Violence associated with organized crime

Violence associated with organized crime

México
Población: 127 millones 17 mil habitantes
Capital: Ciudad de México
Puntaje en derechos políticos:
Puntaje en libertades civiles:
Puntaje de libertad:
Condición:
Democracia electoral:
3
3
3.0
Parcialmente libre
Sí
Cronograma de diez años de puntajes
(Derechos políticos, libertades civiles, condición)
Año
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,3,L 2,3,L 2,3,L 2,3,L 3,3,PL 3,3,PL 3,3,PL 3,3,PL 3,3,PL 3,3,PL
Puntaje
Introducción
En 2015 el Presidente Enrique Peña Nieto llegó a la mitad de su sexenio enfrentándose
cada vez a más cuestionamientos sobre el compromiso gubernamental hacia la buena gobernanza
y los derechos humanos. La administración de Peña Nieto inició con un promisorio conjunto de
reformas acompañadas de tasas de homicidio decrecientes, situación que generó optimismo sobre
la dirección económica y social del país. Sin embargo, al inicio de 2014, la narrativa
gubernamental sobre el progreso se vio menoscabada por escándalos de corrupción y violaciones
de derechos que continuaron en 2015, año que fuera testigo de incrementos en el número de
casos de homicidio, la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que se encontraba
en una prisión federal de alta seguridad, y las constantes repercusiones de la desaparición en
septiembre de 2014 de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, que habían participado en
manifestaciones políticas. La coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), al cual pertenece Peña Nieto, conservó la mayoría en el congreso en junio después de las
elecciones de mitad de sexenio, mismas que también marcaron la fragmentación del partido y el
surgimiento de candidatos independientes que representan una nueva fuerza política.
Las desapariciones ocurridas en Iguala siguieron presentes a lo largo del año. Se
entablaron procesos judiciales contra numerosos miembros de la policía local, miembros de
cárteles de la droga, así como el alcalde y su esposa. Sin embargo, para finales de año, nadie
había sido sentenciado. En septiembre de 2015, un grupo de expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe criticando las fallas de
investigación y procedimiento detectadas en las pesquisas realizadas por el gobierno y arrojó
dudas sobre la conclusión oficial emitida en noviembre de 2014 de que los restos de los
normalistas habían sido incinerados en un basurero municipal. Aunque el Estado acordó reabrir
el caso de los estudiantes desaparecidos, su respuesta ante las críticas de la CIDH adoptó tintes
muy defensivos.
La negativa del gobierno hacia la solicitud de los expertos de la CIDH de entrevistar a
los soldados apostados en Iguala y la lentitud de los procesos judiciales contra militares
vinculados a un enfrentamiento entre delincuentes y elementos del ejército, ocurrido en junio de
2014 en el Estado de México y que arrojara un saldo de 22 muertos, llevó a los defensores de
derechos humanos a fijar su atención en el ejército. Asimismo, la policía federal fue foco de
atención después de dos enfrentamientos en Michoacán. El primero de ellos, registrado en enero
de 2015, ocasionó la muerte de 8 civiles y el segundo, un operativo efectuado en mayo, produjo
la muerte de 42 supuestos miembros del crimen organizado y de un oficial de la policía. En el
mes de octubre, la organización Human Rights Watch acusó a la Policía Federal de encabezar
ejecuciones extra judiciales en ambos incidentes. Asimismo, en ese mismo mes, debido a la falta
de avances en materia de derechos humanos, Estados Unidos anunció su decisión de retener una
pequeña porción de la ayuda militar que se había comprometido a ofrecer. Por otra parte, la fuga
de El Chapo en el mes de julio situó al gobierno en una posición vergonzosa y ocasionó que
varios funcionarios de alto nivel fueran despedidos o arrestados por corrupción e incompetencia.
Los resultados de las elecciones de mediados de sexenio efectuadas en el mes de junio
fueron un respiro para el gobierno ya que el PRI, el partido gobernante, conservó la mayoría en
la Cámara de Diputados (con la ayuda de sus aliados cercanos, el Partido Verde y el Partido
Nueva Alianza). Asimismo, las elecciones constituyeron la primera señal de probables cambios
telúricos en la política mexicana: la izquierda se fracturó severamente y por primera ocasión se
permitió que se postularan candidatos independientes, situación que llevó a la elección de un
gobernador sin afiliaciones partidistas en el importante estado de Nuevo León.
Derechos políticos: 28 / 40
A. Proceso electoral: 9 / 12
El Presidente de la República es elegido por un período de seis años, sin reelección. El
Congreso se compone de una Cámara de Senadores de 128 miembros y una Cámara de
Diputados de 500 integrantes. A los senadores se les elige por periodos de seis años mediante
una mezcla de voto directo y representación proporcional de tal suerte que cada entidad estatal
cuenta por lo menos con representantes de dos partidos. Por otra parte, 300 diputados se eligen
mediante representación directa y 200 por representación proporcional, en ambos casos para
periodos de tres años. De conformidad con la reforma electoral de diciembre de 2013, se eliminó
la prohibición de reelección para los actuales miembros del Congreso. A partir de 2018 los
senadores electos se considerarán elegibles para fungir en sus cargos hasta un máximo de dos
sexenios y los diputados hasta cuatro periodos de tres años. Dentro del sistema federal mexicano,
el gobernador electo y la legislatura de cada uno de los 31 estados asumen un grado significativo
de responsabilidades gubernamentales, incluida la supervisión de la mayoría de las atribuladas
fuerzas policiacas del país.
Peña Nieto ganó las elecciones presidenciales de julio de 2012 con el 38% del voto,
seguido por el veterano líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Andrés Manuel
López Obrador, con el 31%. Aunque en un principio López Obrador se rehusó a reconocer los
resultados de las elecciones, argumentando irregularidades como la compra generalizada de
votos, el gasto excesivo y sesgo en los medios de comunicación, el Tribunal Federal Electoral no
encontró suficiente evidencia para invalidarlas. En junio de 2015, a pesar de que el PRI y sus
partidos aliados registraron índices muy bajos de aprobación de gestión, lograron obtener una
mayoría de 260 curules en la Cámara de Diputados. El partido de derecha, el Partido Acción
Nacional (PAN), obtuvo 108 curules, mientras que los partidos de izquierda (el PRD, el
Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), encabezado por López Obrador, y
Movimiento Ciudadano) consiguieron 120. Ninguna de las coaliciones tiene mayoría en el
Senado; en 2012, la alianza entre el PRI y el Partido Verde obtuvo 61 curules, el PAN, 38, y el
PRD, 22.
El Instituto Nacional Electoral del país (INE), conocido hasta 2014 como el Instituto
Federal Electoral, supervisa las elecciones y vela por el cumplimiento de las leyes por parte de
los partidos políticos, incluidos los estrictos reglamentos sobre el financiamiento de campañas y
el contenido de la publicidad política, aunque en la práctica el control que ejerce es débil. Tanto
las elecciones de 2012 como las de 2015 se consideraron, en general, libres y justas aunque de
todas formas se presentaron quejas. Las principales acusaciones en 2012, relacionadas con
supuestos casos de compra de votos y colusión entre el PRI y Televisa, la televisora dominante,
resultaron cruciales para encender un significativo movimiento estudiantil contra el PRI. A nivel
estatal se registraron con frecuencia alegatos de uso incorrecto de recursos a favor de algunos
candidatos a gobernador. La reforma política de 2013 aumentó el poder del INE para incluir la
supervisión de elecciones estatales; en general, se consideró que el organismo manejó
competentemente la votación de 2015. Sin embargo, los analistas políticos criticaron la falta de
disposición del INE para sancionar adecuadamente las violaciones ocurridas durante la campaña,
en particular los repetidos casos de abierto desacato a las reglas electorales por el Partido Verde.
B. Pluralismo político y participación: 12 / 16
El sistema multipartidista de México se caracteriza por tener pocas restricciones oficiales
en materia de organización y actividad política. El poder se ha alternado dos veces a nivel
nacional desde el año 2000 y los partidos de la oposición también son competitivos en
numerosos estados de la república. Con todo, en los estados que registran menores niveles de
competencia multipartidista, los actores políticos dominantes a escala local frecuentemente
gobiernan de manera muy opaca y limitan la actividad política y la participación ciudadana a la
vez de crear circunstancias propicias para la existencia de corrupción y del crimen organizado.
El PRI regresó al poder en 2012 después de perder dos elecciones presidenciales
consecutivas ante el PAN, partido de derecha. El PRI gobernó México ininterrumpidamente de
1929 a 2000 y muchos mexicanos todavía cuestionan su compromiso hacia la democracia plena.
Se considera que su aliado, el Partido Verde, busca controlar los fondos públicos de manera
irresponsable y la izquierda, previamente dominada por el PRD, se fragmentó antes de las
elecciones de mitad de sexenio de 2015, cuando López Obrador formó su propio partido,
MORENA. Además de la victoria en Nuevo León del candidato independiente Jaime Rodríguez
“El Bronco”, las campañas ganadas más sonadas fueron, también, de dos candidatos
independientes: uno para diputado federal y otro para legislador estatal en Jalisco.
Los políticos y los gobiernos municipales han sido objeto de enormes presiones de parte
de grupos delictivos en años recientes. Se registraron más de 300 atentados, algunos con éxito,
contra la vida de funcionarios locales entre 2008 y 2013 y se perpetraron por lo menos 19
homicidios vinculados al proceso electoral de 2015.
No se ha impedido la participación de personas indígenas en el proceso político y las
leyes de ámbito federal y estatal establecen procedimientos para la integración de usos y
costumbres tradicionales. No obstante, sigue existiendo insuficiente representación de los grupos
indígenas en las instituciones políticas formales.
C. Funcionamiento del gobierno: 7 / 12
El crimen organizado y la violencia relacionada han limitado la autoridad para gobernar
de los funcionarios electos en algunas áreas del país. Persisten intentos de miembros del crimen
organizado para infiltrarse en gobiernos locales con el propósito de asegurar su propia
impunidad. La masiva desaparición de estudiantes normalistas ocurrida en Iguala en septiembre
de 2014 se asoció a un gobierno local sumamente corrupto que trabajaba conjuntamente con
narcotraficantes. En las regiones más violentas, se ha dificultado la prestación de servicios
públicos porque los empleados de ese sector, por ejemplo los maestros, enfrentan cada día mayor
extorsión.
La corrupción de los servidores públicos sigue constituyendo un grave problema. Miles
de millones de dólares provenientes del narcotráfico —al igual que enormes cantidades de
poderosas armas de fuego— entran al país año con año desde Estados Unidos y afectan la
política, en particular a escala estatal y local. Frecuentemente se inician sin éxito intentos por
enjuiciar a funcionarios por su supuesta participación en actividades corruptas o delictivas
debido a la poca solidez de los casos presentados por el Estado, situación que llevó a tratar de
efectuar una limpia en la Procuraduría General de la República en 2015. Por lo general, las
medidas punitivas se han centrado en servidores públicos de nivel bajo y medio, cientos de los
cuales han sido despedidos o acusados de tener vínculos con narcotraficantes. La presión por
realizar una reforma para combatir la corrupción se intensificó en 2014 después de que se
revelara que la esposa del presidente y el secretario de hacienda habían adquirido casas con un
contratista gubernamental en activo, en un sonado caso de conflicto de interés. En agosto de
2015 todos fueron vindicados tras una muy criticada investigación del llamado “escándalo de las
mansiones”. Sin embargo, la indignación de la sociedad civil por la falta de avances contribuyó a
que se aprobaran en abril las enmiendas constitucionales que creaban el nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción que otorga mayor autonomía a auditores y a autoridades competentes. México
ocupó el lugar 103 de 175 entre los países y territorios encuestados en el Índice de Percepción de
la Corrupción de 2014 de la organización Transparencia Internacional.
A pesar de algunas limitaciones, una ley promulgada en 2002 sobre la libertad de
información ha fortalecido con éxito la transparencia a nivel federal, aunque su implementación
ha sido lenta y muchos estados se encuentran muy retrasados en esta materia. En abril de 2015 se
aprobó una nueva ley de transparencia más amplia que recibió, en su mayoría, comentarios
favorables de parte de quienes abogan por la buena gobernanza; sin embargo, persisten
controversias sobre la negativa de acceso a archivos relacionados con abusos perpetrados por las
fuerzas de seguridad del Estado.
Libertades civiles: 37 / 60 (+1)
D. Libertad de expresión y de creencia: 13 / 16 (+1)
Las garantías jurídicas y constitucionales de libertad de expresión han mejorado
gradualmente pero la seguridad de los periodistas sigue siendo un grave problema. Si bien los
principales medios han disminuido o eliminado la necesidad de depender del gobierno para
cuestiones de publicidad y subsidios, rara vez se publican reportajes de investigación y la
distribución de la publicidad gubernamental continúa afectando la cobertura, en particular a nivel
local. La radio y la televisión se encuentran dominadas por el duopolio corporativo de Televisa y
TV Azteca que conjuntamente controla alrededor del 95% del mercado de emisión abierta.
Televisa ha enfrentado acusaciones de apoyar a ciertos políticos, generalmente del PRI, a lo
largo de los años. Gracias a una ley de telecomunicaciones aprobada en 2013 se estableció una
nueva entidad reguladora, se fortaleció la Comisión Federal de Competencia Económica y se
crearon dos nuevos canales de televisión abierta. No obstante, grupos de la sociedad civil han
criticado el limitado alcance de las reformas y no se cree que los ganadores de las frecuencias
licitadas —a uno de ellos se le retiró la frecuencia por falta de pago— constituyan una
competencia nueva y significativa.
En marzo de 2015 surgió una importante controversia cuando MVS Radio despidió a la
afamada periodista de investigación Carmen Aristegui, cuyo equipo diera a conocer el reportaje
de la mansión presidencial. Aristegui acusó a la estación de ceder ante las presiones políticas y
por su parte, los dueños la acusaron de incurrir repetidamente en insubordinación.
Desde 2006, cuando la violencia se incrementó dramáticamente, los periodistas que
investigan asuntos policíacos, el narcotráfico y la corrupción de funcionarios enfrentan riesgos
cada vez más elevados a su integridad física. Por lo menos cuatro profesionales del periodismo
fueron asesinados por su trabajo en 2015: dos de ellos murieron en Oaxaca, uno en Veracruz,
uno más, Rubén Espinosa, que laboraba en esa misma entidad, fue asesinado en julio junto con
otras cuatro personas en la Ciudad de México tras recibir amenazas en su estado natal que lo
habían obligado a huir. Dado el amplio contexto de impunidad y la falta de protección de parte
del Estado, el hecho de que el gobierno rechazara rápidamente que la muerte de Espinoza se
derivara de sus actividades profesionales indignó al periodismo mexicano. Ha aumentado la
autocensura y numerosos diarios ubicados en áreas de violencia evitan publicar reportajes
relacionados con el crimen organizado. Los observadores de la prensa aplaudieron la
federalización en 2012 de los delitos contra periodistas y la aprobación de una ley, en agosto de
2015 en el Distrito Federal, dirigida a proteger a reporteros y defensores de derechos humanos,
pero condenan la lentitud con que opera la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión, desde su instauración por el gobierno federal en
mayo de 2013. A pesar de las mejoras en su condición jurídica, las estaciones de radio
comunitaria continúan enfrentando acosos por parte de delincuentes y de autoridades estatales.
México ha estado a la vanguardia de esfuerzos ciudadanos que buscan garantizar el
acceso a Internet. El gobierno enmendó el Artículo 6 de la Constitución en 2013 para instaurar el
acceso a Internet como derecho civil. Sin embargo, grupos delictivos han atacado a blogueros y a
reporteros que operan en dicha red y que publican artículos sobre el crimen organizado; dichos
ataques incluyen amenazas y periódicamente asesinatos.
La Constitución consagra la libertad de culto, misma que por lo general se respeta en la
práctica. El gobierno no restringe la libertad académica aunque en ocasiones los estudiantes
universitarios reciben amenazas por su activismo político. Si bien no existen impedimentos
formales para entablar debates libres y abiertos, el temor a encontrarse vigilados por criminales
menoscaba la disposición ciudadana a conversar públicamente sobre cuestiones relacionadas con
la delincuencia en algunas áreas del país.
E. Derecho de asociación y de organización: 8 / 12
Las garantías constitucionales de libertad de reunión y de asociación se respetan en
numerosos casos pero la expresión política se limita en algunas regiones. Las protestas
disminuyeron en 2015 en comparación a 2014, cuando se registraron movilizaciones muy
visibles en Guerrero y la Ciudad de México asociadas a las desapariciones de los normalistas.
A pesar de encontrarse muy activas, en ocasiones las organizaciones no gubernamentales
enfrentan casos violentos de ataques, incluidas amenazas y asesinatos. Los activistas que
representan a grupos indígenas y que cuestionan la validez de proyectos de infraestructura de
gran escala se encuentran en una situación particularmente vulnerable. En 2012, la presión de la
sociedad civil llevó al gobierno a crear el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, que protege a varios cientos de personas pero ha sido criticado
por grupos que trabajan a favor de los derechos por considerarlo lento y carente del compromiso
gubernamental requerido.
Los sindicatos, por años considerados pilar del PRI, han decrecido significativamente,
aunque los sindicatos independientes todavía deben lidiar con la interferencia del gobierno.
Frecuentemente, las negociaciones informales y no transparentes entre patrones y líderes
sindicales con conexiones políticas producen “contratos de protección” que rigen los derechos de
los empleados aunque estos últimos nunca se enteran de ellos. Se considera que varios sindicatos
de gran membresía carecen de transparencia y adoptan actitudes antagonistas ante las necesarias
reformas políticas. Elba Esther Gordillo, por años la líder del sindicato de maestros y percibida
por muchos como una persona extremadamente corrupta, fue arrestada en febrero de 2013 y se le
encontró culpable de malversar fondos equivalentes a más de $150 millones; permaneció en
prisión todo 2015.
F. Estado de derecho: 6 / 16
El sistema judicial mexicano se encuentra plagado de demoras, imprevisibilidad y
corrupción que generan una situación de impunidad omnipresente. En 2008 se aprobó una
reforma constitucional que reemplazó al sistema procesal acusatorio en materia penal por un
sistema acusatorio oral. Aunque se esperaba que fortaleciera el debido proceso, al tiempo de
mejorar la eficiencia y la imparcialidad, las organizaciones de derechos humanos expresaron
preocupación por la debilidad de la protección que otorga a los sospechosos de estar
involucrados con el crimen organizado. Se considera que la implementación del nuevo sistema
tomaría ocho años; en 2015, grupos de la sociedad civil notaron avances en algunos estados
aunque también demoras significativas en muchos otros.
Abundan los abusos en las investigaciones penales. En el mes de marzo de 2015, el
Relator Especial sobre la Tortura de la ONU expidió un informe donde caracterizaba a la tortura
como práctica “generalizada” de las fuerzas policiacas mexicanas, comunicado que generó una
rencilla diplomática. Asimismo, el gobierno ha enfrentado presiones internas e internacionales
para que confronte el problema de la desaparición forzada que podría haber afectado hasta 24 mil
mexicanos, cifra que no se ha determinado con precisión. En diciembre, el gobierno presentó una
ley para poner fin al estatuto de prescripción tanto para las desapariciones como para la tortura y
para crear un sistema de registro de personas desaparecidas y coordinar la respuesta del Estado.
Por años se ha considerado problemática la coordinación entre las numerosas entidades
encargadas de imponer el cumplimiento de la ley a nivel federal, estatal y local en el país; la
administración de Peña Nieto ha buscado optimizar las cadenas de mando. En zonas plagadas
por la delincuencia, las tropas federales han reemplazado temporalmente a la policía local pero
quienes critican tal medida argumentan que la intervención federal disminuye los incentivos para
que los gobernadores emprendan reformas sistémicas y en la práctica la implementación de tales
reformas a escala local ha resultado muy poco eficaz. A pesar de la promulgación en 2009 de una
ley que establece que todos los miembros de las fuerzas policiacas deben someterse a
investigación de antecedentes, miles de policías que no cumplen con los requisitos han
conservado su puesto.
La eficacia de los tribunales de primera instancia —y en general de los cuerpos
encargados de hacer cumplir la ley— se ve menoscabada por la práctica generalizada del
soborno y carecen de la capacidad necesaria. Según una encuesta gubernamental publicada en
septiembre de 2015, alrededor de 93% de los delitos cometidos en 2014 no se denunció por la
percepción de que la mal pagada fuerza policiaca resulta inepta o se colude con la delincuencia.
Aun cuando se realizan investigaciones, sólo unos cuantos delitos terminan en condenas. Las
prisiones son focos de violencia y de hacinamiento y no son pocos los casos donde los presos
continúan realizando actividades delictivas durante su encarcelamiento. La fuga de El Chapo dio
como resultado que se arrestara a 34 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por
mucho tiempo vilipendiada por su percibida pasividad de cara a los flagrantes abusos de
derechos humanos, empezó a recuperar cierta credibilidad tras el nombramiento de su nuevo
presidente en noviembre de 2014.
El Presidente ejerce amplia autoridad sobre las fuerzas armadas pero a lo largo de la
historia el ejército ha operado fuera del escrutinio público. Los defensores de derechos humanos
se han quejado por años de la falta de rendición de cuentas por abusos tales como la práctica de
la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extra judiciales. Por lo general, a los
militares se les juzga en sus propios tribunales pero en abril de 2014 se aprobó una iniciativa de
ley que modificó dicha reglamentación para que se juzguen las violaciones a los derechos de la
población civil en tribunales no militares. En el caso de los siete soldados acusados de participar
en la masacre registrada en el Estado de México en 2014, a cuatro se les retiraron los cargos en
octubre de 2015 y tres siguen detenidos en espera de juicio.
El número de muertes atribuido al crimen organizado aumentó dramáticamente año con
año entre 2007 y 2011, disminuyó de 2012 a 2014 pero volvió a aumentar en 2015. El problema
de la violencia se agudizó en particular en Guerrero y aumentó marcadamente en el Distrito
Federal. En marzo y abril de 2015, el Cártel de Jalisco Nueva Generación lanzó una serie de
atentados que ocasionaron la muerte de más de 20 policías en Jalisco. Frecuentemente, los
asesinatos perpetrados por los delincuentes son en extremo brutales y buscan maximizar el
impacto psicológico en la población civil, las autoridades y grupos rivales.
En años recientes, el gobierno ha tomado una serie de medidas para disminuir la
violencia y aliviar la frustración popular, acciones que incluyen la participación en consultas con
líderes de la sociedad civil, el despliegue constante de tropas, la reforma de la Policía Federal y
la creación de la Gendarmería Nacional, así como la despenalización de la posesión de drogas en
pequeñas cantidades. La administración de Peña Nieto se ha pronunciado en menos ocasiones en
cuestiones de seguridad pública que su predecesora, pero ha mantenido muchas de sus
estrategias, entre ellas el uso del ejército. Con todo, después de tres años continuos de
disminución en la tasa de homicidios, en 2015 se registró un aumento de más del 8 porciento.
La legislación mexicana prohíbe la discriminación motivada por cuestiones de origen
racial, género, edad, religión y orientación sexual. Sin embargo, la considerable población
indígena del país ha sido objeto de una discriminación social y económica que ha relegado a
numerosos grupos a vivir en extrema pobreza en zonas rurales que carecen de servicios
esenciales. En particular, los estados del sur que registran elevadas concentraciones de población
indígena que se ve forzada a sobrevivir con servicios deficientes. La población indígena ha
padecido los embates de la violencia criminal; en años recientes, diversas comunidades de
Guerrero y Michoacán conformaron grupos de autodefensa, algunos de los cuales se legalizaron
posteriormente. Asimismo, en ocasiones, los conflictos relacionados con asuntos agrarios dentro
de grupos indígenas han llegado a la violencia, en especial en Chiapas y Oaxaca.
G. Autonomía personal y derechos individuales: 10 / 16
La delincuencia ha minado la libertad de movimiento en el país al bloquear carreteras
importantes en varios estados en los últimos años y los ciudadanos evitan transitar por los
caminos de muchas áreas rurales una vez que ha oscurecido. Los grupos de derechos humanos a
menudo proporcionan detalles de la persecución y ataques predatorios que enfrentan los
migrantes provenientes de Centroamérica, muchos de los cuales atraviesan la república para
llegar a Estados Unidos. A pesar de las iniciativas gubernamentales para mejorar las medidas de
protección, la presión ejercida por el vecino país para implantar acciones enérgicas contra la
migración generó una ola creciente de acusaciones de abusos contra migrantes en 2015.
En México, un moderno marco jurídico protege los derechos sobre la propiedad pero las
debilidades del sistema judicial, los frecuentes sobornos exigidos por burócratas y funcionarios y
la elevada incidencia de casos de extorsión del crimen organizado afectan la seguridad de las
propiedades de gran número de personas y negocios. Por otra parte, una serie de manifestaciones
realizadas en marzo de 2015 dirigió la atención a las brutales condiciones de trabajo que sufren
numerosos indígenas mexicanos que laboran en las tierras agrícolas del norte del país.
Las mujeres desempeñan un importante papel en la vida política y social; por ejemplo, la
proporción de diputadas en la Cámara en las elecciones de 2015 aumentó a 42%. Sin embargo, el
abuso sexual y la violencia doméstica contra la mujer ocurren con frecuencia. Según un estudio
llevado a cabo en 2012, 46% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia y a los
perpetradores rara vez se les castiga. Sigue detenida, en particular en los estados, la
implementación de una ley aprobada en 2007 que busca proteger a las mujeres de tales delitos;
mientras tanto, la impunidad es la norma para los homicidas de cientos de mujeres año con año.
En julio de 2015, las autoridades del Estado de México expidieron una “alerta de género” que
dio como resultado un mayor escrutinio y flujo de recursos para combatir la epidemia de
violencia contra las mujeres; los defensores de los derechos de las mujeres esperan que sirva de
precedente para otras regiones que padecen el mismo problema. En años recientes, el aborto se
ha convertido en un tema polémico y gran número de estados ha reaccionado contra la
liberalización de las leyes en materia de aborto ocurrida en 2007 en el Distrito Federal al
fortalecer las medidas que prohíben y penalizan el procedimiento a nivel local.
México dio pasos significativos hacia la igualdad de la comunidad LGBT (lesbianas,
gays, bisexuales y transgénero) en 2015, por el trabajo de la Suprema Corte. En junio, la Corte
decidió abolir, por considerarla discriminatoria, una ley estatal que establecía que la procreación
constituía el propósito del matrimonio y en el mes de agosto, extendió la protección para incluir
la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Sin embargo, implementar la
jurisprudencia en todos los estados del país tomará tiempo porque las decisiones de la Corte no
aplican de manera general a todas las entidades federativas que aún no legalizan el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
México es un país de origen, tránsito y destino para el tráfico de personas, incluidos
mujeres y menores, muchos de los cuales son víctimas de explotación laboral y sexual. El crimen
organizado se encuentra estrechamente involucrado en el tráfico de personas en México y hacia
Estados Unidos. La corrupción gubernamental es de gran preocupación ya que gran cantidad de
servidores públicos reciben sobornos de traficantes o colaboran con ellos.
Reactivo X/Y (Z)
X = Puntaje recibido
Y = Mayor puntaje posible
Z = Cambio con respecto al año anterior