conflictividad en el sector minero

CONFLICTIVIDAD
EN EL SECTOR
MINERO-ENERGÉTICO
EN COLOMBIA
Créditos
Compiladora/Líder del equipo: Tatiana Roa
Equipo de apoyo:
Censat - Agua Viva: Tatiana Rodríguez, Edwin Hernando Castro, Luisa María Navas
CINEP/PPP: Luis Guillermo Guerrero, Luz Ángela Herrera, Martha Cecilia García, Sergio Coronado, Carlos Garaviz, Alejandro Cadena
CETEC: Alberto Rodríguez, Maribel Otero
Synergia: Gloria Vela y Natalia Velásquez (en última fase)
Octubre de 2012
CENSAT
AGUA VIVA
CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, es una
organización ambientalista comprometida con la búsqueda de
alternativas teóricas, políticas, metodológicas y técnicas al
desarrollo, y a los problemas relacionados con la salud, el
trabajo y el medio ambiente. Aboga por la construcción de una
sociedad ambiental alternativa. Desarrolla un trabajo de carácter
nacional con una fuerte relación con procesos internacionales,
por lo que hace parte de la red más extensa de grupos ecologistas
de base en el mundo (Friends of The Earth International).
La Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría
Técnica, CETEC, es una organización privada sin ánimo de
lucro, que tiene como objetivo principal participar en procesos
de promoción social en los sectores menos favorecidos de la
sociedad, activando mecanismos de auto-ayuda para propiciar
su propio desarrollo.
CETEC busca consolidar una estrategia de desarrollo social,
económico y ambiental en comunidades de escasos recursos a
través del apoyo y fortalecimiento de iniciativas concretas de
carácter organizativo, técnico- productivo y empresarial.
El CINEP/PPP es una fundación sin ánimo de lucro que desde
1972 aborda una mirada crítica y alternativa de la realidad
colombiana fundamentada en la producción sistemática de
información, en la reflexión con rigor investigativo, en las
propuestas de educación popular para el fortalecimiento de las
organizaciones y las comunidades y, en una acción de incidencia
intencionada en lo público.
En 2006 se fusionan el CINEP, el Programa por la Paz y el
Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política
potenciando el impacto de sus esfuerzos.
Synergia es una organización no gubernamental, que busca
propiciar sinergias que posibiliten la definición de políticas,
estrategias y prioridades de acción relacionadas con la cooperación
al desarrollo.
Trabaja con agencias de cooperación, instituciones, organizaciones de
base y ONG que potencien, empoderen y cualifiquen las iniciativas
de los grupos excluidos, para contribuir al fortalecimiento de la
sociedad civil y a un desarrollo con equidad, justicia y paz.
Sobre CORDAID
La Organización Católica para Ayuda de Emergencia y Cooperación al Desarrollo, CORDAID (por sus siglas en inglés) es una agencia de
desarrollo holandesa que opera a nivel mundial. Luchamos contra la pobreza y la exclusión en los estados frágiles y las zonas de conflicto y
la desigualdad extrema para lograr nuestra misión: la construcción y el fortalecimiento de las comunidades florecientes. Porque las
comunidades fuertes y maduras tienen el poder de crear la comunalidad para dar cabida a la diversidad y hacer frente a la controversia. Con
el fin de defender a las comunidades más pobres y marginadas del mundo, recaudamos fondos en los Países Bajos, así como a nivel
internacional.
Globalmente la visión sobre la Ayuda al Desarrollo está cambiando. Cordaid no ignora este desarrollo y también considera que la lucha
contra la pobreza no ha terminado, con aún 1,2 millones de personas en todo el mundo viviendo en la pobreza.
La pobreza extrema y la exclusión son problemas globales que requieren la cooperación mundial. Esta es la razón por la que Cordaid
construye activamente una multifacética red internacional de actores relevantes. Lo hacemos no sólo como financiador estratégico de
procesos de desarrollo, sino también como instrumento de aprendizaje, intercambio de conocimientos y de políticas que influyen en la
organización. Con el respaldo de la confianza de las comunidades locales podemos unir a los cerrados micro-mundos de los conflictos
armados y la pobreza que amenaza la vida con los mundos macro de conocimiento y poder. Nos esforzamos para optimizar procesos de
múltiples interesados. En estos procesos, el interés de la comunidad local es el foco principal de Cordaid, pero aun así no se ignoran a los
demás actores en el proceso. Desde nuestra función de apoyo estamos conectando a la gente para fortalecer el empoderamiento, la seguridad
y las oportunidades para las comunidades locales y hacerlos florecer.
Contamos con alianzas estratégicas en los Países Bajos. El apoyo del gobierno de Holanda, de nuestros 370,000 donantes privados, nuestros
voluntarios e individuos socialmente comprometidos, nos ancla profundamente en la sociedad holandesa. Nosotros le damos sustancia al
debate público sobre la pobreza, el desarrollo y la cooperación internacional, y activamente presionamos a las autoridades holandesas e
internacionales.
Junto con nuestra red de socios a nivel mundial de 890 organizaciones de desarrollo local, nos asociamos con un gran número de
instituciones del conocimiento, agencias gubernamentales y empresas, no sólo en el Sur sino también en los Estados Unidos y en Europa.
Cordaid está en las juntas directivas de varias de las principales organizaciones e instituciones, tales como la Iniciativa de Transparencia de
las Industrias Extractivas, CONCORD (Confederación Europea de ONG para la Ayuda y el Desarrollo). También participamos en la
iniciativa Publish What You Pay. Como una organización católica de desarrollo, servimos en los consejos de Caritas Internationalis y
CIDSE. El punto de partida son nuestros valores básicos propios.
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Resumen
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Introducción
Capítulo 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTADO EN EL SECTOR MINEROENERGÉTICO O DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE
1.1 Reprimarización de la economía, en contravía del desarrollo rural y la
conservación ambiental.
1.2 Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y El Caribe
1.3 Tendencias de la Inversión Extranjera Directa en Colombia
1.4 Colombia: territorio de transnacionales
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Capítulo 2. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO
2.1. Planeación
2.2. Ejecución
2.3. El documento Visión Colombia 2019
2.3.1. Metas generales del Plan 2019
2.3.2. Desarrollo industrial
2.3.3. Minas y energía
2.4. Contratación
2.4.1. Contratación de hidrocarburos: de asociación a concesión
2.4.2. Contratación minera
2.5. Renta minero-energética
2.5.1. Régimen de regalías
2.5.2. Determinación del monto de las regalías: regalías fluctuantes
2.5.3. 2010: reestructuración de regalías
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Capítulo 3. LA REALIDAD DE LA SITUACIÓN MINERA
3.1. Títulos, concesiones, solicitudes, distritos mineros
3.1.1. Solicitudes de exploración existentes a 2011
3.1.2. Las concesiones mineras de carbón y oro en explotación
a. Los distritos mineros
b. Concesiones existentes a 2011
3.1.3. Acerca del estado actual y perspectivas de la explotación de oro y carbón
a. Explotación y perspectivas del carbón
b. Tendencias de la producción de oro
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3.1.4. Descripción general de proyectos de carbón importantes
a. Cerrejón
b. Descanso Norte - Drummond
3.2. Casos emblemáticos de conflicto
3.2.1. Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos Orientales, de la
empresa Pacific Rubiales Energy (PRE)
3.2.2. La Toma: de la minería artesanal a la gran minería, comunidades
afrodescendientes
3.2.3. Santurbán. Páramo y minería. Formas de asumir el conflicto
3.2.4. Segovia: la defensa de la minería artesanal y las luchas salariales
3.2.5. El caso Cerrejón
3.3. Impactos diferenciados
3.3.1. Impactos de la etapa de exploración minera
a. Impactos ambientales
b. Impactos económicos y sociales
3.3.2. Impactos de la etapa de explotación minera
a. Impactos ambientales
b. Impactos económicos y sociales
3.3.3. Impactos en territorios étnicos y campesinos
3.3.4. Impactos de la minería en las mujeres
Capítulo 4. RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL Y CONFLICTOS
4.1. Dinámicas de reconfiguración territorial
4.2. Dimensión territorial del conflicto, la economía y la construcción institucional
4.3. Luchas sociales en Colombia relacionadas con actividades extractivas de oro y
carbón, 2000-2011
4.3.1. Algunos casos de luchas sociales relevantes
4.4. El boom minero frente a la política de tierras: articulación del extractivismo
4.5. Política de seguridad y violaciones de derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario en relación con el sector minero-energético
4.6. Caracterización de conflictos
4.6.1. En la exploración
4.6.2. En la explotación
4.7. Respuestas de las organizaciones
4.7.1. Minería artesanal vs. minería ilegal.
4.7.2. Pequeña minería vs. gran minería.
4.7.3. Conflictos étnicos: empresas mineras asentadas en territorios
colectivos (indígenas y negros)
4.7.4. Megaminería que desaparece los pueblos. Caso Cerrejón en la
Guajira.
4.7.5. Rol de las mujeres en los procesos sociales frente a la actividad
minera
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Capítulo 5. REFLEXIONES FINALES
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Capítulo 6. RECOMENDACIONES
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Referencias bibliográficas
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ANEXOS. CASOS DE CONFLICTIVIDAD
1. Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos Orientales, de
la empresa Pacific Rubiales
2. Segovia: la defensa de la minería artesanal y las luchas salariales
3. La Toma: de la minería artesanal a la gran minería, comunidades
afrodescendientes
4. Páramo y minería. Formas de asumir el conflicto
5. Caso Marmato
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Resumen
El documento Conflictividad en el sector minero-energético colombiano tiene el propósito de entregar a Cordaid, elementos de análisis de
una mirada estructural y amplia del fenómeno minero en el país, en correspondencia con su programa Transformación de Conflictos y con el
interés de hacer una cooperación pertinente y efectiva. La elaboración del texto fue un esfuerzo colectivo de organizaciones y personas
conocedoras del tema.
En él se enfatizan los problemas estratégicos del fenómeno minero desde la perspectiva de los conflictos sociales, económicos, políticos y
ambientales, pues la minería actualiza el descontento social y armado que vive el país, así como la situación de vulnerabilidad de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la medida en que incrementa la usurpación y la competencia por el uso, la tenencia y la
propiedad de la tierra.
La reconfiguración del territorio
Reprimarización para alimentar un modelo de desarrollo
Las consecuencias no son de poca monta, pues en realidad se está
dando una reconfiguración territorial provocada por el
extractivismo y, específicamente por la minería, que en los
últimos diez años está cobrando una relevancia inusitada, tanto
en lo económico, como en lo político y social, lo que va en
contravía de un desarrollo humano y sustentable. Se hace
indispensable un análisis de los actores y los intereses que se
mueven alrededor de la minería y de los territorios, así como el
reconocimiento de los alcances y las formas de resistencia social
al extractivismo.
Lo que ocurre en Colombia en cuanto a minería y energía hace
parte de un modelo internacional que asigna a los países del
llamado tercer mundo la misión de proveer materias primas,
mientras que los otros se dedican a la producción,
industrialización, investigación, creación de valor agregado y
generación de nuevas tecnologías. Aunque a mediados del siglo
XX en América Latina se hicieron esfuerzos por transformar este
modelo, el neoliberalismo vivificó la reprimarización, que se
acentuó en los últimos años con el marcado acento en la
extracción de todos los bienes de la naturaleza.
Normativa en retroceso
Puede afirmarse que los resultados de la explotación de minerales
están relacionados con la calidad y el tipo de instituciones
políticas, ambientales, sociales y económicas particulares en que
intervienen en los procesos. Por eso el documento plantea
interrogantes como ¿cuál es el impacto que la minería tiene en la
economía colombiana, tanto en lo nacional como en lo regional?,
¿cómo se insertan los problemas regionales en las políticas
macroeconómicas?, ¿qué relación hay entre el incremento de
interés en los recursos minero-energéticos, la movilización social
y la violación de DDHH y DIH?
Uno de los aspectos relevantes es la transformación normativa
que, de manera paralela, han tenido los sectores mineroenergético y ambiental desde los años setenta, en aras de
armonizarlos entre sí: en los años setenta y ochenta, con un
espíritu progresista se buscaba compatibilizar la relación de
producción con los ciclos de renovación de la naturaleza, para
encontrar un modelo de desarrollo sostenible, lo cual se recogió
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de
1974), en la Constitución de 1991 (artículos 8, 79, 80, 332, 333,
334, entre otros), al tiempo que se establecieron en el mismo año
de los contratos de asociación o joint-venture (Decreto ley 2310),
mientras la Nación se comprometía y se hacía cada vez más
participe de la explotación de sus bienes naturales.
Algunas ideas fuerza
El documento de mapeo expone de manera general la
problemática mencionada y propone, como reto posterior,
trabajar una serie de hipótesis que necesitan ser exploradas con
rigurosidad y de las cuales el texto da algunas pistas sin pretender
agotar el tema. Esas hipótesis son:
Por el contrario, durante la primera década del siglo XXI la
Nación se reestructuraron los modelos de contratación en minería
(Ley 685 de 2001) y en hidrocarburos (Decreto 1760 de 2003),
para eliminar la participación de la Nación en la explotación de
sus minerales y abrir un espacio cada vez más amplio a la
inversión transnacional en la materia (principalmente a través de
mecanismos tributarios).
?
Que la forma de inserción de las multinacionales mineras
produce una reconfiguración territorial contraria y adversa a la
vida de las comunidades y poblaciones locales en las que se
insertan. Ello desencadena conflictos sociales y ambientales que
van determinando decisiones en económicas e institucionales,
específicamente a partir de las luchas sociales y los casos de
violencia política;
Esa es la tendencia que se ha profundizado durante los dos
períodos de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos, para atraer y
complacer a la inversión privada transnacional a través de la
flexibilización de la normativa ambiental y de contratación en el
sector minero-energético. Además, se observa que las normas
alimentan la desfiguración de la consulta previa a las comunidades
étnicas1.
?
Las expresiones de esas luchas tienen diversos alcances según las
etapas de los proyectos, de la voluntad para actuar a favor de un
desarrollo humano y sostenible y de las capacidades de la sociedad, las
comunidades y los territorios en conjunto para incidir en lo nacional.
1. Varias leyes y proyectos relacionados con actividades extractivas han sido derogados o suspendidos por la falta de aplicación de consulta previa, como fue el caso de la Ley 1382 de 2010.
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Resumen
Para desarrollar esas ideas, el documento entrega un marco de
análisis político, económico, legal e institucional del modelo
extractivista en Colombia; expone la situación minera actual en
el país en términos territoriales para entender los por qué de la
conflictividad socioambiental que desata esa actividad,
incluyendo para ello la revisión de cinco casos de conflictos
territoriales y las respuestas sociales que se dan en cada uno
(Puerto Gaitán (Meta), por explotación del petróleo; Segovia
(Antioquia), Marmato (Caldas), páramo de Santurbán
(Santander) y Suárez (Cauca), por explotación de oro).
Finalmente, se presentan una reflexiones y recomendaciones
estratégicas de incidencia dirigidas a Cordaid.
autoridad ambiental para asegurar el cumplimiento de las normas
de regulación, e incluso con las capacidades del Estado para
autorizar actividades extractivas. Por ejemplo, la legislación
vigente eliminó la licencia ambiental en la fase exploratoria (para
minería) y en las actividades de sísmica (para petróleo); y durante
el gobierno de Uribe, el área titulada para exploración minera
creció de manera exponencial al pasar de 1,1 millones de
hectáreas en 2001 a 8,4 millones de hectáreas a diciembre de
2010 (Rudas, 2011:3; Andrade, 2011:1), casi el doble de las
utilizadas en agricultura (4.9 millones de hectáreas).
Según el economista Guillermo Rudas, entre 1990 y 2001 se
entregaron 1.889 títulos (casi 157 por año), mientras que para el
período 2002-2009 se llegó a 7.869 títulos otorgados (casi 984
anuales). A mayo de 2009 se hizo la petición de casi 40 millones
de hectáreas, es decir, aproximadamente el 35% del territorio
nacional, lo que, como indica Rudas, independientemente de los
resultados representa un importante crecimiento del interés por
adelantar actividades mineras en Colombia.
Crecimiento económico basado en el sector minero-energético
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 da la mayor
prioridad al sector minero-energético, asignándole a esa
locomotora de desarrollo2 el 44% de la inversión o rubro de
crecimiento y competitividad. Esto supera con creces lo
estipulado para vivienda (24.92%) y dobla o triplica a los sectores
de infraestructura de transporte (15,92%), agricultura (2.2%) e
innovación (0.10%).
Las metas para el 2019 son duplicar la explotación de carbón,
multiplicar por cuatro la de oro y triplicar el área de contratos
mineros. Por eso muchos sectores de la sociedad denuncian las
implicaciones de esa política minera, pues se entiende que
promoverá disputas por los territorios, causará nuevas olas de
desplazamiento, nuevos conflictos y más violencia.
El énfasis en el sector minero-energético no es sólo cuestión de la
última década y el gobierno lo reconoce: “la economía
colombiana ha sido poco innovadora: la canasta de exportaciones
de hoy no es muy diferente a la que teníamos hace dos décadas,
con la diferencia de que nuestra dependencia de los recursos
minero-energéticos es cada vez mayor” (DNP 2010, 12). Los
sectores agropecuario e industrial, que participaban con el 43.3%
del PIB en 1991, actualmente apenas alcanzan un 21.6%.
Un país dependiente del extractivismo
Crece el sector minero-energético en detrimento del sector
ambiental
El PND reconoce que la economía colombiana no se ha
industrializado y que, por el contrario, continúa dependiendo de
la extracción de bienes primarios, a pesar de lo cual no habla
sobre la forma en que la locomotora minero-energética evitará
que continúe el proceso de reprimarización (González J. I.,
2010), ni tampoco propone cómo encadenar la actividad
extractiva a la creación de valor agregado. Tal vez la mayor
dificultad radique en la coordinación de la locomotora mineroenergética con la del desarrollo rural y el ordenamiento territorial
en general4, pues las zonas de titulación minera riñen con las
prioridades agrícolas y ambientales5.
La magnitud del crecimiento de las áreas tituladas para minería,
así como los beneficios tributarios que recibe esa actividad,
reflejan privilegios que contrastan con el comportamiento de la
Múltiples estudios plantean que basar las economía basadas en la
explotación de recursos naturales no necesariamente conduce al
crecimiento económico ni al bienestar o que incluso, por el contrario,
En contraste, el sector minero viene creciendo en los últimos tres
años a un ritmo superior al 11% (Sarmiento, 2011b, 21), mientras
que el Estado se limita al papel de facilitador y fiscalizador, que
debe incentivar en forma eficaz y contundente la inversión
privada en el desarrollo de los proyectos mineros3, tareas que le
asigna por el Código de Minas.
2. El PND 2010–2014 habla de las 5 locomotoras de la prosperidad democrática: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación, y a ellas les asigna el 87,14% de la inversión nacional para el
cuatrienio. El porcentaje restante de dicho rubro corresponde a la innovación para la prosperidad (4.22%) y a competitividad y crecimiento de la productividad (8.64%). El gobierno estima que en 4
años las locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1,7% anuel (en 2010, el crecimiento fue de 4.2%), reducirán la pobreza en cerca de 1,2 % al año (actualmente en 46%), la
indigencia en 1% (actualmente en 18%), y disminuirán la tasa de desempleo en 2,6% (12% en 2010) (Sarmiento, 2011a: 23).
3. Esa postura se reitera en las bases del PND 2010-2014 como uno de los principios del modelo de desarrollo: “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario" (PND, 2011:
16).
4. “Poco se ha hecho para regular de manera efectiva la expansión de la gran agricultura, especialmente de la producción de agro-combustibles; para organizar el crecimiento de las ciudades y la
ubicación de las viviendas; para desarrollar la infraestructura de transporte y energía; y, muy especialmente, para racionalizar el uso de los recursos naturales no renovables por la minería” (Rudas,
2011: 2)
5. En 2010 había títulos mineros en 122 mil hectáreas de páramos, cerca del 6,3% del área del total, especialmente en Boyacá, Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Cerca de
1 millón 300 mil de las 51,5 millones de hectáreas de reservas forestales establecidas por la Ley 2ª de 1959, se encuentran con títulos mineros. Hay que tener en cuenta que la ley prohíbe todo tipo de
minería en los páramos, pero deja la puerta abierta a la explotación minera de zonas de reserva forestal y en territorios colectivos (Andrade, 2011 y Calle, 2011).
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Resumen
depender de bienes primarios tiene efectos adversos en el
bienestar económico y las instituciones de un país, pues cada vez
se reduce la calidad de la inversión y los servicios públicos lo que
limita el potencial de crecimiento.
colombianas cuenta con capital extranjero. Dentro de ese
espectro hay que destacar que hace 20 años había una docena de
proyectos canadienses en Latinoamérica mientras que hoy
existen más de 1.500 empresas mineras de ese país en el mundo,
haciendo de esa actividad el enlace más importante entre Canadá
y América Latina8.
En el mismo sentido, los sectores con mayor productividad, el
minero y el financiero, no son precisamente los que más generan
trabajo (inquietud de la que tampoco se ocupa el PND). Las
investigaciones señalan que mientras el PIB minero crece un
68.2% entre 2002 y 2008, el número de trabajadores en el sector
desciende de 276.100 a 149.100.
Reformas institucionales, normativas y de contratación
Desde los años noventa la inversión extranjera impulsó
sustanciales reformas a la legislación para eliminar
prácticamente todas las condiciones y gravámenes por cumplir
por parte de dicho capital para su ingreso, permanencia y salida
del país, situación que se acentúa con los Tratados de Libre
Comercio. Entre esas medidas se cuentan: la abolición de la
regulación y control estatal del capital extranjero (Ley 9 de
1991); reformas laborales que flexibilizaron la contratación
(Leyes 50 de 1990 y 789 de 2002); la autorización de capitales
privados en la educación, la salud y los servicios públicos
domiciliarios (Leyes 100 de 1993 y 142 de 1994); la apertura de
la biodiversidad y el territorio a los intereses de las
transnacionales (Ley Forestal 1021 de 2006 y Código Minero
Ley 685 de 2001).
Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL, en el primer semestre de 2010, los países de la región
recibieron 53.751 millones de dólares en IED, mientras que en el
mismo período de 2011 la cifra fue de 82.652 millones de dólares
por ese concepto, es decir, aumentó un 54% (CEPAL, mayo
2011). Según la Comisión, el incremento en esa cifra hay que
entenderlo en el marco de la crisis internacional de la deuda, el
dilema fiscal de Estados Unidos y la volatilidad financiera global
y atribuye el incremento de los flujos a la "estabilidad y
dinamismo económico de la mayoría de los países" de la región y
a "los altos precios de las materias primas, que continúan
incentivando la inversión en minería e hidrocarburos".
Reformas en el sector energético
En el sector de hidrocarburos la Ley 790 de 2002 confirió poderes
especiales al ejecutivo para reestructurar la administración
pública en el país, que escindió de Ecopetrol las funciones
administrativas de los contratos y de las regalías de hidrocarburos
en Colombia y creó, para asumirlas, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, ANH9 (Decreto 1760 de 2003). Con esas
disposiciones se transitó de un régimen de contratos por
asociación, que rigieron en Colombia desde 1974, al de contratos
de concesión moderna, que pueden adjudicar el 100% de la
operación al capital privado transnacional, incluso a perpetuidad,
es decir, hasta el agotamiento comercial del pozo.
Colombia recibió inversiones por US$7.008 millones, 91% más
que en el primer semestre de 2010. Dentro de ese total, las
actividades de petróleo y minería pasaron de representar el 63%
(US$4.471 millones) en el primer semestre de 2010 a 64% en el
mismo periodo de 2011. En millones de dólares, el sector
petrolero pasó de US$1.326 millones a US$2.826, mientras que
el de minas y canteras tuvo US$1.645 en 2011, en comparación
con los US$980 de 20106.
Sin embargo, es preocupante que la concentración de la IED en el
sector minero-energético vaya en detrimento de otros sectores de
la economía como la industria manufacturera que, según el
Banco de la República, mostró una caída en la IED, pues pasó de
US$236 millones en el segundo trimestre de 2010 a US$87
millones en 2011 (Colprensa, 2011). En porcentaje, el sector
industrial sólo creció un 2% frente al 7,4% del mismo período de
2010 (Acosta: 2011)7. En el informe del Banco también se nota
que otro sector afectado es la agricultura, que en todo 2011 creció
a una tasa de apenas 3,5%.
Reformas en el sector minero
La privatización del sector minero está aún más avanzada que la
de los hidrocarburos. A comienzos de los noventa se liquidó la
empresa nacional Minercol y se dejó como modelo exclusivo
para esa actividad la contratación por concesión. El Ministerio de
Minas y Energía regula la actividad minera y desde el año 2004
nombró al Ingeominas como autoridad minera, lo que funcionó
apenas hasta hace pocos meses, cuando se escindió ese Instituto
en el Servicio Geológico Nacional y la Agencia Nacional Minera,
Hoy operan alrededor de 800 compañías transnacionales en el
país y más de la mitad de las 100 principales empresas
6. Informe semestral de Proexport, sobre la base de las cifras del Banco de la República. Se puede consultar en http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/246_Reporte%20de%20
Inversion%20I%20SEM%202011.pdf.
7. Acosta, Amylkar, “La economía en el primer año de Santos: un balance de prueba”, agosto de 2011 en Razón Pública, publicación digital en http://www.razonpublica.com/index.php/econom-ysociedad-temas-29/2283-la-economia-en-el-primer-ano-de-santos-un-balance-de-prueba.html
8. Studnicki-Gizbert, David, en http://www.conflictosmineros.net/contenidos/3-latinoamerica/8742-unos-1246-proyectos-mineros-de-canada-contaminan-america-latina, recuperado: 26 de octubre
de 2011.
9. Recientemente, un escándalo de corrupción ha sacudido a la ANH por los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la Nación, que incluso desencadenó la renuncia de quien fuera su
director durante ocho años, Armando Zamora, por presuntas inconsistencias en el manejo de 1,24 billones de pesos.
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Resumen
con el argumento de acelerar el otorgamiento de títulos mineros.
La actividad se rige por el Código de Minas (Ley 685 de 2001),
que reglamenta las relaciones entre los particulares y el Estado
para el desarrollo de las diferentes etapas de la minería:
prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte,
aprovechamiento y comercialización de los minerales.
como única alternativa concentrarse en la extracción de materias
primas y afirmar que, ya que el potencial de los recursos minero
energéticos en Colombia es gigantesco, el país debe
“posicionarse como un clúster regional energético”12.
Metas que ignoran las prioridades nacionales
Sobre este punto se pone como meta aumentar la capacidad de
generación de electricidad, sin detenerse en el problema del agua
y la importancia de este recurso en Colombia para la generación
de electricidad a bajo costo y sin la intermediación de energías
primarias en termoeléctricas. Además, el dominio de los ríos
permite que una élite tenga el control del agua y reordene el
territorio en función de sus intereses, restringiendo y
condicionando el acceso de otros grupos sociales. Preocupa que
varios los más importantes proyectos hidroeléctricos están en
manos privadas de capital internacional (El Quimbo) y otros
están en manos de empresas mixtas que se muestran como
nacionales (EPM o Isagén en el que alrededor del 30% de su
capital es privado).
La exigencia de requisitos diferenciados dentro de esas
categorías ha sido una fuente de conflictos10, pues la prospección
es una actividad tan libre que no se necesita ningún tipo de
declaración, seguimiento ni retribución de parte del interesado; la
exploración requiere un título que es otorgado sin restricción
ambiental y con el único prerrequisito de que no se superponga a
otro solicitado anteriormente; de modo que la licencia ambiental
solamente aplica para permitir la explotación. Así, las
comunidades carecen de herramientas legales para oponerse a los
trabajos de cualquier empresa o particular que quiere buscar
minerales en sus territorios (con excepción de las comunidades
étnicas que cuentan, por lo menos, con el derecho a la consulta
previa). Con esa ausencia de control y de participación estatal, es
contradictorio que la actividad minera se considere "en todas sus
ramas y fases" de utilidad pública e interés social (artículo 13 del
Código de Minas), figura que permite las expropiaciones y
acrecienta la conflictividad entre minería, ordenamiento
territorial, agricultura, etc.
En cuanto a hidrocarburos se plantea “continuar con la
vinculación de capital privado a los proyectos de inversión de
Ecopetrol; y en gas natural, consolidar la política de libertad de
exportaciones”13. En el sector de la minería se plantea que
“Colombia deberá mantenerse durante los próximos años entre
los cinco países de Latinoamérica destino de las inversiones del
mundo y duplicar la producción”14.
Política pública en el sector minero-energético
En Colombia la distinción entre política de Estado y política de
gobierno11 fue irrelevante durante todo el siglo XX. Apenas en
2002 se estructuró la primera propuesta de política de Estado a 20
años, recogida en el documento Visión Colombia 2019, que
contempla un apartado sobre el sector minero-energético y
establece los derroteros sobre los cuales han actuado los
gobiernos desde su proposición, en términos institucionales, de
planeación y ejecución de políticas públicas del sector.
En síntesis, la política minero-energética en Colombia ha girado
en torno a la transformación de los regímenes de contratación, en
los que se establece como modelo único el contrato de concesión
y el decrecimiento de la participación nacional en la renta del
extractivismo.
La locomotora legislativa no se detiene
El gobierno continúa sacudiendo la institucionalidad minera en
aspectos como:
Aunque el Plan 2019 pretende convertirse en una política de
Estado, sigue sin hacer parte de una planeación estratégica
consultada con el conjunto de la sociedad y que atienda las
necesidades e intereses nacionales. Es decir, la principal
limitación de ese tardío esfuerzo por construir derroteros de largo
aliento, es que se pretende superar la ausencia de planeación
previa convirtiendo en política de largo plazo el desorden fruto de
dos siglos sin planeación. Por ejemplo, acierta al comprender que
el crecimiento económico depende del desarrollo productivo del
sector real de la economía, es decir, la industria, pero no es claro
con respecto a la forma en la que se alcanzaría un nivel
competitivo en ese sector sino que, se contradice al proponer
?
En 2010 se aprobó una reforma al Código de Minas (Ley 1382).
A pesar de que funcionarios del Ministerio de Ambiente lograron
allí hacer explícita la restricción ambiental de la minería en
páramos, Parques Naturales o humedales Ramsar, su propósito
era profundizar las prerrogativas para el capital privado de
carácter transnacional y poner aún más talanqueras a la
formalización de los mineros artesanales, pequeños y medianos.
La Corte Constitucional declaró inexequible dicha reforma por
no haber cumplido con los requisitos de consulta previa a
10. En el texto extenso de este documento de conflictividad en el sector minero-energético, se presenta un cuadro detallado sobre los requisitos y características de cada etapa de la actividad minera.
11. Se entiende como política de gobierno la planeación que determinada administración desarrolla para el ejercicio de su periodo; se entiende como política de Estado, la planeación estratégica de
largo plazo que responde más a un proyecto nacional que al proyecto de un gobierno específico, y que por tanto desborda los periodos de gobierno.
12. Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40.
13. Ibídem.
14. Ibídem.
-10-
Resumen
comunidades étnicas15 y por eso el gobierno prepara nuevamente,
de manera unilateral, la reforma al Código.
La reforma al régimen de regalías
El régimen de regalías, regido por la Ley 141 de 1994, establecía
que los recursos serían administrados por el Fondo Nacional de
Regalías y se destinarían al fortalecimiento del sector minero, a la
preservación del ambiente y a proyectos de inversión, en ese
orden de prioridad16. Ese sistema se modificó sustancialmente
por la Ley 756 de 200217 y, recientemente, por el Acto Legislativo
013 de 2010, que cambió sustancialmente el procedimiento de
cobro de las regalías (no el concepto ni el monto) y los parámetros
de su destinación y distribución. Se modificaron dos artículos de
la Constitución para construir un esquema de administración de
las regalías centralizado en lo territorial, aunque más
desconcentrado en lo funcional y en relación con nuevas
asignaciones específicas.
?
El artículo 134 del PND introdujo una modalidad para facilitar
la aprobación de licencias ambientales: si la autoridad ambiental
encargada de estudiar su otorgamiento se tarda más de 90 días
hábiles en dar una respuesta, “automáticamente pasará a
jurisdicción de un comité que en un plazo menor de 60 días
otorgará o negará la respectiva licencia ambiental”. El Comité
estará conformado por el Director Nacional de Planeación, el
Secretario General de la Presidencia, el Ministro de Ambiente y
la cabeza del sector (minero, energético, agrario) al que
corresponda el proyecto del caso, o sus respectivos delegados.
?
Se eliminó la Dirección Nacional de Licencias y Trámites
Ambientales como órgano del Ministerio de Ambiente y se crea
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, como
ente adscrito, con autonomía administrativa y financiera
(Decreto 3573 de 2011).
Constitución para construir un esquema de administración de las
regalías centralizado en lo territorial, aunque más
desconcentrado en lo funcional y en relación con nuevas
asignaciones específicas.
?
Con tres decretos de 2011, el Ministerio de Minas y Energía crea
la Agencia Nacional de Minería, para que promueva y adjudique
áreas de explotación, así como contrate, controle y fiscalice la
actividad minera. La otra parte de las funciones que tenía
Ingeominas, (el estudio geológico), queda en el también recién
creado Servicio Nacional de Geología.
Ahora ya no hay un Fondo Nacional de Regalías, sino varios
fondos de destinación específica (Ahorro y Estabilización,
Desarrollo Regional, Compensación Regional, Participación de
las Entidades Productoras, Ahorro Pensional Territorial y
Ciencia, Tecnología e Innovación), de modo que los entes
territoriales de donde se extraen los hidrocarburos en Colombia
compiten con todos los demás por los recursos girados por el
Fondo de Participación de las Entidades Productoras.
Renta minero-energética
El segundo hito de la actual política minero-energética es el de la
participación nacional en la renta del sector minero energético,
que incluye regalías, impuestos, compensaciones, derechos de
precios altos y la participación de las empresas industriales y
comerciales del Estado que operan en el sector.
Las nuevas medidas conducen a la pérdida de autonomía de las
regiones y al rompimiento del principio de descentralización
administrativa con el que la Constitución de 1991 consolidó un
pacto democrático de paz nacional.
En el tema general de la renta, el país tiene un debate intenso a
raíz de la evidencia de que el Estado, con la justificación de atraer
la IED, ha disminuido de manera escandalosa su participación en
las utilidades del negocio de la minería y los hidrocarburos hasta
el punto, incluso, de eliminar toda ganancia, como en el caso de la
minería.
¿Un boom sin extracción?
En el año 1997 el documento Conpes 2898 formuló unas
estrategias orientadas a lograr “un cambio estructural a largo
plazo que solucione los problemas detectados, y que permita el
desarrollo de la industria minera del país como herramienta de
desarrollo regional y fuente de financiación para este desarrollo”.
El economista Guillermo Rudas estudió las disminuciones que
tuvieron entre 2007 y 2009 las obligaciones fiscales para las
empresas mineras, en comparación con el escaso aumento de las
regalías: “Pasan de $6 billones de regalías y exenciones
tributarias de menos de 1 billón en 2007, a regalías de $6,5
billones y beneficios fiscales de $3,5 billones en el 2009. Más de
la mitad de las regalías se las están devolviendo”.
Para “facilitar” la administración del recurso minero, el territorio
nacional se dividió en Distritos Mineros, DM, que son “un
sistema productivo localizado donde se ubica un buen número de
productores dedicados a manufacturar o explotar, en distintas
fases, un producto homogéneo o un mineral o grupo de
15. Con la sentencia C-366 de 2011
16. Existían regalías indirectas (54% para proyectos prioritarios de inversión, 30% para preservación del ambiente, 15% para promoción de la minería y 15% para proyectos de prioritarios de inversión
en energización), directas (90% para proyectos de inversión para el desarrollo de los entes territoriales y 10% para su interventoría); y fluctuantes, que se establecen sobre la base de la explotación total y
varían dependiendo del recurso que se explote. Por ejemplo, la sal paga una regalía del 12%, mientras que el oro y la plata apenas pagan el 4%. En el caso de los hidrocarburos, se pasa de un régimen
estándar del 20% sobre la explotación, a una regalía fluctuante de entre el 5% y el 25% de acuerdo a los volúmenes de producción, dejando en promedio regalías del 12%.
17. Entre 2002 y 2009 las regalías por explotación de petróleo se acercaron a los $26 billones de pesos, que equivale a un promedio del 1% del PIB. Ver en el documento completo el cuadro elaborado
por Luis Humberto Hernández en 2010, con base en información de Ecopetrol y de la ANH.
-11-
Resumen
minerales”18. En la actualidad solo 3 de los 26 DM cumplen con el
componente de exportación total, a saber, Barrancas y Jagua de
Ibirico para carbón y Montelíbano para ferroníquel. Esto
significa que el país está al inicio del proceso extractivo y, por lo
tanto, la conflictividad socioambiental de los próximos años no
tiene relación alguna con el nivel de la conflictividad actual en el
sector.
económicas, sino que terminan siendo ordenadores de lo
territorial, al realizar funciones típicamente estatales, como las
actividades policiales que quedan en manos de ejércitos privados
de las empresas, no solo para “proteger su propiedad” sino para
reprimir comportamientos considerados peligrosos; y las
funciones de control y protección del medio ambiente.
Conflictos por la propiedad de la tierra y el uso del suelo
La fiebre del oro y del carbón
?
Hay una relación directa entre la explotación minera y el
problema agrario en Colombia: las actividades mineras están
provocando un mayor desplazamiento forzado de campesinos,
indígenas y afrocolombianos, para fomentar la explotación de
nuevos yacimientos de minerales; se presiona la venta de las
tierras que se utilizarán en la mina y en las zonas de
amortiguación, con procesos basados fundamentalmente en el
uso de la violencia. (Ramírez: 2007).
Tanto en los proyectos que ya están en etapa de producción como
en los que se encuentran apenas en exploración o incluso en
solicitud, los dos minerales que mayor trascendencia tienen en
Colombia y el mundo, por sus precios internacionales y la
presión por su extracción, son el carbón y el oro. En el primer
caso para 2009 el valor del PIB del carbón ascendió a $1,9
billones en pesos contantes de 2000 y representó el 43,4% del
PIB minero sin hidrocarburos, a pesar de que ese año el mineral
en Colombia tuvo un decrecimiento en la producción de 0,95%
con respecto a 2008 (alrededor de $21,793 millones),
determinado por la baja de los precios y el menor volumen
producido. Para los años siguientes la producción del sector
carbón tiende a incrementarse, pues en 2010 alcanzó los 80
millones de toneladas año.
?
El gobierno actual asume la necesidad de regresar una parte de
las tierras usurpadas a millones de campesinos, y se presenta
como una administración respetuosa de los DDHH. Sin embargo,
así como no hay garantías para que los desplazados y
despojados regresen a sus tierras, tampoco se ofrece una
política que les permita explotarla. El proyecto del gobierno
favorece otra concentración de tierra, a través de su destinación
para los megaproyectos de multinacionales y grandes
inversionistas criollos, viejos o “emergentes”. (Gutiérrez, 2011).
Por su parte, la extracción de oro recuperó el nivel de producción
que traía hasta el 2005, (pues cayó más del 50% en 2006 y 2007),
pasando de 15.482 kg. para el 2007 a 34.321 kg en el 2008
(121,69% más) y a 47.838 kg en el 2009 (39,38% adicional).
Existe una relación directa de estos incrementos con el
comportamiento de los precios internacionales del metal, que
tuvo sus mejores cotizaciones históricas en los años 2008 y 2009
al alcanzar un promedio anual de US$871,79 y $973,38 por onza
y mostrar un crecimiento del 34,65% con relación al precio de
2007 y de 11,65% con respecto al 2008. Para el 2010 se alcanza
un récord de producción de 50 toneladas de oro y de 15 toneladas
de plata, mientras la cotización de la onza de oro continúa en alza
y en octubre de 2011 superó los US$1.600.
?
La legislación busca desmontar las capacidades locales de
ordenamiento del territorio en áreas rurales, para favorecer
el desarrollo empresarial y el modelo de derechos de
propiedad facilita las transacciones sobre las tierras, pero no
protege los territorios (Mantilla Quijano, 2011: p.3). Por
ejemplo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)
se ha dado a la tarea de legalización de las tierras adquiridas
violentamente por narcotraficantes y paramilitares, como en el
caso de Jiguamiandó (Chocó), donde validaron escrituras de
empresarios de palma en tierras que ya estaban tituladas a
comunidades afro. Existen también actos de corrupción y
cooptación de líderes (CECOIN, 2008: p.33).
Reordenamiento vertical del territorio
Inversión pública para cuidar la inversión privada
Las dinámicas de reconfiguración territorial que genera el
modelo productivo aplicado en Colombia, le deja la peor parte a
las poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, que
deben enfrentar la expropiación y el desplazamiento asociado al
conflicto interno, al fortalecimiento de poderes regionales
ilegales, la presencia directa de empresas transnacionales, la
ejecución de megaproyectos y la pérdida progresiva de ingresos
en el campo. El modelo económico tiene así una gran tensión con
el desarrollo humano sostenible. (Velázquez, 2010: p.21)
No solamente la Nación percibe poca o ninguna riqueza por la
explotación de sus recursos naturales, sino que además dirige
buena parte del presupuesto general a cuidar lainfraestructura
de las compañías transnacionales. Los Planes Colombia y
Patriota, enmarcados en la política de seguridad democrática, se
dedicaron a proteger la infraestructura de Harken Energy (donde la
familia del expresidente George Bush tiene grandes inversiones) en
el sur de Bolívar, Santander, Llanos Orientales, Norte de Santander,
Putumayo, y de la Oxy (donde el exvicepresidente de EEUU, Al
Gore tiene una posición accionaría dominante); la ayuda militar
Los grandes empresarios de la madera, los agrocombustibles y
las industrias minero-energéticas no solo tienen ventajas
18. Existen 26 DM que comprenden 188 municipios agrupados según el volumen de producción, las variables de reservas, producción y mercado de destino: Grupo I, con más de 5 millones de
toneladas de producción por año (mtpa), Grupo II, con producción inferior a 5 mtpa y Grupo III, productores de metales preciosos y esmeraldas
-12-
Resumen
Cosigo en Vaupés y Gran Colombia Gold - Medoro Resources en
Caldas. Todos los proyectos están en lugares ambientalmente
estratégicos. De ahí que la pregunta clave que tendrán que
responder las autoridades es si sus beneficios económicos
compensarán el daño ambiental y el descontento social en las
zonas donde se ubican y si pueden mantenerse los títulos
otorgados, aún en zonas donde se ha reconocido abiertamente la
ilegalidad de los proyectos (como los páramos).
de Gran Bretaña se dirigió a zonas donde operan sus compañías
Angloamerican, BHP Billiton, B.P. Amoco; la de Israel a zonas de
producción carbonífera que alimentan su industria energética; y
la de España a respaldar las inversiones de Repsol-YPF en Arauca
(Ramírez, 2007).
¿Minería sustentable?
Aunque los impactos ambientales de la minería varían según el
tipo de mineral que se extrae, en todos los casos se trata de una
actividad no sustentable porque explota un recurso no renovable
mediante procesos destructivos o contaminantes. Junto con la
explotación de petróleo, amenaza el 30% de las últimas
extensiones de bosques primarios del mundo. La deforestación
no solo afecta el hábitat de cientos de especies, sino también el
mantenimiento del flujo constante de agua desde los bosques
hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. Químicos
peligrosos que son insumos o productos de las distintas fases de
procesamiento (cianuro, ácidos concentrados y compuestos
alcalinos) terminan en los sistemas de drenaje, contaminando y
alterando del ciclo hídrico, lo que afecta de modo muy grave a los
suelos y a las personas.
Luchas sociales en Colombia relacionadas con actividades
extractivas de oro y carbón
Compitiendo por ser los primeros
La tendencia de la movilización social en Colombia se
incrementa como resultado de la creciente IED para la extracción
minera. Las luchas sociales expresan la tensión en los territorios
en contra de la presencia de multinacionales y son
protagonizadas tanto por indígenas y afros, como por un amplio
espectro de sectores sociales solidarios con sus causas;
trabajadores asalariados de empresas dedicadas a la extracción,
mineros artesanales que tras la expedición del Código Minero
han sido blanco de persecuciones y criminalización; habitantes
de las ciudades que respaldan la defensa de los bienes comunes,
académicos, estudiantes, entre otros.
Todos estos impactos y conflictos se dan aún cuando muy pocos
proyectos están en explotación y lo que se vive es la presión por
dar paso a la primera explotación de oro a cielo abierto en el país.
Cuatro compañías compiten por ese primer lugar: AngloGold
Ashanti en Tolima, Eco Oro (GreyStar) y EBX en Santander,
En la base de datos de luchas sociales del CINEP se registraron,
entre el 2000 y el 2011, 104 luchas sociales asociadas a
actividades mineras (52 vinculadas al carbón, 42 relacionadas
con el oro y 10 en contra de las multinacionales)19. Algunos de los
ejemplos más destacados de esos conflictos son:
Proyecto y empresa: Cerrejón (AngloAmerican, Xtrata, BHP Billinton).
Ubicación: Departamento de La Guajira, municipios de Barrancas, Fonseca y Distracción.
Minerales: Carbón
Extracción anual o estado del proyecto: 32 millones de toneladas.
Conflictos principales: Enfermedad y condiciones de vida de trabajadores y comunidades étnicas aledañas a la mina, contaminación del
aire y del agua, desplazamiento de comunidades, cambio de vocación de la población, ruptura del tejido social, detrimento patrimonial a la
Nación.
Actores involucrados en los conflictos socioambientales: Indígenas wayuu, comunidades afrocolombianas, trabajadores de la mina,
académicos.
Proyecto y empresa: Descanso Norte y La Loma, Drummond Company INC.
Ubicación: Departamento del Cesar.
Minerales: Carbón.
Extracción anual o estado del proyecto: 17 millones de toneladas.
Conflictos principales: contaminación, cambio de vocación de la población, corrupción e irregularidades en el pago de regalías,
persecución, criminalización y asesinato de líderes sociales.
Actores involucrados en los conflictos socioambientales: comunidades campesinas y de pescadores, trabajadores de la mina,
académicos, Ministerio Público (Contraloría y Procuraduría); presencia de paramilitares.
Proyecto y empresa: Campo Rubiales, Pacific Rubiales.
Ubicación: Departamento del Meta.
Material: Hidrocarburos.
Extracción anual o estado del proyecto: (1/4 parte de la producción nacional de petróleo).
Conflictos principales: malas condiciones laborales, irregularidades en el pago de los trabajadores, persecución de líderes sindicales.
Actores involucrados en los conflictos socioambientales: trabajadores de la empresa, presencia de guerrilla y paramilitares.
19. Los detalles de los conflictos registrados por actividades extractivas están en la versión extensa de este documento, así como los estudios de caso.
-13-
Resumen
Proyecto y empresa: Títulos concedidos a nombre de una persona natural en La Toma, Cauca.
Ubicación: Departamento del Cauca, municipio Suárez, corregimiento La Toma.
Minerales: Oro.
Extracción anual o estado del proyecto: minería artesanal y ancestral; gran minería en etapa de exploración y con cuestionamientos de la
legalidad de los títulos.
Conflictos principales: Falta de consulta previa, ruptura del tejido social, cambio de la vocación ancestral de las comunidades, minería
ilegal sin control de las autoridades locales.
Actores involucrados en los conflictos socioambientales: comunidades afrocolombianas que hacen minería ancestral de supervivencia,
mineros ilegales, Corte Constitucional; presencia de paramilitares.
Proyecto y empresa: Angostura, Eco Oro Minerals Corp. (antes GreyStar Resources LTD.)
Ubicación: Páramo de Santurbán, Santander, municipios de Vetas y California.
Minerales: Oro y plata.
Extracción anual o estado del proyecto: gran minería en etapa de exploración; el proyecto presentado en 2010 tenía una proyección de
511.000 onzas de oro y 2,3 millones de onzas de plata.
Conflicto principal: Acceso y contaminación del agua para 2,5 millones de personas, ruptura del tejido social.
Actores involucrados en los conflictos socioambientales: comunidades urbanas de la ciudad de Bucaramanga (capital de Santander) y
municipios aledaños, comunidades campesinas habitantes del páramo, pequeños mineros habitantes del páramo, gremios, estudiantes,
ambientalistas, académicos, sindicalistas, opinión nacional en general.
éstos tengan mayor intervención en las decisiones, es la debilidad
institucional. En el caso de Colombia, las instituciones están
plegadas a los intereses de las grandes empresas y de los
planteamientos globales. En eso consiste, justamente, la debilidad
institucional.
Reflexiones finales
En esta mirada sobre el fenómeno minero-energético en Colombia
se reconocen sus impactos sociales, ambientales, políticos y
técnicos, pero también quedan muchas preguntas y planteamientos
sobre el futuro inmediato y a mediano y largo plazo de lo que este
proceso significará para el país, para sus regiones y en especial
para las comunidades agrarias.
?
El carbón y el oro son los bienes más importantes para los
intereses mineros actuales en el país. La incursión de grandes
empresas en procura de explotarlos está cambiando
estructuralmente la economía colombiana y produciendo
grandes impactos ambientales, sociales y políticos. Esto ocurre,
como se señaló, en medio de grandes debilidades institucionales
del Estado, pero también de un conflicto armado de 50 años de
existencia.
Algunos de los principales elementos que el equipo que trabajó el
documento destaca, son:
Un fenómeno global y estructural
?
La competencia por inversiones mineras no es regional sino
global. La política minero-energética que se impulsa en
Colombia con ese objetivo, se corresponde, además, con un
propósito generalizado para Latinoamérica que exige el contexto
mundial: se buscan nuevas fuentes de recursos primarios, por la
perspectiva del agotamiento de las que existían y las demandas
del mercado internacional. Se persigue, además, conseguirlos a
bajo costo para reactivar una economía mundial en crisis por la
alta concentración de la riqueza, la baja rentabilidad y el
estancamiento de las inversiones.
?
A un conflicto persistente y antiguo se agregan las nuevas
conflictividades. Eso permite entender las especificidades de
Colombia con respecto a otros países como Chile, Brasil y Perú,
en los que, si bien hay conflictos, tienen una complejidad distinta
a la de aquí. En Colombia se superponen las zonas históricas de
intenso conflicto armado y violencia por la tierra (su propiedad,
su uso) relacionadas con el desplazamiento forzado, protesta
social y producción cocalera, con las zonas o regiones solicitadas
o en explotación minera, en especial, las que tienen en el subsuelo
oro y carbón.
?
Así, la presión de la minería hace parte de un fenómeno estructural
y no coyuntural del capitalismo, lo que hace tan necesaria y válida la
incidencia en este aspecto, así como el debate y la propuesta de
alternativas en torno al papel asignando al "tercer mundo" y las
repercusiones que tiene ese orden económico internacional
concebido por los países del "primer mundo".
La tierra en el centro de las disputas
?
En esas situaciones persiste y se intensifica una tendencia
sistemática y estructural de los problemas de la tierra en un país
que ha sido impactado negativamente en su historia por tres
“tsunamis”: el de la concentración, propiedad y uso de la tierra; el
de la producción, transformación y tráfico de la cocaína y, ahora,
el de la minería. Los tres tsunamis, en la actualidad, se dan
Un Estado débil y un conflicto que persiste
?
Uno de los aspectos que facilitan el establecimiento políticas de
promoción de la minería en los países no industrializados, sin que
-14-
Resumen
al mismo tiempo con todo su peso y perversidad. Quedan
preguntas urgentes por resolver: ¿cuál es hoy la relación de la
minería con el conflicto y los actores armados ilegales?, ¿cómo se
puede interpretar sobre la base de los elementos históricos de
conflictividad, la inversión del Estado en seguridad en los
territorios mineros?, ¿cómo los actores entran a resolver estos
conflictos?
rigurosas de política. Pero, aun si se cumplen esas condiciones, se
puede generar tal insostenibilidad que se rompe la capacidad de
carga (resiliencia) de ecosistemas estratégicos como los
páramos, productores de agua; las selvas, con su diversidad y los
equilibrios hídricos en las cuencas y zonas de amortiguamiento
como los valles. En eso tiene gran responsabilidad la débil
institucionalidad ambiental, pero también influyen de manera
importante las dificultades para que las poblaciones participen en
los espacios de definición, decisión y verificación sobre los
proyectos mineros y extractivos en general y la información
imprecisa, confusa y, algunas veces, hasta engañosa de las
empresas.
La maldición de la abundancia
?
La historia de muchos países africanos, asiáticos y
latinoamericanos muestra que no hay, necesariamente, una
relación directamente proporcional entre la alta rentabilidad de
una economía basada en la explotación de recursos naturales
(como la minería) y el bienestar de una sociedad y un desarrollo
humano integral. En el caso de Colombia, desde la colonia hasta
hoy, se han realizado importantes explotaciones de carbón, oro,
plata, platino, bauxita, hierro, aluminio, cobre, níquel, estaño y
zinc, sin que eso haya significado desarrollo económico y social
de las regiones y del país.
Minería responsable por encima del lucro económico
?
Un reto político y ético, además de tecnológico, es establecer
una minería responsable, un desafío para todos los actores que
tienen las grandes responsabilidades de decisión al respecto. No
obstante, existe la pregunta de si realmente es posible una minería
que tenga la capacidad de evitar efectos devastadores, y en ese
sentido ser responsable. Por el momento, la minería se concibe
frente a la opinión pública del país como un gran negocio, como
un camino hacia la prosperidad democrática, como la locomotora
mayor, teniendo como principal objetivo el crecimiento
económico, la rentabilidad y ganancia de las transnacionales
mineras, en muchos casos a costa del bienestar de la mayoría de la
población de una región o de un país entero; la historia nos
muestra casos concretos que corroboran esa afirmación.
?
La ampliación de la gran minería y las relaciones asimétricas
que en términos de mercado se establecen, hacen que la minería
ancestral se convierta en una actividad cada vez menos rentable
para quienes la ejercen, condición que se agrega a la de baja
rentabilidad económica y ambiental que siempre ha tenido ese
tipo de minería. Pero además el impacto de las extracciones a
gran escala en los territorios ancestrales hace que se deteriore el
tejido social, cultural, ambiental y las economías locales. Poco a
poco se empobrecen las poblaciones que han vivido por muchos
años de esa actividad, se genera mayor exclusión y segregación
social, que llega a expresarse en la criminalización, la
judicialización y la presión violenta contra las comunidades
mineras artesanales.
Consulta previa y derecho a decidir sobre el territorio
?
Entre los temas por resolver está la reglamentación del proceso
de consulta previa, la delimitación de páramos, la titularidad a la
minería ancestral y la resolución sobre proyectos que se
encuentran en el denominado 'régimen de transición' para el
cumplimiento de sus obligaciones ambientales (aquellos que
empezaron antes de crearse el Sistema Nacional Ambiental,
SINA).
Menos lugar para las mujeres
?
La minería a gran escala genera cambios en los roles de hombres
y mujeres en las poblaciones locales. Los hombres, antes
propietarios y agricultores, campesinos, pescadores o mineros
artesanales, se convierten en obreros de empresa, muchas veces
con sus derechos conculcados. Las mujeres, agricultoras y
cuidadoras del campo, quedan sin ningún espacio productivo,
excluidas de la labor económica; la minería las desplaza y las
relega a oficios marginales y pobremente remunerados. Los
impactos por la llegada e instalación de grandes proyectos
mineros se relacionan con la prostitución, los embarazos en
adolescentes, el madresolterismo, el incremento de las
enfermedades de transmisión sexual y por lo tanto con su
deterioro social, personal, cultural, emocional, etc.
Recomendaciones
En términos generales, tanto para el análisis como para el
seguimiento y aplicación de las políticas, hay que asumir las
diferencias regionales derivadas de las dinámicas y los impactos
de la extracción minera en Colombia. Se requiere hacer un
trabajo desde lo local para cada proceso minero particular. El reto
específico es cómo trabajar, ¿por cuencas? ¿por territorios
locales?, ¿con una mirada integral de región?, ¿en contextos de
micro región? En aspectos más puntuales, planteamos:
Aspectos estratégicos para la transformación de conflictos en
zonas de extracción minera
Impactos ambientales y falta de participación
- Lectura y seguimiento permanente al contexto mineroenergético, dado que es un sector dinámico que tiene en
?
Los impactos ecológicos de la minería son nefastos. En muchos
casos no hay controles, tecnologías apropiadas, ni decisiones
-15-
Resumen
perspectiva una expansión importante. Sería útil seleccionar
estudios de caso, que alimenten análisis comparativos de los
impactos y de las experiencias de resistencia.
reservas indígenas, territorios colectivos de comunidades negras,
zonas de reserva campesina, de parques nacionales o de interés
ambiental, ahora son para la explotación minera. Esta situación
disloca las relaciones sociales y políticas, dando lugar a una
reconfiguración territorial y a nuevos usos y propiedades de la
tierra. Recomendamos analizar casos concretos para desentrañar
a profundidad los problemas y buscar alternativas, por ejemplo,
Cajamarca (Tolima), Santurbán (Santander) o la Serranía de San
Lucas (Magdalena Medio).
- Producir información y análisis de calidad: se necesita
producir una información que ayude a investigar con rigor
diversos aspectos del desarrollo minero-energético y su relación
con los problemas del desarrollo económico, social y ambiental
del país. Los análisis debe corresponder a la complejidad de la
realidad y estar fundamentados en datos empíricos que ayuden a
establecer reflexiones que superen los lugares comunes y
generen propuestas o alternativas para establecer salidas viables,
realistas e incluyentes.
- Análisis de los conflictos por el uso y apropiación de los
bienes comunes y el patrimonio natural: tanto competencia
por el acceso como afectaciones a fuentes hídricas, cambios en la
disponibilidad de bienes comunes, contaminación y pérdida de
biodiversidad, afectación a reservas naturales, entre otros.
Recomendamos analizar casos concretos donde los nuevos
lenguajes y narrativas en las resistencias evidencian estos
conflictos, por ejemplo, la defensa de los páramos Santurbán y El
Almorzadero (Santander) y Pisba (Boyacá), los conflictos
ambientales en la región Caribe, como Cesar y La Guajira con la
explotación del carbón o incluso Marmato (Caldas).
- Es preciso avanzar en la producción de información que
interrogue profundamente la idea de que la reprimarización
de la economía es un camino al bienestar y al desarrollo. Se ha
avanzado mucho con las investigaciones sobre la relación entre
regalías y exenciones, pero no se tiene información igual de
rigurosa sobre el empleo generado por los proyectos mineros vs.
los trabajos que se pierden o afectan; menos aún se han
incorporado elementos de la economía ambiental que permitan
evaluar en su total complejidad los proyectos para establecer su
rentabilidad real, una vez se incluyan asuntos como los pasivos
ambientales o los lenguajes de valoración diferenciados.
Generación de capacidades y apoyo a procesos organizativos
?
Es indispensable continuar empoderando y generando
capacidades en las personas y organizaciones sociales, con el fin
de que las negociaciones entre ellas, la empresa privada y Estado
sean más simétricas y se logren gestionar y construir alternativas
incluyentes, justas y viables para las comunidades y la sociedad
en general.
- Información sobre las empresas: queda abierto un horizonte
de investigación muy amplio en cuanto al origen de sus capitales,
su ubicación o la de sus filiales en otros países del continente, las
estrategias de penetración utilizadas por ellas en los diferentes
territorios y las formas de neutralizar y cooptar líderes. Una
sistematización adecuada de esa información, permitiría
fortalecer la acción política de las comunidades.
?
Potenciar la especialización del accionar de las ONG en función
del acompañamiento que se requieren en las áreas donde se
desarrollan los proyectos mineros, según especialidades
existentes que se articulen para acompañamientos y apoyos
integrales: técnico, ambiental, jurídico, social, de incidencia y
otros. También hay necesidad de establecer criterios para saber a
qué comunidades, organizaciones, redes y plataformas
acompañar y cómo hacerlo, diferenciando sus demandas,
contextos, actores, posiciones y procesos que han vivido, para
confrontar esto con lo que se les ofrece.
- Uno de los temas necesarios para analizar y evaluar, tiene que
ver con los programas de Responsabilidad Social Empresarial,
RSE, pues es urgente debatir su legitimidad y pertinencia, así
como las ventajas o desventajas de aplicar, por ejemplo, la
Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva o EITI en
Colombia, especialmente en cuanto a información.
- Análisis de conflictos sociales y de violación de DDHH y
DIH, en relación con los procesos mineros y de hidrocarburos.
Para ello hay que aprovechar bases de datos consistentes como
las del CINEP/PPP y aportar en un enfoque que priorice la
construcción de una paz integral y duradera. En este sentido los
pueblos tienen derecho a su territorio, a vivir y desarrollarse en él
y no solo a que les den unos cupos de trabajo en el territorio donde
explotan sus recursos. Las comunidades quieren el desarrollo de
una vida integral y, por eso, la paz no significa solamente cese del
fuego.
?
Diseñar procesos de formación, capacitación y
acompañamiento que permitan a las organizaciones y procesos
incorporar una mirada integral de territorio. Tener en cuenta
diversos temas y aspectos jurídicos, económicos, ambientales,
sociales y culturales.
?
Acompañar en aspectos técnico-científicos, en la creación de
alternativas económicas viables, en los temas culturales y
ambientales, en la construcción y aporte a las políticas públicas,
en los temas jurídicos, en la aplicación de herramientas como la
cartografía social junto con la gente y no solo para la gente.
- Análisis del conflicto agrario en su compleja relación con la
minería. Tierras y contextos territoriales con vocación
agropecuaria y agroforestal, o zonas incluso protegidas por ser
?
Trabajar para que las comunidades no solamente conozcan sus
-16-
Resumen
derechos sino que cuenten con el apoyo jurídico y técnico frente
a la violación de los mismos por cuenta de la minería.
obstáculo para el desarrollo de sus proyectos. Por ello es
trascendental proteger la figura y no permitir que se la llene de
impotencia.
Empoderamiento e incidencia en la formulación de políticas
públicas.
?
Apoyar las zonas de reserva campesina. Las ZRC pueden
permitir que se consolide la economía campesina, se formalicen
títulos de propiedad de la tierra y se generen formas de tenencia
colectiva, se conserven los suelos y las aguas, se revierte la
ganadería extensiva y la destrucción de las selvas. Es decir,
puede ser una opción real de vida para la población rural.
?
Fortalecer los mecanismos de participación que facilitan la
exigencia de derechos.
?
Establecer mecanismos que posibiliten la concertación entre
los diversos actores implicados que no tiendan a favorecer a la
clase económica y políticamente fuerte.
?
Delimitación geográfica y topográfica de los páramos. Hace
parte de un ejercicio pendiente del Ministerio de Ambiente
relacionado con la definición de los us os de suelo que son o no
permitidos en una región, con el fin de evitar conflictos
innecesarios con el otorgamiento de concesiones mineras en
áreas de protección y/o exclusión ambiental. Adicionalmente, es
necesario requerir al gobierno para que no se limite a investigar
la entrega de títulos de manera ilegal en esas y otras zonas
protegidas, sino que también tome las decisiones para proteger
los páramos, en cumplimiento de la ley.
?
Establecer regulaciones a las empresas extractivas enmarcada
en los intereses nacionales: sociales, ambientales y económicos
(en esa orden).
?
Garantizar la aplicación de una política ambiental rigurosa,
integral, sistémica y con un alto sentido de responsabilidad y
sostenibilidad de los patrimonios naturales para las
generaciones presentes y futuras.
?
Potenciar acciones para visibilizar el desmonte de la
legislación ambiental y la institucionalidad en aras de atraer IED
y facilitar la exploración y explotación minera.
?
Resolver jurídicamente la situación de muchos proyectos
que aún se encuentran en “régimen de transición” para el
cumplimiento de sus obligaciones ambientales (que se inició
antes de la conformación del Sistema Nacional Ambiental,
SINA), pues esto ha conducido al incumplimiento por parte de
los concesionarios mineros y a la inexistencia de control por
parte de las autoridades ambientales.
?
Armonizar las políticas de desarrollo rural, la normatividad
forestal, sobre contaminación, aguas y la misma Ley de víctimas
y restitución de tierras, con las leyes sobre la exploración, la
explotación y comercialización de minerales.
?
Definir la titularidad de minas dentro de áreas que hoy son
concesiones para gran minería, pero que, desde hace al menos un
siglo, explotan comunidades étnicas sin que aún hoy en día
tengan actas de propiedad.
?
Visibilizar las implicaciones del desmonte de instituciones
estatales que apoyaban a la minería nacional de pequeña y
mediana escala.
?
Visibilizar las consecuencias del señalamiento de la minería
informal y ancestral como ilegal.
Empoderamiento e incidencia en el ámbito internacional
En él hay que considerar escenarios como los Estados y
sociedades de los países que consumen las materias primas
mineras; diálogos sur-sur, donde Brasil desempeña un papel
muy importante; los movimientos sociales y el fortalecimiento
de espacios nacionales e internacionales donde puedan llegar
fortalecidos y preparados para posicionar sus propuestas y hacer
presión frente a las dinámicas económicas excluyentes. En este
sentido, recomendamos:
Empoderamiento e incidencia en el ámbito jurídico
?
Revisión de la política sobre minería. La apuesta del
desarrollo está basada en el sector minero-energético y esta
decisión implica un debate público al respecto. Nuestra
recomendación es apoyar la generación de espacios para que el
debate sea efectivamente público e incida en la opinión nacional.
Por ejemplo, la puesta en marcha de un foro nacional que
involucre al gobierno nacional y regional, a la sociedad civil y a
los empresarios.
?
Crear y/o fortalecer espacios de encuentro, por ejemplo, un
foro internacional anual con la participación de empresas,
gobiernos y sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre
temas como: conservación, uso y manejo en áreas protegidas y
recursos naturales como suelo, agua y bosques; análisis sobre
modelos de desarrollo basados en economía extractiva;
ordenamiento y nuevas configuraciones territoriales; la
posesión, titularidad y uso de territorios de comunidades
indígenas, negras y campesinas, entre otros.
?
Defender la consulta previa. La Corte Constitucional le ha
dado a la consulta previa el tratamiento de derecho fundamental.
Aunque el gobierno quiere, entre otras, volver a proponer una
reforma al Código de Minas y presentar la Ley de Víctimas y de
Restitución de Tierras (con marcados énfasis en la inversión
transnacional y la agroindustria), ha manifestado como
prioritaria la reglamentación de la consulta previa, pues los
inversionistas han dicho que consideran a ese derecho como un
-17-
Resumen
?
Alianzas estratégicas para hacer seguimiento a los impactos
globales de las nuevas tendencias de las industrias extractivas y su
relación con el desarrollo.
ilegales como si fueran lo mismo que minas de colonos ocupando
territorios a la fuerza y despojan a sus dueños tradicionales, o de
narcotraficantes lavando dinero mediante la compra de minas de
oro.
Promoción de diálogos entre diversos actores
La minería artesanal tiene un conocimiento acumulado en la
explotación pero se debe enriquecer con nuevos modelos.
Recomendamos contribuir a la formalización de esa actividad y
buscar que tenga apoyo del Estado para su tecnificación,
sostenibilidad ambiental y viabilidad económica.
?
Para que la minería sea verdaderamente responsable, los
esfuerzos deben estar impulsados y supervisados por el Estado y la
sociedad. Sin embargo, esta condición es difícil de cumplir debido
a las grandes asimetrías económicas, políticas y de información
existentes entre los diversos actores. Así mismo son inmensas las
desconfianzas entre ellos, los incumplimientos de los acuerdos por
parte de las empresas, el débil rol del Estado y en muchos casos sus
sesgos y hasta omisiones por favorecer los intereses empresariales
Defender los derechos de las mujeres
?
Trabajar en función de alcanzar un mayor ejercicio de la
ciudadanía social, un referente de exigibilidad y respeto de los
derechos constitucionalmente reconocidos y sus desarrollos, en
interlocución permanente con el Estado. Para ello se requiere
información y conocimiento sobre los problemas que se enfrentan
y sus implicaciones, así como la construcción de consensos y
acuerdos entre la población sobre sus intereses y las acciones o
procedimientos de defensa.
?
Un desarrollo sustentado en la minería, con un peso muy grande
en la inversión extranjera, apela a una concepción del Estado y a
unas formas de institucionalidad pública en tensión desde lo local
y regional con lo nacional y lo global, que requiere ser analizadas
para poder superar las asimetrías y las desconfianzas que
imposibilitan diálogos tripartitos.
?
No basta con responder a los impactos específicos de la
economía extractiva en los lugares donde tiene lugar la
explotación, sino que hay que llegar a incidir y aportar a la
comprensión y transformación de la configuración social, política
y económica de todo el territorio nacional. Recomendamos crear y
fortalecer alianzas que contribuyan, por un lado, en la
construcción de alternativas de desarrollo rural basado en las
economías campesina, indígena y afrodescendiente y, por otro, a la
revisión de las políticas y la institucionalidad públicas, para que se
construyan desde lo regional y local con la participación de los
distintos actores sociales, económicos e institucionales y no
pasándoles por encima, como hasta ahora.
?
Las mesas de trabajo entre comunidades y entidades estatales
para hablar de estos temas, podrían llevar a superar las
desconfianzas y avanzar en la transformación de conflictos.
?
Es importante pensar en alternativas diferenciadas para la
explotación del oro y la del carbón; una dinámica es la explotación
de las grandes compañías multinacionales con grandes
inversiones en Colombia, y otra es la explotación de la mediana y
pequeña minería tradicional.
?
Resaltamos la necesidad de apoyar las alianzas estratégicas que
se tejen para fortalecer las luchas en la defensa del territorio.
Sobre la mediana y pequeña minería
Si bien cualquier tipo de minería por fuera del registro del Estado
es en principio ilegal, existen minas que han pertenecido
tradicionalmente a comunidades que extraen de manera artesanal
los minerales, fundamentalmente oro, y que no pueden ser
señaladas per se como ilegales y despojadas a la fuerza por una
normatividad que no tiene en cuenta su historia, sus costumbres y
valores culturales. Esas minas no pueden ser proscritas como
?
Acceso a la propiedad de la tierra para las mujeres. La
legitimización del despojo ha dejado en una situación crítica a las
mujeres, por lo que recomendamos desarrollar una línea de
intervención que fortalezca y amplíe su legitimidad para
reivindicar la propiedad de la tierra.
?
Recomendamos adelantar procesos que tengan como eje de
reivindicación la soberanía alimentaria, haciendo énfasis en que
esta ha sido una práctica ancestral de las mujeres y que constituye
parte de su patrimonio cultural.
?
Participación de las mujeres en la toma de decisiones,
considerando las diferencias en tanto mujeres campesinas,
indígenas o afrocolombianas. En términos generales, las
poblaciones afectadas por los proyectos de minería y energía
(campesinas, negras e indígenas) tienen un alto nivel de
desconocimiento de los marcos normativos relacionados con el
derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Las mujeres
se encuentran en una especial desventaja.
?
Recomendamos desarrollar una línea de acción estratégica para
compensar esa desigualdad histórica de acceso a la información,
que facilite la participación de las mujeres en los espacios donde
se toman las decisiones y se debaten los asuntos públicos que las
afectan directamente.
?
Algunas mujeres del campo, ante la inseguridad económica, han
optado por el trabajo sexual como alternativa para generar
ingresos. Dado que las opciones de trabajo tradicionales
(agropecuarias o de minería artesanal) están sido desplazadas por
la minera de gran escala y que ese modelo tampoco ofrece
alternativas de inclusión laboral, las actuales generaciones de
mujeres jóvenes son las que en mayor riesgo se encuentran y para
quienes resulta urgente estructurar alternativas sociales y
económicas de atención a la vulnerabilidad que enfrentan.
-18-
Summary
The purpose of the document entitled Situation of Conflict in the Colombian Mining and Energy Sector is to provide Cordaid with some
analytical elements which will allow a broad and structural examination of the mining phenomenon in the country. This corresponds with its
Conflict Transformation programme and points to building relevant and effective cooperation. The text was prepared through the collective
effort of organisations and individuals who are experts in the field.
This document emphasises the strategic problems of the mining phenomenon as seen from the perspective of social, economic, political, and
environmental conflict, since mining operations turn the country's social and armed discontent into topical issues. This includes the
vulnerable situation of Human Rights and International Humanitarian Law, to the degree in which this phenomenon increases the illegal
takeover of land, as well as competition for land use, tenure, and ownership.
Territorial reconfiguration
Re-primatization meant to feed a development model
The consequences of this are far from meagre, since what is
actually occurring is a territorial reconfiguration caused by
extractivism, specifically from mining, which during the last ten
years has been gaining an unprecedented importance in economic,
as well as in political and social, terms. This stands in the way of
sustainable and human development. It is therefore vital to analyse
the actors and interests that are involved in mining and exist in the
territories, as well as to acknowledge the strategies of social
resistance in response to extractivism, and what this resistance has
so far achieved.
What is happening in Colombia in terms of mining and energy is an
expression of an international model that assigns so-called third
world countries the mission of providing raw materials, while the
other countries are involved in production, industrialisation,
research, and generating added value and new technologies. Even
though in Latin America halfway through the 20th century efforts
were made to transform this model, neoliberalism breathed new
life into continuing primatization. This has increased over the last
few years by placing a strong emphasis on extracting all the
resources nature has to offer.
Regulations going in reverse
One might claim that the results of mineral exploitation are directly
related to the type and quality of the political, environmental,
social, and economic institutions involved in the processes. This is
why the following questions are asked: What is the impact of
mining on the Colombian economy, at a national as well as a
regional level? How can regional problems be included in
macroeconomic policies? How are the increasing interests in the
mining and energy resources, social mobilization, and the
violation of Human Rights (HR) and International Humanitarian
Law (IHL) related to each other?
One relevant aspect is the way in which regulations of the mining
and energy sector, on one hand, and the environmental sector on
the other, have been transformed side by side beginning in the
sixties, with the aim of achieving harmony between the two. A
progressive spirit was behind trying to harmonise the relationship
between production and natural renewal cycles through a
sustainable development model. This was addressed by the Código
Nacional de Recursos Naturales (1974 Decree 2811 concerning
the Natural Resources National Code) of the 1991 Constitution
(Articles 8, 79, 80, 332, 333, 334, and others), while in addition
joint venture contracts were established that same year (Law
2310). Meanwhile, the National State was showing its
commitment and participating more and more in the exploitation
of its natural resources.
On the other hand, during the first decade of the 21st century the
models used in the country for drafting mining contracts (2001
Law 685) and in the hydrocarbons sector were restructured (2003
Decree 1760), an effort aimed at eliminating the participation of
the National State in exploiting its minerals, and at increasingly
allowing transnational investments in the field (mainly through
taxation mechanisms).
This trend has gained even more momentum during Álvaro Uribe's
two terms in office, as well as during that of Juan Manuel Santos, in
order to attract and satisfy transnational private investments by
making mining and energy environmental regulations and
contracts more flexible. It has also been observed that the
regulations are contributing to disfiguring prior consultation with
ethnic communities1.
Some fundamental ideas
This mapping document expresses in a general way the issues
mentioned and it proposes, as a further challenge, working out a
series of hypotheses that need to be examined rigorously. The text
hints at some of them, but does not intend to explore them fully.
These hypotheses include:
?
That the way in which mining multinational corporations are
gaining participation is generating a type of territorial
reconfiguration that goes against, and has adverse effects on, the
lives of the local populations and communities where they are
becoming involved. This leads to social and environmental
conflicts that specifically stem from social struggles and cases of
political violence, and tend to affect economic and institutional
decision making.
?
That the ways in which these struggles are expressed vary in their
range, depending on the stages of the projects, the willingness to act
in favour of sustainable and human development, and the collective
capacities present in society, the communities, and the territories to
exercise influence at a national level.
1. Various laws and projects related to extractivist activities have been suspended or repealed because due prior consultation was not observed, as was the case of the 2010 Law 1382.
-19-
Summary
?
In order to develop these ideas further, this document presents a
political, economic, legal, and institutional analytical framework
of the extractivist model in Colombia. It also exposes what the
present mining situation is like in the country, in terms of territory,
in order to understand the underlying reasons for the socioenvironmental conflicts that this activity causes. This includes a
review of five cases of territorial conflict, and the social response
to each conflict [Puerto Gaitán (Meta) because of oil extraction;
and Segovia (Antioquía), Marmato (Caldas), the moorlands of
Santurbán (Santander), and Suárez (Cauca) due to gold mining].
Finally, a series of reflections and strategic recommendations is
made to Cordaid regarding the field of advocacy.
Economic growth based on the mining and energy sector
The 2010-2014 National Development Plan (Plan Nacional de
Desarrollo, PND) gives high priority to the mining and energy
sector, allocating to this so-called development engine2 (literally,
“locomotive”) 44% of investments as it is considered a growth and
competitiveness sector. This is much higher than the allocations
for housing (24.92%) and is two or three times higher than those
reserved for transport infrastructure (15.92%), agriculture (2.2%),
and innovation (0.10%).
The emphasis that is thus placed on the mining and energy sector is
not just a thing of the past decade. The government acknowledges
this: “the economy of Colombia has been hardly innovative; the
variety of exports of today is not much different than the one we
had two decades ago, while the only difference is that our
dependence on mining and energy resources is growing
constantly.” (DNP 2010, 12). The agricultural and industrial
sectors that used to account for 43.3% of the GDP in 1991 now
barely reach 21.6%.
In contrast, the mining sector has been growing over the last three
years at a rate above 11% (Sarmiento, 2011b, 21), while the State
limits its role to that of a regulator and overseer that should
effectively and firmly stimulate private investments for the
development of mining projects3, which are tasks assigned by the
Mining Code, Código de Minas.
The mining and energy sector grows at the cost of the
environment
The degree to which the areas legally dedicated to mining have
grown, as well as the fiscal benefits that this activity is granted,
reflect privileges that stand in contrast to the environmental
authorities' actual behaviour in their efforts to ensure the
adherence to regulatory laws, and even to the State's capacity to
issue authorisations for extractive activities. For example,
present legislation has eliminated the need to grant
environmental licenses during the exploratory phase (for
mining) and during the seismic phases (oil). Moreover, during
Uribe's term in office, the area legally dedicated to prospective
mining increased exponentially from 1.1 million hectares in 2001
to 8.4 million hectares in December, 2010 (Rudas, 2011:3;
Andrade, 2011:1). This is almost twice as much as the area
dedicated to agriculture (4.9 million hectares).
According to economist Guillermo Rudas, between 1990 and
2001, 1,889 mining licenses were awarded (almost 157 per year),
while during the 2002-2009 period, 7,869 licenses were granted
(almost 984 per year). By May 2009 licenses were solicited for
almost 40 million hectares, that is, approximately 35% of the
total national territory. As Rudas points out, notwithstanding the
results, this represents an important growth of interest in
furthering mining activities in Colombia.
The goals for 2019 include doubling coal exploitation, increasing
that of gold fourfold, and increasing threefold the area covered by
mining contracts. This is why many social sectors are
denouncing what this mining policy implies, because it goes
without saying that this will generate territorial disputes, new
waves of displacement, new conflicts, and more violence.
A country that depends on extractivism
The PND recognises that the Colombian economy has not
become industrialised and, on the contrary, it still depends on the
extraction of raw resources, albeit no mention is made of the way
in which the mining and energy engine shall prevent the
continuation of the process of re-primatization (González J. I.,
2010). It also fails to propose the ways in which extractivist
activities will be linked to generating more added value. Perhaps
the major difficulty rests in how to coordinate the mining and
energy engine with the engine of rural development and with
territorial and land use regulations in general terms4, since the
areas granted mining licenses are in a struggle against
agricultural and environmental priorities5.
Various studies have pointed out that the economies that are
based on the exploitation of natural resources do not necessarily
lead to economic growth and well-being but that, on the contrary,
the dependence on raw resources adversely affects the economic
well-being and a country's institutions, since the quality of the
investments and public services becomes more and more
deteriorated, and this all limits growth potential.
2. The 2010–2014 PND mentions 5 engines of democratic prosperity: infrastructure, housing, agriculture, mining, and innovation, and allocates 87.14% of the total national investments to them
for those four years. The remaining percentage of this sector includes innovation for prosperity (4.22%) and competitiveness and enhancing productivity (8.64%). According to government
estimates, in 4 years these engines will increase economic growth in the nation by 1.7% annually (in 2010, this growth was 4.2%), will reduce poverty at an approximate rate of 1.2% per year
(which presently stands at 46%), will reduce extreme poverty by 1% (presently 18%), and will reduce the unemployment rate by 2.6% (12% in 2010) (Sarmiento, 2011a: 23).
3. This stance is echoed in the foundations of the 2010-2014 PND as one of the principles of the development model: “the market to the degree it is possible, and the State to the degree it is
necessary." (PND, 2011: 16).
4. “Little has been done to effectively regulate the expansion of large-scale agriculture, especially the production of biofuels; to organise the growth of the cities and the location of the houses;
to develop transport and energy infrastructure; and, quite especially, to rationalize the way mining uses natural, non-renewable resources.” (Rudas, 2011: 2)
5. In 2010, mining licenses had been awarded to122 thousand hectares in moorlands, almost 6.3% of the total area, especially in Boyacá, Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander,
and Tolima. Approximately 1 million 300 thousand hectares, of the 51.5 million hectares of forest reserves established by the Ley 2ª of 1959 law, enjoy mining licenses. One must keep in mind
that the law forbids all types of mining on moorlands, although it leaves a door open to mining activities in areas of forest reserves and in collective territories (Andrade, 2011 and Calle, 2011).
-20-
Summary
Likewise, the sectors that enjoy the highest levels of productivity,
namely the mining and financial sectors, are not exactly the ones
that generate more employment (an issue that the PND also fails
to raise). Studies have pointed out that while the mining GDP
grew 68.2% between 2002 and 2008, the amount of workers in
the sector decreased from 276,100 to 149,100.
Colombian companies have foreign capital. When discussing
this, one must underscore that 20 years ago, a dozen Canadian
projects were present in Latin America, while today there are
more than 1,500 mining companies from that country in the
world, which means that this activity establishes the most
important link between Canada and Latin America8.
Foreign Direct Investment (FDI) in Latin America and the
Caribbean
Institutional, regulatory, and contractual reforms
Since the nineties, foreign investment has promoted substantial
legal reforms in order to eliminate practically all the requisites
and levies that this capital has to meet and pay when entering,
remaining, or leaving the country. This situation becomes more
critical in face of the Free Trade Agreements. These measures
include: abolishing state regulations and control of foreign
capital (1991 Law 9); labour reforms that have made hiring more
flexible (1990 Law 50 and 2002 Law 789); authorising private
capital in the education, health care, and domestic public services
sectors (1993 Law 100 and 1994 Law 142); and opening up
biodiversity and the territory to the interests of transnational
corporations (2006 Forest Law 1021 and the Mining Code Law
685 of 2001).
According to the Economic Commission for Latin America and
the Caribbean, ECLAC, during the first semester of 2010 the
countries of the region received 53,751 million dollars in Foreign
Direct Investment (FDI). During that same period in 2011, this
figure was 82,652 million dollars in FDI, which means this type
of investment increased 54% (ECLAC, May 2011). This
Commission believes that one must understand the increase in
this figure within the framework of the international debt crisis,
the fiscal dilemma faced by the United States, and global
financial volatility. It further considers that the increase in the
flows is due to "stability and the economic dynamism of the
majority of the countries" of the region, and to "the high prices of
raw materials, which continue stimulating investments in mining
and hydrocarbons.”
Reforms in the energy sector
In the hydrocarbons sector, Law 790 passed in 2002 granted
special powers to the executive branch to restructure public
administration in the country, which abolished Ecopetrol's
administrative functions surrounding the contracts and royalties
due to Colombia for hydrocarbons, and created the National
Hydrocarbons Agency, the Agencia Nacional de Hidrocarburos,
or ANH9, to take these functions over (Decree 1760 of 2003).
These provisions effectively changed the joint venture contract
scheme that had prevailed in Colombia since 1974 into modern
concession contracts that allow allocating 100% of the
operations to transnational private capital even in perpetuity, that
is, until a well has been commercially exhausted.
Colombia received investments totalling US$ 7,008 million,
which is 91% more than during the first semester of 2010. Of this
total, the activities related to mining and oil increased from
representing 63% of investment (US$ 4,471 million) in the first
semester of 2010 to 64% during that same period in 2011.
Expressed in millions of dollars, the oil sector increased from
US$ 1,326 to US$ 2,826, while the mining and quarrying sector
represented US$ 1,645 in 2011, compared to US$ 980 in 20106.
However, it is a matter of concern that the concentration of FDI in
the mining and energy sector comes at the expense of other
sectors of the economy. One example is manufacturing, which,
according to the Banco de la República, experienced a decrease
in FDI from US$ 236 million in the second quarter of 2010 to
US$ 87 million in 2011 (Colprensa, 2011). In terms of
percentages, the industrial sector only grew 2% compared to
7.4% during the same period in 2010 (Acosta: 2011)7. This bank
report also mentions that another sector that has been affected is
agriculture, which grew a mere 3.5% in all of 2011.
Reforms in the mining sector
The privatisation of the mining sector has gone further than that
of the hydrocarbons sector. In the beginning of the nineties the
national company, Minercol, was liquidated. In its place an
exclusive model was established for this activity, namely that of
concession contracts. The Ministry of Mining and Energy
regulates mining activities and in 2004 nominated Ingeominas as
the mining authority. This worked until only some months ago,
Approximately 800 transnational corporations are operating at
present in the country, and more than half of the 100 largest
6. Proexport Semester Report, based on the figures of the Banco de la República. This can be read at: http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/246_Reporte%20de%20Inversion%20I%
20SEM%202011.pdf.
7. Acosta, Amylkar, “La economía en el primer año de Santos: un balance de prueba” (The economy during the first year of Santos: a test balance), August 2011 in Razón Pública, electronic publication
available at: http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2283-la-economia-en-el-primer-ano-de-santos-un-balance-de-prueba.html
8. Studnicki-Gizbert, David, available at: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/3-latinoamerica/8742-unos-1246-proyectos-mineros-de-canada-contaminan-america-latina, recovered:
October 26, 2011.
9. Recently a corruption scandal has rocked ANH in view of the results of an audit carried out by the Comptroller General of Colombia, which even led to the resignation of Armando Zamora, who had
been the Director for eight years, due to presumed inconsistencies when dealing with 1.24 billion pesos.
-21-
Summary
when this Institute was divided into the National Geological
Service (Servicio Geológico Nacional) and the National Mining
Agency (Agencia Nacional de Minería), with the purpose of
accelerating the granting of mining licenses. This activity
follows the Mining Code (2001 Law 685), that regulates the
relationships between individuals and the State during the
implementation of the various stages of mining: prospection,
exploration, exploitation, processing, transport, making use of
minerals, and commercialising them.
economic growth depends on the productive development of the
real sector of the economy, which is industry. However, it
provides no clarity as to the way in which that sector must
achieve a certain competitive level. In fact it contradicts itself
when it proposes only one alternative, that of concentrating on
the extraction of raw materials, and when it claims that, given the
enormous potential of the energy and mining resources of
Colombia, the country should “position itself as a regional
energy cluster”12.
The existence of differentiated requirements for these categories
has been a source of conflict10, because prospection is such a free
activity than no type of declaration, follow-up, or remuneration is
required from the interested party, while exploration requires a
license that is awarded with no environmental restrictions
attached, and its only precondition is that it does not superimpose
on an earlier request. Therefore, the environmental license only
applies to actual exploitation. The result is that communities lack
the legal tools they need to resist the operations of any company
or individual who wishes to look for minerals in their territory
(with the exception of ethnic communities that at least have the
right of prior consultation). In light of this absence of state
control and participation, it is a contradiction that mining be
considered, "in all its phases and ramifications" to be of public
use and serve social interests (Article 13 of the Mining Code).
This concept allows expropriations and worsens the situation of
conflict that exists between mining, territorial and land use
regulations, agriculture, etc.
Goals that ignore national priorities
Regarding this point, it sets the goal of increasing electricity
generation capacity without heeding the problems surrounding
water and the importance of this resource in Colombia for
generating electricity at a low cost and without the need of using
primary energy in thermoelectric plants. Furthermore, the hold
that exists over rivers makes it possible for an elite player to
control the water and to reorganise the territory according to its
own interests, thus limiting and placing conditions on water
access of other social groups. It is a matter of concern that many
of the most important hydroelectric projects are in private hands
with international capital (El Quimbo), while others are in the
hands of mixed companies that are presented as being national
(EPM or Isagén, where around 30% of the capital is private).
In the case of hydrocarbons, the idea is “to continue linking up
private capital with Ecopetrol's investment projects; and in the
case of natural gas, to consolidate the policy of free exports13.”
For the mining sector, the proposal is that “during the coming
years, Colombia should remain one of the five Latin American
destination countries for worldwide investments, and should
double production.14”
Public policies for the mining and energy sector
In Colombia, throughout the twentieth century the distinction
between State policy and government policy11 was irrelevant. It
was only in 2002 that the first proposal was structured regarding
State policy with a 20-year scope, which was brought forth in the
Visión Colombia 2019 document. This document contains a
section devoted to the mining and energy sector, and establishes
the paths that have been taken by different governments since the
proposal was made, in institutional terms and also in terms of
planning and implementing public policies that affect the sector.
In short, Colombian mining and energy policies have revolved
around modifying contract schemes, thus establishing
concession contracts as the only possible model, while bringing
down the degree to which the country enjoys the revenues
obtained from extractive activities.
The legislative engine is not stopping
Although the Plan 2019 seeks to become State policy, it still fails
to be part of a strategic planning process that includes
consultations with society as a whole, and to satisfy national
needs and interests. In other words, the main limitation faced by
this belated effort to construct long-term paths lies in trying to
overcome the absence of any prior planning by transforming into
long-term policies the disorder that is the result of two centuries
of no planning. For example, it is right in understanding that
The government continues shaking the institutionality of the
mining sector through actions such as:
?
A reform of the Mining Code (Law 1382) was approved in 2010.
Even though officials of the Ministry of the Environment were
able to explicitly include the environmental restriction of mining
in moorlands, Natural Parks, and the Ramsar wetland system, its
objective was to further the privileges enjoyed by private capital
10. This document's extensive text related to the situation of conflict in the energy and mining sector includes a table illustrating the requirements and characteristics of every stage of mining
operations.
11. Government policy can be understood as the planning carried out by a given administration in order to effectively exercise its term of office, while State policy can be understood as the long-term
strategic planning that is more aligned to a national project than to a specific government's project, and therefore goes beyond one single government's term of office.
12. Government of Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40.
13. Ibid.
14. Ibid.
-22-
Summary
?
with transnational characteristics and to place more obstacles in
the way of efforts to formally organise small, medium-sized, and
artisanal miners. The Constitutional Court declared that this
reform was unconstitutional because it had not complied with the
prior consultation of ethnic communities requirements15, and this
is why the government is again preparing the Code's reform, but
still unilaterally.
Economist Guillermo Rudas has compared the reductions that
fiscal obligations for mining companies suffered between 2007
and 2009 to the limited increase in royalties: “These go from $6
billion in royalties with tax exemptions of less than 1 billion in
2007, to royalties of $6.5 billion and fiscal advantages of $3.5
billion in 2009. More than half the royalties are thus being
returned.”
?
Article 134 of the PND introduced a way of facilitating the
approval of environmental licenses: if the environmental
authorities charged with analysing these grants take more than 90
working days to give an answer, “this will be automatically
transferred to the jurisdiction of a committee, which in less than
60 days shall grant or deny the environmental license in
question.” This committee shall be made up of the National
Planning Director, the General Secretary of the Presidency, the
Minister of the Environment, and the chief of the relevant sector
(mining, energy, or agricultural) for the project, or their
representatives.
The reform of the royalties system
The royalties system, governed by Law 141 of 1994, prioritised
that the resources would be administered by the National
Royalties Fund, the Fondo Nacional de Regalías, would be used
to strengthen the mining sector and protect the environment, and
would serve investment projects, in that order16. Law 756 passed
in 200217 substantially modified this system, as well as the more
recent Legislative Bill 013 of 2010, which introduced important
changes to the procedure for collecting royalties (thus, no
changes were made to amounts or the concept as such), and to the
parameters governing their destination and distribution. Two
articles of the Constitution were modified with the purpose of
establishing a scheme for administering royalties that centred on
the territory, but that was more decentralised in its operation and
in terms of specific allocations.
?
The environmental directorate, Dirección Nacional de
Licencias y Trámites Ambientales, an organism of the Ministry of
the Environment, was closed. In turn, the National
Environmental Licensing Authority, Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, ANLA, was created as an affiliated entity
that enjoys financial and administrative autonomy (Decree 3573
of 2011).
The Fondo Nacional de Regalías does not exist anymore, and
various specific allocation funds have taken its place (Savings
and Stability, Regional Development, Regional Compensation,
Participation in Production Units, Territorial Retirement Savings
and Science, Technology and Innovation). This means that in
Colombia, the territorial entities where hydrocarbons are
extracted are forced to compete with all the other territories for
the resources allocated by the Fondo de Participación de las
Entidades Productoras Fund.
?
Through three decrees passed in 2011, the Ministry of Mining
and Energy created the National Mining Agency, charged with
promoting and granting exploitation areas, as well as with
dealing with contracts and controlling and overseeing mining
activities. The remaining former functions of Ingeominas
(geological studies) were transferred to the National Geological
Service, also recently established.
Revenues from energy and mining
These new measures lead to the loss of regional autonomy and to
a break away from the principle of administrative
decentralisation, through which the 1991 Constitution had
managed to consolidate a democratic covenant that led to
national peace.
The second key element of the present energy and mining policy
concerns the degree to which the Nation benefits from the
revenues of that sector. These revenues include royalties, taxes,
compensations, rights due for high prices, and the participation
of State industrial and commercial companies that are active in
the sector.
A boom without extraction?
Regarding the general issue of revenues, there is a strong
ongoing debate in the country following evidence that the State,
using the need to attract FDI as justification, has tremendously
lowered its participation in the utilities of the mining and
hydrocarbons business to such an extreme extent that any profit
has been eradicated, as in the case of mining.
In 1997, the Conpes 2898 document formulated a number of
strategies that were aimed at achieving “a structural and long
term change to solve the problems identified, while enhancing
the development of the mining industry in the country as a tool
for regional development and a source of funding for this
development.”
15. Sentence # C-366 of 2011.
16. The following royalties used to exist: indirect (54% for priority investment projects, 30% for protecting the environment, 15% for promoting mining, and 15% for priority investment projects in
electricity provision); direct (90% for investment projects aimed at developing the territorial units and 10% for their supervision); and fluctuating, that are determined on the basis of total exploitation
and vary according to the resource being exploited. For example, salt pays a royalty of 12%, while gold and silver only pay 4%. In the hydrocarbons case, a change is made from a standard system of
20% due for exploitation, to a fluctuating royalty of between 5% and 25% according to production volumes, which on average means a 12% royalty.
17. Between 2002 and 2009 the royalties due for oil exploitation reached almost $26 billion pesos, equivalent to an average of 1% of the GDP. For more information, in the document body please
examine the table prepared by Luis Humberto Hernández in 2010, based on information obtained from Ecopetrol and the ANH.
-23-
Summary
In order to “facilitate” the administration of mining resources,
the country was divided into Mining Districts, Distritos Mineros
or DM, that entail “a localised productive system that is home to a
large number of producers who work in processing or exploiting,
during various phases, a homogeneous product or mineral or
group of minerals18.” At present, only three of the 26 DM's
comply with the component that refers to total export, namely
Barrancas and Jagua de Ibirico for coal and Montelíbano for
ferronickel. This means that the country still finds itself in the
early stages of the extractive process; therefore, the socioenvironmental conflict situation which can be expected in the
coming years bears no relationship whatsoever with the level of
conflict that presently exists in the sector
megaprojects, and the progressive loss of revenues in rural areas.
This means that the economic model is at great odds with
sustainable human development (Velázquez, 2010: p. 21).
The large lumber, biofuels, and energy and mining enterprises
and industries not only enjoy economic advantages, but also end
up assuming the role of territorial regulators. This occurs when
they carry out functions typically reserved for the State, such as
police activities that are in the hands of private company armies
not only to “protect their property” but also to stifle behaviour
that is deemed dangerous. Another function they take over is that
of overseeing and protecting the environment.
Land property and use conflicts
The coal and gold fever
?
· A direct relationship exists between mining exploitation and
agriculture in Colombia: mining activities lead to an increase
in the forced displacement of farmers and members of
indigenous and Afro-Colombian communities, in order to
stimulate the exploitation of new mineral sites. They are
pressured through actions that are basically founded on the use of
violence into selling land that will be used by the mine and as a
buffer zone (Ramírez: 2007).
In the case of the projects that are already in the production phase,
and also of those that have only recently become involved in the
exploratory or even request phases, the two most important
minerals in Colombia and the world, given international prices
and the pressure exerted on their extraction, are coal and gold.
The relative GDP value of coal in 2009 totalled $1.9 billion 2000pesos in cash and represented 43.4% of the mining GDP
excluding hydrocarbons, even though that year the production of
coal in Colombia decreased 0.95% compared to 2008
(approximately $21,793 million), due to prices being lower and
less production volumes. The trend for the coming years is that
coal production will grow, since in 2010 it reached 80 million
tonnes annually.
?
The present government has addressed the need to return part of
the usurped land to millions of farmers, while it presents itself as
being respectful of Human Rights. However, there are not only
no guarantees that those who have been displaced and
stripped of their land can return, but also there is no policy that
would allow them to actually use and exploit it. The
government's project favours yet another concentration of land
by allocating it to multinationals' megaprojects and to large
national, established or “emerging” investors (Gutiérrez, 2011).
Gold extraction recovered production levels which were enjoyed
until 2005 (to then fall more than 50% in 2006 and 2007),
growing from 15,482 kg in 2007 to 34,321 kg in 2008 (a 121.69%
increase), and to 47,838 kg in 2009 (an additional increase of
39.38%). A direct relationship exists between these increases and
the behaviour of gold's international prices. The highest gold
price quotes in history were recorded in 2008 and 2009, when
they reached an annual average of US$ 871.79 and US$ 973.38
per ounce. This also meant a growth of 34.65% compared to 2007
prices, and of 11.65% compared to 2008 prices. In 2010 a record
production of 50 tonnes of gold and 15 tonnes of silver was
reached, while the price quotes for an ounce of gold kept
increasing, exceeding US$ 1,600 by October 2011.
?
Legislation seeks to dismantle local capacities for regulating
territory and land use in rural areas, thus favouring the
development of enterprises, while the land and property
rights model facilitates land-related transactions, but fails to
protect the territories(Mantilla Quijano, 2011: p. 3). For
example, the Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder) has taken it upon itself to legalise property acquired
through the use of violence by paramilitary soldiers and drug
traffickers. One case is that of Jiguamiandó (Chocó), where title
deeds of businessmen engaged in palm production were
validated, even though Afro communities already had titles to
this land. Acts of corruption and the co-option of leaders are also
practiced (CECOIN, 2008: p. 33).
Vertical territorial and land use reconfiguration
The dynamics of territorial reconfiguration that the production
model applied in Colombia leads to leaves the worst part to
indigenous, Afro-Colombian and farming populations, which
must face expropriation and displacement as a result of internal
conflict, the consolidation of illegal regional powers, the direct
presence of transnational corporations, the implementation of
Public investment to take care of private investment
The Nation not only receives little or no wealth as a result of the
exploitation of its natural resources, but it also allocates a significant
18. There are 26 DM's that comprise 188 municipalities, grouped according to production volumes, the variables of the reserves, production, and target markets: Group I, with more than 5 million
tonnes per annum (Mtpa) produced, Group II, with a production lower than 5 Mtpa, and Group III, which includes the producers of precious metals and emeralds.
-24-
Summary
?
portion of the general budget to safeguarding the
infrastructure belonging to transnational corporations. The
Colombia and Patriota Plans, framed within a policy of
democratic security, were meant to protect the infrastructure of
Harken Energy (in which Former US President George Bush's
family has substantial investments) in the south of Bolívar,
Santander, Llanos Orientales, Norte de Santander, and
Putumayo, as well as that of Oxy (of which a dominant
shareholder is Al Gore, Former Vice President of the USA). Great
Britain's military aid was aimed at the areas where its companies
are operating, namely Angloamerican, BHP Billiton, and B.P.
Amoco; that of Israel pointed to coal production zones that feed
its energy industry; and that of Spain aimed at supporting the
investments of Repsol-YPF in Arauca (Ramírez, 2007).
pressure is being exerted to pave the way for the first open pit
gold mining operation in the country. Four companies are
competing for that first place: AngloGold Ashanti in Tolima,
Eco Oro (GreyStar) and EBX in Santander, Cosigo in Vaupés
and Gran Colombia Gold -Medoro Resources in Caldas. All
the projects' locations are of strategic importance for the
environment. Thus, the key questions that the authorities will
have to answer are whether the economic benefits will
compensate for the damage to the environment and the social
discontent in the areas where the projects are located, and if the
licenses granted can be upheld even in areas where it has been
openly recognised that the projects are, in fact, illegal (such as
in the moorlands).
Sustainable mining?
Social struggle in Colombia related to gold and coal
extractive activities.
Even though the environmental impacts of mining vary
according to the mineral being extracted, in all cases it is an
activity that is not sustainable, since it exploits non-renewable
resources through processes that contaminate or are destructive
to the environment. Together with oil exploitation, mining
threatens 30% of the last remaining primary forest areas left in the
world. Deforestation not only affects habitats that are home to
hundreds of species, but also interferes with keeping a constant
flow of water from forests to the rest of the ecosystems and to
cities. Various dangerous chemicals that are used as inputs or as
products in different processing phases (cyanide, concentrated
acids, and alkaline compounds) end up in drainage systems, thus
contaminating and altering the water cycle, which in turn
seriously affects the soil and the people.
Social mobilisations in Colombia tend to grow as a result of
increasing FDI in mining extraction. These social struggles
are an expression of the tension that exists in the territories
against the presence of multinational corporations. They
involve Afro-Colombians and indigenous peoples, as well as a
wide range of social groups that show solidarity with their
causes, paid labourers of companies involved in extraction,
artisanal miners who, after the Mining Code was passed, have
been persecuted and criminalised, urban dwellers who support
the defence of the common heritage, intellectuals, students,
and other groups.
Between 2000 and 2011, the database of social struggles
compiled by the CINEP research centre has registered 104
social struggles associated with mining activities (52 linked to
coal, 42 linked to gold, and 10 against multinationals)19. Some
of the most salient examples of these conflicts are:
A competition to see who is first
All these impacts and conflicts exist even though very few
projects are actually in the exploitation phase. The problem is that
Project and Company: Cerrejón (AngloAmerican, Xtrata, BHP Billinton)
Location: La Guajira Department, municipalities of Barrancas, Fonseca and Distracción
Minerals: Coal
Yearly extraction or project phase: 32 million tonnes
Main conflicts: Illness and living conditions of workers and the ethnic communities surrounding the mine, air and water pollution,
community displacement, change of job vocation of the population, ruptured social fabric, and detriment of national patrimony.
Actors involved in the socio-environmental conflicts: Wayuu indigenous peoples, Afro-Colombian communities, the mine workers, and
intellectuals.
Project and Company: Descanso Norte and La Loma, Drummond Company INC.
Location: Cesar Department
Minerals: Coal
Yearly extraction or project phase: 17 million tonnes
Main conflicts: Pollution, change of job vocation of the population, corruption and irregularities in the payment of royalties, and persecution,
criminalisation, and murder of social leaders.
Actors involved in the socio-environmental conflicts: Farming and fishing communities, the mine workers, intellectuals, and the Public
Prosecutor (Comptroller General and the Procurator General); presence of paramilitaries.
19. The registered conflicts related to extractive activities, as well as the case studies, are treated in more detail in the main body of this document.
-25-
Summary
Project and Company: Campo Rubiales, Pacific Rubiales
Location: Meta Department
Material: Hydrocarbons
Yearly extraction or project phase: (one-fourth of total national oil production)
Main conflicts: Bad working conditions, irregularities in the payment of workers, and persecution of union leaders.
Actors involved in the socio-environmental conflicts: The mine workers; presence of the guerrilla and paramilitaries.
Project and Company: Licenses granted under the name of a natural person in La Toma, Cauca
Location: Cauca Department, municipality of Suárez, village of La Toma
Minerals: Gold
Yearly extraction or project phase: Artisanal and ancestral mining; large-scale mining in the exploratory phase and with doubts concerning
the legality of the licenses.
Main conflicts: No prior consultation, ruptured social fabric, change of the ancestral job vocation of the communities, and illegal mining
without control by the local authorities.
Actors involved in the socio-environmental conflicts: Afro-Colombian communities engaged in ancestral mining for their survival, illegal
miners, and the Constitutional Court; presence of paramilitaries.
Project and Company: Angostura, Eco Oro Minerals Corp. (formerly GreyStar Resources LTD.)
Location: Páramo de Santurbán moorlands, Santander, municipalities of Vetas and California
Minerals: Silver and gold
Yearly extraction or project phase: Large-scale mining in the exploratory phase; the prospects for the project that was submitted in 2010
were 511,000 ounces of gold and 2.3 million ounces of silver.
Main conflicts: Water contamination and access to water affecting 2.5 million people and ruptured social fabric.
Actors involved in the socio-environmental conflicts: Urban communities of the city of Bucaramanga (capital of Santander) and
surrounding municipalities, farming communities that live in the moorlands, small-scale miners who live in the moorlands, unions, students,
environmentalists, intellectuals, trade unionists, and general national opinion.
Final thoughts
A weak State and an ongoing conflict
This examination of the mining and energy phenomenon in
Colombia sheds light on its social, environmental, political, and
technical impacts. Many questions still remain, including how best
to approach the immediate, medium-term, and long-term future
regarding what this process entails for the country, for its regions
and, especially, for agricultural communities.
?
Institutional weakness is one of the elements that facilitates
laying down policies that are aimed at promoting mining in nonindustrialised countries without these countries being able to
substantially influence the decisions taken. The Colombian
case sheds light on the existence of institutions that respond to
the interests of large corporations and to global approaches.
This is exactly what institutional weakness is about.
Some of the main elements emphasised by the team that drafted the
document are:
?
Coal and gold are the most important goods of the mining
interests that already exist in the country. The incursion of large
corporations with a vision to exploit these resources is
structurally changing the economy of Colombia and is having
significant environmental, social, and political effects. This is
occurring in the midst of an extremely weak State
institutionality, as has been pointed out, and also of an ongoing
armed conflict that has lasted for 50 years.
A global and structural phenomenon
?
Competition for investments in the mining sector is not a regional
phenomenon, but a global one. The mining and energy policies that
are being promoted in Colombia to compete for these investments
also respond to a generalised purpose envisioned for Latin America
and are necessary in light of the worldwide context. The purpose is
namely that new sources of raw materials are being sought in view
of the expectation that the existing sources are becoming depleted
and of the demands of the international market. This purpose entails,
moreover, achieving this at a low cost in order to reactivate a world
economy that is going through a crisis due to a heavy concentration
of wealth, low profitability, and a stagnation of investments.
?
New situations of conflict deepen an ancient and persistent
conflict, and this makes one understand the specific
characteristics of Colombia as compared to other countries like
Chile, Brazil, and Peru. Even though conflicts do exist in these
countries, their specifics are different than in Colombia, where
the traditional zones of intense armed conflict and violence
related to land (its property and use), which lead to forced
displacement, social resistance and coca production, overlap
regions or areas that are being exploited or have been requested
for mining activities, especially where gold and coal are found
underground.
?
In this sense, the pressure exercised on mining is part of a
structural, and not a momentary, characteristic of capitalism. This
validates much needed efforts to exercise due influence, as well as
the need to engage in discussions and propose alternatives regarding
the role reserved for the “third world”, and the repercussions of this
international economic order conceived by the countries of the "first
world".
-26-
Summary
prostitution, teen pregnancy, single motherhood, and an increase
in sexually transmitted diseases, which all lead to women's
social, personal, cultural, and emotional deterioration, among
other things.
Land is at the core of disputes
?
A systematic and structural trend persists and gains momentum
in these situations surrounding land issues in a country that
throughout its history has been struck by three “tsunamis”: the
tsunami of land use, property, and concentration; the one of
production, processing, and trafficking of cocaine; and, now also,
the tsunami of mining. At present, these three tsunamis concur
and strike with all their force and perseverance. Some urgent
questions must be answered: What is the relationship today
between mining, the conflict, and illegal armed actors? How can
the investments made by the State in the security of mining
territories be interpreted based on the historic elements of
situations of conflict? How can the actors participate in solving
these conflicts?
Environmental impact and lack of participation
?
The ecological impacts of mining are dreadful. In many cases
there is no control, appropriate technology, nor rigorous political
decisions. However, even if these conditions were met, so much
unsustainability might be generated to actually break the loading
capacity, or resiliency, of strategic ecosystems, such as
moorlands as water producers, the forests with their diversity,
and basins and buffer zones like the valleys for water
equilibrium. Much of the responsibility for this situation falls on
weak environmental institutionality, and also to an important
degree on the difficulties that exist for communities to participate
in spaces where mining and general extractive projects are
defined, decided on, and verified. One other element that
influences this is the inexact, confusing, and even misleading
information that the companies provide.
The curse of abundance
?
The history of many an African, Asian, and Latin American
country has shown that a directly proportional relationship does
not necessarily exist between the high profitability of an
economy based on the exploitation of natural resources (like
mining), and integrated human development and the well-being
of a society. In Colombia, from colonial times to the present day,
important exploitation activities have been conducted for coal,
gold, silver, platinum, bauxite, iron, aluminium, copper, nickel,
tin, and zinc, but this has not led to the social and economic
development of the country and its regions.
Responsible mining above economic profit
?
An ethical, political, and also technological challenge involves
setting up responsible mining, which should challenge all the
actors with important decision making responsibilities that bear
on this issue. Nonetheless, the question remains as to whether it is
really possible to engage in mining that can truly avoid its
devastating effects, and which would therefore be “responsible”.
At present, mining is presented to the country's public opinion as
a great business, as a road leading to democratic prosperity, and
as the largest engine for development, while in reality its main
objective is economic growth, profitability, and the profits
enjoyed by mining transnationals, often at the cost of the
well-being of the majority of the population of a region or the
entire country. History is witness to concrete cases that confirm
this.
?
The expansion of large-scale mining and the asymmetric market
relationships that become established turn ancestral mining into
an activity that becomes less and less profitable for those who
practice it. This worsens the low profitability and environmental
effectiveness that this type of mining has always entailed.
Moreover, the effects of large-scale extraction in ancestral
territories lead to deteriorating the social, cultural, and
environmental fabric, and also the local economies. Little by
little, the populations whose livelihoods have depended for many
years on this activity become impoverished. There is more
exclusion and social segregation, and this is expressed through
criminalisation, resorting to the practice of investigating and
prosecuting, and exercising violence against artisanal mining
communities.
Prior consultation and the right to decide about the territory
?
Some of the issues that must be resolved include regulating the
prior consultation process, delimiting the moorlands, licensing
ancestral mining, and passing resolutions for projects that are in
the so-called “transition scheme” so that they can meet their
environmental obligations (those that started before the SINA,
Sistema Nacional Ambiental, environmental system was
created).
Women have less space
?
Large-scale mining leads to changes in the roles men and
women play in local communities. The men, formerly owners
and farmers, fishermen or artisanal miners, are now becoming
company workers whose rights are often violated. The women,
who used to farm and take care of the fields, suddenly enjoy no
productive role whatsoever and are excluded from economic
labours; mining is displacing them and forcing them to fulfil
marginal occupations that pay very little. Some of the effects of
the arrival and establishment of large mining projects include
Recommendations
For the purpose of carrying out an analysis and for following-up
and applying policies, in general terms one must consider the
regional differences that stem from the dynamics and impacts of
mining extraction in Colombia. For each individual mining
process, efforts have to be made that begin at the local level.
-27-
Summary
The specific challenge lies in how to do this. Divided by basins?
Or by local territories? Following a regional integrated
approach? By micro regional contexts? For more specific
aspects, we propose:
and should contribute with an approach that gives priority to
integrated and lasting peacebuilding. This should keep in mind
that populations have a right to their territory, to live and develop
themselves within, and not only to be given jobs in territories
where others exploit their resources. The communities want to
move towards enjoying an integrated life; therefore, peace not
only means a ceasefire.
Strategic elements of conflict transformation in mining
extraction zones
- Permanently examining and following-up the mining and
energy context, given it is a dynamic sector that is expected to
expand significantly. It would be useful to select case studies that
contribute to comparative analyses of impacts and experiences
with resistance strategies.
- Analysing the complex relationship between the agrarian
conflict and mining. Land and territorial regions that are suitable
for agriculture and agroforestry, including zones that are
protected because they are indigenous reserves, collective Afrocommunity territories, farmers' reserves, national parks, or parks
that are environmentally interesting: these are all now open to
mining exploitation. This tends to dislocate social and political
relationships and in turn a sort of territorial reconfiguration takes
place, while new land use and property paradigms arise. We
recommend analysing some concrete cases to deeply unravel the
problems and to look for alternatives, such as the Cajamarca
(Tolima), Santurbán (Santander) and La Serranía de San Lucas
(Magdalena Medio) cases.
- Producing quality information and analyses: information
must be produced to support a rigorous examination of various
elements of mining and energy sector development and how it
relates to problems involving the country's economic, social and
environmental, development. These analyses should reflect the
complex reality and be based on empirical data so that they may
contribute to reflections that transcend the commonplace, and to
alternatives or proposals for defining solutions that are realistic,
viable, and inclusive.
- Analysing conflicts regarding the use and appropriation of
common property and natural heritage. This includes the
competition for access, as well as the negative impact on water
sources, changes in the availability of common property,
pollution, loss of biodiversity, and the deterioration of natural
reserves. We recommend analysing concrete cases where there is
evidence that these conflicts exist thanks to the new ways of
expressing and narrating employed by those who resist. Some
examples are the defence of the moorlands of Santurbán and El
Almorzadero (Santander) and Pisba (Boyacá), and environmental
conflicts in the Caribbean region, like Cesar and La Guajira
regarding coal explotation, or even Marmato (Caldas).
- It is necessary to continue producing information that poses
deep questions about the idea that re-primatization of the
economy is a road that leads to well-being and development.
Much research has been done concerning how royalties and
exemptions are related to each other, but equally rigorous
information is lacking about the employment that mining
projects generate vs. the jobs that are lost or affected. Elements of
environmental economics have been incorporated even less so to
be able to evaluate the entire complexity of the projects and to
establish their real profitability, including aspects such as
environmental liabilities and differentiated valuation parameters.
Capacity building and supporting organisational processes
- Company information: there is still a very wide range of
research that needs to be addressed pertaining to the origin of
their capital, their location or that of their subsidiaries in other
countries of the continent, the strategies they follow to penetrate
different territories, and how they co-opt and neutralise the
leaders. When this information is adequately systematised, it will
be possible to strengthen community political action.
?
· One must continue empowering and enhancing the capacities
of individuals and social organisations to allow them to negotiate
among themselves, with the private sector, and with the State on
equal footing, and to promote and construct inclusive, fair, and
viable alternatives for the communities and for society in general.
?
Heighten the degree of expertise through which NGO's can
provide required support in areas where mining projects are
being executed, thus articulating the existing fields of expertise to
provide comprehensive support and advice. These fields include
the environment, the legal, technical and social spheres, and
political advocacy, among other ones. There is also a need to
establish the criteria to decide which communities, organisations,
networks, and platforms one will support, and how to do it, by
differentiating their demands, contexts, actors, situations, and the
processes they have gone through. Thus, a match can be made
between this and what is being offered.
- One of the issues that needs to be analysed and evaluated
involves Corporate Social Responsibility (CSR) programmes,
because an urgent matter lies in debating their legitimacy and
relevance, as well as the advantages and disadvantages of, for
example, applying the EITI, Extractive Industries Transparency
Initiative, in Colombia, especially in terms of information.
- Analysing social conflicts and HR and IHL violations related
to mining and hydrocarbons processes. This should rely on
consistent databases, such as the one maintained by CINEP/PPP,
-28-
Summary
?
Design educational, training, capacity building, and support
Empowerment and political advocacy in the legal sphere
processes that will allow the organisations to view the territory in
a comprehensive manner. One must keep in mind various issues,
as well as legal, economic, environmental, social, and cultural
elements.
?
Reviewing mining policy. The wager placed on development is
based on the mining and energy sector, therefore necessitating a
public debate on the issue. We recommend supporting the
creation of spaces where debate can effectively be public and can
influence national opinion. An example might be creating a
national forum that includes the regional and national
governments, civil society, and the business sector.
?
Support technical and scientific matters when defining viable
economic alternatives; when dealing with cultural,
environmental, and legal issues; when drafting and contributing
to public policies; and when applying tools such as social
mapping together with the people, and not only for them.
?
Defending prior consultation. The Constitutional Court has
granted prior consultation the status of a fundamental right. But
the government wishes to forward a proposal to reform the
Mining Code and to propose the Victims and Land Restitution
Law (both with a marked emphasis on transnational investment
and agro-industries), and has declared it a priority to regulate
prior consultation, since investors have mentioned that they
consider that right an obstacle for project development. This is
why it is of utmost importance to protect this right and not let it be
overcome by impotence.
?
Make efforts that lead to communities that not only know their
rights, but also have access to the legal and technical support they
need to face the violation of these rights by the mining sector.
Empowerment and political advocacy when formulating
public policies
?
Strengthen participatory mechanisms that facilitate claiming
rights.
?
Supporting farming reserve areas. These so-called ZRC
zones might lead to the consolidation of the farming economy by
formalising land title deeds, creating collective ownership
schemes, protecting the ground and water, and stopping and
reversing extensive cattle raising and the destruction of the
forests. That is, this may be a real option for the livelihood of rural
populations.
?
Establish mechanisms that lead to dialogue and consultation
among all the various actors involved, and that do not tend to
favour the politically and economically established stronger
classes.
?
Lay down regulations that govern extractive companies within
the framework of national interests: social, environmental, and
economic (in this order).
?
Establishing the geographic and topographical borders of
the moorlands. The Ministry of the Environment must still act
on this and define territorial and land use that is allowed or
prohibited in a certain region, so as to prevent unnecessary
conflicts when granting mining concessions in protected areas or
areas that are excluded due to environmental concerns.
Furthermore, it is now necessary to request the government to not
only limit itself to investigating the illegal granting of licenses in
these and other protected zones, but also to take the necessary
decisions to protect the moorlands as the law itself dictates．
?
Apply a rigorous, comprehensive, and systemic environmental
policy that includes a strong sense of responsibility for and the
sustainability of the natural heritage for the present-day and
future generations.
?
Upscale actions to raise awareness about the dismantling of
institutionality and environmental legislation in order to attract
FDI and facilitate mining exploration and exploitation.
?
Harmonise policies that treat rural development, forestry
regulations, pollution, water, and even the Victims and Land
Restitution Law, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierra, with
laws pertaining to mineral exploration, exploitation, and
commercialisation.
?
Resolving the legal status of many projects that are still in the
“transition scheme” due to their need to comply with
environmental obligations (a scheme that started before the SINA
environmental system was formed), since this situation has led to
non-compliance by mining concessionaires and to no control
being exercised by the environmental authorities.
?
Raise awareness of the implications of dismantling state
institutions that used to support national small- and mediumscale mining.
?
Establishing who is granted licenses to the mines within
those areas that are, at present, large-scale mining concessions,
but from at least a century ago, had been exploited by ethnic
communities that even today have no title deeds.
?
Raise awareness of the consequences of labelling informal and
ancestral mining as illegal.
-29-
Summary
on farming, indigenous, and Afro economies and, on the other
hand, contribute to reviewing public policies and institutionality.
These can be construed starting at the regional and local sphere
with the participation of various social, economic, and
institutional actors, without surpassing them as has been the case
up to now.
Empowerment and political advocacy in international
spheres
One must consider various scenarios: the states and societies of
the countries that are the consumers of raw resources procured
through mining; South-South dialogue forums in which Brazil
plays a very important role; social movements; and national and
international spaces that must be consolidated to allow their
actors, thus strengthened and prepared, to firmly present their
proposals and exert pressure in their struggle against exclusive
economic dynamics. In this sense, we recommend:
?
The workgroups that are comprised of the communities and
state institutions where these issues are discussed might soften
the mistrust and move forward toward the transformation of
conflicts.
?
It is important to think of differentiated alternatives for gold and
coal exploitation. One such dynamic includes the exploitation by
large multinationals with substantial investments in Colombia,
and another is the exploitation by traditional small- and mediumscale miners.
?
Creating and/or strengthening meeting spaces. For example an
annual international forum where companies, governments, and
civil society from Latin America and the Caribbean participate to
discuss subjects like the protection, use, and management of
protected areas and natural resources like land, water and forests;
the analysis of developmental models based on the extractive
economy; territorial and land use regulations and new territorial
configurations; and ownership, deeds, licensing, and use of the
territories that belong to indigenous, Afro, and farming
communities.
?
We emphasise the need to support strategic alliances that are
established to strengthen the struggles that aim at defending the
territory.
Concerning small- and medium-scale mining
?
Establishing strategic alliances to monitor the global impacts of
Even though any mining activity carried out outside State
registries is, in principle, illegal, there are mines that have
traditionally been owned by communities that extract minerals,
mainly gold, following artisanal methods, and that cannot be
considered as illegal per se. Therefore, these cannot be
dispossessed by force under the authority of norms and
regulations that have not taken into consideration their history,
customs, and cultural values. These mines cannot be considered
illegal and be treated in the same manner as the mines of colonists
who forcefully occupy territories and dispossess their traditional
owners, or of drug traffickers laundering money by buying gold
mines.
the new trends in the extractive industries, and how these are
related to development.
Promoting dialogue among various actors
In order for mining to be really responsible, efforts must be
promoted and supervised by the State and society. However, it
becomes difficult to meet this condition in view of the great
asymmetry that exists among the various actors in economic,
political, and information terms. Moreover, common mistrust is
rampant, and there are serious setbacks in the degree of the
companies' non-compliance with agreements, in the weak role
played by the State, and in many cases its bias and even tendency
to look the other way in order to favour business interests.
The sector of artisanal mining has by now gathered much
knowledge on exploitation, but this must be enriched by applying
new models. We recommend supporting efforts to make this
activity a formal one, and trying to secure the support of the State
in modernising it and ensuring its environmental sustainability
and economic viability.
?
Any type of development that rests on mining and places great
emphasis on foreign investments entails a conceptualisation of
the State and a kind of public institutionality where the local and
regional spheres are at odds with national and global ones. This
situation must be analysed if one is to correct any asymmetry and
curb the mistrust that makes it impossible to engage in tripartite
dialogue.
Defending women's rights
?
Carry out work aimed at achieving an enhanced practice of
social citizenship and at establishing a framework to rely on
when asserting and claiming the rights recognised by the
Constitution and any modification of these rights, all in
permanent dialogue with the State. This requires information and
knowledge of the problems being faced and what they imply, as
well as the establishment of consensus and agreements within the
population concerning its interests and the actions or procedures
that should be followed to defend them.
?
It is not enough to respond to the specific impacts of an
extractive economy in the places where actual exploitation takes
place. One must go further to influence and contribute to an
understanding and transformation of the social, political, and
economic configuration of the entire national territory. We
recommend establishing and strengthening alliances that on one
hand help construct rural development alternatives that are based
-30-
Summary
?
Women's access to land property: since the act of dispossessing
has been legitimised, it has left women to face a critical situation.
This is why we recommend developing an intervention approach
that strengthens their legitimacy and at the same time expands it,
in order for them to reclaim land ownership.
?
We recommend moving forward with processes that entail
reclaiming food sovereignty, while emphasising that this is a
traditional practice reserved for women and is thus part of their
cultural heritage.
?
Participation of women in decision making spaces, taking into
account the differences between farming, indigenous, and AfroColombian women. In general terms, the populations that have
been affected by mining and energy projects (farming, Afro, and
indigenous) have very low levels of knowledge of the regulatory
framework surrounding peoples' right to self-determination.
Women are at an especially disadvantageous position.
?
We recommend developing a strategic working approach aimed
at compensating this traditional inequality in information access,
thus enhancing women's participation in decision making spaces
and places where there is an ongoing debate on public affairs that
affect them directly.
?
When faced with economic insecurity, some rural women have
decided to engage in sexual work as an alternative for earning an
income. Given that the traditional working options (in agriculture
or artisanal mining) are disappearing as a result of large-scale
mining, and that this new model also fails to offer alternatives to
include them in the labour force, the young women's generations
of today are forced to face the most serious risks. It is therefore an
urgent matter to structure social and economic alternatives by
paying special attention to these women in view of their
vulnerable situation.
-31-
Introducción
E
l presente documento, titulado Conflictividad en el
sector minero-energético colombiano tiene el propósito
de entregar a la organización Cordaid (Agencia de
cooperación católica holandesa), elementos de análisis sobre la
situación de conflictividad social y ambiental en el sector
mencionado y recomendaciones acerca del quehacer en materia
de incidencia para coadyuvar en la transformación y superación
de esos conflictos. Responde a la solicitud que esta Agencia hace
a sus copartes y socios en Colombia de hacer una mirada
estructural y amplia del fenómeno minero en el país, en
correspondencia con su programa Transformación de Conflictos
y con el interés de hacer una cooperación pertinente y efectiva.
La elaboración del documento fue un esfuerzo colectivo de
varias organizaciones y personas conocedoras del tema.
Código Nacional de Recursos Naturales (decreto 2811) y al
establecimiento en el mismo año de los contratos de asociación o
joint-venture (decreto ley 2310) fue el desarrollo normativo de
ese mismo espíritu progresista: la Nación se comprometía y se
hacía cada vez más participe de la explotación de sus bienes
naturales, a la vez que era más consciente de la necesidad de
compatibilizar la relación de producción con los ciclos de
renovación de la naturaleza, para encontrar un modelo de
desarrollo sostenible, tal y como finalmente se recogió en las
disposiciones superiores de la Constitución Política de Colombia
emanada en 1991 (artículos 8, 79, 80, 332, 333, 334 y otros).
A lo largo de toda la primera década del siglo XXI, la Nación se
encuentra ante un panorama diferente, por iniciativas
gubernamentales que han implicado reformas sustanciales a esa
normatividad. En materia minero-energética se han
reestructurado los modelos de contratación tanto en minería (ley
685 de 2001), como en hidrocarburos (decreto 1760 de 2003),
buscando por esta vía dejar de incentivar a la nación a
comprometerse con la explotación de sus minerales y por el
contrario abriendo cada vez más un amplio espacio para la
inversión minero-energética transnacional. Para ello, el gobierno
ha fortalecido la política para generar modelos de contratación y
normativas en materia de renta que generan estímulo a la
inversión extranjera.
Con el fin de trazar las coordenadas para una intervención
apropiada, este documento enfatiza en los problemas
estratégicos del fenómeno minero desde la perspectiva de los
conflictos sociales, económicos, políticos y ambientales. Por una
parte, la minería actualiza los conflictos social y armado que vive
el país, en la medida en que se incrusta en la usurpación, el uso, la
tenencia y la propiedad de la tierra.
De otro lado, también es estrecho el vínculo de la minería con las
fuentes energéticas (fósiles, térmicas, hidráulicas), igualmente
estratégicas para el desarrollo del país, y ello genera conflictos
sociales, culturales y ambientales en los distintos territorios y
regiones del país, de manera diferenciada.
Por otro lado, la normativa ambiental tuvo un curso progresista y
con desarrollos normativos estableció figuras tan importantes
como el Ministerio de Medio Ambiente y la exigencia de
licencias ambientales para la explotación de recursos naturales
(ley 99 de 1993), así como el establecimiento de un
Procedimiento Sancionatorio en Materia Ambiental (ley 1333 de
2009).
El punto de partida es que Colombia ha basado en la explotación
minera su crecimiento económico de los últimos 20 años y con
más acento en la última década, decisión que está en contravía de
un desarrollo humano y sustentable. Expresiones de esta pugna
de orientaciones son los conflictos sociales y la persistencia del
conflicto armado, basados en la reconfiguración territorial
provocada por esta forma de economía. Los últimos diez años
muestran que la minería está cobrando una relevancia inusitada,
tanto en lo económico, como en lo político y social.
En tiempos más recientes, específicamente durante los tres
últimos gobiernos, los dos periodos de Álvaro Uribe y el de Juan
Manuel Santos que va por su segundo año, se presentan
conflictos con esa tendencia anterior: su espíritu de estímulo y
complacencia con la inversión privada transnacional discrepa
con el arquetipo normativo ambiental que ha alcanzado la Nación
colombiana y con las disposiciones que establece la Constitución
al respecto. Las reformas a las concesiones mineras y de
hidrocarburos vienen desregulando la normativa ambiental,
contemplando el hecho de que los proyectos de inversión privada
transnacional puedan eludir el requisito de operar bajo licencia
ambiental en los periodos de exploración, prospección y sísmica;
incluso, para la etapa de prospección no se requiere de ningún
tipo de estudio ni de permiso ambiental.
La conflictividad exige un análisis que observe los actores en el
conflicto y los intereses que se mueven alrededor de la minería y
de los territorios. Exige también reconocer los alcances de las
formas de resistencia social a la minería, las violaciones a los
derechos humanos que se presentan en las zonas mineras y el
momento que atraviesa el pulso entre la reconfiguración
territorial y la defensa de los territorios.
Uno de los aspectos relevantes es el desenvolvimiento que ha
tenido la política minero-energética del país, los cambios y
tendencias. En Colombia, las normativas que regulan los
sectores minero-energético y ambiental avanzaron en forma
paralela y progresiva desde los pasados años 70 hasta principios
del siglo XXI. La tendencia consistía en armonizar los dos
sectores entre sí. Lo que siguió a la expedición en 1974 del
En el mismo sentido, las nuevas normativas en materia de
contratación han llegado aún más lejos en su afán de desregular el
derecho ambiental colombiano, en aras de generar estímulos a la
inversión privada transnacional. Además, se observa que las
normas alimentan la evasión al procedimiento de consulta previa
-32-
Introducción
a las comunidades, que hace parte del bloque de constitucionalidad
del derecho colombiano por vía de las obligaciones de Derecho
Internacional que ha suscrito el país. En este punto fue cardinal la
declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la Corte
Constitucional en el primer semestre de 2011 sobre la ley 1382 de
2010, modificatoria del Código de Minas, por cuanto la misma
obvió este imperativo procedimental en su discusión y expedición.
ambiental en el sector minero-energético, el presente documento
contiene los siguientes cinco capítulos:
?
El primero entrega un marco de análisis político y económico de
orden estructural en el que se puede explicar el modelo extractivista
aplicado en Colombia;
?
Se complementa con el segundo capítulo, que también entrega un
marco, pero en términos de la constitucionalidad y la legislación
que operan en el caso de la minería y la energía, y algunos aspectos
de la institucionalidad relacionada con esos dos componentes del
modelo extractivista.
Lo que ocurre en Colombia en el terreno de la minería y de la
energía hace parte de un modelo internacional que asigna a los
países del llamado Tercer Mundo la misión de proveer materias
primas, mientras que los otros se dedican a la producción, a la
industrialización, a la investigación, a la creación de valor agregado,
a la generación de nuevas tecnologías.
?
El tercer capítulo muestra la situación minera actual, especialmente
con respecto a las titulaciones y solicitudes de títulos mineros y a la
relación con su localización en el territorio, así como la definición
oficial de los proyectos más importantes en minería.
Aunque a mediados del siglo pasado, en América Latina se hicieron
esfuerzos por transformar este modelo, con el neoliberalismo,
volvió la reprimarización, agravándose en los últimos años, ahora
con marcado acento en la extracción de todos los bienes de la
naturaleza.
?
El cuarto capítulo expone elementos de la conflictividad
socioambiental que desata la situación minera y el carácter
territorial de esa conflictividad. Se presentan resúmenes de cinco
casos de conflictos territoriales (en Puerto Gaitán, por
explotación del petróleo; en Segovia, Marmato, el páramo de
Santurbán y Suárez, por explotación de oro) que permiten extraer
elementos de caracterización de lo que ocurre en los territorios y
de las respuestas sociales a esos conflictos; de la diversidad de la
conflictividad, que depende de las especificidades de las
regiones o los territorios, de los contextos institucionales y de la
historia regional e impactos diferenciados de la minería. En
anexo se presentan los estudios de caso de manera más extensa.
En general, puede estimarse que los resultados de la explotación de
recursos minerales están relacionados con la calidad y el tipo de
instituciones políticas, ambientales, sociales y económicas particulares
en que intervienen en los procesos. Nos planteamos, entonces, una
serie de interrogantes: ¿cuál es el impacto que la minería tiene en la
economía colombiana? ¿Qué implicaciones tiene en la economía en
general y en las regiones? ¿Cómo se insertan los problemas regionales
en las políticas macroeconómicas? ¿Qué relación hay entre
movilización social, violación de derechos humanos y DIH y el
incremento de recursos para el sector minero-energético?
?
Finalmente, el capítulo quinto examina de conjunto la
conflictividad a partir de la presentación de los casos y elabora
algunos puntos centrales que denominan reflexiones finales y
presenta recomendaciones estratégicas de incidencia a la entidad
que solicita este estudio.
Dado que el presente documento expone de manera general la
problemática expuesta, propone como reto posterior, trabajar una
serie de hipótesis que necesitan ser exploradas con rigurosidad, y
de las cuales el presente texto da algunas pistas sin pretender
agotar el tema.
Estas hipótesis se resumen de la siguiente manera: la forma de
inserción de las multinacionales, específicamente las mineras,
produce una reconfiguración de territorios contraria y adversa a las
vida de las comunidades y de las poblaciones en las que ellas se
insertan. Ello desencadena conflictos sociales y ambientales que
tienen una dimensión territorial y que van determinando
decisiones en términos de la economía y la construcción
institucional, específicamente a partir de las luchas sociales y los
casos de violencia política social. Las expresiones de esas luchas
en cuanto resistencias tienen diversos alcances según los grados de
desarrollo, según los efectos para actuar a favor de un desarrollo
humano y sostenible y según los retos de la sociedad, de las
comunidades y de los territorios en conjunto para conseguir un
estatus de incidencia en el contexto nacional.
De cara a organizar una mirada global y sistemática del tema
minero-energético del país, y tomando como eje el análisis sobre
la situación de conflictividad social, política, económica y
-33-
CAPÍTULO 1. Crecimiento económico sustentado en
el sector minero-energético o desarrollo humano y sostenible
E
l Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 da la
mayor prioridad al sector minero-energético. Esta
decisión del gobierno implica el gran riesgo de que el
crecimiento económico basado en la minería vaya en contravía
de un desarrollo humano y sostenible.
De acuerdo con estos lineamientos de política se eliminó la
licencia ambiental en la fase exploratoria (en el caso de la
minería), y en las actividades de sísmica (en el del petróleo). La
magnitud del crecimiento de las áreas tituladas para minería, así
como los beneficios tributarios que recibe esa actividad, reflejan
privilegios muy especiales, que contrastan con el
comportamiento de la autoridad ambiental, encargada de
asegurar el cumplimiento de las normas de regulación (Rudas,
2011: 4). Hay mayores exenciones desde el 1 de enero de 2011,
resultado de la reforma tributaria de diciembre 29 de 2010
(Idárraga, 2011: 9-11). Durante el gobierno de Uribe, el área
titulada para minería creció de manera exponencial; de 1,1
millones de hectáreas tituladas en 2001, se pasó a 8,4 millones de
hectáreas autorizadas para hacer exploración minera a diciembre
de 2010 (Rudas, 2011: 3; Andrade, 2011: 1), casi el doble de las
utilizadas en actividades agrícolas (4.9 millones de hectáreas).
Según el economista Guillermo Rudas, entre 1990 y 2001 se
entregaron 1.889, es decir, casi 157 por año, y para el periodo
2002-2009 se llegó a 7.869 títulos otorgados, casi 984 anuales. A
mayo de 2009 se hizo la petición de casi 40 millones de hectáreas,
es decir, aproximadamente el 35% del territorio nacional, y,
como indica Rudas, independientemente de los resultados, ello
representa un importante crecimiento del interés por adelantar
actividades mineras en Colombia.
El PND 2010 – 2014 asigna el 87,14% de la inversión o rubro de
crecimiento y competitividad a lo que denomina como las 5
locomotoras de la prosperidad democrática: infraestructura,
vivienda, agro, minería e innovación. El 44% es para la minería y
siguen en importancia vivienda (24.92%) e infraestructura de
transporte (15,92%) y figuran con una inversión marginal
agricultura (2.2%) y nuevos sectores basados en la innovación
(0.10%). El porcentaje restante de dicho rubro corresponde a la
innovación para la prosperidad (4.22%) y a competitividad y
crecimiento de la productividad (8.64%). El PND estima que en
los próximos cuatro años las cinco locomotoras incrementarán el
crecimiento económico del país en 1,7 puntos por año (en 2010,
el crecimiento fue de 4.2%), reducirán la pobreza en cerca de 1,2
por ciento/año (actualmente en 46%) y la indigencia en el 1,0 por
ciento (actualmente en 18%), y disminuirán la tasa de desempleo
en 2.6 puntos básicos por año (12% en 2010) (Sarmiento, 2011a:
23). Así que al revisar el Plan PND 2010-2014 surge una
pregunta: ¿cuál es la prosperidad democrática de que habla el
gobierno y para quién es?
El sector agropecuario e industrial participaban con el 43.3% del
PIB en 1991, actualmente han reducido su importancia al 21.6%.
En contraste, los ganadores en estos últimos años son la minería,
el sector financiero y comercial. El sector minero viene
creciendo en los últimos tres años a un ritmo superior al 11%
(Sarmiento, 2011b: 21). Desde el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez se diseñó una política de impulso a la minería, establecida
en el Plan Minero-Energético Visión 2019, que proyecta a
Colombia como un país minero20.
Esta dinámica económica subyace a un modelo de desarrollo cuyas
bases se consolidaron en los años setenta, cuando en Colombia se
imponen los ejes estratégicos para un nuevo régimen de
acumulación y expansión del capital: 1) financiarización de la
economía, 2) control de las transnacionales sobre la riqueza, el
patrimonio nacional y la naturaleza, mediante la alianza estratégica
de las élites locales con el capital extranjero; 3) reprimarización de
la economía, fundamentada en el extractivismo de materias primas
de los bienes y los servicios de la naturaleza; 5) afianzamiento de la
agricultura de plantación; 6) debilitamiento de la agricultura
campesina y aniquilamiento de la población rural; 7) implantación
de normas que legalizan el despojo de territorios medios violentos;
8) legislación favorable a la expropiación de las comunidades, de
sus territorios y bosques; 9) reformas laborales conducentes a la
sobreexplotación de la mano de obra; 10) reconstrucción social del
territorio bajo un modelo hegemónico (Sarmiento, 2010: p. 5).
El Estado busca priorizar y concentrar sus esfuerzos en
actividades más acordes con las funciones que le asigna la Ley
minera de 2001, las cuales permiten definirlo como facilitador y
fiscalizador en el desarrollo de los proyectos mineros, al tiempo
que incentiva en forma eficaz y contundente la inversión privada,
una postura que es recogida en las bases del PND 2010-2014
como uno de los principios del modelo de desarrollo: “el
mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea
necesario (PND, 2011: 16).
Muchos sectores de la sociedad han denunciado ya las
implicaciones de la política minera. Las concesiones mineras
afectan más de 600 mil hectáreas de propiedad colectiva indígena
y las nuevas solicitudes, otros 3,5 millones de hectáreas de
resguardos (Rudas, 2011). Las metas para el año 2019 son
duplicar la explotación de carbón, multiplicar por cuatro la de oro
y triplicar el área de contratos mineros. Así que, las
consecuencias sociales de la explotación minera en el país son de
grandes magnitudes. Por una parte, el desplazamiento forzado se
El énfasis en el sector minero-energético no es sólo cuestión de
esta década y el gobierno lo afirma: “la economía colombiana ha
sido poco innovadora: la canasta de exportaciones de hoy no es
muy diferente a la que teníamos hace dos décadas, con la
diferencia de que nuestra dependencia de los recursos mineroenergéticos es cada vez mayor” (DNP 2010, p. 12).
20. Sobre este Plan 2019 se hablará en el punto 2 de este documento.
-34-
CAPÍTULO 1. Crecimiento económico sustentado en
el sector minero-energético o desarrollo humano y sostenible
encuentra asociado directamente con la implementación de este
modelo en los territorios de comunidades agrarias, mestizas,
indígenas y afrocolombianas. En todos estos casos no se han
implementado mecanismos adecuados de consulta y mucho
menos de consentimiento, en conformidad con el Derecho
Internacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por
otra parte, la presión de grandes empresas sobre las tierras y
territorios va en aumento mediante el impulso de la minería a
gran escala, el desarrollo agrícola basado en monocultivos
agroindustriales de materias primas y agrocombustibles y la
construcción de megaproyectos que facilitan el desarrollo de esta
economía extractiva. Esta política de crecimiento económico
promoverá para el próximo decenio disputas por los territorios Y
causará nuevas olas de desplazamiento de las comunidades que
se asientan en ellos, nuevos conflictos y más violencia.
En la década que está comenzando, se profundizará el modelo de
desarrollo colombiano. Según la agenda interna 2019, los
sectores seleccionados para el desarrollo económico son: mineroenergético, biocombustibles, petroquímico, gestión ambiental,
agro-pesquero y acuícola, agroindustrial y agropecuario, forestal,
turístico, software y telecomunicaciones, logística y puertos. Los
cambios en la estructura económica y los sectores de mayor
dinamismo (explotación de minas y canteras, unido a la
construcción pública) así lo reflejan.
Existe una serie de estudios que plantean que una economía basada
en la explotación de los recursos naturales no necesariamente
conduce al crecimiento económico ni al bienestar. El Banco
Mundial señala que la producción de bienes primarios tiene
efectos adversos en el bienestar económico y las instituciones de
un país: Cada vez se reduce la calidad de la inversión y los
servicios públicos y, de esa manera, limita el potencial de
crecimiento. Señalan los estudios que las tasas de explotación de
los recursos naturales son insostenibles a mediano y largo plazo y
generan grandes costos ambientales y sociales, tal como sucede en
Colombia y en otros países de América Latina y El Caribe
(Sinnott, Nash, de la Torre, 2010: 47).
Tres aspectos ayudan a comprender las implicaciones de este
modelo de acumulación: en primer lugar, la reprimarización de la
economía, la IED y el protagonismo de las trasnacionales. En
síntesis, su relación es como sigue: la reprimarización, si bien ha
sido una dinámica de la economía en el país, en esta fase del
desarrollo está acompañada de un gran impulso a la inversión
extranjera directa y las trasnacionales señalan el desplazamiento
de acciones propias del Estado hacia empresas multinacionales.
La precaria intervención del Estado en el ordenamiento del
territorio se pone en evidencia en la inexistencia de criterios claros
y transparentes sobre el uso del suelo por parte de las denominadas
locomotoras de la prosperidad. Rudas señala al respecto que “poco
se ha hecho (1) para regular de manera efectiva la expansión de la
gran agricultura, especialmente de la producción de agrocombustibles; (2) para organizar el crecimiento de las ciudades y la
ubicación de las viviendas; (3) para desarrollar la infraestructura de
transporte y energía; y, muy especialmente, (4) para racionalizar el
uso de los recursos naturales no renovables por la minería” (Rudas,
2011: 2).
1.1 Reprimarización de la economía, en contravía del desarrollo
rural y la conservación ambiental
Como se vio, el PND reconoce que la economía colombiana no se
ha industrializado y que, por el contrario, continúa dependiendo
de la extracción de bienes primarios. En este aspecto, la estructura
productiva continúa su proceso de reprimarización. En el PND no
hay claridad sobre la forma en que la locomotora mineroenergética evitará que continúe el proceso de reprimarización
(González J. I., 2010). No hay tampoco propuestas que permitan
encadenar la actividad extractiva a la creación de valor agregado.
Y tal vez la mayor dificultad radique en la coordinación de la
locomotora minero-energética con la locomotora que hala el
desarrollo rural. Los títulos mineros otorgados definen una
distribución de los usos del suelo que riñe con las prioridades
agrícolas y ambientales.
Los impactos sobre el medio ambiente son desastrosos. Los
movimientos ambientalistas y regionales han denunciado la
proliferación de títulos en zonas de páramo. En 2010 había
registrados títulos mineros en 122 mil hectáreas de dichos
ecosistemas, cerca del 6,3% del total del área de páramos del
territorio nacional distribuidos en los departamentos de Boyacá,
Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.
Igual sucede con las reservas forestales establecidas por la ley 2ª
de 1959, pues de las 51,5 millones de hectáreas que ellas abarcan,
cerca de 1 millón 300 mil se encuentran con títulos mineros. Al
respecto, la ley prohíbe todo tipo de minería en los páramos, pero
deja la puerta abierta a la explotación minera de zonas de reserva
forestal y a la minería a cielo abierto en territorios colectivos
(Andrade, 2011 y Calle, 2011).
La reprimarización trae sobre sus hombros capitales,
especialmente externos, y la minería y los hidrocarburos
concentran la mayor tajada de la creciente inversión extranjera
directa. Implica también una mayor intensidad en la explotación
de los recursos naturales. En la actualidad, las concesiones
mineras se llevan a cabo en las zonas de mayor fragilidad
ecosistémica: páramos, parques naturales, fuentes hídricas
superficiales y subterráneas, zonas de reserva.
En relación con la generación de empleo, los sectores con mayor
productividad, no son precisamente los que más generan trabajo.
Estos dos sectores son el minero y el financiero, pero el número
-35-
CAPÍTULO 1. Crecimiento económico sustentado en
el sector minero-energético o desarrollo humano y sostenible
de trabajadores contratados es relativamente bajo. En la
exposición que hace el PND de las características de la
locomotora minera no se explica cómo se logrará que el sector
mejore la creación de valor y, al mismo tiempo, incentive el
empleo. Las investigaciones señalan que mientras el PIB minero
crece un 68.2% entre 2002 y 2008, el número de trabajadores en
el sector desciende de 276.100 a 149.100.
cielo abierto. En un evento reciente en Panamá, el historiador y
ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert21 denunció los
conflictos generados por la extracción mineral a cielo abierto y el uso de
territorios por las multinacionales y cómo las crecientes actividades
mineras se han convertido en una amenaza ambiental en América Latina.
Según el historiador, para el caso de Canadá, hace 20 años había una
docena de proyectos canadienses en Latinoamérica y hoy existen más de
1.500 empresas mineras canadienses que operan en todo los continentes,
a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre
Canadá y América Latina.
1.2 IED en América Latina y El Caribe
La expansión de la explotación minera en Colombia y el hecho de
que en el país la minería y los hidrocarburos concentren la mayor
tajada de la creciente inversión extranjera directa hay que
explicarlos en el contexto global y de América Latina. Según la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la
Inversión Extranjera Directa (IED) en estas dos regiones de
América aumentó 54% en el primer semestre de 2011 en relación
con el mismo período de 2010. En el primer semestre de 2010, los
países de América Latina y El Caribe recibieron 53.751 millones
de dólares en IED, mientras que durante el mismo periodo de
2011, la región contabilizó 82.652 millones de dólares de IED
(Cepal, mayo 2011).
1.3 Tendencias de la Inversión Extranjera Directa en
Colombia
La mayor IED impulsa el auge de la exploración y explotación
minera y petrolera en Colombia. Este auge de la minería se
debe a la convergencia de varios factores: la política de confianza
inversionista que garantizó las condiciones de seguridad para la
explotación minera; su potencial mineral que, según los analistas,
se sostiene en una topografía aún no explorada en gran parte y en
un gobierno que fomenta la minería y las inversiones privadas
extranjeras. Ya desde la pasada década del 90, la crisis de la deuda
externa obligó a nivel global a los países a reactivar la minería. En
lo que va de esta década (hasta el primer semestre de 2011)
Colombia ha recibido una inversión extranjera de 35.170
millones de dólares. (Veáse gráfica 1)
Pero el incremento de IED hay que entenderlo, según la Cepal
(Comisión Eonómica para América Latina y El Caribe), en el
marco de la crisis de deuda soberana en los países europeos, el
dilema fiscal de Estados Unidos y la volatilidad financiera
global. La situación internacional pone "cierta cuota de
incertidumbre sobre el financiamiento de las empresas
transnacionales y sus futuros planes de inversión, así como sobre
el comportamiento económico de la región", señaló la Comisión.
La Cepal atribuye el incremento de los flujos a la "estabilidad y
dinamismo económico de la mayoría de los países" de la región y
a "los altos precios de las materias primas, que continúan
incentivando la inversión en minería e hidrocarburos".
Encabezaron el aumento Colombia, Brasil y Venezuela, así como
los países de América Central, mientras que Argentina, Chile,
México y Paraguay muestran una moderada reducción en sus
entradas. Colombia, por ejemplo, recibió inversiones -sobre todo
en hidrocarburos y minería-- por 7.008 millones de dólares, 91%
más que en el primer semestre de 2010, e incluso por sobre el
total de la inversión de 2010. Brasil, en tanto, alcanzó 44.000
millones de dólares de IED entre enero y agosto, una cifra 157%
mayor a la registrada en 2010, basada en "nuevos aportes de
capital", así como "un fuerte aumento de los préstamos entre
compañías" (Cepal, mayo 2011).
Esto quiere decir que a menos de la mitad del tiempo de
trascurrido su gobierno, la administración de Juan Manuel Santos
ya lleva más del 50% del terreno ganado para alcanzar la meta y
cifra récord de IED de 2011 que, como lo ha venido diciendo el
ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se espera que sea
de US$12.000 millones (Colprensa, 2011).
Hay múltiples asociaciones y organizaciones sociales y ambientalistas
mundiales que están denunciando los impactos y efectos de la
minería, no solamente de los hidrocarburos, sino de la minería a
Sin embargo, resulta preocupante que la concentración de la IED
en el sector minero-energético vaya en detrimento de otros
sectores de la economía como la industria manufacturera que,
Según el último reporte de la Inversión Extranjera Directa en
Colombia, correspondiente al primer semestre de 2011, entre
enero y junio del presente año la cifra por este concepto ascendió
a US$7.008 millones, lo que representa US$3.347 millones más
que la registrada en el mismo período de 2010, cuando
ingresaron al país flujos de capital por US$3.661 millones. Es
decir, la IED creció un 91% en el último año. Dentro de ese total,
las actividades de petróleo y minería pasaron de representar el
63% (US$4.471 millones) en el primer semestre de 2010 a 64%
en el mismo periodo de 2011. En millones de dólares, el sector
petrolero pasó de US$1.326 millones a US$2.826, mientras que
el de minas y canteras tuvo US$1.645 en 2011, en comparación
con los US$980 de 201022.
21. Studnicki-Gizbert, ganador del Premio Leopold Hidy Award 2011, otorgado por The Forest History Society for Enviromental History, disertó sobre los conflictos generados por la extracción
mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales. En http://www.conflictosmineros.net/contenidos/3-latinoamerica/8742-unos-1246-proyectos-mineros-de-canada-contaminanamerica-latina, recuperado: 26 de octubre de 2011.
22. Informe semestral de Proexport, sobre la base de las cifras del Banco de la República. Se puede consultar en http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/246_Reporte%20de%20Inversion%
20I%20SEM%202011.pdf
-36-
CAPÍTULO 1. Crecimiento económico sustentado en
el sector minero-energético o desarrollo humano y sostenible
GRÁFICA 1
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2002-2010
6000
Petroleo,
´ minas y canteras
5000
Agricultura, caza, silvicultura y
pesca
4000
Manufactureras
Electricidad gas y agua
3000
Construcción
2000
Comercio, restaurantes y
hoteles.
1000
Transportes, almacenamientos y
comunicaciones
Establecimientos financieros
0
2002
-1000
2003
pr
2004
pr
2005
p
2006
p
2007
p
2008
p
2009
p
2010
p
Otros
-2000
Fuente: Banco de La República, Subgerencia de Estudios Económicos. Elaboración: Cinep/ PPP
como señala el informe del Banco de la República, mostró una
caída en la IED para el segundo trimestre del año. Esta pasó de
US$236 millones en el segundo trimestre de 2010 a US$87
millones en 2011 (Colprensa, 2011). En términos porcentuales,
enfatiza Amilkar Acosta que el sector industrial sólo creció un 2
por ciento frente al 7,4 del mismo período de 2010 (Acosta:
2011)23. De su informe también se desprende que otro sector
afectado es la agricultura. La Sociedad de Agricultores de
Colombia (SAC) considera que para el año completo la tasa para
el sector agrícola será de apenas de 3.5 por ciento.
por cumplir por parte del capital extranjero para su ingreso,
permanencia y salida del país.
A partir de 2005, la minería colombiana experimenta el
crecimiento más alto de toda su historia. El crecimiento del PIB
minero en este período fue en promedio 12%, muy por encima
del crecimiento promedio del país. El régimen político y
económico se ha blindado desde el punto de vista jurídico con
varias medidas: abolición de la norma constitucional de
regulación de control del capital extranjero por parte del Estado,
ley 9 de 1991, que eliminó el control de capitales y liberó la
inversión extranjera; reformas laborales (leyes 50/1990 y
789/2002) que flexibilizaron la contratación laboral y eliminaron
derechos históricos de los trabajadores; leyes 100 de 1993 y 142
de 1994, que abren el sector social al control y beneficios del
capital privado (educación, salud y servicios públicos
domiciliarios); la Ley Forestal (ley 1021/2006), que abrió el
territorio y la biodiversidad a los intereses de las empresas
transnacionales, Código Minero (ley 685 de 2001), que entrega
los recursos del subsuelo colombiano a las multinacionales y
penaliza la minería informal, que en Colombia representa hasta
un 80% de la producción y criminaliza a los pequeños mineros
que no se legalicen en un tiempo determinado (Sarmiento, 2010).
1.4 Colombia: territorio de transnacionales
Hoy operan alrededor de 800 compañías multinacionales en el
país. De ellas, unas cien se establecieron a partir de 2007. Por otra
parte, más de la mitad de las 100 principales empresas
colombianas cuenta con capital extranjero. Durante los últimos
20 años, compañías privadas de Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea tomaron el control de una parte importante del
territorio colombiano y de sus recursos. A partir de 1990 se torna
irreversible, en un proceso que aún no termina y ahora menos,
con la firma del Tratado de Libre Comercio. La inversión
extranjera se valió de sustanciales reformas a la legislación que
eliminaron prácticamente todas las condiciones y gravámenes
23. Amilkar Acosta, Agosto de 2011, La economía en el primer año de Santos: un balance de prueba, http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2283-la-economia-en-elprimer-ano-de-santos-un-balance-de-prueba.html
-37-
CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo
E
n Colombia, el concepto de planeación a largo plazo en
materia de políticas públicas apenas empieza a cuajar y a
asumirse con seriedad. La distinción entre los conceptos
de política de Estado y política de gobierno24 fue irrelevante en el
debate nacional durante todo el siglo pasado y solo en 2002 se
estructura la primera propuesta de política de Estado, recogida en
el documento oficial Visión Colombia 2019.
(Agencia Nacional de Hidrocarburos) y la Agencia Nacional de
Minería -ANM-, y a través de las leyes que se emiten en el
Congreso, participando así también la rama legislativa en proceso
de institucionalización y ejecución de las políticas públicas.
2.3 El documento Visión Colombia 2019
La energía en su más amplio sentido es el impulso vital que pone
en movimiento los sueños y empresas de nuestra especie. El
desarrollo económico de cualquier nación en el mundo actual
implica una fuerte y competitiva infraestructura en este campo. El
documento Visión Colombia 2019 o Plan 2019 dedicó un aparte al
sector minero-energético, el más importante y que representa hoy
las mayores exportaciones.
Visión Colombia 2019 planifica en la perspectiva de unos 20 años
el Estado colombiano en sus aspectos más estratégicos y
esenciales; contempla un apartado referido al sector mineroenergético y establece los derroteros de acción sobre cuya base
han actuado los gobiernos desde su proposición. Ese apartado
recoge los elementos analíticos del debate que han estructurado
las instituciones de planeación y ejecución de políticas públicas
del sector.
2.3.1 Metas generales del Plan 2019
El Plan 2019 se plantea cuatro grandes objetivos, de carácter
amplio, que consisten en consolidar:
2.1 Planeación
En materia de planeación, el Estado colombiano ha diseñado todo
un arquetipo institucional que se coordina en el ámbito nacional y
general en el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y
Social) y en el sectorial, en el Ministerio de Minas y Energía, que
se apoyaba en el trabajo técnico de Ingeominas (Instituto
Colombiano de Geología y Minería) y la Upme (Unidad de
Planeación Minero-Energética).
?
Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.
?
Una sociedad más igualitaria y solidaria.
?
Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.
?
Un Estado al servicio de los ciudadanos.
El funcionamiento de estos entes iniciaba con los estudios
técnicos adelantados por Ingeominas (hoy corresponderían al
Servicio Geológico Colombiano) y la Upme, insumos técnicos
que la Upme se encarga de centralizar para emitir documentos
oficiales denominados como Planes, los cuales se formulan ya
bien como Planes de Referencia por sector (minas, hidrocarburos
y energía eléctrica) o, a través del plan general del sector que se
denomina Plan Energético Nacional, del cual el más reciente
comprende el periodo de 2006 a 2025.
Sobre la base de los estudios técnicos, el Ministerio de Minas y
Energía recoge los elementos esenciales del debate, que habrán de
exponerse ante el Conpes y los demás ministerios y entes
administrativos del orden nacional como DNP (Departamento
Nacional de Planeación). El Conpes delibera y toma decisiones
que se trazan como hojas de ruta en los Documentos Conpes, a
partir de los cuales se inicia un proceso de ejecución de la política
que implica su institucionalización.
Sin embargo, su materialización se deshace en políticas
ineficientes y precarias, carentes de visión estratégica mundial,
reproductoras de un modelo ineficaz para materializar el
desarrollo capitalista, el crecimiento económico y menos aún
igualdad social, bienestar colectivo y valores solidarios. Tal vez
esto obedezca a que, aunque en términos generales, el Plan 2019
pretende convertir la política actual de gobierno en una política de
Estado, esa política no se desprende de una planeación estratégica
que atienda las necesidades internas ni los intereses nacionales,
sino de la profundización de un modelo de desarrollo
extractivista, que privilegia las demandas de los llamados aliados
estratégicos internacionales. Es decir, que la economía
colombiana se ha caracterizado por su falta de planeación a largo
plazo y tal vez la principal limitación de este tardío esfuerzo por
construir derroteros de largo aliento sea el hecho de que se
pretende superar la ausencia de planeación previa, convirtiendo
en política a largo plazo el desorden fruto de dos siglos sin
planeación.
2.2 Ejecución
2.3.2. Desarrollo industrial
Una vez se adelanta el trabajo previo de estudios técnicos y
planeación, la ejecución de lo proyectado en los Documentos
Conpes se desarrolla a través de las instituciones de la rama
administrativa del Estado colombiano en el orden nacional y
local, ya sea a través de Decretos del gobierno, Resoluciones de
los Ministerios, de Ingeominas (hoy SGC), de Acuerdos en los
casos de la Unidades Administrativas Especiales como la ANH
El Plan 2019 acierta al comprender que el crecimiento económico
depende del desarrollo productivo del sector real de la economía, es
decir, el sector industrial; sin embargo, la propuesta no es clara con
respecto de la forma en la que se alcanza un nivel competitivo de la
industria: el texto señala que “para 2019 Colombia deberá contar con
una estructura productiva que incorpore y aproveche plenamente
–además del capital y el trabajo– recursos como la tierra, los mares,
24. Se entiende como política de gobierno la planeación que un gobierno particular desarrolla para el ejercicio de su periodo en el cargo; por otro lado, se entiende como política de Estado, la planeación
estratégica de largo plazo que responde más a un proyecto nacional que al proyecto de un gobierno específico, y que por tanto desborda los periodos de los gobierno en su ejecución.
-38-
CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo
la biodiversidad, el paisaje y la localización geográfica. Para
hacer esto posible, el país deberá estar integrado al mundo, pues
el mercado interno es demasiado pequeño para absorber el
potencial de producción agropecuaria, minera, manufacturera,
de servicios y de talento humano”25. Este elemento ayuda a
entender por qué se propone como única alternativa de
contratación en materia de minas e hidrocarburos, el contrato de
concesión y por qué de las reformas que llevan a la Nación a
reducir su participación en la renta de estos sectores,
especialmente en la reforma al régimen de regalías.
Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos); y en gas
natural, consolidar la política de libertad de
e x p o r t a c i o n e s . Ta n t o o m á s i m p o r t a n t e ,
Colombia deberá hacer un enorme esfuerzo en el
conocimiento del subsuelo. Hoy en día sólo se conoce
alrededor de una cuarta parte del subsuelo, razón por la
cual una de las prioridades en los próximos años será
llegar a un cubrimiento de 75% del territorio con
exploración geológica”27.
En materia de contratación petrolera, la política de privatización
ha sido consecuente, con el decreto 1760 emitido por el gobierno.
Igual, en minería, la privatización ha sido la regla aplicada:
además de haberse suprimido la operación de la industria
nacional en el sector, se compaginan los estímulos contenidos en
el Código de Minas de 2001 y en las reformas a las regalías con la
política de estímulos a la inversión privada, en la que es cardinal
la reducción de la participación del Estado en la renta del sector.
Al respecto, el documento de planeación Visión Colombia 2019
señala que “en el sector de la minería, Colombia deberá
mantenerse durante los próximos años entre los cinco países de
Latinoamérica destino de las inversiones del mundo y duplicar la
producción minera”28.
2.3.3. Minas y energía
Aunque el Plan advierte el riesgo de continuar la política de
absorción del potencial minero-energético en Colombia por el
capital extranjero, la realidad es que esta ruta es la que está
siguiendo la política minera del país. Desde los años 20,
Colombia nunca hizo un análisis a largo plazo, entregó el oro a la
Pato Gold Mine y demás empresas mineras que operaron en
suelo colombiano; el café nunca costó más que el oro y la pérdida
que conllevó a la incapacidad por desistimiento de forjar una
industria que explotara ambos potenciales, generó un atraso de
cientos de años al desarrollo nacional colombiano.
El documento Visión Colombia 2019 plantea que el potencial de
los recursos minero-energéticos en Colombia es gigantesco y que
el país debe “posicionarse como un clúster regional
energético”26. Sobre este punto es clara la necesidad que se tiene
de aumentar la capacidad de generación de electricidad; sin
embargo, no se detiene en el problema del agua y la importancia
de este recurso en Colombia para la generación de electricidad a
bajo costo y sin la intermediación de energías primarias como el
carbón y los hidrocarburos en termoeléctricas.
Aunque la capacidad de generación de energía eléctrica ha venido
aumentando en Colombia con proyectos como los de Urrá y se
espera crecer con los proyectos Hidrosogamoso, Pescadero
Ituango, entre otros, los impactos ambientales han generado los
problemas de sostenibilidad que ya se han mencionado.
La actual política minero-energética en Colombia resume sus
reformas en dos hitos: el primero, la transformación en los
regímenes de contratación en materia de minería e
hidrocarburos, en los que se establece como única alternativa de
contratación el modelo de contrato de concesión; y, el segundo,
en materia de participación nacional en la renta del sector,
destacándose elementos como la nula participación de la
industria nacional en el caso de la minería y la evidente reducción
de participación de Ecopetrol en el nuevo contrato de
hidrocarburos, también así elementos como la reducción de las
regalías en el caso de los hidrocarburos y la arbitraria
flexibilización de las regalías en el caso de la minería, las cuales
fluctúan por mineral y llegan a la situación absurda de que
elementos como la sal pagan una regalía del 12%, mientras que la
del oro y la plata apenas alcanzan el 4%.
Por otro lado, no es posible garantizar un abastecimiento a largo
plazo sin una fuerte conservación de los recursos. Además, el
dominio de los ríos permite que una élite tenga el control del agua
y reordene el territorio en función de sus intereses restringiendo y
condicionando el acceso de las aguas hacia otros grupos sociales.
De esta forma, en el momento que los ríos dejan de fluir
libremente, se restringe el derecho de usarlos para otro tipo de
actividades. Preocupa que varios de los proyectos
hidroeléctricos están hoy en empresas privadas de capital
internacional (caso El Quimbo y la Empresa Generadora de
Energía S.A., Emgesa) y otros están en manos de empresas
mixtas que se muestran como nacionales (caso Empresas
Públicas de Medellín, EPM - Isagén en el que alrededor del 30%
de su capital ya es privado).
2.4. Contratación
Uno de los grandes hitos de reestructuración de la política
minero-energética de los albores del siglo XXI tiene que ver con
el tema de la contratación, tanto en el sector minero, como en el
de hidrocarburos.
“En el área de hidrocarburos y sus derivados, dice el
documento, se deberá continuar con la vinculación de
capital privado a los proyectos de inversión de
25. Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 25.
26. Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40.
27. Ibídem.
28. Gobierno de Colombia. Visión Colombia, Segundo Centenario. 2019, p. 40.
-39-
CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo
La ley dispone como modelo de contratación el de la concesión y
establece la prospección como una actividad libre que el
concesionario adelanta a cuenta y riesgo y por esta vía desregula
el derecho ambiental colombiano, pues eso implica que esta
etapa de la exploración ocurre sin necesidad de licencias ni de
ningún tipo de permiso ambiental. Por lo tanto, tampoco existe
durante esa etapa ninguna compensación para el Estado31.
2.4.1. Contratación de hidrocarburos: de asociación a
concesión
La ley 790 de 2002, expedida por el poder legislativo, confirió
poderes especiales al ejecutivo para reestructurar la
administración pública en el país. Sobre la base de estas
facultades extraordinarias, el ejecutivo expidió el decreto 1760
de 2003, que escinde de Ecopetrol las funciones administrativas
de los contratos y de las regalías de hidrocarburos en Colombia y
crea, para asumirlas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
ANH.
Lo anterior ha sido un importante generador de conflictos, pues
las comunidades carecen de herramientas legales para oponerse a
la llegada de cualquier empresa o particular a sus territorios si no
tiene autorización para buscar minerales. Con esa ausencia de
control y de participación estatal, es contradictorio que la
actividad minera se considere "en todas sus ramas y fases" de
utilidad pública e interés social (artículo 13 del Código de
Minas), pero eso explica que haya vía libre a expropiaciones y
otros beneficios para los particulares interesados en buscar o
explotar.
A partir de esas disposiciones se crean las condiciones para
transitar de un régimen de contratos por asociación, que rigieron
en Colombia desde 1974, al de contratos conocidos como de
concesión moderna. Estos pueden adjudicar el 100% de la
operación al capital privado transnacional y además contemplan
que esas concesiones se adjudiquen a perpetuidad, es decir, hasta
el agotamiento comercial del pozo. Por eso, no existirá reversión
de ninguno de ellos a la Nación.
El cuadro 1 presenta una síntesis de los principales pasos y
requisitos normativos que actualmente se deben cumplir para
establecer establecer una explotación minera en Colombia.
Recientemente, un escándalo de corrupción ha sacudido a la
ANH por los resultados de una auditoría que adelantó la
Contraloría General de la Nación, que incluso desencadenó la
renuncia de quien fuera su director durante ocho años, Armando
Zamora, cuyos resultados indican inconsistencias en el manejo
de 1,24 billones de pesos29.
En el Código también se ha revelado otro elemento conflictivo
pues eleva los niveles de formalidad en la explotación de
minerales, al tiempo que desconoce los proyectos de pequeña
minería tradicional, contemplados en el anterior código. Al no
incluirse en la normativa de 2001, corren el riesgo de ser
ilegalizados y desplazados por proyectos de inversión de capital
privado transnacional. Los últimos gobiernos han cerrado las
posibilidades de apoyo técnico y económico a la pequeña
minería, han achicado las puertas de la formalización y
concentrado sus esfuerzos en señalar las ventajas de la gran
minería frente a la pequeña, a la que le quedan pocas o ninguna
posibilidad de adaptarse para hacerle frente a las nuevas políticas
y legislaciones.
2.4.2. Contratación minera
La privatización del sector minero está más avanzada que la de
los hidrocarburos. En Colombia, las operaciones de minería son
exclusivamente de capital privado y sólo existe para el sector el
modelo de contratación por concesión, pues ni siquiera se cuenta
con una empresa nacional que contribuya a la participación del
Estado en la renta del sector. A comienzos de la década se liquidó
la empresa nacional Minercol.
Las ventajas para la gran minería y la IED en el sector tienden a
profundizarse. El gobierno nacional hizo aprobar una nueva
reforma en 2010 (ley 1382), cuyo contenido restringe aún más las
posibilidades de desarrollar una industria minera nacional,
principalmente de mediana o pequeña escala. Funcionarios del
Ministerio de Ambiente hicieron explícitas algunas restricciones
a la actividad extractiva a partir de argumentos ambientales
(como la prohibición de adelantar esta actividad en páramos,
Parques Naturales o humedales Ramsar), su propósito era
profundizar las prerrogativas para el capital privado de carácter
transnacional y poner aún más talanqueras a la formalización de
los mineros artesanales, los pequeños y los medianos.
En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía regula la
actividad minera y desde el año 2004 nombró al Ingeominas
como Autoridad Minera. Dicha actividad se rige por el Código de
Minas o ley 685 de 200130, que ha significado una reforma
sustancial en materia de minería en el país. Esa ley reglamenta las
relaciones entre los particulares y el Estado para el desarrollo de
las diferentes actividades que comprende la minería como son,
prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte,
aprovechamiento y comercialización de la riqueza del subsuelo.
El Código define los títulos mineros, a saber, licencias de
exploración y licencias de explotación, concesiones y aportes.
29. Portafolio. “Inconsistencias financieras de la ANH suman $1,24 billones”. Septiembre 16 de 2011. Disponible en http://www.portafolio.co/economia/inconsistencias-financieras-la-anh-suman124-billones
30. En febrero de 2010 se promulgó la ley 1382 que modificaba el Código de Minas; la Corte Constitucional la declaró inexequible en mayo de 2011 por no haber cumplido con el requisito de consulta
previa para su expedición. Sin embargo, la Corte dejó vigentes, durante dos años, aquellos artículos que tienen consideraciones ambientales, fundamentalmente los que hacen referencia a la exclusión
de la actividad minera en páramos. Para mayor información al respecto ver “Boletín No. 6: Serie sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. ¿Qué
efectos tiene la sentencia C-336 de 2011 que declaró inconstitucional la reforma al Código de Minas?” Comisión Colombiana de Juristas, agosto 18 de 2011, disponible en
http://www.coljuristas.org/documentos/boletines/bol_n6_consulta_previa.html
31. Durante la prospección no hay participación pública en la renta del sector, ni siquiera a través de impuestos ni de pago del canon superficiario. Dicho canon es una compensación que debe recibir el
Estado de parte de las empresas extractivas durante las etapas de exploración, construcción y montaje, sobre la totalidad del área de concesión, equivalente a entre uno y tres salarios mínimos día por
cada hectárea concesionada, aun cuando el terreno sea de propiedad de la empresa. Así, según el Artículo 230 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), el canon no aplica para la etapa de prospección.
-40-
CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo
Cuadro 1. Requisitos y pasos para establecer una explotación minera en Colombia
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD
Licencia de exploración (es el título que
confiere a una persona el derecho exclusivo a
realizar trabajos para establecer existencia de Para otorgar la licencia y su duración se debe conocer el área a explorar.
yacimientos de minerales y reservas dentro de
una zona determinada) 32.
Pequeña
minería
Mediana
minería
Gran minería (explotación de
carbón superior a 800.000 Tn/año
o remoción de material superior a 2
millones Tn/año para oro)*
Menor a 100
Mayor a 100
y menor de
1.000
Mayor a 1.000 y menor de 5.000
Duración de la licencia
1 año
2 años
5 años
Tiempo de prórroga
1 año
1 año
1 año
Requisitos para la solicitud de la Licencia de
Explotación
Informe final de
exploración y programa de trabajos
e inversiones (PTI)
Informes de progreso sobre el programa de
exploración.
Programa de trabajos e inversiones
Estudio impacto ambiental
?
Licencia de explotación (es el título que le
otorga a una persona la facultad exclusiva de
explotar los depósitos o yacimientos de
minerales en un área determinada).
?
Área a explorar en hectáreas
La licencia tiene una duración de 10 años a partir de su
inscripción en el Registro Minero.
Se deben rendir informes anuales, donde se presenta un resumen
del programa de explotación ejecutado, las inversiones realizadas
y los resultados obtenidos.
?
La duración de los contratos mineros de concesión es de 30 años, a
Contratos mineros de concesión (son contratos
partir de su inscripción en el Registro Minero.
celebrados por el Ministerio de Minas y Energía ?
Durante la explotación el contratista debe devolver las zonas que no
y confieren al concesionario el derecho
estén incluidas en los planes y diseños mineros.
exclusivo a extraer los minerales y a realizar ?
Al vencer los contratos de concesión de gran minería, el contratista
obras y labores de montaje y desarrollo de la
debe dejar en funcionamiento equipos, instalaciones y obras mineras
explotación y transporte del mineral).
y entregar a título de reversión gratuita todas las propiedades
exclusivas de explotación.
Fuente: Código de Minas (ley 685 de 2011)
* Guía minero-ambiental de explotación. Ministerio de Minas y Energía – Ministerio del Medio Ambiente. 2002
Pero la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-366 del 13
e mayo de 2011, declaró inexequible dicha reforma por no haber
cumplido con los requisitos de consulta previa a las comunidades
étnicas, uno de los actores más involucrados en el tema33. Ante
eso, el gobierno preparó nuevamente de manera unilateral un
borrador de reforma al Código, que espera consultar con unos
pocos actores étnicos y hacer aprobar rápidamente en 2012.
A la vez, el gobierno continúa sacudiendo la institucionalidad
minera y ambiental. Para hacerlo, aprovecha la expedición del
Plan Nacional de Desarrollo y las facultades extraordinarias que
el Congreso le otorgó al presidente Juan Manuel Santos para
hacer reformas al Estado.
El artículo 134 del PND introdujo una modalidad para facilitar la
aprobación de licencias ambientales: si la autoridad ambiental
32. Es importante señalar que la actividad exploratoria, que por definición es una actividad que únicamente genera egresos, posibilita en la práctica una serie de movimientos especulativos que si
generan en muchos casos grandes dividendos a los inversionistas. Es esta la razón para que estos emprendimientos extractivos cambien en forma permanente de razón social y de composición
accionaria y que por lo tanto, en algunos casos las empresas no tengan realmente como finalidad última llegar ellos mismos a la etapa de explotación.
33. Sobre la Sentencia de la Corte ver: Comisión Colombiana de Juristas. Boletín No. 6: Serie sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Agosto 18 de
2011.
-41-
CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo
encargada de estudiar el otorgamiento de una licencia se tarda
más de 90 días hábiles en dar una respuesta, “automáticamente
pasará a jurisdicción de un comité que en un plazo menor de 60
días otorgará o negará la respectiva licencia ambiental”. El
Comité estará conformado por el Director Nacional de
Planeación, el Secretario General de la Presidencia, el Ministro
de Ambiente y la cabeza del sector (el gremio) al que corresponda
el proyecto del caso, o sus respectivos delegados.
empresas mineras, en comparación con el escaso aumento de las
regalías: “Pasan de $6 billones de regalías en el 2007 y exenciones
tributarias de menos de un billón, a regalías de $6,5 billones en el
2009 y beneficios fiscales de $3,5 billones. Más de la mitad de las
regalías se las están devolviendo”34 (véase cuadro 2).
2.5.1. Régimen de regalías
El régimen de regalías en Colombia se rige por la ley 141 de
1994. Esta ley desarrolla el mandato constitucional de crear un
Fondo Nacional de Regalías e instaura la figura de la Comisión
Nacional de Regalías como órgano de administración de los
recursos del Fondo35. También establece las reglas de liquidación,
asignación y ejecución de los recursos provenientes de las
regalías.
Adicionalmente, con el decreto 3573 de de 2011 se elimina la
Dirección Nacional de Licencias y Trámites Ambientales como
órgano del Ministerio de Ambiente y se crea la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, como un ente adscrito, con
autonomía administrativa y financiera. En noviembre de 2011, el
ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, firmaría tres
decretos para autorizar el funcionamiento de la Agencia Nacional
de Minería Sustentable, entidad que tendrá entre otras funciones
la promoción y adjudicación de áreas de explotación,
contratación y el control a la fiscalización minera. De esta
manera, la ANM reemplazará parte de las funciones de
Ingeominas. La entidad inició funcionamiento terminando el
2011. La Agencia Nacional de Minería Sustentable Ingeominas
se encargará únicamente de adelantar estudios de conocimiento
geológico, mientras que la nueva agencia hará las veces de la
Agencia Nacional de HIdrocarburos en el sector petrolero.
El artículo 1 define el Fondo Nacional de Regalías y señala que
sus recursos se destinan en primer lugar al fortalecimiento del
sector minero en Colombia, concepción constitucional que
corresponde a una política pública orientada a convertir a
Colombia en un país minero. La segunda prioridad es la
preservación del ambiente y la tercera, los proyectos de
inversión.
La ley 756 de 2002 modificó sustancialmente la ley 141 de 1994
presentando una notoria diferencia de enfoque entre las regalías
indirectas y las directas. Sobre las indirectas, invirtió la prioridad
planteada por el texto constitucional en la destinación de las
regalías indirectas:
2.5. Renta minero-energética
El segundo hito de la actual política minero-energética se refiere
a la participación nacional en la renta del sector mineroenergético. El debate sobre la renta minero-energética incluye el
tema de las regalías, pero es más que eso. Las regalías
representan sólo una variable entre las que componen la renta las
utilidades del sector: también están los impuestos, las
compensaciones, derechos de precios altos y la participación de
las empresas industriales y comerciales del Estado que operan en
el sector. Aunque las reformas más importantes en materia de
renta minero-energética han tenido lugar en el campo de las
regalías (numeral 2.5.1).
?
54 %: proyectos prioritarios de inversión
?
30 %: preservación del ambiente
?
15 %: promoción de la minería
Y 15% para proyectos de prioritarios de inversión en
energización, durante los 15 primeros años de vigencia de la ley
756 de 2002.
Sobre las regalías directas, se presentan varias situaciones: el
artículo 15 de la ley 141 de 1994, recientemente modificado por
la ley 1238 de 2009, señala que tal destinación debe atender los
siguientes porcentajes:
En el tema general de la renta, el país tiene un debate intenso a
raíz de investigaciones que evidencian cómo el Estado
colombiano, con la justificación de atraer la Inversión Extranjera
Directa (véanse numerales 1.3 y 1.4), ha disminuido de manera
escandalosa su participación en las utilidades del negocio de la
minería y los hidrocarburos. En el caso de la minería ha llegado al
punto de eliminar toda ganancia.
?
90%: proyectos de inversión para el desarrollo de los entes
territoriales.
?
10%: para la interventoría técnica de tales proyectos.
Por otra parte, ese mismo artículo reconoce en materia de
explotaciones mineras en los territorios indígenas, la regla
específica que consagra el Código de Minas (ley 685 de 2001):
El economista Guillermo Rudas presentó las disminuciones que
tuvieron entre 2007 y 2009 las obligaciones fiscales para las
34. Mora Hernández, Salud. “Mineras no pagan $450.000 millones de canon superficiario por explorar”. Entrevista a Guillermo Rudas. Diario La República, 14 de julio de 2011. Disponible en
http://www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/2011-07-14/mineras-no-pagan-450000-millones-de-canon-superficiario-por-explorar_133071.php
35. La Comisión Nacional de Regalías fue suprimida por el Decreto 149 de 2004, norma en la que se le adjudicó la administración del Fondo Nacional de Regalías al Departamento Nacional de
Planeación.
-42-
CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo
Cuadro 2. Minería e hidrocarburos, valor regalías, impuesto a la renta y exenciones de impuesto a la renta.
(Billones de pesos corrientes y porcentajes sobre la renta líquida. 2007 y 2009)
2007
2009
2007
2009
Resto de
minería
2007 2009
Renta líquida (utilidades antes de impuestos) *
11.57
15.29
2.14
2.71
3.67
4.92
17.38 22.83
Regalías mineras (directas+indirectas)
4.85
4.59
0.72
1.61
0.39
0.32
6.96
6.53
Regalías sobre renta líquida (%)
42%
30%
33%
60%
11%
7%
34%
29%
Impuesto a la renta pagado por minería
3.43
2.95
0.28
0.53
1.11
0.23
4.82
3.71
Impuesto a la renta sobre utilidad (%)
30%
19%
13%
20%
30%
5%
28%
16%
Tarifa nominal impuesto a la renta **
34%
33%
34%
33%
34%
33%
34%
33%
Total a pagar impuesto nominal (sin exenciones)
3.93
5.02
0.73
0.89
1.25
1.62
5.91
7.53
Exenciones al impuesto a la renta ***
0.51
2.07
0.45
0.36
0.14
1.39
1.10
3.82
Exenciones sobre impuesto a pagar (nominal)
13%
41%
62%
41%
11%
86%
19%
51%
Concepto
Petróleo y gas
Carbón
Total de
minería
2007 2009
* Calculado a partir del valor agregado (PBI) de cada sector, aplicando la participación de la renta del capital en el total del
valor agregado sectorial.
** Tarifa nominal del impuesto sobre la renta líquida gravable (Estatuto Tributario, Art. 240)
*** Valor a pagar a la tarifa nominal, menos valor efectivamente pagado.
Fuente:Rudas (2010) Cálculos con base en cifras de Banrepública, Minhacienda, DNP, Regla Fiscal para Colombia, 2010
“Artículo 129. Participación económica. Los municipios
que perciban regalías o participaciones provenientes de
explotaciones mineras ubicadas en los territorios indígenas
de que trata el artículo 123 deberán destinar los
correspondientes ingresos a obras y servicios que beneficien directamente a las comunidades y grupos
aborígenes asentados en tales territorios.”
apenas pagan el 4%. En el caso de la fluctuación en
hidrocarburos, se pasa de un régimen estándar del 20% sobre la
explotación, a una regalía fluctuante entre el 5% y el 25%, lo que
en promedio deja una taza de regalías del 12%36.
La fluctuación se muestra en el cuadro 3, de acuerdo con el
tamaño del yacimiento:
Cuadro 3. Pago de regalías
(Ley 619 de 2000)
La misma ley 1238 de 2009 que modificó la ley 141 de 1994
estableció que la Corporación Autónoma del Río Grande del
Magdalena, Cormagdalena, recibiera el 10% de los ingresos
anuales propios del Fondo Nacional de Regalías.
2.5.2. Determinación del monto de las regalías: regalías
fluctuantes
Barriles/día
Regalías
Menos de 5 mil
De 5 mil a 125 mil
De 125 mil a 400 mil
De 400 mil a 600 mil
5%
De 5% a 20%
De 20% a 25%
25%
Elaborado por Luis H. Hernández 2010 con base en información de
Ecopetrol y de la ANH.
El artículo 16 de la ley 141 de 1994, modificado por la ley 756 de
2002, establece una tabla en la que fluctúa el monto de la regalía
sobre la base de la explotación total del recurso. Tal fluctuación
se da de acuerdo con el recurso natural no renovable que se
explote y, en hidrocarburos, de acuerdo con los volúmenes de
producción. En el primer caso, por ejemplo, contrasta el hecho de
que mientras la sal paga una regalía del 12%, el oro y la plata
En el periodo 2002-2009, la renta pagada como regalía por los
explotadores del recurso petrolero en el país alcanzó una cifra
cercana a los $26 billones de pesos, correspondiente a un
promedio del 1% del PIB.
-43-
CAPÍTULO 2. Marco institucional y normativo
Las nuevas medidas conducen a la pérdida de autonomía de las
regiones y al rompimiento del principio constitucional de la
descentralización administrativa con el que la Constitución
emitida en 1991 consolidó un pacto democrático de paz nacional.
2.5.3 2010: reestructuración de regalías
El Acto Legislativo 013 de 2010 promovió una reforma
constitucional que genera transformaciones sustanciales sobre el
procedimiento para la reglamentación de las regalías y sobre los
parámetros de destinación y distribución de las mismas. No hace
cambios sustanciales sobre el concepto de regalía ni sobre el
porcentaje de la renta petrolera que representan las regalías
correspondientes.
Ese acto legislativo busca esencialmente reformar los artículos
360 y 361 de la Constitución Política, en el sentido de construir
un esquema de administración de las regalías más centralizado en
términos de lo territorial, aunque más desconcentrado en lo
funcional y en relación con nuevas asignaciones específicas. Con
el texto nuevo del artículo 360 centralizaría la iniciativa de la
reglamentación de las regalías en el gobierno. Así, los
parlamentarios y representantes de las regiones y los
parlamentarios del orden nacional no podrán, por iniciativa
propia, proponer la reglamentación que debe regir en materia de
regalías, como tampoco podrán hacerlo los gobernadores,
alcaldes y concejales en las regiones37.
De otra parte, la reforma más sustancial promovida por el Acto
Legislativo 013 de 2010 se dirige al artículo 361 de la Carta
Política. Este se reemplaza por un extenso articulado en el que la
escueta regla general de regalías directas e indirectas se cambia
por un complejo Sistema General de Regalías en el que se
contemplan, además, los recursos percibidos por las
compensaciones.
En el nuevo Sistema General de Regalías ya no hay un Fondo
Nacional de Regalías. Ahora existirán varios fondos de
destinación específica, entre los que se encuentran los fondos de
Ahorro y Estabilización, de Desarrollo Regional, de
Compensación Regional, de Participación de las Entidades
Productoras, de Ahorro Pensional Territorial, y de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Los entes territoriales encargados de la producción de
hidrocarburos en Colombia ya no participan de regalías directas,
sino de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR)
girados por el Fondo de Participación de las Entidades
Productoras. Desaparece la idea de regalías directas e indirectas
pues todas son ahora indirectas, centralizadas en el orden
nacional por el SGR y desconcentradas en lo funcional, en razón
de los diversos fondos de destinación específica que
compondrían el SGR.
36. Véase Hernández, Luis Humberto. “Colombia: Política y Petróleo”. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. 2005.
37. Nuevo texto del artículo 360 de la Constitución: la explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de
cualquier otro derecho a compensación que se pacte.
La ley, por iniciativa del Gobierno, determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como la distribución de los ingresos provenientes de las regalías y las
compensaciones, su administración, ejecución, control, uso eficiente, destinación, funcionamiento del Sistema General de Regalías y las condiciones en las que los beneficiarios participarán de sus
recursos.”
-44-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
3.1 Títulos, concesiones, solicitudes, distritos mineros
D
esde el año de 1994, Colombia define el papel del Estado frente al desarrollo minero, así como la participación de éste en la economía
nacional. En la actualidad están en trámite propuestas de contratos de concesión y solicitudes de legalización de minería tradicional y
definición de proyectos por parte del gobierno nacional.
3.1.1 Solicitudes de exploración existentes a 2011
Según la Upme38 al año 2010 se encontraban en trámite 54.600 polígonos, correspondientes a un área de 26 millones de hectáreas (equivalentes al
22,8% del territorio nacional). En febrero de 2011, el Ministerio de Minas y Energía suspendió por seis meses la recepción de propuestas de
contratos de concesión y solicitudes de legalización de minería tradicional, alegando la “organización, sistematización y puesta a punto del
Catastro Minero” (resolución MME 180099). El mapa 1 muestra las solicitudes mineras en trámite.
Mapa 1: Solicitudes mineras
Fuente:
www.geographiando.files.wordpress.com
38. La Upme es la entidad estatal creada en 1994 cuya función es “planear en forma integral, indicativa y permanente el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros del país”.
-45-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
Mapa 2: Proyectos de interés
nacional según la Upme
Fuente:
www.geographiando.files.wordpress.com
regional y fuente de financiación para este desarrollo”, así como
a que las empresas del sector consigan penetrar de manera
creciente en los mercados internacionales, ampliar la demanda
interna e incorporar nuevas tecnologías a los procesos
productivos39.
3.1.2 Las concesiones mineras de carbón y oro en explotación
a. Los distritos mineros
Desde el año 1994, con la creación de la Upme, Colombia define
el papel del Estado frente al desarrollo minero, así como la
participación de éste en la economía nacional. En tal sentido, en
el año 1997, el documento Conpes 2898 formula unas estrategias
orientadas a lograr “un cambio estructural a largo plazo que
solucione los problemas detectados, y que permita el desarrollo
de la industria minera del país como herramienta de desarrollo
Para “facilitar” la administración del recurso minero, en el país el
territorio se ha dividido en los denominados distritos mineros, los
cuales se pueden definir “como un sistema productivo
localizadonde se ubica un buen número de productores
dedicados a manufacturar o explotar, en distintas fases, un
39. Colombia País Minero. Plan Nacional para el Desarrollo Minero, visión al año 2019. Upme, 2006, p.14.
-46-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
producto homogéneo o un mineral o grupo de minerales”40. Existen por tanto 26 distritos mineros que comprenden 188 municipios, los
cuales se presentan en los cuadros 4 y 5.
Cruzando las variables: reservas, producción y mercado de destino, las veintiséis zonas con características de distritos mineros listadas
arriba, se agrupan en tres categorías ordenadas de mayor a menor volumen de producción, así:
?
Grupo I - Distritos con volumen de producción superior a cinco millones de toneladas por año.
?
Grupo II - Distritos con escalas medianas de producción, inferiores a cinco millones de toneladas por año.
?
Grupo III - Distritos productores de metales preciosos y esmeraldas.
Se concluye entonces, que de los veintiséis distritos sólo tres cumplen con el componente de exportación total, como son: Barrancas y Jagua
de Ibirico para carbón y Montelíbano para ferroníquel.
Estamos pues en el inicio del proceso extractivo en Colombia y por lo tanto el potencial de conflictividad socio- ambiental de los próximos
años no tiene relación alguna con el nivel de los conflictos que se presentan actualmente en el sector.
Cuadros 4 y 5. Distritos mineros según municipios y productos mineros
Distrito
Municipios
Departamentos
Productos
Mineros
Barrancas
Barrancas, Maicao, Hato Nuevo y Albania
La Guajira
Carbón
La Jagua
Becerril, El Paso, Codazzi, La Jagua y La Loma
La Guajira
Carbón
Cundinamarca
Materiales de
construcción, arcilla,
otros
Bogotá D.C., Bojacá, Chía, Gachancipá, Guasca, La
Sabana de Bogotá Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sibaté, Soacha,
Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo y Tocancipá.
Paz del Río
Belén, Corrales, Duitama, Firavitoba, Iza, Jericó,
Mongul, Nobsa, Paipa, Paz de Río, Pesca, Sanra Rosa
de Viterbo, Socotá, Socha, Tasco, Tibasosa, Tópaga.
Boyacá
Caliza, carbón, mineral
de hierro, roca fosfórica
y otros
Luruaco
Arjona, Cartagena, Luruaco, Repelón, Puerto
Colombia, Turbaná y Turbaco.
Atlántico y Bolívar
Caliza, materiales de
construcción y otros
Ataco-Payendé
Ataco, Chaparral, Coello, Coyaima, El Carmen de
Apicalá, Espinal, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar,
Rovira, Saldaña, San Luis y Valle de San Juan.
Tolima
Caliza, materiales de
construcción y otros
El Tambo - Dovio
Bolívar, Buenaventura, Buenos Aires, Buga,
Bugalagrande, Caicedonia, Cali, Candelaria, El
Dovio, El Tambo, Guacarí, Ginebra, Jamundí,
Puerto Tejada, Sevilla, Suárez, Vijes y Yumbo.
Cauca y Valle del
Cauca
Caliza, materiales de
construcción, carbón,
oro, plata, platino y
otros
Zipaquirá
Cogua, Cucunubá, Guachetá, Lenguazaque, Samacá,
Sutatausa, Tausa, Zipaquirá.
Cundinamarca
Carbón, arenas silíceas,
sal terrestre y otros
Antioquia
Materiales de
construcción, carbón,
arcillas
Norte de Santander
Arcillas, caliza, carbón,
roca fosfórica
Antioquia
Caliza, arcilla,
ferruginosa
Amagpa, Angelópolis, Fredonia, Itagüí, Medellín,
Amagá - Medellín Bello, Copacabana, Girardota, Titiribí y Venecia.
El Zulia
Puerto Nare
Cúcuta, Chinácota, Chitagá, El Zulia, Los Patios,
Pamplona, Salazar, San Cayetano, Sardinata, Tibú y
Villa del Rosario.
Puerto Berrío, Puerto Triunfo, San Luis y Sonsón.
40. Distritos mineros. Exportaciones e infraestructura de transporte. MME-Upme, 2005, p. 11
-47-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
Antioquia
Materiales de
construcción, caliza,
caolín y arcillas
Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica,
Pueblo Nuevo y Puerto Libertador.
Córdoba
Carbón, ferroníquel oro
y plata
Los Santos
Curití, Los Santos, Villanueva y Zapatota.
Santander
Yeso, calizas
Nordeste
Antioqueño
Amalfi, Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí,
Maceo, Remedios, San Roque, Segovia, Tarazá y
Zaragoza.
Antioquia
Caliza, arcillas, oro
Frontino
Abriaquí, Anzá, Buriticá, Dadeiba, El Carmen de
Atrato, Frontino, Murindó, Mutatá y Urrao.
Antioquia
Yeso, manganeso,
concentrado de cobre,
oro, plata y platino
Marmato
Marmato, Quinchía y Supía.
Caldas y Risaralda
Oro, plata
Oriente Antioqueño Abejorral, La Unión, Carmen de Vivoral, Rionegro.
Montelíbano
Distrito
Municipios
Departamentos
Productos
Mineros
Santa Rosa
San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití.
Bolivar
Oro y plata
Istmina
Bogadó, Condoto, Istmina, Sipí y Tadó.
Chocó
Oro, plata y platino
Costa Pacífica Sur
Barbacoas, Guapi, López de Micay, Magüí, Santa
Bárbara (Iscuandé) y Timbiquí.
Cauca y Nariño
Oro, plata y platino
San Martín de
Loba
San Jacinto de Achí, San Martín de Loba, Barranco de
Loba, Río Viejo, Montecristo, Morales, Pinillos y
Tiquisio,
Bolívar
Oro y plata
La llanada
Cumbitara, La Llanada, Los Andes, Mallama,
Samaniego y Santa Cruz.
Nariño, Nariño
Oro y plata
Santander
Oro y plata
Vetas
California, Vetas.
Mercaderes
Almaguer, Balboa, Bolívar, Mercaderes y El Tambo.
Cauca y Nariño
Oro y plata
Muzo
Coper, Briceño, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche,
Pauna, Quilpama, San Pablo de Borbur, Yacopí
Boyacá y
Cundinamarca
Esmeraldas
Chivor
Chivor, Gachalá, Guateque, Somondoco, Ubalá
Boyacá y
Cundinamarca
Esmeraldas
Fuente: Distritos Mineros, MME-Upme, pág. 17
-48-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
b. Concesiones existentes a 2011
Según la Upme al año 2010 existen en Colombia 8.928 títulos mineros vigentes, los cuales ocupan un área de 4´839.149 Has (4.2% del
territorio) como puede observarse en el mapa 3.
Mapa 3. Concesiones
existentes en 2011
Fuente:
www.geographiando.files.wordpress.com
3.1.3 Acerca del estado actual y perspectivas de la explotación de oro y carbón
a. Explotación y perspectivas del carbón
En el año 2009 la industria del carbón reportó un decrecimiento en la producción del 0.95% con respecto al año 2008, valorada en alrededor
de $ 21,793 millones y determinada por la disminución de los precios y el menor volumen producido. La variación anual de las
exportaciones fue de -1,48% al bajar las exportaciones de carbón en alrededor de 1.000.000 toneladas para el 2009, principalmente por la
disminución en la producción de los departamentos de la Guajira, Cundinamarca, Norte de Santander y Córdoba.
-49-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
El valor del PIB del carbón en el 2009 asciende a $ 1,9 billones en
pesos contantes de 2000 y representa el 43,4% del PIB Minero sin
Hidrocarburos. Para los años 2010 y 2011 la producción del
sector carbón tiende a incrementarse. Para el segundo semestre
del 2010 la producción ascendió 39,36 millones de toneladas, y
posiblemente alcanzó los 80 millones de toneladas año41.
Tomado de: Boletín MineroEnergético 1990-2010, MMEUmpe, pág. 74.
Miles de toneladas
´
*
Tomado de: Boletín MineroEnergético 1990-2010, MMEUmpe, pág. 90.
´
41. Boletín Estadístico de Minas y Energía 1990-2010. MME-Upme. 2010, ps. 67-68.
-50-
m
s
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
directa de estos incrementos, con el comportamiento de los
precios internacionales del oro, que tiene sus mejores
cotizaciones históricas en los años 2008 y 2009 con precio
promedio anual de US$871,79 y los $973,38 por onza y
mostrando un crecimiento del 34, 65% con relación al precio de
2007 y de 11,65% con respecto al 2008. Para el 2.010 se alcanza
un record de producción de 50 toneladas de oro y de 15 toneladas
de plata42. Por su parte la cotización de la onza de oro continúa en
alza y a Octubre de 2011 ya supera los 1.600 dólares.
b. Tendencias de la producción de oro
La producción nacional de oro registro un aumento en los dos
últimos años, recuperando el nivel de producción que traía hasta
el año 2005,(presentó una caída de más del 50% en los años 2006
y 2007), pasando de 15.482 kg para el 2007 a 34.321 kg en el
2008 y 47.838 kg en el 2009. Es decir que el aumento fue del
121,69% del año 2008 con respecto al año 2007 y de 39,38% del
año 2009 con lo reportado para el 2008. Existe una relación
Fuente: Boletín MineroEnergético 1990-2010, MMEUpme, pág. 89
Fuente: Boletín MineroEnergético 1990-2010, MMEUpme, p. 76
42. Ibidem, p. 69
-52-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
elevados costos operativos. Así, para el estado colombiano el
proyecto resultó ser un pésimo negocio, pues Carbocol realizó
inicialmente inversiones por US$1.500 millones hasta mediados
de los años 80, luego continuó realizando inversiones para
infraestructura y, en el año 2000 la empresa se vendió en US$380
millones, continuando con un pasivo de más de US$1.000
millones.
3.1.4 Descripción general de proyectos de carbón
importantes
a. Cerrejón
A mediados de los años 70 Colombia decide explorar y explotar
el recurso carbonífero existente en el territorio de la Guajira, para
tal efecto crea Carbones de Colombia S.A., Carbocol (con
recursos provenientes principalmente de Ecopetrol y el IFI) y
abre una licitación internacional para conseguir un socio para
dicho proyecto. El ganador resulta ser Exxon y en 1976 empieza
el proyecto. En 1980, Intercor (
International Colombia
Resources Corporation), filial de Exxon, presenta la propuesta de
comercialidad a Carbocol, el cual ofrecía un modelo de negocio
bastante ventajoso, con proyecciones de venta de tonelada
carbón para el año 2003 de US$360-430, resultando el valor real
de US$30.
El complejo minero de Cerrejón está localizado en la península y
departamento de La Guajira, al noreste de Colombia, en las
jurisdicciones de los municipios de Barrancas, Fonseca y
Distracción. Los depósitos de carbón se encuentran en una
extensión de 69.000 hectáreas, dentro de la cual se identifican
tres zonas: Zona Centro, Zona Norte y Nuevas Áreas de Minería.
La capacidad actual de producción de carbón se estima en 32
millones de toneladas por año.
Con base en estas expectativas, se realizaron inversiones
cercanas a los US$3.000 millones y, el proyecto inició con
La asociación Carbocol - Intercor se conformó a partir del
contrato entre Carbocol, empresa industrial y comercial
Mapa 4. Ubicación del Proyecto Carbonífero Cerrejón
Fuente: El Cerrejón y sus Efectos, Salas, 2004
-52-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
del Estado, e Intercor, filial de la Exxon, con el objeto de explotar
el yacimiento carbonífero el Cerrejón Zona Norte, sobre un área
de 38.000 Has, correspondiente al bloque B del depósito
denominado Cerrejón. Dicho contrato de asociación fue suscrito
en Diciembre de 1976 con vigencia hasta el año 2008.
b. Descanso Norte - Drummond
En 1987 Drummond Company INC. constituyó Drummond
Ltda., para el desarrollo de sus proyectos en Colombia y obtuvo a
través de esta filial, los derechos para la explotación y
exploración del carbón, localizado en el departamento del Cesar,
específicamente en el área comprendida entre los municipios de
El Paso, la Jagua de Ibirico y Chiriguaná. Esta zona se denominó
mina Pribbenow, también conocida como proyecto carbonífero
La Loma.
En el año 1997 se firmó el contrato de Gran Minería para la
exploración y explotación carbonífera del Cerrejón Zona Sur
entre ECOCARBÓN y el Consorcio Cerrejón Sur, integrado por
las sociedades Anglo American Coal Corporation Limited,
Sucursal Colombia; Minorco, Sucursal Colombia; Südelektra
Holding AG, Sucursal Colombia; OC Inversiones, Sucursal
Colombia de Río Tinto Ltd.; OB inversiones, sucursal Colombia
de Río Tinto Plc; y Oreganal S.A.
A comienzos de los 90, Drummond Ltd. realizo los estudios y
trabajos de exploración de la mina, así como estudios
socioeconómicos y ambientales en los municipios de influencia.
La operación empieza en el año 95, con reservas calculadas en
400 millones de toneladas de carbón.
El área inicial, objeto del contrato, comprendía una extensión
superficial total de 69.382 hectáreas y 1.877 metros cuadrados.
Actualmente esta área ha sido reducida a 34.184 hectáreas y
1.209 metros cuadrados,. Carbones del Cerrejón obtuvo en 1998
autorización del Ministerio del Medio Ambiente para iniciar
actividades de exploración en la zona concedida.
Posteriormente, en el año 2009 obtiene el aval del gobierno para
iniciar operaciones en la zona de El Descanso Norte y, en junio de
2010, la empresa realizó su primera exportación de carbón
producido en El Descanso, de la que se proyecta una producción
anual máxima de 36 millones de toneladas. Este es un contrato
que se extiende hasta el 2066 y las reservas de esta mina se
calculan en 1.760 millones de toneladas.
El 27 de noviembre de 2002 se logró la aprobación de la fusión de
Intercor y Carbones del Cerrejón en una sola compañía llamada
“Cerrejón”, la cual continuará ejerciendo los derechos de
concesión sobre las áreas donde antiguamente operaba Intercor;
de esta forma la nueva compañía usufructuará las explotaciones
mineras de las denominadas Zona Norte, Zona Centro y Nuevas
Áreas Mineras.
El sistema de explotación es a cielo abierto, mediante el sistema
de tajos. El carbón es transportado en tren a través de la concesión
Fenoco, donde Drummond tiene participación. Igualmente,
cuenta con instalaciones portuarias propias. La explotación de
carbón de alta calidad en el Cesar viene en ascenso. En el 2004 y
con corte al tercer trimestre, la empresa alcanzaba una
producción de 15,3 millones de toneladas, cifra que ya en el 2010
ascendía a 16,3 millones de toneladas, incluyendo las
operaciones de la mina El Descanso.
El complejo carbonífero “El Cerrejón” está localizado en la zona
central del departamento de la Guajira, en los municipios de
Albania, Hatonuevo, Maicao y Barrancas. El área total
contratada abarca una longitud aproximada de 50 kilómetros a lo
largo de ambas márgenes del río Ranchería (véase mapa 4).
La minería a cielo abierto del complejo minero del Cerrejón es
una operación en secuencia que se inicia con la limpieza de la
superficie y retiro de la capa vegetal y suelo. Luego, se llevan a
cabo la perforación, voladura y remoción del material estéril
hasta exponer los mantos de carbón. La extracción del mineral se
hace mediante el sistema de tajos.
En contraste, los entes de control han investigado a la empresa
por sus actuaciones en materia económica. En junio del 2007, el
entonces contralor Julio César Turbay Quintero, notificó a la
compañía acerca de estudios que demostraban un posible
detrimento patrimonial para la Nación de más de 70 millones de
dólares. Luego, tras un acuerdo del Gobierno con la
multinacional, se definió que la empresa pagara 39,8 millones de
dólares por concepto de dineros de regalías que no se habían
cancelado. Hubo además huelgas de trabajadores, así como dos
fallos por parte de la Corte del Distrito Federal de Alabama (EE.
UU.) en donde la empresa fue acusada de violencia paramilitar.
El cargue de carbón se hace en su mayoría por cargadores
frontales sobre camiones carboneros, cuyas capacidades son
variables: 320 ton, 240 ton, 190 ton y 170 ton.
El carbón se transporta en camiones desde la Mina hasta las pilas
de almacenamiento y las trituradoras y luego se lleva a los silos
que cargan el tren.
En Estados Unidos, Drummond figura como el mayor productor
y comercializador de carbón coque usado en fundición, pero los
negocios y las actividades de la familia se han extendido a otros
frentes ajenos a la minería.
La Mina y Puerto Bolívar están comunicados entre sí por una
línea férrea de 150 kilómetros. Puerto Bolívar, ubicado sobre el
Mar Caribe, es el terminal carbonífero más importante de
América Latina y uno de los de mayor tamaño en el mundo.
-53-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
expendiendo y reemplazan la producción de agricultura
campesina; “la utilización del agua de los ríos para bombear a
presión el petróleo de las entrañas de la tierra, no es tratada una
vez terminado el proceso, de tal forma que no contamine las
corrientes que surten a las poblaciones y tierras de cultivo de la
región; Se han interrumpido los flujos de agua y los caminos
vecinales y servidumbres de los colonos; los comerciantes de los
municipios vecinos no se benefician de la presencia de la
compañía porque ella no se surte de lo que se produce en la
región.
3.2 Casos emblemáticos
Seleccionamos para este estudio algunos casos emblemáticos
que muestran grandes conflictos y su relación con las regiones
donde se asientan las explotaciones mineras. Además de los
ejemplos relacionados con las explotaciones del oro y el carbón,
en las que centramos este análisis, consideramos que había que
mostrar lo que está sucediendo con la explotación del petróleo en
la región de los Llanos Orientales.
3.2.1 Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos
Orientales, de la empresa Pacific Rubiales Energy (PRE)
Las reivindicaciones de la población visibilizadas durante las
conversaciones sostenidas con la Vicepresidencia de la
República a comienzos del mes de agosto, luego de las primeras
protestas obreras en el mes de julio, muestran problemáticas que
siente la población y se relacionan con necesidades de los
comerciantes, de indígenas, con requerimientos y problemáticas
ambientales, con dificultades en salud, educación, deporte y
cultura, en vías de comunicación, en derechos humanos y en
condiciones laborales.
Desde el mes de junio de 2011 comenzaron a conocerse en todo el
país, a raíz de las protestas reiteradas de los trabajadores y de la
población, las condiciones de la explotación petrolera de la
región de Puerto Gaitán, en términos de los impactos sociales y
laborales y también, aunque en menor medida, los ambientales.
Pacific Rubiales es una empresa petrolera que opera un campo de
60 mil hectáreas en la región de Puerto Gaitán. Es actualmente el
que produce mayor cantidad de barriles en el país, una cuarta
parte de toda la producción nacional. Este campo, que comenzó a
explotarse en 2008, se había descubierto en 1982 “pero fue
abandonado por los altos costos para la extracción de crudos
pesados y la amenaza de la guerrilla de las Farc (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia)”.
Dos meses más tarde, la caravana humanitaria que se dirigió a los
campos petroleros para mirar directamente los impactos de la
explotación petrolera, registró en un pronunciamiento público lo
que encontraron las organizaciones que asistieron (véase anexo,
páginas 96 y 97). Es importante tener en cuenta en el análisis que
esta caravana fue convocada por la Unión Sindical Obrera, USO,
y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, es decir, por los
actores sindicales en este conflicto.
Estos nuevos negocios se asientan en territorios bajo dominio del
paramilitarismo y del narcotráfico: Víctor Carranza, Leónidas
Vargas y otros. Durante una época los paramilitares hacían
retenes a lo largo de la carretera hacia Puerto Carreño. Hoy los
paramilitares son los dueños de las mejores tierras, manejan las
palancas de la administración pública local, controlan y saquean
las frondosas regalías petroleras y eligen senadores,
gobernadores y alcaldes para que blanqueen sus delitos. También
es histórica la presencia de la guerrilla y de partidos de izquierda
como la Unión Patriótica. Esta fue una de las zonas donde más
perseguidos y asesinados hubo de esta organización. La
población llanera muestra simpatías políticas divididas entre
algunos de esos jefes paramilitares y la guerrilla. Eso crea
tensiones en la población de todos los estratos.
Lo que se reclama es fundamentalmente de parte de la población
en general es que la presencia de la empresa redunde en unas
mejores condiciones para la población, por ejemplo, en materia
de proporcionarle empleo, también generar mayor comercio, es
decir, invertir en la región. No hay un rechazo de la población a la
presencia de la petrolera, sino que se le exige mayor
consecuencia con el respaldo y la contribución que pueda generar
a la región.
El conflicto obrero patronal tiene otras connotaciones, aunque se
liga en algunos aspectos con la lucha de la población en general,
como en el de las condiciones laborales. El conflicto de los
trabajadores es el que ha marcado la pauta de las protestas y tiene
varios rostros. Por una parte, están los trabajadores, que en
principio no estaban organizados sindicalmente y sus
reivindicaciones básicas de condiciones laborales y de vida son
las que han marcado las exigencias. Se ha fortalecido su acción
con el apoyo de la USO, que también ha retomado su
protagonismo, después de varios años de aletargamiento. De esa
manera, también está la propia mirada de la Unión Sindical
Obrera, con su bagaje histórico y político. Y está el apoyo de la
Central Unitaria de Trabajadores, que significa un vínculo, por lo
menos en algunos ámbitos como la difusión, la propaganda y
algunas formas de solidaridad con otros sectores sindicales.
La llegada de Pacific Rubiales a Puerto Gaitán es relativamente
reciente. Tiene 3 años de una explotación que cambió el destino
de esta región. Con los cambios impuestos por esta empresa,
comenzó una explotación acelerada, lo que implicó la llegada de
un número elevado de trabajadores, tanto en términos absolutos
como relativos. Hay otros impactos:
La población nativa no ha podido acceder a las fuentes de empleo
y si lo hace, es en condiciones muy desfavorables; el precio de la
tierra y el costo de la vida se han elevado, es una región con las
mayores regalías del país y sin embargo no se observan en
mejoría para la calidad de vida, los monocultivos se están
-54-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
Este conflicto está en un momento de pulso, nada hay definido. La
empresa mantiene sus márgenes de ganancia y por momentos
amenaza al gobierno con retirarse; los trabajadores sindicalizados
van ganando apoyos con otros sectores sindicales y regionales.
Como resultado de este proceso, en 2011, la Corte Constitucional
ordenó suspender las licencias de explotación de oro en el
corregimiento La Toma al considerar que podía ser perjudicial
para la salud y el bienestar de los habitantes de la región. La
decisión fue tomada por una acción de tutela que interpuso la
comunidad afrodescendiente en el mes de mayo de 2010.
(03/05/2011, El País, p.A12). La Corte Constitucional mediante
la sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender todas las
licencias de explotación minera en La Toma hasta tanto se
realizara el proceso de consulta previa a las comunidades
afrodescendientes.
3.2.2 La Toma: de la minería artesanal a la gran minería,
comunidades afrodescendientes
La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, es la
historia de las comunidades de mineros afrodescendientes que
remonta sus orígenes a la época colonial. Hoy estas comunidades
enfrentan la amenaza de un desalojo a favor de la minería a gran
escala. El papel que la minería ha desempeñado en la historia de
La Toma, desde hace cuatro siglos, nos señala como la minería no
es para las comunidades solo un trabajo, sino que hace ya parte de
una cultura y de su historia.
Por otra parte, la comunidad instauró una alerta temprana ante la
Defensoría del Pueblo por la entrada de retroexcavadoras y el
pago de dinero a informantes que señalen a quienes denuncien
estas irregularidades. Según informes de la comunidad a pesar de
la sentencia de la Corte hay retroexcavadoras extrayendo oro en
la zona. La comunidad afirma que, con la llegada de estos nuevos
propietarios que esgrimen títulos de propiedad otorgados por
Ingeominas, “trabajan en connivencia con las bandas criminales
que operan en el sector, tales como Los Rastrojos y Las Águilas
Negras, razón por la cual los mineros artesanales tuvieron que
parar la minería artesanal que venían realizando de manera
legítima. (14/0572011, El Espectador, p.5).
En las últimas dos décadas la historia del despojo y del
desplazamiento forzado ha estado asociada a la presencia de las
multinacionales que han desalojado a las comunidades de parte de
sus tierras planas para el cultivo de caña de azúcar y la producción
de biocombustibles. Actualmente firmas multinacionales
especializadas en la explotación y comercialización minera
pretenden desalojar a las comunidades de otra parte de sus tierras.
En el municipio de Suárez las comunidades negras de manera
artesanal trabajan las minas por medio de un sistema de asociación
familiar llamado Tonga, se trata de un modo de distribución
equilibrada de beneficios según el trabajo invertido y la capacidad
física individual para trabajar, en este sistema se integra también
tanto las mujeres como los niños quienes aprenden el trabajo de
“barequeo”. El caso de La Toma ilustra lo que viene ocurriendo en
muchas regiones del país respecto al otorgamiento de títulos
mineros y concesiones. Allí se otorgó una concesión con el
argumento de que las comunidades negras estaban a 18 kilómetros
y por tanto no se requería para la explotación ningún requisito
posterior. Sin embargo, el Ministro del Interior reconoció, más
adelante, que sí había comunidades afrodescendientes dentro de la
concesión y, por tanto, se debería realizar una consulta previa,
libre e informada.
A pesar del fallo de la Corte Constitucional que les dio a las
comunidades negras prelación en la explotación minera, por
considerar que es un pueblo ancestral, esta sentencia está lejos de
hacerse realidad por la falta de garantías.
3.2.3. Santurbán. Páramo y minería. Formas de asumir el
conflicto
A mitad de la década del 90, la empresa canadiense Greystar43
llega a los municipios de Vetas y California (Santander),
específicamente al páramo de Santurbán, para realizar
actividades de prospección geológica. Aunque mucho se conoce
del conflicto con la población urbana de Bucaramanga, en
realidad, la empresa debió enfrentar otro muy largo de los
pequeños mineros que sintieron amenazada su forma de vida
ancestral y su territorio. La resistencia en la zona rural aún
continúa, sectores campesinos, principalmente de municipios no
mineros de las altas montañas siguen oponiéndose al proyecto.
Por su parte, la comunidad se opuso a los trabajos de
exploración, expedición del título minero y explotación del
señor Sarria, y el Alcalde ordenó entonces el desalojo de los
mineros que se negaron a abandonar la mina. El Escuadrón
antimotines de la Policía, Esmad, ha rodeado la zona varias veces
y se ha generado una situación muy tensa y peligrosa. Las
comunidades no están dispuestas a ceder un derecho que les ha
permito subsistir durante siglos. Para quebrar esta decisión han
aparecido grupos armados ilegales, las Águilas Negras,
acusando a los líderes y dirigentes de las organizaciones de
“estar en contra de las empresas, del desarrollo” y de oponerse al
gobierno (03/10/2010, El Espectador, p.47).
En la actualidad, Greystar, hoy Eco Oro Mineral Corp, no es la
única compañía minera que hace presencia en la región. Otras
transnacionales mineras como AngloGold Ashanti Colombia
S.A, Cerámica Italia, Continental Gold S. A., CVS Explorations
Ltda y, Empresa Minera Reina de Oro tienen títulos mineros en la
región, sin embargo, el conflicto hasta el momento se ha centrado
en la empresa canadiense.
43. Greystar Resources Ltd. es una compañía canadiense entre cuyos mayores accionistas se encuentra JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, y la Corporación Financiera
Internacional, la cual trabaja como agencia del Banco Mundial interviniendo en proyectos de carácter privado (Molano A, 2010).
-56-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
Ahora bien, a inicios del presente siglo, la región vivió la
intensificación del conflicto armado dejando bastante debilitadas
social, cultural y económicamente a las comunidades locales. De
esta manera, la empresa encuentra un terreno abonado para
resolver el conflicto con los pequeños mineros, logrando un
acuerdo con estas comunidades mineras que poco a poco se
incorporan en su proyecto y terminan por aceptar la presencia de
la trasnacional.
y populares de la sociedad. El lenguaje del dinero sobresale en el
momento de enmendar daños irreparables. En el caso de la multa,
la empresa asume su responsabilidad pero busca otras formas de
sustentar su estancia en el páramo, pues el argumento que
mantenían sobre la poca afectación ambiental de este hábitat con
la extracción de oro, se calló y se volvió cuestionable ante la
opinión pública.
La resistencia logró que luego de las movilizaciones, la empresa
retirara el proyecto de minería a cielo abierto Angostura y se viera
obligada a presentar un nuevo proyecto minero, esta vez de
minería subterránea y fue tal el daño sobre la imagen de la
trasnacional minera, que tuvo que cambiar su razón social. El
movimiento organizado sabe que tiene que mantener la
resistencia no sólo contra Eco Oro sino también contra los otros
proyectos mineros en manos de otras transnacionales. El
conflicto con la Greystar ha dejado en claro que es posible la
resistencia desde la consolidación de un movimiento fuerte que
una diferentes sectores de la comunidad por un bien común44.
En este tipo de espacios geográficos, las formas de subsistencia
dependen de una única actividad (petrolera, minera,
monocultivos) y facilitan la llegada de industrias que acentúan
mucho más el desarrollo de una sola actividad laboral, generando
de este modo una economía dependiente y frágil.
Más recientemente, empieza a surgir en la comunidad
santandereana y en diferentes sectores (académico, político,
empresarial, ambientalistas, magisteriales y sindical, etc.) la
preocupación por lo que pueda ocurrir con el páramo de Santurbán
y sus aguas. Un antecedente importante de esta movilización es el
proceso hacia el referendo por el agua en la región. La comunidad
que se pronunció y que lo sigue haciendo, en contra de la
extracción de oro en Santurbán, puso a pensar al país entero en los
modelos de desarrollo económico que se están asumiendo y en los
costos que estos podrían generar, si no hay un cambio profundo en
las estructuras económicas y de mercado. El lenguaje que han
asumido los sectores enfrentados a la empresa Greystar propende
por una consciencia del cuidado y por el respeto de la naturaleza
que garantiza la vida, no solo a los seres humanos sino a otros
hábitats y seres vivos.
3.2.4. Segovia: la defensa de la minería artesanal y las lucha
salariales
En esta década, en el departamento de Antioquia se registró la
mitad de las luchas vinculadas a la extracción de oro en el país, y
desde enero de 2009, en Murindó, en límites con Chocó y en el
municipio de Amagá se concentran las protestas vinculadas al
carbón. En Segovia se concentró el 28% del total de luchas
alrededor de la minería aurífera y el adversario tanto de
empleados como de mineros ilegales y artesanales fue, hasta
2010, la empresa Frontino Gold Mines. Luego sería la Medoro
Resources y la Zandor Capital, una de sus filiales en Colombia.
Algo particularmente destacable en este conflicto es la
unificación de sectores que antes no habían trabajado juntos y
que inician a trabajar con el único objetivo de detener la
embestida y el comienzo de los trabajos de extracción de oro en el
páramo. Estos sectores, particularmente urbanos están reunidos
bajo el rótulo de Comité para la Defensa del Páramo de
Santurbán, hoy llamado Comité en Defensa del Agua,
constituido por asociaciones de ambientalistas, sindicatos,
estudiantes y, académicos.
Desde finales de los 50, el sindicato de la Frontino (Sinfromines) y
el Partido Comunista tuvieron gran influencia en la población de
Segovia y Remedios, lo que, a su vez, fue de la mano de la
movilización social, de la aparición de grupos de extrema derecha,
la presencia de las organizaciones guerrilleras Farc y Ejército de
Liberación Nacional, ELN, y de una fuerte militarización de la
zona guiada por la latente amenaza de las guerrillas contra la
infraestructura de la empresa minera. En los 70 y comienzos de los
80 se crearon varios movimientos agrarios, juntas cívicas y
pequeñas organizaciones sindicales así como hubo acelerados
procesos de invasión de tierras en busca de oro (de veta, aluvión y
de tierra).
Este Comité ha logrado articularse con la Sociedad
Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas,
Fenalco Santander y algunos partidos políticos como el Polo
Democrático y sectores de los Verdes. Estos sectores se están
oponiendo al proyecto, argumentando que habrá un daño
irreversible en las fuentes hídricas que nutren el área
metropolitana. Esta articulación social logra importantes
movilizaciones ciudadanas y un consenso para negar la licencia
social a la empresa minera.
En 1983 hicieron presencia los grupos paramilitares “Los
Tiznados” y “Los Grillos” que además de cometer asesinatos
selectivos llevaron a cabo la masacre de Manila ese mismo año,
como acto de venganza por el asesinato de Fidel Castaño.
Después de 1986, los grupos paramilitares “Mano Negra”, “Los
Masetos” y “Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MNR”
amenazaban tanto a miembros de partidos políticos de izquierda
como a la población en general. El 11 de noviembre de 1988, las
En el caso específico de Santurbán se aprecia que el cambio en las
narrativas deja de ser terreno exclusivo de la academia y del
discurso teórico, para insertarse en las dinámicas más cotidianas
44. Roa, Tatiana. El proyecto Angostura sin licencia social. Desde Abajo, 2011, Pág. 2.
-56-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
amenazas se hicieron realidad con una incursión a Segovia de
parte del MNR que dejó 43 víctimas y más de medio centenar de
heridos. El 22 de abril de 1996 hubo una tercera masacre en
Segovia: 14 personas acusadas de ser colaboradoras de la
guerrilla fueron asesinadas, 8 quedaron heridas y 2
desaparecidas. A partir de entonces, la hegemonía paramilitar no
será únicamente en el terreno militar sino en el político y el social
y el control del Bloque Metro se extendería hasta 2002.
Gold Mines. El Paro Cívico no sólo fue en defensa de los
derechos de los trabajadores, sino que constituyó un acto de
protesta contra la entrega de los recursos naturales del país a la
predadora actividad del capital financiero internacional. En abril
de 2011 se registró la última huelga en Segovia a cargo de mil
mineros de la empresa Zandor Capital por retención de salarios.
3.2.5. El caso de El Cerrejón.
Hace 30 años, el descubrimiento y puesta en marcha del proyecto
carbonífero El Cerrejón (Guajira) dio pie a una discusión
nacional sobre aspectos como la renta, las regalías o las
posibilidades laborales que esa actividad podría generar en la
región. La mina de carbón cuya extensión actual es de alrededor
de 70 mil hectáreas, fue proyectada para exportar la totalidad de
su producción hacia los mercados de Europa, América Latina y
Norte América.
La presencia de las Farc y el ELN se hizo sentir en el año 2001
con la toma de las hidroeléctricas abastecedoras de energía de las
minas de La Frontino. Los guerrilleros amenazaron con volar
esas centrales debido a la negativa de la empresa a pagar la
vacuna extorsiva que la subversión le exigía. Desde ese día el
complejo aurífero prácticamente se paralizó.
Desde 2000, unos 3.000 mineros artesanales iniciaron
excavaciones en minas de propiedad de la FGM que conectaron
con El Silencio, una de las minas más importantes para la
empresa. En 2003, en las 2.871 hectáreas que la empresa tenía
tituladas existían 127 minas ilegales y, según directivos de la
FGM, las invasiones se llevaban a cabo para aprovecharse de la
infraestructura que la empresa había construido. Las pugnas
entre mineros artesanales, ilegales y la empresa continuaron. En
2003 se firmó un acuerdo: los mineros saldrían voluntariamente
de la mina El Silencio y la FGM les cedería en comodato cinco
minas, colaboraría en obras pendientes en el Hospital San Juan de
Dios. Pero, después de menos de tres meses del desalojo pacífico
de los mineros ilegales se produjo una nueva invasión de 300 en
busca de la veta de la mina Providencia, presionados por
condiciones de pobreza y porque alegaban que la FGM no había
cumplido los compromisos respecto a proseguir las obras
iniciadas por los mineros y de conseguir del Estado inversión
necesaria para el fomento de la minería en la región.
"La mina del Cerrejón es una de las minas a cielo abierto
más grandes del mundo, produce anualmente 32
millones de toneladas de carbón, lo cual representa el
50% de las exportaciones carboníferas colombianas,
que a su vez son el 30% de las exportaciones
tradicionales del país. La producción del Cerrejón
constituye el 55% del PIB de la Guajira, y de su
actividad las entidades territoriales y nacionales reciben
miles de millones de pesos anuales por conceptos de
impuestos y regalías. No obstante la magnitud de estas
cifras, resultante de la exploración de 69.000 hectáreas
de suelo guajiro, el 70% de su población vive en pobreza
y el 30% en pobreza extrema, cifras solo superadas por
Chocó y Vichada"45
En la década del 80 cuando inició el proyecto, El Cerrejón era
propiedad de la empresa Intercor, constituida por Exxon y
Carbocol (empresa estatal). Los comienzos del proyecto
generaron gran expectativa entre los guajiros, que esperaban que
el proyecto minero trajera consigo el anhelado desarrollo. En los
primeros años, las gentes de la región se conformaron con el
empleo y los recursos que ofrecía la empresa a través de sus
programas sociales. Con el correr del tiempo el descontento fue
grande.
Los trabajadores de la FGM realizaron dos huelgas en el periodo.
La primera, en 2001, estos exigieron aumento salarial del 25% y
vinculación del personal. La segunda huelga, en 2003, duró una
jornada y los 800 trabajadores que quedaban protestaron por
inseguridad en los socavones causada por las constantes
invasiones a la mina El Silencio por parte de mineros ilegales y
por el temor al futuro de la empresa. Por efectos de esta huelga
fueron despedidos 16 trabajadores. Entre 2003 y 2007, los
trabajadores de la FGM no cesaron sus acciones para pedir al
gobierno nacional la entrega inmediata de la empresa a sus
trabajadores activos y pensionados y el control sobre la minería
ilegal.
Muy a los inicios, con la construcción de la carretera, la vía férrea
(150 kilómetros hasta la Península), el Puerto y demás
infraestructura se destruyeron sitios sagrados y los cementerios
fueron trasladados de un lugar a otro, lo que significó una fuerte
agresión sobre el pueblo Wayúu, el grupo indígena más
numeroso del país. La inconformidad social fue creciendo en la
medida que muchos habitantes fueron desplazados de poblados varios pequeños asentamientos desaparecieron con el avance de
la mina, entre ellos Chancletas, Tabaco, Tamaquito, varios de
Entre el 4 y el 28 de septiembre de 2010 hubo paro cívico en
Segovia y Remedios contra la liquidación y venta a Zandor
Capital y el despido de 1.400 trabajadores hecho por la compañía
canadiense Medoro Resources tras tomar posesión de la Frontino
45. Benson, Allinson, La Guajira y El Cerrejón: una historia de contrastes, febrero 2011, En http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1517. Las cifras fueron tomadas por los autores del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
-57-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
ellos de población afrocolombiana. Aunque algunas comunidades
han sido compensadas monetariamente, "es claro que este tipo de
compensación no es suficiente para mitigar los efectos del
desplazamiento sobre las culturas y tradiciones de las
comunidades indígenas como la wayuu, una tribu que luchó por
no dejarse conquistar por los españoles, y que aún hoy lucha por
conservar sus tierras y sus costumbres, como es el caso de la
población de El Tabaco" (Benson, 2011). La dimensión del
proyecto es proporcional a las transformaciones territoriales, en el
paisaje y en las relaciones sociales.
En el año 2000, el gobierno nacional vendió su participación en la
mina a empresas transnacionales por un precio irrisorio, mientras
la explotación minera en Colombia arrasaba departamentos
enteros, como la propia Guajira y el Cesar. En la actualidad, la
mina es propiedad de BHP Billiton (Australia), Anglo American
(Reino Unido) y Xstrata (Suiza), la producción anual es de
alrededor de 32 millones de toneladas de carbón (89.000
toneladas diarias), pero se espera que la producción ascienda a 40
millones de toneladas en 2015.
El incremento de la producción minera en El Cerrejón se hará a
costa del desvío del río Ranchería principal afluente hídrico, en
una región que ya cuenta con graves problemas de estrés hídrico,
considerando que está es una de las regiones más secas del país.
La explotación del lecho del río es aún más grave si se tiene en
cuenta, que el sur del departamento, considerada la reserva
agroalimentaria del departamento, por tener las mejores tierras
agrícolas, está totalmente titulado para la explotación carbonífera
y otros grandes proyectos están proyectados, entre ellos
"Este proceso minero es intensivo en capital en un 90%,
y en él interviene maquinaria pesada de última
tecnología. El Cerrejón cuenta con 200 volquetas que
pueden llegar a ser tan altas como un edificio de 5 pisos,
cuyas llantas tienen 2 metros de diámetro, cada una de
las seis cuesta $60 millones y debe ser reemplazada
cada 8 meses. Durante el proceso de transporte, una
flota de tanqueros riega las vías con 17.000 metros
cúbicos de agua por día, para evitar el levantamiento de
polvo. Posteriormente, el carbón es transportado por un
ferrocarril de 150 km hasta Puerto Bolívar, y
diariamente se despachan en promedio 7 trenes de 130
vagones" (Benson, 2011).
El Cerrejón en cifras
89 mil toneladas de carbón son producidas diariamente en
El Cerrejón
1461 millones de dólares recibió el gobierno colombiano en
regalías en El Cerrejón durante los últimos 25 años
Hay situaciones complejas como las del Resguardo Indígena
Provincial, el cual quedo prácticamente acorralado por la mina,
mientras sus pobladores han sufrido por el ruido, el polvillo de
carbón y la contaminación de sus aguas. Los indígenas sufren de
enfermedades gastrointestinales y brotes en la piel pues deben
consumir las aguas del río Ranchería que a esta altura está
seriamente contaminado a su paso por la mina. Las denuncias de
las organizaciones wayúu son permanentes pues ya no tienen
tierras para sembrar ni pastorear, además han perdido varios de
los cementerios donde estaban sus ancestros. El conflicto crece
igual que el descontento.
70 mil indígenas de La Guajira y su vecino departamento han
sido desplazados por la extracción minera
El 70% de la población de La Guajira vive en la pobreza
900 millones de toneladas son las reservas de carbón en La
Guajira
Fuente: Brigadas de Paz Colombia, 2011
3.3 Impactos diferenciados
Un informe de Brigadas de Paz - Colombia, publicado en 201146,
expresa como los pobladores han perdido su seguridad y
soberanía alimentaria: "muchas mujeres «se acuestan comiendo
un pan “bimbo” y una gaseosa cuando eran personas que estaban
acostumbradas a comer pescado, plátano, ñame y frutas»".
Las siguientes descripciones dan cuenta de los problemas tanto
ambientales como sociales y económicos generados de manera
diferenciada en las etapas de exploración y de explotación
minera. Muestran además impactos de la minería en los
territorios étnicos y en la vida de las mujeres, de sus familias y su
entorno, en la violación de sus derechos en cuanto tales.
Aunque los impactos son grandes, las empresas operadoras han
sabido manejar la imagen de la empresa y sin duda, han logrado
un mejor posicionamiento que los proyectos y las empresas
mineras de carbón en El Cesar, sin embargo, con los años la
dimensión de la problemática social y ambiental crece al igual
que la inconformidad de sus pobladores. De esta forma asuntos
como el desplazamiento, la contaminación atmosférica, de
suelos y de aguas, los problemas de salud pública, la pérdida de
soberanía alimentaria se han vuelto centrales en el debate sobre la
minería en La Guajira.
3.3.1. Impactos de la etapa de exploración minera
a. Impactos ambientales
En Colombia, para adelantar la Etapa de Exploración de
proyectos carboníferos o auríferos no se requiere solicitar
Licencia Ambiental, únicamente se tramitan los permisos
ambientales requeridos frente a la utilización de un determinado
recurso natural, ante la Corporación Ambiental que opere en la
46. Brigadas de Paz Colombia, Minería en Colombia ¿A qué precio?, Boletín No. 18, noviembre 2011.
-58-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
zona del proyecto. Sucede, en muchos casos, que el trámite de
dichos permisos se realiza cuando ya se ha avanzado en las
diferentes actividades de exploración. Esto conlleva, en la
mayoría de los casos, al detrimento sobre la oferta ambiental del
área objeto de estudio pues no se observan las correspondientes
medidas de corrección y/o mitigación. Dentro de los impactos
ambientales más frecuentes se encuentran:
especificaciones requeridas para soportar un alto tránsito de
vehículos.
?
Generación de expectativas en las poblaciones afectadas por la
actividad exploratoria
?
Afectación sobre la dinámica de la economía local
?
Inseguridad, relacionada con el aumento de flujo poblacional.
?
Deterioro de corrientes hídricas superficiales: aumento de
sedimentos, contaminación con grasas y aceites, lodos de
perforación y aguas residuales, sobredemanda del recurso
compitiendo con las necesidades de abastecimiento de las
poblaciones asentadas en el área, ocupación de cauces, etc.
3.3.2 Impactos de la etapa de explotación minera
a. Impactos ambientales
En Colombia, para desarrollar la etapa de explotación minera el
interesado debe tramitar ante el recientemente creado Ministerio
de Ambiente (en agosto de 2011 fue nuevamente separado el
Ministerio de Ambiente del Ministerio de Vivienda, con el cual
había sido fusionado durante el gobierno Uribe) la licencia
ambiental, la cual comprende la elaboración y aprobación del
Estudio de Impacto Ambiental, documento técnico donde se
identifican los probables impactos que genera la actividad a
desarrollar y, lo más importante, se diseñan todas las medidas de
mitigación, corrección y/o compensación requeridas para evitar
el deterioro ambiental.
?
Afectación de acuíferos: interrupción de los flujos de corrientes
subterráneas, contaminación con lodos de perforación,
disminución de caudales.
?
Detrimento del suelo y la capa vegetal: la instalación de
campamentos y plataformas de exploración requiere en algunos
casos la remoción de la capa vegetal
?
Generación de residuos sólidos peligrosos: los residuos
relacionados con los lodos de perforación, así como las grasas y
aceites usados para el mantenimiento de las máquinas de
perforación y vehículos.
Los impactos ambientales relacionados con la explotación de oro
y carbón de grandes proyectos mineros, aunque presentan
algunas variaciones dependiendo si la explotación es a cielo
abierto o subterránea, pueden resumirse en:
?
Aumento en la generación de residuos sólidos ordinarios: los
campamentos de exploración generan un volumen considerable
de residuos sólidos, en zonas que no tienen la capacidad para
disponerlos, pues en la mayoría de los casos corresponden a áreas
rurales.
a) Afectación del recurso hídrico superficial: Cambios de la
calidad físico-química, afectación y/o disminución de caudales,
alteración de cauces (en algunos casos ésta es definitiva pues se
producen desviaciones del mismo).
?
Generación de contaminación atmosférica y sonora: el aumento
de material particulado se genera principalmente por el tránsito
permanente de vehículos por vías destapadas. Las emisiones
sonoras y las vibraciones provienen de toda la infraestructura
asociada a la actividad de perforación.
b) Alteración de acuíferos: Disminución o pérdida de caudales,
contaminación.
c) Eliminación de cobertura vegetal: La capa vegetal es el primer
elemento removido al iniciar la explotación minera.
b. Impactos económicos y sociales
d) Desplazamiento de fauna silvestre (en algunos casos se llega a
la desaparición de especies acuáticas o terrestres).
?
Cambios en el uso del suelo: están relacionados con dos
aspectos, a) el cambio de uso rural (agrícola o pecuario) por el de
uso minero (instalación de campamentos, plataformas,
infraestructura asociada) y b) “privatización” de recursos
naturales (ríos, bosques) o áreas de uso comunitario, generada por
adquisición de tierras (por parte de las compañías mineras) en las
áreas de intervención.
e) Fragmentación de hábitats.
f) Activación de procesos erosivos, inestabilidad de taludes.
g) Contaminación de suelos.
h) Generación de contaminación atmosférica: con la minería a
cielo abierto se generan grandes volúmenes de emisión de
material particulado, relacionado fundamentalmente con el
movimiento de material, la disposición del mismo y, el transporte
del mineral. Igual sucede con la generación de ruido y
vibraciones (uso de explosivos).
?
Modificación temporal y/o definitiva del paisaje
?
Aumento en el uso de bienes y servicios
?
Deterioro de vías: los vehículos de las compañías transitan
frecuentemente por vías secundarias o rurales que no cuentan con
-59-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
i) Modificación definitiva del paisaje: la infraestructura asociada
a la operación minera, tal como disposición de estériles, lagunas
de colas o relaves (para el caso del oro), frentes de explotación e
infraestructura minera (campamentos, patios de acopio, plantas
de beneficio, etc.), generan alteraciones sustanciales en la
morfología de la zona objeto de explotación creando estructuras
artificiales como “montañas o grandes depresiones”
comunidades en el que se discute su aceptación o rechazo por
parte de la población. Tras dos décadas de política neoliberal y el
empobrecimiento ocasionado por este modelo económico, la
industria extractiva resulta para una parte de la población una
alternativa posible, a pesar del alto daño que ocasiona, la
ausencia de otras alternativas los coloca contra la pared,
haciéndolos doblegar ante esta opción.
j) Generación de residuos sólidos peligrosos .
La agresiva presencia de las mineras transnacionales no sólo
transforma la economía política del país, sino que se impone
formas, sentidos, proyectos políticos, culturales e ideológicos
que se persiguen bajo distintos usos de la palabra “desarrollo” y
progreso.
b. Impactos económicos y sociales
?
Cambio definitivo del uso del suelo
?
“Privatización” de recursos naturales tales como fuentes de
agua y bosques
Con respecto a las empresas mineras queda abierto un horizonte
de investigación y de trabajo muy amplio necesario a desarrollar
como una vía imprescindible para enfrentar con mayor claridad
la avasallante ofensiva minera en el país.
?
Afectación de la infraestructura pública y privada
?
Incremento del uso de bienes y servicios
Es muy poco lo que se conoce acerca de estas grandes empresas
mineras: origen de sus capitales, la ubicación de sus filiales en
otros países de América Latina, formas de inserción en las
comunidades locales en otros lugares del mundo, procesos de
resistencia que otros pueblos están adelantando para la defensa
de sus territorios y recursos naturales y patrimonio intangible, así
como los planes y proyectos de explotación a futuro que estas
empresas tienen previsto implementar.
?
Impactos en los medios de subsistencia
?
Afectaciones sobre la salud pública
?
Desplazamiento de poblaciones: Se da en los dos sentidos:
migración de personas con la esperanza de ser contratados por el
proyecto minero y, reubicación o reasentamiento de
asentamientos humanos que estaban emplazados antes del
desarrollo del proyecto minero.
En particular, resulta fundamental adelantar un proceso de
investigación que permita identificar con precisión las
estrategias de penetración utilizadas por las empresas mineras en
los diferentes territorios y las formas de neutralizar y/cooptar a
líderes y lideresas para lograr el cometido de apropiación de los
territorios, negando los derechos colectivos, sociales y
económicos. Una sistematización adecuada de estas estrategias
permitiría fortalecer la acción política de defensa por parte de las
comunidades en distintas partes.
?
Inseguridad: Directamente relacionada con la llegada de
personas foráneas a las regiones
?
Afectación del patrimonio cultural
3.3.3. Impactos en territorios étnicos y campesinos
Las empresas mineras transnacionales y empresas que adelantan
proyectos de minería a gran escala han irrumpido agresivamente
en un sinnúmero de territorios de comunidades indígenas,
campesinas y negras en todo el país. Esta tendencia responde a
una situación favorable del mercado mundial de minerales que ha
hecho de esta industria un ámbito de inversión y ganancia en la
actualidad. Esta situación constituye una tendencia mundial que
se presenta con fuerza y dinamismo en los países de América
Latina y coloca a Colombia en un lugar privilegiado para la
inversión extranjera y de las empresas multinacionales dado el
empuje que el actual gobierno ha ofrecido a la industria minera en
el país y la legislación que favorece el asentamiento de estas
empresas.
En un reciente encuentro de mujeres47, las asistentes,
identificaron problemas centrales para los territorios derivados
de la industria extractiva, que contribuyen en el acercamiento a
los impactos a los territorios campesinos, indígenas y
afrocolombianos. Ellas señalaron lo siguiente:
a. Intensificación del despojo de tierras y de los territorios de las
comunidades étnicas (negritudes e indígenas) y campesinas a lo
largo y ancho del país. Con este proceso de despojo no sólo se han
vulnerado y desconocido los derechos sociales y económicos de
los pueblos, sino que aún peor, se ha exterminado pueblos enteros
física y culturalmente para arrebatarles su tierras. En este proceso
de manera simultánea se ha acudido a la privatización de los ríos
y los caminos, se ha sustituido los cultivos y huertos, lo que en su
conjunto ha dejado a estos pueblos sin opciones para vivir, siendo
La actividad de las empresas multinacionales en los territorios
étnicos y campesinos ha establecido un dilema entre las
47. Encuentro Nacional Mujer y Minería (Bogotá, noviembre de 2011).
-60-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
crítica la pérdida de la soberanía alimentaria. Estos procesos se
han presentado en medio de la proliferación de la explotación y
otros megaproyectos: represas, embalses (ver recuadro),
infraestructura, en muchos casos está en función de los
requerimientos del proyecto minero y de su alta demanda de agua
y energía.
La voz de la lucha contra las megarepresas de Colombia.
El 14 de marzo de 2011 se dio inicio a la Primera Jornada en Defensa de los Territorio convocada por la Red de Afectados y afectadas por
represas, embalses y transvases, constituida en 1996. En la jornada se movilizaron: 3.5 mil personas se movilizaron en Ituango para
rechazar la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, 1.5 mil personas en el Río Sogamoso para denunciar las irregularidades en la
construcción del proyecto hidroeléctrico del Río Sogamoso y de igual manera, otras 300 personas se movilizaron en Neiva, Gigante y
Garzón contra el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo.
La Jornada se realizaba para conmemorar el XIV Día de Acción Internacional contra las Represas y por los ríos, el agua y la vida, que se
celebra en todo el mundo. El 16 de marzo, se realizó un Foro en el Congreso de la República y una marcha hacia el Ministerio del
Ambiente y con ello culminaron las actividades de esta acción coordinada por los movimientos antirepresas de Colombia. En abril de
2011, la Red de Afectados se transformaría en el Movimiento en Defensa de los Territorios y de afectados por las represas, Movimiento
Ríos Vivos, que realizaría entre el 12 y 13 de marzo de 2012, su Primer Encuentro en el municipio de Girardota (Antioquia). Ver boletín
de prensa y declaración: http://defensaterritorios.wordpress.com/
Las investigaciones han demostrado que la energía generada por las hidroeléctricas no es ni renovable, ni limpia, ni alternativa. Millones
de personas han sido desplazadas por la construcción de represas, constituyéndose en la principal causa de desplazamiento en el mundo;
la dinámica natural de importantes ríos del mundo ha sido drásticamente modificada por las represas afectando los ciclos de vida. El caso
más emblemático ha sido la destrucción de la riqueza íctica de los ríos, impacto reconocido por la Comisión Mundial de Represas
realizada entre 1999 y 2000, convocada por el Banco Mundial y en la que participaron ambientalistas y comunidades, así como
promotores de las represas. Además, las represas vulneran formas tradicionales de vida, despojan a los campesinos de sus tierras y la
descomposición de la materia orgánica inundada por los embalses produce gas metano, uno de los gases de efecto invernadero más
agresivos.
La política minero - energética promovida por los gobiernos últimos gobiernos nacionales de Santos y Uribe ha revivido gran parte de los
proyectos hidroeléctricos que se habían estudiado desde mediados del siglo anterior, de ahí la proliferación de proyectos hidroeléctricos
de diversas dimensiones: El Quimbo, con una capacidad instalada de 400 MW, inundará 8500 ha., HidroItuango, la más grande represa
que se haya querido construir en Colombia, con una capacidad instalada de 2.400 MW, tendrá un muro de 215 metros de altura e inundará
alrededor de 3.500 ha., e Hidrosogamoso que generará 800 MW de energía a partir de 2015 e inundará 7.500 ha., son los tres más grandes
proyectos que se construyen en la actualidad, sin embargo, el gobierno nacional promueve también la construcción de pequeñas y
medianas centrales hidroeléctricas en los principales afluentes hídricos del país.
Este boom de las hidroeléctricas ha despertado también una reacción desde pobladores que han construido sus formas de vida y cultura
alrededor de los ríos, es el caso de los pescadores, campesinos sin tierra que aprovechan los playones y las playas de los ríos en las épocas
de verano, mineros ancestrales de oro, piedra y arena, paleros, vendedoras de pescado, etc.
Es el caso de la resistencia más destacada en los últimos meses, contra el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que ha movilizado durante
más de dos meses no sólo a pobladores locales sino que ha despertado una importante solidaridad nacional e internacional en grupos de
activistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, entre otros.
Asoquimbo, la asociación de afectados por la hidroeléctrica El Quimbo, inició un paro regional el 3 de enero de 2012, demandando la
suspensión cautelar de la licencia ambiental mientras se realiza una audiencia pública ambiental. Se destacan entre sus demandas: la
garantía a la soberanía y seguridad hídrica y agroalimentaria de la región, el acceso a los bienes comunes como el agua y la tierra, la
defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la
conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas esenciales y a la participación de las
comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el mejoramiento integral de la calidad
de vida de las comunidades. Para tal fin se propone la creación de una Reserva Campesina Agroalimentaria subsidiada por el Estado
Finalmente, destacamos de la declaración del Primer Encuentro del Movimiento Ríos Vivos sus propuestas:
- Impulsar al Panel Nacional Itinerante sobre Política Minero - Energética para construir de cara al país una propuesta de soberanía
energética e hídrica que parta del reconocimiento de los saberes ancestrales y de las particularidades territoriales; que además esté en
función de satisfacer las necesidades del pueblo colombiano.
-61-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
- Trabajar de manera articulada en el Movimiento Ríos Vivos y con otros procesos sociales para denunciar y transformar la política
minero-energética gubernamental que amenaza con destruir las riquezas naturales y culturales de nuestros territorios y nuestro país
- Apoyar el paro nacional minero - energético que vienen impulsando diversas organizaciones sociales nacionales y articulación con la
agenda de movilización social que se promueve desde los diferentes espacios de articulación social.
- Apoyar las diversas luchas territoriales, entre ellas, las que se oponen a la construcción de los proyectos hidroeléctricos de El Quimbo,
Hidrosogamoso, Sumapaz e Ituango; las de los pobladores de Anchicayá, Salvajina, Urrá y Guarinó por el cumplimiento de los acuerdos
de ley pactados entre comunidades afectadas y empresas durante la construcción de estos proyectos, las que pugnan por el
desmantelamiento de la represa Urrá y por la no construcción del Proyecto Sinú (Urrá II).
- Unirse al rechazo mundial de que las represas no son energía limpia y no deben ser incluidas como mecanismos de desarrollo limpio
(MDL).
- Unirse a las iniciativas populares que se desarrollarán en el marco de la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Ambiental y en Defensa
de los Bienes Comunes, Rio + 20 que se desarrollará entre el 20 y 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro.
- Participar activamente en la preparación del V encuentro de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas, Redlar que se realizará
el próximo año en Perú.
b. Se ha producido un deterioro de las formas de vida
tradicionales y de la salud pública (enfermedades respiratorias y
mentales, de la piel, entre otras) debido a la contaminación de
aguas, suelos, aire y auditiva, deterioro del paisaje, así como
pérdida de biodiversidad, por mencionar sólo algunas de las
afectaciones ambientales.
f. Las empresas desconocen los procesos de consulta y
participación ciudadana son desconocidos y el Estado no
garantiza lo que constitucionalmente está reconocido. Con
engaños, las empresas buscan obviar los procesos formales de
consulta. Las comunidades no están capacitadas en los
procedimientos requeridos para desarrollar los procesos de
consulta y de interlocución con el Estado y las empresas mineras.
Esta situación ha facilitado el desconocimiento de los derechos y
la implantación de las empresas, vía engaño y violación de
derechos colectivos y territoriales.
c. Se han acentuado cambios en la vocación productiva en las
regiones y en el estilo de vida en las comunidades campesinas. Se
ha presentado un desplazamiento de la actividad productiva
tradicional de la población, pasando de ser zonas campesinas
para convertirse en mineras, donde una parte de la población
entra a ser contratada en forma temporal como empleados de las
empresas y van a depender de la actividad minera perdiendo su
autonomía, ya que la economía de la zona entra a girar en torno a
la actividad minera. Esta dependencia establece y profundiza una
condición de exclusión laboral para una importante proporción
de la población, ya que el empleo que se genera solo es para unos
pocos.
g. En no pocos casos, las grandes empresas mineras empiezan a
jugar el rol del Estado y las comunidades transforman su relación
de ciudadanía con derechos ante un Estado a una relación de
dependencia con la transnacional a la que, en algunos casos, ven
como su benefactora ante la ausencia del Estado. En este juego, lo
que se pone es un conjunto de prebendas de menor cuantía,
dádivas que no constituyen solución alguna a los problemas
sociales de la población.
h. Con la presencia de la actividad de las grandes empresas
mineras se intensifican la criminalización y estigmatización de la
organización social y de la protesta cívica. Esta mirada negativa y
prejuiciosa del derecho a la organización ha negado el acceso a la
justicia y ha incidido negativamente en la desarticulación de las
organizaciones. El miedo y la amenaza acallan las voces y
establecen una frontera en la que el silencio se impone como
única opción.
d. Los cambios en la economía campesina vienen acompañados
de transformaciones en las formas de consumo y en la
alimentación. El despojo de las tierras ha impuesto otras lógicas
de vida; así, el alimento que antes producían campesinas y
campesinas, hoy deben comprarlo.
e. La llegada de las empresas mineras ha provocado el
rompimiento del tejido social, de los lazos familiares, de los
procesos organizativos. La conflictividad en las comunidades se
incrementa con su desintegración. Hay pérdida de la identidad
cultural: cambios en los patrones de consumo, los jóvenes entran
a demandar los consumos que se le impone desde otras lógicas:
ropa de marca, tecnologías, alimentos, etc.
3.3.4. Impactos de la minería en las mujeres
En el encuentro de mujeres mencionado se identificaron
impactos específicos de la minería para la vida de las mujeres y de
sus familias. Es útil advertir que el encuentro permitió identificar
las limitaciones que ellas tienen para esa identificación,
-62-
CAPÍTULO 3. La realidad de la situación minera
reconocimiento que es un aporte central del diagnóstico mismo,
en tanto permite señalar este vacío como uno de los ejes
prioritarios del trabajo a desarrollar en el futuro donde es
necesario profundizar y abordar una indagación sistemática que
permita reconocer y dimensionar estos impactos para superar
este vacío identificado.
en trabajos altamente precarizados: bajos salarios, ausencia de
seguridad social, inestabilidad laboral e intensificación laboral,
entre otras.
f. En territorios de minería ancestral se han desplazado a
comunidades que realizan pequeña minería o minería artesanal
despojándoles de sus medios de vida. Las mujeres ligadas a la
actividad barequera y guachera han perdido la autonomía y han
visto deteriorada sus condiciones de vida y trabajo, han sido
desplazadas de sus sitios de trabajo y pueden acceder al barequeo
solo cuando las explotaciones ilegales las autorizan. Además, los
diversos actores armados que controlan estos territorios
empadronan a las comunidades como un recurso de intimidación
a su actividad de generación de ingresos y como un medio de
presión para obligarlos a dejar estas actividades. Así, las grandes
empresas mineras en asocio con actores armados han estado
violando sus derechos fundamentales.
Señalar este vacío también permite subrayar la ausencia de una
perspectiva de derechos por parte de las mujeres que se ven
enfrentadas en sus territorios de forma cotidiana con los impactos
de la actividad minera. Esta falta de una visión de derechos indica
la alta exposición al riesgo de estas poblaciones y la percepción
de vulnerabilidad que la acompaña.
a. La actividad minera se entrelaza con la exarcerbación de las
violencias de género en el marco del conflicto armado en el país.
La convergencia de estas violencias incrementa la espiral de la
que se ejerce sobre las mujeres y plantea una prioridad de
atención e intervención. Así, en las zonas donde en la actualidad
se hace más aguda la explotación de los bienes naturales por parte
de las grandes empresas mineras se tienen múltiples antecedentes
de violencias generalizadas, de agresión física y sexual,
amenazas y estigmatizaciones. Un factor a destacar en esta crítica
situación violencia es que la presencia minera viene acompañada
de bases militares y aumento de vigilancia de agentes de
seguridad privada, que hace mucho más vulnerables la seguridad
de las mujeres y por el aumento de la violencia sexual.
g. El incremento de la violencia en los territorios tiene un grave
impacto en la vida de las mujeres, sus maridos son asesinados y
ellas son amenazadas para que vendan su tierra a los mineros. En
gran parte esta situación ha traído como una de sus consecuencias
el incremento del madresolterismo y del madresolismo, tal como
ha sido destacado por las mujeres.
h. Las mujeres denuncian que han entrado a operar tácticas
alternas por parte de las empresas mediante las cuales se ha
desarrollado procesos de cooptación de los líderes y las lideresas
sociales, como la principal vía para neutralizar el proceso de
interlocución con las comunidades. En el caso particular de las
mujeres, a través de estrategias, programas y discursos en la que
se vende una ilusión de mejoramiento de vida.
b. La presencia de la actividad de las grandes empresas mineras
que intensifica la criminalización y estigmatización de la
organización social y de la protesta cívica, ha incidido
particularmente en la desarticulación de las organizaciones de
mujeres.
c. Se ha presentado una mayor afectación de la salud de las
mujeres y niñas en las distintas comunidades, presentándose
mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS)
y de enfermedades derivadas de la actividad minera extractiva y
por las fumigaciones. Además, se destaca el incremento de
abortos, malformaciones, cánceres, embarazo en adolescentes,
entre otras.
d. Las mujeres destacan que en estos entornos mineros se ha
acentuado la demanda de servicios sexuales principalmente por
parte de funcionarios y obreros de la industria minera.
Adicionalmente, aparecen situaciones críticas que afectan
principalmente a las mujeres tales como de servidumbres, trata
de personas, migración de mujeres (prepago), estigmatización de
las mujeres que ejercen la prostitución.
e. La presencia de las empresas mineras incide en el cambio de
roles productivos de las mujeres: de mujeres campesinas han
pasado a ser mujeres trabajadoras en las minas, principalmente en
las áreas de servicios generales, aseo y alimentación, vinculadas
-63-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
base de la militarización y los enclaves de agroindustria de
exportación (ciudades-región, cluster48, encadenamientos
productivos. (Sarmiento, 2010: p.5). En el Segundo Encuentro
Regional Petrolero en Yopal (Casanare) los participantes
destacaron que “con la entrada de las empresas petroleras y
mineras en todos los departamentos, se presentan además
consecuencias como la militarización del territorio, la entrada de
grupos paramilitares, masacres, desapariciones forzadas,
asesinatos selectivos, detenciones y amenazas; lo cual ha llevado
a desplazamientos de comunidades enteras” (Foro Regional
Petrolero, Yopal (Casanare), 9-11 de noviembre de 2011).
4.1. Dinámicas de reconfiguración territorial
E
l modelo productivo que se ha venido aplicando en
Colombia, basado en la explotación minera y de
hidrocarburos, y en la agroindustria agroexportadora es
uno de los fenómenos que dan cuenta de nuevas dinámicas de
reconfiguración territorial del país. En las zonas rurales, la
población campesina, indígena y afrocolombiana llevan la peor
parte, todo esto como resultado de la expropiación y el
desplazamiento, asociado al conflicto interno, al fortalecimiento
de poderes regionales –paramilitares-, a la presencia directa de
empresas transnacionales, a la ejecución de megaproyectos y
también a la pérdida progresiva de ingresos de los pobres del
campo. La explotación minera está basada en una legislación
bastante laxa, y en la mayoría de los casos pasa por encima de
planes de ordenamiento territorial y de legislación ambiental del
país. Así, una primera tensión es la que se ha producido entre
modelo económico y el desarrollo humano sostenible
(Velázquez, 2010: p.21).
Las características de los contextos regionales nos permiten
analizar de manera diferenciada las formas de de inserción de las
multinacionales en los territorios y los conflictos que se derivan a
partir de las forma que utilizan para la exploración y explotación
del recurso minero; de igual manera, es importante analizar al
Estado en el papel de regulador y fiscalizador, a las autoridades
locales y regionales y sus formas de articulación a estas
dinámicas económicas que cuentan con el aval del Estado por un
lado, unos sectores sociales y políticos y agencias de cooperación
que se oponen y denuncian en forma permanente a los impactos
que se están generando con esta forma de economía. Al respecto
señalaremos algunos:
La dinámica de reprimarización de la economía tiene como
componentes centrales la ampliación de los mercados por el
capital, el ordenamiento territorial, la expropiación, la
privatización y el control territorial. Las concesiones a los
grandes empresarios de la madera, los agrocombustibles y las
industrias extractivas minero-energéticas no solo son
económicas, sino que aparecen como ordenadores políticos de lo
territorial. Esto es evidente en varias funciones típicamente
estatales: las funciones de policía que se entregan a las empresas
madereras y minero-energéticas, las cuales cumplen mediante
ejércitos privados, que no solo “protegen la propiedad” sino que
reprimen comportamientos considerados peligrosos; las
funciones de control y protección del medioambiente,
explícitamente otorgadas a los ingenieros forestales de las
plantaciones en la recientemente aprobada y declarada
inconstitucional Ley General Forestal, y que no solo implican
una privatización del papel indelegable del Estado sino una forma
de convertir en agente de control al que debe ser controlado. Una
tercera modalidad es la creación expropiación y desposesión
directa de los territorios que se encuentran por fuera de la frontera
agrícola.
Primero, la tierra ha sido el corazón del enfrentamiento agrario y
consideramos que hay una relación directa entre la explotación
minera y el problema agrario en Colombia: en relación con la
población, el despojo de tierras en las últimas dos décadas
particularmente, ha alcanzado los 6.65 millones de hectáreas de
tierra, según la Comisión de Seguimiento a la política Pública
sobre desplazamiento forzado. Las actividades de las empresas
mineras están provocando un mayor desplazamiento de
personas en Colombia. Campesinos, indígenas y
afrocolombianos son expulsados de sus tierras para fomentar
la explotación de nuevos yacimientos de minerales; se
comienza a desplazar al poblador de la región, se presiona la
venta de las tierras que se utilizarán en la mina y en las zonas de
amortiguación con procesos basados fundamentalmente en el uso
de la violencia (Ramírez, 2007).
Segundo, el gobierno, a diferencia del anterior que justificaba la
usurpación de su propiedad a millones de campesinos, asume la
necesidad de regresar una parte de tales propiedades a sus
verdaderos dueños, y de presentar interna y externamente la
imagen de un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Sin
embargo, así como no hay garantías para que los desplazados y
despojados regresen a sus tierras, tampoco se ofrece una política
que les permita explotarla. El proyecto puede favorecer otra
concentración de tierra, y su uso para los megaproyectos mineros
o agrícolas que están en los planes de las multinacionales y los
grandes inversionistas criollos, viejos o “emergentes”
(Gutiérrez, 2011: p.2).
En el aspecto territorial, significa entregarle a las transnacionales
y a los empresarios colombianos, y en muchas regiones bajo la
protección de la fuerza pública y muchas veces con el apoyo de
paramilitares y de los grupos armados guerrilleros, la explotación
de la diversidad biológica, el agua, el paisaje, los minerales, los
recursos energéticos, la silvicultura, los biocombustibles y los
cultivos tropicales. El reordenamiento territorial gira entonces
alrededor de la expulsión de campesinos, indígenas y población
afrocolombiana que favorecerá a la hacienda ganadera, los
grandes cultivos para biocombustibles, la minería extensiva e
intensiva, y los macro-proyectos de desarrollo forzado sobre la
48. Con la modalidad de cluster se otorgan licencias para todo tipo de intervención en grandes territorios, de manera que una empresa petrolera con una sola licencia –además de explorar y explotar
hidrocarburos– puede construir carreteras y otras obras de infraestructura sin que esté obligada a estudios especiales adicionales.
-64-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
La anterior situación preocupa bastante, máxime en un contexto
de explotación de las actividades mineras, donde buena parte del
territorio nacional o bien está destinado a esta actividad, o bien se
proyecta para hacerlo. La garantía de derechos de propiedad
facilita las transacciones sobre las tierras, pero no protege los
territorios (Mantilla Quijano, 2011: p.3). Por ejemplo, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se ha dado a la tarea
de legalización de las tierras adquiridas violentamente por los
narcotraficantes y paramilitares. Lo primero fue mediante la
aparición de escrituras privadas, como hicieron en Jiguamiandó,
(Chocó) donde validaron escrituras previas de empresarios de
palma; en este caso una resolución del Incoder tituló tierras que
ya estaban tituladas a comunidades afro en el bajo Atrato. Tienen
lugar también los actos de corrupción; algunos líderes ya están
negociando con las multinacionales y con los interesados en las
tierras. (CECOIN, 2008: p.33). Si bien en el Estatuto de
Desarrollo Rural, se define los límites de la frontera agrícola,
establece el uso actual y potencial del suelo, y ordena las zonas
geográficas de acuerdo con características biofísicas,
condiciones económicas, sociales y de infraestructura pero
desmonta la función de control que sobre la materia tenía el
Ministerio del Ambiente y establece con claridad que el principio
de ordenamiento del territorio en áreas rurales será el
favorecimiento de las áreas de desarrollo empresarial. (CECOIN,
p.34-35).
amenaza el 30% de las últimas extensiones de bosques primarios
en el mundo. La deforestación no solo afecta el hábitat de cientos
de especies (muchas llevadas a la extinción), también afecta el
mantenimiento del flujo constante de agua desde los bosques
hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. Productos
químicos peligrosos utilizados en las distintas fases de
procesamiento tales como cianuro, ácidos concentrados y
compuestos alcalinos terminan en el sistema de drenaje. La
alteración y contaminación del ciclo hidrológico tiene efectos
muy graves que afectan a los ecosistemas cercanos, de manera
especialmente agravada a los bosques y a las personas.
El modelo de desarrollo minero-energético en Colombia ha
pasado por grandes transformaciones. El gran interrogante que
surge es ¿Cuál es el impacto político y económico de la minería
en la economía colombiana? En el campo legal, las
multinacionales, han intervenido en la adecuación de leyes a sus
intereses. Primero fue el proyecto de ley de Código de Minas de
1996, y luego, la ley 685 de 2001, con la participación de sectores
político y económicos del país. Cada vez más, el manejo del
medio ambiente queda en manos de las multinacionales, pues
ellas determinan si se adicionan o no cambios en todo el proceso
de exploración, explotación y cierre de la mina (Ramírez, 2011).
La industria minera está apenas en ciernes. Para el año 2010, el
Instituto de Geología y Minería Colombiano (Ingeominas),
estimaba que la superficie total actualmente explorada asciende a
1,69 millones de hectáreas. Se supone que Colombia, ofrece los
índices de seguridad por una parte, y por otra, el precio del oro en
el último mes superó el récord de los 1.800 dólares la onza troy.
Esta situación ha generado lo que se ha denominado la fiebre del
oro. Se espera que empiece entonces la etapa de explotación del
metal con cuatro megaproyectos en ciernes en Santander, Caldas,
Tolima y Vaupés. Los cinco emprendimientos de las
multinacionales AngloGold Ashanti en Tolima, Eco Oro (antes
GreyStar) y EBX (MPX Colombia) que adquirió Ventana Gold
en Santander, Cosigo en Vaupés y Gran Colombia Gold-Medoro
Resources en Caldas, son indispensables para cumplir su meta de
aumentar la producción de oro de las 53 toneladas anuales de hoy
a 72 en 2014. Este logro contribuirá a hacer reales los optimistas
cálculos que, según la investigación 'La fiebre minera se apoderó
a Colombia', de Ciperchile.cl, proyectan aumentar las
exportaciones del sector minero-energético colombiano de
21.000 millones de dólares en 2010 a 54.000 millones en 2021.
Todos los proyectos están en lugares ambientalmente
estratégicos, como páramos o bosques. De ahí que la pregunta
clave que tendrán que responder las autoridades es si sus
beneficios económicos compensarán el daño ambiental. Además,
todavía no hay una respuesta sobre cómo se manejarán esos
megaproyectos con las comunidades de mineros tradicionales,
pueblos indígenas y afrodescendientes de donde se desarrollan
(Revista Semana, 2011).
Tercero, uno de los más grandes impactos de esta industria en
Colombia es la militarización de los territorios que hace más
vulnerables a las poblaciones frente a la violación de los DDHH.
La Política de Seguridad Democrática del gobierno anterior,
dirigió los recursos del Plan Colombia y Plan Patriota a proteger
la infraestructura del Harken Energy donde la familia del
presidente Bush tiene grandes inversiones (Sur de Bolívar,
Santander, Llanos Orientales, Norte de Santander, Putumayo), a
la Oxy donde Al Gore, Vicepresidente de Estados Unidos tiene
una posición accionaría dominante, donde operan la B.P-Amoco
de capital inglés y de Estados Unidos; la ayuda militar de Gran
Bretaña se dirigió a zonas donde operan sus compañías
Angloamerican, BHP Billiton, B.P.-Amoco; la de Israel a zonas
de producción carbonífera de donde sale este mineral que
alimenta la industria energética de ese país y la de España a
“respaldar” las inversiones de Repsol-YPF en el Arauca.
(Ramírez, 2007).
Cuarto, los impactos ambientales de la minería varían según el
tipo de mineral que se extrae. Sin embargo, en todos los casos se
trata de una actividad que no es sustentable porque explota un
recurso no renovable mediante procesamientos destructivos o
contaminantes. La minería es una actividad a corto plazo pero
con efectos a largo plazo. A nadie le cabe la menor duda que
cuando se realiza en zonas de bosque constituye una
depredación. La minería, junto con la explotación de petróleo,
-65-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
campesinos, afro-descendientes e indígenas temen la llegada del
“desarrollo”. Sobre todo cuando la concertación no pasa de ser un
requisito puramente formal que no logra crear confianza y
legitimidad frente a las comunidades en donde se ejecutan los
grandes proyectos extractivos. Además, la débil legislación
colombiana frente al tema.
4.2 Dimensión territorial del conflicto, la economía y la
construcción institucional
Todo un cuerpo de literatura se ha desarrollado en torno a lo que
se ha denominado la economía política de los recursos naturales
que ha tratado de desentrañar por qué algunos países que han
basado su crecimiento en la explotación intensiva de recursos
naturales parece que han podido emprender una senda desarrollo
equitativo acompañado de políticas sociales y redistributivas
exitosas y el fortalecimiento de la democracia (Indonesia, Chile,
Botsuana y Malasia), y otros más bien muestran una tendencia
negativa hacia el aumento de las desigualdades y conflictos
sociales, el deterioro de la democracia e, incluso, la manifestación
o recrudecimiento de guerras civiles.
El impulso del gobierno Santos para apuntalar la economía
extractiva en Colombia ha venido acompañada de la
descalificación de la minería ilegal, no sólo por ser insegura y
carecer de cualquier normativa laboral, medioambiental, entre
otras, sino también porque de ella se financian los actores
armados. Si bien, los actores ilegales usufructúan rentas de la
minería, así como lo harían durante mucho tiempo de la extorsión
a las multinacionales petroleras, lo cierto es que en muchas
regiones la pequeña minería es el medio de subsistencia de miles
de campesinos, de tal manera que generalizar el problema de la
pequeña minería y construir todo un discurso que prepare el
escenario para la gran minería.
Aunque todavía no se ha esclarecido de manera concluyente la
forma en que la explotación de recursos naturales y el crecimiento
económico en el que se traduce tiene impactos positivos o
negativos para el desarrollo y en el conflicto armado, la hipótesis
más plausible es aquella que indica de que se trata de un problema
institucional e histórico. Es decir, que los resultados positivos o
negativos que pueda tener la explotación de recursos naturales
están relacionados con la calidad y el tipo de instituciones
políticas, sociales y económicas particulares en que tiene lugar.
Con respecto a la captura de este tipo de rentas por parte de los
actores armados, cabe anotar que no se trata de un fenómeno
nuevo. Una de las banderas del ELN ha sido la defensa de los
recursos naturales y con esa consigna se financiaron durante
décadas. De tal manera que la captura de rentas por parte de los
actores armados hace parte no sólo de un problema económico,
sino también a su vez, de un problema político. Pretender desligar
el uno del otro conlleva el craso error de caer en una lectura moral
de los fenómenos sociales.
En el caso colombiano, la interacción entre las grandes
explotaciones de recursos naturales y la dinámica del conflicto
armado revela cambios importantes que se deben tener en cuenta
y que pueden contribuir al esclarecimiento de las distintas formas
en que uno y otro interactúan. En efecto, las explotaciones a gran
escala de recursos naturales como los enclaves mineros y
petroleros en muchas regiones y localidades del país reestructuraron el conflicto armado y sus manifestaciones
violentas, toda vez que ha significado no solo una avidez de
rentas de los grupos armados de distinto signo al pretender
capturar recursos como las regalías para su financiamiento, sino
también porque han generado un entorno favorable a nivel
subnacional para que estos grupos adelanten labores de
regulación social y política en un contexto donde la
institucionalidad local presenta fallas. En este sentido, la
emergencia de los espacios locales en los que confluyen un
multiplicidad de actores con intereses políticos y económicos
diversos, se han configurado como un lugar en el que los grupos
armados cumplen distintas funciones: dirimen disputas,
garantizan el cumplimiento de los arreglos sociales, se insertan
en pactos encaminados al desfalco del erario público, eliminan la
protesta social, etc.
4.3 Luchas sociales en Colombia relacionadas con
actividades extractivas de oro y carbón, 2000-2011
La tendencia de la movilización social en Colombia se
incrementa como resultado de la creciente inversión extranjera
para la extracción minera. Si comparamos el cuadro de IED y el
cuadro de luchas sociales podemos afirmar que, en la medida que
crece la inversión extranjera aumentan la movilización social.
Las luchas sociales expresan de igual manera la relación que
existe con el sector minero-energético: las luchas en defensa de
los territorios étnicos y en contra de la presencia de
multinacionales y protagonizadas tanto por indígenas y afros,
como por un amplio espectro de sectores sociales, solidarios con
sus causas; los trabajadores asalariados de empresas nacionales y
multinacionales dedicadas a la extracción, seguidos por mineros
artesanales que tras la expedición del Código Minero ha sido
blanco de persecuciones y criminalización; se destacan las
movilizaciones por motivos ambientales referidos al manejo y
destrucción de recursos naturales, a la contaminación, riesgos y
desastres ocasionados por actividades de explotación minera.
Durante los dos mandatos del gobierno Uribe se consolidó la
economía extractiva y agroindustrial como una alternativa al
desarrollo. El nuevo gobierno, los gremios y las multinacionales
se han aglutinado alrededor de este discurso, y si bien esta opción
puede sumar puntos del PIB nacional, no sin debates y
discusiones sobre el tema, a nivel regional, comunidades de
En la base de datos de luchas sociales del CINEP encontramos,
para el periodo señalado, 104 luchas sociales asociadas a
actividades mineras de carbón y oro, cuya trayectoria se muestra
en la gráfica 6.
-66-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
Fuente: Base de Datos de
luchas sociales, Sistema de
información General, SIG,
CINEP/PPP
A lo largo del periodo se presentaron 52 luchas vinculadas a la
extracción de carbón, 42 relacionadas con la del oro y 10 en las
que los manifestantes se expresaron contra los proyectos de las
multinacionales.
crudo, con un 17.6%; gas natural, con 6.4%; carbón, con el 2.2%;
minerales metálicos con el 1.8% y los no metálicos con el 1.6%49.
Salvo en los años 2000 y 2002, durante el periodo observado se
registraron protestas relacionadas con la actividad extractiva de
carbón, que presentan un incremento sostenido entre 2006 y 2009
y en 2010, su número es idéntico al de 2009, pero es superado por
el número de acciones colectivas relacionadas con extracción de
oro.
En 2002 no se registraron luchas sociales relacionadas con estas
actividades extractivas pero, a partir de 2006 –un año después del
inicio del crecimiento inusitado del sector minero–, aumenta el
número de protestas, llegando a su máximo pico en 2010, cuando
las exportaciones del país crecieron 21% respecto al año anterior,
el 59% de ellas correspondió al sector minero, y dentro de éste,
las exportaciones de petróleo representaron el 70.24% y las de
carbón el 25.63%. Dentro del sector de minas y canteras, los
subsectores con mayor crecimiento en el 2010 fueron petróleo
De 2008 a 2011 se han presentado protestas en contra de la
megaminería asociadas a la defensa de territorios étnicos, en
contra de la presencia de multinacionales en ellos, y
protagonizadas tanto por indígenas y afros, como por un amplio
espectro de sectores sociales, solidarios con sus causas.
49. Velásquez, Héctor, “La minería en Colombia: una locomotora sin vagones para el trabajo decente”, en www.ens.org.co.
-67-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
Los protagonistas de estas luchas han sido mayoritariamente
trabajadores asalariados de empresas nacionales y multinacionales
dedicadas a la extracción, seguidos por mineros artesanales que tras
la expedición del Código Minero ha sido blanco de persecuciones y
criminalización. Los grupos étnicos han venido reclamando desde
la década de los 90, el respeto a sus territorios colectivos y a su
cultura, arrasados por la exploración y explotación minera, que ha
desconocido el mandato legal de la consulta previa en la mayoría de
casos, y por la construcción de megaobras de infraestructura
requeridas para el transporte y embarque de la producción de este
sector. Los pobladores urbanos también han expresado pública y
colectivamente su voz de protesta en contra de la megaminería y,
por último, campesinos desposeídos por proyectos mineros han
participado en las protestas en su contra, en proporciones que se
muestran en las gráficas 7 y 8.
previos. En segundo lugar, destacan los motivos ambientales
referidos al manejo y destrucción de recursos naturales, a la
contaminación, riesgos y desastres ocasionados por actividades de
explotación minera. En tercer lugar, están las movilizaciones y
huelgas protagonizadas por asalariados del sector de minas y
canteras, por pliegos laborales no dirimidos en mesas de
negociación con los empresarios. Las protestas motivadas por la
violación de derechos las encabezan aquellas que exigen el
derecho a la vida, la integridad y la libertad, seguidas por las que
reclaman el respeto a los derechos étnicos e interculturales y los
derechos económicos y sociales, particularmente el derecho a un
trabajo digno y el derecho a sindicalizarse.
La mitad de las protestas registradas en el periodo han tenido como
adversario a empresas privadas, sean éstas nacionales o
multinacionales, seguidas por el ejecutivo nacional y sus diversas
instancias, y por los gobiernos municipales, en muchas ocasiones,
ejecutores directos de políticas públicas y órdenes judiciales que
afectan a sectores sociales de su jurisdicción. La distribución
porcentual de los adversarios se muestra en la gráfica 9.
En la distribución de los motivos de las protestas a las que nos
referimos (expresadas en la gráfica 8) sobresalen los
incumplimientos de pactos: retenciones salariales, violaciones de
normas laborales (seguridad social, seguridad industrial),
violaciones a la consulta previa e incumplimiento de pactos
2000-2011
2000-2011
-68-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
Las luchas que estamos analizando se concentran en municipios donde se llevan a cabo estas dos actividades extractivas pero algunas han tenido lugar
en puntos geográficos que, sin ser productores, son afectados por actividades complementarias, tales como, el transporte o embarque (particularmente
de carbón por la estela de contaminación que dejan) o en capitales departamentales donde se han realizado manifestaciones de protesta en el marco de
foros, audiencias públicas y congresos cuya temática ha girado en torno a los problemas derivados de tales actividades. En la gráfica 10 se muestra la
participación departamental en las luchas alrededor del oro, el carbón o contra megaminería.
y recordó que el 14 de julio de 1977 hubo otra, en las minas El
Silencio y Villa Diana, propiedad de Industria Hullera S.A, que
dejó un saldo de 140 muertos (El Espectador, 17 de junio de 2010).
Tal vez, los dos accidentes laborales en minas colombianas con el
mayor número de muertos. Mientras se realizaban labores de
rescate de los cuerpos sin vida, los directivos de Carbones San
Fernando S.A afirmaron que la mina contaba con las condiciones
de seguridad y de higiene minera, que los niveles de gases estaban
dentro de los rangos normales permitidos, y que durante el último
semestre habían tenido tres visitas de inspección de la Secretaría de
Minas de la Gobernación de Antioquia, y el 9 de junio, Ingeominas
realizó la última revisión. Si esta tragedia ocurrió en una mina que
cumplía con las condiciones de seguridad laboral de ley, qué
podría acaecer en la mayoría de minas de extracción de carbón de
socavón que carecen de ellas. Un informe de la revista Semana de
junio de 2011 aseguró que entre enero y mayo de este año ya iban
62 mineros muertos en accidentes de trabajo en pequeñas minas
(“A todo vapor”, en Semana.com. 25 de junio de 2011). Esta
explosión del socavón de San Fernando también sacó a la luz el
drama que viven los mineros de la cuenca del río Sinifaná (que
abarca los municipios de Amagá, Titiribí, Fredonia, Angelópolis,
Heliconia y Valencia, donde se calcula que hay unas 250 pequeñas
minas sin título legal que producen, el 70% del carbón de la cuenca
y constituyen la mayor fuente de empleo de la región.
4.3.1 Algunos casos de luchas sociales relevantes
En relación con las luchas sociales, resaltaremos algunos casos
asociados a la explotación del oro y otros relacionados con la
explotación del carbón (véanse anexos).
En el departamento de Antioquia se registró la mitad de las luchas
vinculadas a la extracción de oro en el país, que se presentaron en
los municipios de Segovia, Remedios, Guadalupe, Anorí, Amalfi;
Zaragoza, Caucasia; Nechí, El Bagre y, desde enero de 2009, en
Murindó, en límites con Chocó. En el municipio de Amagá se
concentran las protestas vinculadas al carbón. Las protestas
ocurridas en Segovia merecen atención dado que en este municipio
se concentró el 28% del total de luchas alrededor de la minería
aurífera y el adversario tanto de empleados como de mineros
ilegales y artesanales fue, hasta 2010, la empresa Frontino Gold
Mines. Luego sería la Medoro Resources y la Zandor Capital, una
de sus filiales en Colombia.
Los siguientes casos se refieren a la extracción de carbón50 en
Amagá (Antioquia), Cesar y La Guajira: El primero, se relaciona
con la falta de seguridad industrial que caracteriza buena parte de
la actividad minera de carbón en el país. El 16 de junio de 2010 se
produjo una explosión por acumulación de gas metano en un
socavón de la mina San Fernando 51 en Amagá, que dejó 73 muertos
50. “Colombia ocupa el quinto lugar entre los países exportadores de carbón y posee la segunda mayor reserva de carbón en Latinoamérica” (Julio Villarreal Navarro, citado por Héctor Velásquez, op.
cit.).
51. Este no fue el primer accidente en la misma mina: el 14 de junio de 2006, se presentó una explosión que dejo un muerto y 29 heridos. El 11 de noviembre de 2008, otra explosión hizo que la mina San
Fernando se llenara de agua. Hubo cinco mineros muertos aplastados por el agua, el lodo y las piedras. El 2 de abril de 2009, cinco mineros quedaron atrapados por un derrumbe en la mina El Silencio y
fueron rescatados con vida. Otros accidentes fatales en minas de carbón: el 1° de septiembre de 2005, tres mineros murieron por asfixia, al inhalar monóxido de carbono, en una mina de la vereda La
Florida, Amagá, en límites con Angelópolis. El 6 de agosto de 2009, en Fredonia, nueve personas fallecieron por una explosión en la mina El Bloque. El hecho enlutó también a Amagá, donde residían
varias víctimas (El Colombiano.com, 19 de julio de 2010).
-69-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
En el segundo caso, las luchas sociales relacionadas con la
extracción del carbón en el departamento del Cesar ascienden a 23
en el periodo de estudio. Ocurrieron en los municipios de El Paso,
La Jagua de Ibirico52, Chiriguaná, Becerril y Valledupar, y fueron
protagonizadas por asalariados activos y jubilados de empresas
formales, en contra de la Drummond, Carbones La Jagua de
Ibirico, Consorcio Minero La Francia, Consorcio Minero del
Cesar, Caves GHL (empresa contratada por la Drummond para dar
alimentación a sus trabajadores), Ferrocarriles del Norte
(transporta carbón de la Drummond, desde La Loma al puerto de
embarque de Ciénaga, Magdalena) y contra grupos paramilitares.
Los motivos de las protestas fueron pliegos no dirimidos por las
empresas (que contemplaban, además de alza de salarios,
vinculación indefinida directa y no a través de CTA,
procedimientos de sanciones, salud ocupacional53, seguridad
industrial, jornada de ocho horas e inversión social de la empresa
en la región); demandas de estabilidad laboral (contra despidos de
trabajadores, particularmente directivos sindicales en épocas
previas o posteriores a la negociación de pliegos); accidentes de
trabajo por falta de seguridad industrial, contra cierre de empresas
y despido de todo el personal sin haber sido indemnizados ni
pagadas sus acreencias (caso de Consorcio Minero del Cesar,
operadora de la canadiense Coalcorp, en agosto de 2009).
Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal. Durante
2004, la población del corregimiento de Palermo, municipio de
Sitio Nuevo, animados por lo que consideraban como una
oportunidad para salir de la desocupación y el atraso de la región
(argumento esgrimido por las emergentes elites regionales), se
manifestó para apoyar el proyecto de la Sociedad Portuaria para
construir un puerto multipropósito para la exportación de carbón y
otros minerales, en pleno Parque Natural Isla de Salamanca,
protegido por la Convención sobre los Humedales de Importancia
Internacional (Convención Ramsar), ubicado en tierras que antes
habían pertenecido a los desplazados de Sitio Nuevo y, en ese
momento, un proyecto que carecía de plan de mitigación
ambiental.
En el cuarto caso, en el departamento de La Guajira, donde está El
Cerrejón, una inmensa mina a cielo abierto de carbón, se
registraron 9 luchas relacionadas con la extracción de este mineral.
El principal adversario de estas protestas fue Carbones El
Cerrejón55, y dos de ellas se hicieron en contra de grupos armados
irregulares. Tres luchas fueron protagonizadas por indígenas y el
resto por los trabajadores de la mina que demandaron, a través de
pliegos petitorios, alza en los salarios, pensión especial anticipada
a los trabajadores por el alto riesgo de su actividad, atención a
enfermedades profesionales, entrega de medicinas, rehabilitación
a incapacitados por parte de la ARP del Instituto de Seguros
Sociales, auxilio convencional a enfermos especiales, incentivos
para la educación de los hijos de los trabajadores, debido a la
precaria cobertura, tanto de enseña secundaria como de
universitaria en el departamento de La Guajira, mejoras en las
condiciones laborales de contratistas y garantías socioambientales
a comunidades asentadas alrededor de la mina.
La International Labor Rights Fund, junto con United Steel
Workers Union demandó a Drummond, Coca Cola y Occidental
Petroleum, por nexos con los paramilitares y por usarlos para
intimidar y asesinar a los líderes sindicales (Voz, 4 de junio de
2001). Este caso da indicios de la relación entre multinacionales y
paramilitarismo en Colombia54.
En el tercer caso, en el departamento de Magdalena, hubo 12
luchas sociales. En su mayoría estuvieron relacionadas con la
contaminación de las playas que causa el transporte del mineral
hacia el puerto de embarque de Ciénaga (propiedad de la
Drummond) que fueron protagonizadas por trabajadores y sus
familiares, empleados hoteleros amenazados por el cierre de sus
fuentes de empleo y pescadores que denunciaban la mortandad de
peces por falta de oxígeno a causa de la capa de polvillo de carbón
que caía a diario sobre zonas de pesca. En febrero de 2009, hubo
una huelga en Compass Group Proveemos, una CTA constituida
por mujeres que dan alimentación a 1.500 trabajadores de
Drummond en el puerto de embarque Ciénaga, en protesta por la
precarización de su labor, acoso laboral y sexual, más de 20
despidos, y la negativa de negociar descuento de cuotas sindicales.
Las mujeres fueron apoyadas por el Sindicato Nacional de
Esta historia reciente de Carbones El Cerrejón y sus trabajadores
también tiene manchas de sangre caídas en décadas anteriores.
4.4 El boom minero frente a la política de tierras: articulación
del extractivismo
Una de las dificultades que encuentra la 'locomotora minera' para
su pleno desarrollo es la claridad sobre los derechos de la
propiedad de la tierra en Colombia. Tal como ha sido señalado por
diferentes instancias, la informalidad de la estructura de tenencia
de la tierra en Colombia puede considerarse como un problema
para garantizar la seguridad jurídica de las iniciativas que quieran
desarrollarse sobre ella. Esta situación ha sido ratificada por el
52. Vendida a mediados del periodo a la trasnacional suiza Glencore A G, que ya había comprado Carbones El Caribe y también era dueña de explotaciones en Cerrejón, La Guajira.
53. En octubre de 2010, la Asociación de enfermos y despedidos de la empresa transnacional Drummond Ltda (Asotredp), realizó una protesta frente al Ministerio de la Protección Social en Bogotá, por
la grave situación de salud por la que atraviesan 320 trabajadores que laboran en la mina en el Cesar y 240 del puerto en Ciénaga, Magdalena, todos ellos con enfermedades profesionales, debido a la
actividad que desarrollan en los frentes de trabajo, en los cuales no hay la protección adecuada para evitar esta catástrofe en la salud, pese a que las comunicaciones de la empresa manifiestan que allí
reina una total asistencia y prevención en la salud de los trabajadores. Además, fueron despedidos 150 trabajadores enfermos en la mina, 85 en el puerto y en accidentes de trabajo han fallecido 16
trabajadores en 15 años de la explotación minera de esta empresa (www.usofrenteobrero.org 14 de octubre de 2010).
54. Sobre relaciones del paramilitarismo y la extracción de carbón en algunos municipios de Cesar, ver el anexo “Instituto Colombiano de Desarrollo Agropecuario... ¿O Minero? Una ola de terror
antecedió al nuevo auge de la minería en el Cesar”, al final de este artículo.
55. Hasta fines del siglo XX la empresa funcionó como International Corporation (Intercor), bajo contrato con Carbocol (empresa industrial y comercial del Estado que funciona como sociedad
anónima). En noviembre de 2002, el gobierno vendió sus acciones a Cerrejón Norte, propiedad de un consorcio angloamericano que tiene asiento en el Reino Unido y República Sudafricana, de la BHP
Billiton (Reino Unido y Australia) y de Glencore International, dueños también de las minas de Cerrejón Sur. Luego de que Carbocol vendiera sus acciones a empresas privadas, en 2002 la
norteamericana Intercor procedió a vender las suyas a la Anglo American Billinton y a la suiza Glencore. En 2011, la empresa Carbones El Cerrejón pertenece a BHP Billiton (angloaustraliana), Anglo
America (anglosurafricana) y Xtrata (subsidiaria de la suiza Glencore).
-70-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
reciente informe del PNUD en el cual se analiza la preocupante
situación de desactualización de los sistemas de información sobre
los predios rurales en Colombia, según los datos del IGAC: “de los
predios registrados en todo el país en el año 2009, el 52,8% estaban
actualizados, el 44,3% desactualizados y el 2,9% no tenían
formación catastral”56.
De igual forma, las posibilidades reales de la restitución de tierras
frente a los alcances de la política minera del actual gobierno
podrían ser limitados. Si bien se pueden restituir derechos sobre
el suelo, el Estado ha reservado para sí la propiedad del subsuelo
y la posibilidad de concesionar su explotación a quien considere
conveniente. De esta forma pueden resultar incompatibles los
propósitos de la restitución material de tierras con las amplias
concesiones mineras que el Estado ha otorgado en los últimos
años, y que planea continuar otorgando para impulsar el
extractivismo minero.
Este es un problema estructural del sistema de tenencia de la
tierra en Colombia. La informalidad genera un problema de
seguridad jurídica de los derechos sobre las tierras, no solo para
los campesinos y demás pobladores rurales, sino también de los
grandes inversionistas en proyectos que necesitan tener claridad
sobre estos derechos. En este punto pueden observarse aspectos
de articulación entre la política de extracción minera y la política
agraria y de tierras en Colombia. La primera necesita que la
segunda clarifique y formalice los títulos y los derechos de
propiedad sobre las tierras con el propósito de que las inversiones
que se generen no se vean afectadas por la inseguridad jurídica en
el sistema de tenencia de la tierra.
La relación parece mucho más clara en lo relativo a la proyecto de
ley de tierras y desarrollo rural. Las propuestas del gobierno en
este punto facilitan la articulación de un proyecto de economía
extractiva en el sector agrícola, con el proyecto de economía
extractiva en el sector minero, comprendiendo al extractivismo
como un modelo de explotación en el cual prima la extracción de
recursos naturales no renovables57.
En este sentido, en la propuesta de política rural del Gobierno existen
figuras como el derecho real de superficie que desintegra los diferentes
componentes y características del derecho de propiedad. De esta
forma, así como el Estado se reserva para sí la propiedad del subsuelo,
independientemente de quien sea el propietario, poseedor o usuario de
las tierras; el derecho de superficie permite configurar a favor de un
tercero un derecho de uso de los suelos, independientemente de quien
sea el propietario de las tierras.
De esta forma, en la política de tierras hay que tener en cuenta dos
iniciativas que tendrían que ser analizadas a la luz del modelo de
extractivismo minero. La primera, la ya aprobada Ley de
Víctimas y de Restitución de Tierras, y la segunda, el proyecto de
Ley de Tierras y de Desarrollo Rural, cuyo contenido aún no ha
sido publicado de forma íntegra por el Gobierno, pero se ha
podido conocer en la medida en que han circulado en las
organizaciones indígenas y afrocolombianas, instituciones
académicas y centros de investigación algunos documentos, en el
marco del proceso de preparación de la consulta previa que se
adelanta con estas instancias.
El derecho real de superficie puede facilitar el acceso a grandes
extensiones de tierra para el desarrollo de proyectos
agroindustriales, tal como ha sucedido en el Cercado Brasileño. El
ministro de Agricultura ha señalado que este es el modelo a seguir
en la Orinoquía, en el cual la producción agroindustrial se ha
logrado encadenar con la participación de los campesinos y
campesinas. Sin embargo, aunque el modelo del Cercado es un
éxito en materia de crecimiento económico y comercial, ya que
convirtió a Brasil en el segundo exportador más grande de soya y
uno de los más grandes productores de azúcar, está lejos de cumplir
el propósito de la desconcentración de las tierras.
En cuanto a la ley de víctimas y de restitución de tierras hay que
preguntarse por los alcances reales de la misma en cuanto a la
promoción de la economía campesina y la restitución material de
las tierras. Ciertas figuras y disposiciones que contiene esta
norma, como los contratos de uso o la protección de derechos a
terceros de buena fe, pueden derivar en un proceso de
formalización de los procesos de concentración y despojo de
tierras, que tenga en cuenta el pago de la indemnización y de la
reparación económica a las víctimas. Este escenario, que sería el
menos favorable para la garantía de los derechos de las víctimas,
implicaría que la restitución de tierras se configura en un proceso
formal, que facilita la clarificación y formalización de los
derechos de propiedad de los predios rurales en Colombia, y que
reduce los costos de transacción del mercado de tierras. La
consecuencia de este escenario es que no se produciría una
transformación de la estructura concentrada de la tenencia de la
tierra en Colombia y no ofrecerían alternativas para la
dignificación de los campesinos y sus modos de vida.
El derecho real de superficie puede facilitar el acceso a grandes
extensiones de tierra para el desarrollo de proyectos
agroindustriales, tal como ha sucedido en el Cercado Brasileño. El
ministro de Agricultura ha señalado que este es el modelo a seguir
en la Orinoquía, en el cual la producción agroindustrial se ha
logrado encadenar con la participación de los campesinos y
campesinas. Sin embargo, aunque el modelo del Cercado es un
éxito en materia de crecimiento económico y comercial, ya que
convirtió a Brasil en el segundo exportador más grande de soya y
uno de los más grandes productores de azúcar, está lejos de
cumplir el propósito de la desconcentración de las tierras. Además,
56. PNUD Colombia, Colombia rural: razones para la esperanza. Informe de Desarrollo Humano 2011, p. 194.
57. Alayza A. y Gudynas, E., Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en Perú, Lima, CLAES – RedGE, 2011.
-71-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
en tiempos de la crisis energética, cualquier modelo agrícola que
esté sustentado en el alto consumo de combustibles fósiles está
destinado al fracaso.
decir, surgen una serie de preguntas sobre los distintos actores y
factores de violencia, cuya continuidad suscita interrogantes en
torno a la real eficacia de la estrategia implementada.
De tal forma, las regiones que no son altas para la explotación
minera, entre ellas particularmente la altillanura, serán
destinadas al extractivismo agrícola y viceversa. El marco
normativo a partir del cual se configura la política de tierras
brinda elementos que permiten comprobar esta tendencia. Bien
sea minero, agrícola o forestal, se consolida para Colombia una
nueva versión, esta vez moderna, del modelo extractivista.
De acuerdo con los estudios de ODECOFI, los nuevos escenarios
de confrontación se caracterizan por el repliegue de las FARC
hacia zonas periféricas de retaguardia como en el sur del Tolima,
el norte del Cauca, y, más recientemente en las economías
cocaleras del andén pacífico, retornando a la lógica de la guerra
de guerrillas, y centrado en realizar ataques indiscriminados
contra la infraestructura y la población civil. Por otra parte, a
reconfiguración del fenómeno paramilitar; la amplia
desmovilización promovida por la administración Uribe entre
2003 y 2006 no garantizó el desmonte de las estructuras de poder
económico y político subyacentes al paramilitarismo. Por tanto,
lo que se generó al culminar el proceso de desmovilización ha
sido el inicio de una nueva fase paramilitar, que está mostrando
un preocupante incremento en su responsabilidad en las
infracciones que tiene como víctimas los defensores de derechos
humanos, los reclamantes de tierras, líderes sociales de distintos
sectores. Las acciones tanto de la insurgencia como los
paramilitares en esta nueva fase y su funcionamiento depende de
la situación de cada región o localidad, relacionado con el
negocio del narcotráfico haciendo que los grupos se
recompongan en forma aleatoria y hagan alianzas según los
intereses y situaciones de cada región (González, F. 2011: 9).
4.5 Política de seguridad y violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario en
relación con el sector minero-energético
El gobierno Santos ha lanzado públicamente su “política integral
de seguridad y defensa para la prosperidad” (PISDP). Con ello se
busca hacer realidad la política de seguridad de esta
administración que tiene como propósito la detención definitiva
del reloj de la violencia en Colombia y la neutralización oportuna
de cualquier amenaza que emerja en el ámbito nacional, de forma
tal que se puedan alcanzar condiciones de seguridad óptimas para
garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional
(Ministerio de Defensa Nacional, 2011a:12).
En este marco perdura un alto gasto destinado a seguridad y defensa
muy similar al promedio de los últimos 8 años (3.64% del PIB).
Para 2010, el recurso destinado fue 3.7 % y para 2011, 3.5%.
Mantiene prácticamente el pie de fuerza alcanzado durante la
administración Uribe Vélez (Ministerio de Defensa Nacional,
2011b: 65) y se busca reforzar la capacidad militar de la Fuerza
Pública. Es decir, la apuesta en materia de seguridad, por ahora,
mantiene la misma línea de su antecesor de cara a alcanzar la
“Prosperidad Democrática”. Ahora bien, no obstante el descenso
en los niveles de violencia y conflicto armado entre 2002 y 2006
(ver Anexos: Gráfico 1), la seguridad es un tema no resuelto cuando
se constatan los niveles de homicidios, de confrontación bélica (en
particular por las FARC) y de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (en particular por los “nuevos” paramilitares). Es
Podemos afirmar que esta situación aplica para explicar la
relación que hay entre violación de derechos humanos y el
modelo de extracción sustentado en el sector minero-energético
y, como ocurre con las luchas sociales, hay una relación directa
entre el incremento de la inversión extranjera y la violación de
derechos humanos y DIH. Como resultado de la política de
seguridad se estima que el 88% de las violaciones a los derechos
humanos ocurre en el 34% de los municipios colombianos que
tienen industria minero-energética, 87 de cada 100 desplazados
forzados proviene de estas zonas. El cuadro 6 presenta un
resumen sobre casos de violencia política e infracciones a los
derechos humanos y al DIH (véase anexo 3) que tuvieron lugar en
el período 2001-2011:
Cuadro 6: Violación de derechos humanos y DIH, 2001-2011
Fecha
Departamento /
Municipio
Presunto
responsable
Violencia político-social y violaciones a DDHH y DIH
Sepiembre
13/2001
Caldas/
Marmato
Sin información
Junio
1/2004
Antioquia/
Segovia
Policía
Diciembre
13/2004
Bolívar/
Santa Rosa del Sur
Febrero
16/2005
La Guajira/
Riohacha
Paramilitares
FARC-EP
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por persecución política
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención arbitraria por persecución política
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo amenazado por persecución política
Colectivo desplazado forzado por persecución política
POBLACIÓN MINERA
INFRACCIONES AL DIH
Bienes civiles
-72-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
Abril
29/2006
Marzo
22/2008
Agosto
22/2008
Cesar/
El Paso
La Guajira/
Riohacha
Cauca/
Suárez
Enero
21/2009
Antioquia/
Murindó
Julio
14/2010
Atlántico/
Barranquilla
Mayo
31/2011
Junio
8/2011
Junio
19/2011
Huila/
Campoalegre
Risaralda/
Dosquebradas
Bolívar/
Barranco de Loba
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo amenazado por persecución política
SINTRAMIENERGETICA
FUNTRAENERGETICA
Policía
Estado
colombiano
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E
INFRACCIONES AL DIH
Ejecución extrajudicial por persecución política
Tortura por persecución política
Homicidio intencional persona protegida
Colectivo amenazado por persecución política
SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA
Policía
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo amenazado por persecución política
Colectivo amenazado
MINEROS ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE
SUÁREZ
FAMILIARES DE LOS MINEROS ARTESANALES DEL
MUNICIPIO DE SUÁREZ
Ejército
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo amenazado por persecución política
Infracción contra el medio ambiente
Bienes indispensables para la supervivencia de la población
COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA
COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE
Sin información
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Herido por persecución política
Sin información
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Amenaza por persecución política
Colectivo amenazado por persecución política
POBLADORES SEBORUCO Y EL RINCON
Sin información
VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL
Asesinato por persecución política
Paramilitares
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E
INFRACCIONES AL DIH
Ejecución extrajudicial por persecución política
Homicidio intencional persona protegida
Colectivo desplazado por persecución política
Tal vez el impacto con mayor potencial de conflicto es aquel que se
genera alrededor de la afectación de las fuentes hídricas, sean estas
superficiales o subterráneas y/o la contaminación producto de
residuos sólidos peligrosos. En este tipo de conflicto intervienen
como actores, la comunidad afectada directamente, la empresa
minera y la autoridad ambiental a quien corresponde definir las
solicitudes de concesiones de aguas, regular y vigilar el uso e
intervención de acuíferos. En la medida en que en estos casos se
afectan intereses colectivos y que las autoridades ambientales
reaccionan con extremada lentitud a los reclamos de la comunidad,
este tipo de conflictos suelen derivar en acciones
4.6. Caracterización de conflictos
4.6.1 En la exploración
Es inevitable, dadas las características de la intervención
empresarial y las deficiencias que presentan los organismos de
control ambiental en el país, que los impactos ambientales y
sociales en la etapa de exploración se traduzcan muy rápidamente
en situaciones de conflicto entre las empresas contratistas y la
población del área de influencia.
-73-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
de hecho como la destrucción de infraestructura y equipos,
bloqueos de vías etc., lo cual en forma recurrente conduce a
enfrentamientos de la comunidad, con la fuerza pública.
cooptados por empresas multinacionales delega a la lógica del
“profit” de las empresas multinacionales el destino de familias y
tejidos sociales completos que han desaparecido sin figurar
siquiera en las estadísticas de las entidades defensoras de
derechos humanos. El caso de la población de Tabaco en la
Guajira, que fue desalojada de su hábitat en forma violenta,
ilustra con claridad estos procesos. “ A Tabaco se lo fumaron”, es
el decir de la gente.
Se trata de conflictos “multipartes” (Galtung, 2001), que en su
mayoría podrían ser “transformados” o resueltos por la vía del
diálogo estructurado. Los conflictos que afectan de forma
individual y diferenciada a los integrantes de la comunidad por
las actividades exploratorias, a pesar de que no se expresan de
forma colectiva, como son las recurrentes reclamaciones de
campesinos por daños a la propiedad o generación de residuos
ordinarios y basuras en los predios en los cuales se efectúan los
trabajos, etc., contribuyen a la generación de un clima de rechazo
y hostilidad por parte de la comunidad frente a las actividades de
la empresa. Lograr una solución y /o compensación adecuada
para el afectado individualmente, resulta mucho más difícil que
en aquellos casos en los cuales existe una exigencia colectiva. La
generación de empleo o el incremento de la demanda por bienes y
servicios, no logran “equilibrar” ese malestar colectivo, ya que la
incidencia de estos factores en la etapa de exploración no alcanza
a ser significativa. Por el contrario, las prácticas de adjudicación
de los pocos y precarios empleos que demandan los contratistas,
generan conflictos internos en la comunidad, o de esta con
poblaciones migrantes que llegan con experiencia de otros
enclaves extractivos y compiten por el empleo.
En el caso de que el reasentamiento no corresponda a una
necesidad de las empresas mineras, suele ocurrir que este proceso
se prolonga indefinidamente (en algunos casos esta situación se ha
prolongado durante casi 10 años), lo que implica que se suspenden
las acciones y proyectos por parte de los municipios, a la vez que
se incrementa significativamente el flujo de inmigrantes con fines
especulativos. En este escenario se deteriora enormemente la
calidad de vida de la comunidad y se agudizan todo tipo de
conflictos internos.
b. Los conflictos por el territorio: es común que en las zonas de
influencia donde se llevan a cabo o se pretenden desarrollar este
tipo de proyectos, habiten comunidades indígenas y afrodescendientes que se ven afectadas por los impactos de todo
orden sobre su hábitat y el conjunto de sus relaciones sociales.
Con la firma del convenio 169 de la OIT, Colombia se
compromete a exigir la realización de una “consulta previa, libre
e informada” a las comunidades afectadas en su territorio, como
uno de los requisitos para otorgar la licencia ambiental que
permite desarrollar la actividad de explotación minera. De
acuerdo a la norma, corresponde al Ministerio del Interior
coordinar estas consultas, pero en la medida en que la legislación
en este caso también es imprecisa (no se define con claridad,
cómo y a quién se debe consultar y tampoco se precisa que ocurre
en el caso de que el resultado de la misma sea contrario al
proyecto), este requisito se ignora o es adelantado a su
conveniencia por las empresas lo cual genera conflictos
adicionales, al conflicto por el territorio de cuya existencia
depende la supervivencia étnica y cultural de las comunidades
afrodescendientes e indígenas.
4.6.2 En la explotación
A diferencia de la etapa de exploración, las actividades de
explotación minera de oro y carbón, como se puede deducir de
sus múltiples y complejos impactos ambientales, económicos y
sociales, generan un escenario de conflictividad socio-ambiental
de alta complejidad, caracterizado por una multiplicidad de
actores (“multipartes”) y en muchos casos conforman y/o
evolucionan a los llamados “Meta-conflictos” (Galtung), es decir
conflictos cuya “transformación” ya no depende únicamente de
los actores directamente involucrados. Nos referiremos aquí a los
conflictos específicos que consideramos de mayor relevancia:
a. Las explotaciones de oro y carbón en su modalidad de “cielo
abierto” pueden implicar por diversas razones el
“Reasentamiento involuntario” de la población de veredas,
corregimientos y en algunos casos municipios completos. Estos
procesos, a pesar de tratarse de un tipo de intervención que incide
de forma determinante en el presente y futuro de toda una
comunidad, en el país no están reglamentados por ley alguna y su
ejecución y financiación es delegada por el Ministerio del Medio
Ambiente a las empresas mineras. A falta de una legislación clara
que garantice los derechos de las comunidades a reasentar, el
ministerio invoca las normativas de las CFI58 (Banco Mundial),
que además de ser muy generales, no son vinculantes. Un estado
débil y no en pocas oportunidades representado por funcionarios
c. Los conflictos por la tierra y la propiedad inmobiliaria
Una vez se difunde en la región la existencia del proyecto de
exploración y/o explotación minera se produce, por efectos
especulativos, un incremento importante de los precios de la
tierra y los bienes inmobiliarios en la zona de influencia del
proyecto. Muy rápidamente se inician procesos conflictivos por
el acceso a la propiedad, que se agravan en aquellos lugares
donde existen relaciones de propiedad de hecho o tierras
comunales etc. Es recurrente el fenómeno de enfrentamientos
violentos por la tierra y la propiedad inmobiliaria en general en el
entorno de estos proyectos, que se suman y actúan de forma
sinérgica con las otras fuentes de conflicto.
58. Manual para la preparación de un plan de Reasentamiento. CFI. 2002
-74-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
adecuados para evaluar la magnitud de los impactos y /o, la
capacidad de gestión para exigir ante las autoridades ambientales
la protección que les corresponde.
d. Competencia con la pequeña y mediana minería informal
La posibilidad de la iniciación de un proyecto de gran minería
(Carbón: >800.000 Ton. de mineral, Oro: > 2.000.000 Ton. de
material removido/año) cuestiona la existencia de la pequeña y
mediana minería y con ello el conjunto de relaciones económicas
y sociales construidas en su entorno. En el caso específico del oro
estos proyectos aglutinan en su contra un conjunto de otros
actores (pequeños y medianos propietarios o poseedores de
minas, sus trabajadores, sus proveedores de explosivos, insumos
y herramientas, transportadores y comercializadores del mineral)
que ven en peligro la continuidad de su actividad económica, que
en muchas oportunidades no cumple con las exigencias legales
en términos ambientales y laborales. Este escenario se complica
aún más si se tiene en cuenta que la minería informal recurre al
comercio de explosivos artesanales y/o adquiridos de forma
ilícita y que además es un sector que permite, a través de la
comercialización del oro, el lavado de dineros procedentes del
narcotráfico.
4.7 Respuestas de las organizaciones
4.7.1 Minería artesanal vs. Minería ilegal.
La minería ancestral es parte de la historia de muchos pueblos en
Colombia. En el caso de Chocó ha existido una minería artesanal
o de subsistencia, ligada a otras formas de vida: agricultura,
pesca, recolección. La minería ancestral hace parte constitutiva
de la cultura de estos pueblos, es parte de lo que constituye su
identidad como pueblos; formas de generación de ingresos que
han permanecido a través de los siglos como una tradición
productiva de alto valor simbólico en estas comunidades.
En la actualidad, dado el auge del precio del oro, se impone una
minería ilegal en los territorios ganando dimensiones
inimaginables. En Chocó, este tipo de explotaciones se desarrolla
sin ningún control y sin importar dónde se ubican: áreas
protegidas, selvas, territorios étnicos, ocasionando daños
irreparables en el territorio. Su carácter clandestino hace aún más
complejo el conflicto.
e. Conflictos por el acceso a fuentes de empleo
La forma de operar de las empresas mineras a través de empresas
contratistas para diferentes labores permite condiciones para que
se genere un tráfico de empleos no calificados, ejercido por
intermediarios cercanos a las instancias de decisión en estas
empresas. No es extraño encontrar situaciones en el entorno de
las grandes explotaciones de oro y carbón, donde para acceder a
un empleo de salario mínimo, el trabajador debe pagar un
determinado % de su ingreso a un tercero, por el hecho de haberle
tramitado su vinculación.
De esta manera, las comunidades afrocolombianas ven
amenazados sus territorios particularmente, las mujeres
barequeras han sido despojadas de sus medios de vida y han
perdido su autonomía. Esta situación resulta altamente riesgosa
en estas comunidades donde por tradición las mujeres
representan el eje de autoridad sobre el cual gira la vida familiar y
son quienes permanecen en sus hogares para garantizar la
reproducción social en el día a día, dado el alto ausentismo de la
figura masculina.
f. Conflictos derivados de los impactos ambientales
Las explotaciones catalogadas de gran minería en oro y carbón
generan una serie de impactos ambientales que en términos
generales excluyen la posibilidad de la presencia de
asentamientos humanos en su entorno. Sin embargo, en la
práctica y como consecuencia de la débil capacidad de los
organismos encargados hacer cumplir la normatividad ambiental
y del interés por permanecer cerca de las fuentes de empleo e
ingresos, hoy en día existen asentamientos humanos que
permanecen expuestos a formas de contaminación severa,
poniendo en lato riesgo la salud de las personas. Los mayores
riesgos ambientales en estas explotaciones estarían dados por la
exposición de la población al material particulado en el carbón y
la contaminación originada en la utilización y manejo del cianuro
y/o mercurio en el oro.
En este conflicto tanto los/las mineros artesanales como el
conjunto de la población se oponen a la entrada de las grandes
empresas y defienden sus territorios y su cultura. Este tipo de
conflicto está presente en estos territorios.
4.7.2 Pequeña minería vs. gran minería.
Cientos de poblados colombianos han construido su cultura en
torno a la minería, y esta cultura aún pervive en varios territorios.
Ahora, dado el auge de la gran minería y con políticas nacionales
que han privilegiado la megaminería estos poblados y mineros/as
se ven amenazados y se encuentran en un alto riesgo de ser
desplazados y desaparecer del horizonte productivo. En este
contexto, el impulso a la megaminería por parte del Estado ha
venido acompañado de una campaña para crear una identificación
entre minería artesanal y minería ilegal, y entre minería ilegal y
guerrilla; en el fondo, se busca estigmatizar a los pequeños
mineros y justificar la militarización de las zonas mineras. De esta
manera, los pequeños mineros ven amenazada sus formas de vida.
Este conflicto está presente en muchos territorios, allí tanto
mineros como poblaciones se oponen a la entrada de las grandes
empresas. Los casos más emblemáticos son Marmato (Caldas) y
La Toma en Cauca.
Son recurrentes los reclamos y denuncias de las comunidades
relacionados con la aparición de diferentes tipos de enfermedades
sobre todo en niños y ancianos, que sumados al desvío de ríos, la
construcción y apertura de carreteras, el tránsito de vehículos de
gran tamaño, o la contaminación de las aguas, etc., generan
permanentes tensiones y conflictos relacionados con el deterioro
progresivo del ecosistema. En muy pocos casos las comunidades
involucradas cuentan con informaciones y conocimientos
-75-
CAPÍTULO 4. Reconfiguración territorial y conflictos
4.7.3 Conflictos étnicos: empresas mineras asentadas en
territorios colectivos (indígenas y negros).
vocería política aún está más centrada en la figura masculina y
ellas están más relegadas a los espacios logísticos y operativos.
Un significativo número de proyectos mineros se han establecido
en territorios de comunidades indígenas y/o indígenas
colombianas. En estos casos la defensa del territorio se hace
mucho más compleja ya que se trata de la usurpación de un bien de
propiedad colectiva que se rige por derechos ancestrales que se
rigen por una jurisdicción especial contemplada por la
Constitución colombiana. Sin embargo, en la gran mayoría de los
casos estos derechos colectivos no han sido respetados y su
violación ha sido la norma de operar de las empresas mineras. Las
comunidades negras e indígenas han estado expuestas a la
manipulación y violación de sus derechos territoriales. No se han
llevado a cabo los procesos de consulta previa y se ha obviado el
proceso de consentimiento informado al que tienen derecho estas
comunidades. En este contexto, las grandes afectaciones de la
megaminería están afectando territorios sagrados, la destrucción
también es una destrucción con la madre sagrada, con lo espiritual.
Así mismo, las mujeres manifestaron que ellas representan una
figura de protección en la confrontación con la fuerza pública y en
algunos casos aparecen como un cinturón de protección para
resguardar la vida de los hombres y el resto de la comunidad. Este
imaginario de protección contrasta con la agresión y
criminalización de la lucha en los territorios que ha incluido a las
mujeres.
De allí que sea necesario subrayar aquellos factores que
condicionan la participación de las mujeres tanto para tener un
lugar más protagónico en los procesos como para profundizar en la
identificación de los impactos más directos y específicos que la
actividad minera tiene sobre sus vidas. Especialmente, con el
objetivo de avanzar en la incorporación de una perspectiva de
derechos en la lucha contra la afectación de la minería.
Entre los factores señalados como condicionantes están los
siguientes:
4.7.4 Megaminería que desaparece los pueblos.
?
El hecho de que no se considere los impactos de la minería en la
vida de las mujeres desde una perspectiva de la vulneración de
derechos tanto en el ámbito individual como colectivos. Desde esta
perspectiva se ampliaría el marco de interlocución con el Estado en
la exigibilidad de derechos y el ejercicio de una ciudadanía social,
económica y ambiental con criterios de obligatoriedad.
Caso Cerrejón en la Guajira. Alrededor de tres décadas de
explotación minera, ha significado el despojo del territorio de los
pueblos Wayúu y afrocolombianos en La Guajira. Diversos
pueblos han sido desaparecidos mientras la mina avanza, sin
ningún tipo de respeto por el patrimonio, la cultura ni la naturaleza.
El territorio ha sufrido una profunda transformación y amenaza
con ser destruido totalmente con la ampliación del proyecto
minero.
?
La ausencia de esta problemática en la formulación de políticas
públicas, que ha invisibilizado la situación y profundiza el
desconocimiento de los derechos de las mujeres.
4.7.5 Rol de las mujeres en los procesos sociales frente a la
actividad minera
?
La ausencia de una estrategia organizativa y de lucha que incluya
un enfoque de género
En todas las regiones se reconoce una activa y significativa
participación de las mujeres en los procesos sociales adelantados
por las comunidades en defensa de su territorio. Esta participación
se ha distinguido por el alto compromiso de las mujeres con las
luchas, una importante iniciativa, han permanecido en el territorio,
han ido un paso adelante. Por este conjunto de atributos las mujeres
se consideran con mayor firmeza para la defensa del territorio.
?
Se requiere de disponer de una mayor base técnica y de soporte de
las evidencias.
- La ausencia de alianzas estratégicas: sociales, políticas y
temáticas para articular las luchas en la defensa del territorio.
Por ejemplo, en La Toma, corregimiento del municipio de Suárez,
departamento de Cauca, por ejemplo, una joven afrocolombiana
ha liderado las acciones legales y de defensa del territorio,
consiguiendo que la Corte Constitucional sacará una sentencia
pidiendo la suspensión de las licencias mineras otorgadas
fraudulentamente sin realizarse el proceso de consulta previa; en
Chocó, la mujeres de las organizaciones afrocolombianas han
venido enfrentando los conflictos y construyendo estrategias para
defender su territorio, mientras en Marmato, la presencia de las
mujeres es vital en la confluencia social que se ha levantado en este
municipio para detener del desplazamiento del casco urbano.
No obstante, de otro lado se reconoce que esta significativa
participación en los procesos sociales no se corresponde con la
incidencia de las mujeres en los espacios de decisión ni en la toma
de decisiones. En este mismo sentido, las mujeres reconocen que la
-76-
CAPÍTULO 5. Reflexiones finales
E
ste capítulo busca recoger elementos claves desarrollados
en el presente documento y otros que invitan a una mayor
y más profunda reflexión. En esta mirada global sobre lo
que ocurre con el fenómeno minero y energético, y que el texto
expone con detalle, se reconocen los impactos sociales,
ambientales, políticos y técnicos, pero también quedan muchas
preguntas y planteamientos sobre el futuro inmediato y a mediano
y largo plazo de lo que este proceso significará para el país, para
sus regiones y en especial para las comunidades agrarias que se
vean impactadas por este fenómeno.
?
Dicho de otra manera, a un conflicto persistente y antiguo se
agregan nuevas conflictividades, desencadenadas, en la
problemática que estamos observando. Eso permite entender las
especificidades de Colombia con respecto a otros países (por
ejemplo, Chile, Brasil y Perú), en los que, si bien hay conflictos
similares, tienen una complejidad distinta a la de aquí. Es decir:
en Colombia se superponen las zonas históricas de alto conflicto
armado y violencia por la tierra (su propiedad, su uso), con las de
desplazamiento forzado, las de protesta social, las zonas de
producción cocaleras, con las zonas o regiones solicitadas o en
explotación minera, en especial, como se mencionó, las que
tienen en el subsuelo oro y carbón.
Entre otros elementos el equipo que trabajó el documento destaca
los siguientes puntos:
?
Existe entre esas situaciones una relación directa de causalidad
y de coincidencia de intereses, que obedece a una tendencia
sistemática y estructural del comportamiento de los problemas de
la tierra. Nuevamente, se producen reconfiguraciones de los
territorios, poderes de facto, dominio de clases económicas
emergentes en las decisiones territoriales.
?
Para el escenario global, la competencia por inversiones mineras
no es a nivel regional sino global y por lo tanto están trabajando
para mantener la IED, en este sector y en Colombia se recurre a la
minería como la principal fuente de ingresos. Se impulsa una
política minero-energética en el país para alcanzar este objetivo,
que además se corresponde con un propósito generalizado para
Latinoamérica. Así lo exige el contexto mundial: se están
buscando nuevas fuentes de recursos primarios, dada la
perspectiva del agotamiento de las que existían y las demandas
del mercado internacional. Se persigue, además, conseguirlos a
bajo costo, de modo que al encontrarlas y, bajo esas condiciones,
se pueda reactivar una economía mundial que está en crisis por la
alta concentración de la riqueza, la baja rentabilidad, el
estancamiento de las inversiones y el cada vez más deteriorado
bienestar de las sociedades del primer mundo.
?
Al respecto, quedan preguntas urgentes por resolver: ¿cuál es
hoy la relación de la minería con el conflicto y los actores
armados ilegales? ¿Cómo se puede interpretar sobre la base de
los elementos históricos de conflictividad, la inversión del
Estado en seguridad en los territorios mineros? ¿Cómo los
actores entran a resolver estos conflictos?
?
La historia de muchos países africanos y asiáticos y la de
América Latina muestra que no necesariamente hay una relación
directamente proporcional entre la alta rentabilidad de una
economía basada en la explotación de recursos naturales
primarios como la minería del carbón y el oro (mineroenergéticos) y el bienestar de una sociedad, y un desarrollo
humano integral. En nuestro caso, desde la Colonia hasta hoy, en
nuestro territorio colombiano se han realizado importantes
explotaciones de oro, plata, platino, bauxita, hierro, aluminio, el
cobre, plomo, níquel, estaño, zinc y carbón, sin que eso muestre
que ha sido una oportunidad de desarrollo económico y social de
las regiones y del país.
?
Visto así, lo que ocurre con la minería hace parte de un
fenómeno estructural del capitalismo, no coyuntural, lo que hace
tan necesaria y válida la incidencia en este aspecto; así como el
debate, la propuesta de alternativas en torno al papel que se está
asignando a estos países y las repercusiones que tiene ese orden
económico internacional concebido por los países del primer
mundo. Uno de los aspectos que facilitan el establecimiento
políticas que promueven la minería en los países no
industrializados, sin que éstos tengan mayor intervención en las
decisiones, es la debilidad institucional. Por supuesto, hay
desenvolvimientos diferenciados que es útil examinar en el
sentido de la fuerza y/o autonomía ganada en algunos de ellos. En
el caso de Colombia, las instituciones están plegadas a los
intereses de las grandes empresas y de los planteamientos
globales. En eso consiste la debilidad institucional.
?
La ampliación de la gran minería legal hace que la minería
ancestral se convierta, en términos económicos, en una actividad
cada vez menos rentable para quienes la ejercen. Esta condición
se agrega a la de baja rentabilidad económica y ambiental que
siempre ha tenido esta minería tradicional. La gran minería no
sólo deteriora el tejido social y cultural de las comunidades y, las
condiciones ambientales, sino que también provoca un profundo
deterioro de la economía local. Así, poco a poco se van
empobreciendo las poblaciones que han vivido por muchos años
de ella. Eso tiene íntima relación con las relaciones asimétricas
que se establecen, en términos de los mercados, entre la gran
minería y la minería ancestral. Esas asimetrías son ya de por sí
favorables a las grandes empresas.
?
Actualmente, el carbón y el oro son los bienes más importantes
para la explotación minera en el país. La incursión de grandes
empresas y proyectos en procura de explotarlos está cambiando
estructuralmente la economía colombiana y produciendo
grandes impactos ambientales, sociales y políticos. Esto ocurre,
como se acaba de señalar, en medio de grandes debilidades
institucionales del Estado, pero también de un conflicto armado
de 50 años de existencia.
-77-
CAPÍTULO 5. Reflexiones finales
Por eso, la competencia desigual contiene condiciones de
exclusión y segregación social que han llegado a expresarse en la
criminalización, la judicialización y la presión violenta contra las
comunidades mineras artesanales implicadas.
Por el momento, la minería se concibe frente a la opinión pública
del país como un gran negocio, como un camino hacia la
prosperidad democrática, como la locomotora mayor, teniendo
como principal objetivo, el crecimiento económico, la
rentabilidad y ganancia de las transnacionales mineras más
fuertes del mundo en muchos casos a costa del bienestar general
de la mayoría de la población de una región o de un país entero; la
historia nos muestra casos concretos.
?
El renovado desarrollo minero actualiza los históricos problemas
agrarios, de la tierra y del desarrollo rural que no se han resuelto en
el país. Colombia ha sufrido y se mantiene como un país
impactado negativamente en su historia por tres “tsunamis”: el de
la concentración, propiedad y uso de la tierra; el de la producción,
transformación y tráfico de la cocaína y, ahora, el de la minería.
Los tres tsunamis, en la actualidad, se dan al mismo tiempo con
todo su peso y perversidad.
?
El país carece de un escenario jurídico claro que responda a la
demanda de solicitudes para desarrollar proyectos mineros en
consecuencia con los principios constitucionales; entre los temas
por resolver están: legislación minera, reglamentación del
proceso de consulta previa, delimitación de páramos, titularidad
a la minería ancestral, resolución jurídica de proyectos que se
encuentran en el denominado 'régimen de transición' para el
cumplimiento de sus obligaciones ambientales (aquellos que
empezaron antes de crearse el Sistema Nacional Ambiental, Sina.
?
La explotación minera a gran escala genera para las poblaciones
de localidades y regiones donde se desarrolla, cambios en el
tejido social y en los roles de los hombres y las mujeres. Los
hombres, antes propietarios y agricultores, campesinos,
pescadores o mineros artesanales, se convierten en obreros de
empresa, muchas veces con sus derechos conculcados. Las
mujeres, antes agricultoras y cuidadoras del campo, quedan sin
ningún espacio productivo, excluidas de una labor económica; la
minería las desplaza y las relega a oficios marginales y
pobremente remunerados. Los impactos por la llegada e
instalación de grandes proyectos mineros se relacionan con la
prostitución, los embarazos en adolescentes, el madresolterismo,
el incremento de las enfermedades de transmisión sexual y por lo
tanto con su deterioro social, personal, cultural, emocional, etc.
Estos elementos los encontramos claves para priorizarlos en un
ejercicio de incidencia pública nacional e internacional sobre el
fenómeno minero y energético; igualmente, son básicos para
comprometer a los diversos actores públicos y de la sociedad
civil en lo que significa el desarrollo de un país basado en la
reprimarización de la economía y en los costos sociales,
ambientales y políticos del país.
?
Los impactos ecológicos y ambientales de la minería son
nefastos, tanto de la gran minería como de la pequeña e ilegal. En
muchos casos no hay ni controles, ni tecnologías apropiadas, ni
decisiones rigurosas de política creativamente desarrolladas. Los
impactos ambientales pueden generar tales niveles de
insostenibilidad que rompen la capacidad de carga (resiliencia)
de ecosistemas estratégicos como los páramos, productores de
agua; las selvas, con su diversidad; las cuencas y los equilibrios
hídricos y las zonas de amortiguamiento como los valles.
En esa situación tiene gran responsabilidad la debilidad de la
institucionalidad ambiental y de las organizaciones sociales,
igual que la inexistencia de veedurías ciudadanas que generen
cambios importantes. Influyen de manera importante las
dificultades para que las poblaciones participen en los espacios
de definición y decisión sobre los proyectos mineros y
extractivos en general y la información imprecisa, confusa y,
algunas veces, hasta engañosa de las empresas mineras y
extractivas.
?
Un reto político y ético por excelencia, además de tecnológico,
es establecer una minería responsable. Es un desafío para todos
los actores que tienen las grandes responsabilidades en las
decisiones sobre la minería. No obstante, en este aspecto existe la
pregunta de si puede haber una minería que tenga la capacidad de
evitar efectos devastadores, y en ese sentido ser responsable; ¿es
posible este tipo de intervenciones económicas?
-78-
CAPÍTULO 6. Recomendaciones
los suelos rurales, el manejo de las aguas por el crecimiento de las
industrias extractivas, con la desertificación de la tierra, el uso de
energías renovables y no renovables y en consecuencia la
contaminación, la sobreexplotación de los recursos, el
debilitamiento de la seguridad y soberanía alimentaria, la
expulsión o desplazamiento forzado de la población rural y el
despojo de sus tierras.
6.1. Integralidad y complejidad
E
l propósito de estas recomendaciones para Cordaid es
coadyuvar a que su intervención en los territorios sea
integral, en el sentido de trabajar las políticas que ha
definido en su Programa de Transformación de Conflictos en
concordancia con la complejidad enunciada en este documento. La
complejidad se refiere a tomar en cuenta las diferenciaciones y la
diversidad de elementos de la realidad:
6.2. Intervención para la transformación de conflictos en
zonas de extracción minera. Aspectos estratégicos
- En primer término, tener presente, tanto en el análisis como en el
seguimiento y en la aplicación de las políticas, las diferencias
regionales derivadas de las dinámicas y los impactos de la
extracción minera en Colombia. Se requiere hacer un trabajo
desde lo local para cada proceso minero particular. Si bien se sabe
que las leyes y los códigos se sancionan en términos de lo
nacional, su aplicación ocurre en lo local, en cada mina, en cada
contexto. El reto es específico: ¿Cómo trabajar? ¿Por cuencas?
¿Por territorios locales? ¿Con una mirada integral de región? ¿En
contextos de microrregión?
La estrategia de intervención para aportar en la trasformación de
conflictos en zonas de extracción minera podría girar en torno a:
?
Acciones de investigación y seguimiento del contexto nacional
del sector.
?
Generación de capacidades y apoyo a procesos organizativos
?
Empoderamiento e incidencia:
· En formulación de política pública.
· En el ámbito jurídico.
· En el ámbito internacional
En ese mismo ámbito, desde la perspectiva territorial integral y
para articular los problemas, los procesos y las alternativas es
definitiva la relación, desde lo local, entre el Plan de desarrollo
municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los
proyectos mineros; de esa manera se intenta superar las
propuestas de las poblaciones por sector o por contextos locales
aislados de su región y/o la nación.
?
Promoción de diálogos entre diversos actores
?
Sobre la mediana y pequeña minería.
?
Defensa de los derechos de las mujeres
6.2.1. Acciones de investigación y seguimiento del contexto
nacional del sector
- En segundo lugar, también debe mirarse de manera diferenciada
la problemática de la minería ilegal local y regional. Existen tanto
las empresas que emprenden la gran minería asociadas en lo que
se conoce como Sector de la Minería a Gran Escala, SMGE,
como la mediana y pequeña minería; estas últimas aluden a una
forma de producción minera que enmarca diversos tipos,
tamaños, localización y condición jurídica; de estas se empiezan
a caracterizar formas de explotación como la minería artesanal y
tradicional e informal que ahora se las asocia con la ilegalidad.
Cada tipo de minería tiene sus particulares problemáticas y por
tanto sus soluciones y alternativas deben también diferenciarse.
La lectura permanente al contexto minero-energético será
siempre útil dado que es un sector dinámico que tiene en
perspectiva una expansión importante y que es necesario hacerle
seguimiento. Se podría seleccionar el seguimiento a estudios de
caso, que alimenten análisis comparativos de los impactos y las
experiencias de resistencia.
?
Producir información y análisis de calidad: se necesita
producir una información que ayude a investigar con rigor sobre
diversos aspectos del desarrollo minero-energético y su relación
con los problemas del desarrollo económico, social y ambiental
del país. También, hacer análisis que correspondan a la
complejidad de la realidad y estén fundamentados en datos
empíricos que ayuden a establecer comprensiones que vayan más
allá de los lugares comunes y generen propuestas o alternativas
que ayuden establecer salidas viables, realistas e incluyentes.
- En tercer término, reconocer los procesos en marcha de las
comunidades y organizaciones, así como los grados diferenciados
de desarrollo entre ellos.
- Se sugiere abordar la problemática de los impactos de la minería
en la vida de las mujeres, los niños y niñas y las comunidades
étnicas utilizando un enfoque diferencial de derechos, tanto en el
ámbito individual como en el colectivo. Así se ampliaría el marco
de interlocución con el Estado en la exigibilidad de derechos con
criterios de obligatoriedad y en el ejercicio de una ciudadanía
social, económica y ambiental.
?
Aspectos para conocer de las empresas: queda abierto un
horizonte de investigación y de trabajo muy amplio en cuanto al
origen de sus capitales, la ubicación de sus filiales en otros países
de América Latina, las estrategias de penetración utilizadas por
las empresas mineras en los territorios y comunidades, las formas
de neutralizar y cooptar a líderes y lideresas, los procesos de
- Finalmente, es preciso atender el hecho de que la dinámica
minera impacta los territorios en varios aspectos como: el uso de
-79-
CAPÍTULO 6. Recomendaciones
resistencia que otros pueblos están adelantando para la defensa
de sus territorios, recursos naturales y patrimonio intangible, así
como los planes y proyectos de explotación a futuro que estas
empresas. Una sistematización adecuada de esta información,
permitiría fortalecer la acción política de defensa por parte de las
comunidades.
?
Análisis de los conflictos por el uso y apropiación de los
bienes comunes y el patrimonio natural y su compleja
relación con la minería: tanto demandas como
afectaciones a fuentes hídricas, cambios en la
disponibilidad de bienes comunes, contaminación y
pérdida de biodiversidad, afectación a reservas naturales,
entre otros.
Uno de los temas necesarios para realizar análisis social y
económico tiene relación con los programas enmarcados en la
denominada Responsabilidad Social Empresarial- RSE, que hoy
adelantan en el país las empresas mineras, con el fin de evaluar su
pertinencia. En este sentido, vemos importante un mayor
acercamiento para ver la viabilidad de la aplicación de la llamada
Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva o EITI en
Colombia y los requerimientos, especialmente en cuanto a
información.
Nuestra recomendación es analizar casos concretos y
específicos donde los nuevos lenguajes y narrativas en las
resistencias evidencian estos conflictos. Casos como la
defensa de los páramos en Santurbán y El Almorzadero en
Santander y Boyacá o como los conflictos ambientales en
la región Caribe por los puertos carboneros podrían
ayudar a desentrañar y analizar con profundidad los
problemas y a buscar alternativas.
?
Análisis y formulación de alternativas: la incidencia exige
?
Análisis de la agudización o potenciación del conflicto
una posición clara, alimentada por información y análisis
rigurosos sobre el fenómeno y el proceso analizado, pero también
alternativas y propuestas que se deriven de esos análisis. Dicho
de otra manera, en un contexto de negociaciones y debates
complejos se debe aportar con análisis y alternativas
consistentes:
armado y su relación con proyectos mineros. Mirar en las
zonas y regiones de impacto minero la perspectiva de paz.
El problema no solo es el conflicto sino también la
construcción de una paz integral y duradera. En este
sentido los pueblos tienen derecho a su territorio, a vivir y
desarrollarse en él, y no solo a que les den unos cupos de
trabajo en el territorio donde explotan sus recursos. Las
comunidades quieren el desarrollo de una vida integral. El
problema minero es también un asunto de convivencia de
los pobladores que viven en su territorio con dinámicas y
actores privados y públicos que hacen explotación de sus
recursos naturales.
?
Análisis de conflictos sociales y de violación de
derechos humanos y de Derecho Internacional
Humanitario (DIH), en relación con los procesos de
exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.
Aspectos como los conflictos educativos o de la salud
pública. Hacer los análisis a partir de bases de datos
consistentes como los del CINEP/PPP.
?
Se requiere la producción de información diferenciada por
grupos de población: mujeres, etnias, niños y jóvenes.
?
Análisis del conflicto agrario y la compleja relación con la
minería. Los proyectos de explotación y exploración
minera afectan intereses económicos y políticos en las
regiones; hay un cambio de estructuras productivas:
tierras y contextos territoriales con vocación agropecuaria
y agroforestal, o zonas incluso protegidas por ser reservas
indígenas, territorios colectivos de comunidades negras,
zonas de reserva campesina, de parques nacionales o de
interés ambiental, y que ahora son para la explotación
minera. Esta situación disloca las relaciones sociales y
políticas, lo que está dando lugar a una nueva
reconfiguración territorial y a nuevos usos y propietarios
de la tierra.
?
Es preciso avanzar en la producción de información que
interrogue la relación empleo generado por los proyectos mineros
vs. trabajos que se pierden o afectan.
6.2.2 Generación de capacidades y apoyo a procesos
organizativos
?
Nuestra recomendación es analizar casos concretos y
Es importante continuar empoderando y generando capacidades en
las personas y organizaciones sociales, en especial indígenas,
campesinos y afrodescendientes, con el fin de que las negociaciones
entre ellas, la empresa privada y Estado sean más simétricas y se
logren gestionar y construir alternativas incluyentes, justas y
viables para las comunidades y la sociedad en general.
específicos para desentrañar con profundidad los
problemas y buscar alternativas. Casos como los de los
departamentos de Cesar y Guajira con la explotación del
carbón; o como el de Santurbán en Santander, La Colosa
en el departamento del Tolima o la Serranía de San Lucas
en el Magdalena Medio y los diversos proyectos ubicados
en el Macizo colombiano, para el caso del oro.
Varios temas son relevantes en el desarrollo de capacidades, entre
ellos: aspectos normativos y de procedimiento sobre consulta
previa y obligaciones de las empresas, tanto en los países de
origen de esas empresas como en Colombia y las asumidas
“voluntariamente” mediante la adhesión a medidas de
Responsabilidad Social Empresarial; mecanismos de defensa de
-80-
CAPÍTULO 6. Recomendaciones
las comunidades frente a la intervención extractiva;
metodologías para el tratamiento alternativo de conflictos
(técnicas de tramitación y análisis de conflicto); estrategias de
incidencia y negociación. Además, es fundamental fortalecer la
capacidad de veeduría y gestión de las organizaciones sociales
frente al desarrollo de proyectos mineros.
espacios, plataformas y redes a apoyar. Es importante visibilizar
propuestas de redes, plataformas y organizaciones regionales y
nacionales, ambientales, campesinas, indígenas, de mujeres,
afrodescendientes, de mineros artesanales y de ONG que apoyan
procesos.
6.2.3 Empoderamiento e incidencia
Otro aspecto a atender en el sentido del empoderamiento es
potenciar la especialización del accionar de las ONG en función
del acompañamiento que requieren las organizaciones de las
áreas donde se desarrollan los proyectos mineros. Eso facilitaría
a las comunidades y poblaciones afrontar los conflictos y la
interacción con las entidades gubernamentales. Es preciso que el
trabajo entre organizaciones, redes o plataformas se fundamente
en los roles diferenciados según especialidades existentes y
articulación para acompañamientos y apoyos integrales: técnico,
ambiental, jurídico, social, de incidencia y otros.
a. En la formulación de políticas públicas
?
Fortalecer los mecanismos de participación que facilitan la
exigencia de derechos.
?
Establecer mecanismos que posibiliten la concertación entre
los diversos actores implicados y no sólo a favor de la clase
económica y políticamente fuerte.
?
Establecer regulaciones a las empresas extractivas enmarcada
en los intereses nacionales: sociales, ambientales y económicos
(en esa prioridad).
¿A qué comunidades y organizaciones acompañar y cómo
hacerlo? Para responder esto es necesario tener en cuenta
especialmente sus demandas, los contextos (locales, regionales,
nacionales e internacionales) así como el mapa de actores, sus
posiciones y los procesos que han vivido. Y articular lo anterior
con lo que se les ofrece. En principio, recomendamos lo
siguiente:
?
Garantizar la aplicación de una política ambiental rigurosa,
integral, sistémica y con un alto sentido de la responsabilidad y
sostenibilidad de los patrimonios naturales para las generaciones
presentes y futuras.
?
Diseñar procesos de formación, capacitación y acompañamiento
?
Potenciar acciones para visibilizar el desmonte de la legislación
ambiental y la institucionalidad.
orientados a fortalecer capacidades de las organizaciones y
procesos que incorporen una mirada integral de territorio. Tener
en cuenta diversos temas que se requieren en aspectos jurídicos,
económicos, ambientales, sociales, culturales, consulta previa con
indígenas y comunidades negras, etcétera.
?
Se deben armonizar las políticas de desarrollo rural, la
normatividad forestal, sobre contaminación, aguas y la misma
Ley de víctimas y restitución de tierras, con las leyes sobre la
exploración, la explotación y comercialización minera.
?
Visibilizar las implicaciones del desmonte de instituciones
estatales que apoyaban a la minería nacional de pequeña y
mediana escala.
?
Acompañar en aspectos técnico-científicos, en las alternativas
económicas viables, en los temas culturales y ambientales, en la
construcción y aporte a las políticas públicas, en los temas
jurídicos, en la aplicación de herramientas como la cartografía
social aplicado a los procesos mineros (hacerlo junto con la gente
y no solo para la gente). Además, ir más allá de los habituales
temas que impulsamos las ONG de Derechos humanos, es decir,
acompañar para que, además de que conozcan cuáles son sus
derechos, cuenten también con el apoyo jurídico y técnico frente
a la violación de sus derechos sociales, políticos, económicos,
culturales, ambientales y colectivos causados por el impacto de la
explotación y exploración minera.
?
Visibilizar el señalamiento de la minería informal y ancestral
como “ilegal”.
b. En el ámbito jurídico.
El rol que desempeña la minería59 exige el seguimiento y la
participación en el debate sobre la legislación minera y sobre
todas aquellas leyes que se relacionan con ella. De este aspecto se
desprende algo de la mayor importancia: la definición de un
escenario jurídico claro que responda de manera efectiva a la
demanda de solicitudes para desarrollar proyectos mineros. Esa
definición exige que haya acciones de incidencia que
contribuyan a atender varias problemáticas:
?
Apoyar plataformas y redes. Eso significa posicionar sus
agendas como propuestas de política pública, articular entre sí las
acciones de estas plataformas y redes, contribuir a la construcción
de consensos sobre enfoques y métodos entre redes, plataformas y
organizaciones que hacen acompañamiento, contribuir a generar
sinergias y articulaciones entre ellas, con cuidado entre los roles
diferenciados. Se requiere plantear criterios para la selección de
?
Revisión de la política sobre minería. La apuesta del desarrollo
está basada en el sector minero-energético y esta decisión implica
un debate público al respecto. Nuestra recomendación es apoyar
59. Como sector estratégico del desarrollo y uno de los pilares o llamadas locomotoras del plan de desarrollo del gobierno Santos.
-81-
CAPÍTULO 6. Recomendaciones
?
la generación de espacios para que el debate sea público y
genere incidencia en la opinión pública nacional. Por ejemplo, la
puesta en marcha de un foro nacional que involucre tanto al
gobierno nacional y regional, como a los empresarios y a la
sociedad civil sobre la política del desarrollo del país. En este
escenario es importante trabajar el análisis de varios temas, entre
otros, el de regalías en relación con una distribución equitativa de
la renta minera,
c. En el ámbito internacional
La trasformación de conflictos implica, además de los escenarios
nacionales de incidencia, un trabajo de y con la comunidad
internacional. Esta debe estar alimentada por información y
análisis sólidos y bien argumentados.
El trabajo internacional contiene varios espacios: un elemento de
incidencia en los Estados y en la sociedad de los países que
consumen las materias primas mineras; por otra parte, diálogos
sur-sur, el papel de Brasil en las economías latinoamericanas y en
particular en Colombia, el tema de los movimientos sociales y el
fortalecimiento de sus espacios nacionales e internacionales
donde la gente pueda llegar más fuerte y más preparada para
negociar sus propuestas y hacer presión frente a las dinámicas
económicas excluyentes. En este sentido, recomendamos:
?
Apoyar la consulta previa. La Corte Constitucional le ha dado
a la consulta previa el tratamiento como derecho fundamental,
del cual son titulares los grupos étnicos del país: comunidades
indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y
gitanas. En este momento, la Corte Constitucional ha tumbado
proyectos de ley como el de Desarrollo Rural, la Ley Forestal y el
Código de Minas, entre otros, no porque las comunidades no
estén de acuerdo con la ley, sino porque o no fueron consultadas,
o el proceso de consulta fue manipulado. Actualmente se debate
en el Congreso, el tema de la consulta previa (con comunidades
afrodescendientes e indígenas) para pasar luego al Congreso la
Ley de desarrollo rural, pero ella está girando alrededor de la
agroindustria y el agrodesarrollo en una contradicción esencial
con la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. De manera que,
es importante apoyar el tema de la consulta previa pues es un
mecanismo fundamental para el reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas y afrocolombianos, fundamentalmente.
?
Crear y/o fortalecer espacios de encuentro, por ejemplo, un foro
internacional al año con la participación de empresas, gobiernos
y sociedad civil de América Latina y El Caribe sobre temas como:
la conservación, el uso y/o el manejo en áreas protegidas; el uso
de recursos naturales específicos como suelo, agua, bosques;
análisis sobre modelos de desarrollo basados en economía
extractiva; ordenamiento territorial y nuevas configuraciones
territoriales; la posesión, titularidad y uso de territorios de
comunidades indígenas, negras y campesinas.
?
Apoyar las zonas de reserva campesina. Las ZRC pueden ser
una herramienta útil si se consolida la economía campesina de
colonización, se formalizan títulos, se revierte la ganadería
extensiva, la destrucción de las selvas, la conservación de los
suelos y, por tanto, del agua, de esta manera puede ser una opción
real.
?
Alianzas estratégicas para hacer seguimiento a los impactos
globales de las nuevas tendencias de las industrias extractivas y
su relación con el desarrollo.
6.2.4 Promoción de diálogos entre diversos actores
Compartimos la opinión de algunos analistas que plantean que
para que la minería sea verdaderamente responsable, los esfuerzos
deben estar impulsados y supervisados por el Estado y la sociedad.
Sin embargo, esta condición es difícil de cumplir debido a las
grandes asimetrías económicas, políticas, de información
existentes entre los diversos actores: empresas, Estado y
comunidades. Así mismo son inmensas las desconfianzas entre
los actores, los incumplimientos de los acuerdos por parte de las
empresas, el débil rol del Estado y en muchos casos sus sesgos por
favorecer los intereses empresariales. Aunque el Estado debería
vigilar para que los estudios de impacto ambiental y social de los
proyectos mineros sean adecuados, para que los planes de manejo
ambiental se cumplan desde los estándares y cánones
internacionales, la realidad es otra.
?
Definición de la denominada “línea de páramo” o delimitación
geográfica y topográfica de dicho ecosistema. Este además hace
parte de un ejercicio pendiente entre los ministerios de Ambiente
y Minas relacionado con la interrelación de los usos de suelo
(minero y de protección y/o reserva ambiental), con el fin de
evitar conflictos innecesarios con el otorgamiento de
concesiones mineras en áreas de protección y/o exclusión
ambiental.
?
Resolver jurídicamente, de una vez por todas, la situación de
muchos proyectos que aún se encuentran en el denominado
“régimen de transición” para el cumplimiento de sus
obligaciones ambientales (aquello que iniciaron antes de la
conformación del Sina), pues esto ha conducido a un inevitable
incumplimiento por parte de los concesionarios mineros y, a la
inexistencia de control por parte de las autoridades ambientales.
?
Un desarrollo sustentado en la minería, con un peso muy grande
en la inversión extranjera, apela a una concepción del Estado y a
unas nuevas formas de institucionalidad pública en tensión desde lo
local y regional con lo nacional y lo global, que requiere ser
analizadas, como también superar las asimetrías y las desconfianzas
que posibilitaran diálogos tripartitos.
?
Definir la titularidad de áreas que ocupan comunidades desde
hace al menos un siglo, que aún hoy día no cuentan con títulos de
propiedad y, están ubicadas dentro de áreas otorgadas en
concesiones mineras.
-82-
CAPÍTULO 6. Recomendaciones
?
No basta con responder a los impactos de este tipo de economía
en los lugares donde tiene lugar la explotación, pues es mucho
más complejo incidir y aportar a la comprensión y
transformación de una configuración social, política y
económica de los territorios donde impacta la minería. A esta
situación se agrega que existe una nueva tensión entre la política
y la legislación ambiental nacional que pasa por encima del
ordenamiento territorial local y regional. En este sentido, la
recomendación es crear y fortalecer alianzas que deben llevar,
por un lado, a contribuir a la construcción de alternativas de
desarrollo rural basado en la economía campesina, los indígenas
y los afrodescendientes y, por otro lado, a la revisión de las
políticas y la institucionalidad públicas, construida desde lo
regional y local con la participación de los distintos actores
sociales, económicos e institucionales.
Estado para que se tecnifiquen, sean ambientalmente sostenibles
y económicamente viable su explotación.
6.2.6 Defender los derechos de las mujeres. Criterios de
enfoque y perspectiva
Estas recomendaciones se tratan como estrategias de resistencia
frente al exterminio que se adelanta sobre los pueblos y
comunidades en estas zonas mineras y tienen el propósito de
avanzar en la defensa de los derechos económicos, sociales y
ambientales de las poblaciones afectadas, en particular, en los
que las mujeres están directamente involucradas y han sido
predominantemente ignorados.
a. Un enfoque de género que esté en función de fortalecer
capacidades en las mujeres.
?
Las experiencias de mesas de trabajo entre comunidades y
Las capacidades a las que nos referimos las entendemos como
acciones que permitan fortalecer la autonomía y la decisión de las
mujeres en correspondencia con sus intereses más sentidos y que
estén en función de favorecer el acceso a un mayor bienestar
social. Atender de manera especial la formación o fortalecimiento
de capacidades que reviertan o transformen las desigualdades
sociales y económicas que viven las mujeres es, quizás, el único
camino para superarlas.
entidades estatales para hablar de estos temas, podrían llevar a
superar las actuales desconfianzas y avanzar en la transformación
de conflictos.
?
En estos escenarios es importante pensar en alternativas
diferenciadas para la explotación del oro y la del carbón. Pero
también una dinámica es la explotación de las grandes compañías
multinacionales con grandes inversiones en Colombia, y otra es
la explotación de la mediana y pequeña minería tradicional.
b. Enfoque de acceso a los derechos.
Es necesario trabajar en función de alcanzar un mayor ejercicio de
la ciudadanía social, un referente de exigibilidad y respeto de los
derechos constitucionalmente reconocidos y sus desarrollos. Esta
perspectiva exige un doble abordaje: una interlocución permanente
con el Estado en su condición de garante de los derechos de la
población, a través del examen de sus política públicas y la
exigibilidad de que éstas estén en función del bienestar de los
ciudadanos y una articulación de intereses ciudadanos en los
territorios.
?
Se requiere apoyar alianzas estratégicas: sociales, políticas y
temáticas para articular las luchas en la defensa del territorio.
6.2.5 Sobre la mediana y pequeña minería
La minería mediana y pequeña tiene muchos matices. La línea
entre minería pequeña y mediana es mucho más clara que la
diferencia entre estas y la minería artesanal, informal e ilegal. Si
bien cualquier tipo de minería por fuera del registro del Estado es
en principio ilegal, existen minas que han pertenecido
tradicionalmente a ciertas comunidades que extraen de manera
artesanal los minerales, fundamentalmente oro, y que no pueden
ser señaladas per se como ilegales y despojarlas a la fuerza por
una normatividad que no tiene en cuenta su historia, sus
costumbres y valores culturales.
Lo anterior exige información y conocimiento sobre los problemas,
sus implicaciones, los derechos y procedimientos, así como la
construcción de consensos y acuerdos entre la población sobre sus
intereses y las acciones de defensa a desarrollar. En ese sentido,
recomendamos desarrollar investigaciones que permitan un
conocimiento de la realidad en cada uno de los escenarios, de las
realidades locales que consulten sus particularidades, su historia y
su lugar en el entramado social. Hay un vacío de información al
respecto que es imprescindible superar.
Eso sucede especialmente en el Cauca, Nariño, Antioquia y
Chocó. Estas minas no pueden ser proscritas como ilegales de la
misma forma que lo pueden ser otros minas de colonos que
ocupan territorios a la fuerza en busca de oro y despojando a sus
diseños tradicionales, o como lo hace el narcotráfico lavando
dinero mediante la compra de minas de oro.
c. Acceso a la propiedad de la tierra para las mujeres.
En este ámbito de desigualdad y vulnerabilidad fundamentales es
estratégico incidir. La legitimización del despojo ha dejado en
una situación crítica a las mujeres: sin tierra y despojadas de sus
territorios, se ha procedido en la práctica al exterminio.
Recomendamos desarrollar una línea de intervención que
fortalezca y amplíe la legitimidad con respecto a la
reivindicación de la propiedad de la tierra para las mujeres, en
condiciones de legalidad.
La minería ancestral y artesanal tiene un conocimiento
acumulado en el manejo de la explotación pero ella se debe
enriquecer con nuevos modelos técnicos, ambientales y
económicos para que sea la base de posibles modelos sostenibles
de explotación minera. Nuestra recomendación es contribuir a la
legalización de estas explotaciones, y que tengan el apoyo del
-83-
CAPÍTULO 6. Recomendaciones
En particular, se requiere desarrollar un proceso de formación de
mujeres afrocolombianas e indígenas en los territorios que se
articule con una práctica de acción en la defensa de los territorios
colectivos en las zonas donde se están implementando proyectos
mineros en la actualidad que facilite el empoderamiento de las
mujeres de esas comunidades y fortalezca los procesos sociales
de defensa de los territorios colectivos.
d. Reivindicación de la soberanía alimentaria como práctica
ancestral y patrimonio cultural de las mujeres.
Recomendamos adelantar procesos que tengan como eje de
reivindicación la soberanía alimentaria, haciendo énfasis en que
esta ha sido una práctica ancestral de las mujeres y que constituye
parte de su patrimonio cultural. Hacer de esta práctica un valor
social es estratégico en el reconocimiento y revalorización de las
mujeres en el campo.
f. Exigir opciones de seguridad social y económica para las
mujeres
e. Participación de las mujeres en la toma de decisiones,
considerando las diferencias en tanto mujeres campesinas,
indígenas y/o afrocolombianas.
Algunas mujeres del campo, ante la inseguridad económica, han
optado por el trabajo sexual como alternativa para generar
ingresos. Dado que las opciones de trabajo tradicionales
(actividades agropecuarias y la minería artesanal) han sido
desplazadas por la actividad minera de los grandes proyectos
mineros y, dado que este modelo tampoco ha ofrecido alternativas
para incluir laboralmente a las mujeres. En este contexto, las
actuales generaciones de mujeres jóvenes son las que en mayor
riesgo se encuentran y para quienes resulta urgente estructurar
alternativas sociales y económicas que permitan atender la
situación de vulnerabilidad social que enfrentan.
En términos generales, las poblaciones afectadas por los proyectos
de minería y energía (campesinas, negras e indígenas) tienen un alto
nivel de desconocimiento de los marcos normativos relacionados
con el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Las
mujeres se encuentran en una especial desventaja. Recomendamos
desarrollar una línea de acción estratégica para compensar esta
desigualdad histórica de acceso a la información que facilite la
participación de las mujeres campesinas, afrocolombianas e
indígenas en los espacios donde se toman las decisiones y se
debaten los asuntos públicos que las afectan directamente.
-84-
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Banco de datos de Derechos Humanos y violencia política
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ANEXOS. Estudios de caso
Hubo otras condiciones, que aprovecharon los empresarios
venezolanos para comenzar a explotar petróleo en Colombia: “Se
alinearon cuatro astros: las políticas sobre inversión extranjera e
hidrocarburos, la creación de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, la prospectiva que tenía Colombia y la seguridad
democrática, que cambió la visión de Colombia ante el mundo.
Antes, vender a Colombia era casi imposible” (Vidal 2011)
.Álvaro Delgado describe esta situación como el hecho de que
durante la administración Uribe, las empresas petroleras tuvieron
acuerdos y garantías casi ilimitadas (Delgado, 2011).
Caso 1. Conflictividad en los campos petroleros de los Llanos
Orientales, de la empresa Pacific Rubiales
Desde el pasado mes de junio comenzaron a conocerse en todo el
país, a raíz de las protestas reiteradas de los trabajadores y de la
población, las condiciones de la explotación petrolera de la
región de Puerto Gaitán, en términos de los impactos sociales y
laborales y también, aunque en menor medida, los ambientales.
Las siguientes páginas entregan elementos de la historia de esta
explotación y de los impactos, y plantea tomar en cuenta lo que
ello puede significar con respecto al futuro de la Amazonia.
¿Por qué llegaron a Campo Rubiales? La obsesión, dice la nota de
kien&yke, “era el petróleo y en el 2007 se dio la oportunidad. Los
cuatro venezolanos se asociaron con Meta Petroleum, la empresa
que en ese entonces operaba el campo Rubiales, localizado a 167
kilómetros de Puerto Gaitán, en el Meta. Un campo que había
sido descubierto en 1982, pero fue abandonado por los altos
costos para la extracción de crudos pesados y la amenaza de la
guerrilla de las Farc. El terreno había sido adquirido en 2001 por
el empresario brasileño Germán Efromovich”.
1. Orígenes de Campo Rubiales: cambio en las políticas y en
la tecnología.
Pacific Rubiales es una empresa petrolera60 que opera un campo
de 60 mil hectáreas en la región de Puerto Gaitán. Es actualmente
el que produce mayor cantidad de barriles en el país, una cuarta
parte de toda la producción nacional. Este campo, que comenzó a
explotarse en 2008, se había descubierto en 1982 “pero fue
abandonado por los altos costos para la extracción de crudos
pesados y la amenaza de la guerrilla de las Farc” (kien&ke 2011).
Efremovich era conocido de quien luego fue presidente de
Ecopetrol, Yanovich y quien ideó la ANH. Fue él quien lo trajo
del Brasil y allí en los Llanos comenzó a invertir. Tenía la
empresa Petro Rubiales Energy Corporation, con sede en
Vancouver, y Pacific Stratus Energy, de los venezolanos se
unieron y surgió Pacific Rubiales Energy Corp, que nació
primero en la Bolsa de valores de Toronto.
Pacific Rubiales es una empresa creada por empresarios
venezolanos conocedores del negocio y de la tecnología
petrolera, que para comenzar a invertir acudieron a la bolsa de
Toronto, en Canadá. Allí consiguieron suficientes inversionistas
y se creó la empresa: “apareció en el horizonte la bolsa de valores
de Toronto, en Canadá, como el lugar preciso para buscar
inversionistas. El nuevo escenario colombiano no era difícil de
vender porque sus condiciones eran perfectas: campos petroleros
maduros pero con maquinaria y procesos de exploración
obsoletos en los que la experiencia acumulada de los venezolanos
marcaría la diferencia” (kien&yke 2011).
2. El territorio y el poder en los últimos diez años
Sobre lo que habla ocurrido en la década en la región, nos ilustran
los periodistas Alfredo Molano (2011) y Álvaro Delgado (2011).
Delgado resalta el hecho de que, con estas condiciones
favorables había otras: “estos nuevos negocios se asientan en
territorios bajo dominio del paramilitarismo y del narcotráfico
(...)”. Y así lo ilustra Molano:
Lo que parece haberse registrado es un cambio en las condiciones
de inversión en el transcurso de la década, pues en 2001 se
evaluaban condiciones diferentes para el riesgo, que obligaban a
atraer sólo pequeñas y medianas empresas para la exploración. A
eso se sumó que de Venezuela llegó una nueva tecnología, que
permitía extraer con menores costos el crudo pesado:
“Hace diez años llegar a Puerto Gaitán desde
Villavicencio tomaba un día (…) A lado y lado de las
trochas había hatos de llaneros viejos que poco a poco se
fueron transformando en ranchos comprados por don
Víctor Carranza, don Leonidas Vargas y otros sujetos
conocidos en el país y en el exterior. Durante una época
los paramilitares hacían retenes a lo largo de la carretera
hacia Puerto Carreño. En la Cristalina había un
comando permanente que cubría todo lo que hoy es el
campo petrolero de la Pacific Rubiales Energy”.
“La fórmula era simple: tecnología de punta y la
experiencia de PDVSA aplicada a un subsuelo rico,
inexplotado hasta el momento (…). Se estaban utilizando
unas tecnologías que quizás no eran las mejores para sacar
crudo pesado. Si en Rubiales se perfora un pozo en forma
vertical, puede dar 300 barriles, pero si se lo hace
horizontalmente, puede dar de 500 a 2.500. El que nos lo
vendió había encontrado cuatro pozos secos. En cambio
nosotros hemos tenido un suceso impresionante allí.
Comenzamos en abril y ya producimos 40.000 barriles”
(Vidal 2011).
Álvaro Delgado señala que hoy los paramilitares “son los dueños
de las mejores tierras, manejan las palancas de la administración
pública local, controlan y saquean las frondosas regalías petroleras
60. Pacific Rubiales tiene varios negocios: petróleo (en Colombia, Guatemala y Perú); oro en Marmato y Segovia, con la empresa Colombia Gold; carbón, hierro y biodiésel, con Pacific Coal, Pacific
Iron y Pacific Green, “tiene 30.000 hectáreas sembradas de palma africana sobre el campo Rubiales. Y en el sector eléctrico, Proeléctrica, empresa situada en Mamonal, Cartagena (El Colombiano
2011).
-91-
ANEXOS. Estudios de caso
y eligen senadores, gobernadores y alcaldes para que blanqueen
sus delitos”. Y resalta los vínculos con la corrupción del alcalde
saliente de Puerto Gaitán. Este clima tiene en las elecciones
pasadas un indicador, pues en este municipio se cuestionó lo
ocurrido y las personas elegidas.
vivos viejos lazos de apoyo entre la población, tal vez con la
misma intensidad que los paramilitares. Y cada actor armado
hace trabajo político.”
3. Los impactos
La llegada de Pacific Rubiales a Puerto Gaitán es relativamente
reciente. Tiene 3 años de una explotación que cambió las formas
anteriores de hacerla en esta región. Como se dijo, el campo se
descubrió en 1982, pero se había dejado abandonado por los altos
costos que representaba su explotación. Con los cambios
impuestos por esta empresa, comenzó una explotación acelerada,
lo que implicó la llegada de un número elevado de trabajadores,
tanto en términos absolutos como relativos. Puerto Gaitán ha
tenido tradicionalmente cerca de 3.000 habitantes y hoy la
empresa emplea unos 12.500. De un momento a otro, la región
comenzó a cambiar.
También resalta la presencia histórica de la guerrilla y de partidos
de izquierda como la Unión Patriótica. Esta fue una de las zonas
donde más perseguidos y asesinados hubo de esta organización.
“actualmente, señala Delgado, la población llanera muestra
simpatías políticas divididas entre algunos de esos jefes
paramilitares y la guerrilla. Eso crea tensiones en la población de
todos los estratos”. Y hace el siguiente balance:
“Indígenas de resguardo, pequeños propietarios de
fincas, pequeños transportadores, tenderos y comerciantes,
y la burocracia local que engorda con el trabajo de todos los
anteriores, constituyen el magma social, hondamente afectado
por el asalto paramilitar, que estableció el dominio del
narcotráfico en esta región del Llano. Hoy existen fuerzas
sociales entreveradas y concepciones políticas que nadie
puede impedir que se manifiesten en las movilizaciones
sociales. Los narcotraficantes ejercen autoridad efectiva
mediante las redes del paramilitarismo. Las FARC mantienen
Hay otros elementos que señalan estos periodistas acerca de los
impactos:
La población nativa no ha podido acceder a las fuentes de empleo
y si lo hace, llega a condiciones oprobiosas; el precio de la tierra y
el costo de la vida se han elevado, es una región con las mayores
Mapa 5: Ubicación grandes proyectos mineros en la Orinoquía colombiana
-92-
ANEXOS. Estudios de caso
regalías del país y sin embargo no se observan en mejoría para la
calidad de vida, los monocultivos se están expendiendo y
reemplazan la producción de agricultura campesina; la
utilización del agua de los ríos para bombear a presión el petróleo
de las entrañas de la tierra, no es tratada una vez terminado el
proceso, de tal forma que no contamine las corrientes que surten a
las poblaciones y tierras de cultivo de la región; se han
interrumpido los flujos de agua y los caminos vecinales y
servidumbres de los colonos; los comerciantes de los municipios
vecinos no se benefician de la presencia de la compañía porque
ella no se surte de lo que se produce en la región.
explotación petrolera, registró en un pronunciamiento público lo
que encontraron las organizaciones que asistieron. Es importante
tener en cuenta en el análisis que esta caravana fue convocada por
la USO y la CUT, es decir, por los actores sindicales en este
conflicto.
Si se da una mirada general, lo que se reclama es fundamentalmente
de parte de la población en general es que la presencia de la empresa
redunde en unas mejores condiciones para la población, por
ejemplo, en materia de proporcionarle empleo, también generar
mayor comercio, es decir, invertir en la región. En ese sentido, es
acertada la percepción que tienen los empresarios con respecto a lo
que se puede desatar en materia de conflictos cuando se entra a
regiones que carecen de muchas condiciones de bienestar y en las
que el Estado no está tan presente así como sobre el papel que tiene
la empresa privada; es decir, no hay un rechazo de la población a la
presencia de la petrolera, sino que se le exige mayor consecuencia
con el respaldo y la contribución que pueda generar a la región.
El periódico Desde Abajo logró recoger las reivindicaciones de la
población durante las conversaciones sostenidas con la
Vicepresidencia de la República a comienzos del mes de agosto
(véase listado al final de la presentación de este caso), luego de
las primeras protestas obreras en el mes de julio. Estas
reivindicaciones, de diversa índole, también muestran
problemáticas que siente la población y se relacionan con
necesidades de los comerciantes, de indígenas, con
requerimientos y problemáticas ambientales, con dificultades en
salud, educación, deporte y cultura, en vías de comunicación, en
derechos humanos y en condiciones laborales.
El conflicto obrero patronal tiene otras connotaciones, aunque se
liga en algunos aspectos con la lucha de la población en general,
como en el de las condiciones laborales. Por supuesto este aspecto
es discutible porque se sabe que no son muchas las personas de la
misma región contratadas por la empresa para las labores del
petróleo, pero con la lucha se ha venido contratando cada vez más la
gente de allí mismo.
Dos meses más tarde, la caravana humanitaria que se dirigió a los
campos petroleros para mirar directamente los impactos de la
Mapa 6. Ubicación Puerto Gaitán en el mapa colombiano.
Puerto Gaitán
-93-
ANEXOS. Estudios de caso
El conflicto de los trabajadores es el que ha marcado la pauta de
las protestas y tiene varios rostros. Por una parte, están los
trabajadores, que en principio no estaban organizados
sindicalmente y sus reivindicaciones básicas de condiciones
laborales y de vida son las que han marcado las exigencias. Se ha
fortalecido su acción con el apoyo de la USO, que también ha
retomado su protagonismo, después de varios años de
aletargamiento. De esa manera, también está la propia mirada de
la Unión Sindical Obrera, con su bagaje histórico y político. Y
está el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, que significa
un vínculo, por lo menos en algunos ámbitos como la difusión, la
propaganda y algunas formas de solidaridad con otros sectores
sindicales.
empleados, pero en el campo hay 13.000 contratistas, a
quienes les exigimos no pagarle a nadie menos del
salario mínimo.”
Es útil confrontar y descubrir los elementos de información que
se entregan, porque son parte importante de la estrategia de
legitimación de la explotación. Se ha venido develando la
realidad de la situación generada por la empresa petrolera a raíz
de las protestas de los trabajadores contratistas, pues hasta ese
momento era una situación oculta para la sociedad. De ese modo
la empresa ha buscado varios recursos para mostrar que las
exigencias de los trabajadores y de la sociedad son exageradas e
injustas. Uno de esos recursos fue la invitación a la comisión
sexta del Senado para que sesionara directamente en Campo
Rubiales y diera cuenta a la opinión de lo que allí veía. La mayor
parte de los testimonios coincidieron en decir que la empresa
estaba cumpliendo cada vez más con los requerimientos de una
buena calidad de vida para los trabajadores y para la población
Este punto de lo sindical es un aspecto al que tiende especialmente
la empresa, por la historia que tenido la USO en materia de
influencia y fuerza. Lo que consideran algunos analistas es que la
perspectiva de fortalecimiento de este sindicato petrolero es algo
que tratarán de evitar a toda costa. En buena parte, según algunos
analistas, el reto del presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich,
cuando se creó la ANH, fue debilitar la USO y lo consiguió.
Es importante examinar el papel jugado por las varias entrevistas
en los medios en las que se descalifica la intervención de las
centrales sindicales y del sindicato petrolero de la USO,
calificando sus actuaciones en términos de “terroristas”, al
tiempo que se resalta la calidad empresarial y la buena
oportunidad que tiene el país por la llegada de las empresas
petroleras.
De todas maneras, es también un escenario de muchas diferencias
para la Unión sindical Obrera en materia de las características de
los trabajadores y de los tipos de contratación, que hacen
diferente la posibilidad de organización a la que se había tenido
hasta hace unos años.
5. La conquista del Amazonas: Campo Rubiales, puerta de
entrada.
Otro sector que ha tenido importancia por lo menos en las
consideraciones políticas, aunque no tenga suficiente fuerza
como actor, es el de los indígenas. En esto interviene el hecho de
que muchas requerimientos legales de explotación y que se
pueden aprovechar para frenar el avance de la petrolera es violar
los derechos humanos de poblaciones indígenas, que
constitucionalmente, tienen prerrogativas.
En reciente estudio de la Universidad Nacional sede Amazonas,
Ecofondo e Ilsa (véase Galindo 2010) se señala la importancia
de incorporar en los estudios de la Amazonia colombiana el
análisis de los recursos energéticos, en particular, y
especialmente, considerar el significado de la extracción del
petróleo. La región de Puerto Gaitán y la explotación de Campo
Rubiales tiene relación con esta propuesta y de manera muy
sugerente porque, como se verá, hace parte de la subregión
amazónica.
4. El conflicto a través de los medios
Mientras tanto, la empresa difunde en los medios que trabajan
con suficiente el tema de responsabilidad social. Una periodista le
pregunta al presidente de la empresa petrolera: “¿Hay algo de
envergadura, como para contrarrestar lo que está pasando?” Y
contesta el empresario:
La situación hoy de la Amazonia colombiana consiste en que
almacena grandes reservas de recursos hidrocarburíferos y
mineros en proceso de exploración y que esos recursos tienen la
perspectiva de vincularse al mercado internacional industrializado
y que la puerta de entrada a ese mundo inexplorado y estratégico es
el piedemonte de la cordillera en la Alta Amazonia, que es el lugar
en el que se conecta la cordillera de los Andes con la Amazonia. En
en esta región en la que se encuentra Campo Rubiales. “Más del
90% de la Amazonía colombiana está libre de actividades
petroleras, pero esta situación necesariamente cambiará”.
Convendría examinar a la luz de estas hipótesis el significado de
Campo Rubiales y de la presencia de las empresas y la nueva
tecnología en lo que se prevé como conquista del Amazonas.
“Cuidamos al máximo la parte ambiental. Campo
Rubiales está a 184 kilómetros del pueblo más cercano,
pero hacemos reciclaje, hay telefonía fija, electricidad,
telefonía celular, agua potable y todos los demás
servicios, no solo para la empresa, sino también para
todo el entorno. La compañía está sembrando 30.000
hectáreas de palma, más como una inversión social, que
una de tipo petrolero, por el empleo que genera. Esto es
algo que hacemos con entusiasmo. Tenemos 1.500
-94-
ANEXOS. Estudios de caso
“La hipótesis que guía este trabajo, dice el estudio, es
develar la forma en que el territorio al oriente de la
cordillera de los Andes, la Amazonia en particular, se
concibió en los orígenes de la exploración petrolera
colombiana como una zona de reserva que sólo sería
explotada cuando se hubiere valorizado por la
explotación liberal del occidente de la cordillera
andina”
?
Falta de saneamiento básico y energía eléctrica.
?
Carencia de vías y de medios de transporte.
?
Inexistencia de servicios de salud.
?
?
Bajo nivel educativo: carencia de oportunidades para acceder al
bachillerato, y mucho menos a un nivel técnico o profesional.
?
Inexistencia de un programa de etnoeducación.
Y explica que la Amazonia tiene tres cuencas sedimentarias, entre
las que está la parte suroriental de la cuenca de los Llanos
Orientales. Es en esta cuenca donde se encuentra Campo
Rubiales:
?
Deterioro ambiental que impide la construcción de viviendas
con elementos tradicionales.
?
El manejo de las transferencias del SIN, correspondientes a los
resguardos indígenas, por parte de la alcaldía municipal, se realiza
mediante procesos cada vez más complejos, lentos y
desventajosos para las comunidades.
“La cuenca de los Llanos Orientales, integralmente, tiene un área
de 96 kilómetros cuadrados y ha tenido lugar en ella el
descubrimiento de 2 campos petroleros de tamaño gigante (Caño
Limón y Cusiana), tres campos medianos (Rubiales, Apiay y
Complejo Domado) y más de cincuenta campos de crudos
pesados o campos menores”.
Principales impactos y problemas (en relación específica con las
petroleras)
?
Desconocimiento de la consulta previa.
En la perspectiva de ir consolidando la entrada al Amazonas,
puede contar el hecho de que la empresa tenga como estrategia la
construcción de una ciudad ecológica, a la que llaman estos
empresarios Ciudad Rubiales. La perspectiva para el Amazonas se
está planteando para los siguientes 20 años, en el planteamiento de
amazonas 2030.
?
Contaminación de fuentes de agua y territorios próximos a los
campos de explotación.
?
Amenaza para los territorios indígenas, tanto por la población
foránea que atraen y que encuentra fácil invadir los terrenos de las
comunidades, como por la ocupación de áreas de resguardo y
territorios tradicionales, debido a las plataformas y campamentos
petroleros.
Documentos complementarios.
Síntesis elaborada por Desde Abajo acerca de las reivindicaciones
de la población de Puerto Gaitán y los trabajadores petroleros de
Pacific Rubiales.
?
Dificultades y conflictos en los resguardos y entre éstos, por
manejos inadecuados de las empresas con relación a las
autoridades indígenas, los líderes y las comunidades en general
para lograr sus objetivos.
Bienes y servicios (comerciantes)
?
Crear una plataforma única de contratación de bienes y servicios.
?
Inversión de los mal llamados recursos de “responsabilidad
social”, con mucha propaganda para las empresas y poco
beneficio para las comunidades.
?
Establecer un porcentaje del pago de los trabajadores en bonos
que sólo puedan ser consumidos en Puerto Gaitán.
?
Mínima vinculación de mano de obra indígena a los trabajos de
?
Crear una seccional del Sena y una universidad, con becas,
las petroleras.
programas y apoyos enfocados al desarrollo del municipio.
Ambiente. ¿Qué hacer?
?
Crear nuevos escenarios lúdicos, culturales, parques
ecoturísticos, y promover la manufactura que demandan las
compañías.
?
Remplazar o restaurar a CorMacarena.
?
Crear una oficina de control ambiental en Puerto Gaitán.
?
Crear una empresa legal de transporte, estandarizando las tarifas.
?
En las licencias otorgadas a las multinacionales, limitar la
deforestación, y prevenir la afectación de morichales y de caños.
?
Crear una oficina de Responsabilidad Social Empresarial
Interdisciplinaria.
Situación de los indígenas
?
Instaurar una legislación específica que equipare la protección
de los morichales a la de páramos, humedales y ríos.
?
Territorios insuficientes y amenazados, inseguridad alimentaria,
inexistencia de proyectos de protección ambiental y productiva.
?
Establecer una veeduría para certificar el estado de las fuentes
hídricas del municipio.
-95-
ANEXOS. Estudios de caso
?
Instalar un comité de verificación que garantice la inversión del 1
por ciento del valor de cada proyecto petrolero en planes de
compensación forestal e hídrica.
petroleras y agroindustriales de proyectos en conjunto para la
población desplazada.
?
Implementar un efectivo acompañamiento psicosocial para los
jóvenes, junto con una adecuada infraestructura para los hogares
de Bienestar Familiar.
Social (educación, salud, deporte y cultura)
?
Dotar al centro de salud de Puerto Gaitán con los requerimientos
de infraestructura, equipos técnicos y de personal para prestar los
servicios, con actividades de un hospital de segundo nivel.
?
Eliminar la discriminación contra la mujer, y se le permita
trabajar en las empresas agroindustriales y petroleras.
?
Construir puestos de salud en las áreas rurales aledañas a Puerto
Gaitán.
?
Investigar por qué el ejército nacional y los organismos de
inteligencia se convirtieron en una fuerza militar privada, al
servicio exclusivo de los intereses de las empresas
multinacionales, hasta el extremo de darles tratamiento de guerra a
los reclamos de los trabajadores, relativos al reconocimiento de
sus derechos legales, a la luz de la Constitución y las normas
legales, impidiendo el derecho de asociación sindical.
?
Suministrar tres ambulancias medicalizadas que permitan
prestarle servicio a toda la población sin discriminación, con
sostenibilidad del ciento por ciento por parte de las empresas.
?
Atender y desarrollar políticas integrales que permitan reducir la
mortalidad infantil indígena.
Laboral. Consideraciones y denuncia
?
Ampliar los subsidios para el desarrollo social de la población, en
especial aquella que se encuentra en condiciones de
vulnerabilidad.
?
La modalidad y la forma de contratación son lesivos para los
trabajadores de la región. Es frecuente que aquélla se realice con
intermediación de empresas temporales de propiedad de las
empresas contratistas de las obras, producto de lo cual cada una de
éstas, cooperativas o bolsas de empleo, se queda con parte del
salario de los trabajadores.
?
Cobijar a los educadores del municipio con un estímulo
porcentual entre el 15 y el 25 por ciento de su asignación básica
mensual, en contraprestación por los altos costos en los servicios
de arrendamiento, transportes y alimentación.
?
Los parámetros, los perfiles y el grado de experiencia exigidos
para la mano de obra de Puerto Gaitán son manipulados para
obstruir el acceso al empleo.
?
Es mínima la oportunidad de empleo para las mujeres, quienes
son acosadas sexualmente por sus superiores. No se garantiza la
estabilidad laboral de las embarazadas. A las personas de más de
45 años y aquellas con discapacidad funcional no se les garantiza
el derecho al trabajo.
?
Ampliar la oferta de programas de capacitación técnica,
tecnológica y profesional, que esté articulada con las realidades y
las necesidades de la población.
Vías
?
Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño hasta la
frontera con el departamento de Vichada.
?
No hay una política salarial y prestacional acorde con la industria
petrolera, ni para las actividades de servicios y soporte que
requiere la misma.
?
Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Campo Rubiales.
?
Mejoramiento de las vías terciarías.
?
El sector agroindustrial no cuenta con salarios y prestaciones
dignas que permitan mejorar la calidad de vida a los trabajadores
del sector.
?
Construcción de un aeropuerto.
?
Derechos humanos
?
Es indispensable una remuneración adicional para los
trabajadores que, por efectos de sus labores, deban pernoctar en el
campo petrolero.
?
Resolver los problemas de tierras entre indígenas y colonos.
?
Desarrollo por parte de las autoridades políticas y las empresas
Pronunciamiento de la caravana humanitaria
“Destacamos como principales Derechos Humanos violados por acción u omisión de la Multinacional PRE y el Estado Colombiano:
1. Desplazamiento de los territorios ancestrales a las comunidades indígenas y campesinas.
2. Cambio forzado de la vocación del territorio, pasando de ser una gran despensa agrícola y pecuaria a una zona minero – energética.
3. Contaminación permanente de los ecosistemas de esteros, morichales, caños, quebradas, ríos, humedales y fuentes hídricas, entre
otros.
4. Confinamiento de las comunidades a las áreas no exploradas y sometimiento a humillantes controles e imposición de restricciones a
la libre locomoción.
-96-
ANEXOS. Estudios de caso
5. Extremada militarización de la vida social, comunitaria y laboral; así como la instalación de guarniciones militares en medio de los
centros poblados, áreas laborales y zonas de dormitorios, contrariando los principios de distinción del DIH. Exclusión laboral de la
mano de obra existente en la comunidad y falta de programas de capacitación para los artes y oficios de la industria petrolera.
6. Sobre explotación laboral con jornadas extenuantes, contratos basura, acoso laboral, despidos injustos, desconocimiento a la
estabilidad reforzada deficientes condiciones de bienestar y salarios precarios.
7. Negación de un desarrollo sustentable y sostenible en el marco de la responsabilidad solidaria; para las comunidades que perviven y
conviven con la industria petrolera, ya que adolecen de la satisfacción de las más elementales necesidades, tales como: servicio de
energía eléctrica, agua potable, gas domiciliario, saneamiento básico, vías de acceso pavimentadas, servicios de salud, vivienda y
educación.
8. Violación de normas internacionales tales como el protocolo de Kioto y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
9. Impedimento a la libre asociación sindical, ya que muchos trabajadores que se han afiliado a la UNION SINDICAL OBRERA, han
sido injustamente despedidos o suspendidos sin justa causa sus contratos. Esto viola los convenios 87 y 98 de la OIT.
10. Despidos injustificados de trabajadores incapacitados, sin reconocer los accidentes laborales que a algunos de ellos los han dejado
con incapacidad permanente.
11. Malos tratos de muchos capataces y administradores de empresas contratistas, sometiendo a trabajadores y trabajadoras a la
humillación aprovechándose de la necesidad del empleo.
12. Igualmente constatamos la voluntad de cientos de trabajadores por quererse afiliar voluntariamente y de manera pública a la
UNION SINDICAL OBRERA y de apoyar su justo pliego de peticiones, rechazando un supuesto acuerdo entre la multinacional PRE y
dos(2) sindicatos desconocidos. Los trabajadores en nutridas asambleas ratificaron las denuncias que desde el inicio del conflicto
colectivo han sido de público conocimiento.
-97-
ANEXOS. Estudios de caso
La presencia de las Farc y el ELN se hizo sentir en el año 2001 con
la toma de las hidroeléctricas abastecedoras de energía de las
minas de La Frontino. Los guerrilleros amenazaron con volar
esas centrales debido a la negativa de la empresa a pagar la
vacuna extorsiva que la subversión le exigía. Desde ese día el
complejo aurífero prácticamente se paralizó.
Caso 2. Segovia: La defensa de la minería artesanal y las
luchas salariales
En el departamento de Antioquia se registró la mitad de las luchas
vinculadas a la extracción de oro en el país, que se presentaron en
los municipios de Segovia, Remedios, Guadalupe, Anorí,
Amalfi; Zaragoza, Caucasia; Nechí, El Bagre y, desde enero de
2009, en Murindó, en límites con Chocó y en el municipio de
Amagá se concentran las protestas vinculadas al carbón. En este
municipio se concentró el 28% del total de luchas alrededor de la
minería aurífera y el adversario tanto de empleados como de
mineros ilegales y artesanales fue, hasta 2010, la empresa
Frontino Gold Mines. Luego sería la Medoro Resources y la
Zandor Capital, una de sus filiales en Colombia.
2. Pugnas entre minería artesanal y la empresa transnacional
Desde 2000, unos 3.000 mineros artesanales iniciaron
excavaciones en las minas Las Delicias, La Treinta, El Cafetal, El
Piñal y Monteverde, de propiedad de la FGM que conectaron con
El Silencio, una de las minas más importantes para la empresa.
En 2003, en las 2.871 hectáreas que la empresa tenía tituladas
existían 127 minas ilegales y, según directivos de la FGM, las
invasiones se llevaban a cabo para aprovecharse de la
infraestructura que la empresa había construido. Las pugnas
entre mineros artesanales, ilegales y la empresa continuaron. En
2003 se firmó un acuerdo: los mineros saldrían voluntariamente
de la mina El Silencio y la FGM les cedería en comodato cinco
minas, colaboraría en obras pendientes en el Hospital San Juan de
Dios. Pero, después de menos de tres meses del desalojo pacífico
de los mineros ilegales se produjo una nueva invasión de 300 en
busca de la veta de la mina Providencia, presionados por
condiciones de pobreza y porque alegaban que la FGM no había
cumplido los compromisos respecto a proseguir las obras
iniciadas por los mineros y de conseguir del Estado inversión
necesaria para el fomento de la minería en la región.
La historia de la Frontino en Colombia data de 1852 cuando se
instaló en Segovia y, a la vez, explotaba las minas Ñemeñeme en
Frontino. En marzo de 2010, la empresa Zandor Capital S.A.,
perteneciente a un grupo empresarial encabezado por la
canadiense Medoro Resources, concretó la compra de los activos
de Frontino Gold Mines en Colombia, en proceso de liquidación
desde 1979.
1. Movilización social y violencia
Desde finales de los 50, el sindicato de la FGM (Sinfromines) y el
Partido Comunista tuvieron gran influencia en la población de
Segovia y Remedios, lo que, a su vez, fue de la mano de la
movilización social y de la aparición de grupos de extrema
derecha y la presencia de las Farc y el ELN y de una fuerte
militarización de la zona guiada por la latente amenaza de las
guerrillas contra la infraestructura de la empresa minera. En los
70 y comienzos de los 80 se crearon varios movimientos agrarios,
juntas cívicas y pequeñas organizaciones sindicales así como
hubo acelerados procesos de invasión de tierras en busca de oro
(de veta, aluvión y de tierra).
3. Huelgas de los trabajadores
Los trabajadores de la FGM realizaron dos huelgas en el periodo.
La primera, en 2001, estos exigieron aumento salarial del 25% y
vinculación del personal (1.300 trabajadores). La segunda
huelga, en 2003, duró una jornada y los 800 trabajadores que
quedaban protestaron por inseguridad en los socavones causada
por las constantes invasiones a la mina El Silencio por parte de
mineros ilegales y por el temor al futuro de la empresa. Por
efectos de esta huelga fueron despedidos 16 trabajadores. Entre
2003 y 2007, los trabajadores de la FGM no cesaron sus acciones
para pedir al gobierno nacional la entrega inmediata de la
empresa a sus trabajadores activos y pensionados y el control
sobre la minería ilegal.
En 1983 hicieron presencia los grupos paramilitares “Los
Tiznados” y “Los Grillos” que además de cometer asesinatos
selectivos llevaron a cabo la masacre de Manila ese mismo año,
como acto de venganza por el asesinato de Fidel y Carlos
Castaño. Después de 1986, los grupos paramilitares “Mano
Negra”, “Los Masetos” y “Muerte a Revolucionarios del
Nordeste, MNR” amenazaban tanto a miembros de partidos
políticos de izquierda como a la población en general. El 11 de
noviembre de 1988, las amenazas se hicieron realidad con una
incursión a Segovia de parte del MNR que dejó 43 víctimas y más
de medio centenar de heridos. El 22 de abril de 1996 hubo una
tercera masacre en Segovia: 14 personas acusadas de ser
colaboradoras de la guerrilla fueron asesinadas, 8 quedaron
heridas y 2 desaparecidas. A partir de entonces, la hegemonía
paramilitar no será únicamente en el terreno militar sino en el
político y el social y el control del Bloque Metro se extendería
hasta 2002.
Entre el 4 y el 28 de septiembre de 2010 hubo paro cívico en
Segovia y Remedios contra la liquidación y venta a Zandor
Capital y el despido de 1.400 trabajadores hecho por la compañía
canadiense Medoro Resources tras tomar posesión de la Frontino
Gold Mines. El Paro Cívico no sólo fue en defensa de los
derechos de los trabajadores, sino que constituyó un acto de
protesta contra la entrega de los recursos naturales del país a la
predadora actividad del capital financiero internacional. En abril
de 2011 se registró la última huelga en Segovia a cargo de mil
mineros de la empresa Zandor Capital por retención de salarios.
-98-
ANEXOS. Estudios de caso
Las lecciones que pueden extraerse de este caso se refieren a la
guerra protagonizada en la zona por guerrillas, paramilitares,
ejército, por el control de un territorio cuyo subsuelo es rico en
recursos auríferos, que le disputaban a mineros artesanales y a
trabajadores de una empresa en concordato que planteó dejar a
jubilados y asalariados activos la administración de la empresa
para pagar lo que se les adeudaba. Otra de las lecciones está
relacionada con el manejo gubernamental dado a la empresa en
concordato y liquidación, que se mostró como una vía para
superar los problemas administrativos y la continúa invasión a
socavones: la conformación de Cooperativas de Trabajo
Asociado, impulsadas con ahínco por la Superintendencia de
Sociedades
-99-
ANEXOS. Estudios de caso
Caso 3. La Toma: de la minería artesanal a la gran minería,
comunidades afrodescendientes.
Hablar de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez,
Cauca (Suroccidente de Colombia), es hablar de la historia de las
comunidades de mineros afrodescendientes que remonta sus
orígenes a la época colonial. Hoy estas comunidades enfrentan la
amenaza de un desalojo a favor de la minería a gran escala.
El papel que la minería ha desempeñado en la historia de La
Toma, desde hace cuatro siglos, nos señala como la minería no es
para las comunidades solo un trabajo, sino que hace ya parte de
una cultura y de su historia.
En las últimas dos décadas la historia del despojo y del
desplazamiento forzado ha estado asociada a la presencia de las
multinacionales que han desalojado a las comunidades de parte de
sus tierras planas para el cultivo de caña de azúcar y la producción
de biocombustibles. Actualmente firmas multinacionales
especializadas en la explotación y comercialización minera
pretenden desalojar a las comunidades de otra parte de sus tierras.
En el municipio de Suárez las comunidades negras de manera
artesanal trabajan las minas por medio de un sistema de
asociación familiar llamado Tonga, se trata de un modo de
distribución equilibrada de beneficios según el trabajo invertido
y la capacidad física individual para trabajar, en este sistema se
integra también tanto las mujeres como los niños quienes
aprenden el trabajo de “barequeo”. La explotación de la mina se
complementaba con el trabajo de la agricultura, pero en 1980
cuando se construyó la hidroeléctrica de La Salvajina para regar
las tierras de los ingenios azucareros del Valle y producir
electricidad, de esta manera los cultivos de pan coger, parte de las
minas, las casas y las fincas quedaron sumergidas, sin que el
Estado indemnizara a los afectados, a pesar de los acuerdos
suscritos desde 1986. Esto trajo como consecuencia el
desplazamiento forzado de una parte de la comunidad negra que
se dedicaba por completo a la minería. Pero realmente el
problema estalló en el año 2002 cuando el Estado empezó a
otorgar títulos mineros bajo la dirección de Ingeominas (Instituto
Colombiano de Geología y Minería). Desde entonces el subsuelo
de la nación ha sido todo concesionado a firmas nacionales y
empresas multinacionales, de los cuales 13 títulos han sido
otorgados en el municipio de Suárez.
El caso de La Toma es ilustrativo de lo que viene ocurriendo en
muchas regiones del país respecto al otorgamiento de títulos
mineros y concesiones. En el corregimiento en mención se le
otorgó al señor Héctor Jesús Sarria un título minero sobre un área
trabajada desde hace unos 400 años por el Concejo Comunitario
de La Toma, que agrupa unas 1.100 familias, que habitan cinco
veredas. La concesión se dio con el argumento de que las
comunidades negras estaban a 18 kilómetros y por tanto no se
requería para la explotación ningún requisito posterior. Sin
embargo, el Ministro del Interior reconoció, más adelante, que sí
había comunidades afrodescendientes dentro de la concesión y,
por tanto, se debería realizar una consulta previa, libre e
informada, según lo exige el Convenio 169 de la OIT. El señor
Sarria tiene derecho, según el Ministerio de Minas, a realizar con
el Ministerio del Interior la consulta sólo en el caso de
explotación, pero no el de exploración y aprobación de la
concesión.
Por su parte, la comunidad se opuso a los trabajos de exploración,
expedición del título minero y explotación del señor Sarria, y el
alcalde ordenó entonces el desalojo de los mineros que se negaron
a abandonar la mina. El Escuadrón antimotines de la Policía,
ESMAD, ha rodeado la zona varias veces y se ha generado una
situación muy tensa y peligrosa. Las comunidades no están
dispuestas a ceder un derecho que les ha permito subsistir durante
siglos. Para quebrar esta decisión han aparecido grupos armados
ilegales, las Águilas Negras, acusando a los líderes y dirigentes de
las organizaciones de “estar en contra de las empresas, del
desarrollo” y de oponerse al Gobierno.(03/10/2010, El
Espectador, p.47).
Como resultado de este proceso, en 2011, la Corte Constitucional
ordenó suspender las licencias de explotación de oro en el
corregimiento La Toma al considerar que podía ser perjudicial
para la salud y el bienestar de los habitantes de la región. La
decisión fue tomada por una acción de tutela que interpuso la
comunidad afrodescendiente en el mes de mayo de 2010.
(03/05/2011, El País, p.A12). La Corte Constitucional mediante
la sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender todas las
licencias de explotación minera en La Toma hasta tanto se
realizara el proceso de consulta previa a las comunidades
afrodescendientes.
Por otra parte, la comunidad instauró una alerta temprana ante la
Defensoría del Pueblo por la entrada de retroexcavadoras y el
pago de dinero a informantes que señalen a quienes denuncien
estas irregularidades. Según informes de la comunidad a pesar de
la sentencia de la Corte hay retroexcavadoras extrayendo oro en
la zona. La comunidad afirma que, con la llegada de estos nuevos
propietarios que esgrimen títulos de propiedad otorgados por
Ingeominas, “trabajan en connivencia con las bandas criminales
que operan en el sector, tales como Los Rastrojos y Las Águilas
Negras, razón por la cual los mineros artesanales tuvieron que
parar la minería artesanal que venían realizando de manera
legítima. (14/05/2011, El Espectador, p.5).
A pesar del fallo de la Corte Constitucional que les dio a las
comunidades negras prelación en la explotación minera, por
considerar que es un pueblo ancestral, esta sentencia está lejos de
hacerse realidad por la falta de garantías.
-100-
ANEXOS. Estudios de caso
1. Suárez: de la minería artesanal a la minería a gran escala
Desde mediados de 1995 llegaron al departamento del Cauca las
autodefensas. Y a los municipios de Suárez y Rioblanco llegaron
en noviembre. Estos grupos ilegales hicieron sentir su presencia
mediante asesinatos y amenazas a los pobladores, indígenas y
campesinos. Esta situación llevó al desplazamiento forzado de
familias y a la renuncia de dieciocho (18) trabajadores de los
cincuenta y ocho (58) socios de la Compañía Agroforestal.
Posteriormente en el año 2000, llegaron a Timba, otro de los
corregimientos del municipio de Suárez, cincuenta (50) hombres
de las autodefensas, aumentando la presencia de este tipo de
actores en el municipio.
La llegada de las autodefensas al noroccidente del Cauca, según
la información de prensa, era de conocimiento público. Estos
grupos llegaron desde Jamundí (Valle) a otros municipios de la
región: Buenos Aires, Cajibío, Morales, Santander de Quilichao
y Puerto Tejada. Las autodefensas instalaron retenes y acusaban a
los pobladores de ser auxiliadores de la guerrilla. En su avance
hacia el noroccidente del Cauca las Autodefensas Unidad de
Colombia (AUC) se concentraron en la vereda El Ceral para
enfrentar a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia) en el Bajo Naya. La situación de enfrentamiento con
las FARC originó desplazamiento forzado de campesinos e
indígenas en el norte del Cauca (corregimientos de Betulia y
Timba). En esta ocasión alrededor de 4.000 campesinos se
desplazaron por orden de las AUC; las amenazas de las
Autodefensa estuvieron dirigidas contra líderes gremiales,
políticos, universitarios y campesinos.
Es en este escenario de conflicto armado, los mineros asentados
históricamente en Suárez desarrollan el “barequeo”61. Las
comunidades negras asentadas en la veta Galima (primer
asentamiento de esclavos negros del Cauca, donde la última mina
fue cerrada en 1897) se organizan “… para buscar el sitio donde
forman la veta, escogen por consenso y explotan en verano
durante tres meses hasta agotarla. Después van en busca de una
nueva veta” (17/07/2006 El Tiempo, p.1-5). En el año 2007, la
mina de oro sepultó a 24 mineros. La primera reacción de las
autoridades locales fue cerrar las minas del Cauca. (14/10/2007,
El Colombiano). Esta situación se presentó en el marco de la
política nacional de legalización de la minería artesanal. Al
respecto, la Procuraduría General de la Nación advirtió que el
proceso de legalización de minas había fracasado y argumentó
que “la minería se desarrolla, en un alto porcentaje, con un bajo
nivel tecnológico, una deficiente planeación y una inversión
económica limitada, generando un grave impacto ambiental y
social, dentro de un marcado incumplimiento de la normatividad
minera y ambiental existente” (N.S:.,17/10/2007, p. B2).
2. El desalojo de mineros artesanales y las políticas
legalización
de
A partir de entonces, la respuesta de las autoridades a los
problemas de los mineros artesanales fue una política de
desalojo. Para el año 2008 el ESMAD de la Policía realizó (20 de
agosto de 2008) el desalojo de 400 mineros que ejercían la
explotación del oro en el río Cauca. La Alcaldía dio la orden con
el argumento de que la actividad minera podría afectar las
edificaciones del sector.(21/08/2008, el País, p.4). En el año
2009 por orden judicial se ordenó el desalojo de 400 familias. Y
para la vereda La Toma, estaba previsto el desalojo de una
población de 5.000 habitantes del cual 75% se dedicaba a la
minería.
El juez Primero Administrativo de Popayán ordenó el desalojo de
unas 500 familias del corregimiento La Toma, desconociendo
que hacía más de 400 años la comunidad afrodescendiente
explotaba el mineral. El alcalde de Suaréz explicó que el juez
profirió la orden porque Ingeominas había expedido cuatro
títulos a mineros sin tener en cuenta a la comunidad que
explotaba el oro en la zona cercana a la represa La Salvajina y
ahora estas personas quieren extraer el mineral excluyendo a
quienes han vivido en la zona toda la vida. (22/05/2010, El País,
p.A3). Se estima que al menos 7.000 personas se perjudicarían
con estas medidas ya que su sustento depende de la minería. El
argumento de Ingeominas es que las minas “no son técnicas y
tampoco seguras para la labor de los mineros, por lo que deben
ser evacuadas a la mayor brevedad”. (22/05/2010, El País, p.A3)
3. Movilización social de los mineros
La respuesta de los mineros frente al despojo tuvo lugar en el año
2009, cuando los mineros y sus familias bloquearon la vía que
conduce a Suárez para llamar la atención del gobierno nacional y
contra las autoridades locales. Este bloqueo de la vía se presentó
para exigir a la Alcaldía alternativas de empleo y para reclamar
sus derechos ya que, según ellos, llevan más de 400 años en el
lugar. La situación de desalojo se originó cuando el señor Héctor
Jesús Sarria reclamó los predios que Ingeominas le había
titulado. (07/08/2009, El País, p.2).
Para abril del año 2010, cerca de 500 mineros que explotaban oro
en los corregimientos de La Toma y Buenos Aires, bloquearon de
nuevo la vía que comunica con Suárez en protesta por la orden de
desalojo de los mineros de los corregimientos de La Carolina,
61. El barequeo es una actividad artesanal en la que se realiza el lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales
preciosos contenidos en dichas arenas.
-101-
ANEXOS. Estudios de caso
El Peñón y La Toma. Suárez se volvió centro de un litigio por la
posesión de tierra debido a su riqueza en oro. A la compleja
situación se sumó el asesinato de siete mineros que habían
llegado a La Toma con el fin de explotar oro en el corregimiento,
y la presencia de bandas criminales que ya desde el año anterior
habían puesto en circulación un panfleto firmado como Águilas
Negras-nueva generación, donde amenazaban a líderes de la
comunidad (09/04/2010/ p.1-3).
El gerente de la Cooperativa de Mineros de Suárez, líder de la
movilización, señalaba que para levantar el bloqueo, los mineros
exigían que se cumpliera con el desarrollo de una Mesa Minera
con la participación del Gobierno Nacional para que explicara el
tipo de contratos y concesiones que se habían otorgado esta zona
del departamento del Cauca.
4. Respuestas a los mineros artesanales
Como resultado, en 2011, la Corte Constitucional ordenó
suspender las licencias de explotación de oro en el corregimiento
La Toma al considerar que podía ser perjudicial para la salud y el
bienestar de los habitantes de la región. La decisión fue tomada
por una acción de tutela que interpuso la comunidad
afrodescendiente, en el mes de mayo de 2010 (03/05/2011, El
País, p.A12). La Corte Constitucional mediante la sentencia
1045-A, ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de
explotación minera en La Toma hasta tanto se realizara la
consulta previa a las comunidades afrodescendientes.
Por otra parte, la comunidad instauró una alerta temprana ante la
Defensoría del Pueblo por la entrada de retroexcavadoras y el
pago de dinero a informantes que señalen a quienes denuncien
estas irregularidades. Según informes de la comunidad a pesar de
la sentencia de la Corte hay retroexcavadoras extrayendo oro en
el río Ovejas. La comunidad afirma que, con la llegada de estos
nuevos propietarios que esgrimen títulos de propiedad otorgados
por Ingeominas, “trabajan en connivencia con las bandas
criminales que operan en el sector, Los Rastrojos y Las Águilas
Negras”, razón por la cual los mineros artesanales tuvieron que
parar la minería artesanal que venían realizando de manera
legítima.
A pesar del fallo de la Corte Constitucional que les dio a las
comunidades negras prelación en la explotación minera por
consideras que es un pueblo ancestral, está lejos de hacerse
realidad por la falta de garantías. (14/0572011, El Espectador, p.5).
-102-
ANEXOS. Estudios de caso
Caso 4. Páramo de Santurbán. Conflicto entre minería y
páramo.
1. Planteamiento.
El actual gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan
Manuel Santos, ha impulsado el desarrollo minero - energético
como una de las locomotoras de la economía. De esta manera,
gran parte del país ha sido titulado o está siendo solicitado para
titulación minera. Sin embargo en la medida que el gobierno
amplia los títulos mineros crece el inconformismo dentro de un
amplio sector de la sociedad colombiana. Tal vez la mayor
resistencia sobre la minería es aquella que se presenta en las altas
montañas, específicamente los páramos y las selvas altoandinas.
No es para menos, Colombia posee el 49% del total de páramos62
del mundo; aproximadamente el 70% de su población se surte del
agua proveniente de las altas montañas, porque en ellas nacen la
mayor parte de los ríos del país63. Las aguas de los páramos son
usadas también en actividades agropecuarias, industriales y
generación de energía64. Los páramos tienen una importancia no
sólo ambiental sino también cultural y social para muchos
pueblos.
De acuerdo a Molano65 no existe un concepto preciso sobre los
páramos, primero porque la palabra fue traída de Europa y
aplicada de manera mecánica en una realidad completamente
diferente. De ahí que sean definidos como “biomas, geosistemas,
eco-regiones, ecosistemas, zonas bioclimáticas, ecosistemas
estratégicos y provincias biogeográficas, entre otras” (Ibid). Para
Molina (2011), los páramos son importantes no sólo como
proveedores de agua, sino también por su contribución como
sumideros de carbono, el aporte para la provisión de alimentos y
recursos genéticos, el alto endemismo y el valor paisajístico y
cultural para las comunidades que los habitan.
Pero además los páramos cuentan con una importante riqueza
mineral, oro, plata, carbón, platino, cobre y otros minerales yacen
en las entrañas de las altas montañas. Así mientras de un lado,
gran parte de la población depende de las aguas provenientes a las
altas montañas, de otro, se entregan títulos mineros en estos
territorios. Diversas multinacionales proyectan su explotación a
alturas que oscilan entre los 2.600 a 3.900 metros sobre el nivel
del mar. De acuerdo a información oficial, en 2008, el 10% de los
páramos ya estaban titulados para proyectos mineros y el 47%
adicional estaba siendo solicitado.
En las altas montañas se afianza el conflicto minero más presente
hoy en el país. ¿Puede existir una minería que no ponga en riesgo
el abastecimiento de agua de millones de pobladores de las
ciudades y pueblos de la región altoandina colombiana? ¿Es
necesaria la minería para el desarrollo regional? ¿qué valor tienen
las altas montañas y los páramos del país? ¿Agua o minería? Son
algunas de las preguntas que se hacen hoy en los departamentos
de los santanderes, donde está ubicado el Páramo de Santurban, y
en el desde hace más de una década avanza sobre este importante
territorio.
2. La minería en los páramos colombianos.
En estos últimos diez años el sector minero ha ampliado sus
fronteras hacia territorios que se creían de tradición agrícola y
ganadera, parques naturales y por último, zonas protegidas como
los páramos. Contraviniendo la misma legislación colombiana,
muchas empresas transnacionales han recibido títulos mineros en
sitios prohibidos por el propio código minero. La legislación
nacional, a través de la Ley 1382 de 2010, excluye las zonas que
se encuentren por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del
mar de la posibilidad de explotación minera, normatividad que
entró a reforzar la Ley 685 de 2001, que resguarda a los parques
naturales. Los artículos 79 y 80 de la Constitución, que plasman
la prioridad que debe tener la conservación, también defienden
las regiones paramunas, así como la Ley 99 de 1993, que dotó a
las Corporaciones para velar por la naturaleza. Igualmente, el
artículo 34 del nuevo Código Minero establece que están
excluidas las zonas de páramo para cualquier tipo de explotación
minera, aclarando al final que “estas zonas para producir estos
efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la
autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y
ambientales”.
De esta manera, son varias las concesiones mineras en los
páramos para exploración y explotación de carbón, oro, mármol,
feldespato y cobre. También son diversas las transnacionales las
que han puesto sus ojos en ellos. De acuerdo a La Silla Vacía66
sólo Anglogold Ashanti Colombia S.A., tiene 41.849 hectáreas
en los páramos de Santurbán y los Nevados (Caldas, Quindio,
Risaralda y Tolima), y Chili-Barragán (Quindío, Tolima y Valle
del Cauca) (La Silla Vacía, 2011). Y páramos tan importantes
como Chingaza y Sumapaz que proveen el agua para la ciudad de
Bogotá y otra decenas de poblaciones cundinamarquesas y del
Llano, Chilli y Barragan en el parque Natural Los Nevados en el
centro del país, el páramo del Almorzadero en Santander y Norte
de Santander y, la Laguna de Tota (Boyacá) por mencionar sólo
algunos de los páramos más importantes están hoy amenazados
por los proyectos mineros.
62. Los páramos y altas montañas "abarca los Andes del norte y la alta montaña centroamericana; se caracterizan por bajas temperaturas, pronunciadas variaciones climáticas y humedad relativa
superior al 80% (Hofstede, Segarra, 2003), son considerados ecosistemas estratégicos por su biodiversidad (IAvH, 2007) ". En Molina Roa, 2011: 74
63. La importancia de los páramos para la regulación hídrica se debe a que retienen agua y la liberan paulatinamente hacia las cuencas hídricas, debido a alta tasa de infiltración y almacenamiento
propios de sus suelos, bajo nivel de escorrentía superficial y escaso consumo de agua de su vegetación (De Bievre, 2007 en Molina, 2011: 74)).
64. Molina Roa, Javier Alfredo. Minería en los páramos de Colombia y la construcción de una conciencia ecológica. Hacia la búsqueda de la justicia ambiental. Revista Ecología Política. 2011. Pág: 7476.
65.Molano, Joaquín, Territorios y saberes en las altas montañas ecuatoriales, ponencia presentada en el Congreso Nacional de Páramos, Paipa Colombia, mayo 2009. Inédito.
66. La Silla Vacía, Estas son las empresas mineras en los páramos, octubre de 2011. En www.lasillavacía.comhistoria-invitado/27599/alejop/estas-son-las-empresas-mineras-en-los-paramos
-103-
ANEXOS. Estudios de caso
Pero mientras Ingeominas otorga títulos mineros en las altas
montañas para extraer sus riquezas minerales, sus habitantes ven
en los páramos, sitios que proveen agua y procuran el ambiente
adecuado para otras formas de vida vegetales y animales. Es
decir, para estos pobladores, los páramos no sólo están para
satisfacer necesidades puramente humanas, sino que es un
espacio donde se evidencia “un complejo entramado de
relaciones de seres interdependientes”. De esta manera, en los
últimos años, los páramos han venido adquiriendo una
representación como proveedores de agua, sitios sagrados y para
la contemplación. De hecho, hay toda clase de apreciaciones y
explicaciones sobre ellos: leyendas, mitos, estudios científicos y
estéticos.
Sin embargo, a inicios del presente siglo, se agudiza el conflicto
armado en la región (es conocida la Operación Militar Berlín que
golpearía las estructuras de la insurgencia en la zona). La
intensificación de las acciones armadas dejaría debilitadas social,
económica y culturalmente a las comunidades de Vetas y
California, vecinas al páramo, facilitando la entrada y
establecimiento de la empresa en la región. De hecho, muchos de
los espacios que han sido delimitados como zonas mineras han
estado o están aún bajo el manto del conflicto armado. De un
modo generalizado, estos lugares se han convertido en zonas de
despojo, no solo por la extracción y la transformación del paisaje
por este tipo de actividades, sino por el desalojo, desplazamiento
o abandono de los habitantes de estos lugares.
De acuerdo a la directora del Instituto Humbolt67, los páramos
"son espacios únicos en el planeta [...]. Estos ecosistemas han
evolucionado bajo condiciones extremas. En función de los
cambios climáticos globales (glaciación/deglaciación), los
páramos se han ubicado en posiciones geográficas mucho más
bajas que las actuales, incluso sobre los 2600 msnm. [...], los
páramos pudieron presentarse de forma continua a lo largo de los
ejes de las Cordilleras apenas interrumpidos por algunas
depresiones de las mismas. Gracias a estos procesos, los páramos
actualmente poseen vegetación, fauna, clima y suelos singulares
frente al resto de los ecosistemas del planeta".
Aunque la resistencia de los pequeños mineros duró varios años,
finalmente la empresa y los mineros establecen acuerdos. Las
empresas multinacionales conscientes de los contextos y
territorios a los cuales le están apostando, se benefician de las
debilidades en las instituciones y en los tejidos sociales de las
comunidades. Comunidades divididas políticamente, con bajos
niveles de educación, asociaciones debilitadas, corrupción70 y
problemas de orden público son los factores que generan los
ambientes necesarios para el arribo de intereses foráneos.
Es decir, los páramos garantizan los ciclos vitales que procuran
diferentes beneficios como las aguas, para también se traducen
en expresiones como soberanía alimentaria, megadiversidad,
espirituralidad y modos de vida tradicionales de producción.
En este tipo de representaciones sobre los páramos radica el
conflicto inicial que caracteriza a estos ambientes. Un imaginario
que ve estos territorios como un don de la naturaleza que de forma
natural se produce y reproduce y otro imaginario que encuentra
en la extracción de minerales, la llegada de la abundancia,
puestos de trabajo y la adecuación o construcción de obras
públicas que sustituya la ausencia del Estado68.
A finales de la década pasada, con la solicitud de la licencia
ambiental para la fase de explotación por parte de la empresa
Greystar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial el conflicto volvería a encenderse. Para ese momento,
la empresa tendría más de una década de presencia en la región y
había ganado la aceptación de una parte importante de la
población urbana de los municipios de Vetas y California,
principalmente pequeños mineros que habían sido incorporados
en las actividades exploratorias.
3. El conflicto en Santurbán.
Sin embargo, en Bucaramanga, algunas organizaciones
ambientalistas y académicos locales ya venían denunciando las
posibles implicaciones que tendría la gran minería para la región,
considerando los grandes volúmenes de remoción de roca y la
utilización de cianuro en las pilas de lixiviados justo kilómetros
arriba de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga.
Aunque la opinión general tiene conocimiento del conflicto entre
ambientalistas y mineros por el proyecto minero Angosturas en el
páramo de Santurbán, el cual ha motivado importantes
movilizaciones en los últimos años, el mencionado proyecto
tiene orígenes en la década de los 90, cuando llega a Santander, la
empresa Greystar Resources Ltd69. (Véase mapa 7). En ese
momento, los pobladores locales, muchos de ellos mineros
artesanales, emprenden una intensa resistencia para defender su
ancestral forma de vida.
De esta manera, el conflicto emerge en la medida que para estos
sectores de la población, la minería amenaza y pude agredir este
territorio, contaminar las aguas y despojar a sus pobladores de su más
importante riqueza natural, el páramo. Los defensores del páramo de
Santurbán, denuncian que la extracción de oro en el páramo sólo va a
satisfacer unas necesidades meramente suntuarias y a procurar unos
beneficios representados en divisas, privilegia las cifras y
estadísticas, mientras se alteran los ciclos naturales y beneficiará,
económicamente, sólo a una cuota pequeña de la población,
67. Baptiste, B., La importancia de Santurbán, Instituto de investigación en recursos biológicos Alexander von Humboldt. Revista Aseduis, edición 7, octubre 2011, pag: 24
68. Molano, Alfredo. La fiebre del oro en Santurbán. El Espectador, 22 de diciembre 2010.
69. Compañía canadiense entre cuyos mayores accionistas se encuentra JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo y la Corporación Financiera Internacional, la cual trabaja como agencia
del Banco Mundial interviniendo en proyectos de carácter privado (Molano, 2010)
70. Mining Watch Canadá, Censat Agua Viva. Tierras y Conflicto, Interpares, Canadá. 2010
-104-
ANEXOS. Estudios de caso
pero además declararían que la minería es una actividad
prohibida según la legislación ambiental y minera del país en
estos territorios.
distritos que abarcan el páramo como distritos mineros. De ahí que
la GreyStar considere, que la voluntad social de los Consejos
Municipales también debe ser tenida en cuenta.
No obstante lo anterior, la licencia continua su trámite ante el
Ministerio. Los ambientalistas y defensores de los páramos no
descansarían en poner el debate en cada espacio académico,
político y de oponión logrando generar un importante debate
nacional sobre la condición de ilegalidad de la minería en los
páramos y la necesidad de delimitar los páramos en el país.
Esta falta de efectividad parte de la incompetencia de algunas
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). En el caso
específico de Santander, la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de Bucaramanga, CDMB es la entidad competente
para llevar a cabo todo tipo de diligencia que proteja el
ecosistema paramuno. Desde el 2007 la CAR del Norte de
Santander (Corponor) venía trabajando para hacer del páramo de
Santurbán un Parque Natural (solo el 23% del páramo esta en
Santander, el resto está en Norte de Santander) y con esto blindar
a este territorio de cualquier amenaza minera. Corponor cumplió
con su objetivo pero la CDMB no hizo los suficientes esfuerzos
para que esto sucediera en su departamento. Este tipo de
incompetencias son resultado, en muchos casos, de funcionarios
que no tienen las competencias para estar en este tipo de
instituciones, siendo solo cuotas políticas que toman decisiones
para favorecer ciertos proyectos e iniciativas abanderadas por el
gobierno de turno.
Frente al caso del páramo de Sartubán, la revista virtual La Silla
Vacía consideraría que: “las autoridades ambientales en Santander
han estado ausentes del debate” lo que ha generado que este
páramo no tenga una debida delimitación geográfica. El mismo
presidente de la minera canadiense Greystar, Steve Kesler, aseguró
que las reglas en Colombia no están claras, puesto que muchas
partes del territorio no cuentan con una delimitación actualizada
que evite ambigüedades. Santurbán geológicamente es un páramo,
pero jurídicamente no ha sido declarado como tal. Es más, los
concejos municipales de Vetas y California declararon estos
Mapa 7. Páramos vs. títulos mineros
-105-
ANEXOS. Estudios de caso
Mapa 8. Páramos Santurbán y Almorzadero (azul) vs Mineria (recuadros rojos)
El que el páramo de Santurbán tenga una fuerte importancia por
garantizar el agua de dos millones de personas de los Santanderes,
hace reaccionar a la comunidad que se asienta en el área
Metropolitana de Bucaramanga y de otros pueblos y ciudades
aledañas, como Cúcuta, que ven amenazado su acceso al agua por
la casi segura contaminación que se haría de las fuentes de agua si
se continua con el “proyecto Angostura” de la empresa Greystar.
El proceso de sensibilización que impulsan los promotores de la
Defensa del páramo, logra ganar en las comunidades urbanas una
valoración del páramo como un escenario que requiere de
cuidados y respeto y que provee beneficios como su riqueza
hídrica. Estas diversas posiciones asumen un lenguaje en común.
Una forma diferente de enunciar, que como en las experiencias
del Referendo por el Agua ha sido también un aprendizaje, este
proceso “rescató una visión de la naturaleza que no la entiende
simplemente como proveedora de materiales al servicio de los
seres humanos”71, referenciando y enunciando este territorio
fundamental para el “ciclo del agua para consumo humano y
ecosistemas esenciales” (Roa: 2011). Además, el agua y sus
nuevas formas de enunciación se ha convertido en el elemento
movilizador de las luchas en Santander (Roa, 2011: 3).
En medio del conflicto por la minería, a través de la defensa del
agua, se consigue la unificación de sectores que antes no habían
trabajado juntos. Se inicia un trabajo conjunto con el único
objetivo de detener la embestida y el inicio de los trabajos de
extracción de oro en el páramo. Estos sectores, particularmente
71. Roa, Tatiana, Santander busca blindar a sus paramos y sus aguas frente a la amenaza minera. Desde Abajo, Bogotá, 2011, pág: 3
-106-
ANEXOS. Estudios de caso
urbanos, están reunidos bajo el rotulo de Comité para la Defensa
del Páramo de Santurbán, constituido por asociaciones de
ambientalistas, sindicatos, estudiantes, académicos, trabajarían
en alianza con grupos como la Sociedad Santandereana de
Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas, Fenalco Santander
y partidos políticos como el Polo Democrático y algunos sectores
de los Verdes. En una crónica, que para el periódico El
Espectador realizó Alfredo Molano, se sostiene que estos
sectores “se están oponiendo al proyecto, argumentando que
habrá un daño irreversible en las fuentes hídricas que nutren el
área metropolitana. Esta comunidad ve amenazada su
supervivencia y su riqueza natural y aunque desconocen el
lenguaje ambientalista, decide asumir esas nuevas narrativas
para “activar un lenguaje de valoración divergente, en oposición
a la concepción binaria que desarrollan las grandes empresas”
(Svampa, 2009: 43).
Luego de meses de movilizaciones, debates académicos y
políticos, la empresa retira el proyecto, el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial niega la licencia y el Ministerio
de Minas y Energía se pronuncia descalificando la viabilidad
técnica del proyecto. La férrea oposición a la minería en
Santurbán en Santander logra hacer retroceder a la empresa, sin
embargo la amenaza continua latente, no sólo la empresa
canadiense continua insistiendo en extraer la riqueza aurífero,
esta vez con un proyecto de minería subterránea, otros nuevos
proyectos mineros y empresas trasnacionales siguen teniendo
presencia en la zonas: AngloGold Ashanti Colombia S.A,
Cerámica Italia, Continental Gold S. A., CVS Explorations Ltda
y, Empresa Minera Reina de Oro.
Casi un año después de la última audiencia pública y la gran
movilización social de febrero de 2011, el debate sobre la minería
sigue candente en esta ciudad. Las diversas expresiones de
resistencia: el Comité y los gremios mantienen firme su posición
frente a la minería. Ha sido un año de debates, foros, denuncias
que visibilizan de un lado la fuerza de las empresas, que no
obstante la legislación colombiana y la férrea oposición del
pueblo santandereano continúan haciendo actividades de
exploración sobre el páramo, aún las propias denuncias de los
entes de control. En últimas es una puja porque cada uno de los
actores sabe que lo que suceda en Santurban definirá la
continuidad o no de la política minero – energética en el país.
4. Para concluir
El caso de Santurbán resume de manera acertada el conflicto que
provoca la minería en diversos sectores beneficiados o afectados
por este tipo de megaproyectos mineros. Las nuevas formas de
referirse al conflicto y a los elementos que lo integran hacen parte
de unos renovados discursos que son los que están generando los
cambios en las consciencias y en las maneras de percibir el
mundo. No solo estamos hablando de un conflicto aislado,
estamos ante la presencia de un movimiento que redunda en todo
el mundo y que pone en la agenda otra posibilidad de vida. El
cambio en las narrativas deja de ser terreno exclusivo de la
academia y del discurso teórico, para insertarse en las dinámicas
más cotidianas y populares de la sociedad.
La comunidad en general le apuesta a otros modelos y se refiere a
ellos mediante lenguajes que se han colado a través de las redes
de ambientalistas, políticos y académicos. El cambio se
materializa cuando la comunidad anuncia que su prioridad es el
agua, el bienestar y el cuidado de la naturaleza, y es ese cambio el
que ocasiona el conflicto sobre el proyecto minero. En ese mismo
sentido, se observa como el sector de la industria multinacional,
no puede acceder fácilmente a territorios que, por sus
desmejoradas condiciones, se creían sectores de fácil acceso y
desmantelamiento.
El conflicto con la Greystar ha dejado en claro que “es posible la
resistencia desde la consolidación de un movimiento fuerte que
una diferentes sectores de la comunidad por un bien común”72.
72. Roa, Tatiana. El proyecto Angotura sin licencia social. Pág. 2
-107-
ANEXOS. Estudios de caso
Caso 5. Marmato
1. Ubicación del proyecto minero
El proyecto minero de la empresa Gran Colombia Gold está
ubicado en el municipio de Marmato, al nor-oriente del
departamento de Caldas, a pocos kilómetros de la vía que de
Manizales conduce a Medellín. Es de resaltar su proximidad al
rio Cauca, segunda arteria fluvial de importancia en el país.
2. Antecedentes
La historia del municipio de Marmato es a la vez la historia de la
explotación del oro en la región. Anterior a la llegada de los
españoles al continente, se tienen referencias de trabajos mineros
adelantados por los indígenas Cartama y posteriormente durante la
Colonia y los inicios de la República el oro de Marmato estuvo
presente en la economía nacional. La primera deuda externa
contraída por el naciente estado colombiano fue garantizada a
Inglaterra con las minas de Marmato. Para 1790 se inicia la
migración a las minas de oro Marmato de mineros ingleses,
franceses, alemanes , italianos, daneses, etc., “ que llegaron a
conformar la colonia europea más grande que se vio en Colombia en
el siglo XIX” y que tuvo su auge producto de la venta de las minas
del llamado Cantón de Supía a los ingleses en 1825. (1. Gärtner
Alvaro, “Los místeres de las Minas”, editorial Universidad de
Caldas, 2005 ).
Desde ese entonces dos han sido los factores que de una u otra
manera han incidido y continúan determinando de manera
preponderante la historia y el desarrollo de este municipio y sus
pobladores: a) Los múltiples cambios en la propiedad y control de
las minas así como en normatividad reguladora de los títulos
mineros y b) la tecnología utilizada en la extracción y
procesamiento del mineral.
Los antecedentes más recientes de este ordenamiento datan de
1939 cuando la ley 72 y posteriormente en el año 46 y 47 la ley 66
y el decreto 1323 definen en resumen que la parte alta del
municipio (cerro del Burro) debía dedicarse a la pequeña minería
y la parte baja se reservaría para la minería tecnificada o de mayor
escala. Durante el gobierno de Rojas Pinilla se emiten en el año
54 un Decreto y posteriormente en el año 58 una Ley (Ley 2), que
mantiene esta división del cerro y los respectivos usos definidos
para la zona alta y zona baja.
La naturaleza del conflicto que actualmente se gesta en Marmato
está relacionado nuevamente con la propiedad de los títulos
mineros y con el sistema de explotación que los diferentes actores
se proponen adelantar. Esta contradicción ya se reflejaba en el
Decreto 2655 de 1988, art. 90, que estableció: “En la
contratación de zonas para proyectos de pequeña y mediana
minería o con organizaciones cooperativas o pre-cooperativas
que realicen los organismos descentralizados dentro del área de
sus aportes, los términos, condiciones y modalidades, los
señalará o autorizará la Junta o Concejo Directivo, por vía
general o en cada caso. En estos contratos se incluirán cláusulas
que prevean la no interferencia de estos proyectos a los de gran
minería que eventualmente abarquen la misma zona o su
obligatoria integración a éstos sin desmejorar las condiciones
económicas de los interesados que se hayan de integrar.”
-108-
ANEXOS. Estudios de caso
La situación actual presenta, en relación a la propiedad de los
títulos mineros una transformación de gran importancia: La
empresa Gran Colombia Gold ha adquirido la casi totalidad de los
títulos mineros en la zona de explotación, (100 de 106 existentes),
además de ser la propietaria de la empresa Mineros Nacionales en
la parte baja, lo cual la convierte prácticamente en el único
empleador del municipio.
3. Características técnicas de la explotación
Actualmente se distinguen en la región dos formas de explotación
del oro, la de veta y los de quebrada o barequeo. La minería de
socavón es la principal fuente de trabajo y pilar fundamental de la
economía municipal. En el interior de la mina, y concretamente
en el frente de trabajo, el rompimiento de la roca se hace con la
fuerza física del minero, ayudado por un taladro manual y
martillo neumático. Cuando la veta se pierde o cambia de rumbo,
se facilita el rompimiento mediante arranque por voladura.
El arranque se realiza con “pólvora blanca” (el comercio de la
dinamita está controlado), y las voladuras se realizan a razón de
una por día. Estas voladuras no cuentan con controles adecuados,
debido a la inestabilidad misma del explosivo usado, lo que
ocasiona derrumbes en muchas de las minas, así como emanación
de gases y polvos. También se practica el arranque con taladros
manuales, varillas y macetas.
En la actualidad, la única mina medianamente tecnificada que
existe es la denominada Mineros Nacionales, ubicada en la Zona
Baja y, de propiedad de Gran Colombia Gold. Esta cuenta con
planta de beneficio con la infraestructura asociada requerida
(presa de colas).
La ventilación en todos los casos es natural por “Boca-Vientos” a
superficie, y el transporte del material arrancado se lleva en
algunas minas al hombro (baldes y costales), carretillas de
tracción humana, vagonetas sobre rieles de madera o metálicos y
por cable aéreo. El método de avance es permanentemente
rudimentario, pues se lleva a cabo mediante martillo y
ocasionalmente se utilizan explosivos.
Los mineros se limitan al “ensanche” del socavón (tambor) y
siguen la veta del mineral de acuerdo con su riqueza.
El método de sostenimiento del socavón utilizado en Marmato no
garantiza la sostenibilidad de la mina ni la seguridad al minero. Se
utiliza como soporte la instalación de marcos de madera, con un
espaciamiento que depende del tamaño de bloques en posibilidad
de caer. La madera que normalmente utilizan para el
sostenimiento es extraída de los bosques circundantes y
transportados a lomo de mula.
Para el beneficio, se “compran turnos” en algunos molinos
artesanales existentes y, el material a beneficiar se transporta a
lomo de mula o en volquetas.
La forma de trabajo minero de quebrada o barequeo se viene
realizando en Marmato en forma paralela al de veta; en general, la
explotación se realiza en sectores localizados aguas abajo de la
bocamina.
4. Impactos ambientales de la explotación.
?
El manejo ambiental de la actividad minera es prácticamente
inexistente en la zona debido igualmente a algunas fatales
coincidencias históricas. Inicialmente, el responsable de dar
cumplimiento a las obligaciones ambientales era MINERALCO
(por ser dueño) y, es así como finalmente en el año 1996 presenta
ante Corpocaldas el Plan de Manejo Ambiental respectivo, el
cual nunca se implementó dado que no contó con visto bueno de
la Corporación y, terminó siendo archivado.
?
El uso actual minero se tiene disperso a lo largo del municipio
con minas subterráneas de explotación artesanal y volúmenes de
producción bajos, escasa recuperación y gran deterioro
ambiental.
?
La disposición de estériles se efectúa directamente sobre laderas
y lechos de quebradas, incrementando el nivel de riesgo por
deslizamientos y movimientos en masa.
?
Los molinos de beneficio carecen de manejo ambiental de sus
vertimientos, disponiendo las aguas cianuradas y cargadas de
lodos en las quebradas Cascabel y Pantano y otros caños que
desembocan en el río Cauca.
?
Las diferentes compañías que han realizado labores de
exploración en la zona también han contribuido con el deterioro
de la oferta ambiental existente, debido a la contaminación de
fuentes hídricas superficiales y subterráneas, la intervención de
cauces, la generación de residuos sólidos, o la contaminación de
suelos, etc.
?
Por otra parte, existe una discusión acerca de la vulnerabilidad y
el posible riesgo que corren el actual casco urbano y sus
habitantes frente a un deslizamiento de la ladera, hecho que ya
ocurrió en 2006, cuando una avalancha dejó sepultada la antigua
plaza, la alcaldía y el hospital. Para Corpocaldas, en un análisis de
vulnerabilidad y riesgo realizado en 2009 solamente una pequeña
parte del casco urbano es catalogada como “zona de riesgo no
mitigable” y debería ser reasentada. El trasfondo de la
controversia parece ser mas político que técnico. Se considera
que quienes promueven la tesis de la necesidad de un
Reasentamiento del municipio por razones de riesgo ambiental,
en realidad están argumentando a favor de los intereses de la
empresa que busca el reasentamiento del municipio para
desarrollar un proyecto de gran minería a cielo abierto en el Cerro
del Burro, cuyos costos en ese caso deberían ser asumidos por el
Estado y no por la empresa.
-109-
ANEXOS. Estudios de caso
5. El proyecto de Gran Colombia Gold Corp.
La compañía plantea un proyecto a cielo abierto para extraer
desde 10.000 Ton/d de mineral y 10.000 Ton/d de estériles, hasta
un máximo de 30.000 ton/d de cada uno.
El área requerida para el proyecto, según Gran Colombia Gold
Corp es de 500 Has, que involucran: extracción, beneficio,
manejo de estériles, presa de colas y campamento minero.
Para la extracción del mineral serán utilizados:
- Camiones convencionales (250 ton), cargadores de llantas y
palas hidráulicas
- Trituración en pit
- Es posible el uso de un cable aéreo (banda transportadora) desde
los 1290 a la planta de procesamiento y deposito de estériles.
Para el beneficio del mineral se utilizará concentración, remolido
y cianuración directa. La planta tendrá inicialmente circuitos de
gravedad y flotación para la generación de concentrados. Las
colas serán enviadas a la presa de colas.
El proyecto como está planteado requiere del reasentamiento del
“casco histórico” ubicado en el Cerro El Burro del municipio de
Marmato.
6. Estado actual del proyecto
Según el informe del tercer trimestre de 2011 de Gran Colombia
Gold Corp, en septiembre la compañía “anunció un incremento
del 51% en recursos de oro medidos e indicados a 10 millones de
onzas en su Proyecto Marmato73 y 2,4 millones de onzas de oro
adicionales en la categoría Inferida a una ley mínima de corte de
0,3 g/t. Además, hay un estimado de 64 millones de onzas de plata
en las categorías Medidas e Indicadas y otros 11 millones de
onzas de plata en la categoría Inferida. La Compañía presentó un
Instrumento Nacional 43-101 con un estimado de recursos
minerales el 19 de octubre de 2011 por su Proyecto Marmato”.
De acuerdo con el informe referido anteriormente, ya se encuentran
terminando “los estudios y análisis requeridos para comenzar
actividades asociadas con el traslado del pueblo de Marmato y
para implementar programas sociales en Colombia relacionados
con el Proyecto Marmato.”
7. Conflictividad actual y potencial.
El proyecto de minería a cielo abierto que la empresa Gran
Colombia Gold se propone realizar en Marmato, afecta una gran
diversidad de actores sociales a nivel local, regional y nacional.
Las “posiciones e intereses” de los actores que se han
manifestado directa o indirectamente en contra del proyecto son
por lo tanto de diversa índole, parcialmente contradictorios entre
si y configuran un tipo de conflicto “multi-partes”, de alta
complejidad.
7.1. Antecedentes inmediatos del conflicto
La empresa canadiense Colombian Goldfield, que definitivamente
se declara en quiebra para finales de 2008, había adquirido una
buena parte de los títulos mineros tanto de la parte alta del “cerro
del burro” como del sector de “Cien Pesos” y de la vereda de
Echandía, donde se ubican las explotaciones de pequeña minería
subterránea. Esta empresa ordena la destrucción de la mayoría de
los molinos y cierre de las minas cuyos títulos había adquirido,
dejando de esta forma a aproximadamente 1.200 trabajadores sin
su única fuente de subsistencia. Esta empresa abandona Marmato
dejando, además de un alto desempleo, una serie de pasivos
laborales y deudas abiertas con diferentes proveedores de bienes y
servicios en la región.
Cuando la también canadiense Medoro Resources (Hoy, Gran
Colombia Gold) adquiere la mayoría de las acciones de
Colombian Goldfield y entra a continuar con las actividades de
exploración, ya los antiguos trabajadores de las minas del Cerro
del Burro las habían reabierto por su cuenta y se encontraban
explotándolas en condiciones precarias. A estos “guacheros” se
suman trabajadores informales de Supía y otros municipios
vecinos, que llegan a competir por los espacios de trabajo en las
minas ocupadas. Medoro adquiere paralelamente la compañía
Mineros Nacionales que explota la parte baja de Marmato y es el
mayor empleador del municipio.
La empresa inicia entonces acciones legales (amparos
administrativos) contra los ocupantes y poco a poco entra en
contradicción con los “poseedores” de las minas de Cien Pesos y
Echandía, pues a pesar de que estos las vienen explotando desde
hace muchos años, Medoro adquirió la propiedad formal de los
títulos mineros y en algunos casos el avance de Mineros
Nacionales desde la parte baja, excluye o pone en riesgo la
explotación en algunas minas de la parte alta.
El desarrollo del proyecto de minería a cielo abierto en Marmato
excluye la explotación subterránea y por tanto la pequeña
minería. Requiere además del Reasentamiento de la población
tanto del casco urbano como de algunas de las veredas del sector
rural del municipio y se propone extraer la totalidad de las
reservas de oro allí existentes en un período de aproximadamente
de 20 años. Distintos actores se han venido expresando
pacíficamente en contra del proyecto minero por diferentes
razones y poco a poco configuran un inicio de oposición
organizada al mismo. El conflicto no ha adquirido características
de confrontación violenta. Sin embargo, las circunstancias y
motivos por los cuales fuera recientemente asesinado el párroco
de Marmato no se han clarificado. El hecho de que el se hubiera
expresado públicamente en contra del proyecto, ha motivado la
73. www.prnewswire.com, www.grancolombiagold.com
-110-
ANEXOS. Estudios de caso
difusión de conjeturas en relación a que esta circunstancia podría
ser la razón de su muerte y suscitado temor en los lideres de la
oposición al proyecto.
7.2 Principales actores, posiciones e intereses.
En el municipio de Marmato existe una serie de actores sociales
que por diferentes razones se oponen al proyecto de minería a
cielo abierto. También dentro de la población existen personas
que ven con buenos ojos un proyecto de minería tecnificada en el
municipio y que se beneficiarían de este proceso, pero no existe
ninguna expresión organizada y pública de respaldo a la empresa
minera. Por lo tanto concentramos nuestra atención en la
descripción de los grupos opositores y sus características.
Tanto por los niveles de organización como por lo heterogéneo de
su composición y origen social y económico, no es posible hablar
de una oposición organizada y articulada socialmente. Sin
embargo las expresiones de protesta pública frente al proyecto
que se han gestado desde la defensa de intereses particulares,
empiezan a convocar y lograr el respaldo de un sector amplio de
la población.
Con el propósito de tener una idea de las características del
conflicto actual y potencial que se está desarrollando en el
municipio de Marmato, describimos continuación las que
podrían ser las características y posibles posiciones/intereses de
algunos de los actores más importantes:
7.2.1. Los “Guacheros”.
Es el grupo más numeroso, se calcula que actualmente podría
tener alrededor de 1.000 o 1.500 personas. Son trabajadores
independientes, algunos de ellos provenientes de Supía y
alrededores que llegaron a ocupar las minas poco después de que
la empresa propietaria de los títulos ordenó su cierre. Algunos de
ellos esta vinculados a la recientemente creada “Asociación de
Mineros Unidos de Marmato”, pero carecen de experiencia
organizativa. Se han movilizado esporádicamente y como
reacción a intentos de desalojo por parte de las autoridades.
Muchos de ellos participan en las acciones y protestas públicas en
contra del proyecto de explotación a cielo abierto
Posición:
Consideran que el hecho haber ocupado y explotado las minas
durante los últimos 3 a 4 años les da el derecho de posesión sobre
los títulos. Su interés primordial radica en la conservación de la
fuente de ingresos.
7.2.2. Los poseedores de minas en Echandía y Cienpesos
Se trata de pequeños o medianos empresarios mineros, que
ocuparon las minas ubicadas en las veredas de Echandía y
Cienpesos, montaron allí una infraestructura para el
procesamiento y contratan entre 10 y 50 trabajadores cada uno,
de forma permanente.
Posición:
Consideran que el avance de la explotación de mineros
nacionales pone en peligro sus explotaciones y que cuentan con
derechos de posesión por el hecho de haber explotado estos
títulos durante tanto tiempo, así la empresa los haya comprado a
sus antiguos propietarios. Argumentan que la empresa sabía que
“compraba un problema”. En 2.010 realizaron el bloqueo de la
vía que conduce a Echandía e impidieron los trabajos de
exploración durante varios días. Actualmente existe un proceso
de negociación para la compra de estas minas por parte de la
empresa.
7.2.3. El “ Comité Civico para la defensa de Marmato”.
Este grupo surge como respuesta organizada de algunos sectores
de la comunidad a la intervención de las empresas
multinacionales en Marmato. Su composición es diversa pues
está conformado por distintas organizaciones de base, por líderes
comunitarios, educadores, representantes de organizaciones
políticas, representantes de comunidades indígenas y afro
descendientes y personas no necesariamente vinculadas a la
actividad minera.
Posición:
Sus integrantes están en contra de la minería a cielo abierto por
los riesgos ambientales que implica, se opone al reasentamiento
del municipio y rechaza la posibilidad de que una sola empresa
monopolice la oferta laboral o que los recursos auríferos que
podrían durar muchos años, se exploten en unos pocos años,
dejando a las futuras generaciones sin posibilidades económicas
de subsistencia. Recogen la exigencia de las comunidades étnicas
en relación con la realización de una “Consulta Previa, libre e
informada” y reivindican los valores históricos y culturales del
municipio, cuya existencia ven en peligro con el proyecto de
minería a gran escala. Sostienen que la empresa ha perdido la
propiedad de los títulos mineros por no haber explotado las minas
del Cerro del Burro durante los períodos que establece la ley y
que estas deben ser entregadas a los pequeños mineros que hoy
laboran en ellas.
7.2.4. La administración municipal
Tanto el Concejo Municipal como el alcalde son actores centrales
en esta situación, entre otras cosas porque el EOT (Esquema de
ordenamiento territorial del municipio) es competencia de estas
instancias y debería ser modificado como requisito importante
para realizar un proyecto de minería a cielo abierto y de reasentar
el casco urbano del municipio. El actual EOT prohíbe la gran
minería en la parte alta del municipio. De igual manera es el
alcalde quien debe ejecutar los desalojos de las minas debido a
los amparos administrativos presentados y fallados a favor de la
empresa.
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ANEXOS. Estudios de caso
Posición:
La actual administración se ha mostrado renuente a los desalojos
pues se trata de un problema social generado por la empresa minera.
El alcalde está a favor del reasentamiento del municipio pero no
comparte la idea de la explotación a cielo abierto. En cuanto a la
modificación del EOT el Concejo y el alcalde aún no se pronuncian.
7.2.5. La empresa Gran Colombia Gold
Se trata de una empresa con sede en Canadá que cotiza en la bolsa
de Toronto. Su propósito es la apertura de una mina a cielo abierto.
Posición:
La compañía se reafirma en la propiedad de los títulos y la
ilegalidad de la ocupación de las minas. Argumenta la
conveniencia y la oportunidad que el proyecto de gran minería
significa para el municipio. Esta dispuesta a correr con los costos
del reasentamiento y sostiene que los impactos ambientales del
proyecto son perfectamente mitigables.
7.2.6. Otros actores.
Es necesario tener en cuenta la existencia de actores menos
evidentes que los mencionados pero que no por eso tengan menos
influencia en el desarrollo actual y futuro del conflicto. Se trata de
actores ilegales e informales, que se verían afectados por la
formalización de la explotación del oro en Marmato y por lo tanto
es de suponer que ejercen o ejercerán oposición al proyecto.
Se trata de las personas vinculadas al mercado negro de explosivos
que implica sobrecostos 10 veces del valor de mercado legal, de las
personas vinculadas al lavado de activos por la vía de la
comercialización de oro y de los prestamistas que cobran tasas de
usura a los mineros en créditos para la compra de insumos.
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