Defensa territorial Indígena en Madre de Dios

Transcripción

Defensa territorial indígena en Madre de Dios
Una aproximación a la labor de FENAMAD respecto
de la Reserva Comunal Amarakaeri durante
el proceso de entrada de la empresa Hunt Oil
Defensa territorial indígena en Madre de Dios:
una aproximación a la labor de FENAMAD respecto de la Reserva Comunal
Amarakaeri durante el proceso de entrada de la empresa Hunt Oil
PaulaLetts
Letts Wertheman
Wertheman
Paula
1
Documento de trabajo
INSTITUTO
ÉTICA Y DESARROLLO
me
Serie Mirador Empresarial
Agradecimientos
Quisiera reiterar mis sinceros agradecimientos a cada una de las
personas que compartieron su tiempo y su confianza conmigo
durante el periodo de investigación llevado a cabo en la región
de Madre de Dios en el año 2009, haciendo posible este proceso
de aprendizaje. Principalmente me refiero a los pobladores y
dirigentes del pueblo harakmbut y a aquellos especialistas que
también me brindaron información y valiosa orientación.
Introducción
El presente texto está basado en mi tesis de licenciatura en antropología, investigación iniciada en el
año 2009 y sustentada en el 2012 (Letts 2012). El objetivo de dicho estudio fue analizar el rol jugado
por la Federación nativa del río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, como la organización
que encabeza el movimiento indígena de la región de Madre de Dios, para defender el derecho del
pueblo harakmbut sobre una parte central de su territorio tradicional, el cual corresponde en la
actualidad a la Reserva Comunal Amarakaeri. El estudio se llevó a cabo en el contexto de ingreso de
la empresa operadora Hunt Oil para desarrollar la exploración de hidrocarburos al interior del área
y el análisis se ha centrado en ese periodo, teniendo en consideración los principales antecedentes
históricos. Sin embargo, cabe aclarar que en este artículo no abordamos los acontecimientos que
han tenido lugar en la zona de manera posterior1, es decir desde la fecha de sustentación del estudio
y el presente año, 2014.
En primer lugar, para poner en contexto el caso analizado, cabe señalar que a nivel nacional el
movimiento indígena amazónico ha ido posicionando progresivamente las demandas de las
comunidades y pueblos a los que representa, entre las cuales la defensa territorial ha ocupado un
lugar central desde el inicio. Así mismo, en las últimas décadas, los países de América Latina se han
ido configurando como un escenario donde resalta la importancia creciente de los movimientos
sociales indígenas (Bonfil 1978; Albó 2008). En dicho proceso, la identidad étnica se ha mostrado
como un recurso efectivo de movilización política para el reconocimiento de los derechos de los
pueblos originarios en los Estados (Brown 1993, Brysk 1996; Dietz 1999; Gómez Suárez 2003;
Albert 2004).
Sin embargo, paralelamente la crisis energética y el alza del precio del petróleo a nivel mundial
han generado una situación que también ha afectado la situación en nuestro país y consiste en la
ampliación de las fronteras de las actividades hidrocarburíferas. Cada vez más, estas últimas están
superponiéndose con los espacios destinados a los pueblos indígenas o a la conservación de la
diversidad biológica (Martínez Alier 2010; Finer y Orta Martínez 2010).
La categorización de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) por parte del Estado peruano en el
año 2002 fue el resultado de un largo esfuerzo iniciado por los miembros del pueblo harakmbut,
y encaminado por el movimiento indígena de la región de Madre de Dios, para asegurar una parte
central del territorio que éste ha ocupado tradicionalmente (Moore 1998; Álvarez et al 2008). Desde
el año 2005 casi la totalidad de la RCA se encuentra superpuesta con un lote de hidrocarburos, el lote
76, que fue concesionado por el Estado a la empresa estadounidense Hunt Oil2, tan sólo tres años
después de la categorización de esta área protegida, sin respetar el derecho a la consulta previa a los
pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Frente a esta situación, la FENAMAD ha movilizado una estrategia de defensa
Recientemente las organizaciones de la zona FENAMAD y COHARYIMA han llevado a cabo importantes esfuerzos para demostrar y denunciar ante el Estado la gravedad de los impactos de las actividades de exploración hidrocarburífera al interior de la
Reserva Comunal Amarakaeri, específicamente en cuanto a la afectación de los antiguos lugares sagrados de los harakmbut y los
restos arqueológicos que vienen siendo afectados por las construcciones y el tránsito de los trabajadores, entre otros.
2
Si bien Hunt Oil es la empresa operadora, ésta ha cedido el cincuenta por ciento de su participación en el contrato a la empresa
española Repsol.
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Paula Letts Wertheman
territorial en respuesta a las demandas de las comunidades nativas afectadas, a las cuales representa
como organización indígena, y que será uno de los principales ámbitos desarrollados en el presente
artículo.
Para alcanzar el objetivo de investigación planteado al inicio, la metodología utilizada en el marco
de mi estudio de tesis fue principalmente cualitativa, basada en la revisión de fuentes bibliográficas
y en el recojo de información en campo. Éste último se llevó a cabo principalmente a lo largo de
los meses de agosto, setiembre y octubre del año 2009 en la ciudad de Puerto Maldonado, capital
de Madre de Dios, y en las siguientes comunidades nativas beneficiarias de la Reserva Comunal
Amarakaeri: Barranco Chico, Diamante, Shintuya y San José de Karene.
1. Movimiento indígena, territorio e hidrocarburos
en la Amazonía peruana
A lo largo de esta primera sección presentamos brevemente las ideas centrales, principalmente
basadas en la bibliografía revisada, sobre las cuales se ha analizado el problema de investigación. A
continuación abordaremos los temas del movimiento social indígena, los territorios de los pueblos
originarios de la Amazonía peruana y la problemática de las actividades de hidrocarburos en esta
región.
En primer lugar, planteamos una aproximación al movimiento indígena amazónico como un
fenómeno dinámico, que se ha ido transformando a través del tiempo, según las interacciones
sociales, las oportunidades y retos que han surgido en el camino. En la literatura de las ciencias
sociales se ha abordado a este movimiento en relación al tema más amplio de los “nuevos
movimientos sociales” porque comparten significativas características generales, sin embargo, al
mismo tiempo mantienen diferencias que es preciso reconocer.
De acuerdo con Maren Rösler los movimientos sociales han sido definidos más comúnmente como
“colectivos organizados de individuos con valores, intereses y aspiraciones similares” (Rösler 2008:
32). A nivel global se han incrementado muchos movimientos sociales transnacionales durante
las últimas décadas, entre los que destacan los movimientos por los derechos humanos, por los
derechos de las mujeres y por el medio ambiente (Jackson y Warren 2005), entre otros.
Estos diferentes tipos de movimientos sociales tienen en común el hecho de que han nacido por
contraste con otros grupos sociales (Rösler 2008) y buscan revertir mediante sus propios recursos,
recurriendo un enfoque de derechos, procesos de exclusión y marginación social. En el caso del
surgimiento del movimiento indígena amazónico dicho contraste radica en que sus luchas se
distinguen de aquellas puestas en marcha por otros grupos que no se definen a sí mismos como
indígenas. Este colectivo está basado en la identidad cultural (Huertas 2010), específicamente la
identidad étnica, como “pueblos indígenas” de la Amazonía (tema que seguiré desarrollando más
adelante).
Los pueblos originarios, en el Perú y otros países de Latinoamérica, si bien han sido históricamente
discriminados por su identidad étnica desde el período de la conquista, en las últimas décadas se
han apropiado de herramientas y modelos del sector dominante de la sociedad, utilizándolos con
fines reivindicativos. El movimiento indígena amazónico como tal puede considerarse relativamente
reciente e incorpora aspectos nuevos que no se dieron en el pasado, pero no se hubiera generado
sin la realidad social que lo respalda. A diferencia de otros movimientos sociales, éste en específico
mantiene una continuidad con la resistencia frente a la conquista y colonización de la cuenca
amazónica (Espinosa 2011: comunicación personal). Los cambios entre una forma de resistencia y
la siguiente han sido, y continúan siendo, graduales en el tiempo.
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Según algunos autores (Jackson y Warren 2005; Brysk 1996) el avance de este activismo en buena
medida se basa en la movilización que sus protagonistas han hecho de recursos no estrictamente
materiales ni económicos, sino vinculados a lo simbólico y a la identidad étnica. Al mismo tiempo,
la red de vinculaciones y alianzas con otros actores a nivel internacional de las que participa el
movimiento indígena amazónico no siempre ha estado fundad sobre objetivos del todo alineados.
Por lo tanto, dichas alianzas también han conllevado algunas contradicciones de intereses (Conklin
y Graham 1995), tal como se verá ejemplificado en algunas secciones del estudio.
La creciente preocupación internacional por el medio ambiente y las políticas de conservación
guarda una relación cercana con el tema de los territorios indígenas. En la actualidad, referirse a
los territorios de los pueblos originarios significa acercarse a uno de los temas más relevantes de la
antropología amazónica (Surrallés 2009), pero principalmente me ha interesado considerarlo como
una demanda fundamental del movimiento indígena amazónico. Cabe anticipar que el caso de la
Reserva Comunal Amarakaeri es justamente un área que desde hace la época previa a la colonia fue
entendida por el pueblo harakmbut como parte de su territorio ancestral, sin embargo hoy en día
se configura como un área de conservación participativa, pasando a integrar el Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
Así mismo, es necesario tener en cuenta que en muchos casos los objetivos del movimiento indígena
amazónico van más allá de la defensa de los territorios frente a la entrada de otros actores, pasando
a buscar una mayor participación en la gestión de los mismos. A lo largo del tiempo, la defensa de
los territorios por parte de las federaciones étnicas generalmente ha implicado la representación
de la población en espacios institucionales. Eso no significa que las federaciones sean órganos
de autogobierno, pero sí implica puedan buscar detentar cierta autoridad en las instituciones de
gestión territorial.
Algunos autores señalan que las luchas emprendidas por estos movimientos sociales trascienden la
resistencia frente al ingreso de actores externos interesados en los recursos naturales, debido a que
implican el derecho a la autodeterminación. Entendemos a este último como “el derecho a decidir
por sí mismos el futuro que quieren trazar para sus pueblos” (Chirif et. al. 1991: 19). Este proceso
podría entenderse como parte de una búsqueda por recuperar cierto grado de dominio sobre los
espacios que los pueblos indígenas han ocupado tradicionalmente, el cual no sólo corresponde con
el caso amazónico sino también con otros pueblos indígenas como por ejemplo el caso de algunas
comunidades de la zona andina, cuya “representación [de la territorialidad] trasciende el espacio de
la propiedad” (Damonte 2011: 145).
En estas reivindicaciones también juega un rol importante el lenguaje simbólico. Bruce Albert
indica que en la actualidad muchas las demandas territoriales son la expresión de un “proceso
de reinvención ‘ecologizada’ de las diferencias culturales” (2004: 237). Por ejemplo, el estudio
de Álvarez et al (2008) sobre el caso de la misma ANP analizada en la presente investigación,
describe que, al haber demandado la categorización de la RCA, el pueblo harakmbut tomó el
“camino de la conservación” para recuperar una parte de su territorio ancestral, siendo su objetivo
principal alcanzar “el sueño de la autodeterminación política local” (2008: 1). Para este caso así
como también en general, es preciso estar al tanto de que hay puntos en común entre las luchas
de los pueblos indígenas organizados y las de los activistas por el medio ambiente, los cuales han
mostrado ser de utilidad para ambas partes. Sin embargo, claramente no se puede afirmar que
los objetivos e intereses de ambas partes sean iguales (Conklin y Graham 1995). El movimiento
indígena tiene múltiples aliados y no por eso todos piensan igual. Una de sus principales diferencias
se evidencia en que la creación de áreas para la conservación de la naturaleza, especialmente aquellas
de mayor protección, generalmente no ha sido bien vista por los pueblos indígenas porque impone
restricciones al uso que pueden darle al bosque (IBC, marzo 2012). De igual modo, a pocos años
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de la creación de la RCA, ésta área tampoco ha mostrado cumplir con muchas de las expectativas
de las comunidades beneficiarias de esta área (Álvarez et. al. 2008).
Desde una perspectiva indígena, el territorio puede incluir áreas que no precisamente estén
orientadas a la reproducción económica del pueblo. Por tal razón, se podría decir que se aproxima
a la definición de territorio nacional como un “espacio geográfico que define y delimita la soberanía
de un poder político” (Echeverri 2004: 261). Sin embargo, la noción indígena de la territorialidad se
distancia del sentido “político jurisdiccional” ya que, a diferencia de éste último, el ámbito territorial
indígena no se define por fronteras y límites fijos a modo de un polígono cerrado sino por “marcas
geográficas que señalan la ligazón de un grupo humano a un paisaje y a una historia” (ibíd.: 261).
Adicionalmente, en lo referido al tema de la gestión, desde una noción indígena el territorio no
se establece como las estructuras estatales y tampoco implica una visión de conjunto de todo el
espacio territorial (Chirif 2011).
La fijación de límites fijos sobre los espacios geográficos es ajena a la tradición de los pueblos
amazónicos. Sin embargo, en las últimas décadas la región en la que se asientan ha sido escenario
de rápidas transformaciones que han afectado sus prácticas de manejo territorial. En la actualidad,
los pueblos indígenas se han encontrado con la necesidad de establecer fronteras sobre espacios
que antes no las han tenido para así asegurarlos en un contexto de crecientes disputas por el
control territorial3 (Burga 2010; Chirif y García Hierro 2007). Esa ha sido también la historia de
las comunidades harakmbut que demandaron al Estado la categorización de la Reserva Comunal
Amarakaeri.
Aún en el escenario descrito, de rápidos cambios que afectan la territorialidad indígena conocida
como tradicional, hoy en día los pueblos de los bosques tropicales mantienen un vínculo estrecho y
culturalmente específico con el medio en el que viven, diferente del de otras sociedades. Así mismo,
su derecho a mantener este tipo de relación con el territorio ha sido reconocido en la legislación
internacional como uno de sus principales derechos colectivos. Como ha indicado la Corte
interamericana de derechos humanos (CIDH): “La estrecha relación que los indígenas mantienen
con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida
espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones
futuras” (2005).
En el contexto referido, los pueblos amazónicos han desplegado grandes esfuerzos para asegurar
el control de la mayor cantidad posible de los espacios que han ocupado ancestralmente y/o de
aquellos donde vieron necesario reubicarse en épocas más recientes. El control de éstos ha sido
reclamado por los pueblos amazónicos y/o sus federaciones principalmente bajo la figura de tres
conceptos jurídicos diferentes que son los siguientes: reservas territoriales del Estado a favor
de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial (RT), comunidades nativas
(CCNN) y reservas comunales (RC). En este artículo no abordamos la problemática en torno a
las reservas territoriales (RT). Más bien, me interesa remarcar que las comunidades nativas y las
reservas comunales se diferencian porque en el primer caso se trata de una figura que implica
derechos de propiedad común sobre un espacio, mientras que en el segundo se trata de una figura de
propiedad gubernamental y de gestión colectiva, es decir, que no transfiere derechos de propiedad
a la población, pero ambas implican reglas.
Actualmente, una de las razones principales por las que el régimen legal afecta la seguridad territorial
de la población originaria es que éste admite la “superposición de propiedades privada, colectiva y
No es factible presentar un reclamo territorial ante la ley sobre un espacio que no tiene límites claramente definidos, ya que el
sistema jurídico exige fijarlos con precisión (Burga 2010).
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pública” (Álvarez, sin fecha4) en la misma área, diferenciando o separando la “propiedad del suelo,
del subsuelo y del sobresuelo” (ibíd.). Esta perspectiva, que define la tierra y los recursos naturales
como bienes de aprovechamiento mercantil, se contrapone con el reconocimiento adecuado
del tipo de relación mantenida entre los pueblos indígenas y sus territorios tradicionalmente.
Numerosos conflictos sociales en la cuenca amazónica tienen su raíz en que los conceptos jurídicos
de comunidades nativas, reservas comunales y también de reservas territoriales del Estado a favor
de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial no han impedido la frecuente
superposición de concesiones, ya sea petroleras, mineras, forestales o de otros proyectos de
inversión, sobre el mismo espacio geográfico. Si bien es verdad que las áreas protegidas en cierto
modo pueden contribuir a “la consolidación de territorios indígenas, pues pueden disminuir la
intensidad de los impactos de actividades económicas” (Cisneros y Mc Breen 2010), especialmente si
consideramos que no es posible conseguir la titulación de territorios comunales de gran dimensión,
los alcances de las ANP guardan relación directa con un conjunto de otros factores, económicos y
políticos, que limitan el derecho de los pueblos indígenas a tomar decisiones autónomas sobre sus
territorios y recursos.
Las restricciones que imponen las categorías de ANP al uso de espacios geográficos que han sido
ocupados tradicionalmente por la población incluso desde mucho antes de la creación del Estado
nación, muchas veces son percibidas por los indígenas y sus organizaciones como amenazas a su
soberanía como pueblos. Esto se debe a que el derecho al territorio de los pueblos indígenas, en la
forma como es reclamado por sus organizaciones representativas, no está desvinculado de otros
derechos (Urteaga 2011). Antes bien, éste se presenta como complementario a la posibilidad de
las sociedades amazónicas de ejercer actualmente, aún en su condición de integrantes del Estado
peruano, su derecho a la libre determinación:
En la plataforma reivindicativa indígena esta pretensión se centra en el punto que afirma el derecho a la libre disposición de
sus riquezas y recursos naturales como elementos necesarios para la provisión de su desarrollo económico, social y cultural. (…)
Una de las formas de ejercitar la libre determinación es a través de la autonomía, una facultad viable dentro de contextos
nacionales integrados (García Hierro 2010: 640).
Nos servimos de la aproximación de García Hierro al concepto de libre determinación porque
menciona dos puntos que retomo en relación al planteamiento del derecho al territorio reivindicado
por el movimiento indígena amazónico. Estos dos puntos, de carácter fundamental, son la
disposición libre de sus recursos naturales y la facultad de la autonomía. De ese modo, el derecho
al territorio complementa a aquel de la libre determinación en la medida en que incluye el derecho
de los pueblos a tomar ellos mismos, sin intervención ajena, las decisiones sobre los usos más
apropiados para los recursos del bosque que han ocupado ancestralmente.
La problemática descrita se sitúa en un contexto en el que el reconocimiento y titulación de
comunidades nativas y la categorización de áreas de conservación no impiden que el Estado
peruano otorgue concesiones sobre el subsuelo de dichos espacios. Actualmente, la mayor parte
de la Amazonía peruana ha sido concesionada para desarrollar actividades hidrocarburíferas,
incluyendo comunidades nativas y Áreas Naturales Protegidas (ANP) de uso directo (Finer et al
2008 en Finer y Orta-Martínez 2010). La cantidad de casos de yuxtaposición de lotes con espacios
que los pueblos indígenas entienden como su territorio ancestral, comunidades nativas, reservas
para pueblos en aislamiento y ANP, incluyendo reservas comunales que abastecen de recursos a
las comunidades aledañas, es mucho mayor de lo que podríamos considerar como condiciones
excepcionales.
Alex Álvarez. Resumen de investigación “La propiedad Compleja: Instituciones y prácticas sociales del régimen de propiedad de la
tierra y el territorio en la Reserva Comunal Amarakaeri, Madre de Dios, Perú”. (NCCR IP8 – IUED) Universidad de Ginebra, Suiza.
Disponible en el portal del IBC: http://www.ibcperu.org/investigacion/investigaciones-academicas.php
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Muchos de los problemas por superposición de derechos y figuras legales diferentes, tienen su raíz en
los procesos de otorgamiento de concesiones sin consultar a los pueblos indígenas5. Adicionalmente,
las actividades de exploración o aprovechamiento de petróleo y gas pueden tener impactos sociales
lamentable para la implementación del modelo de conservación participativa de reservas comunales,
el cual presupone que las diferentes comunidades lleguen a acuerdos sobre el espacio en común a ser
administrado. Por ejemplo, uno de los problemas que afecta la labor de la administración o gestión
comunal es, tal como señalan García Hierro y Surrallés, que para la negociación de las empresas
petroleras resulta propicia “la atomización de los territorios y de los sujetos de decisión” (García
Hierro y Surrallés 2009: 179). Adicionalmente, los impactos ambientales y sociales de la exploración
y explotación de petróleo han pasado a ser cada vez más conocidos por las organizaciones indígenas
de la Amazonía6, con mayor necesidad y urgencia en los últimos años, caracterizados por el “choque
de inversiones” (Dourojeanni et al 2009: 43) al que está siendo sometida esta región.
2. FENAMAD: la organización matriz
del movimiento indígena de Madre de Dios
En la presente sección presentamos una parte de la historia y de las principales características de la
Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, a la cual abordamos en tanto
organización política indígena. Para desempeñar su rol como “la organización matriz de los pueblos
indígenas de la región” (FENAMAD7), FENAMAD se encuentra constituida bajo la figura de una
asociación civil sin fines de lucro, y cuenta con personería jurídica8. De acuerdo a sus Estatutos, ya
sea a nivel local y regional, o frente a los ámbitos nacional e internacional, esta federación “asume
la representación de todas las comunidades y pueblos indígenas, reconocidos o no” (Estatutos
de la FENAMAD. El destacado es de la fuente). Así mismo, la organización representa a aquellos
pueblos en situación de aislamiento, los cuales no están asentados en comunidades nativas. La
mayoría de la población de las bases de FENAMAD es de los pueblos harakmbut, de la familia
lingüística del mismo nombre, y ese eja, de la familia tacana. Así mismo, ésta representa a indígenas
de los pueblos shipibo y kichwa Runa, de las familias pano y kichwa respectivamente, y matsiguenka
y yine, ambos de la familia arawak.9
Tal como afirman los autores Rummenhoeller et al. en la siguiente cita, es necesario tener en
cuenta que los patrones de organización tradicionales de los pueblos indígenas no coinciden con
la estructura de las federaciones.
La estructura de una federación nativa difiere claramente de la organización tradicional de las etnias amazónicas,
por lo que resulta sorprendente que sociedades con patrones culturales de relativa independencia tanto a
nivel de unidades familiares como de grupos residenciales, hayan adoptado una forma de organización
federativa e interétnica con procedimientos administrativos centralizados (Rummenhoeller et al. 1991: 390).
Nos referimos en el presente estudio a los problemas previos a la promulgación por parte del jefe de Estado Ollanta Humala, en
agosto del año 2011, de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el convenio 169
de la OIT y de su respectivo reglamente, publicado en abril del año 2012.
5
Dicho aprendizaje se ha desarrollado a través de los intercambios con dirigentes de otras regiones y también en base a las experiencias vividas a lo largo del tiempo por los pueblos indígenas que las federaciones representan. Los asesores no indígenas y técnicos
de las organizaciones también han colaborado para que los líderes cuenten con información precisa y clara sobre los impactos
ambientales y sociales de la explotación de petróleo y gas.
7
FENAMAD, http://www.fenamad.org/ Noviembre, 2009.
8
Según los Estatutos de la federación, adquiere esta categoría a partir de su inscripción en el libro de Asociaciones del Registro de
Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Madre de Dios.
9
Durante la época del caucho fueron trasladadas a esta zona, en condiciones de esclavitud, numerosas familias de los pueblos Shipibo y Kichwa, muchas de las cuales ya no retornaron a sus lugares de origen, permaneciendo asentadas en Madre de Dios (Iviche
en García y Huertas 2003).
6
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Desde la antropología política se ha descrito a las sociedades amazónicas como aestatales, o
sociedades que no han tenido instituciones similares al Estado en la época previa a la colonia. Éstas
se han caracterizado por sus mecanismos para evitar “la centralización del poder político” (Gledhill
2000: 69) en un individuo. En la actualidad, es posible observar cierto nivel de continuidad de
dichos mecanismos para controlar socialmente la acumulación de poder a través de diferentes
prácticas10.
Sin embargo, aun cuando el modelo de federaciones integradas por una junta de dirigentes no
corresponde con la organización tradicional, nos aproximamos a FENAMAD específicamente en
tanto instancia indígena, en el sentido de que su labor se distingue de la de otros grupos gremiales
que no tienen implicada la identidad étnica en su constitución. La función o la razón de ser de
esta organización, al igual que la mayoría de federaciones indígenas de la Amazonía, no se limitan
a un nivel estrictamente instrumental. Más bien, se plantean la defensa de los derechos e intereses
de la población que integra sus bases en tanto “pueblos indígenas” (este último término es el
empleado por los propios integrantes de este movimiento social). En otras palabras, el modo en
que desarrollan sus objetivos tiene como característica fundamental el argumento de la etnicidad
(Barth 1969; Degregori 1998; Dietz 1999).
FENAMAD fue fundada en el año 1982, época que coincide con la formación de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana –AIDESEP-, mediante la realización de su primer
congreso, el cual tuvo lugar en Boca Colorado, localidad ubicada en la provincia de Manu11. En
este evento fundacional participaron los delegados de siete comunidades nativas, principalmente
del pueblo harakmbut, de la parte alta de Madre de Dios: Pukiri, Shiringayoc, Boca Inambari,
Diamante, San José, Puerto Luz y Shintuya. Cabe resaltar que éstas últimas cuatro comunidades son
actualmente beneficiarias de la Reserva Comunal Amarakaeri y continúan adscritas a la federación
indígena regional. En aquel momento, en el departamento de Madre de Dios se atravesaba una fase
crítica, en gran medida porque el alza del precio del oro había provocado una ola de migraciones a
los territorios de la zona. Esto generó que se agravaran los conflictos entre la población indígena y
los buscadores de metal (Moore y Pacuri 1992; Gray 2007; García en García y Huertas 2003). Sin
embargo, dichos conflictos no eran una novedad, puesto que ya habían empezado en la década de
los setenta (García en García y Huertas 2003).
Diferentes investigadores han hecho referencia a “las crecientes invasiones de los territorios
indígenas principalmente partir de la década del setenta”, junto con la necesidad de la población
nativa “de contar con títulos de propiedad sobre sus tierras” (Rummenhoeller et al 1991: 390). Para
las comunidades nativas se hacía preciso organizarse en aras de la autodefensa y de hacer respetar
sus derechos a través de nuevas estrategias más efectivas y de mayor alcance, incluyendo forjar
alianzas que trasciendan los contextos locales.
La razón por la que se creó FENAMAD ha sido explicada por Antonio Iviche, del pueblo harakmbut,
quien ha sido elegido como presidente de esta organización en cuatro ocasiones diferentes:
Lo primero lo que nace, el objetivo de surgimiento de FENAMAD se hace en función a las peleas por territorio. Entonces por
defensa de territorio nace esa organización, y siempre ha sido uno de los ejes principales para el movimiento indígena (Antonio
Iviche, entrevista del 25 de Agosto de 2009).
Hoy en día es frecuente observar resistencias entre la población de las comunidades nativas hacia aprobar la labor de los dirigentes
indígenas, o, por lo menos, lo más común no es que se hable bien de ellos.
11
Sobre la historia de FENAMAD, hay estudios etnográficos escritos por los antropólogos Andrew Gray y Alfredo García, así como
también textos de los dirigentes y líderes indígenas Antonio Iviche, Jorge Payaba, y Héctor Sueyo, entre otros. El aporte de Andrew
Gray destaca de una manera particular por su prolongada cercanía con la población harakmbut, gracias a la cual escribió su libro
“Arakmbut of amazonianPeru” (1997), y por la consideración que la FENAMAD tiene de él hasta la actualidad, muchos años después
de su muerte.
10
38
En la misma línea, un testimonio de su ex presidente Miguel Pesha, del pueblo ese eja, indica que
“FENAMAD se crea por la necesidad de defender los territorios invadidos por los colonos”.12Así
mismo, el secretario del consejo directivo de la federación durante el periodo 2007-2009, el dirigente
harakmbut Jaime Corisepa, se ha referido al territorio como un eje sobre el cual se articula la
defensa de otros derechos indígenas complementarios entre sí, como se puede leer en el siguiente
testimonio:
La posición de FENAMAD ha sido como siempre la defensa de los pueblos indígenas; ese es el objetivo principal de la
organización. En base a eso FENAMAD como institución tiene un objetivo de fortalecer a las comunidades, como defender
su territorio sabiendo que el territorio es la parte de la existencia de un pueblo, ahí está todo, la fuente de vida (Jaime Corisepa,
entrevista septiembre de 2009).
El área de trabajo de territorio a lo largo de las últimas décadas ha tenido entre sus principales
avances el reconocimiento y la titulación de la mayoría de comunidades nativas de la región, los
cuales se han logrado mediante la elaboración de estudios socioeconómicos sustentatorios13, así
como también la creación de la Reserva Comunal Amarakaeri y de la Reserva Territorial Madre
de Dios para pueblos indígenas en aislamiento, éstas últimas como resultado de una histórica y
multitudinaria movilización convocada por FENAMAD que tuvo lugar en Puerto Maldonado en el
año 2000, la cual incluyó las demandas por “la participación de la población indígena en la gestión y
administración de las Áreas Naturales Protegidas” (FENAMAD14). Sin embargo, estos avances han
mostrado no ser del todo medidas suficientes para la seguridad territorial por varias razones, entre
las que destacan los problemas por superposición de derechos en territorios comunales y ANP,
mediante la figura de concesiones para actividades mineras e hidrocarburíferas, agravados por el
incumplimiento del derecho a la consulta previa.
En la actualidad, la defensa territorial sigue siendo el eje principal del trabajo de FENAMAD, al
lado de las otras funciones que desempeña, que son las siguientes: salud y saneamiento básico;
educación, economía, producción y comercialización; organización; derechos ciudadanos y registro
civil; identidad; relación con instituciones públicas y privadas; género y otros15.
3. La Reserva Comunal Amarakaeri: entre la conservación, la
territorialidad indígena y la explotación petrolera
En la presente sección desarrollamos el tema de la Reserva Comunal Amarakaeri partiendo de la
revisión de la figura de “reserva comunal” y el modelo de gestión participativa correspondiente
con ésta, la historia y las razones que motivaron su creación, prestando atención al rol jugado por
FENAMAD, y finalmente algunos de los principales problemas que afectan a esta área, antes y
durante el momento del recojo de información en campo (2009).
En la actualidad, la figura de “reserva comunal” consiste en una categoría de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP). El Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas16, Ley 26834, define
a las reservas comunales como “áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre,
en beneficio de las poblaciones locales y comunidades campesinas o nativas” (artículo 56.1).
Así mismo, en cuanto a los recursos que se encuentran en las áreas de esta categoría, el mismo
Reglamento señala en el Artículo 56.3 lo siguiente:
Testimonio disponible en FENAMAD, http://www.fenamad.org/ Noviembre, 2009.
Para dichos estudios es útil la colaboración de algún antropólogo entre el personal de la organización, como ha sido desde hace
muchos años el caso de Beatriz Huertas, y más recientemente el caso de ChantelleMurtagh, entre otros colaboradores de la federación.
14
Página web de FENAMAD, revisada el 05/07/2012: http://fenamad.org.pe/cronologia.php.
15
Los citados componentes de la estrategia de desarrollo para los pueblos indígenas de Madre de Dios se establecieron en el XIV
Congreso regional de la federación y están establecidos en el documento denominado Plan de Vida al 2020.
16
Reglamento publicado en El Peruano el 26 de junio de 2001.
12
13
39
Los recursos ubicados en las Reservas Comunales son preferentemente utilizados por las poblaciones rurales vecinas que han
realizado un uso tradicional comprobado de los mismos, ya sea con fines culturales o de subsistencia.
Como patrimonio de la Nación, las comunidades nativas beneficiarias no tienen derechos de
propiedad sobre el área; el Estado es, según la legislación, quien se encarga de su protección. Tal
como hemos señalado, el marco jurídico vigente sí permite la actividad hidrocarburífera en reservas
comunales, como áreas protegidas de uso directo, pero sólo si el SERNANP lo declara compatible
a través de una opinión técnica.
A diferencia de otras categorías de áreas de protección, la forma cómo son gestionadas las reservas
comunales se caracteriza porque la conducción de su administración está a cargo de la población
directamente involucrada, en coordinación con el Estado.
Su gestión es conducida directamente por los beneficiarios de acuerdo a sus formas organizativas, en un proceso a largo plazo,
en el cual éstos consolidan sus conocimientos asociados a la conservación y uso sostenible de los recursos, ejerciendo sus derechos
y obligaciones con el Estado, para la administración del Patrimonio de la Nación (Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, artículo 56.2.).
La gestión de las reservas comunales se basa en un modelo que ha sido estipulado en la legislación
nacional a partir del año 2005 en el Régimen Especial de Administración de Reservas Comunales
(Régimen Especial)17. En este régimen se especifica que el Ejecutor del Contrato de Administración,
ECA, constituye una asociación civil o “persona jurídica sin fines de lucro creada por los
beneficiarios” (Régimen Especial, artículo 13) que funciona como representante de los mismos
y tiene a su cargo la administración del área. El ECA está compuesto por dos órganos: uno es la
asamblea general de miembros, integrada por los delegados de las comunidades involucradas en el
área y los delegados de sus organizaciones representativas (dentro de las cuales se encuentran las
federaciones indígenas); el otro es el consejo directivo, conformado por representantes elegidos
entre la población beneficiaria para los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
fiscal y vocal.
Para ubicar este modelo a través del tiempo, vale señalar que Tomás Arique y Héctor Sueyo, ambos
profesionales indígenas del pueblo harakmbut, han explicado que en la década de los noventa, antes
de la existencia de la legislación del Régimen Especial y antes también de que el INRENA aprobara
el expediente técnico de solicitud de creación de la RCA, FENAMAD, COHAR y un conjunto de
líderes de las comunidades nativas tenían la voluntad de elaborar y ejecutar un plan de manejo de
la reserva (Arique y Sueyo en Gray et al eds. 1998). En la actualidad, el documento legal de gestión
denominado Plan Maestro de la RCA (PM-RCA), “instrumento de planificación y como conjunto
normativo de disposiciones que permiten o no actividades” (Ávila y Lu 2010: 127) al interior del
área, reconocido en asamblea general por los beneficiarios de manera previa a su aprobación por
el Estado, vendría a representar hasta cierto punto una continuación de la iniciativa del plan de
manejo propuesto en aquel tiempo por los propios harakmbut.
La Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) se encuentra ubicada en el departamento de Madre de
Dios, provincia de Manu, distritos de Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios, y Huepetuhe. La extensión
de la RCA es de 402 335,62 hectáreas. El área que abarca es de gran riqueza biológica y cultural
y comprende diversas zonas ecológicas de la selva alta y baja (Alca, 2008). Por su cercanía a la
cordillera oriental de los Andes, funciona como protección de millones de litros de agua que bajan
en la forma de trece ríos (Álvarez et al. 2008), afluentes por su margen derecha del río Madre de
Dios18. Así mismo, de este lugar nacen seis19 cuencas hidrográficas que serían las únicas fuentes
Resolución de Intendencia N° 019-2005-INRENA-IANP aprobada el 07 de junio de 2005.
Los trece ríos son: Carbón, Salvación, Yunguyo, Adán Rayo, Shintuya, Mochino, Serejali, Mamajapa, Blanco, Shilive, Colorado,
Pukiri y Huasoroco.
19
Las seis cuencas son de los ríos Madre de Dios, Alto Madre de Dios, Blanco, Azul, Inambari y Colorado.
17
18
40
de agua para miles de personas (Diario La República20). Los bosques de la RCA son primarios,
caracterizados por su densidad y dominancia. Un factor primordial que contribuye al reconocimiento
de la importancia de la RCA es que se encuentra ubicada dentro del Corredor de Conservación
Vilcabamba Amboró (CCVA), junto con otras quince áreas naturales protegidas de Perú y Bolivia
(Plan Maestro-RCA 2008-2012).
Mapa: Ubicación de la RCA
Fuente: Plan Maestro - RCA 2008-2012
20
La República,jueves 17/09/2009: “Nativos rechazan exploración petrolera en Reserva Comunal Amrakaeri”.
41
Mapa: Corredor de Conservación Vilabamba Amboró
Fuente: Plan Maestro - RCA 2008-2012
42
Mapa: Comunidades Nativas adyacentes a la RCA
Fuente: Ministerio del Ambiente: SERNANP: Reserva Comunal Amarakaeri. http://www.amarakaeri.org/maparca.html 03 de Noviembre de 2009.
Alrededor de la RCA, en la mayoría de los casos de manera colindante, se encuentran ubicados
los territorios de diez comunidades nativas, las cuales son beneficiarias directas del área: Shintuya,
Puerto Luz, San José de Karene, Puerto Azul Mberowe, Boca Ishiriwe, Diamante, Barranco
Chico, Masenawa, Shipetiari y Queros (esta última al momento del estudio aún no había sido
incorporada oficialmente como beneficiaria, pero estaba prevista su anexión). Estas comunidades
están representadas por el Consejo Harakmbut Yine Matsiguenka (COHARYIMA), organización
afiliada a FENAMAD, y a su vez por esta última.
Ocho de las diez comunidades están conformadas mayoritariamente por personas que se auto
identifican como miembros del pueblo harakmbut, y muchos son hablantes de la lengua del mismo
nombre, la cual tiene diversas variantes. Se estima que los harakmbut son la población más antigua
de Madre de Dios (Moore y Pacuri 1992; Álvarez et al 2008), y que sus antepasados han vivido ahí
desde hace 3500 a 5000 años (Moore y Pacuri 1992; La Torre 1998). Así mismo, son la nación más
numerosa de la zona. La población mayoritaria de las otras dos comunidades beneficiarias de la
reserva, Shipetiari y Diamante, es de los pueblos matsiguenka y yine respectivamente, de la familia
43
lingüística arawak. En ambos casos se estima que los antepasados de los actuales comuneros han
mantenido contactos culturales con los harakmbut desde hace mucho tiempo (Shepard e Izquierdo
2003; Smith 2003). Adicionalmente, en la zona de amortiguamiento de la reserva, también se
encuentran 23 localidades, que en su mayoría son asentamientos de inmigrantes de origen alto
andino. Estas localidades también se han ido incorporando a los procesos informativos de la
reserva (Álvarez et al 2008).
El espacio geográfico que constituye actualmente la RCA tiene una larga historia detrás. Esta ANP
es sólo una porción del territorio que los harakmbut ocuparon ancestralmente, y ese es el modo
como la población indígena local la ha concebido desde hace cientos de años hasta la actualidad,
principalmente los más ancianos, antes que como un área de protección de la biodiversidad. Antes
de su instauración como área destinada a la conservación de la naturaleza, este espacio ya guardaba
un vínculo histórico con los pobladores indígenas desde tiempos anteriores a la colonización de
la región. Los procesos de contacto de estos pobladores generaron graves estragos como son la
reducción poblacional abismal de los harakmbut y la afectación de sus patrones de ocupación
territorial. Entre estos procesos destaca la explotación del caucho, desde fines del siglo XIX y
durante los inicios del siglo XX. Así mismo, la labor evangelizadora de los dominicos implicó la
congregación de este pueblo indígena en misiones, aproximadamente en la década de 1950.
En la década de los setenta, antes de la fundación de FENAMAD y de que la población harakmbut
planteara la propuesta de creación de la reserva, la zona que hoy en día conforma esta ANP fue
escenario de las actividades exploratorias de las compañías Cities Service y Andes Petroleum, lo
que ocasionó conflictos con la población indígena (Moore en Gray et al eds. 1998). Por otro lado,
varias de las comunidades actualmente beneficiarias se encuentran en la zona de actividad minera
del departamento. Desde hace décadas ha existido conflictos causados por la superposición de las
concesiones auríferas otorgadas por el Estado a los colonos con sus territorios. Desde aquella época, las
políticas del Estado en cuanto a los territorios reconocidos para los harakmbut no estaban articuladas
con aquellas referidas al otorgamiento de concesiones mineras para colonos y empresas, generando
la superposición de derechos contradictorios entre sí. Por las razones descritas, la población de esta
zona acordó conjuntamente que era necesario solicitar y encaminar la creación de una reserva y, de ese
modo, evitar futuros conflictos por la llegada de actores externos interesados en extraer los recursos
ubicados en el territorio tradicional harakmbut.
A través de tres décadas, FENAMAD ha buscado atacar las causas de uno de los principales
problemas que venía atravesando este pueblo, es decir, la pérdida de la seguridad territorial sobre
un espacio integrado y de gran extensión. La principal estrategia de la organización indígena en aras
de la recuperación del dominio territorial indígena se orientaba, aproximadamente desde la segunda
mitad de la década de los ochenta, hacia “lograr la modificación de las leyes pertinentes a fin que las
comunidades puedan ejercer un firme control de todos sus recursos: suelos, cubierta forestal, flora
y fauna, subsuelo y ambiente” (Rummenhoeller et al 1991: 400).
La idea de creación de la reserva fue presentada al Estado por primera vez en el año 1986, durante el
primer gobierno del presidente Alan García. Al inicio los dirigentes, y mucho menos los comuneros,
todavía no estaban tan familiarizados con la temática global de la conservación de la biodiversidad
y los conceptos que ésta trae consigo.
Esto de establecer una reserva, esto salió en un congreso de FENAMAD, pero en el congreso de FENAMAD al parecer
no estaban bien claros qué forma legal tenía que ser. En el congreso definieron que tenían que garantizar un territorio, que las
comunidades harakmbut tenían que garantizar un territorio para sus hijos, un territorio donde ancestralmente ellos habían
hecho sus actividades socioeconómicas (Jaime Málaga, entrevista octubre de 2009).
44
Desde la realización del congreso mencionado por el ex técnico de FENAMAD, en 1989, ha
tenido lugar un proceso largo de trámites difíciles. El proceso de establecimiento de la RCA, que
incluye la participación de indígenas y de no indígenas, no ha sido un trabajo sólo de la directiva de
la organización sino que ha sido producto de la coordinación entre la población de las diferentes
comunidades, presidentes comunales, líderes, dirigentes, el equipo técnico de la federación, y sus
asesores. Finalmente, después de una histórica marcha de protesta llevada a cabo en la ciudad de
Puerto Maldonado en la que participaron entre mil y tres mil indígenas, en el año 2002 se logró
la categorización definitiva de la RCA mediante Decreto Supremo, DS. 031-2002-AG, entre otras
reivindicaciones del movimiento amazónico de la zona, incluyendo el establecimiento de la Reserva
Territorial para indígenas en aislamiento.
A diferencia de los casos de otras Áreas Naturales Protegidas en el Perú, la RCA tiene la particularidad
de haber sido planteada desde las bases ante sus representantes indígenas, buscando tener una
fuerte participación desde el inicio. En palabras del colaborador de FENAMAD, Casiano Aguirre:
“En vez que entren colonos se dijo: por qué no planteamos como organización tener una reserva
comunal con participación en la administración” (Casiano Aguirre, comunicación personal, agosto
2009). Los integrantes de FENAMAD entrevistados han explicado que el establecimiento del ECARCA, y con ello la posibilidad de que la reserva sea manejada por las comunidades nativas, es uno
de los logros o reivindicaciones del movimiento indígena amazónico en el cual han participado,
como puede notarse en la siguiente cita del presidente de la federación en ese entonces, Antonio
Iviche:
En la misma normativa de Régimen Especial de Reservas Comunales que hemos peleado nosotros, las organizaciones, porque
en mi tiempo se ha peleado eso, se logró que las organizaciones representativas formen parte del ECA de la RCA, o sea ser
miembros. Primero iniciamos en FENAMAD esta lucha y ese mismo proyecto se validó en AIDESEP. Es iniciativa de
FENAMAD porque RCA lo que veíamos era que se dé, que se materialice el manejo conducido por el propio indígena.
FENAMAD participa dentro de la RCA como miembro pleno que forma parte y tiene el mismo peso que las comunidades
beneficiarias, y la FENAMAD también tiene otro propio voto dentro del consejo de la administración (Antonio Iviche,
entrevista 2009).
Así mismo, el siguiente testimonio del tesorero de FENAMAD, Jaime Corisepa describe el esfuerzo
de la organización por lograr una mayor participación de las comunidades en el manejo de la
reserva, actualmente bajo la figura de co-manejo con el Estado.
Eso [el ECA-RCA] se ha peleado fuerte, el gobierno no quería reconocer, entonces a base de esfuerzo, de lucha recién el
gobierno da la potestad a que las comunidades nativas conduzcan o manejen la reserva comunal, pero con supervisión de
un ente, de un técnico de SERNANP que es ahora, no?, como jefe de la Reserva Comunal Amarakaeri (Jaime Corisepa,
entrevista agosto de 2009).
La categorización de la reserva y la inclusión de las organizaciones indígenas y de las comunidades
en el manejo y la administración de la misma, a través del ECA-RCA, son el resultado de un proceso
muy largo. A pesar de la importancia de estos avances conquistados, algunos acontecimientos
ocurridos en esta zona en años recientes no han sido favorables para los objetivos de seguridad
territorial, tal como veremos en la siguiente sección.
La RCA, como área natural de cuya protección es responsable el Estado, enfrentaba al momento
del recojo de información en campo una serie de problemas o amenazas a la conservación. La
causa de estos problemas está en buena parte en la presencia de actores externos en la zona, pero
también se pueden explicar a partir de las contradicciones en el propio marco legal sobre reservas
comunales. Algunos de estos actores buscan realizar actividades de extracción de madera y oro en
esta zona, sin embargo, la causa principal de los problemas suscitados en torno a esta área se remite
a la explotación de hidrocarburos.
45
Tan solo tres años después de la categorización de la Reserva Comunal Amarakaeri, una amenaza
grande puso en cuestión la eficacia de tantos años de gestiones lideradas por FENAMAD para
proteger el territorio Harakmbut. El 06 de octubre del 2005, por DS Nº 035-2005-EM, el gobierno
peruano otorgó la concesión del lote Nº 76 a la petrolera estadounidense Hunt Oil, Sucursal del
Perú, mediante negociaciones hechas por PERUPETRO S.A.21 Esta empresa ya contaba para
entonces con participaciones en otros dos lotes peruanos, el 88 y el 56, y además forma parte
hasta la actualidad del consorcio que maneja el proyecto Camisea, de extracción de gas natural para
su exportación. Hunt Oil es la empresa operadora en el proyecto PERU LNG con el 50% de las
inversiones, al lado de sus socios en el Perú, los demás miembros del consorcio, Repsol YPF (20%),
SK Energyes (20%) y Marubeni (10%).
El dos de mayo del 2006, PERUPETRO y Hunt OilCompany of Peru L.L.C. comparecieron el
Contrato para el lote 76 en la ciudad de Lima, con intervención de Hunt Consolidated Inc. (Texas,
USA) y el Banco Central de Reserva del Perú. Luego, en octubre del 2006, la Hunt Oil Company of
Perú vendió el cincuenta por ciento de las acciones a la empresa española REPSOL. Si bien ambas
empresas son responsables, la operadora es Hunt Oil (Avance Indígena N°16, 2008)
Mapa: Lote 76 y Área de influencia del proyecto de exploración de hidrocarburos de
Hunt Oil, superpuesta a la RCA y comunidades nativas:
Fuente: Domus consultoría ambiental. Estudio de impacto ambiental y social para la prospección sísmica 2d en el Lote 76. Lima: Domus. 2008.
Perupetro es la agencia peruana encargada de promover las inversiones en hidrocarburos. Según algunos especialistas (Dammert,
Manuel, “La República Lobbysta”, citado en “El Manu, Hunt Oil y la Resistencia Indígena”, Roger Rumrrill, Diario La Primera, 17 de
Agosto 2009) la empresa Hunt Oil fue traída al Perú en parte por gestiones de Pedro Pablo Kuczynski, quien ocupaba el cargo de Presidente del Consejo de Ministros del gobierno del Presidente Alejandro Toledo, en el momento en que se aprobó la concesión del lote.
21
46
El lote N° 76 se encuentra ubicado entre las provincias de Manu y Tambopata del departamento
de Madre de Dios, Paucartambo y Quispicanchi del departamento de Cusco, y Carabaya del
departamento de Puno. Con una extensión de más de un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil
hectáreas (1’434,059.869 ha), este lote se sobrepone con casi la totalidad del área de la Reserva
Comunal Amarakaeri y su Zona de Amortiguamiento, con las áreas de amortiguamiento del Parque
Nacional del Manu y del Parque Nacional Bahuaja Sonene y Reserva Nacional Tambopata, e incluye
a 17 comunidades nativas (harakmbut, yine y matsiguenka)22 y también a asentamientos de colonos.
Así mismo, casi el cincuenta por ciento del área del Lote N° 76 está cubierta por la RCA y su zona
de amortiguamiento (Presentación PPT preparada por HuntOil).
Tal como ya he mencionado, la concesión de este lote y la firma del contrato con la empresa Hunt
Oil han sido efectuadas sin respetar el derecho a la consulta estipulado en el Convenio N° 169 de
la OIT, el cual entró en vigencia para el Perú en el año 1995 con carácter de obligatoriedad, y de
manera previa al reconocimiento legal del ECA-RCA, en abril del 2006. Si bien el marco jurídico
actual establece que la responsabilidad del ECA se limita a emitir su opinión previa (no vinculante)
sobre los Estudios de Impacto Ambiental, mas no de los contratos, es posible inferir que un
accionar de buena fe de parte de los funcionarios estatales peruanos, no sólo implicaba respetar el
derecho de los pueblos indígenas a la consulta, sino también esperar a que se termine de conformar
el ECA-RCA para determinar medidas que comprometan en esa magnitud el destino de la reserva.
Por otro lado, los procedimientos para determinar la factibilidad de la actividad petrolera en un área
protegida dependen de la zonificación especificada en el Plan Maestro (Ávila y Lu 2010), el cual
constituye el “documento de planificación de más alto nivel de las mismas” (Ley de Áreas Naturales
Protegidas, artículo 20), y debe reflejar el resultado de un proceso de recojo de información
participativo que respete los aportes de la población local. Sin embargo, por más contradictorio
que pueda parecer, el Estado peruano aprobó en octubre de 2005 el Contrato de Licencia para la
actividad petrolera al interior del lote 76 y, de ese modo, también en la RCA, casi tres años antes
que la aprobación del PM-RCA23 o, del “instrumento de planificación y como conjunto normativo
de disposiciones que permiten o no actividades” (Ávila y Lu 2010: 127) al interior del área.
Luego, en el contexto de entrada de la empresa operadora para desarrollar el proyecto de prospección
sísmica, la argumentación presentada por el jefe de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales
Protegidas del SERNANP en las asambleas con los pueblos indígenas se justificaba en el contenido del Plan Maestro 2008-2012
de la RCA (PM-RCA). El contenido del documento de planificación de la RCA, en la versión final
que el INRENA aprobó, se vio determinado por la preexistencia del compromiso que tenía el
Estado ante la empresa, tal como ya lo señalaba el mutuo contrato. Por presiones del INRENA,
en el año 2007 se modificó la versión original del PM-RCA 2008-2012, que había sido elaborada
participativamente con las comunidades nativas, por una versión distinta en la que se eliminó del
mapa la zona de Protección Estricta, dejando desprotegidas las cabeceras de los ríos, y señalando
que la actividad de hidrocarburos consiste en una oportunidad favorable para la gestión de la RCA.
Al investigador Álvarez (2009) señala que la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP)
no respetó los acuerdos previos arribados participativamente con las comunidades nativas, e
incorporó criterios contrarios a éstos. Como consecuencia, los miembros de FENAMAD han
señalado reiteradas veces, ante los representantes de Hunt Oil y del SERNANP, que el contenido
de este documento carece de validez para la población de las comunidades nativas beneficiarias de
la RCA. Uno de los asesores de la federación señaló al respecto lo siguiente:
Las 17 CCNN son las siguientes: Queros, Santa Rosa de Huacaria, Shintuya, Palotoa-Teparo, Shipetiari, Isla de los Valles, Diamante, Puerto Azul, Masenawa, Boca Isiriwe, San José de Karene, Puerto Luz, Barranco Chico, Kotsimba, Arazaire, Shiringayoc y
Boca de Inambari.
23 Éste documento fue aprobado por el INRENA Mediante Resolución Jefatural No 044-2008-INRENA.
22
47
El Plan Maestro se hace en circunstancias nada sanas, el sólo hecho de aprobarlo un 28 de diciembre con la gente distraída por
fiestas, y con FENAMAD con actividades cerradas hasta la segunda semana de enero. Ese proceso no ha sido transparente
y pone en tela de juicio el Plan Maestro. En las propuestas iniciales del Plan Maestro se propone en la zonificación un área de
Protección Estricta, pero finalmente con la oposición de INRENA se ha sostenido que no era posible un área de Protección
Estricta obviamente porque el interés del Estado era no tener dificultades con la empresa Hunt Oil. Eso lo tenemos clarísimo.
La norma dice que debe existir un nivel de consulta (setiembre de 2009).
El Estado peruano, al momento de firmar el Contrato de Licencia de explotación de petróleo y gas,
no contaba con información final de la zonificación correspondiente al PM-RCA (2008). , tampoco
contaba con un estudio que determinara la compatibilidad de la esta actividad con los objetivos
de la reserva. Sin embargo, esto tampoco impidió la firma de dicho Contrato correspondiente
actualmente a las dos empresas petroleras.
Por la manera cómo se ha llevado a cabo la asignación del lote 76 es de suponerse que el proceso
de consolidación del modelo de gestión participativa en este caso se haya visto, desde el inicio,
obstaculizado de convertirse en una experiencia exitosa. La RCA pasó a ser cubierta por un lote
petrolero y a ser considerada un área apta para la actividad de aprovechamiento energético antes de
encontrarse debidamente instituida.
4. La estrategia de defensa territorial de FENAMAD para la Reserva
Comunal Amarakaeri en el contexto de entrada de la empresa
operadora Hunt Oil
En la presente sección nos referiremos a la estrategia de defensa territorial puesta en marcha
por FENAMAD para la Reserva Comunal Amarakaeri, como parte del territorio ancestral del
pueblo harakmbut, también reivindicado actualmente por dos comunidades de los pueblos yine
y matsiguenka respectivamente. Dicha estrategia tuvo lugar a puertas del inicio de las actividades
de exploración de hidrocarburos en el lote 76 por parte de la empresa operadora Hunt Oil. Esta
temática se enmarca principalmente en los meses de julio a octubre del año 2009, los cuales
coinciden con el lapso de mi participación en campo.
En primer lugar abordamos la problemática a nivel local y algunos puntos de análisis en torno a
las asambleas suscitadas frente al ingreso inminente de la empresa para realizar la exploración de
hidrocarburos. A mediados del año 2009 estaba por iniciarse el proyecto de Prospección Sísmica
2D, ubicado dentro del lote 76, con el objetivo de “definir estructuras en el sub-suelo y determinar
ubicaciones probables de pozos exploratorios” (Resumen Ejecutivo Estudio de Impacto Ambiental
–EIA- Lote 76 Vol. 1). El ámbito de influencia directa del proyecto se superpone con una gran
parte del área de la RCA y además con los territorios titulados de dos comunidades nativas, Puerto
Luz y Shintuya.
Inicialmente la propuesta de la empresa definía que el área de influencia también abarcaría una
parte del territorio de la comunidad de Barranco Chico, que también habría sido atravesado por
líneas sísmicas. Sin embargo, aquella propuesta tuvo que ser modificada debido al fuerte rechazo
expresado desde el inicio por la población harakmbut de la referida localidad, ubicada en una
zona que ya ha sido devastada por la minería aurífera. Por consiguiente, la extensión del área
de influencia directa del proyecto de sísmica quedó superpuesta sólo con los territorios de dos
comunidades nativas en lugar de tres, es decir, con Puerto Luz y Shintuya, pero no con Barranco
Chico, pero, principalmente, con buena parte del área de la reserva comunal.
Desde la posición de los integrantes de FENAMAD, el problema que estaban enfrentando durante
la segunda mitad del año 2009, en un contexto diferente al actual debido a que no había sido
aprobada todavía la Ley de Consulta Previa, tiene su raíz en que el Estado peruano no ha respetado
48
el derecho de los pueblos indígenas a la consulta estipulado en el Convenio 169 de la OIT, de
manera previa a la suscripción del contrato con la empresa. Por contraposición con esta postura,
los representantes de la empresa y del SERNANP en las asambleas observadas hicieron referencia
constantemente al contenido del Plan Maestro (PM-RCA 2008-2012) que indica que la actividad
hidrocarburífera es compatible con la RCA. Este documento se presentaba como un argumento
frente a las demandas de los integrantes de FENAMAD sobre el incumplimiento de la consulta
previa a los pueblos indígenas. Tal como he señalado en el capítulo anterior, la validez del PM-RCA
2008-2012 ha sido fuertemente cuestionada por los dirigentes indígenas y sus asesores debido a las
modificaciones que se le hicieron a último momento, y a la forma poco transparente en la que el
Estado consiguió que la versión final fuese firmada y aprobada.
Un proceso de consulta previa de acuerdo a las exigencias del Convenio 169 de la OIT no es lo
mismo que un proceso participativo de recojo de información para la elaboración del documento
de gestión de una ANP, como es el Plan Maestro. Este problema de querer hacer pasar un proceso
participativo, que a fin de cuentas tampoco dejó como resultado un documento respaldado por la
población, como si fuera un proceso de consulta previa, permite pronosticar la emergencia de un
clima posterior de conflictividad social, tal como se observa en el presente caso de estudio.
En el contexto de entrada de la empresa Hunt Oil a desarrollar el proyecto de prospección sísmica
en la RCA, en el marco del cual se llevaron a cabo las asambleas y reuniones a las que me referiré, la
situación en la que se encontraba inmersa FENAMAD era la del descontento y la confusión entre
la población indígena local que integra sus bases. A esto se sumaba la desconfianza y las tensiones
entre actores, las cuales no sólo se podían observar en la relación con los agentes económicos
externos y del Estado sino también en las relaciones entre indígenas, incluso de la misma comunidad
nativa o entre familiares.
El vínculo entre FENAMAD y ciertos sectores de la población también se vio afectado en algunos
momentos del proceso de entrada de la empresa. Específicamente, ese fue el caso de la comunidad
nativa de Shintuya. Ésta se diferenciaba de las demás comunidades no sólo porque el área de
impactos directos del proyecto de sísmica se superponía con su territorio titulado, sino también
porque un sector importante de los pobladores, más estrechamente vinculado al entonces jefe
comunal que el grupo de personas que representaba la oposición a la entrada de Hunt Oil, tenía
interés en que la actividad petrolera sí se lleve a cabo. La posición de los comuneros de Shintuya
a favor del proyecto de sísmica contrastaba con la de la mayoría de la población de las demás
comunidades beneficiarias del área protegida (expresada por los delegados de cada comunidad
durante las asambleas) y, de ese modo, también contrastaba con la posición defendida por
FENAMAD, ésta última en representación de dichas comunidades.
Entre las principales amenazas identificadas por la federación, sólo considerando la fase exploratoria
de la actividad hidrocarburífera, se encontraban los impactos directos del proyecto de sísmica. Según
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa consultora Domus, contratada
por Hunt Oil, los impactos directos de la exploración petrolera incluían:
las áreas físicas en donde se ubicaran las 18 líneas sísmicas, 166 helipuertos, 1,984 zonas de descarga, 166 campamentos
volantes, 1 Campamento Base Logístico (Salvación) y 1 Campamento Sub - Base (Quincemil)(Resumen Ejecutivo EIA Lote
76 Vol. 1: 2).
49
Mapa: Helipuertos, zonas de descarga y rutas de vuelo del proyecto de exploración de
hidrocarburos de Hunt Oil, superpuesta a la RCA y comunidades nativas:
Fuente: Domus consultoría ambiental. Estudio de impacto ambiental y social para la prospección sísmica 2d en el Lote 76. Lima: Domus. 2008.
Adicionalmente, los posibles estragos colaterales de la prospección sísmica también ocupaban un
lugar primordial entre los problemas reconocidos por la federación. Los miembros de FENAMAD
sabían que en muchos casos los estragos de esta clase de actividades, especialmente los de tipo
social, suelen ser de un nivel de mayor gravedad que aquel identificado, manejado y controlado por
las empresas en la práctica, sobretodo en condiciones de insuficiente control estatal. Tal como ha
señalado el abogado ambiental Carlos Soria (2012), a nivel nacional carecemos de un marco legal
que obligue a una adecuada evaluación del impacto social.
La posición expresada por buena parte de la población indígena local de las comunidades visitadas
y de los participantes en las asambleas era en contra de la actividad petrolera en la reserva.
Paralelamente, aquellas personas que estaban a favor, no estaban de acuerdo con las condiciones
planteadas por los representantes de la empresa y el Estado. De ese modo, los integrantes de
FENAMAD, cumpliendo con su función de velar por los derechos de las comunidades nativas,
buscaron continuar con la defensa de esta ANP.
La posición principal defendida por los miembros de la federación nativa respecto de la RCA,
como parte del territorio ancestral de los harakmbut, implica la imposibilidad de ponerle un precio
a este espacio geográfico, en concordancia con el sentido original por el que la población decidió
reivindicar esta área desde tiempo atrás. Sin embargo, durante el periodo observado se presentaron
factores externos que pudieron alterar el significado otorgado por la gente de las comunidades
para este territorio, en algunos casos más que en otros. Los representantes de la empresa petrolera
habían planteado ante una parte de la población local y sus representantes la discusión sobre los
50
montos de dinero a ser otorgados a cambio de los derechos de uso de las tierras de la reserva y de
dos comunidades.
Esta discusión se generó teniendo como sustento las compensaciones planteadas previamente en
el EIA. Según este documento, considerando los espacios superpuestos con el área de influencia
directa del proyecto de sísmica, a Hunt Oil le correspondía llevar a cabo una negociación para
la compensación al ECA de la RCA y otras dos para los territorios de las comunidades nativas
Shintuya y Puerto Luz. En las reuniones realizadas en estas dos comunidades en el mes de agosto
de 2009, los acuerdos fueron diferentes: en el caso de Shintuya se acordó que el proyecto de sísmica
proceda dentro del territorio comunal, mientras que en el caso de Puerto Luz se acordó rechazar
el ingreso de la petrolera, por lo que no se llegó a acordar ni a redefinir un monto a otorgar en
compensación24. Mientras tanto, en el caso de la RCA, los miembros de la asamblea del ECARCA, es decir, los delegados de las diez comunidades beneficiarias del área y de las organizaciones
FENAMAD y COHARYIMA, acordaron por mayoría de votos rechazar el ingreso de la empresa
a esta área protegida, la cual representa una parte central del territorio ancestral de los harakmbut
que, hasta aquel momento, había podido ser protegida del avance de otros actores externos.
El veinte de agosto en la comunidad nativa de Diamante se desarrolló la “Reunión de decisión del
ECA-RCA respecto de la actividad petrolera en la reserva”, buscando cumplir con los requisitos
estipulados en los estatutos de dicha asociación de gestión del área, contando con la participación
del jefe (harakmbut) de la RCA y de las federaciones indígenas. En la reunión se acordó que
las comunidades e integrantes del ECA-RCA “rechazan el ingreso de la empresa petrolera a la
Reserva y no permitirán su ingreso ni la ejecución de ninguna operación en su interior” (Acta de
reunión). A partir del análisis de los modos de toma de decisiones, se ha podido observar que en
la práctica existía falta de claridad por la forma como se determina la decisión del ECA para el uso
de la reserva, específicamente respecto de si la decisión es la de su presidente, o la del conjunto de
miembros de la asamblea, de la cual FENAMAD participa como uno más de los integrantes.
Luego, en el mes de setiembre, las autoridades de FENAMAD, COHARYIMA, el ECA-RCA y
la jefatura del área se vieron en la necesidad de reunirse con la gerente de EHS (medio ambiente
salud y seguridad) y el supervisor de medio ambiente y relaciones comunitarias de Hunt Oil, con el
objetivo de exigir nuevamente que se respeten los acuerdos de la población beneficiaria tomados
previamente a través de la figura del ECA. La representante de la empresa argumentó que el Plan
Maestro les permite realizar actividades en la reserva, documento que según los dirigentes de
FENAMAD carece de validez para las comunidades nativas.
(Dirigente de FENAMAD): En realidad creo que la posición está clara. Acá no hemos venido a justificar. Hemos venido
a decir que las comunidades no quieren la petrolera, por más que justifiques con el Plan Maestro. Si revisamos cómo se ha
hecho el Plan Maestro, nosotros tenemos el original, todas las comunidades han dicho que es una amenaza la actividad de
hidrocarburos. (…) Pero qué ha hecho el gobierno, lo ha manipulado. La Zona de Protección Estricta ahora ha cambiado.
(Gerente de EHS de Hunt Oil): O sea las firmas, tú me dices que no valen.
(Dirigente de FENAMAD): Para las comunidades no valen, porque eso es lo que dicen las comunidades. Nosotros
transmitimos su posición. El punto central es que las comunidades han dicho no. Porque mañana más tarde no queremos
enfrentamientos. Lo que usted manifiesta con diálogo se entiende. (Reunión de trabajo en relación al acuerdo de las CCNN
beneficiarias de la RCA de no permitir el ingreso de Hunt Oil. Pto. Maldonado, 04/09/2009).
Poco después se celebró la siguiente reunión con presencia de las bases. Nuevamente, la mayoría de
los doce miembros del ECA-RCA (comunidades y organizaciones) decidieron rechazar el ingreso
24
Esa situación había cambiado ya en el año 2012, en tanto la empresa ha llevado a cabo posteriores negociaciones con la comunidad nativa de Puerto Luz. Sin embargo, la compensación a otorgar a esta localidad no se estaba discutiendo en el transcurso de mi
estadía, porque en la mencionada reunión realizada con los representantes de la empresa los comuneros decidieron no otorgarle el
permiso para trabajar en la zona.
51
de Hunt Oil a la RCA, en presencia de sus representantes y de un funcionario público del sector
ambiente. Sin embargo, estos acuerdos no fueron respetados.
En este proceso resultó evidente ver que los miembros de Hunt Oil, junto con algunos representantes
del Estado, en particular del sector ambiente (por su participación en los encuentros realizados
durante la investigación en campo), tenían la voluntad de que el proyecto de sísmica proceda,
aún en contra de la oposición de la población indígena local. Parecía desalentador para muchos
comuneros y para algunos dirigentes ver que la situación estaba siendo avalada con la complicidad
del Estado e incluso con la de algunos representantes indígenas con cargos de autoridades, sin que
se respete la decisión de los pueblos.
La conflictividad social estaba afectando a la población indígena de la zona y sus dirigentes; ésta
respondía, en mayor o menor medida, a la proximidad del proyecto de prospección sísmica y a la
presencia de la empresa y sus representantes. Un caso de mucha división interna fue el de Shintuya,
donde se intentó cambiar a la junta directiva que había aceptado la entrada de Hunt Oil; incluso
se dieron casos de denuncias entre comuneros y algunas personas se vieron en la necesidad de
pedir garantías por su vida ante el gobernador del centro poblado de Salvación. Una interpretación
posible es que tales problemas son impactos sociales anteriores al inicio del proyecto, pero que de
todos modos, aunque sea indirectamente, respondían a este último. Sin embargo, éstos no estaban
contemplados en la sección de impactos sociales del EIA ni eran considerados responsablemente
por la empresa y el Estado, aun cuando en algunos casos alcanzaron un nivel de gravedad importante.
Los testimonios de algunos integrantes de FENAMAD refieren que la estrategia de la empresa
Hunt Oil para ingresar a trabajar en la RCA, de manera similar a la forma cómo funcionan otras
empresas extractivas, incluía mecanismos para generar división entre la población de las comunidades
nativas, al interior y entre comunidades, y para desprestigiar a las organizaciones o federaciones
representativas. Al correrse los rumores sobre algunas reuniones y acuerdos no transparentes entre
los representantes de Hunt Oil y algunas autoridades indígenas locales, y sobre la falta de claridad
en la posición de estas últimas, la consolidación social local se vio alterada. De ese modo, al verse
debilitada la unidad social interna, también se vio afectada la fuerza de la oposición de la población
ante las condiciones planteadas por la empresa.
En este contexto, los miembros de FENAMAD desarrollaron una estrategia de oposición en la
que los recursos económicos resultaban muy escasos, contrastando con los cuantiosos recursos
con los que contaba la empresa petrolera, generando el interés de las comunidades por posibles
ofrecimientos. Por otro lado, los recursos no económicos empleados por los dirigentes, como
parte del movimiento indígena amazónico en su lucha por defender los derechos territoriales de
los pueblos, incluían mecanismos para afianzar sus redes tanto en el ámbito interno como en el
externo, para lograr mantener una posición consolidada entre la población de las comunidades, así
como para alcanzar y preservar el respaldo de diversos aliados, tal como señalaré a continuación.
Por ejemplo, entre las instituciones a nivel internacional aliadas de FENAMAD para la lucha por el
territorio destaca el caso de Rainforest Foundation Noruega (RFN). Esta última es una organización
privada cuyos temas principales de trabajo son la relación entre los pueblos indígenas de los bosques
tropicales del mundo y la protección del entorno del cual dependen, así como la consolidación de
sus territorios y el respeto por sus derechos. También vale mencionar las alianzas con otras ONG y
organizaciones indígenas a nivel nacional e internacional y, adicionalmente, con las empresas turísticas de
Cusco que verían afectado su trabajo en la zona por las actividades del proyecto de prospección sísmica.
Así mismo, de manera estratégica, los miembros de FENAMAD han tratado de mostrar que su
trabajo no sólo se orienta a la defensa de derechos indígenas sino que trasciende este ámbito. Por
52
ejemplo, resaltan la importancia de la conservación de las fuentes de agua que se verían afectadas,
de las que dependen no sólo las comunidades nativas sino también la población de Madre de Dios,
e incluso mencionan la necesidad de la conservación de la biodiversidad como un recurso para la
humanidad. Así, la lucha encaminada por la organización puede resultar más comprensible para
audiencias de mayor hegemonía.
Se podría decir que por un lado la inserción de FENAMAD en una o más redes de alianzas se ha
mostrado como un componente indispensable de la estrategia de lucha por la defensa de la RCA.
Sin embargo, por otro lado, la consolidación interna, es decir, los vínculos entre la federación y
la población de las comunidades nativas de la región, resultan más importantes aún, ya que son la
fuente del sentido y la legitimidad de sus reivindicaciones como organización indígena amazónica,
como veremos a continuación.
5. Consolidación organizativa interna y legitimidad en los
procedimientos de decisión conjunta
La estrategia de defensa de una parte del territorio tradicional de los harakmbut, reconocida como
la RCA, en el momento clave en que estaban por empezar las primeras actividades del proyecto de
prospección sísmica en su interior, implicó labores de consolidación organizativa impulsadas por
FENAMAD, con la participación de los integrantes del equipo técnico, principalmente entre la
población y los líderes de las comunidades nativas beneficiarias del área, los dirigentes y miembros
del Ejecutor de Contrato de Administración, ECA-RCA, y los dirigentes de COHARYIMA, como
federación de nivel intermedio representativa de los pueblos indígenas de esta zona. Uno de los
principales objetivos la federación indígena regional mediante esta estrategia fue incrementar la
legitimidad del proceso de decisión del ECA-RCA, como representante de las comunidades nativas
beneficiarias de la reserva, a través de los mecanismos de control propios del movimiento indígena
amazónico, los cuales presuponen la correspondencia entre la postura emitida por las autoridades
indígenas y la voluntad del conjunto de la población.
Las labores por la consolidación interna se pueden interpretar como el sustento principal sobre
el que se articularon los demás componentes de esta lucha encabezada por la federación regional
de Madre de Dios frente a las medidas políticas que afectan sus derechos, principalmente el de la
seguridad territorial, como señaló uno de los dirigentes:
La política del gobierno ha sido siempre constante: la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Siempre nos han
visto como ciudadanos de tercera clase, que no tenemos derecho a opinar, a pesar que hay una ley que así lo dispone. Eso ha
generado grandes conflictos sociales. Así lo podemos ver con las concesiones madereras, mineras y de hidrocarburos otorgadas
sin el consentimiento de las comunidades naitvas (Secretario de FENAMAD citado en Diario Don Jaque, 12 de setiembre
de 2009, Puerto Maldonado).
Un primer factor determinante para la defensa de la RCA, como parte del territorio tradicional
harakmbut, fue la unidad intercomunitaria. Para lograr este objetivo los dirigentes de FENAMAD
necesitaron viajar a las comunidades y hacerse presentes para conversar directamente con la mayor
parte de la población
Adicionalmente, los miembros de la organización nativa buscaron brindar herramientas a la
población asentada en las diez comunidades de la zona de amortiguamiento de la reserva, que
integran el ECA-RCA, para persistir exigiendo sus derechos como pueblos indígenas, respaldados
por el marco jurídico nacional e internacional. Así, expusieron información sobre la problemática
legal y el trabajo de defensa que venían desarrollando como organización, recogiendo las preguntas
y los aportes de la gente. Al brindar información, los integrantes de FENAMAD expusieron
principalmente, entre otros puntos, los impactos ambientales y sociales que la exploración de
53
petróleo podría generar y los alcances del derecho a la consulta previa estipulado en el Convenio
169 de la OIT.
Así mismo, como parte de la búsqueda por el consenso en torno a una misma postura entre las
comunidades, los dirigentes promovieron el debate y la reflexión sobre el sentido original por el
que fue solicitada la RCA. De ese modo, uno de los roles desempeñados por FENAMAD fue el
de un ente de generador de fortalecimiento y de integración de las demandas de los comuneros
beneficiarios del área, articulándolas como demandas por los derechos territoriales de los pueblos
originarios dentro del Estado. Por su parte, el presidente de COHARYIMA participó en las
reuniones convocadas por FENAMAD y en las asambleas del ECA-RCA, emitiendo la posición
de la organización indígena subregional sobre la actividad de hidrocarburos en la reserva.
Por otro lado, cabe señalar que a partir de los discursos de los dirigentes de la federación y de las
interacciones observadas, se puede hacer referencia a un ideal del movimiento indígena de la región
que postula la mayor correspondencia posible entre la voz de un dirigente y la voz de la población
de las bases. En este estudio hemos preferido no plantear la cuestión del grado de representatividad
en la relación entre la federación y sus bases porque éste término es atribuido más comúnmente a
los sistemas de gobierno que a los procedimientos indirectos de elección de dirigentes que se dan en
las federaciones indígenas. Para el caso analizado consideramos más adecuado referirnos al término
de legitimidad, que entendemos como una cualidad que se funda en la relación de respaldo y en los
mecanismos de control e instancias de evaluación de funciones y renovación de cargos que pueda
surgir de la relación entre los dirigentes y sus bases. Nos ha interesado observar en qué medida los
mecanismos de discusión y procesos de toma de decisiones en torno a la RCA se han configurado
como escenarios que influyen en el mantenimiento de la legitimidad de la labor dirigencial indígena.
Los esfuerzos desplegados para que esta legitimidad se mantuviera vigente fueron muchos. No
bastó con que los miembros del consejo directivo de FENAMAD hayan sido previamente elegidos
por los pueblos como sus representantes. Más bien, estos dirigentes buscaron que las decisiones
importantes en torno a los temas que afectaban al conjunto, las cuales luego serían expresadas ante
actores externos y encaminadas por la organización y/o la población, se determinaran a través de
la participación de los delegados de las comunidades y recogiendo los aportes de los comuneros
interesados.
Si bien por un lado la posición de la federación en torno a la RCA y a la actividad hidrocarburífera
en este territorio se definió con la participación de las comunidades, al mismo tiempo, los dirigentes
también ejercieron, hasta cierto punto, una influencia en la posición de la población de las bases. En
ese contexto, la postura planteada en torno al territorio de la reserva en las exposiciones realizadas
por la organización podía ser aceptada o rebatida por los delegados indígenas y comuneros,
según su propia opinión frente a los fundamentos presentados, o, según sus propios intereses, al
momento de definir los acuerdos. Aun con la presencia de FENAMAD en las diversas asambleas,
el conjunto de los comuneros tomó sus decisiones de manera autónoma. Por ejemplo en la reunión
celebrada en la comunidad nativa de Shintuya el ocho de agosto de 2009 entre los pobladores de esta
localidad y los representantes de la empresa Hunt Oil, a pesar de la orientación legal brindada por
los miembros de la federación y las advertencias sobre los problemas que podía acarrear el proyecto
de exploración petrolera, la decisión final acordada por la población fue permitir esta actividad
en el territorio titulado de la comunidad. Por el contrario, en las asambleas de las comunidades
beneficiarias de la RCA, o reuniones de miembros del ECA-RCA, donde también se contó con
la participación de la federación, la posición acordada por los delegados indígenas fue en contra
del ingreso de la empresa. De ese modo, se puede interpretar que la relación entre la federación
54
indígena y las comunidades nativas es una “relación dialéctica”25, donde los dirigentes orientan
a los comuneros para que definan su postura de manera informada, y, al mismo tiempo, buscan
representar legítimamente, ante otros actores externos, la posición acordada de manera autónoma
por la población sobre el mismo problema.
Para llevar a cabo sus luchas, los miembros de FENAMAD requieren de una buena capacidad
para convocar a la población implicada y generar en ella una respuesta. Las “capacidades de
movilización” (Albert 2004.: 233) que la federación ejerce sobre los pueblos que integran sus bases
son parte del trabajo de consolidación organizativa intercomunitaria, y resaltan en comparación
con la menor capacidad de convocatoria del ECA-RCA, cuyos dirigentes carecían de recursos
económicos propios y de un equipo de técnicos. El análisis de los datos recogidos muestra que la
efectividad de la estrategia de defensa territorial no tiene probabilidades de concretarse si el trabajo
de la federación carece de legitimidad social a nivel local en las comunidades, es decir, del respaldo
de la población de las bases.
La defensa del territorio de los pueblos originarios encaminada por FENAMAD no se dio
únicamente en tanto integra el movimiento indígena amazónico sino también como miembro de la
asamblea del ECA-RCA. En el momento crítico en que el proyecto de Hunt Oil estaba por iniciar,
teniendo en cuenta que su derecho a la consulta había sido incumplido años atrás, los dirigentes
de FENAMAD recurrieron a los mecanismos que exigen las normas de gestión participativa de
reservas comunales a nivel nacional para hacer escuchar la posición de la mayoría de la población
indígena local en oposición al ingreso de la empresa petrolera. De ese modo, FENAMAD participó
directamente en el proceso de coordinación y convocatorias para la realización de las asambleas
del Ejecutor de Contrato de Administración, ECA-RCA. De aquí surgió la congruencia entre dos
modelos de institucionalidad paralelos que implican mecanismos de toma de decisiones diferentes
según la forma en que sus respectivos estatutos definen los procedimientos de deliberación. Estos
serían el modelo de la institucionalidad del movimiento indígena amazónico frente al modelo de la
institucionalidad indígena proporcionado en aquel momento por el Estado.
En el caso estudiado fue posible identificar diferencias en la forma cómo se determinaron las
decisiones de los presidentes de las dos organizaciones indígenas de esta zona y el presidente del
ECA-RCA en torno al territorio. Un componente de la estrategia de consolidación organizativa
interna de FENAMAD fue el empleo de mecanismos de vigilancia propios del movimiento indígena
regional, a través de la convocatoria para la celebración de una primera asamblea de la instancia
de gestión participativa de la reserva. El objetivo de esta medida fue controlar que la decisión del
presidente del ECA-RCA corresponda con la voluntad del conjunto de las comunidades. Este
último afirmó que la población, por falta de conocimiento sobre el tema de la administración del
área protegida, consideraba a FENAMAD, antes que al Ejecutor de Contrato (ECA-RCA), como
la máxima autoridad de ésta.
La primera reunión [es decir, asamblea] que han tenido el ECA ha sido en Diamante con FENAMAD. (…) En agosto
ha sido la reunión en Diamante pero no hemos podido traer a la gente, lo han podido traer más que todo ellos porque yo no he
hecho la reunión, ellos [FENAMAD] han hecho la reunión diciendo que hay que saber al ECA qué es lo que está haciendo
trabajando. (Presidente de ECA-RCA, entrevista setiembre de 2009, Puerto Maldonado).
La estrategia de FENAMAD de consolidación organizativa intercomunitaria para la defensa
contribuyó a que los comuneros tengan mayor precaución frente a las propuestas de los representantes
de la empresa, recordando el valor que ellos mismos y sus ancestros harakmbut le han otorgado
a este territorio a desde mucho tiempo antes de su reconocimiento como reserva comunal y del
25
El concepto de “relación dialéctica” fue sugerido por profesor Alejando Diez en una conversación torno a la presente investigación.
55
otorgamiento del lote 76, el cual representa un espacio para el ejercicio de su identidad como pueblo.
El recurso simbólico de la identidad étnica o, en otras palabras, el empleo del lenguaje de la etnicidad,
no sólo ha sido movilizado por esta organización como una herramienta para la consolidación de
alianzas en el plano externno, sino también a nivel intercomunitario, para fortalecer la participación
de la población local en la defensa conjunta del territorio.
6. Otras tácticas: difusión de la problemática, acciones legales,
medidas de fuerza y alternativas
Además de las alianzas con otros actores y del trabajo de consolidación organizativa en las
comunidades nativas, entre las otras tácticas de la estrategia de defensa territorial de FENAMAD
también están aquellas orientadas a la difusión de los problemas locales y regionales, las medidas
de fuerza, a las cuales se recurre sólo en casos de alta gravedad en cuanto a la desatención de
sus demandas y reclamos, y otras tácticas alternativas y nuevas, como la valorización de recursos
naturales.
Durante los procesos de defensa territorial pueden surgir situaciones en que la gravedad enfrentada
por la federación supera el nivel en el que los mecanismos formales logran efectividad. En este
caso, se recurrió a una acción judicial, que consiste en la demanda presentada por FENAMAD a la
empresa petrolera con el apoyo de dos abogados contratados.
Esta demanda, presentada el miércoles 9 de setiembre ante el juzgado mixto de Tambopata, se sustenta en el hecho de que la
Reserva Comunal Amarakaeri tiene especial importancia ya que es desde ese lugar de donde nacen las seis cuencas hidrográficas
(…) que son las únicas fuentes de agua con las que cuentan más de diez mil personas, entre población nativa y colonos (Diario
Don Jaque, 12 de setiembre de 2009, Puerto Maldonado).
Adicionalmente, solo cuando se trata de circunstancias caracterizadas por la gravedad descrita,
los miembros del movimiento indígena pueden recurrir a las medidas de fuerza. Éstas incluyen
las movilizaciones y, en casos extremos, la amenaza y/o el uso efectivo del desalojo. Estas son
encaminadas por convocatoria de FENAMAD, pero sólo si se hacen en base a los acuerdos tomados
en las asambleas con la participación de la población de las comunidades nativas o de sus delegados.
Si el reclamo no viene desde las bases, no hay lugar para tomar medidas de fuerza, no sólo porque
los integrantes de la federación trabajan en representación de la población de las comunidades
sino también porque es necesaria la participación del número más elevado posible de personas.
Durante el proceso de defensa territorial de la RCA frente al ingreso de Hunt Oil se decidió
recurrir a la medida de la amenaza de desalojo. Esta decisión fue tomada después de las reiteradas
asambleas de miembros del ECA-RCA en las que se acordó rechazar la actividad petrolera, y al
ver la persistencia de la empresa por continuar trabajando en esta ANP, acompañada de la falta de
reacción de las autoridades del Estado para hacer respetar la decisión de las comunidades. De ese
modo, luego de las repetidas advertencias de los dirigentes indígenas a través de reuniones y medios
escritos, se acordó definitivamente tomar acciones de desalojo26 de los trabajos de prospección
sísmica al interior de la RCA y del campamento base de la empresa, ubicado en el centro poblado
de Salvación, en la Zona de Amortiguamiento de esta ANP27, y se hizo visible la necesidad de la
organización indígena de contar con el apoyo de aliados. La FENAMAD convocó a la población
de sus bases a movilizarse al centro poblado de Salvación para luchar por el respeto a las decisiones
tomadas. El día de la movilización, el acontecimiento no llegó a enfrentamientos mayores y el
desalojo finalmente no procedió, sin embargo, un alto número de comuneros fueron a protestar
frente a las instalaciones de la empresa.
El tema del desalojo será descrito en una sección siguiente.
Hay una falta de concordancia entre lo afirmado en diferentes ocasiones por los informantes respecto del área a desalojar, ya que
en el Pronunciamiento del 12 de Octubre se indica que sería las actividades ubicadas al interior de la RCA, pero de lo que se habló
luego fue de desalojar el campamento base de HuntOil ubicado en Salvación.
26
27
56
Adicionalmente, el trabajo incluyó el uso de otras tácticas alternativas, entre las cuales destaca la
valorización económica de recursos. La organización indígena, como tal, no se especializa en el
trabajo de valoración de la diversidad biológica, cuyo carácter es complejo y requiere de mucha
especialización. Así mismo, los miembros de FENAMAD son conscientes la arbitrariedad de los
estudios de valorización de la biodiversidad, y han afirmado que no es adecuado asignarle un precio
al territorio. Sin embargo, según el secretario de la federación nativa, el estudio realizado consistió
en una contrapropuesta frente a la “Valorización Económica de Impactos Ambientales” presentada
por Hunt Oil, a través de la empresa subcontratista DOMUS, para los diferentes sectores del área
de Influencia Directa del proyecto de Prospección Sísmica28.
El sentido especial de la territorialidad defendido por FENAMAD, principalmente articulado en
torno a la idea del territorio como la fuente de vida de los pueblos indígenas, se contraponía o
contrastaba con el valor monetario adquirido por estos espacios geográficos a partir del ingreso
de Hunt Oil como un actor externo. Sin embargo, aun considerando las limitaciones del método
de valorización de la biodiversidad y recursos naturales y, teniendo en cuenta los cuestionamientos
frente al mismo, es posible afirmar que éste sí pudo orientar la toma de decisiones de la población
en condiciones desiguales de negociación frente al actor externo. Después de conocer la propuesta
de valoración elaborada por su organización representativa, un sector mayoritario de la población
de Shintuya aceptó la realización del proyecto de exploración en su terreno comunal, sin embargo,
exigieron un monto de compensación de $ 30’000 dólares, superando en casi siete mil dólares al
monto inicial sugerido por la empresa en el EIA.
Los integrantes de FENAMAD manifestaron que les causaba dificultades elaborar dicho estudio,
entre otras tareas realizadas, por requerir capacidades en las cuáles no tenían experiencia ni
instrucción previas. Al poner en marcha diversas tácticas basadas en modelos no indígenas que
anteriormente les eran externos, su lucha implica un proceso de adaptación e incluso es posible
afirmar que están en un proceso de aprendizaje constante. En relación a esta dinámica de cambios
y continuidades en las estrategias desplegadas desde los movimientos sociales, Arturo Escobar ha
señalado que estos últimos:
Están obligatoriamente abiertos a ciertas formas de bienes, comercio y las tecnociencias (por ejemplo a través de una relación
con las estrategias de conservación de la biodiversidad), a la vez que resisten la completa valorización capitalista y científica de
la naturaleza (Escobar 2000: 130).
Finalmente, se puede decir en base a la información descrita que la estrategia de defensa territorial
de la organización indígena ha estado integrada por tácticas directamente opuestas a la entrada
del proyecto de hidrocarburos, como la amenaza de desalojo por ejemplo, pero también de otras
tácticas de corte más moderado, como el estudio de valoración de recursos de la comunidad de
Shintuya. Así mismo, como respuesta al contexto desfavorable para los derechos de los pueblos
a los que representa, la estrategia de la federación atravesó un proceso de intensificación en las
medidas encaminadas. Dicho contexto adverso se vio expresado por la falta de voluntad de los
representantes de la empresa y de ciertas autoridades públicas por escuchar y atender las demandas
de la población, negándoles el derecho a un proceso de diálogo adecuado y que exprese respeto
por la institucionalidad indígena regional, es decir, por sus autoridades y mecanismos propios de
toma de decisiones, los cuales están amparados en la legislación internacional sobre derechos de los
pueblos originarios ratificados por el Estado peruano.
28
Por los sectores del ámbito de impactos del proyecto de sísmica me refiero al territorio afectado de la RCA, al de la CN Shintuya
y al de la CN Puerto Luz, para cada uno de los cuales DOMUS calculó un monto en compensación.
57
7. Conclusiones
El caso analizado en el presente estudio refleja, en primer lugar, que la estrategia de defensa territorial
del movimiento indígena representado por FENAMAD, a través de la solicitud de una reserva
comunal, se configura en base al antecedente histórico de resistencias de los pueblos originarios de
esta región frente a los procesos de colonización.
En primer lugar, entre estos procesos destaca la época de explotación del caucho, desde fines
del siglo XIX y durante los inicios del siglo XX, y la evangelización por parte de los misioneros
dominicos en los años cincuenta. Tales acontecimientos históricos tuvieron como resultado la
desconfiguración de la estructura territorial integral que los había caracterizado en la época previa,
como descendientes de la población más antigua y numerosa de Madre de Dios (Gray 2002, García
2003, Moore y Pacuri 1992). Posteriormente, diferentes grupos de familias harakmbut se negaron a
seguir viviendo en los asentamientos dominicos, por lo cual se dispersaron y se reasentaron en las
localidades donde después se formarían las comunidades nativas.
Como parte de la estrategia para la recuperación de la seguridad territorial, al igual que otros pueblos
originarios de la Amazonía peruana, los harakmbut se valieron de la figura de propiedad comunal
proporcionada por el Estado. Sin embargo, el concepto de comunidades nativas no resultó en una
garantía para el control y el poder de decisión de los indígenas sobre estos espacios29. Ésta figura
legal no sólo divide el territorio en islas con límites fijos, sino que también restringe los derechos
sobre la propiedad de la tierra, sin reconocer derechos sobre el subsuelo y el sobresuelo.
Paralelamente, en el proceso descrito también se fueron configurando las condiciones de formación
de una estructura organizativa supracomunal. La creación de FENAMAD a inicios de la década de
los ochenta, época que coincide con la formación de AIDESEP, tuvo entre sus causas principales a
los conflictos entre los harakmbut y los actores externos que habían pasado a ocupar sus territorios
de manera permanente (Gray 2002). Este problema representaba una situación diferente a la época
anterior, por lo tanto, también fue necesaria la construcción de nuevas estrategias de defensa
territorial. En ese sentido, la estructura del movimiento indígena amazónico, el cual implica la
noción de “pueblos indígenas” como una herramienta política, se fue perfilando poco a poco como
un medio para canalizar ante el Estado las demandas que los pueblos originarios de esta zona no
podían exigir de manera aislada.
Durante los años ochenta surgió la iniciativa, de parte de los propios harakmbut, por asegurar el
reconocimiento de una amplia extensión territorial que asegure las condiciones para la continuidad
de este pueblo indígena. Entre las diferentes comunidades que habían sido reconocidas y tituladas,
permanecía desprotegida un área extensa, considerada como un espacio central del territorio donde
los antepasados harakmbut han habitado desde tiempos antiguos, que además continuaba siendo
utilizado por la población30. Este espacio no sería demandado a través de la figura de propiedad
comunal, ya que, como he explicado, conlleva diversas limitaciones para representar el concepto
de territorialidad de los pueblos originarios de la Amazonía. Así mismo, la experiencia les había
enseñado a los harakmbut que las comunidades nativas no impiden la superposición de sus derechos
territoriales con los derechos de los mineros y madereros, entre otros.
En esas mismas décadas, a nivel internacional estaba gestándose un paradigma a partir del cual la
defensa de la naturaleza se iba configurando como un referente político (Leff 2006). De acuerdo con
lo señalado por Smith (1996), a fines de los ochenta inició la relación entre algunos representantes
La oleada migratoria generada por el elevado valor del oro, acompañada de las medidas legales impulsadas desde el gobierno para
fomentar la minería en esta zona, agravaron la situación crítica de conflictos entre los indígenas y los colonos.
30
Cabe señalar que en la década de 1970, el territorio que más tarde sería reclamado por este pueblo a través de la categoría de
reserva comunal, también fue el escenario de actividades de exploración petrolera.
29
58
de las instancias de conservación ambiental y la Coordinadora de las Organizaciones. Indígenas de
la Cuenca Amazónica (COICA), cuyos integrantes expresaron, en 1990, que “La mejor defensa
del Medio Ambiente Amazónico es la Defensa de los Territorios indígenas” (COICA, citado en
Chirif 1993: 244). De ese modo, la categoría de reserva comunal, se fue configurando como una
alternativa interesante para el movimiento indígena de Madre de Dios.
Sin embargo, es fundamental recordar que su objetivo original no era el reconocimiento de un
área natural protegida sino de un espacio que permita la continuidad del pueblo Harakmbut. Para
aproximarse a dicho objetivo, FENAMAD desplegó a lo largo del tiempo diversas medidas en
representación de la población de sus bases, como por ejemplo, el mostrar ante los actores de
la sociedad mayor que los harakmbut guardan valiosos conocimientos para el aprovechamiento
sostenido de los recursos del bosque (Moore y Pacuri 1992), y, junto a COHARYIMA, llevó a cabo
trámites formales y también convocó a movilizaciones sociales para demandar ante el Estado la
categorización de la Reserva Comunal Amarakaeri.
Por su parte, algunos dirigentes indígenas de Madre de Dios han señalado en las entrevistas realizadas
que FENAMAD se ha esforzado para lograr la aprobación del Régimen Especial de Administración
de Reservas Comunales, y conseguir la participación de las organizaciones indígenas dentro del
ECA (Ejecutor de Contrato de Administración). Así mismo, estas medidas también responden a
las demandas de los dirigentes de AIDESEP, como la principal organización representativa de los
pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
La resistencia de los pueblos originarios de Madre de Dios frente a los procesos de colonización
en sus territorios, al configurarse organizativamente como movimiento indígena e insertar su
modelo de territorialidad, basado en el manejo auto sostenido del bosque, en el paradigma de
la conservación, ha implicado un proceso de aprendizaje, transformación y adaptación. De ese
modo, el análisis del caso estudiado sugiere el concepto de “resistencia adaptativa” (Albert 2004)
al que nos hemos referido en la primera sección. El proceso organizativo y de defensa territorial
protagonizado por los líderes y dirigentes de este departamento amazónico a lo largo de las últimas
tres décadas ha implicado la incorporación de elementos de la sociedad hegemónica que difieren
de los patrones de organización social anteriores31, (Rummenhoeller et al 1991), y también les ha
demandado familiarizarse con el marco jurídico nacional e internacional sobre derechos de los
pueblos indígenas y conservación de la naturaleza.
Por otro lado, a partir del contexto de entrada de la empresa petrolera Hunt Oil a la RCA, también
se ha visto que la estrategia de defensa territorial encaminada por FENAMAD ha conllevado
mecanismos para facilitar el ejercicio del control social de parte de la población de las bases respecto
de sus representantes indígenas. Los miembros de la federación nativa regional facilitaron las
condiciones para fortalecer la legitimidad social de las decisiones tomadas por los dirigentes, tanto
de las organizaciones indígenas como del ECA-RCA, respecto de las decisiones de los comuneros
que se verían afectados por el proyecto de prospección sísmica. Esto no significa que el trabajo de
los dirigentes en el movimiento indígena cuente siempre con la aprobación de toda la población
que representan, pero sí quiere decir que hay una voluntad por que las decisiones se tomen de
manera transparente. De ese modo, el caso analizado refleja que la legitimidad de la organización
indígena frente a las demandas de los pueblos que representa no sólo surge de los procesos de
elección de dirigentes sino que se construye y reconstruye en los espacios de intercambio y de
consulta con la población.
Éstos se han caracterizado por una tendencia a la independencia entre los grupos al interior del pueblo harakmbut y por la ausencia de procesos administrativos centralizados (Rummenhoeller et al 1991).
31
59
Si bien las organizaciones indígenas no son órganos de autogobierno, a diferencia de las comunidades
nativas, FENAMAD ha buscado desempeñar un papel activo en el proceso de toma de decisiones
en torno a una parte del territorio tradicional de los harakmbut. Esto se ha visto a partir de su
participación en la determinación de una posición conjunta entre la población beneficiaria de
la RCA frente a proximidad de la actividad de exploración petrolera. Así mismo, a partir de la
información presentada en el presente estudio se observa que las comunidades son autónomas para
tomar sus decisiones, independientemente de sus federaciones.
La noción de defensa territorial que hemos desarrollado a lo largo del texto se refiere a una estrategia
indígena actual, caracterizada por los cambios y las continuidades del pasado. Así mismo, se puede
hablar de la creación de FENAMAD como un factor que marca la distinción entre dos momentos de
la resistencia de los pueblos originarios de Madre de Dios. Efectivamente, el movimiento indígena,
tal como lo indica su nombre, no es estático sino que está continuamente transformándose. Por
ejemplo, tal como ya hemos indicado, para lograr la categorización de la RCA, primero tuvo lugar
un proceso previo de innovaciones en las estrategias de defensa territorial de los pueblos indígenas
de esta zona, incluyendo el establecimiento de redes con aliados externos.
Sin embargo, resulta más interesante destacar que, posteriormente a la creación de la reserva, la
estrategia encaminada por FENAMAD ha continuado adaptándose en relación a la coyuntura,
dentro de la cual destaca el ingreso inminente de la empresa Hunt Oil. Los dirigentes de la federación,
al constatar que el modelo de conservación participativa no garantizó de manera satisfactoria el
poder de decisión de la población sobre el espacio y tampoco impidió el ingreso de un gran agente
económico externo sin que se respete su derecho a la consulta, movilizaron esfuerzos para que los
acuerdos de la asamblea del ECA-RCA sí fueran respetados por las autoridades externas, es decir,
los representantes del Estado y de la empresa. En un contexto donde el complejo marco jurídico,
caracterizado por las contradicciones de la legislación nacional, no quedaba del todo claro para el
conjunto de los actores locales, y, de manera posterior al incumplimiento del Convenio 169 de la
OIT por parte del Estado peruano, los miembros de FENAMAD encaminaron su estrategia para
impedir que la actividad hidrocarburífera en la reserva proceda sin el consentimiento previo de la
asamblea del ECA-RCA.
De ese modo, la observación directa de las interacciones entre FENAMAD y el ECA-RCA, en
el contexto en que el inminente inicio del proyecto de prospección sísmica ponía en riesgo los
logros conquistados en cuanto a la defensa territorial harakmbut, permite sugerir el traslape entre
los mecanismos de legitimidad de las federaciones étnicas, por un lado, y la representación de
los indígenas en la insitucionalidad pública (ECA-RCA), por el otro. Dicho de manera diferente,
los dirigentes de la federación nativa convocaron a la población de sus bases para la celebración
de una asamblea del ECA, y controlaran que el presidente de esta asociación no tome decisiones
inconsultas. Así mismo, los integrantes de FENAMAD, en base a sus propios recursos como
federación matriz de los pueblos indígenas de la región, posibilitaron este encuentro entre delegados
de las diferentes comunidades beneficiarias del área. De ese modo, una interpretación posible de
la información analizada en la presente investigación es que la construcción de puentes entre la
institucionalidad de las organizaciones nativas y la institucionalidad indígena en el Estado, puede
ayudar a que esta última incorpore criterios de legitimidad en los procesos de toma de decisiones,
al añadirle un elemento que ya viene funcionando en base a una experiencia histórica previa como
movimiento indígena amazónico.
Por último, el ingreso de la empresa Hunt Oil al área que ha sido reivindicada como reserva
comunal por el movimiento indígena, a pesar de la oposición local, no significa que el trabajo de
defensa territorial encaminado por la federación no haya generado avances. Los vínculos entre la
60
noción de “pueblos indígenas” como una herramienta de movilización política, y la conservación
de la naturaleza, resultantes en la creación de la RCA y en la participación de la población y sus
organizaciones en la administración del área, sí han tenido alcances significativos a pesar de los
problemas descritos. Así mismo, esta interacción entre el movimiento indígena y los movimientos
ambientalistas ha contribuido a frenar la degradación del bosque y la contaminación producida por
las actividades de minería aurífera y extracción maderera en este espacio. De igual modo, la estrategia
encaminada por FENAMAD, a pesar de no haber impedido el ingreso de la empresa, sí fue efectiva
en dar herramientas a la población local para continuar con la defensa de su propio modelo de
territorialidad, afianzando su poder de decisión sobre el espacio y aminorando la asimetría en la
relación con los actores externos.
En el presente estudio se ve expresada la idea de que la territorialidad indígena trasciende los
conceptos de tierra y de propiedad, y se enmarca en el derecho a la autodeterminación. Así mismo,
la identidad de los harakmbut como pueblo indígena y su vínculo con el territorio guarda relación
con la historia que han tenido de defenderlo contra terceros. En el caso analizado, las medidas
conducidas por FENAMAD, si bien buscaban una aproximación hacia un modelo denominado
por los dirigentes como “territorio ancestral harakmbut”, al demandar el reconocimiento de una
parte de este espacio bajo la categoría de reserva comunal, han implicado la incorporación de las
comunidades yine y matsiguenka de esta zona. De ese modo, es posible observar el carácter relacional
y no estático de la identidad. La vinculación entre la población de estos tres pueblos indígenas
diferentes en torno a un espacio común refleja que la interetnicidad puede ser un recurso de unidad
para lograr objetivos como pueblos originarios, aún si no se trata de población de la misma lengua
o familia lingüística. Si bien esto no significa que siempre existan condiciones favorables para la
movilización de la interetnicidad, sí es posible interpretar que la defensa territorial reconfigura
identidades étnicas, como pueblos indígenas con un pasado histórico específico, pero en función
a las condiciones actuales. En los procesos de defensa territorial la identidad étnica se construye y
reconstruye con la participación del movimiento indígena amazónico.
Es cierto que el movimiento indígena amazónico no es perfecto y que tiene diversas debilidades,
por lo que los integrantes de las organizaciones indígenas continúan afrontando muchos retos
entre los que se puede mencionar por ejemplo el afianzamiento de su autonomía y, de manera
paralela, continuar fortaleciendo la consolidación organizativa interna, la cual se observa en la
relación de las organizaciones con la población de las bases. Sin embargo, la presente investigación
sí refleja que la organización colectiva en sí, sí conlleva mecanismos de concertación sobre los
espacios comunes, los cuales constituyen una herramienta para afrontar el ingreso de agentes
económicos externos y para poder demandar ante el Estado el respeto de los acuerdos tomados
por los indígenas. Las reivindicaciones encaminadas por FENAMAD, si bien responden a las
solicitudes de la población de sus bases, al mismo tiempo van más allá que la suma de las demandas
de cada una de las comunidades nativas de manera aislada. Así mismo, el trabajo organizativo
para la defensa territorial ha generado un nivel de vinculación mayor al de las comunidades, ya sea
como “pueblo harakmbut” o como “pueblos indígenas” (harakmbut, yine y matsiguenka), donde la
visión de territorio defendida por este movimiento social implica la visión de un bienestar colectivo.
BIBLIOGRAFÍA
Albert, Bruce
2004 “Territorialidad, etnopolítica y desarrollo: a propósito del movimiento indígena
de la Amazonía Brasilera”. En Tierra adentro. Eds. Alexander Surrallés y Pedro
García Hierro. Copenhague: IWGIA. 221-258.
Albó, Xavier
2008 Movimientos y poder indígena. La Paz: PNUD y CIPCA.
Alca, Jamil
2008 “Estrategias de gestión forestal y gobernanza local. El caso de la Reserva Comunal
Amarakaeri”. En: Serna-Mendoza, C.A., R. Alvarez-León & M. RodríguezLópez (eds.). Desarrollo sostenible y medio ambiente. El pensamiento y las acciones estatales,
universitarias, empresariales e investigativas al servicio de la sostenibilidad. Memorias 3er.
Congreso Internacional por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente, 27 al 29
de Agosto. Manizales (Caldas) Colombia.
Alimonda, Héctor, Raphael Hoetmer y Diego Saavedra Eds.
2009
La Amazonía rebelde. Buenos Aires: CLACSO; Lima: Confederación Nacional de
Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
Álvarez, Alex
2008
Ponencia realizada en la Conferencia de la Sociedad de Americanistas de Suiza.
[Extractos proporcionados por el autor]. Marzo de 2008.
2009 “La reserva Comunal Amarakaeri entre la vida y la muerte por la operación de un
lote petrolero”. En http://www.ibcperu.org/doc/isis/11112.pdf (Instituto del
Bien Común)
2010 “Conservación participativa en la Reserva Comunal Amarakaeri, Perú” En: Revista
Latinoamericana de Conservación. 1(1): 18 – 37.
Álvarez, Alex, Jamil Alca, Alfredo García y Marc Galvin
2008
“La difícil invención de la participación en un área natural protegida: El caso de
la Reserva Comunal Amarakaeri” (The Difficult Invention of Participation in the
Amarakaeri Communal Reserve, Peru). En: Galvin, Marc y Tobias Haller. People,
Protected Areas and Global Change: Participatory Conservation in Latin America, Africa,
Asia and Europe. 560 p., Berna: NCCR North - South - University of Bern. p.111144.
Avila, Rosemarie y Mercedes Lu
2010
“Capítulo Quinto. Hidrocarburos y áreas naturales protegidas” En Hidrocarburos y
Amazonía peruana: ¿Superposición de derechos u oportunidades para el desarrollo sostenible?
DAR. Lima: DAR.
62
Barclay, Frederica
2011
“¿Qué ha significado el petróleo en la configuración de Loreto como una región?”
En Foro 40 años de petróleo en Loreto: en busca de lecciones. SPDA. www.ibcperu.org/doc/
isis/14761.pdf (Instituto del Bien Común)
Ballón, Francisco
1982 “Sobre las organizaciones nativas”. En Páginas. No.44. Lima: CEP.
Barclay, Frederica y Alberto Chirif
2009
“Ataques y mentiras contra los derechos indígenas”. Versión electrónica:
http://www.revistaideele.com/node/468?page=0,5
Belaunde, Luisa Elvira, Hernán Coronado, Alonso Santa Cruz y Lourdes Soldevilla
2005 Ciudadanía y cultura política entre los Awajún, Asháninka y Shipibo-Konibo de la Amazonía
Peruana. Lima: CAAAP.
Benavides, Margarita
2010
“Industrias extractivas, protesta indígena y consulta en la Amazonía peruana”. En:
Anthropologica, año XXVIII, N° 28, Suplemento 1.
Biffi, Valeria
2005
El dilema de la representación, la etnicidad y la imagen del nativo amazónico ante el desarrollo
del turismo en la comunidad nativa Ese Eja de Palma Real Tambopata, Perú. (Tesis de
Antropología). Lima: PUCP.
Bonfil, Guillermo
1978
“Las Nuevas Organizaciones Indígenas. (Hipótesis para la formulación de un
modelo analítico)”. En Journal de la Societé des Américanistes, No. 65.
Brown, Michael F.
1993
“Facing the State, Facing the World: Amazonia’s Native Leaders and the New
Politics of Identity”. En L’Homme, No.126-128, 33 (3-4).
Brysk, Alison
1996
“Turning weakness into strength: The internationalization of indian rights”. En
Latin American Perspectives, Vol 23. No. 2. Pp. 38-57.
Carhuatocto, Henry
2010
“Capítulo segundo. Problemática de la gestión ambiental y social del sector de
hidrocarburos” En Hidrocarburos y Amazonía peruana: ¿Superposición de derechos u
oportunidades para el desarrollo sostenible? DAR. Lima: DAR.
Casanto Shingari, Raúl
1985 “25 años de experiencia organizativa en la sociedad Asháninka del Perené”. En
Balances Amazónicos: enfoques antropológicos. Eds. J. Gasché y José M. Arroyo. Iquitos:
CIAAP / UNAP.
Chirif, Alberto, Pedro García Hierro y Richard Chase Smith
1991 El indígena y su territorio son uno solo. OXFAM América y COICA. Lima.
63
Chirif, Alberto
1995
“Movimiento indígena amazónico en Perú y cambios ocurridos en las dos últimas
décadas”. En Articulación de la diversidad. Ed. Georg Grünberg. Quito: Abya-Yala.
2008
“Victoria contra el racismo y la irresponsabilidad: El Corrientes, un año más tarde”.
En: http://www.servindi.org/actualidad/3468
2011a Taller Territorios Indígenas. Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Lima.
2011b
Pueblos indígenas amazónicos e industrias extractivas. CAAAP; CEAS.
Chirif, Alberto y Pedro García Hierro
2007
Marcando territorio. Copenhague: Grupo internacional de trabajo sobre asuntos
indígenas.
Cisneros, Paúl y James McBreen
2010
Superposición de territorios indígenas y áreas protegidas en América del Sur. Resumen ejecutivo.
IUCN
Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los
pueblos indígenas
2009 Informe Políticas Públicas para los Pueblos Indígenas. Lima: Congreso de la República.
Conklin, Beth A. y Laura R. Graham
1995
“The Shifting Middle Ground: Amazonian Indians and Eco-Politics”. En American
Anthropologist, New Series, Vol. 97, No.4. pp 695-710.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
2005
Sentencia sobre el caso de la comunidad indígena Yakye Axa, ubicada en Paraguay.
Cusurichi, Julio
2003 “La lucha de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes”. En Los
pueblos indígenas de Madre de Dios. Eds. Alfredo García y Beatriz Huertas. IWGIA y
FENAMAD.
Damonte, Gerardo
2011
Construyendo territorios: Narrativas territoriales aymaras contemporáneas. Lima: GRADE;
CLACSO.
DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales)
2010
Hidrocarburos y Amazonía peruana: ¿Superposición de derechos u oportunidades para el
desarrollo sostenible? Lima: DAR.
Dean, Bartholomew
2003
“At the Margins of Power: Gender Hierarchy and the Politics of Ethnic Mobilization
among the Urarina”. En At the Risk of Being Heard: Identity, Indigenous Rights, and
Postcolonial States. Eds. Bartholomew Dean y Jerome M. Levi. Ann Arbor: The
University of Michigan Press.
64
Degregori, Carlos Iván
1993
“Identidad étnica, movimientos sociales y participación política en el Perú”. En
Democracia, Etnicidad y Violencia Política en los Países Andinos. Ed. A. Adrianzén. Lima:
IFEA / IEP. 113-133.
1998
“Pueblos indígenas y democracia en América Latina”. En Quehacer 114. Lima:
Desco. 36-41.
Diez, Alejandro
2012
“Entrevista de Ricardo Marapi a Alejandro Diez”. En: http://cepesrural.lamula.
pe/2012/08/14/la-ley-de-consulta-no-va-solucionar-los-problemas-de-desarrollode-los-indigenas-ni-los-problemas-de-reconocimiento/cepesrural
Dietz, Gunther
1999
“Etnicidad y cultura en movimiento. Desafíos teóricos para el estudio de los
movimientos étnicos”. En Nueva Antropología, 17 (56). México.
Domus consultoría ambiental
2008a
Estudio de impacto ambiental y social para la prospección sísmica 2d en el Lote 76. Lima:
Domus.
2008b
Estudio de impacto ambiental y social para la prospección sísmica 2d en el Lote 76. Volumen 1.
Resumen Ejecutivo. Lima: Domus.
Dourojeanni, Marc, Alberto Barandiarán y Diego Dourojeanni
2009
Amazonía Peruana en 2021. Explotación de recursos naturales e infraestructuras: ¿Qué está
pasando? ¿Qué es lo que significan para el futuro? Perú: ProNaturaleza.
Durand, Anahí
2009
“¿Tierras de nadie?”. SER.
Echeverri, Juan Álvaro
2004
“Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural?” En
Tierra Adentro. Eds. Pedro García Hierro y Alexandre Surrallés. Copenhague:
IWGIA. 259-276.
Escobar, Arturo
1998
“Whose knowledge, whose nature? Biodiversity, conservation and the political
ecology of social movements”. En Journal of political ecology, Vol 5: 53-82.
2000 “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?”,
En:
http://caosmosis.acracia.net/wp-content/uploads/2007/08/escobarlugardenaturaleza.pdf
Espinosa, Oscar
1998
“Los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana y el uso político de los medios de
comunicación”. En América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales 19: 91-100. Salamanca:
Universidad de Salamanca / Universidad Complutense de Madrid.
Finer, Matt y Martí Orta-Martínez
2010
“A second hydrocarbon boom threatens the Peruvian Amazon: trends, projections,
and policy implications”. Environ. Res. Lett. 5 (2010).
65
FENAMAD
1992
“Informe técnico de análisis situacional del uso actual de las tierras en las áreas
colindantes de la Reserva Comunal Amarakaeri con recomendaciones para su
desarrollo”. Puerto Maldonado.
2008a
Avance indígena: revista institucional. Puerto Maldonado: FENAMAD.
2008b
Cartilla informativa # 2: Una experiencia que no debemos olvidar: Los pueblos indígenas
afectados por las Actividades de Hidrocarburos. Puerto Maldonado: FENAMAD.
2008c
Cartilla informativa # 3: Los derechos de los pueblos indígenas y las actividades petroleras en sus
territorios. Puerto Maldonado: FENAMAD.
Gamboa, César
2010
“Capítulo primero. Incoherencias entre políticas ambientales y de desarrollo en la
Amazonía peruana” En Hidrocarburos y Amazonía peruana: ¿Superposición de derechos u
oportunidades para el desarrollo sostenible? DAR. Lima: DAR.
García, Alfredo y Beatriz Huertas (eds.)
2003
Los pueblos indígenas de Madre de Dios. IWGIA y FENAMAD.
García Hierro, Pedro
2001
“Territorios indígenas: tocando a las puertas del derecho” En Revista de Indias vol.
LXI (223).
García Hierro, Pedro, Alberto Chirif y Alexandre Surrallés
2002 Una historia para el futuro. Territorios y Pueblos Indígenas en Alto Amazonas. Santa Cruz:
CORPI.
García Hierro, Pedro y Alexandre Surrallés
2009
Antropología de un derecho. Libre determinación territorial de los pueblos indígenas como derecho
humano. Copenhague: IWGIA y Alternativa Solidaria.
Gledhill, John
2000
El poder y sus disfraces. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
Gray, Andrew
2002 [1997] Derechos indígenas y desarrollo. Autodeterminación en una comunidad amazónica. Copenhague:
IWGIA.
Gray, Andrew, Marcus Colchester y Alejandro Parellada eds.
1998
Derechos indígenas y conservación de la naturaleza: Asuntos relativos a la gestión. Copenhague:
IWGIA, FPP (El programa para los pueblos de los bosques), AIDESEP.
Gómez Suárez, Águeda
2003
“Movilizaciones étnicas y oportunidades políticas en América Latina”. En Nueva
Antropología, 19 (63).
Huertas, Beatriz
2010
Pueblos indígenas y movimiento social en Madre de Dios. Lima: FENAMAD.
66
Instituto del Bien Común
Marzo, 2012 “Pueblos de la Amazonía” En: http://www.ibcperu.org/presentacion/pueblosamazonia.php
Iviche, Antonio
2007
“Problemática, logros y propuestas de FENAMAD”. En: Pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonía y el Gran Chaco. IWGIA.
Copenhague: IWGIA.
Jackson, Jean E. y Kay B. Warren
2005
“Indigenous Movements in Latin America, 1992-2004: Controversies, Ironies, New
Directions”. En Annual Review of Antrhopology
La Revista Agraria
“Amazonía Peruana: Mapa de inversiones y sus impactos al 2021” En: La Revista
Agraria No. 115. Lima: CEPES. P. 10.
La Torre, Lily
1998
¡Sólo queremos vivir en paz! Experiencias Petroleras en Territorios Indígenas de la Amazonía.
Lima: IWGIA.
Leff, Enrique
2006
“La ecología política en América Latina. Un campo en construcción”. En Los
tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. Héctor Alimonda.
Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 21-39.
Letts, Paula
2010
2012
“Das Kommunale Reservat Amarakaeri, das Harakmbut Volk und das Unternehmen
Hunt Oil”. En Gesellschafftliche Bündnisse zur Rückgewinnung des Naturbezuges: 20 Jahre
Klima Bündniss. Heidi Feldt y Clarita Müller-Plantenberg (eds.). Kassel: Kassel
University Press GmbH.
“Movimiento indígena amazónico y defensa territorial: el caso de FENAMAD
(Federación nativa del río Madre de Dios y afluentes) y la Reserva Comunal
Amarakaeri en el contexto de entrada de la empresa Hunt Oil.” Tesis para obtener
el grado de licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Los habitantes de Moikarako, Pascale de Robert, Jean François Faure y Anne-Elisabeth Laques
2007
“El poder de los mapas: cartografía con pueblos indígenas en la Amazonía
brasileña”. En Mapping for change: practice, Technologies and communication (disco,
multilingual version). London: IIED-CTA.
Marcus, George
2001
“Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal”. En
Alteridades, 11 (22).
Martí I Puig, Salvador
2004
Sobre la emergencia e impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América
latina. Barcelona: CIDOB.
67
Martínez Alier, Joan
2005 El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valores. Barcelona: Icaria.
2010
El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Lima: Espiritrompa
Ediciones.
Merlan, Francesca
2010 [2007] “La indigeneidad como identidad relacional: la construcción de los derechos sobre la tierra en
Australia”. En Indigeneidades contemporáneas: cultura, política y globalización. Eds. Marisol
de la Cadena y Orin Starn. Lima: IEP / IFEA.
Monteferri, Bruno, Elisa Canziani, Juan Luis Dammert y José Carlos Silva
2009
Conservación, Industrias Extractivas y Reservas Indígenas: el proceso de categorización de la
Zona Reservada Sierra del Divisor. Lima: SPDA.
Moore, Thomas
1998
“Las áreas protegidas de Madre de Dios” En: Derechos indígenas y conservación de la
naturaleza. Gray, Andrew, Marcus Colchester y Alejandro Parellada eds. Copenhague:
IWGIA.
Moore, Thomas y Felipe Pacuri
1992
Los conflictos entre mineros auríferos y el pueblo Arakmbut de Madre de Dios. Puerto
Maldonado: Centro Eori y FENAMAD.
Naciones Unidas
2007
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
Nugkuag, Evaristo
1985
“Experiencias de organización de los pueblos indígenas en la actualidad: el Consejo
Aguaruna y Huambisa, Amazonas-Perú”. En Balances Amazónicos: enfoques
antropológicos. Eds. J. Gasché y José M. Arroyo. Iquitos: CIAAP / UNAP.
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
1989
Convenio OIT Nro. 169. Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Oliart, Patricia y Valeria Biffi
2010
Territorialidad indígena, Conservación y Desarrollo: Discursos sobre la biodiversidad
en la Amazonía peruana. Lima: IBC.
Parekh, Bhikhu
2005
Repensando el multiculturalismo. Madrid: Ediciones Istmo.
Perú Indígena.
1990 “Entrevista con el Sr. Aníbal Francisco Coñibo, Secretario de la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú-CONAP”, Perú Indígena, 12 (28): 251-259.
Perú Indígena.
1990 “Entrevista con el Sr. Miqueas Mishari Mofat, Presidente de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP”, Perú Indígena, 12 (28):
235-250.
68
Robbins, Paul
2004
Political Ecology. Blackwell Publishing.
Rojas, Emilio
2007
Hacerse actor social: organización indígena e identidad territorial. Tesis (magíster). Lima:
PUCP.
Roldán, Roque (ed.)
1999
Minería en territorios indígenas de Colombia, Perú y Venezuela. Bogotá: Alianza del Clima,
ONIC, CECONIC.
Rösler, Maren
2008
Zwischen Amazonas und East River: Indigene Bewegungen und ihre Repräsentation in Peru und
bei der UNO. Kultur und soziale Praxis.
Rummenhoeller, Klaus, Clara Cárdenas y María Lazarte
1991
Diagnostico Situacional de Comunidades Nativas de Madre de Dios: propuestas
para un autodesarrollo. Lima: Instituto Indigenista Peruano.
Ryan, Aliya (Shinai)
2008 Undermining Lives: indigenous people, legislation and extractive industries in the
Peruvian Amazon. Desco, Flacso.
Salazar, Ernesto
1989
“La Federación Shuar y la frontera de la colonización”. En Amazonía ecuatoriana: la
otra cara del progreso. Ed. Norman E. Whitten Jr. Quito: Abya Yala, 3ª ed.
Shepard Jr., Glenn H. y Carolina Izquierdo
2003
“Los Matsiguenka de Madre de Dios y del Parque Nacional del Manu”. En Los
pueblos indígenas de Madre de Dios. Eds. Alfredo García y Beatriz Huertas. IWGIA y
FENAMAD.
Smith, Alejandro
2003
“Del ser Piro y el ser Yine: apuntes sobre la identidad, historia y territorialidad
del pueblo indígena Yine”. En Los pueblos indígenas de Madre de Dios. Eds. Alfredo
García y Beatriz Huertas. IWGIA y FENAMAD.
Smith, Richard Chase
1996
“Las políticas de la diversidad: Coica y las federaciones étnicas de la Amazonía”. En
Pueblos indios, soberanía y globalismo. Coord. S. Varese. Quito: Abya Yala.
Smith, Richard Chase y Danny Pinedo eds.
2002
El cuidado de los bienes comunes: gobierno y manejo de los lagos y bosques en la Amazonía.
Lima: IEP; IBC.
Soria, Carlos
2012
“Conflictos socioambientales y criminalización de la protesta indígena”. Ponencia
presentada en el I Congreso peruano de derechos humanos: criminalización de la
protesta social. Auditorio de la facultad de Derecho de la UNMSM, 27 de agosto.
Surrallés, Alexandre
2009
“Entre derecho y realidad: antropología y territorios amazónicos en un futuro
próximo” En Bulletin de l’institut Français d’Études Andindes, 38 (1).
Sunderlin, William D., Jeffrey Hatcher y Megan Liddle
2008 From Exclusion to ownership? Challenges and opportunities in advancing forest tenure reform.
Washington D.C.: Rights and resources initiative.
Vega, Ismael
2000
“Entre guerreros y concertadores: la cultura política de los líderes indígenas de la
Amazonía”. En Autoridad en espacios locales. Una mirada desde la antropología. Eds. J.
Ansión, A. Diez, y L. Mujica. Lima: PUCP.
Villa, Zulma
2012
“Diversidad cultural y criminalización del ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas”. Ponencia presentada en el I Congreso peruano de derechos humanos:
criminalización de la protesta social. Auditorio de la facultad de Derecho de la
UNMSM, 27 de agosto.
Zevallos, Arely
(año no especificado) “Poblaciones indígenas amazónicas y su incursión al mercado monetario.
El caso de los Harakmbut de Shintuya”. Lima: PUCP.

Defensa territorial Indígena en Madre de Dios

Transcripción

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LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE