persecucion al senador roger pinto molina

Transcripción

persecucion al senador roger pinto molina
RESUMEN EJECUTIVO
PERSECUCIÓN AL SENADOR ROGER PINTO MOLINA
1.
QUIEN ES ROGER PINTO MOLINA.
Roger Pinto Molina nació el 23 de abril de 1960, Cédula de Identidad N° 1748443
Pando, está casado y tiene 3 hijas y cuatro nietos, de profesión abogado, es
representante y pastor de la iglesia Cristiana Bautista, ha desarrollado la actividad
política desde hace más de 20 años, durante los cuales ha ejercido diferentes cargos
públicos y privados entre ellos los de: Presidente de la Asociación de Ganaderos de
Pando, Presidente de la Cooperativa de Teléfonos de Pando y a nivel nacional,
Presidente de la Iglesia Bautista en Pando, Presidente de la Corte Departamental
Electoral, Concejal del Municipio de Cobija, Prefecto del Departamento de Pando,
Diputado Nacional, Senador de la República y en dos oportunidades fue Vicepresidente
de la Cámara de Senadores.
Actualmente, ejerce el cargo de Senador de la República de Bolivia, desde el año 2006
y reelecto en 2009 y es el Jefe de la Bancada de Oposición en el Parlamento boliviano,
asimismo cabe resaltar que hasta que Evo Morales asumió la Presidencia de Bolivia,
nunca fue objeto de procesos judiciales por el ejercicio de cargos públicos.
2.
DENUNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR EL SENADOR ROGER
PINTO MOLINA.
Siempre en el marco de la facultad legislativa y fiscalizadora que le reconoce la
Constitución Política del Estado, el Senador Roger Pinto Molina ha venido realizando
una serie de denuncias sobre arbitrariedad, hechos irregulares y de corrupción que
involucran a funcionarios de gobierno, lo cual ha hecho que se inicien en su contra una
serie de procesos judiciales con fines netamente represivos.
Dentro de las denuncias más importantes realizadas por el Senador Roger Pinto,
resaltamos las siguientes:
-
Denuncia sobre reuniones de funcionarios del gobierno en las cuales se
trama el control de la justicia y de procesos judiciales como el de
Porvenir y otros.
El día 16 de abril de 2011, los Senadores Roger Pinto, Carmen Eva Gonzáles
y Marcelo Antezana, presentaron un audio en el que la abogada Mary
Carrasco vinculada a temas gubernamentales, el Fiscal del caso terrorismo
Marcelo Soza y el ex Viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán,
acuerdan el desarrollo de casos judiciales y el manejo de jueces y fiscales
para que cumplan con los objetivos políticos del gobierno.
En los audios remitidos a los legisladores de oposición se puede advertir
como los asistentes a dicha reunión planean el desplome de la Corte
Suprema de Justicia y la toma de manera íntegra de la justicia, asimismo se
hace referencia a la compra y manipulación de testigos, la implantación de
pruebas, la preparación de procesos penales inexistentes, la manipulación de
los procesos para establecer la competencia territorial en el distrito Judicial
de La Paz, donde el Órgano Judicial ejerce el control de las autoridades
judiciales.
Esta denuncia fue remitida a la Fiscalía General para fines de investigación,
sin embargo, la denuncia fue rechazada.
También se han realizado otras denuncias en contra de la abogada Mary
Carrasco, abogada del gobierno y principal acusadora del depuesto Prefecto
de Pando Leopoldo Fernández Ferreira, por los hechos acontecidos en la
localidad de Porvenir en septiembre del año 2008, referidas al adeudo que
tiene esta abogada con el Servicio de Impuestos Nacionales por la suma de
43 millones de bolivianos por concepto de tributos devengados y multas; así
como la denuncia sobre la injerencia y control que ejerce esta abogada sobre
el tribunal de sentencia del caso Porvenir, cuando presiono para que se
disponga el traslado de Fernández al Penal de máxima seguridad de
Chonchocoro, en desmedro de su delicado estado de salud. A la fecha
ninguna de estas denuncias fueron atendidas por el Ministerio Público.
-
Denuncias de corrupción vinculados a la Ministra de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo Iturri, sobre
favorecimiento a sus familiares.
En fecha 5 de enero de 2011, el Senador Roger Pinto denuncio el uso de
influencias realizado por parte de la Ministra de Transparencia Nardi Suxo,
favoreciendo a su esposo el Sr. Jhonny Antonio Miranda Martínez ex Director
Ejecutivo Regional de INALCO, durante los años 1997 a 1999, quien en
enero del mismo año 2011, fuera excluido del caso de desfalco de más de Bs
30 millones a esa institución, pese a que en sus declaraciones ante el
Ministerio Público reconoció su “error” en el desvío de esos dineros. No
obstante al reconocimiento de su responsabilidad en dicho caso de
corrupción, el fiscal Roger Velásquez retiro en plena etapa de juicio la
Acusación únicamente en favor de esta persona, cuestión que legalmente era
por demás extraña más cuando el esposo de la Ministra habría admitido su
responsabilidad.
Asimismo, el Sen. Roger Pinto realizó la denuncia sobre el caso de un título
profesional “falso” del ciudadano Jorge Humberto Suxo Iturri, hermano de la
Ministra de Transparencia Nardi Suxo, proceso que se encontraba sin
movimiento y que pese a las pruebas presentadas en el mismo sobre la
presunta responsabilidad del hermano de la Ministra, los fiscales y jueces
que tenían la dirección funcional y el control jurisdiccional, no realizaron acto
alguno y a la fecha el caso ha sido archivado.
-
Denuncia sobre el Asesinato de ciudadanos europeos en el Hotel Las
Américas en abril de 2009.
El Sen. Roger Pinto presento públicamente un video y varias fotografías
remitidas por una institución de Derechos Humanos del Brasil, en cuyo
contenido se muestran la “tortura” y “ejecución extrajudicial” en contra de
Eduardo Rózsa, el rumano-húngaro Árpad Magyarosi y el irlandés Michael
Dwyer, quienes perecieron el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas,
por efecto de disparos de armas de fuego disparadas por la Policía Nacional,
y quienes “presuntamente” habrían estado involucrados en actos de
“terrorismo”. El hecho se suscitó cuando un comando de Elite de la policía
ingreso al Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz bajo el supuesto
de desbaratar una banda de mercenarios extranjeros, operativo que termino
con la muerte de tres extranjeros y otros dos detenidos.
Asimismo el Sen. Pinto expuso pruebas documentales de médicos forenses
europeos en donde se concluye que en dicho operativo policial no hubo
fuego cruzado y detonaciones de bombas, a pesar de que esa fue la
información proporciona por distintas autoridades gubernamentales y
policiales. Asimismo se menciona en el mismo documento que los peritos
húngaro-irlandés presentaron un informe a principios del mes de octubre de
2009 sobre el operativo del 16 de abril de 2009 que señala que Magyarosi,
implicado por la policía en un intento de asesinato contra el Presidente
Morales podría haber sido ejecutado, dictamen que contradice la versión de
las autoridades bolivianas quienes han afirmado que la muerte de los tres
presuntos terroristas fallecieron tras un tiroteo con la policía que se prolongó
durante media hora.
-
Denuncia sobre la detención y condena del ex General Rene Sanabria
por hechos de narcotráfico y su vinculación con autoridades de
gobierno.
El ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN), general en retiro René Sanabria Oropeza, y ex miembro de
Inteligencia del Ministerio de Gobierno, fue detenido en Panamá junto a otro
boliviano bajo el cargo de narcotráfico. Mientras tanto, en el país, fueron
capturados cinco policías que serían parte de la red. Sanabria viajó el 24 de
enero, a las 4.00, desde Santa Cruz de la Sierra a Panamá, en un vuelo de la
empresa Copa.
El general en retiro no informó a ninguna autoridad del Ejecutivo sobre su
viaje, pese a que él es parte del Centro de Inteligencia y Generación de
Información (Cigein) que depende del Ministerio de Gobierno. Sanabria fue
director de la FELCN entre el 2007 y 2008.
El ex director de la FELCN y miembro de Inteligencia del Ministerio de
Gobierno, general en retiro René Sanabria, fue entregado a las autoridades
antidrogas de la DEA de Estados Unidos. El general Sanabria “tenía orden de
captura internacional”
RENÉ SANABRIA OROPEZA
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Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico
(FELCN) entre 2007 y 2008.
Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana
en 2009.
Asesor del Centro de Inteligencia y Generación de Información
(Cigerin) desde febrero de 2010.
Detenido en Panamá acusado de narcotráfico.
Ante estos hechos, en fecha 17 de Abril del año 2011, el Sen. Roger Pinto,
conjuntamente los miembros de la Bancada Convergencia Nacional de la
Cámara de Senadores, remitieron al Presidente Evo Morales un sobre
cerrado que contenía información documental en relación al narcotráfico que
vinculaba a altas autoridades del Estado, recomendando al Presidente que
se realice las investigaciones pertinentes, sin embargo a la fecha no se hizo
tales investigaciones.
En el mes de Septiembre, el Senador Roger Pinto, volvió a remitir una carta
al Sr. Evo Morales, a fin de solicitar la investigación correspondiente, en el
caso de narcotráfico, toda vez que ya era público el caso sonado del ex
general René Sanabria, jefe de la División Antidrogas durante los años 2007
a 2009, el cual fue apresado en Panamá en momentos en que intentaba
vender más de 100 kilos de cocaína, empero una vez el Presidente hizo caso
omiso, a tales solicitudes. Debe recalcarse que en los últimos años, se han
multiplicado los hechos de violencia relacionados con el tráfico de
estupefacientes. En ciudades como Santa Cruz da la Sierra, o en Yacuiba
(fronteriza con Argentina) han aumentado los asesinatos y los ajustes de
cuentas entre bandas rivales.
-
Denuncia sobre actos de corrupción cometidos por el Gobernador del
Departamento de Pando.
La primera denuncia realizada en contra del actual Gobernador del
Departamento de Pando, Luis Flores Roberts, electo por el partido de
gobierno hace referencia a las declaraciones públicas realizadas por la Sra.
Claudia Tokima el día 26 de Junio de 2011, quien fue contadora de la Librería
“Franz Tamayo” de propiedad de la madre del citado Gobernador y quien
denunció a estas dos personas de haberse beneficiado de forma ilegal e
ilegítima de los recursos públicos de la Gobernación del Departamento de
Pando, mediante la otorgación de contratos para la provisión de materiales
de escritorio por intermedio de empresas ficticias creadas por los mismos.
Ante la imposibilidad que tenía la empresa de la familia Flores Roberts de
adquirir contratos con las reparticiones públicas en las cuales ha ejercido y
ejerce los máximos cargos jerárquicos el señor Luis Adolfo Flores Roberts
por el claro conflicto de intereses que generaría, estas personas se dieron a
la tarea de crear “empresas fantasmas” que aprovisionadas por la
mercadería de la Librería, Papelería y Editorial “FRANZ TAMAYO” de
propiedad de la madre del Gobernador Flores, se dedicaban a vender
materiales de escritorio a la Alcaldía Municipal de Cobija y a la Gobernación
del Departamento de Pando, beneficiándose así de forma irregular del cargo
que ostenta.
El segundo de los casos de evidente corrupción denunciados en contra del
Gobernador Luis Flores, se refiere a la suscripción del contrato de
construcción y mantenimiento vial en el tramo “NACEBE – NUEVA AMERICA
(CR. HUMAYTA SAN JUAN DEL NUEVO MUNDO) FASE I” bajo la
modalidad llave en mano, con la empresa unipersonal FORCE por la suma
de Bs. 11.393.454,13.
Procedimientos y formalidades de orden legal para la contratación de la
empresa fueron obviadas, con la única finalidad de favorecerla pero más allá
de las observaciones que se puedan realizar tanto al proceso de adjudicación
de la obra, como a la capacidad de la empresa FORCE para el cumplimiento
y realización de la obra, se pudo demostrar que después dos años desde la
suscripción del contrato, no existe ni el más mínimo vestigio de que se
hubiese dado inicio a las labores de construcción de la citada carretera, todo
ello bajo la mirada cómplice y el encubrimiento de las autoridades de la
Gobernación del Departamento de Pando quienes no asumieron ninguna
acción legal para exigir el cumplimiento del contrato.
No obstante todo lo anterior, lo peor de todo es que los medios de
comunicación hicieron conocer que la empresa FORCE estaba vinculada e
involucrada en hechos de narcotráfico.
Estas denuncias fueron remitidas a las autoridades competentes, sin
embargo, las mismas fueron rechazadas por el Ministerio Público.
-
Denuncia sobre actos de corrupción del Fiscal del Distrito de Pando.
En el mes de marzo de 2011, el ex Fiscal interino del Distrito de Pando
Vladimir Lazcano, fue sorprendido en actividades ilícitas luego de que los
Senadores de Pando por el partido Convergencia Nacional denunciaron a
este Fiscal y a la ex representante del Defensor del Pueblo, Milena Melgar,
de robo agravado y uso indebido de influencias, porque sustrajeron de la
zona franca mercadería confiscada al contrabando.
El Fiscal Lazcano, quien fue operador del gobierno para llevar adelante
acusaciones y otros procesos penales en contra del Senador Roger Pinto,
trato de escudar su actuación delincuencial señalando que este caso surge
porque él sólo cometió el error de imputar y acusar por diversos delitos en el
marco de la legalidad a algunos representantes departamentales, como es el
caso del Senador de Convergencia, Roger Pinto.
Actualmente Vladimir Lazcano ha sido destituido del cargo y prófugo de la
justicia, sin que las autoridades competentes hayan realizado mayores
esfuerzos para encontrarlo y procesarlo.
3.
PROCESOS LEGALES INICIADOS EN CONTRA DE ROGER PINTO.
A raíz de las diversas denuncias públicas formulas por el Senador Roger Pinto sobre
hechos irregulares y de corrupción del gobierno de Evo Morales, se dio inicio a una
intensa campaña mediática y judicial de represión y amedrentamiento en su contra,
acompañada de la adopción de medidas arbitrarias que incluso han vulnerado la propia
Constitución Política del Estado.
Actualmente, se han iniciado más de 20 procesos legales, entre penales y
administrativos en contra de Roger Pinto, los cuales pretenden atentar a su libertad, a
la función pública que ejerce, a sus bienes y a su patrimonio, todos ellos con la
finalidad de reprimir y sancionar las denuncias que ha venido realizando ante la opinión
pública.
A continuación se hace una relación de los procesos penales iniciados en contra del
Senador Roger Pinto.
1.
Juicio Penal por desacato por denuncia en contra del Ministro Sacha
Llorenti.
El Senador ROGER PINTO MOLINA, en fecha 17 de abril de 2011, en
conferencia de prensa denuncia protección oficial al Narcotráfico por
autoridades del Gobierno de Bolivia. Síndica al MINISTRO DE GOBIERNO
SACHA LLORENTY SOLIZ, y al VICEMINISTRO MARCOS FARFAN, de
tener conocimiento de estos delitos y de encubrirlos.
Recientemente es el General RENE SANABRIA OROPEZA ex Comandante
de la Policía Boliviana, Ex Director Nacional de Inteligencia del Gobierno de
Evo Morales, quien denuncia a las mismas autoridades por protección al
narcotráfico.
El Senador ROGER PINTO MOLINA, acompaña la denuncia con un dossier
en el que se encontraban los documentos de inteligencia del propio gobierno
en el que se describe toda la actividad del Narcotráfico. Estos documentos
fueron enviados al propio Presidente de la Republica, quien se negó a
recibirlos en audiencia pública. Estas denuncias demostraron ser ciertas y
con el tiempo tanto en Bolivia como en los Estados Unidos se han detenido a
funcionarios del gobierno involucrados con esta actividad.
En respuesta a estas denuncias el SENADOR PINTO MOLINA, fue llevado a
proceso penal por los delitos de Desacato y Obstaculicen a la Justicia a
denuncia del entonces Ministro de Gobierno SACHA LLORENTI. Nunca se
hizo una investigación de los informes de inteligencia que entrego PINTO
MOLINA, y existen una serie de nombres y autoridades que todavía se
encuentran cumpliendo altas y delicadas funciones en el gobierno de EVO
MORALES AYMA, sin que se hayan investigado las delicadas denuncias de
organismos de inteligencia del propio gobierno.
2.
Juicio Penal por Desacato del Vicepresidente del Estado, por denuncias
de protección al narcotráfico.
Por la misma razón expuesta en el acápite anterior el Vicepresidente del
Estado, Álvaro García Linera, se adhiere al proceso penal iniciado en contra
de Roger Pinto por Desacato. No justifica la razón por la que se le inicia este
proceso penal, a pesar de que existen documentos que develan que el
Vicepresidente conocía de las actividades irregulares del General Sanabria.
Vulnerando además el principio de persecución penal única.
3.
Juicio Penal por Desacato por haber denunciado corrupción en la
familia de la Ministra de Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo.
A raíz de la denuncia pública de que su esposo ENRIQUE MIRANDA
MARTINEZ, fue beneficiado por una decisión complaciente de los jueces del
Distrito Judicial de La Paz, quienes lo excluyeron de un proceso de
corrupción publica cuando este ejercía la función de Director Departamental
de INALCO en la ciudad de Santa Cruz. Un millonario desfalco en el que esta
persona participo directamente como autor principal, confeso y plenamente
identificado en un proceso que se dilato por cerca de 10 años. En forma
incomprensible, otros imputados con evidente participación menor fueron
condenados a penas de hasta 12 anos de cárcel. Entretanto el autor principal
fue simplemente excluido del proceso sin ninguna responsabilidad penal.
Todos los fiscales que intervinieron en el proceso fueron promovidos a altas
funciones en la Corte Superior de justicia, entre ellos FELIX PERALTA
PERALTA, elevado a Vocal de Corte Superior, WILIAM ALAVE, primero
promovido a Vocal de Corte Superior y luego a Ministro del Tribunal
Supremo.
Por haber hecho esta denuncia documentada el SENADOR ROGER PINTO
MOLINA fue objeto de una acción penal por el delito de desacato y otros
contra la dignidad del denunciado.
4.
Juicio Penal por Desacato por haber denunciado a la Abogada del
Gobierno por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La conocida abogada del gobierno, MARY CARRASCO CONDARCO, fue
favorecida por varios contratos millonarios con el gobierno para la atención
de diferentes procesos, la mayoría de ellos relativos a denuncias en contra
de dirigentes políticos de la oposición.
Sin embargo de los innegables beneficios que recibió del gobierno no
cumplió con el pago de impuestos correspondientes habiendo defraudado
una suma de Bs. 43.000.000.- (Cuarenta y tres millones de bolivianos/oo).
La denuncia radicaba en que el proceso penal y de cobro de impuestos
devengados, se encontraba paralizado por influencia directa de autoridades
del gobierno boliviano. Por este hecho se le inicia un nuevo juicio penal por
desacato.
Posteriormente se lo acusa de asesinato y hasta el presente no se menciona
siquiera quien es la supuesta víctima.
5.
Juicio Penal por Incumplimiento de Deberes denunciados por la
Ministra Nardi Suxo.
6.
Juicio Penal seguido por el hermano de la Ministra Nardi Suxo por
denuncias de contratos lesivos al Estado y corrupción publica.
Frente las denuncias por contratos lesivos al Estado, corrupción pública y
otros cometidos por el Hermano de la Ministra Nardi Suxo, este le inicia un
proceso penal en contra del Senador Roger Pinto.
En base a profusa prueba documentada se demuestra que el hermano de
Suxo, habría cometido varios delitos de corrupción pública, y que se habría
beneficiado por millonarios contratos de seguro con diferentes instituciones
del Estado Boliviano. Del mismo modo se demostró que el hermano de la
Ministra de Transparencia y anticorrupción falsifico un título de la Universidad
Mayor de San Andrés para habilitarse ilegalmente como corredor de seguros.
Pese a que la denuncia se encontraba totalmente probada, nunca se siguió
ningún proceso penal en contra del hermano de Suxo Iturri, y contrariamente
el Ministerio Publico dependiente de la Ministra de Lucha contra la
corrupción, persigue al denunciante por el delito de desacato.
7.
Juicio Penal por incumplimiento de Deberes al buscar refugio por su
vida cuando se encontraba rodeado por cincuenta mil campesinos
cercando el Congreso.
El edificio de la Asamblea Legislativa había sido objeto de un sitio por una
multitud de cerca de 50.000 campesinos que amenazaban la vida y
seguridad de los asambleístas. Todos los Asambleístas opositores
abandonaron el mismo, por razones de seguridad. Al mismo tiempo se
conoce que eran sectores o movimientos sociales afines al gobierno. La
Policía Boliviana había abandonado las instalaciones dejando a estos
indefensos ante cualquier agresión física.
Por haber abandonado el edificio ROGER PINTO MOLINA fue procesado
penalmente por el delito de Incumplimiento de Deberes.
8.
Juicio Penal por Desacato por haber denunciado delitos de orden
judicial al Fiscal Marcelo Soza.
Los legisladores tuvieron acceso a una grabación en la que se identifica la
participación del Fiscal del Caso Terrorismo I, MARCELO SOZA ALVAREZ,
la abogada del Gobierno MARY CARRASCO, y varias autoridades del
ministerio de Gobierno, quienes se reunieron para planificar los juicios y
preparar otros en forma totalmente ilegal y demostrando hasta qué punto
llega el sometimiento de las autoridades del Ministerio Publico al gobierno al
extremo de asistir a sus oficinas y aceptar panificar futuros juicios en contra
de gente opositora al gobierno.
Por la denuncia sobre reuniones de funcionarios del gobierno en las cuales
se tramaba el control de la justicia y de procesos judiciales como el de
Porvenir y otros, el Fiscal Marcelo Soza Álvarez, ha iniciado un proceso penal
por los delitos de Desacato y Obstrucción a la Justicia y se ha encargado de
anunciar públicamente que solicitara la imputación de los Senadores que
hicieron públicas las grabaciones.
9.
Denuncia por sedición presentada por la Ministra de Lucha contra la
Corrupción Nardi Suxo.
Por haber denunciado actos de corrupción y favorecimiento a sus familiares,
la Ministra Nardi Suxo ha iniciado en contra de Roger Pinto y otros
parlamentarios dos procesos penales, uno en la ciudad de Santa Cruz y otro
en la ciudad de La Paz por los delitos de Sedición y Desacato.
El documento publicado en medios de comunicación social se denomina el
árbol de la Corrupción y lo acompaño al presente documento.
10.
Juicio por Desacato y Sedición por denuncias realizadas en contra de la
Ministra Nardi Suxo.
Por la misma carta pública, se realiza otra denuncia, esta vez en la ciudad de
La Paz. La Primera fue presentada en la ciudad de Santa Cruz. En violación
del principio de persecución penal única.
11.
Juicio Penal por asesinato.
Como resultado de la denuncia por enriquecimiento ilícito, la abogada del
Gobierno MARY CARRASCO, denuncia al Senador ROGER PINTO
MOLINA, por el delito de ASESINATO. Hasta el presente no existe ninguna
indicación de quien sería la presunta víctima del asesinato, ni las
circunstancias en que el hecho hubiera ocurrido.
La denunciante y principal fuente del proceso, termino por develar el caso.
Fue obligada a denunciar al Senador Pinto, a quien pidió disculpas y señalo
que nunca conoció de hecho que pueda ser considerado como delictivo. A
pesar de esta aclaración y disculpa pública, el proceso continua por varios
meses sin que se conozca siquiera a quien se habría victimado en el hecho.
12.
Juicio Penal por incumplimiento de Deberes por la construcción de
Desembarcaderos en el Departamento de Pando.
Nuevamente a denuncia de la Ministra de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción Nardi Suxo, se da inicio a una nueva denuncia penal en contra de
Roger Pinto, por la construcción de desembarcaderos en ciertas localidades
del Departamento de Pando en acuerdo con un gobierno extranjero y
habiéndose vulnerado supuestamente las normas de contratación, señalando
que se habrían cometido los delitos de incumplimiento de deberes y conducta
antieconómica.
A pesar de que en distintas instancias se ha demostrado la no existencia de
los hechos que se pretenden imputar y haberse dispuesto el archivo de
obrados del caso por parte del Ministerio Público, se insiste en reabrir nuevas
causas sobre el mismo tema, en violación del principio de prohibición del
doble juzgamiento.
13.
Juicio Penal por la construcción de un tinglado en el Departamento de
Pando.
En el año 2.000 se construyeron seis tinglados para habilitar polideportivos,
todos ellos licitados y adjudicados de acuerdo a ley. De acuerdo a la
denuncia uno de ellos no habría sido concluido.
El contrato fue firmado el 25 de marzo de 2002 con la empresa BARTOS. El
objeto fue la construcción de un poli funcional deportivo tipo en la localidad
de Gonzalo Moreno.
Siempre de acuerdo con la denuncia, este contrato se habría cancelado en
un 90%, siendo que no se acredito el avance de obra. La responsabilidad
recae en el supervisor de obra quien no habría observado estas deficiencias.
Resulta evidente que esta denuncia vulnera al menos tres garantías
esenciales del debido proceso:
o Luego de 10 años prescribe toda responsabilidad funcionaria, de acuerdo
a la Ley SAFCO.
o No se hizo el antejuicio consistente en la auditoria de la Contraloría
General de la Republica, que se constituye en el proceso necesario para
el establecimiento de la responsabilidad del servidor público.
o Se vulnera el principio de responsabilidad personal del Estatuto del
Funcionario Público.
14.
Juicio por Contribuciones Voluntarias para la Universidad de Pando.
Otro de los casos seguidos en contra del Senador Roger Pinto tiene que ver
con la suscripción de una Resolución Administrativa que dispuso la
transferencia de recursos realizada por la Zona Franca en favor del desarrollo
de la Universidad Amazónica de Pando provocándose de ese modo, en el
entender del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción un
millonario daño económico al Estado. Este caso cae nuevamente en
incoherencias e irregularidades ya que: i) Aunque la cuestionada Resolución
Administrativa fue suscrita por un cuerpo colegiado (Directorio de ZOFRA) y
por otras personas interesadas como las Autoridades de la Universidad y de
los representantes del Comité Cívico de la región, estos fueron excluidos
extrañamente del proceso; ii) A pesar de que el mandato como Prefecto de
Roger Pinto concluyo en el año 2001, los acusadores pretenden que él
asuma la responsabilidad del resarcimiento del supuesto daño económico de
los dineros que fueron transferidos a la Universidad hasta el año 2008; iii)
Con la finalidad de agilizar el juicio oral y en una muestra de clara
parcialización, la Juez Presidenta del Tribunal 1° de Sentencia de Cobija Dra.
Ximena Joaniquina Bustillos, gestiono de forma directa la intimación de los
testigos de descargo propuestos por la defensa de Roger Pinto los cuales
cuentan con el status de asilados políticos en el Brasil, desconociendo y
vulnerando la soberanía del Estado brasilero y los Convenios Internacionales
sobre asistencia penal; iv) Convenientemente, se dispuso la suspensión de la
vacación judicial que debía hacerse efectiva el Distrito Judicial de Pando
desde el lunes 28 de mayo de 2012, solo con la finalidad de dar continuidad a
este proceso.
15.
Supuesta venta de terrenos en la Zona Franca de Cobija
En agosto de 2010 se inició una denuncia penal en contra del Senador Pinto
indicando que cuando el ejercicio las funciones de Prefecto del Departamento
de Pando y Presidente del Directorio de la Zona Franca de Cobija, entre los
años 2000 y 2001, este habría vendido y transferido en favor de particulares
terrenos que eran de propiedad de esta institución, por lo que en virtud de
dicha acusación se le impuso la medida cautelar de la detención domiciliaria,
la cual duro por más de 50 días en los cuales se vio imposibilitado de cumplir
con sus funciones parlamentarias.
Este caso expresa la arbitrariedad con la cual se ha estado obrando por los
siguientes elementos: i) A pesar de haber demostrado documentalmente de
que los terrenos en cuestión nunca fueron vendidos, sino que fueron
entregados en comodato y que la suscripción de estos contratos fue
realizada por un Prefecto que había asumido funciones en reemplazo del
ahora Senador Roger Pinto aspecto ratificado por los propios investigadores
asignados al caso, el Ministerio Público decidió imputar cargos con la
finalidad de obtener la detención domiciliaria; ii) Si bien la propia Constitución
Política del Estado en su Artículo 152 impide la imposición de detenciones en
contra de parlamentarios, el juez Ponciano Ruiz dio curso a la detención
domiciliaria; iii) De forma por demás sugerente el juez que determino la
detención del Senador Pinto, días después fue designado y elevado al cargo
de Vocal del Tribunal Supremo de Justicia de Pando.
16.
Juicio forestal por supuesto desbosque.
La Autoridad de Bosques y Tierras, inicia proceso administrativo en contra de
ROGER PINTO MOLINA, por haber cometido supuesto desbosque en la
propiedad El Lago de la familia PINTO.
Para este proceso se aplica en forma retroactiva una ley que penaliza el
desbosque de 2006, a hechos ocurridos hacen más de 20 años.
17.
Juicio Forestal por supuesto desbosque.
Con el único objeto de establecer reincidencia genérica en el caso,
nuevamente la Autoridad de Bosques y Tierras, le inicia otro proceso en
contra de ROGER PINTO MOLINA por supuesto desbosque. No existen
otros hechos para justificar esta acción, sin embargo el objetivo es conseguir
una reincidencia para poder expropiar la propiedad de la familia PINTO.
18.
Juicio Forestal por supuesto desbosque en la propiedad Palmares.
Se inició otro proceso penal en contra de Roger Pinto, sobre la base de la
declaración de un ciudadano brasilero que fue sorprendido haciendo
desmonte y aprovechamiento ilegal de madera en la propiedad Palmares de
propiedad de otra persona. Sin embargo, extrañamente este ciudadano
brasilero señalo que el habría sido contratado por Pinto para realizar estas
actividades ilícitas.
Lo peor de todo es que nunca se le notifico o se le hizo conocer estas
sindicaciones en contra para que pueda presentar descargos, en cambio
solamente se le hizo conocer una resolución en la cual se le imponen multas
y sanciones, con plazos fenecidos para poder formular cualquier impugnación
o reclamación.
19.
Juicio Forestal por supuesto derribe de dos árboles.
La propiedad rural denominada El Lago, de la familia Pinto, limita con la
frontera con la República de Brasil y en varias oportunidades han sido objeto
de robos de animales y madera que es llevada al lado brasilero. En el mes de
agosto de 2011 fueron derribados con propósito de aprovechar sus frutos dos
árboles de castaña. Nunca se pudo establecer quienes fueron los autores.
Por este hecho y sin que exista ninguna investigación previa, la autoridad de
Bosques y Tierras, ordena el procesamiento penal de ROGER PINTO
MOLINA por el delito de, solicitando se le condene a sufrir una pena de 8
anos de cárcel, y una multa de cerca de $us. 100.000.
Conforme ustedes pueden apreciar, la enorme desproporción entre la acción
y su represalia legal, demuestra a intención política de quienes ejercen esa
función.
20.
Juicio Penal del Ministerio de Transparencia por avance de fondos.
Recientemente, se ha iniciado otro proceso penal en contra de Pinto por la
supuesta ejecución irregular de “fondos en avance” sin que los mismos
cuenten con los respectivos descargos. De acuerdo a la denuncia, el Director
de Salud de la Prefectura habría recibido fondos de avance de cuentas, con
el propósito de enfrentar una campana de vacunación. Este no habría
descargado dichos fondos entregados en avance de cuenta.
Resulta evidente para todos que no es el Prefecto de entonces el encargado
de rendir descargos de un cargo especial sujeto a rendición de cuentas. Esta
obligación corresponde al funcionario que recibió dichos dineros no a la
Máxima Autoridad Ejecutiva, MAE, de la entidad. El principio de
responsabilidad personal que consagra el Estatuto del Funcionario Público.
Resulta además evidente que toda responsabilidad en materia coactiva fiscal
prescribe a los 10 años de terminadas las funciones. Estos hechos ocurrieron
más de 12 años atrás.
21.
Juicio de la Prefectura de Pando por Fondos en Avance.
Por los mismos hechos la Gobernación del Departamento de Pando, ha
presentado otra denuncia penal en contra de ROGER PINTO MOLINA. No
obstante el principio de persecución penal única, y con el evidente propósito
de agobiar a PINTO, con nuevas demandas, se instala el proceso y se
encarga su investigación a diferentes fiscales.
Evidenciamos en este caso la vulneración de la garantía del NON BIS ID
IDEM, o de persecución penal única consagrada en la CPE, todos los
Convenios Internacionales de protección a los Derechos Humanos y el
Código de Procedimiento Penal.
4.
AMENAZAS A LA VIDA DEL SENADOR ROGER PINTO.
Muchas han sido las amenazas que se han realizado a la vida y a la integridad física
del Senador Roger Pinto y su familia. Así en enero de 2009, Blusher Alpire ex
guardaespaldas del ex alcalde de Cobija, Miguel Becerra y hombre cercano al Ministro
Juan Ramón Quintana, confesó públicamente haber sido contratado por la suma de
diez mil dólares americanos, cien cabezas de ganado y una casa donde él quisiera
para matar al Senador Roger Pinto.
Fuera de lo ofrecido, se le doto de un monto de dinero para realizar la adquisición de
armas de fuego, armamento y accesorios necesarios para fortalecer el enfrentamiento
en los hechos que se suscitaron en la localidad del Porvenir el día 11 de septiembre de
2008.
Este ofrecimiento fue rechazado por el Alpire, quién también dio a conocer que los
hechos suscitados en Porvenir fueron preparados y planeados por Miguel Becerra
conjuntamente con el Ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, donde el fin era
desestabilizar el Gobierno Departamental del depuesto Prefecto Leopoldo Fernández y
debería realizarse el asesinato del Senador Roger Pinto.
Sobre este hecho, Blusher Alpire advirtió a Pinto, que al haber rechazado él la oferta,
se habría contratado a otra persona que era conocida como "El Pantera", para terminar
con su vida.
Ante las declaraciones públicas realizadas por Blusher Alpire, el gobierno descalifico
las mismas señalando que se trataría de un "show mediático", sin ordenar
investigaciones u otro acto inherente a verificar o investigar las declaraciones sobre
una posible orden de asesinato al Senador Roger Pinto.

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