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El sueldo de los funcionarios
Por Francisco Cabrillo
Como todos los años, la subida del sueldo de los funcionarios se ha convertido
en un tema de discusión a la hora de elaborar los presupuestos del Estado,
comunidades autónomas y ayuntamientos.
Y, como todos los años, en este
debate no se están abordando las
cuestiones fundamentales de la
estructura salarial de los empleados
públicos.
Es
lógico
que
cualquier
incremento en el coste salarial sea visto con
preocupación por los ministros y los consejeros
de Hacienda.
En un país con tres millones de funcionarios un
aumento de los sueldos, por pequeño que sea,
tiene efectos importantes en las cuentas
públicas. Un ejemplo sencillo: un incremento de
sólo 30 euros al mes, en promedio, para cada funcionario, le costaría al contribuyente
más de 1.200 millones de euros en el curso del año.
Pero el problema más importante no es éste. Dos son las cuestiones que deberían
preocupar a los gestores de la administración pública: el número de funcionarios y la
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1 estructura de los salarios en el conjunto del sector público. A ninguna de las dos, sin
embargo, se les presta la atención que merecen.
Como se ha dicho en muchas ocasiones, el problema del coste salarial de los
empleados públicos no es que cada uno de ellos gane mucho dinero, sino que su
número es excesivamente alto. Y lo que es aún más grave, las cifras han crecido
mucho en los últimos años.
El desarrollo del modelo de las comunidades autónomas ofreció en su día una buena
oportunidad para mejorar la Función Pública de forma paralela al proceso de
descentralización. Pero las cosas se hicieron mal. La eficiencia no mejoró y el número
de funcionarios aumentó de forma espectacular.
Exceso de contrataciones
El problema de exceso de contrataciones se agravó, además, en los años de bonanza
económica. Las comunidades autónomas y los ayuntamiento
dispusieron de un gran volumen de recursos financieros y
una parte importante de ellos los utilizaron para crear más
puestos de funcionarios.
El aumento de gasto público quedó así, en buena medida,
consolidado. Por lo que la fuerte caída de ingresos que
estas entidades han experimentado como consecuencia
de la recesión ha puesto en serias dificultades su
financiación para el año actual y –me temo– también para
los próximos años.
La sociedad española necesita plantearse seriamente cuáles
son las funciones que debería tener un sector público y adecuar a ellas sus
dimensiones. No tiene sentido pensar que el gasto del Estado, las comunidades y los
ayuntamientos tiene que seguir creciendo porque existen muchos problemas sociales
por resolver. No habría límites para razonamiento de este tipo.
Estrecho abanico salarial
Otra cuestión, de la que se habla menos todavía, es el abanico salarial tan estrecho
que existe en las administraciones públicas. Si se comparan, por ejemplo, las
diferencias que existen, por un lado, entre el sueldo del director general de una
empresa privada y un administrativo de la misma y, por otro, entre los sueldos de
empleados de nivel equivalente en el sector público, es fácil observar que la
separación es mucho menor en este último. Y esto plantea serios problemas para la
existencia de un sector público eficiente que ve cómo, día tras día, muchos de sus
mejores funcionarios dan el salto a la empresa privada.
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2 Si la comparación se realiza entre los ingresos de personas del mismo nivel de
ocupación, se confirma la imagen antes obtenida. En
niveles bajos los ingresos salariales son, en el sector
público, superiores a los de la empresa privada. Se
llega entonces a un punto de inflexión y, a partir de él,
el sector privado empieza a pagar más que el público. Y las diferencias en los puestos de más alto nivel de
responsabilidad, son espectaculares a favor de la
empresa privada. Y hablamos de sueldos medidos en
términos estrictamente monetarios. Si se toman en
consideración también los horarios, las vacaciones,
las exigencias en lo que se refiere a la actividad del
empleado, etc., las ventajas que la administración
pública ofrece a sus funcionarios –especialmente de
los niveles inferiores– son aún mayores.
Si casi nadie se atreve hoy a decir estas cosas en voz alta, más difícil será aún que
algún gobierno se decida a poner en práctica reformas que acerquen la estructura de
salarios del sector público a la de la empresa privada.
Pero, mientras no se adopten medidas de este tipo, no será posible pensar siquiera en
elevar realmente los niveles de productividad de la administración pública. A veces se
tiene incluso la impresión de que las cosas pueden evolucionar en sentido contrario.
Cuando, como ocurre en la actualidad, se habla de congelación salarial o de
incrementos muy bajos para los funcionarios, se pide discriminar en el ajuste a favor
de los salarios más bajos.
Tal medida puede parecer un acto de justicia social. Pero reduciría aún más un
abanico salarial ya muy estrecho; y dejaría las cosas aún peor de lo que están. Son
otras las medidas que habría que adoptar.
¾ Fuente: Expansion.es
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