cotidiano
Mujer junto con CNS Mujeres, CLADEM, Mujer Ahora,
Mujeres en el Horno, Ovejas Negras y Proderechos trabaja en un proyecto de vigilancia ciudadana para asesorar
a las mujeres que quieran acceder o hayan accedido a la
IVE en Uruguay. El objetivo es difundir la ley y monitorear
su implementación para detectar y enfrentar los problemas que puedan aparecer. En este sentido, también se
está trabajando una vía de comunicación directa con el
MSP para registrar quejas y buscar soluciones.
Aunque hasta aquí se han señalado los obstáculos, también hay aspectos que funcionan. Historias como la de
Julieta (ver recuadro), a veces, no son contadas por la
prensa. Casos como el de tantas uruguayas que han podido (y van a seguir pudiendo) decidir sobre su cuerpo de
forma legal y segura. Esas experiencias pueden contribuir
a que, con los años, el mapamundi que colorea los países
según su legislación sobre el aborto, muestre a toda la
región pintada de verde.
El proceso con los fármacos
• La mifepristona es un medicamento que inhibe la acción de la progesterona, hormona necesaria para la continuidad del embarazo.
• El misoprostol es un fármaco que provoca contracciones del
útero, ablanda y dilata el cuello, lo que posibilita la expulsión del
embrión.
• La mujer se lleva la receta para un paquete de cinco pastillas:
una mifepristona y cuatro de misoprostol. La primera debe ser tragada. Pasadas 36 horas exactas, se deben colocar las otras cuatro
directamente en la vagina, o debajo de la lengua y las mejillas para
que se disuelvan (30 minutos antes de que sean tragadas).
• De acuerdo con el MSP, esta combinación es eficaz en 98% de
los casos y no genera complicaciones si se aplica correctamente.
• El sangrado, cuyo volumen puede equivaler al doble de lo habitual en una menstruación, suele empezar una hora después de la
administración del misoprostol y puede durar entre 5 y 8 días (incluso unos días más).
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La IVE en Maldonado
Escollos en la costa
León Ferrari
Beatriz Jaurena/ Pepi Gonçalvez
En la última misa de Nochebuena en la Catedral de Maldonado, además de las hostias, el obispo Rodolfo Wirz repartió a los fieles fetos de cerámica de unos seis centímetros como parte de la campaña contra la Ley 18.987.
A pesar de la cruzada del prelado y sus correligionarios, los centros de salud hacía
varios días que brindaban atención a las mujeres que solicitaran la interrupción de
su embarazo y que estuvieran dentro del plazo de 12 semanas de gestación, con un
procedimiento que garantiza la confidencialidad y emplea la vía medicamentosa en
primera instancia. En esas fechas ya se contaba con la medicación y se habían resuelto carencias para cubrir el equipo técnico.
En enero hubo una denuncia pública de maltrato en los centros de salud. Una usuaria
difundió a través del matutino la diaria que había sido destratada por el equipo a cargo
de la atención en el Hospital Dr. Héctor Fontes”, en Pan de Azúcar, y en el Hospital
Elbio Rivero, en Maldonado. La noticia, que daba cuenta de agresiones verbales y
acciones disuasivas para que la paciente no interrumpiera su embarazo, también fue
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tomada por otros medios, muchos de los
cuales agregaron que se trataba del primer y único caso de aborto en Maldonado, algo absolutamente falso. A raíz de la
denuncia, el director de Ginecotología del
Hospital de Maldonado, Dr. Roberto Sergio dio una nota en Subrayado en la que
admitió que su equipo había invitado a la
usuaria a “escuchar los latidos” durante la
ecografía.
Frente a este escenario, en la reunión de
las mujeres del Frente Amplio de Maldonado (que se realiza los 14 de cada mes)
se plantearon acciones ante estos hechos
que vulneran los derechos de las usuarias
del sistema de salud. También se promovió una reunión de la Unidad Temática por
los Derechos de las Ciudadanas en Montevideo (del mismo partido) y se conversó
con algunas autoridades del área de salud.
En este diálogo, la directora Departamental de Salud, Dra. Beatriz Lageard, informó
que en el departamento no se presentaron
objeciones de conciencia y que el hecho
difundido en los medios dio pie a una investigación por parte del Ministerio de Salud Pública. El número de intervenciones
que han habido, señalan, no se difundirán
hasta hacer una evaluación.
Asimismo, en el transcurso de las entrevistas en el marco de la IVE, se han detectado
casos de violencia sexual en las parejas
estables, lo que ha permitido su derivación y atención especializada. Esta es una
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realidad encubierta en muchos ocasiones
que ahora sale a la luz para registrarse en
los datos de la Oficina de Políticas de Género de la Intendencia de Maldonado, que
coordina servicios de atención por violencia doméstica.
El día del aniversario del Frente Amplio,
muchas mujeres de Maldonado se trasladaron en varios ómnibus y autos a Costa Azul para asistir al acto de su partido.
Como orador de improviso participó Tabaré Vázquez. En ese instante se asomaron carteles en defensa de la nueva ley
para que el expresidente, que impuso su
veto, pudiera leerlos. En reclamo de la
autonomía de las mujeres y su derecho
a decidir.
Cairo + 20
Dos décadas después
Ana Cristina González Vélez1
A 20 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, aunque el discurso público sobre la salud y los
derechos sexuales y reproductivos tiene una presencia clara en
la agenda de las políticas, persisten brechas y limitaciones en las
leyes, los programas, el acceso a servicios, y en general, en la
protección de los derechos en esta área.
A su vez, el movimiento de mujeres, que 20 años atrás hizo una
extraordinaria movilización y llevó a las Naciones Unidas una
agenda feminista en el campo de la sexualidad y la reproducción, cuenta con menos recursos y mayor diversidad de sujetos
políticos que demandan ser reconocidos, lo que algunas veces
fragmenta los esfuerzos y dificulta la definición de prioridades.
En la esfera política enfrentamos gobiernos que contravienen los
acuerdos internacionales (Nicaragua, Honduras) con la absoluta penalización del aborto o la prohibición de la anticoncepción
de emergencia, y gobiernos progresistas cuyo avance resulta a
menudo tímido (como en Uruguay, donde pese a que la mayoría
de la población está a favor de la legalización del aborto, la ley
votada sigue manteniendo algunas barreras para su acceso). Al
mismo tiempo, hay un aumento de la importancia del marco internacional de derechos humanos para lograr conquistas relativas
a la protección de los derechos sexuales y reproductivos y una
marcada judicialización.
En este escenario, los rezagos y retos de la agenda se hallan, por
un lado, en la situación de la salud, que enfrenta el incremento de
la infección VIH en mujeres y del embarazo adolescente en casi
toda América Latina, la persistencia de la mortalidad
materna evitable, el aumen¿Una oportunidad para avanzar en la agenda de los derechos?
to de la violencia de género
y la impunidad, el cáncer de
útero mayoritariamente en
En el Programa de Acción de la Conferencia Internatergubernamental en el que los gobiernos del mundo
mujeres pobres, los lentos
cional sobre Población y Desarrollo del Cairo, en 1994,
se reúnen para discutir y negociar la agenda en el ámavances de los derechos
los países del mundo convinieron en torno a una serie
bito global y regional. Aquí, América Latina tendrá un
de temas como el crecimiento y estructura de la poblasexuales que apenas se
espacio privilegiado para negociar en la I Conferencia
ción, la urbanización y la migración interna, migración
asoman al reconocimiento
regional sobre población y desarrollo de la CEPAL,
internacional y el desarrollo, la familia y la igualdad de
de la población LGBTI y la
que se celebrará este año.
género, la equidad y empoderamiento de las mujeres; y
escasa garantía del accelos derechos reproductivos y la salud reproductiva4 para
En América Latina se ha conformado una articulación
so al aborto legal en forma
los que se acordaron objetivos y medidas concretas.
de la sociedad civil paralelamente al proceso oficial,
oportuna y segura.
En 2011 Naciones Unidas decidió extender el mandato de este programa más allá de 2014 y realizar
una revisión operativa para conocer el grado de implementación de esta agenda y determinar los retos
y los asuntos emergentes en materia de población y
desarrollo, incluidos la salud y los derechos sexuales
y reproductivos (SDSR).
Este proceso tiene dos grandes componentes. El primero consiste en una serie de acciones para determinar el grado de avance en los objetivos y las medidas
contenidas en el Programa del Cairo: los perfiles por
país5, la encuesta mundial, las consultas con expertos
y organizaciones de la sociedad civil6 y las conferencias temáticas. El segundo se refiere a un proceso in-
integrada por 40 redes y organizaciones con el fin de
coordinar acciones, acordar posiciones políticas colectivas y alcanzar un mayor impacto.
Al mismo tiempo, las Naciones Unidas han comenzado a definir la nueva agenda de desarrollo para
después de 2015 (Agenda Post 2015), cuando se
cumplen 15 años de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Esta iniciativa alberga más de 50 consultas
nacionales y consultas temáticas, por ejemplo, sobre
inequidades, salud y violencia contra las mujeres).
En este contexto, se espera que a este proceso se
incorporen las prioridades de Cairo+20 para lo que
es fundamental una apuesta sólida y consistente sobre la agenda de la SDSR, así como de la igualdad y
empoderamiento de las mujeres.
10
A esto se suma que nuestros sistemas de cuidados
no están preparados para
hacer frente al envejecimiento, no hay estrategias
claras para aprovechar el
bono poblacional y persiste una división sexual del
trabajo tradicional que define al sexo femenino como el único
responsable del mundo reproductivo, además de imponerle una
carga sobre el mundo productivo. En el mismo sentido, a pesar
de los logros, persisten enormes desigualdades entre los grupos
según la edad, el sexo, la urbanización, el nivel de educación, la
raza, la etnia y la orientación sexual. Inequidades que se expresan en el acceso a la información, los servicios, los resultados en
salud y la protección de derechos.
Los rezagos y retos también se encuentran en una sociedad civil
activa en la que aparecen nuevos actores políticos que disputan
por la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Sujetos con
distintas identidades (trabajadoras sexuales, jóvenes, indígenas,
afrodescendientes) trayectorias (activistas de los derechos humanos, de otros movimientos sociales, asociaciones profesionales)
y/o condiciones sociales (migrantes, desplazadas, víctimas del
conflicto). Esta multiplicidad necesita una lupa en las intersecciones y las inequidades, pero también una vigilancia y una incidencia
política más aguda para exigir y proteger la salud y los derechos
sexuales y reproductivos (SDSR).
¿Cómo avanzar en la agenda?
“El derecho a la salud ha sido uno de los derechos que de manera más significativa se ha ido ampliando en la evolución de los
derechos humanos. Hoy es un derecho con amplios desarrollos
conceptuales y en el que las necesidades específicas se han consolidado en el derecho a la salud de las mujeres y los derechos
sexuales y reproductivos. También se ha avanzado en el reconocimiento de la relación del derecho a la salud con otros derechos
y en el reconocimiento de grupos de mujeres con necesidades
especiales que requieren mayor protección o, por lo menos, una
protección diferenciada y especial. En este marco, la igualdad,
la equidad y la no discriminación resaltan el reconocimiento del
derecho a la salud de las mujeres y de sus derechos sexuales y
reproductivos como un contenido diferenciado, que subraya sus
necesidades especiales, y constituye un marco conceptual para
avanzar la agenda”2.
Uno de los principales obstáculos para que las mujeres alcancen
el más alto nivel posible de salud es la desigualdad, no sólo entre ésta y el hombre, sino respecto de otras mujeres. Estas diferencias derivadas de su posición social generan inequidades en
el acceso a servicios de salud y por ello la equidad demanda el
reconocimiento de las condiciones diferenciales que se generan
entre los grupos de mujeres de acuerdo con estas características3. Al ser América Latina la región más desigual del mundo no
es posible avanzar en materia de salud y derechos sexuales y
reproductivos si no se incorpora este enfoque de equidad de manera estructural en las políticas.
Frente a esta realidad, lograr el aborto legal y seguro, prevenir
y tratar el VIH con un enfoque de género, eliminar la violencia
basada en género, defender los derechos de la población LGBTI
e incorporar la salud sexual y reproductiva integral para adolescentes y jóvenes son algunos de los asuntos críticos que debería
incluir la agenda de SDSR.
Si se quiere garantizar que los procesos que se llevan a cabo
en Naciones Unidas (particularmente el de Cairo+20 y la agenda Post 2015) sean una oportunidad, es fundamental afrontar algunos desafíos políticos, como que la sociedad civil participe de
forma efectiva, que la información sobre la construcción de las
nuevas agendas sea clara y permanente, que la agenda del Cairo
se vincule con las otras agendas de Naciones Unidas, que se
incorporen los compromisos de derechos humanos en los nuevos
términos que definan el Programa de Acción de Cairo más allá de
2014 y la Agenda Post 2015, que se generen nuevos liderazgos
sociales para avanzar a largo plazo en la agenda de SDSR y, por
último, que se consoliden mecanismos para que los gobiernos
estén obligados a rendir cuentas.
1 Consultora internacional en temas de salud, integrante de la Articulación
Feminista Marcosur.
2 González Vélez, Ana C. “¿Cómo definir y recopilar buenas prácticas en
materia de salud y derechos sexuales y reproductivos? Goce efectivo de
derechos: un marco de buenas prácticas”. CEPAL - Serie Mujer y desarrollo Nº
104. Reunión internacional sobre buenas prácticas de políticas públicas para el
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
3 González Vélez, A.C. “Causal salud: interrupción legal del embarazo, ética y
derechos humanos”. Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, FLAASOG y
ANDAR. Montevideo, 2008.
4 Para este recueadro se utilizó como referencia el folleto “El Futuro que el
UNFPA quiere para todas las personas”, elaborado por el UNFPA/Colombia,
enero de 2013.
5 http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles
6 En América Latina y el Caribe las consultas fueron realizadas en Uruguay y
Jamaica en el año 2012. Compromiso de Montevideo: http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=295:rumbo-acairo20&catid=40:debates-feministas y Declaración de Ocho Ríos)
11
Las Viejas, las Otras de las Otras1
Elena Fonseca
“Hasta que no perdamos la vergüenza de sentirnos viejas,
no habrá un pensamiento político de la Vejez”.
Jean Franco
“El varón es el sujeto, el ser absoluto, la mujer, la Otra”, escribió Simone de Beauvoir en 1948 provocando un escándalo grande entre
quienes –Revolución Francesa mediante– se creían iguales, o casi.
La noción de otredad se refiere a la relación de amo y esclavo, el
primero intentando justificar sus privilegios con “loables” intenciones, o
recurriendo al inmutable “estado natural de las cosas”.
La imagen de “Otro” frente al “Uno”, al verdadero, da la idea del negativo
de algo, de lo falso, de una especie de colonización, de ser en relación a
otro, es decir, de no ser.
Durante siglos las mujeres ¿acataron? ese estatuto que las privaba de
una parte de la vida porque no llenaban el formulario de admisión, tenían
el cerebro más chico, el cuerpo más frío, falta de calor vital, menstruaban
y eran sucias, tenían una defectuosidad natural, la carne femenina es
porosa y húmeda, la hembra es frágil, tiene menos dientes, menos suturas craneanas… padece de una pasividad metafísica (Aristóteles, sic).
Solo muy pocas mujeres pudieron sustraerse al poder de esta opinión
de filósofos, clérigos que adaptaban las religiones a sus misoginias,
monarcas que aprovechaban los vientres reproductivos para poblar sus
huestes.
Cristina de Pizán en el siglo XV rabió y despreció a estos pensadores
pero fue silenciada durante cinco siglos; Olimpia de Gouges en el siglo
XVIII proclamó que las mujeres eran tan ciudadanas como los hombres
pero acabó en la guillotina. No hubo un movimiento colectivo hasta la
mitad del siglo XX.
12
¿Quién les devuelve a las mujeres lo que no han vivido, las peripecias intelectuales, los encuentros entre pares, las fiestas dionisíacas y las bacanales, las lupercales y saturnales, los libros que no
escribieron, las universidades a las que no fueron, los amores que
no tuvieron, el sol que no tocó sus cuerpos, el poder, la libertad, la
identidad? Encerradas, tapadas, silenciadas, perdieron parte de
sus vidas.
Es probable que para el próximo milenio la edad sea lo que la
raza (y el género y la orientación sexual) han sido para la segunda mitad del siglo XX: un problema de alto perfil y muy divisorio
para el cual será extremadamente difícil encontrar soluciones
que funcionen.
Puesto que no hay homogeneidad histórica sobre esta “edad” o
sobre este tiempo de vida ya no la establece la menopausia, ni la
jubilación, ni producir o reproducir, ser vieja es un concepto relativo,
es decir, depende de cómo se lo mire, desde dónde, con o sin prejuicios, con o sin sentido de dependencia. La nube de negativismo
que se cierne sobre las llamadas adultas mayores, o integrantes
de la tercera edad, o abuelitas, es espesa y difícil de analizar por la
multiplicidad de factores, objetivos y subjetivos que interfieren.
Con las viejas, con las mujeres viejas, se produce algo similar,
solo que en este caso el sujeto que las convierte en otras es a
menudo ella misma como cómplice cruel.
Para la antropóloga Bárbara Myerhoff el “edadismo” (o edaísmo),
los estereotipos, prejuicios y discriminación hacia las personas mayores, se caracteriza por tener los mismos procesos internos que
alimentan al racismo en tanto ideología de superioridad, como el
clasismo, el colonialismo, el machismo, la homofobia. La vejez es
un fracaso, para los edadistas, y debe suscitar culpa estar vivos
como crudamente lo dijo el ministro de Hacienda de Japón que pidió a los ancianos de su país que “se den prisa en morir” para que el
Estado no tenga que pagar su atención médica. “Yo me despertaría
sintiéndome mal sabiendo que todo [el tratamiento] está pagado por
el Gobierno” (22/01/13) afirmó este ¿anciano? de 72 años, que finalmente decía en voz alta lo que muchos piensan. Y que ni siquiera se
tomó el tiempo de proponer una dulce eutanasia.
Ser vieja es haber dejado de ser joven dice Pero Grullo, pero
¿por qué no hay un imaginario positivo de la vejez? Las otras
edades de la vida tienen un momento preciso de iniciación, la niñez, la adolescencia, la adultez, ¿pero qué hecho determina que
seamos viejas y que desechemos una franja de vida que por ser
la última no tiene que ser una NO vida? ¿Podremos vernos como
somos, no como creemos que nos ven? ¿Podremos aprender
a vivir con el tiempo subjetivo y olvidarnos del cronológico que
existe solo en los almanaques? La sensación de deterioro físico
se convierte en un imperativo para muchas víctimas del “señora
eso no se dice, eso no se toca, eso no se hace”, deje ya de joder
con la pelota que se inmolan en el altar del deber ser.
Para los neoliberales la vejez misma es una enfermedad. Sin
vacuna por ahora. Y para muchos esa enfermedad incurable solo
merece ser tratada como tal para alegría de galenos/as que prescriben pastillas a granel consumidas con devoción y por supuesto con enorme valor lucrativo.
Pero ¿dónde está la calidad de vida? Para la Organización Mundial de la Salud es “la percepción que un individuo tiene de su
lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema
de valores en los que vive en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes y preocupaciones”. Solo
que no hay calidad de vida si no hay bienestar subjetivo, que es
hoy en día el principal indicador para medir la calidad de vida. Y si
analizamos los contextos sociales que traducen e ilustran las vidas
de las viejas, difícil llegar a una mínima autoestima. Y no se trata
de seguir siendo eternamente joven, pero sí de seguir teniendo
una vida válida, una que no suponga ser una paria. Debería ser
posible tener un trabajo y contar con las ventajas de ser vieja, con
más tiempo libre, más experiencia, más conocimientos.
13
En la literatura y el cine la representación de las viejas trasmite
una imagen que suma lo asqueroso y perverso a lo inútil. Las
brujas en los cuentos infantiles son todas viejas, feas y malas.
Celestina, la vieja por excelencia es tuerta, alcahueta, cerda,
esposa del cerdo, cochina, sucia, arrugada, fea, loca, bruja, ministra del demonio… (sic). ¿Quién quiere ser esa vieja?
No vamos a encarar aquí el tema de las políticas públicas frente
al envejecimiento de la población, la necesidad de un sistema
nacional de cuidados y las enormes carencias que presenta en
nuestro país. Tampoco el peso de la pobreza sobre las mujeres
más vulnerables a través de otras desigualdades, etnia, discapacidad. No ahora.
En una encuesta telefónica reciente sobre la situación del país
se le preguntó a una mujer por el barrio, por su profesión, etc.,
y al llegar a la pregunta sobre la edad la encuestadora dijo muy
amablemente “perdone señora, pero con 81 años no entra en
nuestros intereses”. ¿Quién quiere ser esa vieja?
No se trata tampoco de contar una historia ejemplar, ni de dar
una clase de autoayuda para ser felices. Es una lucha política
que las feministas damos para recuperar ese pedazo de vida
que la sociedad patriarcal nos saca, aunque nos regale espejitos de colores, “casas de salud” cerradas a candado para proteger de los peligros de la ciudad, medicamentos para dormir que
impiden posibles amenas vigilias. Y a veces halagos baratos.
Placebos.
Y cuando aparece una visión positiva de la vejez, es la abuelita de la
lata de Mazzawattee que refleja calma, serenidad, armonía con su
nietita, pronta para recibir cuidados y cariños. Siempre que no moleste. Es una visión pasiva, negativa ¿Quién quiere ser esa viejita?
La cabeza de las viejas está habitada por miedos: a la soledad, al
mundo exterior, a la carencia, a la dependencia (a veces cuidadosamente provocada), a romper los tácitos acuerdos familiares conservadores que obligan a seguir con los estereotipos. A la muerte.
A una posible presencia de la sexualidad tan postergada.
Los medios masivos tienen un poder simbólico, construyen la imagen
de las mujeres reales a través de la ausencia, borrándolas del mapa
en primer lugar y luego, enfrentándolas a la híper representación de
lo sensual, corporal de la mujer/tipo, blanca, rubia, joven, 90-60-90 y
lo rematan con el lenguaje sexista no inclusivo. Las viejas no tienen
otro espejo que ese que muestra el retrato de Dorian Grey, el cuadro.
Y cuando se trata de posibles consumidoras los medios edulcoran
las imágenes de viejas lindas si consumen las ofertas de remedios,
residenciales, cremas anti arrugas, viejas geniales, alegres juveniles.
¿Cuándo se es vieja? ¿A los 60, los 70, a los 80, cuando la práctica de la sexualidad se enrarece? ¿Pero de qué sexualidad?
¿La nuestra o la que decreta el patriarcado? ¿La de la penetración obligatoria, castigo merecido para los varones de 50 que
no diversificaron sus hábitos sexuales desde la adolescencia y
que necesitan la masturbación de un pene en una vagina para
sentirse machos?
Muchas mujeres no saben qué hacer con los 20 o 30 años de
vida que les queda cuando se jubilan. O se quedan solas y los tiran a la bartola, los rellenan con símiles de vida, hacen como que
viven en un mundo del que han borrado los conflictos, las pasiones, los deseos, las aventuras, con una relación con el cuerpo
al que solo se le deja expresar dolores y que no existe más que
para cuidarlo. Es una tajada de vida entregada a la pira del “terrorismo estético” reflejado por los jóvenes, hasta por niños, pero
sobre todo por los adultos en la plenitud de la vida –esos que
alguna vez fuimos –expresada en imágenes, silencios, sin pudor
y con falsa piedad, pero acatados con sumisión por las titulares
del genérico “abuela” de los hospitales y de los ómnibus.
Nos referimos al uso libre de la libido, a tener deseos, a vivir con
erotismo todos los momentos posibles. Sin trabas, con fantasías,
con irreverencia. Y también con un proyecto de muerte amable,
sin terrores del más allá ni del más acá, sin futuros engaña pichanga, pero sin dolor. Es decir, con dignidad.
A veces, en un grupo de viejas se oyen carcajadas, seguramente
se ríen de sí mismas, demostrando que lo que se ha dado en llamar resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar la adversidad
y salir fortalecida de la experiencia, es posible. A pesar de todo.
¡A la vejez, viruelas!
Se envejece según se ha vivido, es un proceso. Las mujeres que
en sus vidas apuestan a una sola carta, un compañero/a, hijos,
una carrera, al físico, etc., deben saber que al fallar uno de esos
elementos, se “rompen”, el mundo se les viene abajo.
1 Taller realizado en el XII Encuentro Feminista en Bogotá, noviembre 2011.
14
Marcha Mujeres de Negro 2012, foto: Daniela Rodríguez
Los cuerpos que salen a la calle
Ir más allá de lo visible. Esta es la propuesta de una investigación teórica, que a partir de dos ejemplos oportunos, se propone reflexionar sobre el concepto de cuerpo en su dimensión performativa: como sujeto y como
objeto de las demandas de los movimientos feministas y LGBTIQ1.
Lucía Pérez2
La problematización de la sexualidad como campo político ha sido una de las principales conquistas de
los movimientos feministas y LGBTIQ. En este sentido, la perspectiva de la ciudadanía sexual coloca el
debate sobre nuestros cuerpos y sexualidades en términos de derechos humanos, y propone nuevas
formas de concebir al sujeto en su implicancia política.
La construcción discursiva que los movimientos hacen del cuerpo, de sus usos y significaciones para
lograr nuevos espacios de acción revela el trabajo identitario hecho por estos movimientos, no sólo en las
protestas concretas, sino en la construcción discursiva del cuerpo como sujeto político. La materialidad
del cuerpo y los discursos en torno a éste se han transformado en la alternativa propuesta por los colectivos para situar sus demandas en la esfera pública y exigir, en su calidad de ciudadanos y ciudadanas,
los derechos de los que han sido excluidos.
A partir de dos protestas que tuvieron lugar en Montevideo en 2011, es posible exponer algunas de las
interpretaciones sobre los cuerpos al ponerse en juego en estas manifestaciones.
15
Uno de los ejemplos es la “chuponeada masiva”
que se realizó el 16 de julio de 2011 en la puerta
de un boliche de Montevideo que fue acusado de
echar a una pareja de varones que se estaban besando. Los relatos de personas que presenciaron
el hecho cuentan que la pareja se estaba besando
en la pista de baile y que la seguridad del local les
pidió que “cesaran con esa actitud inapropiada”3,
sin afirmar que hubiera habido algún tipo de conducta discriminatoria en la solicitud.
Como reacción inmediata frente a la denuncia de
los jóvenes, el Colectivo Ovejas Negras difundió
lo sucedido en los medios de comunicación, pidió
que los dueños del local se retractaran públicamente con los jóvenes e inició una acusación legal
y convocó a la puerta del boliche para realizar una
“chuponeada masiva” en repudio a lo que había
ocurrido. Así, asistieron más de 300 personas,
homosexuales y heterosexuales, para protestar
con besos por un acto de discriminación.
En las manifestaciones no es casual la creatividad
para colocar metafóricamente el reclamo. En este
caso, se trata de un acto puntual de discriminación, un ejercicio de poder que se impregna en
el cuerpo (de dos jóvenes homosexuales que se
están besando) y esconde una profunda realidad
discriminatoria (la homofobia) que se expande en
todos los ámbitos de la sociedad. Si bien la legislación uruguaya ha hecho algunos avances en esta
materia, aún queda mucho camino por recorrer y
este episodio es un ejemplo: el ser homosexual
aún sigue siendo un estigma o, por lo menos, sigue siendo condenado si se hace público.
En Estigma, Goffman señala que existe una serie
de características que pueden ser susceptibles de
etiquetar a los seres humanos. La sexualidad y las
preferencias sexuales son potenciales rotuladores.
“La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el cumplimiento de atributos
que se perciben como corrientes y naturales en
los miembros de cada una de esas categorías”4.
16
“La persona estigmatizada recurre a ocultarse
para esconder cierta información sobre sí misma.
Cuando decide escapar de este encubrimiento, recibe una agresión social como respuesta”.
Aquí hay dos cuestiones en relación con la protesta. Por un lado, es una performance en el sentido
de una actuación, una puesta en escena, una fachada social que debe prepararse y realizarse. Hay
un trabajo de coordinación, una consigna llevada
adelante y requiere de un desempeño puntual por
parte de cada actor de la protesta: besarse con
otra persona. Por otro, la protesta es un acto performativo en el sentido de Butler, es decir, como
acto de repetición y reafirmación de un proceso de
identificación de un colectivo que defiende otros
modos de relacionarse afectivamente.
La performatividad de Butler es más que una teatralización, implica un acto de repetición exhaustivo de las normas. Como en Goffman, también hay
una producción ritual de las formas legitimadoras
de lo sexual que imprime significados y estánda-
De ayer y hoy
Las representaciones callejeras siempre han acompañado al
feminismo. Entre las más recordadas, en 1989, tras el femicidio
de Flor de Lys Rodríguez, Cotidiano Mujer junto con otras organizaciones se paró frente a la comisaría de la Mujer donde Flor
había denunciado las amenazas de su exmarido. Llevamos carteles, pusimos parlantes con la voz de nuestra amiga asesinada
contando las veces que había ido desesperada a esa seccional,
y plantamos una margarita en la Plaza Libertad.
En la misma plaza, siete años después, convocamos a la ciudadanía a participar del entierro de la violencia doméstica a través
del anuncio publicado en las necrológicas de los diarios que
decía: “R.I.P. Falleció, finalmente, la violencia doméstica”.
Hubo acciones perfomativas que incluso se replicaron en varios
países, como la que hicimos con la artista brasileña Beth Moysés en 2005: decenas de mujeres vestidas de novia caminaron
por la Plaza Independencia y bordaron sus guantes blancos con
hilo negro para simbolizar el cicatrizar de las heridas de las víctimas de violencia doméstica. C.M.
Marcha Mujeres de Negro 2012, foto: Daniela Rodríguez
res socialmente aceptados.
Sin embargo, esta performatividad es un acto político en
sí mismo capaz de romper
con los contextos lingüísticos
anteriores y proponer alternativas nuevas. En este sentido, los actos performativos
poseen capacidad de agencia en sí mismos, un ejercicio de contrapoder que no
es intrínseco a los sujetos,
sino que es una práctica que
éstos pueden realizar a partir de la rearticulación y resignificación permanente de
las modalidades del poder.
La contingencia es el lugar
donde habita el sujeto, pero
es en la capacidad de agencia del acto performativo que
puede trazar sus líneas reivindicativas no hegemónicas
para resignificar su propia
identidad.
17
El segundo ejemplo que sirve
para mirar lo que está detrás
de lo explícito de las protestas fue la que organizó en
2011 el colectivo Mujeres de
Negro el 25 de noviembre,
Día Internacional de la Lucha
contra la Violencia hacia las
Mujeres, en la que cientos de
personas caminaron de luto
hasta la Plaza Independencia exigiendo la imputabilidad
de los crímenes por violencia
doméstica en Uruguay.
Cada 25 de noviembre, esta
organización de mujeres realiza alguna actividad para
conmemorar la fecha y en
esta oportunidad la marcha
estuvo repleta de mujeres
vestidas de negro, de rostros
cubiertos por velos y velas
encendidas que simbolizaban
un ritual de luto por todas las
Marcha Mujeres de Negro 2012, foto: Daniela Rodríguez
cionados: construyen su retórica desde la
exigibilidad de derechos, afirmando que
los discursos sobre nuestros cuerpos nos
habilitan o nos limitan en diferentes ámbitos de la vida.
Pensar las movilizaciones de estos colectivos en términos performativos permite visualizar la complejidad en la que se
entretejen los discursos sobre el cuerpo;
cuando es éste el sujeto de la acción política, hay una infinidad de conceptualizaciones y representaciones socialmente
construidas que, muchas veces, dificultan
el acceso a algunos derechos por una parte importante de la ciudadanía. Pero además, permite ubicar la materialidad de los
cuerpos en la propia protesta como herramienta de lucha. Es esta doble dimensión
de lo corporal que interesa resaltar de las
protestas de calle.
La marcha es parte del repertorio clásico de acción de los movimientos sociales
empleado por los más diversos colectivos
en circunstancias también variadas. Sin
embargo, una vez más, la originalidad de
estos movimientos pone en juego al cuerpo. En este caso, el cuerpo de la mujer,
el cuerpo violentado, o incluso sin vida, se
convierte en campo de lucha, en espacio
de protesta de otras mujeres que simulando una caravana funeraria transitan por las
calles para colocar el tópico en la opinión
pública.
La vestimenta negra indicando el luto por
todas esas mujeres que fueron y son víctimas de violencia envuelve la construcción
de la escena y la presentación de una fachada colectiva para ilustrar la pérdida, el
duelo. Como proceso identitario, el hecho
de salir a la calle, de incitar a denunciar
cualquier hecho de violencia en el hogar,
el ser un colectivo y el reconocer que más
personas se encuentran en una misma situación, ayuda a concientizar en un lugar
específico que puede ser compartido, una
causa común vivida en y a través de los
cuerpos que son violentados.
Las protestas performativas tienen la doble implicancia de ser, por un lado, una
actuación en términos artísticos y sociales,
al existir una preparación de la representación que es combinada y ejecutada por
el colectivo. Por otro, es un proceso identificatorio en el que el cuerpo es puesto
como centro mismo de la protesta. Esto
se encuentra directamente relacionado
con los reclamos de los movimientos men-
18
En segundo lugar, las protestas entendidas como acto performativo muestran no
sólo una representación de las demandas,
sino que instituyen dinámicas propias a
los colectivos. Son una puesta en escena
de los reclamos a través de los cuerpos
que participan de las manifestaciones y
al mismo tiempo permiten la reflexión y
la construcción de un espacio identitario
común.
Foto: Nairi Aharonian
víctimas de la violencia intrafamiliar. Las
propias organizadoras del acto hablaron de
una performance en sentido artístico por el
aditivo de la escenificación de un luto.
En tercer lugar, las demandas que se plantean remiten a un plano de análisis que trasciende el momento concreto de la manifestación. Lo que se quiere reivindicar y cómo hacerlo responde a
una estrategia política para posicionar la cuestión en un grado de
abstracción mayor: el derecho. Lo que buscan incansablemente
estos movimientos es obtener mayores ampliaciones del espacio
democrático a través de la obtención de ciertos derechos que le
son negados o existen sólo a título nominal.
Es importante pensar en las movilizaciones de estos colectivos
en su originalidad y creatividad en la puesta en escena, pero también concebirlas dentro de una práctica política crítica que cuestiona los recovecos de nuestro sistema democrático. Las movilizaciones sociales son un motor indispensable para la dinámica
democrática, y son los actores colectivos los principales agentes
de las transformaciones sociales.
Foto: Nairi Aharonian
1 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queers
2 Lucía Pérez es socióloga, candidata a Magister en Sociología por el IESPUERJ. Trabaja como docente y es investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR. Aquí publicamos un extracto
de un trabajo más amplio que corresponde a su tesis de maestría.
3 Extraído de la página web del portal 180 del día 14 de julio de 2011
(www.180.com.uy).
4 Goffman, Erving [1963] (2006) “Estigma: la identidad deteriorada”. Buenos
Aires, Amorrortu, pág.11
19
Cindy Sherman
La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
El polémico pinchazo
En Uruguay a partir de abril todas las niñas de 12 años podrán solicitar la vacuna contra el VPH. Un
producto farmacológico que hasta el momento carga con muchas incógnitas.
Inma Mora
Con una inversión de 1 millón 200 mil dólares, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunciaba este verano que la vacuna contra Virus del Papiloma Humano (VPH) estará disponible
de forma gratuita en Uruguay a partir de abril. No tendrá carácter obligatorio ni integrará el
calendario de vacunación. La iniciativa, a su vez, estará acompañada de una campaña pública que hará hincapié en la importancia de la realización de un test de Papanicolau como
método de prevención del cáncer de cuello uterino.
A pesar de la disponibilidad de la vacuna (que hace tiempo lo está, solo que antes no era
gratuita) sus ventajas aún son algo inciertas: existen dudas de cuánto dura su efectividad
y hasta dentro de varias décadas no podrá conocerse su verdadero efecto. A esto se le suman los efectos secundarios graves que se reportaron en países como España y Estados
Unidos.
20
• El cáncer de cuello de útero
pude ser causado por más de
100 tipos de VPH. La vacuna comercializada sólo previene dos
de ellos.
• Hasta dentro de varias décadas no se conocerá la verdadera
efectividad de la vacuna.
• En España se han registrado
más de 700 casos de reacciones
adversas, algunas de ellas muy
graves. En septiembre de 2012,
una joven de 13 años murió en Galicia tras recibir la segunda dosis
de la vacuna contra el VPH.
El Virus del Papiloma Humano se
transmite por contacto de la piel
(no por los fluidos sexuales) durante las relaciones sexuales. “Algunos tipos de VPH tienen capacidad
oncogénica, y provocan mitosis
sin control, displasia, carcinoma in
situ, y cáncer de cuello de útero. El
virus es causa necesaria, pero no
suficiente. La pobreza, el tabaquismo, y otros factores desconocidos
son clave para el desarrollo de
la enfermedad”, señala el doctor
Juan Gérvas, médico de familia en
varias localidades de España, en
un artículo de la revista española
MYS, y agrega: “En la mayoría de
los casos la infección se elimina
por medios naturales, espontáneamente. Importa la infección que se
mantiene por más de dos décadas.
La infección permanente es lenta,
pues lleva hasta diez años para
producir lesiones precancerosas, y
otros diez años para producir carcinoma in situ”.
En un artículo publicado en La Jornada de México, la investigadora sueco mexicana Asa Cristina Laurell cuestionaba la comercialización de la vacuna a partir de un
estudio de lo que se desconoce de la vacuna del VPH que
protege contra cuatro de las más de 100 cepas del VPH.
“El ensayo clínico hecho en 11.550 mujeres de 16 a 23
años demostró una importante protección contra lesiones
precancerosas en un plazo de cuatro años, pero no se sabrá hasta dentro de 25 a 30 años si protege contra el cáncer de cuello uterino. Se desconoce el tiempo que dura la
protección, particularmente en los casos de niñas de 9 a
13 años que son las que se vacunan de forma masiva”.
Frente a estos hallazgos la médica se pregunta: “¿Qué
pasará con la infección con otras cepas oncogénicas, ya
que algunos estudios han mostrado un incremento en lesiones asociadas a ellas? ¿Cómo afectará la vacunación
el control sistemático con el Papanicolau? A estas interrogantes hay que añadir los efectos adversos e incluso
mortales en las niñas inmunizadas”.
De las más de100 cepas que hay
de VPH, solo 12 pueden desarrollar un cáncer y menos del 1%
de los casos de infección llega a
convertirse en cáncer. Que una
mujer se infecte con el virus no
significa que vaya a tener cáncer
de cuello uterino.
En un comunicado a los equipos de salud el MSP advierte de que hasta el momento, la información sobre el
beneficio de esta vacuna “se basa en estimaciones de los
resultados sobre las lesiones pre malignas y no sobre el
cáncer en sí mismo”. En el mismo documento la cartera
de salud explica que “es importante destacar que los países que han disminuido francamente el CCU [cáncer de
cuello uterino], lo han hecho mediante la universalización
de la prevención integral con mucha anterioridad a la incorporación de las vacunas contra el VPH”.
Por otro lado, en lo que respecta
a la vacuna comercializada, no es
efectiva contra todos los serotipos
cancerígenos: sólo actúa contra el
VPH-16 y el VPH-18 (que se vinculan mayormente con algunos tipos de cáncer uterino) y contra los
serotipos HPV-6 y HPV-11 (que
producen las verrugas genitales).
Por su parte, la ginecobstetra Giselle Tomasso, asesora
técnica del MSP, en una entrevista con el programa de radio No Toquen Nada asegura que “el argumento a favor
de la vacuna es que previene las lesiones y seguramente
prevenga el cáncer, pero en medicina no todo se resuelve
por propiedades transitivas. Decir hoy que la vacuna del
VPH previene cáncer no es verdad. Puede ser probable,
pero no es seguro. En otras intervenciones en salud hemos presumido esto, como pasó con los antiarrítmicos,
21
que pensamos que prevenían las
muertes por infarto. Los dimos y
la gente se moría más. No siempre en medicina dos más dos es
cuatro” y sostiene que si se toma
en cuenta esto y la evidencia que
hay sobre los efectos secundarios graves, “como muerte súbita, convulsiones, enfermedades
neurológicas y trombosis, no es
recomendable dar la vacuna”.
El caso de España
La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano se incluyó en el
calendario oficial de vacunas de
España en 2007. En aquel momento, el medicamento apareció
en los medios de comunicación
como el milagro ante el cáncer
de cuello de útero1. Ya entonces,
asociaciones y profesionales de la
salud firmaron el manifiesto “Razones para una moratoria en la
aplicación de la vacuna del VPH
en España” alertando de sus posibles efectos adversos, de los costes que supondría para la sanidad
pública y del escaso conocimiento
sobre la efectividad de la vacuna.
Según la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma
(AAVP) y especialistas de la medicina como Carme Valls, las últimas investigaciones realizadas
en España revelan que los serotipos 16 y 18 sólo producen alrededor del 30% de los casos de
muerte por cáncer de cuello de
útero . Por tanto, la efectividad de
la vacuna en el contexto español
es muy limitada.
En 2009, dos jóvenes valencianas fueron
ingresadas de urgencia en el hospital tras
recibir la segunda dosis de Gardasil, la
marca de la vacuna contra el VPH. Estas
adolescentes sufrieron crisis convulsivas
severas y estuvieron hospitalizadas durante varios meses sin tener un diagnóstico
claro. Aunque las instituciones sanitarias
no han ofrecido mucha información al respecto, hasta enero de 2012, hay notificados
737 efectos adversos en España, algunos
de ellos, muy graves. La AAVP trabaja para
que se retire esta vacuna del sistema sanitario español y reclama al gobierno un
fondo de compensación para las personas
afectadas por ésta.
En septiembre de 2012, una niña de 13 años
murió en Galicia por una crisis asmática tras
recibir la segunda dosis de la vacuna contra el VPH. Como explica Teresa Forcades,
médica y doctora en salud pública, “el riesgo
de morir debido a la vacuna del papiloma es
menor que el de morir por el cáncer de cuello
de útero, pero hay una diferencia esencial:
las que mueren o se quedan inválidas de por
vida debido a la vacuna son chicas jóvenes
y sanas que mueren por culpa de una inter-
farmacéuticas. ¿Estamos ante una cuestión de salud o ante un negocio?
vención de salud pública recomendada por
las autoridades sanitarias. Las que mueren
por el cáncer de cuello de útero son mujeres
mayores que si tuvieran acceso al test de
Papanicolau, seguramente no morirían“3.
sanitarias deben encargarse de ofrecer
todo tipo de información y estar preparadas
para los efectos adversos que pudieran
producirse, aún siendo un porcentaje bajo.
Sea de un modo u otro, la decisión de vacunarse debe estar sometida a una información previa y al conocimeinto de padres,
madres y adolescentes sobre la realidad de
la enfermedad, las ventajas y posibles efectos adversos de la vacuna y otras alternativas menos agresivas y más económicas
contra el cáncer. Por ello, las autoridades
El personal sanitario no conocía cuáles
eran los posibles efectos adversos de
una vacuna que se estaba (y aún se está)
suministrando de forma generalizada a
adolescentes españolas. “Sin embargo,
tras investigar y ponernos en contacto
con médicos que ya habían hablado de
la inseguridad de esta vacuna, nos dimos
cuenta de que todo lo que les estaba ocurriendo a nuestras hijas estaba dentro del
cuadro de efectos secundarios de la vacuna recogidos en los Informes Vaers“2,
afirma Alicia Capilla. ¿Por qué esta información no se conocía en España? ¿Por
qué se sigue negando la relación entre
la vacuna y los síntomas que sufren las
adolescentes?
Cindy Sherman
Alicia Capilla, vicepresidenta de la AAVP
y madre de una de las jóvenes afectadas,
explica que lo más duro fue no saber qué
le sucedía a su hija: “Si a una persona le
ocurre un accidente o tiene una enfermedad grave, pero sabes qué es, puedes
seguir un tratamiento y luchar contra ello.
Pero el problema es que no sabían cómo
tratar ni a la otra niña ni a mi hija y cada
día nos decían una cosa distinta”.
Teresa Forcades apunta otro hecho relevante: Merk, la compañía farmacéutica
que fabrica la vacuna Gardasil, ya fue
condenada en Estados Unidos por haber
escondido información sobre la seguridad
del antiinflamatorio Vioxx, que causó la
muerte de más de 3.000 personas. Todos
estos datos hacen reflexionar sobre la medicalización excesiva y el negocio de las
22
1 Esta información puede consultarse en la página
web de la AAVP (http://www.aavp.es/) y del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (http://www.
caps.cat).
2 VAERS: siglas en inglés del Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas. Se encarga
de hacer seguimiento a la seguridad de las vacunas
después de que éstas han sido autorizadas.
3 Teresa Forcades. “Una reflexión y una propuesta en relación a la vacuna del Virus del Papiloma
Humano”. AMHB. Noviembre de 2012, Barcelona.
En línea: [http://www.amhb.net/web/images/stories/
docs/teresa%20forcades%20cast.pdf.pdf]
Mujeres en Túnez
Con la revolución a flor de piel
Ana Artigas
La Primavera Árabe derribó los estereotipos occidentales sobre la mujer en esa región del planeta. Lejos de la sumisión, ellas mostraron ser
piezas fundamentales en la lucha por la libertad
de sus países. En la Revolución de los Jazmines
las tunecinas salieron a la calle codo a codo
con los varones para demandar sus derechos de
libertad. Ahora, a más de dos años de la caída
del dictador, están abocadas a la reconstrucción de un país en pie de igualdad. El Foro Social Mundial de Túnez es una oportunidad única
para que las feministas latinoamericanas y las
feministas del Magreb debatan y compartan experiencias sobre otro mundo posible.
"La revolución avanza, el rostro de la mujer descubierto y la mujer también" o "Islam es mi religión, laico
es mi país" fueron algunas de las consignas que se
leyeron en las pancartas que cargaban las mujeres
con viva voz que presidieron la caída del presidente
Zine el Abidine Ben Ali, quien gobernó en Túnez desde que triunfara su Golpe de Estado en 1987.
La Revolución de los Jazmines fue una bocanada de
aire fresco para las tunecinas que hallaron la oportunidad de hacer valer sus derechos: "Consideramos
que estamos reconstruyendo nuestro país y que durante un largo tiempo no hemos podido hacer escuchar la voz de la mujer para construir una sociedad
igualitaria, ciudadana y democrática", manifestaba
Jadiya Charif, una de las fundadoras de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD en sus
Elisabetta Farina
23
siglas francesas), a AmecoPress en los
momentos de las primeras revueltas.
Túnez, en contraste con el resto de los
países árabes, ha sido precursor en la lucha contra las discriminaciones hacia las
mujeres. Después de la proclamación de
la independencia de Francia en 1956, el
primer presidente, Habib Bourguiba, implementó importantes reformas consagradas
en leyes. Entre ellas, el código personal,
que equipara a las mujeres con los hombres en el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos, y que también prohíbe la
poligamia (que sí autoriza el Islam).
Las tunecinas han podido usar anticonceptivos a partir de 1962 y abortar desde 1965.
Pero además, este país tuvo su primera
jueza en 1968 (es más, un tercio de los
magistrados son mujeres) y una ministra
en 1983. Más del 80% de las adultas sabe
leer y escribir, y la mitad de la población
estudiantil es de sexo femenino. Tantos
avances han tenido, siempre comparando
con las naciones vecinas, que las mujeres
de pelo suelto han convivido pacíficamente con las que llevan velo.
Pero a dos años de las revueltas que terminaron con la dictadura de Ben Ali, la
transición a la democracia parece frágil. El
gobierno electo, una coalición liderada por
los islamistas moderados del primer ministro Hamadi Yabali, está en fuertes aprietos
tras el asesinato del líder opositor, Chokri
Belaid, sumado a las dimisiones de tres
ministros del partido secular Congreso por
la República, que lidera el presidente tunecino, Moncef Marzouki. Esto en medio
de una crisis económica que ha dejado al
19% de la población desempleada. Para las mujeres la situación no ha mejorado. En esta transición, si bien se había pues-
to como condición para la conformación de
la Asamblea Constituyente que los partidos
colocaran alternadamente a ambos sexos
en las listas, pocos llevaron a las mujeres en
la primera fila con lo cual, solo 49 mujeres
fueron electas en un total de 217 asientos. Una realidad que ha dejado desconformes a
muchas tunecinas que dieron la batalla para
derrocar al régimen con la ilusión de que
iban a alcanzar la participación política en
cargos de toma de decisión.
Una de las preocupaciones actuales de
las feministas de ese país es que el Gobierno intente establecer una nueva dictadura de raíces islámicas. “En el caso de
las mujeres, existen varias amenazas para
nosotras en la región actualmente. Los
gobiernos de Túnez o de Egipto son una
amenaza para las mujeres porque son islamistas y quieren construir un Estado en
el que se cumpla la ‘Sharia’ [leyes del Islam]. Quieren hacer lo mismo que habían
hecho otros gobiernos pero estos son menos explícitos, lo cual es más peligroso.
Antes les veías venir, ahora no sabes por
dónde vienen, lo disfrazan de modernidad
cuando quieren a las mujeres en el mismo
lugar que antes”, señalaba Shams Abdi,
una joven activista del Sindicato General
Estudiantil de Túnez, a Píkara Magazine.
Una idea similar también la comparte la
ciberactivista Lina Ben Mehnni, muy conocida por su blog ‘Tunician Girl’, un espacio
virtual que le sirvió para contar al mundo lo
que ocurría en su país y con el que se llevó
el premio a mejor bloguera en 2011. “Los
verdaderos objetivos de la revolución fueron desplazados tras los elecciones que
ganaron los islamistas”, señalaba al portal
Nonada. En la misma entrevista la tunecina advertía del aumento de las agresiones y amenazas contra las mujeres: “Hay
una presión creciente en las calles contra
24
aquellas que no llevan velo, y muchas se
ven obligadas a usarlo para no tener problemas”.
El temor de estas jóvenes lleva razón si
se toman en cuenta algunos hechos ocurridos en este último tiempo. En agosto del
año pasado, el partido islamista mayoritario, Ennahda, intentó quitar derechos a las
mujeres en la nueva Carta Magna que está
elaborando el país magrebí. En este contexto, las feministas y socialistas del partido Ettakatol consiguieron frenar el intento
de que la mujer fuera “complementaria al
hombre”, con la redacción vaga de un artículo que las activistas temían, señala Al
Jazera, fuera para allanar el camino para
la erosión progresiva de los derechos de
las mujeres.
Este intento de los islamistas llevó a la
calle a una protesta multitudinaria en la
capital lo que, finalmente, originó una nueva redacción de ese artículo en cuestión,
aprobado finalmente por consenso, que
estipula no solo la igualdad entre sexos,
sino que hace énfasis en la “igualdad de
oportunidades en función de la competencia”. Señala, además, que la violencia
contra la mujer debe ser penalizada.
Una propuesta que seguro entusiasmará a muchas, como a la joven sindicalista Shams
Abdi, que quiere que el feminismo llegue a las clases populares de su país: “Que la mujer
esté representada en el sindicalismo y que los sindicatos luchen también por los derechos
de las mujeres. Todo está relacionado. Túnez es una colonia indirecta de Estados Unidos y
Europa, y no se pueden emancipar solo los hombres. A su vez, las mujeres también necesitamos esa descolonización para emanciparnos”, decía hace unos meses a Píkara Magazine
y concluía: “No me importa quién esté en el Gobierno, me importa hacer feminismo y luchar
por los derechos de las mujeres en la calle. En definitiva, vigilar a quién esté en el poder para
defender los derechos de las mujeres”.
La fuerte pulseada entre islamistas y seculares tiene a los movimientos de mujeres
en plena vigilia. En septiembre pasado,
cientos de mujeres se plantaron frente a
un juzgado en protesta por la medida del
juez de instrucción que había citado a una
joven de 27 años por haber presentado
una denuncia por violación contra dos policías. Lo que quería el letrado era someter
a la mujer a un careo con los agresores,
una medida que como solapada intención
tenía el avergonzarla en público para que
retirara los cargos. Esto originó la organización de un grupo de apoyo a la joven y a
una fuerte movilización en repudio a tales
atropellos. Según el diario británico The
Guardian varias agrupaciones defensoras
de los derechos humanos han manifestado que desde la revolución, los casos de
violencia sexual, verbal y física contra las
mujeres se han multiplicado, en parte, por
el crecimiento del salafismo.
En este escenario, el encuentro en el Foro
Social Mundial entre las feministas del
mundo será muy enriquecedor para todas, para compartir experiencias y pensar
objetivos conjuntos. La Articulación Feminista Marcosur (integrada, entre otras organizaciones, por Cotidiano Mujer) llevará
a Túnez la campaña “Tu boca es fundamental contra los fundamentalismos”, una
iniciativa que quiere amplificar las voces
de quienes se oponen a las prácticas, los
discursos y las representaciones sociales
discriminatorias.
Peter Björkegren
25
LAS POLÍTICAS DE COMBATE
A LA POBREZA Y LA IGUALDAD
Magdalena Gutiérrez
En los últimos 15 años
América Latina ha asistido al desarrollo sostenido de las políticas de
combate a la pobreza.
Si la década de los 90
estuvo signada por la
reforma pro mercado
que institucionalizó los
programas de inversión
social focalizados y las
privatizaciones, el nuevo
siglo y los gobiernos de
izquierda han marcado
un giro hacia la preocupación por integrar los
programas de combate
a la pobreza en la matriz
de protección social que
existe.
Uruguay no es ajeno a
este proceso. Ha reformulado el viejo esquema
de prestaciones sociales
e instaurado nuevos programas. Sin embargo,
nuestro país sigue mostrando un saldo negativo
en términos de igualdad.
Su construcción requiere de políticas integrales
que atiendan las múltiples dimensiones y la
heterogeneidad de la
pobreza y, hasta el mo-
mento, los esfuerzos han
sido importantes pero insuficientes.
Intentar combatir la pobreza sin tener en cuenta
las tareas, los roles, los
ámbitos de desempeño
y la carga simbólica que
implica ser hombre y ser
mujer en nuestra sociedad no es viable. Desde
nuestra perspectiva, las
políticas que busquen
combatir la pobreza tienen inevitablemente que
operar sobre la división
sexual del trabajo. En
primer lugar, porque la
meta de la igualdad y el
ejercicio pleno de derechos suponen garantizar la autonomía de las
mujeres que en nuestra
sociedad se ve limitada.
Segundo, por una razón
pragmática: incorporar el
conjunto de riesgos específicos que afectan a
las mujeres y que limitan
su autonomía por el lugar
que ocupan en la división
sexual del trabajo hace a
la eficiencia de la propia
política.
Robert Mallary
26
La división sexual del trabajo históricamente va cambiando y pautando la relación de
mujeres y hombres con su autonomía y la
apropiación del tiempo. Judith Astelarra
señala la importancia que tuvo la división
sexual del trabajo y de los ámbitos público y privado de la sociedad moderna, que
originaron un nuevo modelo de distribución del tiempo. “Todas las personas tienen un tiempo de vida, pero la utilización
de éste entre el nacimiento y la muerte, y
las actividades que realizan durante esos
momentos es diferente. El tiempo está parcializado: en el tiempo de vida y en unidades (los años, los meses y los días). Su
distribución la determina la división de las
tareas sociales. De esta manera se puede establecer un vínculo entre los tiempos,
los recursos materiales y la distribución
de actividades”2. Esta relación configura
desigualdades que hacen blanco en las
personas según sean hombres o mujeres,
pobres o no pobres. Adicionalmente, la división sexual del trabajo coexiste con otras
desigualdades (origen étnico racial, edad,
orientación sexual). Al pensar en las mujeres en situación de pobreza, el tiempo y
el acceso y apropiación de éste conforman
un nudo crítico a problematizar.
La autonomía y el tiempo
Una parte importante del trabajo realizado
por las mujeres no es remunerado y la contribución de estas actividades al bienestar
social permanece invisible. Adicionalmente, el ingreso de las mujeres al mercado de
trabajo no ha significado necesariamente
una incorporación de los hombres a las
actividades domésticas y de cuidado. Por
esto, se requiere un análisis diferencial del
uso del tiempo para medir el trabajo no remunerado, y una comprensión de las lógicas distintas que rigen el tiempo productivo y reproductivo. En palabras de Betania
Ávila, la vida cotidiana de las mujeres está
signada por la contradicción entre el tiempo productivo y reproductivo3, que es difícilmente asequible. La autonomía de las
mujeres, entendida como la posibilidad de
participar en distintas actividades, generar
ingresos propios y acceder al bienestar, se
ve afectada.
Por otro lado, como consecuencia de la
propia dinámica de uso del tiempo dentro
de las familias, tanto las realidades vinculadas al mercado de trabajo como las relacionadas con el ciclo familiar determinan
que la pobreza cambie en el transcurso
del tiempo de vida. La etapa de crianza
temprana implica un esfuerzo adicional de
horas de trabajo no remunerado para las
mujeres que tiene efectos en las posibilidades de alcanzar su autonomía. La comprensión de la pobreza como un fenómeno
que varía en el transcurso del tiempo vital
es importante de cara al diseño de las políticas, tanto las específicamente pensadas
y catalogadas como de combate a la pobreza como las de la red general de protección social.
Hay otra dimensión del tiempo que vincula
lo público y lo privado. El trabajo no remunerado, las tareas de cuidado y el concepto
mismo de cuidado, relacionan la esfera de
la intimidad, la casa y la familia con el Estado, los servicios públicos, los regímenes de
bienestar y políticas sociales, y por último,
con la ciudadanía. Desde la perspectiva de
la igualdad, la ciudadanía implica derechos
sociales como los servicios de cuidados y
los derechos sexuales y reproductivos,
que garanticen la autonomía en todas sus
dimensiones (física, económica y política).
El diseño de las políticas sociales en cada
país impacta en el bienestar material de
las mujeres así como en la definición de
sus roles como ciudadanas, trabajadoras y
27
cuidadoras. Desde este punto de vista, las
políticas sociales deben ser revisadas con
particular atención en los riesgos específicos que enfrentan las mujeres de caer
en situación de pobreza y la capacidad de
promoción de la igualdad.
La carga de trabajo no remunerado y de
cuidados que tienen las mujeres, los ciclos
de vida familiar que suponen una sobrecarga adicional de trabajo para las mujeres en determinadas etapas de la vida y
lo que implican estas dos realidades para
adecuar los sistemas de protección social,
hace necesaria una revisión de las políticas existentes.
¿Qué políticas tenemos?
El primer punto a señalar vinculado a las
políticas de promoción de igualdad es el
Sistema Nacional de Cuidados. Si bien los
años 2010 y 2011 estuvieron marcados por
un debate nacional sobre éste, los pactos
políticos para alcanzar el margen fiscal necesario todavía no han dado frutos concretos. Aún está en etapa de definición tanto
la institucionalidad como el financiamiento
que asumirá este sistema, pero sabemos
hoy que su impacto será reducido a un primer plan piloto para mil hogares.
En segundo lugar, la propia política del
tiempo de los programas de asistencia
está estructurada en torno al rol de las mujeres como cuidadoras. Si bien las condiciones no incrementan necesariamente el
tiempo que las mujeres dedican al cuidado de los hijos e hijas, sí consolida su rol
cuidador. Este efecto, debe además entenderse dentro de un panorama mayor de la
propia política del tiempo, que incluye los
desplazamientos por el territorio (transporte), el tiempo de los trámites en el sector
público, la conciliación de los tiempos de
los nuevos programas de apoyo escolar y
liceal que operan sobre la base de una familia con una madre cuidadora que asiste
a reuniones, inscribe en programas, verifica asistencia a centro educativo y realiza
controles sanitarios de los hijos. Hay una
suerte de tensión opaca entre una declarada vocación universalista y un diseño focalizado y centrado en la unidad familia.
En tercer lugar, al revisar las preocupaciones que hoy recoge la agenda de políticas
públicas, se aprecia un desplazamiento
sostenido hacia el lenguaje del reconocimiento y las políticas del reconocimiento.
La atención a la discriminación y subordinación de algunos grupos de acuerdo a
modelos de valor cultural, representa una
nueva configuración discursiva que corre
el centro de gravedad del discurso desde lo distributivo hacia lo identitario, con
la prevalencia de la idea de que hay que
identificar y atender a ciertos grupos o colectivos que se encuentran desvalorizados
con respecto a otros.
Desde 2005 a la fecha hemos procesado cambios significativos distributivos
con un impacto de género. Entre lo más
destacado figura el ingreso de trabajado-
res no formalizados a la seguridad social,
fundamentalmente el de las trabajadoras
domésticas (sector en el que la población
femenina es mayoría), la ley de trabajo
doméstico, las asignaciones familiares no
contributivas, el reconocimiento de un año
de jubilación por hijo para las mujeres en
trámite jubilatorio y el aumento diferencial
de las jubilaciones y pensiones de menor
valor.
Sin embargo, el viraje a lo simbólico parece darse demasiado rápido cuando todavía no hemos procesado otros cambios
de los factores que estructuralmente afectan a la distribución: la magra concreción
del debate y agenda en torno a cuidados,
las licencias parentales y familiares, la redefinición del alcance y el monto de las
asignaciones familiares y los aspectos
regulatorios del mercado laboral que incrementen la compatibilidad e incentiven
la distribución entre sexos del trabajo remunerado y no remunerado, y las políticas
de tiempo en un sentido más micro. Si no
emprendemos estos desafíos, las mujeres
seguirán sufriendo, por un lado, la pobreza
de tiempo, y por otro, sus posibilidades de
alcanzar la autonomía, sin la cual no hay
salida de la pobreza.
1 Astelarra J. (coord.) Género y Cohesión social. Documento de trabajo 16. Fundación Carolina. Madrid
2007.
2 Avila, María Betania. “O tempo do trabalho das empregadas domesticas: tensoes entre Dominacao/Exploracao e Resistencia”. Editora Universitaria, Recife 2009
28
Las mujeres migrantes en Uruguay
Límites territoriales y fronteras culturales
Valeria España
La feminización de las migraciones1, al igual que en otros países
de la región, es un fenómeno presente en Uruguay. Si bien no ha
habido mayores avances en el desarrollo de políticas públicas
específicas para la atención de mujeres migrantes, en los últimos años se han dado pasos importantes para la construcción
de una política migratoria y la identificación de los factores que
han incidido en el aumento de la migración regional.
Frente a este escenario, desde 2011 Cotidiano Mujer dirige parte de sus esfuerzos a generar un espacio de contención y promoción de derechos de las mujeres migrantes que vinieron a
Uruguay en los últimos años a trabajar en el sector doméstico
remunerado.
Este año logramos avanzar por el camino de la humanización de
las cifras y acercarnos a lo que sucede en la ruta migratoria de
más de 100 mujeres que tienen como destino Uruguay. En este
trayecto de reconocimiento y aprendizaje pudimos hacer un recorrido simbólico desde Chiclayo2, Cochabamba, La Paz, Bagua,
Cajamarca, la Habana, Hidalgo, Oruro, Lambayeque, Arequipa,
Junín y Lima, hasta la Plaza Independencia, 18 de Julio, la Rambla, o las calles arboladas de Acapulco y Costa Rica, en Carrasco.
Una senda que ellas recorren con su riqueza y diversidad cultural
a cuestas, para seguir enarbolando la historia de migrantes con la
que ha sido construido nuestro país.
En estas historias también se ven las huellas del patriarcado, y
ese sí que no reconoce fronteras. Una marca que acompaña a
muchas de estas mujeres que trabajan y envían remesas como
jefas de familia para que sus hijos/as vivan mejor, porque la mayoría de ellos/as quedaron en el país de origen a cargo de otras
mujeres; otras tantas vienen huyendo de distintas formas de violencia doméstica; otras llevan años recorriendo el mundo con sus
“patrones”, los diplomáticos. También están las que para continuar con los quehaceres domésticos que les fueron impuestos
desde niñas, decidieron venirse con el fin de mejorar sus condiciones de vida y aumentar sus grados de autonomía. Sin importar
la razón, todas apuestan a un cambio, a un “estar mejor” cargado
de renuncias y nuevos rumbos.
Los encuentros en Cotidiano Mujer originaron la confianza suficiente para que algunas expresaran su satisfacción con vivir en
Uruguay y el trato que han recibido por parte de las personas
que las emplearon. Pero también para que otras contaran casos
29
de destrato o discriminación por tener rasgos andinos o las duras negociaciones para ejercer plenamente sus derechos que, en
ocasiones, se traducen en estar obligadas a “elegir” entre el aguinaldo y la inscripción al BPS, o en no poder salir a hacer trámites
migratorios los días hábiles de la semana.
Aunque no todas las expresiones son de rechazo, en el caso de
las trabajadoras domésticas migrantes, tal como sucede en las
luchas por la inclusión de otros colectivos históricamente postergados, se necesita avanzar en el desarrollo de una conciencia
colectiva para la inclusión, y una cultura que logre permear el
espacio simbólico de lo políticamente correcto para consolidarse
en un auténtico respeto a la diferencia.
Algunas personas afirman que vivimos en una sociedad que no discrimina. Pero estas aseveraciones
comienzan a flaquear cuando los tonos de un atuendo superan la gama de los de costumbre, cuando un
“extranjero” decide reclamar que se le reconozcan
sus derechos o cuando el acento y el color de piel
no son considerados familiares. Estar dispuestos a
compartir una tierra que por imposición o conveniencia tiene fronteras, límites, himno y bandera, obviamente desafía, impone sentidos comunes distintos y
puede llegar a incomodar los horizontes de un pasado y un presente nacionalista.
Ciertamente, las migrantes trabajadoras domésticas
en Uruguay no sufren lo que las trabajadoras domésticas migrantes latinas y africanas en Estados Unidos, las nicaragüenses en Costa Rica o las indonesias, filipinas y tailandesas en los Estados del Golfo.
Las realidades son otras, la legislación que tenemos
es de las más avanzadas, con un catálogo de derechos mucho más amplio, y con una institucionalidad
en crecimiento. Sin embargo, los límites que impone
Foto: Sol Infante
En estos caminos se observan también las complejidades del
cruce cultural y el reconocimiento de derechos sin importar su
origen nacional. Un ejemplo de ello es el hecho de que la aspiración de estas mujeres de satisfacer sus necesidades más
básicas y desarrollar una vida digna todavía conduce a expresiones como: “Si no les gusta, que se vayan” o “¿Acá viene
cualquiera y tiene los mismos derechos que el uruguayo? ¿No
tiene que pagar derecho de piso?”3.
el reconocimiento de derechos a veces no son suficientes para
respetar y garantizar su ejercicio.
Lo que hicimos en 2012
El año pasado dimos seguimiento a las reuniones mensuales de
los domingos, organizadas desde el 2011 a partir de la muerte de
Mercedes4. En los primeros meses compartimos un espacio para
la promoción de derechos fundamentales, principalmente los consagrados en las leyes de migración (18.250) y trabajo doméstico
Festejar, disfrutar y aprender
Entre algunas actividades que se llevaron adelante el año pasado, el 19
de agosto se celebró por cuarta vez el Día Nacional de la Trabajadora Doméstica. En esta ocasión el festejo fue organizado por el grupo de mujeres
migrantes y Cotidiano Mujer. Fue un intercambio de colores y sabores en
el que se compartió la gastronomía de los diferentes países de origen de
las participantes como papas a la huancaína, ceviche, tostadas de tinga,
pique macho y cazuelitas de lentejas. A su vez, a finales de año, con apoyo del BPS, se realizó un paseo a la Colonia de Vacaciones Martín O. Machiñena, en Raigón. La propuesta permitió olvidar las fronteras y consolidar aún más la integración del grupo para continuar dando la batalla por la
reivindicación de los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes.
En el marco de estas actividades también se desarrolló el primer curso
de Tic “Creando redes para proteger nuestros derechos” con trabajadoras migrantes, una introducción a la computación que tiene como objetivo
contribuir con la reducción de la brecha digital existente.
30
(18.065). Posteriormente, los encuentros se convirtieron en un lugar de formación, capacitación y fortalecimiento del grupo. Además, en el marco de estas jornadas se logró generar un ámbito de
solidaridad, confianza y referencia, pero también un espacio para
informarse sobre la manera de regularizar la situación migratoria,
y cómo acceder a los servicios de salud y a la seguridad social.
Los lazos de ayuda mutua construidos entre las asistentes develaron en marzo de 2012 lo que pasaba en aquella mansión de
Americo Ilaria, en Carrasco. La primera información llegó de una
trabajadora que planteó el problema al grupo al reconocer que lo
que estaban viviendo sus compañeras bolivianas violaba los derechos estipulados, precisamente, en las leyes 18.250 y 18.065.
Esta primera alerta desencadenó la investigación que más tarde
fue enriquecida por las mujeres que habían vivido en esa casa y
que habían logrado permanecer en Uruguay tras su “despido”.
La posterior denuncia y sus repercusiones tuvieron su punto álgido en agosto. Un momento decisivo, duro y desafiante que permitió mostrar un caso extremo de explotación, engaño y abuso de
poder. Si bien realidades como ésta las viven miles de mujeres
detrás de puertas señoriales en residencias y mansiones en todo
el continente, la diferencia en este caso fue que pudo denunciarse y hacerse visible.
Seis meses después, no hemos podido compartir más información
sobre este hecho más allá de lo expresado en el “Informe de Derechos Humanos en el Uruguay 20125. Lamentablemente, no se ha
avanzado en el ámbito penal como lo esperaban nuestras convicciones. Aunque existen otros caminos y vías de reparación, son varios
los puntos suspensivos que están esperando ser borrados sobre el
expediente que continúa en manos (o en el cajón) de la Justicia.
Con respecto a las mujeres que estuvieron involucradas en este proceso, en el mismo mes de los hechos se les regularizó su situación
migratoria y se reinsertaron laboralmente. Su vida en Uruguay inevitablemente estará marcada por esta difícil experiencia y porque permitió
que otras mujeres en esa condiciones fueran conscientes y se fortalecieran para impedir que hechos como estos vuelvan a suceder.
En este escenario, el interés de las personas que nos han contactado a través de las redes sociales y otros medios fue esperanzador al hacer tangible la movilización social que se generó.
Continuar alertas es indispensable para la construcción de nuevos canales que contribuyan a la justicia.
No cabe duda de que las integrantes del grupo lograron generar
mayor autonomía y construir un espacio propio. Sin embargo, han
descubierto otras dificultades en la lucha por el ejercicio de sus
derechos. Una muestra de ello es que tras la difusión del caso
de Carrasco y de conocer el vínculo de algunas trabajadoras con
nosotras, algunas/os empleadoras/es empezaron a restringirles
la asistencia a las reuniones mensuales (tildando los encuentros
de “subversivos” y espacios en los que se “lavan cerebros”) o prohibirles expresarse públicamente en diferentes medios sobre sus
ideas o sus testimonios de vida.
Este tipo de conflictos desnudan las dificultades del proceso de reivindicación de derechos, así como la naturaleza del trabajo doméstico remunerado que subyace en el universo cultural que protege el
status quo de la división social, racial y sexual del trabajo.
A pesar de ello, consideramos que estamos derrotando el aislamiento característico del trabajo doméstico al constatar que muchas de estas mujeres poco a poco se sienten menos solas y
saben que en sus lugares de trabajo las están acompañando las
voces de otras compañeras que comparten las mismas luchas.
Con el deseo de que los aprendizajes y las encrucijadas del año
pasado sirvan como piedra de toque para construir un camino
más inclusivo en el que quepamos todas y todos, este año seguiremos llevando adelante las acciones que sean necesarias para
que este grupo de mujeres se siga fortaleciendo.
1 Uno de los aspectos más importantes a considerar sobre este fenómeno es que
no implica solamente el aumento de la proporción de mujeres dentro de los flujos migratorios, sino un cambio en la dinámica migratoria, en la que son más las mujeres
que migran de forma autónoma, como proveedoras económicas de los familiares
que se quedan en el país de origen. Este es un matiz a tener en cuenta para entender sus especificidades y comprender la importancia de incorporar la dimensión del
género como categoría estructurante de los estudios migratorios.
2 Hasta el momento, la mayoría de las mujeres peruanas que hemos conocido
provienen de esta ciudad del noroeste peruano.
3 Esas expresiones pueden leerse en una nota de un portal informativo a raíz del
caso de la explotación laboral en una casa de Carrasco, http://www.montevideo.
com.uy/notnoticias_182513_1.html
4 El 23 de agosto del 2011, Mercedes Alicia Abad Saavedra, trabajadora doméstica peruana fue embestida por un ómnibus. Su muerte motivó la realización
de estas jornadas.
5 Ver España, Valeria, “Género y migración: el caso de las trabajadoras domésticas
bolivianas”, en Informe SERPAJ 2012, disponible en www.cotidianomujer.org.uy.
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Cursos on line
Feminismos y acción política
Cotidiano Mujer inaugura su plataforma virtual con un curso de formación que comienza en abril. Bajo el título Feminismos
y acción política, la propuesta (que se enmarca en el proyecto FLOW - “Empoderamiento de las mujeres para luchar contra
la desigualdad”) busca reflexionar sobre la teoría feminista y las acciones políticas que han orientado al movimiento y que
han contribuido a la creación de nuevos imaginarios colectivos. A través del soporte on line, los chats y los foros, las personas que participen y el equipo docente intercambiarán ideas y debates bajo tres módulos que guiarán la propuesta que se
impartirá durante tres meses.
El primer módulo trata sobre las bases de las propuestas teóricas feministas y cuenta con la antropóloga Susana Rostagnol
como docente. El programa recorre las discusiones y debates en torno al Feminismo de la Igualdad y el Feminismo de la Diferencia. El segundo módulo, a cargo de la feminista Lilián Celiberti, profundiza en el debate modernidad- colonialidad para
mirar de cerca las tendencias actuales del pensamiento crítico (estudios poscoloniales, estudios subalternos y de frontera).
El tercer y último módulo lo imparte la socióloga peruana Gina Vargas, quien repasa los debates actuales de los feminismos
en América Latina con hincapié en las propuestas poscoloniales y los retos teóricos políticos de la diversidad.
Por más información: [email protected] (+598) 29018782 o 29020393
Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay
Del 17 al 21 de junio de 2013 tendrá lugar la 2ª edición de Tenemos que ver en la
Sala Zavala Muniz del Teatro Solís.
En tema abordado en esta oportunidad será la libertad, con la proyección de largometrajes y cortometrajes seleccionados
entre 120 proyectos de 21 países. El festival contará con actividades paralelas de divulgación y formación relacionadas con
el medio audiovisual y los derechos humanos y, al igual que en la primera edición, la propuesta continuará en setiembre y
octubre con las salas itinerantes.
En este momento hay dos convocatorias abiertas. Una dirigida a voluntarios para trabajar en el área comunicación y otra
para participar en el taller de proyectos cinematográficos que se desarrollará en los días del festival en el mismo teatro.
Se pueden consultar toda la información en la web y redes sociales del festival:
www.tenemosquever.org.uy
www.facebook.com/TenemosQueVer
www.twitter.com/tenemosquever
32