sobre gratuidad en educación superior: transformando ideas políticas

sobre gratuidad en educación superior: transformando ideas políticas

Más sobre gratuidad en educación superior: transformando ideas políticas
(politics) en políticas (policies)
Claudia Sanhueza
Siguiendo a Lahera (2004), las políticas públicas (policies) sin ideas políticas
(politics) debilitan la gobernabilidad social y la democracia. Sin embargo, las
ideas políticas que no se convierten en políticas públicas se transforman en
demagogia.
Desde la vuelta a la democracia hemos tenido demasiada política pública sin
debate político y eso ciertamente ha debilitado nuestra democracia, nuestra
forma en que nos entendemos. Hemos omitido el debate de ideas, excluido
voces y actores mediante un sistema político discriminador y formas
excluyentes de financiamiento a la política, y finalmente hemos estado
conversando bajo un paraguas mal llamado técnico-económico cuando en
realidad la economía está plagada de juicios morales.
Por otra parte, no es sano que nos movamos a un debate político que después
no se convierte en políticas públicas que respondan a esas ideas. Eso se puede
transformar en frustración y más tarde populismo. Por eso, creo que la labor de
quienes han de tomar decisiones de políticas, en una sana democracia, es
intentar comprender, explicar y trabajar en conjunto con la sociedad las formas
en la cuales se pueden traducir concretamente las ideas políticas.
El caso de la gratuidad en educación superior es uno de estos. El debate de
fondo es político. Hay que simplemente mirar los casos de Ecuador o Alemania,
por ejemplo. El principal objetivo político del actual gobierno de Ecuador es la
transformación de la educación superior para la generación y distribución del
conocimiento: se cerraron instituciones, se transformaron en gratuitas todas
ellas, se entendió que el conocimiento es un bien común, entre otros. En el caso
de Alemania tuvieron que volver a la gratuidad universal en educación superior,
con aranceles bastante más bajos que los que nosotros tenemos, ya que para
ellos la educación es simplemente un derecho.
Transformar la educación superior en un derecho ciudadano, en una política
social universal, entender que la creación de conocimiento debe ser
democrática y equitativa, ya que genera y distribuye poder, entre otros muchos
temas, son todos temas que responden a la pregunta de qué tipo de sociedad
es en la que queremos vivir. Para transformar esas ideas políticas en políticas
concretas que transformen nuestra sociedad entonces no podemos quedarnos
en los discursos sino que debemos movernos a discusiones de políticas que
puedan implementar el discurso político. En ese contexto, es importante que se
discuta lo más ampliamente posible.
Con respecto al financiamiento de la gratuidad en educación superior hay varias
formas de implementarse. En primer lugar, hay que distinguir los usos de las
fuentes. Con respecto a los “usos”, al estudiar las diferentes experiencias
internacionales de financiamiento de educación superior con gratuidad, se
puede observar que estamos hablando de cómo financiamos instituciones que
cumplen funciones públicas, como lo son la formación de técnicos y
profesionales, la investigación, innovación y creación artística y la vinculación
con el medio, en un sistema de educación superior regulado en su calidad,
creación y cierre de instituciones y admisión.
Por otro lado, en el caso de las “fuentes” esto requiere de un financiamiento
público. Esto es condición necesaria (aunque no suficiente) para la creación
independiente de conocimiento y para un acceso al sistema que tenga que ver
con la condición de ciudadano y no con el ingreso y la disposición a pagar de
consumidores.
En general, las fuentes de financiamiento público provienen de: 1) impuestos
generales, 2) cotizaciones contributivas y 3) ingresos de actividades
productivas que tiene el Estado. Los impuestos pueden ser directos, a las
personas o a las empresas, e indirectos como al consumo (IVA). De eso se trató
la reforma tributaria recientemente aprobada: cambios en los impuestos
directos de manera de recaudar progresivamente (de los más ricos) más
recursos públicos y así financiar la reforma educacional. Las cotizaciones
contributivas que se utilizan para financiar seguros sociales, se tratan de que
cada uno contribuya en función de su capacidad y se acceda en función de la
necesidad. En el caso de Chile, por ejemplo, está parte del seguro de
desempleo. Los trabajadores aportan un porcentaje de su salario a un fondo
común que tiene como objetivo complementar el subsidio a los desempleados
en períodos de desempleo. También es la forma en la que se financian los
sistemas de pensiones de reparto: cada trabajador contribuye un porcentaje de
su salario para financiar a los actuales pensionados con la condición de que él
mismo será financiando en su vejez por las futuras generaciones. Por último,
entre las fuentes de ingreso fiscales provenientes de actividades productivas del
mismo Estado está, en el caso de Chile, los ingresos del Cobre.
Estas tres fuentes de financiamiento podrían eventualmente formar parte de las
fuentes de financiamiento de un sistema de educación superior gratuito. Lo
fundamental es que el sistema cumpla con i) responder a las necesidades de la
sociedad, ii) sea gratis en el punto de servicio y iii) que se base en la necesidad
y no en la capacidad de pago (Atria y Sanhueza, 2013).
Ahora bien, uno de los principales riesgos de los sistemas de educación superior
que se financian solamente con impuestos generales es que estos, por
definición, son la única fuente de financiamiento y por lo tanto, tiene mayores
riesgos. Como lo he planteado en otros textos (Sanhueza, 2013) el problema
con la gratuidad en educación superior no es que esta sea regresiva. No lo es. El
problema, que ha mostrado de manera evidente la experiencia Irlandesa por
ejemplo, es que si su financiamiento proviene solamente de impuestos
generales, en períodos de ajustes, dadas las otras responsabilidades del Estado,
la educación superior es la que primero pierde. Por lo tanto, un financiamiento
diversificado debería ser una característica positiva y necesaria de un sistema
financiado de manera más robusta.
En ese sentido, un impuesto a graduados, que funciona de la misma manera que
una cotización contributiva para financiar un seguro social, en el cual cada uno
recibe la educación que “necesita” y aporta según sus capacidades, puede
perfectamente complementar el financiamiento proveniente de impuestos
generales y por qué no, una parte podría provenir de los ingresos del Cobre. De
hecho, una manera de pensarlo es que el impuesto a graduados financie los
costos de docencia, los impuestos generales financien investigación y los
ingresos del Cobre financien la vinculación con el medio. Eso diversifica las
fuentes de financiamiento de la educación superior, es progresivo y es
gratuidad.
Espero con esto aclarar que cuando las fuentes de financiamiento provienen de
una cotización contributiva (como un impuesto a graduados), como se financia
realmente un seguro social o una prestación como derecho social, es gratuidad
efectiva y sin letra chica. Y significa: que lo que cada uno recibe depende de las
condiciones de acceso y no a su capacidad de pago, y lo que cada uno
contribuye depende de sus capacidad contributiva y no está relacionado a lo
que cada uno recibe.