TABLA DE CONTENIDOS BUCARAMANGA Y AREA

Transcripción

TABLA DE CONTENIDOS
BUCARAMANGA Y AREA METROPOLITANA: EL ASEDIO DE LA REPRESIÓN, 1966 –
1998
1.
1.1.
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
PRESENTACION
ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA
ACTORES Y PROCESOS SOCIALES
Las marchas campesinas y la Coordinadora Popular del Nororiente
Organizaciones sindicales y las luchas de los trabajadores
Exterminio de organizaciones políticas y de derechos humanos
Crímenes contra la movilización cívica y popular. Persecución contra sectores urbanos
marginales
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS
Fuerza Pública
Grupos Paramilitares
Grupos insurgentes
1.4.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
BUCARAMANGA
PERSECUCIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICAL
Crímenes contra obreros sindicalizados en Bucaramanga, 1972 - 1993
Trabajadores y sindicatos de la Salud
La Unión Sindical de Trabajadores de Santander, USITRAS
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander, SINTRAUIS
Christian Roa
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Industrial
de Santander, “CHRISTIAN ROA”
Álvaro Enrique Villamizar Mogollón
El Sindicato de Educadores de Santander, SES
La desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana
¡Hasta encontrarlos!
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, SINALTRAINAL: una
nueva etapa en la organización de los trabajadores
Coopetrán
2.1.4.1
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
PERSECUCIÓN CONTRA LA OPOSICIÓN POLÍTICA
El período 1968-1981
Persecución al Partido Comunista
La experiencia del Frente Democrático
El Movimiento Político A Luchar
José Domingo Solano León
El Movimiento Firmes en Bucaramanga y el Área Metropolitana
La persecución contra Lenin Carvajal Villanueva y los jóvenes integrantes de “Firmes”
El Movimiento Político Esperanza Paz y Libertad
La Alianza Democrática M - 19
El exterminio de la Unión Patriótica en Bucaramanga y el área Metropolitana
LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, UIS
El paro cívico de 1975 en Bucaramanga y la participación de los estudiantes de
secundaria
La Universidad Cooperativa, INDESCO
La Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB
Asociación universitaria de estudiantes de Santander, AUDESA
PROYECTO COLOMBIA NUNCA MAS – INFORME ZONA V
2.3.4
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
Crímenes y hostigamientos contra los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia,
UCC
CRÍMENES Y PERSECUCIÓN CONTRA LA POBLACIÓN URBANA
Los primeros signos de la represión de la protesta ciudadana
1988: recrudecimiento de la represión
2.5
CRIMENES CONTRA LOS SECTORES POPULARES URBANOS
2.5.1
El barrio José Antonio Galán
2.5.2
Los barrios del Norte de Bucaramanga
2.5.2.1
1992: incremento de la violencia represiva contra los barrios del Norte
2.5.2.2
El Comité Cultural de Zapamanga, COCUZA
2.5.3
Persecución y crímenes contra los trabajadores de la Cultura
El caso de Chucho Peña
2.6
2.6.1
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.2
2.6.2.1
SIJIN
PERSECUCIÓN A MARGINADOS Y EXCLUIDOS SOCIALES
Los Escuadrones de la Muerte, La Mano Negra y los responsables desconocidos en
Bucaramanga
Las masacres del 7 de febrero y del 7 de abril de 1989
La persistencia de la la persecución a marginados y excluidos sociales
Acciones de la SIJIN
El sicariato: Una modalidad de persecución a marginados y excluidos sociales a cargo de la
2.7
CRIMENES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP, Seccional Santander
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
EXTERMINIO DE AMNISTIADOS POLITICOS
Los miembros de las FARC amnistiados en Bucaramanga y Área Metropolitana
El M–19 en Bucaramanga y Área Metropolitana
El ELN
El EPL
3. AREA METROPOLITANA
3.1
3.1.1
3.1.2
FLORIDABLANCA
Persecución al movimiento sindical
Sindicato de trabajadores oficiales de Floridablanca
Persecución contra la población urbana
3.2
3.2.1
GIRON
Persecución contra la población urbana
3.3
3.3.1
3.3.2
PIEDECUESTA
Persecución contra la población urbano – popular
Crímenes contra marginados sociales
4. VICTIMIZACION DE LA POBLACIÓN CAMPESINA EN BUCARAMANGA Y AREA METROPOLITANA
La Asociación de fiqueros de Santander, ASOFIQUE
2
BUCARAMANGA Y ÁREA METROPOLITANA: EL
ASEDIO DE LA REPRESION, 1966 - 1998
1. PRESENTACIÓN
Bucaramanga y su Área Metropolitana están ubicadas en el noreste del departamento de
Santander, hacen parte de la provincia de Soto y se integra por los municipios de
Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Limita por el norte con Rionegro, Matanza
y Charta; por el oriente con Tona, por el sur con Los Santos y Zapatoca y por el occidente
con Lebrija. Su extensión abarca un territorio de 1.417 kilómetros cuadrados, en los cuales
reside una población aproximada de 759648 habitantes1, que representan casi el 50 % de la
población del departamento. La capital santandereana concentra la mayor cantidad de
población, contando con una cantidad aproximada de 414365 habitantes; le sigue
Floridablanca con 192853 pobladores, Girón con 79799 y Piedecuesta, cuyo número
aproximado de habitantes es de 72631.
La principal base económica de la capital santandereana y su Área Metropolitana es la
agricultura (la zona es considerada como el principal centro tabacalero del país y se
constituye igualmente como el principal núcleo cafetero del departamento)2, seguida de
otras actividades que reportan grandes beneficios para los dueños del poder político y
económico en la región, como la ganadería, la minería, el comercio y los servicios
profesionales. Los principales centros industriales del departamento se localizan en el Área
1
2
Datos tomados de: http//redcolombiana.com/mipaís/santander/departamento.
IGAC: Diccionario Geográfico de Colombia, Tomo I. IGAC Ediciones, 1996; pp: 307.
3
Metropolitana, sin contar con una infraestructura adecuada para el correcto funcionamiento
de los procesos productivos.
El crecimiento demográfico del Área Metropolitana y su acelerado proceso de
industrialización se vieron reforzados por los altos índices de violencia en los campos
promovidos por la lucha bipartidista, que a su vez motivó numerosos éxodos masivos de
campesinos a la capital del departamento santandereano. Esta situación se agudizó en la
década del sesenta, debido al auge del desarrollo industrial en la capital santandereana, que
conllevó la absorción de una gran cantidad de mano de obra barata, suscitando la migración
de parte de los pobladores de los municipios aledaños a la ciudad capital. De esta forma,
Bucaramanga junto con su Área Metropolitana se convirtió en poco tiempo en el epicentro
del nororiente colombiano, receptora de pobladores provenientes de las provincias y
departamentos vecinos y una de las principales regiones comerciales del país.
En consecuencia, la agricultura, principal actividad económica de la zona, pasó de ser una
actividad de “subsistencia” a un proceso tecnificado. Tal es el caso de la producción
tabacalera que se desarrollaba artesanalmente en las poblaciones de Floridablanca,
Piedecuesta y Girón, y que con el devenir de los años se transformó en uno de los intereses
fundamentales de las grandes trasnacionales, las cuales se apropiaron de los terrenos
propicios para esta actividad, presionando a los campesinos para que vendieran sus tierras a
bajo costo, u obligándolos a abandonar sus terrenos por medio de la fuerza. Tampoco hay
que olvidar otros sectores de la economía que también tuvieron un importante desarrollo,
como la empresa del calzado, la empresa lechera, la petroquímica, la prestación del servicio
del gas, etc.
Por otra parte, a pesar de la tecnificación de la agricultura y la creación de grandes
agroindustrias, desde mediados de la década del setenta, la economía urbana y el comercio
tomaron un papel preponderante en la planeación de las actividades económicas y la
proyección del desarrollo de toda el Área Metropolitana, fenómeno que fue posible gracias a
la ubicación estratégica de la capital y sus alrededores “en el eje de las vías de comunicación
más importante del oriente colombiano”3. A esto se sumó el vertiginoso proceso de
expansión urbana y “la consecuente anexión de los municipios cercanos”4 a la capital
santandereana, esto es, los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
En efecto, Bucaramanga se encuentra incrustada en una región definida por cuatro rasgos
económicos, de un lado el triángulo del petróleo formado por las explotaciones de Cusiana,
Arauca, Tibú y Barrancabermeja; de otro, los complejos agroindustriales del Magdalena
Medio, las zonas de ganadería entre Cesar, Santander y Arauca, y finalmente, los centros
urbanos industriales, financieros y comerciales5.
En efecto, desde el punto de vista territorial y productivo, el Área Metropolitana de
Bucaramanga pretende ser primer nodo tecnológico, epicentro de servicios de orden
nacional e internacional, destacándose su papel geopolítico estratégico en las zonas de
influencia (Región nororiental de Colombia, frontera Colombo-Venezuela, Caribe insular y
Centroamérica).
3
Ibidem; pp. 306
RUEDA GOMEZ, Néstor José. Bucaramanga: Paradojas de Un Ordenamiento Urbano. Universidad
Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, 2003. pp. 159.
5
RUIZ GOMEZ, Andelfo. PINZON, Jaile Liliana. Fundación para la Promoción de la Cultura y la
Educación Popular, FUNPROCEP. Laberintos de Paz. Bucaramanga, 2001. pp. 46.
4
4
Considerada como la ciudad más importante del nororiente colombiano, Bucaramanga
centraliza a su vez los centros de prestación de servicios y la sede del gobierno
departamental. Por tal razón, en los municipios que comprenden el Área Metropolitana se
halla la mayor concentración de poder político, económico, religioso y militar de Santander.
Igualmente, se evidencian con mayor fuerza los problemas sociales como el asentamiento
de desplazados, el desempleo, la delincuencia común, y la inasistencia del Estado frente a
las necesidades y demandas básicas de los pobladores de los sectores populares.
La situación de derechos humanos en Bucaramanga es crítica. Sólo por mencionar un
aspecto reciente, de las desapariciones forzadas que se reportan en el departamento de
Santander, el 78% se presentan en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Las demás
ocurren en otras áreas del departamento, especialmente en las vías de salida de
Bucaramanga. Del total de casos, se calcula que sólo un 7% es judicializado y en un 85% no
se conoce ningún responsable por enjuiciar6. Dada la importancia regional y las
particularidades propias de la victimización acontecida en Bucaramanga y el Área
Metropolitana, hemos dedicado un aparte específico para comprender y analizar los
crímenes de lesa humanidad ocurridos en este territorio entre 1966-1998 completamente
diferenciado de los casos ocurridos en la Provincia de Soto, división que contiene a
Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta.
1.1
ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN BUCARAMANGA Y ÁREA
METROPOLITANA
La población santandereana residente en Bucaramanga y el Área Metropolitana, se ha
caracterizado históricamente por su capacidad organizativa en pro de la lucha y satisfacción
de sus necesidades fundamentales. Una de las circunstancias que posibilitó el surgimiento
de iniciativas organizativas en la zona fue la ausencia de la propiedad latifundista, fenómeno
que propició el surgimiento de asociaciones de pequeños aparceros y artesanos, que se
congregaron con el fin de “enfrentar conjuntamente las arbitrariedades de los gobernantes
locales”7.
Posteriormente, se constituyeron las “Sociedades Democráticas”, asociaciones gremiales y
políticas del sector artesanal que cobraron inusitada fuerza en la capital santandereana y
cuya máxima expresión se dio en “La Culebra Pico de Oro, sociedad que tuvo un papel
protagonista en las luchas de las clases populares por mejorar sus condiciones de vida” 8. Por
tanto, podría decirse que uno de los principales factores que influyó en la aparición de los
movimientos cívico – populares de la región, fue precisamente el impulso de los artesanos y
agricultores, quienes por medio de la agremiación, sentaron las bases de los movimientos
sociales y políticos que harían su aparición en la capital santandereana y sus municipios
aledaños en el transcurso del siglo XX.
Otro de los factores que incidió de manera significativa en la configuración de propuestas
cívicas, populares, sindicales y estudiantiles alternativas y contrapuestas a los intereses
hegemónicos en el Área Metropolitana, fue la aparición de los movimientos de izquierda en
6
Ponencia del Taller Regional de Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario del
Nororiente Colombiano, organizado por el Nodo de Coordinación de ONGs de derechos humanos
Colombia-Europa-USA. Bucaramanga: Noviembre de 2000. En: Op. Cit. Laberintos de Paz. pp. 56.
7
REINICIAR: “Sólo los muertos tienen nombre: Memoria Histórica del Genocidio de la Unión Patriótica
en Santander y Magdalena Medio”.Julio de 2005. pp. 24.
8
Ibíd.
5
la ciudad desde finales de la década del treinta, cuyos idearios de justicia social
correspondieron en gran medida a las demandas y reivindicaciones de los trabajadores y
habitantes de la capital santandereana. El desarrollo del trabajo político del Partido
Comunista Colombiano (PCC) en Bucaramanga es una muestra de ello: en primera instancia
los militantes del partido respaldaron las iniciativas de los gremios artesanales y las
demandas laborales de los trabajadores de las pequeñas industrias del tabaco de la zona.
Consecutivamente, los miembros del PCC apoyaron “la lucha por el derecho a tener un lugar
donde vivir”9 de los campesinos y emigrantes que provenían de las provincias
santandereanas y otras regiones del país; “barrios como Obras Públicas o La Libertad se
fundaron bajo este impulso”10, situación que se constituyó en un motivo más para que los
habitantes del Área Metropolitana acogieran con entusiasmo los planteamientos de la
izquierda. A nivel regional el Partido concentró su actividad en la defensa del derecho a la
vivienda y junto con CENAPROV (Central Nacional Pro Vivienda) dieron origen a otros barrios
de vivienda popular en la ciudad de Bucaramanga, entre ellos el barrio Manuela Beltrán, así
como por el acceso a las mínimas condiciones de vida urbana, como era los servicios
públicos y la infraestructura necesaria que les permitiera adquirir niveles de vida dignos.
No obstante, con la llegada al poder de Mariano Ospina en 1946, los espacios de apertura
democrática, conquistados con esfuerzo por los sectores populares de todo el país, se vieron
refrenados una vez el terror se apoderó del panorama nacional, incluyendo el departamento
de Santander. En los años subsiguientes, el establecimiento se encargaría de estigmatizar y
perseguir contundentemente a las fuerzas políticas de oposición y cualquier tipo de espacio
organizativo que cuestionara los intereses y políticas de las clases dominantes. Empero, la
población civil siguió resistiendo y fortaleciendo sus espacios de lucha; las asociaciones
gremiales cívicas, obreras y estudiantiles continuaron desarrollando su trabajo de base en la
ciudad y surgieron espacios organizativos importantes como
AUDESA, (Asociación
Universitaria de Estudiantes de Santander), gremio que abanderó en compañía de otras
estructuras reivindicativas, la lucha por los derechos de la población bumanguesa y fomentó
la creación de los Comités Cívico Populares11 en diferentes zonas de la ciudad.
Con el incremento desmesurado de las migraciones hacia Bucaramanga, debido entre otras
causas a la violencia bipartidista de los años cincuenta y la industrialización creciente de la
capital que alcanzó un gran auge en los años sesenta, las zonas periféricas de la ciudad
comenzaron a poblarse rápidamente, lo que a su vez suscitó grandes problemáticas, dada la
inasistencia del Estado frente a las necesidades de los recién llegados a la urbe, los cuales
tuvieron que asentarse en lugares marginales y desprovistos de todos los servicios básicos
necesarios para su subsistencia.
Entretanto, las medidas represivas tomadas por el Gobierno como parte de la
implementación de la “estrategia contrainsurgente”, amparadas en el estado de sitio y que
se extendieron indiscriminadamente a toda la población civil, cerraron aún más las
posibilidades de participación política, popular y democrática a lo largo y ancho del territorio
nacional, situación a la que no fueron ajenos los habitantes del Área Metropolitana. La
“democracia restringida”12 excluyó sin lugar a dudas cualquier tipo de alternatividad política,
resguardando los intereses de los poderes locales bajo el uso de la fuerza y la violencia. La
exclusión del común de la población ante un orden univoco e inmutable, propició diversas
reacciones por parte de los sectores sociales más desfavorecidos, los cuales revivieron su
9
REINICIAR: op.cit. pp. 26.
Ibíd.
11
Para mayor información al respecto puede consultarse: REVISTA ALTERNATIVA. Número 60,
Noviembre 17 al 24 de 1975. pp. 8.
12
RUEDA GOMEZ, Néstor José: op. cit. pp. 114.
10
6
espíritu de lucha y manifestaron una vez más su inconformidad, exigiendo el respeto de sus
derechos mediante las movilizaciones masivas y la organización. Ello conllevó a un nuevo
apogeo de los movimientos cívicos y populares cuyos procesos organizativos se centraron en
la búsqueda de mejoras en las condiciones de vida de la comunidad en general, a la par con
las reivindicaciones gremiales, campesinas y estudiantiles y el clamor por el respeto a la
vida y el cese de las hostilidades de la fuerza pública.
En el transcurso de la década del setenta continuó la proliferación de barrios subnormales en
el Área Metropolitana, sin infraestructura ni servicios básicos. Esta difícil situación condujo a
que en estos sectores de la ciudad se gestaran importantes iniciativas organizativas apoyadas por las ya existentes – emprendidas por los sectores obreros, los estudiantes y los
habitantes de los barrios populares, quienes reanudaron sus demandas por el mejoramiento
de las condiciones de vida, la prestación de los servicios, la construcción de infraestructura,
vías de acceso y la solución de las distintas problemáticas sociales que aquejaban a los
nuevos habitantes del perímetro urbano. En este lapso temporal se conformaron barrios
populares que en los años subsiguientes serían el epicentro de las protestas ciudadanas. Tal
es el caso de los barrios Albania, Gaitán y La Joya, ubicados al suroccidente de la capital.
Las instituciones estatales, lejos de solucionar las problemáticas de los habitantes de la
periferia, continuaron con la construcción de viviendas populares en zonas inaccesibles; “la
vivienda obrera fue condenada por las políticas de vivienda del estado a ubicarse en las
peores tierras, especialmente los barrios ubicados sobre la zona escarpada del extremo
occidental y suroccidental de la ciudad”13. Allí se generaron importantes asociaciones de
obreros agremiados, que, además de exigir mejoras laborales, apoyaron la movilización
cívico – popular que poco a poco se fortalecía en la zona.
La problemática del transporte se constituyó a su vez en otro de los detonantes de la
protesta obrera, estudiantil y popular. Un ejemplo de ello fue el paro cívico de 1975,
movilización que se gestó desde finales de octubre hasta el 5 de noviembre, debido a los
incrementos en las tarifas del transporte y el cambio de las rutas reglamentadas por el
INTRA, lo cual perjudicó considerablemente a la población trabajadora y enardeció los
ánimos de quienes residían en la periferia de la ciudad. Las marchas que se llevaron a cabo
para protestar por esas medidas fueron reprimidas por la fuerza pública sin consideración
alguna hacia los manifestantes, arremetida que ocasionó la muerte de un estudiante y la
detención de más de doscientas personas.
Este tipo de accionar era tan solo el reflejo de un plan estratégico puesto en marcha por las
instituciones estatales con el fin de controlar minuciosamente a los pobladores del Área
Metropolitana y poder así “extirpar la organización terrorista del seno de la población... esta
será duramente atropellada, reunida, interrogada, requisada. Tanto en el día como en la
noche, soldados armados harán repentinas incursiones en las casas de habitantes pacíficos
para proceder a efectuar arrestos necesarios; se podrán producir hasta combates que
tendrán que sufrir todos los ciudadanos (...) pero bajo ningún pretexto un gobierno puede
en este aspecto dejar que surja una polémica contra las fuerzas del orden que solo
favorecerá a nuestro adversario (...) la operación policiva será por tanto una verdadera
operación de guerra”14; plan de acción que fue desarrollado cabalmente por los agentes
estatales.
13
Ibíd.
Banco de Datos de Violencia Política del CINEP. Deuda con la Humanidad: Paramilitarismo de Estado
1988 – 2003. La doctrina contrainsurgente del Estado y la población civil. pp. 4.
14
7
Pese a la estigmatización y represión hecha por los mandos castrenses contra los
movimientos estudiantiles, populares, sindicales y de oposición política, señalándolos como
“brazos armados de la subversión”15, los procesos organizativos de los pobladores de
Bucaramanga y el Área Metropolitana, lejos de aminorarse, cobraron una fuerza renovada.
En la segunda mitad de los años setenta, surgieron gremios de vital importancia como
UTRASAN (Unión de Trabajadores de Santander), el SES (Sindicato de Educadores de
Santander) y SINTRAUIS (Sindicato de trabajadores de la Universidad Industrial de
Santander), los cuales lideraron importantes marchas y movilizaciones como los paros
cívicos de 1977 y 1979, además de los que tuvieron lugar durante el transcurso de los
ochenta.
Con el devenir de la década del ochenta, los movimientos cívico populares de la capital
santandereana y Área Metropolitana, reforzaron su acción colectiva y dieron paso a la
creación de nuevos espacios democráticos y culturales que propiciaron mayores niveles de
participación de las comunidades del lugar para la permanencia de los mismos (tal es el caso
de los barrios del Norte de la capital, cuya fortaleza organizativa se explicará más adelante).
Empero, la respuesta estatal frente a estas propuestas no se hizo esperar: ante el
agotamiento de los mecanismos represivos institucionales y centralizados y la imposibilidad
de frenar las iniciativas organizativas de la población, aparecieron en el panorama nacional
y en la capital santandereana las estructuras paramilitares, que en alianza permanente con
los agentes del Estado dieron curso a un plan sistemático de exterminio de cualquier tipo de
proposición que cuestionara o contraviniera el orden político imperante.
Inicialmente las operaciones homicidas de los organismos paraestatales se dirigieron contra
los principales líderes sindicales cívicos, políticos y estudiantiles de la zona; no obstante, con
el paso de los años los crímenes y hostigamientos se extenderían hacia los militantes,
simpatizantes o colaboradores de la lucha popular.
Con la apertura de los procesos de paz entre el Gobierno y la insurgencia, la estrategia
contrainsurgente se tornó más contundente e incluyó dentro de sus objetivos a los
guerrilleros participes de los acuerdos y desmovilizados. Asimismo, con la aparición de
nuevas alternativas políticas, resultado de los acuerdos como la Unión Patriótica, el
Movimiento Esperanza, Paz y Libertad y la Alianza Democrática M-19, la cual logró una alta
acogida dentro de la población bumanguesa, se recrudecieron los planes de exterminio
contra la oposición política, vista desde antaño como un peligro para la permanencia de los
intereses de los detentadores del poder. En consecuencia, la arremetida paraestatal cobró la
vida de numerosos militantes de oposición y algunos activistas de los partidos tradicionales
del Área Metropolitana que se caracterizaron por su participación y apoyo incondicional a las
movilizaciones cívicas y reivindicaciones gremiales de la ciudad.
Paralelamente, los grupos paramilitares y la fuerza pública, con mayor énfasis la policía y
sus organismos de inteligencia, evidenciaron su intolerancia frente a los más desfavorecidos
y los grupos de personas que por no encajaban dentro del orden propuesto, por medio de la
implementación de una práctica de exterminio de la población marginada, comúnmente
conocida como “limpieza social”, corroborando “una forma autoritaria del ejercicio del poder
para un orden unívocamente aceptado, en el cual los medios de comunicación social ejercen
una influencia degradante y crean la opinión de señalamiento a quienes consideran
anormales, malvivientes y delincuentes. Es la dicotomía maniqueista y farisaica: “Nosotros,
normales” y “ellos, desviados”, los buenos y los malos, los humanos y los no humanos”16;
estos planteamientos de exclusión social interiorizados por las elites locales y las fuerzas del
15
16
Ibíd.
JUSTICIA Y PAZ: Revista de Derechos Humanos Número 10. Enero – Marzo de 1999. pp. 4.
8
orden, sustentaron la eliminación sistemática de más de ciento cincuenta residentes de los
barrios marginales y las zonas de tolerancia de Bucaramanga y Área Metropolitana, los
cuales fueron privados por la hegemonía de todos sus derechos, incluyendo la posibilidad de
existir.
1.2
ACTORES Y PROCESOS SOCIALES
En este aparte presentamos los procesos organizativos más importantes, que a su vez
fueron más perseguidos y reprimidos por las fuerzas parainstitucionales en Bucaramanga y
Área Metropolitana en el transcurso de los años 1966 – 1998.
Zona V 1966-1998, Organizaciones sociales perseguidas en Bucaramanga y el
Área Metropolitana
Organización campesina
Organización Cívica
Organización Derechos Humanos
Organización Educativa
Organización Guerrillera
Organización Política
Organización Sindical
ANUC
ASOFIQUE
Coordinadora Popular del Nororiente
Comité Cultural Zapamanga. COCUZA
Coorperativa de Celadores Independientes de Santander,
COCELANDER
Movimiento Cultural
Asociación de Artistas Colombianos (ADECOL)
Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos
de García Rovira
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
de la UIS “Christian Roa”
FRUNPROCEP
SES
AUDESA
INDESCO
Frente Urbano Diego Cristóbal Uribe Escobar ELN
Frente Efraín Pabón Pabón ELN
FARC y EPL con presencia poco significativa
A Luchar
Alianza Democrática M-19
Esperanza, Paz y Libertad
FILA
Firmes
Frente Popular
Frente Democrático
Movimiento Único de Renovación Conservadora
Partido Comunista de Colombia
Partido Conservador
Partido Liberal
CICOLAC
SINDAGAS
Sindicato Nacional de Conductores de Colombia Seccional
Santander
9
SINTRABANCA
Sindicato de Bavária
Sindicato de Avianca
Sindicato de trabajadores de la Compañía Petrolera Occidental
Sindicato de trabajadores Oficiales de Floridablanca
SINTRACOPETRAN
SINTRACUAEMPONAL
SINTRADINGASCOL
SINTRAELECOL
SINTRAHOSPITALARIOS-SINTRACLINICAS
SINTRAINAL
SINTRAINDUPALMA
SINTRAMETALURGICOS
SINTRAMUNICIPIO
SINTRAUIS
SINTRUNICOL
USITRAS
USO
UTRASAN
Fuente: Proyecto CNM, 2006
1.2.1 Las Marchas Campesinas y la Coordinadora Popular del Nororiente
La fortaleza organizativa de los pobladores de Bucaramanga y el Área Metropolitana se
evidenció con la organización y puesta en marcha del Paro Cívico del Nororiente que se
desarrolló en junio de 1987 y las marchas campesinas de mayo de 1988.
La participación de la capital santandereana fue fundamental para el mantenimiento y
fortalecimiento de las protestas populares. La gran mayoría de organizaciones sociales de
Bucaramanga mostraron su respaldo a los manifestantes de los municipios vecinos,
coordinando labores de hospedaje, alimentación y apoyo a los actos públicos. Fue una tarea
de grandes dimensiones dado la alto participación de marchantes; a estas labores se
sumaron COCUZA (Comité Cultural de Zapamanga), USITRAS (Unión Sindical de
Trabajadores de Santander), el SES (Sindicato de Educadores de Santander), SINTRAUIS
(Sindicato de trabajadores de la Universidad Industrial de Santander) ANUC y movimientos
políticos de oposición como la Unión patriótica y A Luchar, entre otros.
Las precarias condiciones de vida, la guerra sucia que se desencadenaba día a día y el
eminente abandono estatal al que estaban sometidos los pobladores del nororiente del país
motivó la organización del Paro Cívico del Nororiente, que aglutinó a diversos sectores de la
población, entre los que se encontraban el campesinado, la población urbana, y los gremios
sindicales, estudiantiles y comunales de la región; “El pueblo desafió, con beligerancia y
organización, la actitud del gobierno de responder a sus necesidades más sentidas con
medidas de orden público, reforzamiento del pie de fuerza y operativos militares de
hostigamiento y amedrantamiento de la población”17.
En los meses previos a la realización del paro se constituyó la Coordinadora Popular del
Nororiente, organismo creado por diversos sectores de la población con el fin de impulsar la
17
Colombia Hoy Informa. “Paro es paro”. Año VIII, No.50, Bogotá, julio de 1987. pp.7.
10
lucha popular y el éxito del paro que se realizó entre el 7 y el 14 de junio de 1987. De tal
manera, la población logró expresar su inconformidad ante la oleada de violencia
implementada por los agentes paraestatales en la zona además de demandar “el cese de la
militarización en la zona, el respeto a las garantías ciudadanas además de reivindicaciones
por la tierra. Como consecuencia de este paro, los dirigentes del mismo fueron
posteriormente asesinados, desaparecidos y desplazados”18.
Cabe anotar que, las marchas del noreste o nororiente formaron parte de un conjunto de
movilizaciones campesinas que hicieron coincidir tres marchas regionales: la Costa Norte, el
departamento de Nariño y el Nororiente Colombiano. “Todas ellas se levantaron con
particular energía poniendo en alto la defensa de sus condiciones de vida y reivindicaciones
regionales. En todas estas zonas, el incumplimiento de las promesas gubernamentales y la
polarización política y militar del ambiente, han hecho emerger el nivel latente del
conflicto”19.
Gracias a la fortaleza organizativa previa a la realización del paro y el importante papel que
jugó la Coordinadora Popular del Nororiente en compañía de otros gremios sindicales,
estudiantiles, campesinos y cívicos, el éxito del Paro fue total. La reacción de la
administración gubernamental ante el masivo apoyo de las marchas no se hizo esperar:
valiéndose de los medios de comunicación, el Presidente Barco desaprobó las jornadas de
protesta y “(...) llamó a la población a no pretender alcanzar en un día lo que no han
conseguido en 50 años y a considerar las dificultades para adecuar el presupuesto nacional a
las necesidades populares, induciendo a reducir los reclamos a lo que es “posible”(...)”20.
El señalamiento contra las movilizaciones del Nororiente, se intensificó en los días previos a
la realización del mismo. “Inquietud en el gobierno por Paro”, así se tituló el artículo
publicado por el diario El Tiempo el 6 de junio de 1987, donde se expuso que la
administración gubernamental asumía el paro del Nororiente colombiano como
“eminentemente político” y distinto a los realizados en Chocó y Nariño, “señaló que entre los
organizadores de dicho movimiento estaban las FARC y el ELN, además de la Unión
Patriótica y otras agrupaciones regionales”21. El artículo continúa afirmando que “entre las
peticiones contenidas en el extenso pliego que será entregado al gobierno figuran puntos
idénticos a los reclamados por el ELN en reciente declaración, como la eliminación de los
contratos de asociación para la explotación petrolífera”22. Relaciones como estas pusieron en
riesgo eminente la vida de los participantes y organizadores de las marchas, quienes se
convirtieron en objetivo específico de los grupos paramilitares y de las fuerzas armadas que
hacen presencia en la región.
Desde el 7 hasta el 14 de junio de 1987, se llevó a cabo el paro del Nororiente Colombiano.
En las jornadas de protesta participaron aproximadamente 7500 campesinos de más de 20
municipios de los Santanderes, el Sur del César y el departamento de Bolívar, los cuales se
movilizaron pacíficamente hacía poblaciones como San Vicente de Chucurí, Ocaña, Chitagá,
Tibú, San Pablo y Barrancabermeja, para exigir del Estado respuestas a sus necesidades23.
Las marchas que estaban previstas para los días 7, 8 y 9 de junio, se extendieron durante
cinco días más, ante la imposibilidad de lograr acuerdos con las administraciones locales y
18
FIALLO, Nancy. Herencia de paz: Entrevistas y testimonios a víctimas en el proceso de Paz. IOM –
OIM, CARPIL, Bogotá, 2003, p. 137.
19
VARGAS, Julián. “A pesar de todo, caminaron las marchas”. En: Cien Días No. 2, abril - junio, 1988.
20
Colombia Hoy Informa, No. 50, Bogotá, 1987.
21
El Tiempo. Junio 6 de 1987, p. 1 A
22
El Tiempo, junio 6 de 1987, p. 1 A.
23
El Tiempo, junio 6 de 1987, p. 12A.
11
nacionales. Por otra parte, “a las concentraciones campesinas que ocuparon las plazas
públicas, escuelas y otros espacios públicos de los municipios mencionados, se sumaron las
manifestaciones de protesta, previstas para el 9 de junio en las principales ciudades y
poblaciones”24.
Luego de una prolongada negociación los delegados de las marchas llegaron a un primer
acuerdo con el representante del gobierno de Santander que fue desaprobado por los
campesinos25, esta negociación fue seguida de un nuevo acuerdo entre el Gobernador Álvaro
Beltrán Moreno y los delegados de los campesinos concentrados en San Vicente Chucurí.
A pesar de la arremetida de las instituciones estatales contra las movilizaciones del
Nororiente, el paro logró convocar los “diferentes sectores sociales en toda la región y el
logro de la firma de compromisos de solución a las urgentes necesidades y a las exigencias
presentadas por la Coordinadora Popular del Nororiente”26.
La retaliación paraestatal, como en movilizaciones realizadas en fechas anteriores, no se
hizo esperar y una vez terminadas las jornadas de paro, los paramilitares en su afán por
aniquilar cualquier expresión de inconformidad popular, desataron su acción homicida sobre
obreros, campesinos, y dirigentes. A ello se sumó el incumplimiento de los compromisos
adquiridos el gobierno a partir de los acuerdos con la población que participó en el paro. Por
ello, desde comienzos de 1988, numerosas organizaciones campesinas, cívico populares,
sindicales y estudiantiles apoyadas en La Coordinadora Popular del Nororiente
(CORETRAOUR), “(...) dieron inicio a los preparativos de lo que debía constituir una
beligerante jornada en exigencia del respeto a la vida, servicios públicos y sociales,
cumplimiento de los compromisos oficiales con anteriores protestas, y en defensa de los
recursos naturales. Se discutieron y concretaron pliegos reivindicativos locales y regionales,
medios logísticos para la movilización y mecanismos de negociación con el gobierno. En la
Implementación de la jornada participaron organizaciones gremiales como la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la
Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, seccionales de la CUT, Juntas comunales,
cívicas y campesinas y las organizaciones políticas: A Luchar, Frente Popular, Unión
Patriótica y Frente Popular(...)”27. A esta importante movilización acudieron además las
organizaciones defensoras de derechos que comenzaron a hace presencia en la capital
santandereana, entre las que se destacó el CSPP, seccional Santander.
Desde mayo 22 de 1987, campesinos de Norte de Santander, Cesar, Sur de Bolívar y
Santander se concentraron en diferentes puntos alrededor de Bucaramanga. Los jornaleros
llevaban varias denuncias de atropellos por parte de las fuerzas armadas, que iban a hacer
públicas en la capital de Santander. A poca distancia de sus puntos de concentración, las
marchas fueron obstaculizadas y toda la región fue militarizada.
La prensa nacional deslegitimó desde sus páginas editoriales la protesta de los campesinos.
“Las marchas están prohibidas. Con la Constitución en la mano y con la fuerza de la ley, se
deben impedir...la plaga de las marchas debe cesar”, pedía El Tiempo en su edición del 24
de mayo. Por su lado, la revista Semana, en un artículo titulado “El Marchismo Leninismo”
acusaba a las marchas de ser una réplica de la gran marcha de Mao y señalaba a varias
organizaciones guerrilleras de ser las responsables de la movilización campesina.
24
25
26
27
Colombia Hoy Informa. No. 50, julio de 1987, p. 9.
El Mundo, junio 13 de 1987, p. 8.
Ibídem.
Solidaridad. Junio, 1988. No. 95, p. 5.
12
Posteriormente, las operaciones de exterminio se extendieron a las organizaciones que
apoyaron y coordinaron la realización de las marchas campesinas y a los sobrevivientes de
las masacres, quienes habían sido reseñados por el ejército, tomándoles sus datos
personales y fotografiándolos. Uno de los primeros blancos de la arremetida paraestatal
fueron los líderes de las marchas, quienes hacían parte de la Coordinadora Popular. Tal es el
caso de Isidro Caballero y Cristian Roa, activistas sindicales de la ciudad de Bucaramanga,
que apoyaron en todo momento la realización de las movilizaciones y fueron victimizados en
los meses posteriores a las protestas.
Además de la Coordinadora, un sinnúmero campesinos, pobladores y miembros de las
diversas organizaciones sociales que participaron en las marchas fueron asesinados.
Aunque las marchas campesinas fueron duramente reprimidas por el ejército y cobraron
innumerables vidas, los procesos organizativos que se gestaron durante su desarrollo
pervivieron en Bucaramanga y el área Metropolitana. Durante la década del noventa las
juntas comunales de los barrios populares, las asociaciones sindicales, cívicas, artísticas,
estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, prosiguieron en su labor de lucha y
protesta popular, expresando su inconformidad y resistencia ante la guerra sucia, razón por
la cual se convirtieron en otro de los objetivos de los agentes paraestatales, que en el curso
de la década señalada arremetieron contra estos sectores, con el fin último de acallar sus
voces definitivamente.
1.2.2 Organizaciones sindicales y las luchas de los trabajadores
Las organizaciones sindicales y de los trabajadores han sido fuertemente reprimidas en
Bucaramanga y el Área Metropolitana, donde el registro sindical de Bucaramanga tiene
inscritos sindicatos de cobertura departamental. Los datos globales del Censo Nacional
Sindical, señalan que Santander tenía durante el segundo censo (1984), 105 sindicatos con
42.585 afiliados y en el tercer censo (1990), 107 sindicatos con 49.178 afiliados28. Esta
persecución se refleja en el bajo número de afiliados por sindicato, pues el promedio de
afiliados por sindicatos gremiales no sólo es bajo, sino que su tendencia histórica es
decreciente en forma preocupante. En cuanto a los sindicatos de industria, no obstante el
crecimiento dinámico de este sector, el promedio de afiliados por sindicato sigue un
crecimiento lento.
Por otro lado, en Bucaramanga y el Área Metropolitana, el crecimiento de la población
económicamente activa se ha duplicado en las dos últimas décadas, sin embargo, el número
de afiliados a los sindicatos es casi igual y en algunos años inferior al número de personas
desempleadas en esta zona del país, lo cual señala una importante pérdida de significación
del sindicalismo como una fuerza de presión.
Durante la década de los setenta, la ejecución de los crímenes estuvo a cargo del ejército y
policía, que generalmente detenían a los trabajadores, luego los torturaban para obtener
confesiones y así empezar un proceso judicial bajo sindicaciones falsas y pruebas ficticias. La
mayoría de estas acciones eran abiertamente ilegales y los cuerpos armados del Estado
también gozaban por aquella época de amplias facultades para reprimir las manifestaciones
de los trabajadores y las reuniones de los sindicatos.
28
NAVARRETE, Mauricio. Sindicalismo Regional. Hacia donde…?. FUNPROCEP. Bucaramanga: 1992.
pp.45 y ss.
13
Para la década de los ochenta, con el surgimiento de los grupos paramilitares, la comisión de
los crímenes pasa a manos de estos agentes paraestatales, aunque los cuerpos de seguridad
del Estado continuaron ejecutando acciones contra este sector social encaminadas a
hostigamientos y persecución judicial. Los paramilitares desplegaron todo tipo de acciones
criminales contra los sindicatos. Varios dirigentes a lo largo de la época debieron sufrir
amenazas, hostigamientos, e incluso atentados contra su vida por parte de estos grupos,
mientras que otros eran asesinados o desaparecidos. Los paramilitares justificaban sus
acciones con el argumento de la existencia de conexiones de los sindicatos con grupos
subversivos.
En octubre de 1997, fue enviado a las instalaciones de USITRAS un ramo de flores fúnebres
y un sufragio que decía “Sentido Pésame. Lamentamos la pérdida de sus dirigentes
sindicales”. Luz Estella Larrota Muñoz, presidenta del sindicato de trabajadores Isabu
(Instituto de Salud de Bucaramanga), declaró a los medios de comunicación locales, que las
amenazas afectaban a diez miembros de la organización, entre los que se encontraban los
principales integrantes de la junta directiva. También afirmó que las amenazas contra la
organización habían aumentado desde que habían interpuesto una queja ante la
Procuraduría Regional por la contratación del servicio de vigilancia suscrito entre el Instituto
de Salud de Bucaramanga con la firma Alborada, cuya oficina estaba ubicada en la sede
política del concejal Carlos Ramón González, jefe político del doctor César Augusto Bueno,
director de Usabu29.
Las acciones criminales sobre los sindicatos cambiaron radicalmente las reivindicaciones de
este movimiento social, pues de demandas para la consecución de mejores condiciones de
trabajo, los trabajadores incluyeron en sus reivindicaciones el respeto por la libertad sindical
y la defensa de la vida de los trabajadores. Así, los miembros de los sindicatos se
caracterizaron no sólo por el apoyo y organización de actividades como protestas callejeras,
manifestaciones, denuncias, paros laborales y la toma de instituciones públicas, sino por su
rechazo constante de la persecución sistemática a la que eran sometidos sus afiliados y
dirigentes, quienes pedían la protección de sus vidas y responsabilizaban a las autoridades
militares y policiales de atacar a los gremios sindicales. Tampoco fueron pocas las veces en
que las organizaciones de trabajadores denunciaron la connivencia y apoyo de las fuerzas
militares con los grupos paramilitares.
Los golpes más fuertes a la estructura de las organizaciones sindicales lo asestaron los
paramilitares con la desaparición o asesinato de los líderes sindicales, acciones que influían
definitivamente en el ánimo para seguir adelantando las luchas de los trabajadores. Los
ejemplos en Bucaramanga y Área Metropolitana son muchos: la desaparición del presidente
del Sindicato de Trabajadores de la compañía petrolera Occidental, FREDDY PIMIENTO; la
detención y tortura de MARIA ELENA GOMEZ AMAYA afiliada a SINTRAHOSPITALARIOS; la
desaparición de ISIDRO CABALLERO DELGADO dirigente del SES, y la desaparición de
CHRISTIAN ROA, Presidente de SINTRAUIS, entre muchos otros.
La responsabilidad por la persecución de la organización sindical, no es sólo de las fuerzas
armadas y de los grupos paramilitares. Los grupos económicos de la mano con la clase
política tradicional, explotadores de los recursos naturales del nororiente, han visto a la
clase trabajadora organizada como un obstáculo para la consecución de sus intereses.
Investigaciones del aniquilado Sindicato
SINTRAMINERCOL
revelan
que los grupos
paramilitares se concentran en los sitios donde las multinacionales tienen actividades de
explotación de los recursos naturales. Municipios de Arauca, Norte de Santander y el Cesar,
así como Sabana de Torres y Barrancabermeja en Santander, concentran operaciones de la
29
Vanguardia Liberal. “Les enviaron “flores” a sindicalistas del Isabu”. Octubre 10 de 1997. p. 4B.
14
multinacional Chevron, de la cual es accionista George Bush, empresa a la cual el presidente
Álvaro Uribe le entregó la explotación del gas de la Guajira. La Star Gold Company, Coloro
S.O.S y Machuca del Canadá, se dedican a explotar el oro en California (Santander). Repsol
de España, Kedadha del Canadá -fachada de la Anglogold Ashanti que tiene sede en Sur
África- entre otras, tienen asentamiento en la región, se han visto favorecidas con el
extermino de los sindicatos.
Los trabajadores y movimientos políticos alternativos, han denunciado que estos grupos
económicos han sido la principal fuente de financiación de estructuras paramilitares. En
efecto, “Empresas sin sindicatos” es el lema de grupos paramilitares cuyo objetivo es acallar
las reclamaciones de los trabajadores. Su accionar no ha recaído únicamente sobre las
organizaciones sindicales de Bucaramanga, sino también sobre las empresas que son
dirigidas desde la capital santandereana. Por ejemplo, empresas oleaginosas que tienen
como centro de explotación municipios del Sur del Cesar, pero cuyas oficinas directivas y
administrativas se encuentran radicadas en Bucaramanga, hacen parte del mismo objetivo
de los grupos paramilitares coordinados desde Bucaramanga.
Esta tesis, que ubica en Bucaramanga y su Área Metropolitana como centro de dirección de
intereses económicos del nororiente colombiano, colige que las obras de infraestructura allí
levantadas para el beneficio de las altas clases sociales, no están en capacidad de ser
aportadas bajo los índices de productividad de la ciudad, por lo que es fácil de concluir que
capitales obtenidos de forma ilícita en otras partes del país son destinados al mantenimiento
de unas condiciones de vida deseables por las familias que ostentan el poder económico y
político en la región30. Esto al tiempo que se desarrolla una política de exclusión de las
personas de bajos recursos, quienes no pueden acceder a esos bienes y servicios y siguen
siendo la base de mano de obra explotable.
1.2.3 Exterminio de organizaciones políticas y de derechos humanos
Tanto el Área Metropolitana de Bucaramanga, como el resto del departamento de
Santander, se han caracterizado por el desarrollo de iniciativas políticas alternativas a los
sectores que tradicionalmente ostentan el poder. Pero el desarrollo de estos procesos
también enseña que la condena a muerte para los miembros y simpatizantes de estos
grupos ha sido otra de las constantes. De esta forma, en Bucaramanga se han presentado
simultáneamente procesos de organización, resistencia y dominación.
El Partido Comunista, Firmes, Fila, Frente Democrático, Esperanza Paz y Libertad, Unión
Patriótica, M-19, entre otros, pronto lograron el respaldo de la comunidad y de jóvenes que
miraban en estas organizaciones una posibilidad para la transformación de la sociedad. La
importancia de estos grupos políticos y defensores de los derechos humanos en la capital
santandereana es enorme. Basta empezar diciendo que estas organizaciones de tipo
alternativo jalonaron procesos de organización para la toma de decisiones sobre demandas
sociales. Así, durante las marchas campesinas de 1986 y el paro cívico de 1987, estas
organizaciones se sumaron y respaldaron las manifestaciones. En efecto, A Luchar fue una
de las organizaciones que lideró “la realización del paro cívico del Nororiente Colombiano,
realizado en junio de 1987, y las denominadas marchas campesinas de 1988, las que fueron
brutalmente reprimidas por las fuerzas armadas del gobierno colombiano, marchas que
30
Estos dineros llegados al Área Metropolita han favorecido especialmente el campo de la construcción
al servicio de la clase política. Empresas como “Urbanas” y “Hernández Gómez”, han adelantado obras
que han generado el desplazamiento de sus propios pobladores al interior de la ciudad.
15
produjeron unas 50 víctimas entre asesinatos y desaparecidos”31. Entre las víctimas de la
represión paraestatal contra estas movilizaciones se encontraba un gran número de
militantes y simpatizantes de A Luchar.
Con la configuración de partidos políticos alternativos a nivel nacional, como la Unión
Patriótica, en Bucaramanga se propagó esta tendencia convocando a actores y sectores
sociales inconformes e inquietos por influir en los procesos sociales. El momento histórico
que atravesaba el país, con la reinserción de algunos grupos guerrilleros, generó el cambio
de algunos métodos de lucha armada por la participación política y electoral. La capacidad
de lucha de las personas que integraban estas iniciativas se vio enfrentada con acciones
ejecutadas desde el aparato estatal que buscaban la eliminación física de los integrantes de
estas organizaciones políticas.
Para 1978 aparece el asesinato como modalidad represiva dirigida especialmente a los
dirigentes políticos. Entre 1981 y 1983 se presenta el mayor número de estos crímenes en
Bucaramanga, acompañados de detenciones ilegales. Esto diezmó considerablemente las
organizaciones políticas.
A pesar de las desavenencias, estos grupos políticos se fortalecieron como una verdadera
opción política y un cambio en las prácticas tradicionales de ejercer la política en zonas del
país donde paradójicamente la represión arreció brutalmente contra la vida de activistas
políticos y defensores de derechos humanos. Reflejo del entusiasmo de la ciudad, fue el
cierre de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo, en Bucaramanga a finales de los
ochenta que congregó unas 10.000 personas.
Estas organizaciones, con el voto de la población, lograron poner en corporaciones públicas
de elección popular a algunos de sus integrantes. Este es el caso de los dos puestos en el
Consejo de la ciudad que el Partido Comunista obtuvo en la jornada electoral de 1972; el
éxito electoral de la UP en el período electoral de 1986, logrando la elección de un
representante a la cámara, un diputado a la Asamblea Departamental y la elección de 30
concejales en 15 municipios del país, donde Santander fue el quinto departamento en
cantidad de concejales electos. Este respaldo popular fue acompañado de acciones
criminales contra los activistas políticos. Así sucedió con el concejal, ex militante de la UP y
miembro del Frente Amplio de Girón, CARLOS CARVAJAL CHACON, asesinado por
desconocidos el 18 de junio de 1991.
Las primeras acciones y reivindicaciones de las organizaciones políticas, se dieron en el
marco de la lucha por la construcción de obras públicas y viviendas dignas para los más
desfavorecidos, de este modo, barrios como La Libertad se fundaron por el impulso de
miembros del Partido Comunista. Las organizaciones políticas también trabajaban por
ampliar su participación en la toma de decisiones que afectaban a la ciudad y su Área
Metropolitana, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión política.
Otro aspecto importante es la resistencia de estos grupos perseguidos. Al tiempo del
exterminio físico de los activistas políticos y defensores de derechos humanos, los escenarios
y mecanismos de participación política fueron reducidos. Pese al deterioro de las
condiciones, la participación y credibilidad en estos proyectos sociales no menguó. No
obstante esta no fue la constante, pues en casos de partidos políticos como la UP, fueron
exterminados totalmente del departamento.
31
Tribunal Permanente de los Pueblos. Denuncia presentada por Javier Darío Vélez, miembro de A
Luchar, Noviembre 4, 5 y 6 de 1989.
16
En cuanto a las organizaciones de derechos humanos, hacia finales de los años setenta y
comienzos de los ochenta, su labor se da en abierta confrontación con el Estado. Consistió
principalmente en denunciar y educar ante las violaciones de los derechos humanos
cometidas por agentes estatales. Los miembros de las primeras organizaciones provienen
del movimiento sindical, de activistas políticos y de oposición, de líderes populares y
democráticos que insistían en el respeto a sus vidas y el derecho a ejercer su labor social.
El espacio público para los defensores de los derechos humanos nunca ha sido propicio,
dado que las autoridades no trataban a las organizaciones como un interlocutor válido, más
bien las calificaban como “enemigos del sistema”, de subversivas, y el tema de los derechos
humanos como peligroso. Esto condujo a que las sedes de las organizaciones defensoras de
derechos humanos y políticas, o de las residencias de sus integrantes fueran comúnmente
allanadas y estos últimos detenidos.
Así, el 24 de octubre de 1997, fueron capturados por el CTI y unidades militares JAVIER
ORLANDO MARIN, YOLANDA AMAYA HERRERA, SOCORRO RINCON CHINCHILLA, ARMANDO
VALVUENA PALLARES y SERGIO LATORRE CAMACHO en Bucaramanga. El mayor general
Rafael Hernández López, comandante de la II División, justificó que la captura de estas cinco
personas se trataba de un duro golpe a las redes de apoyo político, ideológico y económico
de la dirección del frente nororiental del ELN. Sin embargo, bien se sabía que Orlando era
miembro de la Corporación La Escuela, dedicada a la educación y promoción popular y
sindical y Yolanda era funcionaria coordinadora de la oficina seccional del Comité de
Solidaridad de Presos Políticos, además de trabajar por la protección de derechos humanos
de las personas en condición de desplazamiento. Los defensores de derechos humanos
comunicaron públicamente que estas personas se dedicaban desde hacía varios años a la
defensa y promoción de los derechos humanos de los bumangueses, especialmente de
aquellos que se encontraban privados de la libertad y exigió que los militares revelaran las
pruebas de estas graves acusaciones.
Pese a que la seccional Santander del Comité de Solidaridad, como la Corporación La
Escuela, al igual que la Corporación Vida y Bosque, la Corporación para la Promoción
Humana, la Cooperativa de trabajadores de Coca-Cola, habían conformado la “Corporación
Redes”, una iniciativa que aunaba esfuerzos en el trabajo de los derechos humanos, la
organización fue calificada por mandos militares como guerrillera y de trabajar en beneficio
del ELN32.
Durante muchos años el gobierno negó la violación sistemática de los derechos humanos y
pese a la ratificación de múltiples tratados internacionales que consagran su reconocimiento
y lo comprometen a su protección, esta incorporación al ordenamiento interno fue sólo un
acto formal y nunca una realidad. En efecto, fueron las organizaciones quienes abanderaron
la lucha por el respeto a los derechos humanos y depositaron sus esfuerzos en la concreción
de sus garantías, especialmente los civiles y políticos.
En estos términos, los defensores de los derechos humanos jugaron un papel más que
fundamental en la lucha por el respeto de los derechos humanos, no sólo recolectando y
guardando información sobre los crímenes y abusos de autoridades y agentes paraestatales,
o reuniendo y prestando apoyo a las víctimas, sino llamando la atención de organismos
internacionales sobre lo que estaba sucediendo en el país. Todas estas actividades con el
32
Vanguardia Liberal. “Fiscalía Regional de Bogotá retuvo miembros de ONG”. Octubre 30 de 1997. p.
12C. “ONG comprometidas con el ELN, dice Ejército”. Octubre 30 de 1997. p. 4B. El Espectador.
“Debate por detenciones en Bucaramanga”. Noviembre 11 de 1997. p. 11A.
17
apoyo de otros sectores sociales y políticos organizados interesados en la difusión y respeto
de los derechos humanos.
Pero las organizaciones de derechos humanos trascendieron de su labor de confrontación
con el Estado, y se convirtieron en actores propositivos, participando en el desarrollo de
políticas públicas y normativas para la difusión y ampliación de los derechos humanos.
Actualmente, las organizaciones de derechos humanos apoyan el trabajo de organismos
internacionales y de instituciones estatales en este campo. También desarrollan un
importantísimo trabajo de análisis y estudio alrededor del conflicto armado, el proceso de
desmovilización y la crisis humanitaria.
A pesar de que con el tiempo se fue imponiendo un discurso favorable en la órbita pública
del Estado hacia los derechos humanos, o mejor, una estatalización del tema, estas
intenciones contrastan con los resultados de sus organismos, especialmente los de
seguridad. Modalidades como el sicariato y las detenciones ilegales fueron los escenarios en
los que la mayoría de los defensores de derechos humanos fueron agredidos.
1.2.4 Crímenes contra la movilización Cívica y Popular. Persecución contra sectores
urbanos marginales
En el informe de crímenes de lesa humanidad cometidos en Bucaramanga y su Área
Metropolitana, la persecución contra líderes comunitarios y populares, así como las
agresiones contra pobladores de los centros urbanos ocupan extensas páginas. Dentro de
estos crímenes también encuadran las violaciones de derechos humanos cometidos contra
sectores urbanos excluidos y marginados socialmente. Bucaramanga se caracteriza por la
concentración del ingreso y la riqueza y el consiguiente marginamiento de vastos sectores
de la población con muy remotas posibilidades para engancharse en el aparato productivo.
El alto número de estos crímenes es coherente con una de las principales características de
esta zona del departamento de Santander, que cuenta con una población eminentemente
urbana, pues un 96% de sus pobladores se concentra en la ciudad y solamente el 4% se
encuentra fuera de las cabeceras municipales.
Respecto a la población urbana agredida, cabe decir que las características de la represión
ejercida sobre ella sigue los parámetros señalados en términos generales para la Zona V,
con detenciones ilegales que facilitaron la comisión de otros crímenes como la tortura,
ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado en un primer período; con la aparición
de los grupos paramilitares, las desapariciones y los asesinatos selectivos aparecen en el
contexto en años posteriores.
La represión ejercida contra los habitantes de las cabeceras urbanas, especialmente contra
los comerciantes, periodistas, abogados, sociólogos, profesionales de la salud e ingenieros,
se ejercía bajo la sospecha de nexos entre los pobladores y grupos insurgentes. Una de las
características del modus operandi de los agentes de los crímenes de lesa humanidad, es la
perfecta coordinación entre los organismos de seguridad del Estado ayudados por las
instalaciones ubicadas en casi todos los sectores de la capital. DAS, ejército, cuerpos de
inteligencia del ejército como el B-2, policía, cuerpos especiales de la policía como El Gaula,
UNASE, el F-2, cuerpos antinarcóticos, etc., unas veces ejecutaban los crímenes, pero otras
veces con su conducta omisiva facilitaban la comisión de los mismos.
18
Otro amplio número de crímenes se desenvolvió en el marco de reclamaciones ciudadanas,
como manifestaciones contra el alza de los servicios públicos o la prestación del servicio de
transporte (octubre y noviembre de 1974 y noviembre de 1975). En estas ocasiones, el
ejército atacaba a la población indemne, o asesinaba posteriormente a los líderes que
promovían la protesta. En este contexto, los sectores estudiantil, docente y trabajador al
liderar las manifestaciones y reivindicaciones cívicas y populares empezaron a representar
un factor activo, que las instituciones estatales consideraron peligroso.
Frente a los crímenes cometidos contra los sectores populares de Bucaramanga y el Área
Metropolitana, estos recayeron sobre iniciativas barriales y populares, sectores de la ciudad
que pertenecen a estratos bajos y que adelantan cualquier tipo de proceso organizativo. En
este punto, el campo de la cultura es el más interesante. La agrupación humana que alberga
Bucaramanga y municipios aledaños, que fue homogénea durante largo tiempo, reúne ahora
grupos heterogéneos, atraídos por la importancia del núcleo principal, Bucaramanga, o
forzados a desplazarse desde sus lugares de origen, pues entre Bucaramanga y municipios
de otros departamentos del norte del país, la comunicación más fácil hacia la capital
santandereana.
Desde 1985 artistas de la ciudad fueron sistemáticamente agredidos. LUIS EDUARDO
ARGUELLO y RAMIRO AVILA, artistas de la “Comunidad Teatro de las Calles” fueron
allanados y detenidos y el pintor POMPILIO AVILA sufrió un atentado en ese año. Otros
casos más dramáticos son del escritor y poeta CHUCHO PEÑA desaparecido y asesinado en
mayo de 1986 y el del pintor BÓRIS ÁVILA en 1988. Estas personas eran calificadas por los
organismos de seguridad como “comunistas” y una influencia negativa en las ideas de la
juventud.
Los líderes cívicos y populares fueron otro de los principales objetivos de las acciones de
sometimiento y control ejercido por las fuerzas estatales y paraestatales. Comúnmente eran
centro de diligencias de allanamientos injustificados –en busca de material de guerra-,
seguidos por detenciones y sindicaciones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo esta
modalidad represiva se quedó corta frente a los asesinatos, las torturas y desapariciones
adelantadas por los grupos paramilitares y la fuerza pública para extirpar el tejido social y la
fortaleza organizativa de la comunidad bumanguesa.
Desde comienzos del año 1987, los trabajadores informales, siempre asociados a la
delincuencia, se constituyeron en otro de los sectores sociales populares perseguidos por la
fuerza pública en Bucaramanga, especialmente entre los años 1988 y 1989.
En 1996 las fuerzas paraestatales comenzaron a emplear con frecuencia “listas negras de la
muerte” para intimidar a los líderes comunales y cívicos de los sectores populares y
obligarlos a mitigar sus actividades reivindicativas. En esas mismas listas se relacionaban
además los nombres de los líderes sindicales y políticos de oposición que apoyaban el
trabajo de base que se desarrollaba en el sector norte de la periferia de la ciudad.
En 1998 volvió a suscitarse el fenómeno de las “Caravanas de la muerte” realizadas por los
escuadrones paramilitares en las vías de interconexión entre Bucaramanga y el resto del
departamento. Estas consistían en recorridos de hombres armados vestidos de civil en
vehículos oficiales, que recorrían calles de la ciudad, tomando a personas de bajos recursos,
como trabajadores informales, conductores, vendedores de lotería, etc; una vez al interior
del los vehículos los llevaban a las afueras de la ciudad donde eran asesinados y sus cuerpos
abandonados.
19
El barrio José Antonio Galán es un sector caracterizado por las condiciones de pobreza en las
que viven la mayoría sus habitantes, conformado por familias de desplazados y
desempleados que se asentaron en este sector. Paradójicamente, los pobladores de este
sector de la capital habitan en medio de una rica y productiva zona industrial de la ciudad.
De este modo, la riqueza y la pobreza conviven en un mismo lugar. La respuesta del Estado
se ha manifestado a través de la presencia de la fuerza pública que comenzó a realizar
constantemente allanamientos y detenciones irregulares justificados en la peligrosidad y el
alto índice de delincuencia. Si los allanados eran campesinos desplazados, las justificaciones
se dirigían a señalar supuestas actividades insurgentes.
Uno de los sectores populares más reconocidos en Bucaramanga, lo constituyen los barrios
del norte de la ciudad, asentados sobre la carretera que lleva hacia la Costa Atlántica con
deficiente prestación de servicios públicos y conflictos sociales complejos como fenómenos
de delincuencia, baja productividad y, actualmente, desplazamiento. En la actualidad estos
barrios, de acuerdo al ordenamiento territorial de Bucaramanga, se agrupan en la Comuna I
Norte y la II Nororiental, aunque por las dinámicas poblaciones también se cuentan barrios
de la Comuna III San Francisco. En esta zona la tasa de empleo es baja, y sus moradores
laboran en actividades informales o del sector primario de la producción.
Voceros comunales de este sector, adelantaron labores en procura del mejoramiento de las
condiciones de vida de la población. La respuesta del Estado ante las exigencias cívicas fue
represiva y criminalizadora de las reivindicaciones populares. En 1992, se presentó un
crecimiento inusitado el asesinato de dirigentes populares a manos de sicarios, estructuras
al servicio de paramilitares. Entre los barrios más afectados se encuentran Colorados y La
Juventud.
Uno de los casos más emblemáticos de asesinato de un dirigente popular, es el de HUBERTY
SERNA PAEZ el 11 de septiembre de 1995, cuyo cuerpo con seis disparos y señales de
tortura se encontró en la vía Troncal Oriental. Este sociólogo adelantaba proyectos de
vivienda en barrios del norte como María Paz, Morrorico y Comuneros. También era un
apoyo organizativo para los artesanos asociados a ASOFIQUE.
Los crímenes asociados a la persecución a pobladores marginados y excluidos económica y
socialmente en el caso de Bucaramanga se concentró en la eliminación de supuestos
delincuentes. En la capital santandereana, la mayoría de los crímenes contra este sector
fueron reivindicados por grupos paramilitares y particularmente mucho más numerosos que
en cualquier otra ciudad de la Zona V. Estructuras especializadas en este tipo de acciones,
como los Escuadrones de la Muerte y La Mano Negra, adelantaron una labor de exterminio
casi ininterrumpida desde su aparición a finales de 1982.
La arremetida contra este sector no ha tenido precedentes. Planes sistemáticos, como “La
Operación Estrella” ejecutada en septiembre de 1986 por paramilitares concluyó con el
asesinato de jóvenes, habitantes de la calle, vendedores y consumidores de bazuco. De esta
forma, los paramilitares transmiten a sectores de la comunidad una sensación de seguridad,
ganando el respaldo de la población, pero ganado sobre todo, el monopolio de la violencia
en sectores de la ciudad donde la presencia de las autoridades estatales es endeble. Esto
explica porqué donde los paras implementan este “sistema de seguridad” se reducen los
actos de delincuencia común, pero aumentan los asesinatos y extorsiones de gran talante.
Otro aspecto perverso de estas acciones, es que el valor de la vida en los sectores donde se
comete queda totalmente resquebrajado, pues los vecinos de la zona azotados por bandas
delincuenciales creen que los mejor para el sector es la condena a muerte de estos jóvenes.
Pero prontamente estas oleadas “de limpieza” también tocaría a niños de bajos recursos,
20
obreros, prostitutas y pequeños comerciantes, pues el concepto de “personas indeseadas” se
extiende a otras personas y actividades. Muchas veces Bucaramanga ha sido denominada
como “La ciudad bonita” o “La ciudad blanca”, frases que concretan el deseo de que sean
extirpados de la cuidad personas que la hagan fea e insegura.
1.3
PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS
1.3.1 Fuerza Pública
La aparición de la insurgencia en el panorama nacional desde la segunda mitad del siglo XX,
desencadenó una reacción violenta del establecimiento que por medio de la implementación
de la estrategia contrainsurgente arremetió indiscriminadamente contra la población
convirtiéndola en el principal blanco de la lucha contra la subversión. La legitimación de la
violencia como forma única e ineludible del Estado colombiano para imponer el control
social, abrió paso al terror como medio de silenciamiento de la oposición y mecanismo
predilecto de la fuerza pública, implementado posteriormente por los grupos paramilitares.
La presencia de la fuerza pública en Bucaramanga y su área metropolitana se remonta al
funcionamiento del batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte. Para 1948,
mediante el decreto 01721 del 21 de mayo, la V Brigada se traslada a la capital
santandereana, teniendo sus instalaciones en la ciudad desde ese año. Actualmente las
unidades tácticas que tienen sede en Bucaramanga, y que actúan en la ciudad al igual que
en los municipios que integran el área metropolitana son33:
1
2
3
4
Batallón
Batallón
Batallón
Batallón
de Infantería No. 14 “Capitán Antonio Ricaurte”
de Ingenieros No. 5 “Coronel Francisco José de Caldas”
A.S.P.C. No. 5 “Mercedes Ábrego”
de Contraguerrillas No.5 “Los Guanes”
Bucaramanga es de gran importancia dentro de la organización de las estructuras militares
en la Zona objeto de este informe, pues tanto la Brigada V como la II División del ejército
tienen sus sedes principales en esta ciudad. Desde allí, bajo directivas nacionales y
financiación de sectores económicos, fue dispuesto el proyecto paramilitar no sólo para
Santander, sino para los demás departamentos de la zona que se irrigaría a todo el país. La
participación en este proceso de los mandos militares de la II División les significó el ascenso
a altos cargos castrenses a nivel nacional y una excelente vitrina para futuras aspiraciones
políticas. Así, altos mandos del ejército comprometidos con el paramilitarismo se encuentran
los generales Faruk Yanine Díaz, Harold Bedoya Pizarro, Manuel José Bonett Locarno, Carlos
Julio Gil Colorado, Fernando Millán, comandante de la V Brigada durante 1997-1998 que
promovió la implementación de las CONVIVIR, Rafael Antonio Padilla Vergara y Martín
Orlando Carreño Sandoval, aspirante a sustituir en la gobernación de Santander al ex policía
Hugo Heliodoro Aguilar, del partido político Convergencia Ciudadana.
Además de las unidades militares, en Bucaramanga se encuentran las instalaciones del
Departamento de Policía de Santander (DESAN), así como de la SIJIN; y el Departamento
Administrativo de Seguridad DAS – Seccional Santander.
33
Esta información puede consultarse en: http//www.segundadivisión.mil.co/
21
1.3.2 Grupos paramilitares
Dentro de la doctrina contrainsurgente que empezó a hacer carrera a principios de los
ochenta en el país, se vio el inicio de los grupos paramilitares y la represión
parainstitucional, auspiciada y consentida por el Estado colombiano. En lo concerniente a
Bucaramanga y su Área Metropolitana a mediados de 1982, apareció el grupo Muerte a
Secuestradores –MAS- atacando preferentemente a organizaciones sociales. Las agresiones
en un principio eran las amenazas y los hostigamientos, que después pasaron a los
atentados y con ello los asesinatos, las torturas y las desapariciones. Dichos actos se
dirigieron contra sindicalistas, dirigentes cívicos, sociales o estudiantiles se justificaba por la
supuesta pertenencia de estas personas en grupos subversivos.
El principal escenario que implementaron los paramilitares en la zona fue la práctica
sistemática de asesinatos de sectores social y económicamente marginados. Drogadictos,
delincuentes, indigentes, homosexuales, entre otros, se constituyeron en los objetivos a
eliminar por los paramilitares. Los Escuadrones de la Muerte, como se conocieron estas
estructuras,
fueron
responsables
de
numerosos
asesinatos
en
Bucaramanga
(fundamentalmente) y el Área Metropolitana, destacándose uno en particular: La Mano
Negra, grupos que desde 1985 azotaron con la esta práctica la capital santandereana,
dejando como muestra palmaria de sus acciones “los botaderos de cadáveres”. Dichas
estructuras estaban en buena parte conformadas por miembros de la policía y de sus
organismos de inteligencia.
Las cooperativas de vigilancia urbana CONVIVIR también tuvieron asiento en Bucaramanga.
Para 1997, año en que su fundamento legal fue declarado inconstitucional por la Corte
Constitucional, operaban cerca de 205 en la ciudad, algunas provenientes de San Vicente de
Chucurí. La entrega de armas, de acuerdo a fuentes castrenses por “razones de seguridad”,
se realizó en noviembre de 1997 a puerta cerrada en las instalaciones del comando de la
Quinta Brigada, por lo que nunca fue verificado su real desmonte34.
Los grupos paramilitares en cabeza de “Jorge 40”, ha dirigido sus intereses hacia el control
económico de algunas actividades en Bucaramanga y Área Metropolitana, como los negocios
de las apuestas y el chance, fácil medio para lavar dinero sucio, hoy en día bajo su
monopolio gracias a la manipulación de las licitaciones públicas celebradas en el 2005 a
favor de las Apuestas Unidas de Colombia (AUC)35. Sectores como el de la salud también se
encuentra infiltrado por dineros de los paramilitares. Boyantes EPS, como Solsalud en
Bucaramanga se han visto beneficiadas con el cierre de hospitales en el departamento.
El despojo y la apropiación de las tierras de los campesinos desplazados actualmente es una
de las mayores fuentes de riqueza de los paramilitares. Por ejemplo, un pariente del
candidato al congreso por el partido Convergencia Ciudadana, Miguel de Jesús Arenas Prada,
por muy bajo precio se apropió de las tierras de Miguel Rincón, a quien le asesinaron su
familia en la masacre de La Explanación en San Vicente de Chucurí en 1988 y Olegario
Beltrán Santoyo y Gustavo Beltrán Sánchez se apropiaron de las productivas tierras de la
34
El Tiempo. “Se desmonta una Convivir en Bucaramanga”. Noviembre 25 de 1997.
El Tiempo. “¿Qué pasa en el resto del país?”. Julio 24 de 2005. La Fiscalía actualmente investiga la
reciente adjudicación del chance. En el expediente figuran el gerente de la Lotería de Santander
Segundo Pardo Arciniegas, que fue llamado a rendir indagatoria junto con los ocho miembros de la
Comisión encargados de analizar las propuestas de los operadores. Por otro lado, el gobernado Hugo
Aguilar Naranjo, es investigado por el Tribunal Superior de Bucaramanga por la decisión que acarreó la
suspensión del contrato que desarrollaba la firma Unión Temporal Enapuestas, bajo el argumento de
que su naturaleza jurídica no llenaba los requisitos de ley.
35
22
familia Ariza Ariza, desplazada de San Alberto en el departamento del Cesar, para
vendérselas a una empresa palmera de la región.
La presencia de los grupos paramilitares ha trastocado totalmente el mapa político en
Bucaramanga y en general la zona del nororiente colombiano. Esta situación es fácilmente
constatable luego de las elecciones legislativas de marzo de 2006, donde fueron fortalecidas
las candidaturas de los partidos políticos que ejercen su dominio electoral en territorios de
influencia paramilitar. Pese a los supuestos programas de desmovilización de los grupos
paramilitares, la violencia política se constituyó desde el 2005 en una herramienta clave
para la configuración del escenario electoral que ahora se presenta, con grupos paramilitares
que ejecutaron campañas coordinadas para reducir la capacidad de los movimientos políticos
y demás organizaciones que se oponen a la reelección presidencial. Así se empieza a
explicar el tránsito del departamento de Santander una tendencia política tradicionalmente
de corte liberal a la proliferación de partidos como el de la U, Cambio Radical, Convergencia
Ciudadana, Primero Colombia, Alas Colombia, Opción Colombia, Colombia Democrática y
otros partidos Uribistas con cobertura cristiana. Es innegable el control que tienen los
“nuevos partidos” en gobernaciones y alcaldías del nororiente Colombiano. Los primeros
intentos en Santander de control de los partidos por políticos relacionados con el
paramilitarismo lo hizo Tiberio Villarreal, investigado judicialmente por la masacre de La
Rochela, y Rodolfo González.
1.3.3 Grupos insurgentes
Propiamente en Bucaramanga y Área Metropolitana la presencia de grupos insurgentes en
términos de asentamiento territorial no es significativa. No obstante, se documenta que en
la capital y las localidades metropolitanas actúa el Frente Urbano Diego Cristóbal Uribe
Escobar del ELN y en Piedecuesta, aunque de manera circunstancial, el Frente Efraín Pabón
Pabón, que también abarca municipios de la Provincia de García Rovira.
Respecto a las FARC, no existe una permanencia importante de alguno de sus frentes en
Bucaramanga y Área Metropolitana, pero según fuentes gubernamentales, entre 1990-1995
estuvieron presentes miembros de sus Milicias Urbanas en este territorio. Es importante
anotar que en los municipios circundantes como Rionegro, El Playón, Lebrija y Suratá, actúa
el Frente XX. El mismo análisis es predicable hacerlo del EPL, que tiene un radio de acción
mínimo en cercanías a la capital santandereana con el Frente Ramón Gilberto Barbosa en los
municipios de Rionegro, Suratá, Matanza y El Playón.
1.4 DESPLAZAMIENTO FORZADO
El desplazamiento forzado es uno de los efectos de mayor impacto en Bucaramanga como
en el resto del país. A finales de 1999, Bucaramanga era la tercera ciudad en la región en
términos de recepción de personas desplazadas, después de Barrancabermeja y Barbosa.
Las condiciones de sobrevivencia de los desplazados en Bucaramanga son críticas, debido a
que generalmente se ubican en zonas de alto riesgo y de difícil adaptación para vivienda;
por lo que han proliferado zonas de marginales, aumento del desempleo, delincuencia
común, etc.
23
Uno de los casos más dramáticos vividos en Bucaramanga, tiene que ver con el éxodo de
cerca de 350 indígenas que abandonaron el aire puro de la selva para instalarse en uno de
los lugares más contaminados de la capital santandereana. Durante años, indígenas Kamsa
(provenientes del Amazonas), Barí (Norte de Santader), U´was (de Norte de Santander,
Santander y Boyacá), Quechua (Ecuador) y Ghaivo (de la región del Arauca) se asentaron
en lo que hoy es el barrio La Esperanza, en las faldas de la meseta, en medio de fábricas de
cemento y procesadoras de arroz. Ya suman más de 70 familias que se dedican a vender
tejidos y ungüentos por las calles. Durante todos estos años, los indígenas desplazados se
han organizado, nombrado un Gobernador y proponen a la administración municipal un Plan
de Desarrollo local, en medio de esfuerzos por mantener sus costumbres36.
Existen diferentes zonas de asentamiento de la población desplazada en Bucaramanga. De
acuerdo a datos del Centro de Atención Integral a la Población CAIPD, el 65% de los
desplazados que llegan al centro urbano se asienta en la zona Norte, en sectores como
Transición, Café Madrid, María Paz, Pablón, Esperanza y Juventud. El 11% se ubica en el
centro de la ciudad en hoteles y residencias de la carrera 16, 17 y 18 entre Avenida
Quebradaseca y calle 33. El 8% reside en barrios Estoraques, Pablo VI, San Martín. El 5% en
barrios Miraflores, Buenos Aires y Morrorico. El resto en barrios del oriente de la ciudad y en
la zona rural del municipio37.
Distribución de la población desplazada en el Área Metropolitana de Bucaramanga
a Junio de 2000
Municipio
Bucaramanga
Girón
Piedecuesta
Floridablanca
TOTAL
Población Desplazada
4650
4110
2235
2555
13550
%
34.32
30.33
16.49
18.89
99.90
Fuente: Coordinación Metropolitana de población desplazada,
citado en Boletín de Derecho Humanos de FUNPROCEP No. 20.
2. BUCARAMANGA
Bucaramanga, como capital del departamento de Santander, y a la par con
Barrancabermeja uno de los centros industriales y laborales de primer orden en el territorio
nororiental del país, ha acogido a las organizaciones cívico – populares y la movilización
sindical de modo permanente. Los casos de los sectores sociales victimizados que aquí se
examinan muestran cómo para lograr mantener la estructura social dominante y eliminar
cualquier tipo de expresión social que cuestionara o contraviniera los intereses del
establecimiento, se hizo uso de los hostigamientos y sometimientos contra las
agremiaciones sindicales y los movimientos cívicos y populares, lo que implicó atacar a sus
dirigentes y activistas con toda clase de violencia, configurando crímenes de lesa humanidad
como respuesta a la inconformidad de los pobladores ante los desmanes represivos del
estado y las fuerzas irregulares.
36
37
El Tiempo. “Crece el éxodo indígena hacia Bucaramanga”. Abril 4 de 1996.
Op. Cit. Laberintos de Paz. pp. 86.
24
2.1 PERSECUCIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICAL
“Aquellos que, en la incertidumbre del presente,
encuentran una razón,
no para resignarse sino para luchar y esperar...
todos ellos comparten la certeza
de que la realidad puede ser cambiada
por la acción consciente de los hombres”
Lelio Basso
La represión realizada sobre los sindicatos, uno de los sectores más perseguidos en la capital
santandereana, fue implementada inicialmente por los organismos de seguridad del sector
estatal: ejército y policía se constituyeron en autores materiales de la represión en la década
de los setenta. Su accionar indica patrones continuos y sistemáticos que exponen tres
factores presentes en la mayoría de casos: (i) detenciones con limitaciones de garantías
procesales; (ii) torturas y (iii) procesos judiciales infundados acompañados de falsas
sindicaciones. Como preámbulo a la historia de represión de los trabajadores, debe
recordarse la detención de JUAN CAMPOS, dirigente de los obreros ferroviarios en
Bucaramanga en septiembre de 1967.
En cuanto a las detenciones con limitación de garantías procesales, su implementación
favorecía la comisión de torturas y maltratos. El prolongado estado de sitio vivido por el país
y los poderes extraordinarios concedidos a la fuerza pública, propiciaron un camino amplio y
sin obstáculos para la constante violación a los derechos humanos hacia este sector social.
Así, las detenciones se establecieron como un instrumento de represión y dominación hacia
los trabajadores, quienes eran sometidos a un largo y tormentoso suplicio, sin tenerse en
cuenta las mínimas garantías establecidas para dichos procedimientos.
25
Las reclamaciones de los trabajadores y sus trabajadores siempre han recibido un
tratamiento represivo por parte de las autoridades estatales. En noviembre de 1971, se
registró una marcha de trabajadores tabacaleros que se desplazaban desde San Gil hasta
Bucaramanga, fue interceptada por el ejército, cuyos miembros atropellaron reiteradamente
a los marchantes. Varios de los dirigentes sindicales fueron detenidos y la sede sindical de la
Asociación tabacalera ubicada en San Gil fue allanada.
En la década de los ochenta, la población bumanguesa vio surgir como agente represivo a
los grupos paramilitares. Su operatividad influenció todos los aspectos de los habitantes de
la capital santandereana, atacando con especial fiereza a los sindicatos. La reafirmación y
consolidación alcanzada por el paramilitarismo se reflejó en el aumento de violaciones de
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Muchos dirigentes sindicales a lo largo de
la época debieron sufrir amenazas, hostigamientos, e incluso atentados contra su vida por
parte de estos grupos, mientras otros eran asesinados o desaparecidos. Los paramilitares
justificaban sus acciones con el infundado argumento de la pertenencia a grupos subversivos
de las organizaciones sindicales.
Ante el panorama de hostigamientos que cobraron la vida e integridad de muchos
sindicalistas y el exilio de otros, la lucha y la oposición de los trabajadores cobró un nuevo
impulso. Las demandas no sólo se inclinaban hacia la consecución de mejoras laborales sino
que abarcan el respeto y la defensa de la vida.
Para efectos de abarcar los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad cometidos contra los trabajadores del territorio bajo estudio, realizaremos una
agremiación que corresponda a las organizaciones gremiales más perseguidas y victimizadas
en el transcurso de los años 1966 - 1998.
2.1.1 Crímenes contra obreros sindicalizados en Bucaramanga, 1972 – 1993
En los casos relacionados a continuación, la información acerca de la pertenencia de las
víctimas a las organizaciones sindicales se hace de forma general, por tanto, incluimos los
siguientes casos bajo el indicador de obreros sindicalizados.
En el año de 1972 se desencadenaron operativos sistemáticos de persecución contra los
gremios sindicales. En el mes de julio, el obrero PEDRO ALONSO MERLO PINZON fue
detenido con limitación de garantías procesales, sindicado y procesado por miembros del
ejército.
Paralelamente, la estrategia contrainsurgente se enfocó en la represión contra el
profesorado, inicialmente desde agentes estatales, representado en sus organismos de
seguridad, y en un segundo momento por medio de los grupos paramilitares. El primer caso
de agresión contra profesores agremiados, ocurrió en los últimos meses de 1973. En
noviembre de ese año, el profesor universitario agremiado y abogado JAIME TORRES
SANCHEZ fue detenido, torturado, sindicado, procesado y condenado por el Mayor Romero y
el Capitán Gonzalo Pacheco. En las instalaciones de la V Brigada, Jaime fue sometido a
múltiples maltratos e interrogatorios prolongados. Posteriormente fue procesado, condenado
y recluido en la cárcel de Cúcuta. Luego de algún tiempo lo dejaron en libertad.
Anteriormente, en octubre de 1972, el educador había sido detenido en la ciudad de Bogotá.
El 2 de noviembre de 1975 se desarrolló en Bucaramanga una protesta liderada por los
pobladores de los barrios populares, apoyada por los distintos sectores y organizaciones
sindicales, estudiantiles y cívico - populares con el fin de manifestar la inconformidad ante el
26
incremento de las tarifas del transporte y el cambio de las rutas por parte del INTRA. Esta
medida se había decretado desde el 28 de octubre y motivó la realización de marchas desde
el 30 de octubre. La reacción de la administración municipal no se hizo esperar y de
inmediato la fuerza pública arremetió contra los marchantes, hiriendo a varios de ellos y
causando la muerte de un joven estudiante del colegio Santander. Pese al incremento del
pie de fuerza y la recurrente represión de la movilización, las manifestaciones de la
población se prolongaron hasta el 5 de noviembre, fecha en la que se adelantó un paro
cívico que contó con la afluencia de gran parte de la población bumanguesa. Entre el 30 de
octubre y 5 de noviembre, más de 200 PERSONAS fueron detenidas y sindicadas por la
fuerza pública, entre ellas los profesores agremiados GERARDO SANCHEZ y TIBERIO
TRESPALACIOS, quienes fueron arrestados por miembros de la policía. Lo mismo sucedió
con el obrero miembro de una organización sindical, CARLOS DUARTE, quien fue detenido y
torturado por el ejército en la misma fecha.
La persecución contra los educadores y obreros agremiados se reanudó en el segundo
semestre de 1977. El 25 de septiembre de ese año, el maestro JORGE OCHOA y el obrero
RAFAEL OCHOA fueron detenidos con limitación de garantías procesales y sindicados por
miembros de la policía. La arremetida de la fuerza pública se reanudaría dos años después,
en los primeros meses de 1979, año en el que comenzaron a modificarse las modalidades
represivas del establecimiento, tornándose más contundentes y descentralizadas.
En enero de 1979, la obrera perteneciente a una organización sindical, LUZ MARIA
CARRILLO, fue detenida, sindicada, procesada y condenada por miembros del ejército.
Posteriormente, Luz María fue recluida en el Socorro y finalmente puesta en libertad. El
mismo procedimiento fue empleado con el agrónomo sindicalista JORGE BASTOS PRADA,
quien fue arrestado por el ejército el día 23 de ese mismo mes y año.
La estrategia contrainsurgente del Estado se reforzó a partir del segundo semestre de 1979.
En el transcurso de los últimos meses de ese año se incrementaron los casos de detención y
sindicación contra obreros y trabajadores de la ciudad vinculados a las actividades
sindicales. Los principales responsables de este tipo de acciones fueron los miembros de la V
Brigada junto con el B–2, sección de inteligencia. El 17 de agosto de 1979, el obrero
agremiado LUIS JESUS MANTILLA, fue detenido, torturado, sindicado, procesado, condenado
y recluido en la cárcel de Bucaramanga por una unidad militar de la V Brigada. Lo mismo
ocurrió con los empleados y sindicalistas RAFAEL TRISTANCHO GOMEZ, ISAIAS
TRISTANCHO GOMEZ y DANIEL BLANCO, quienes fueron detenidos por el B–2 el 15 de
septiembre de 1979. Los tres hombres fueron llevados a las instalaciones de la V Brigada
donde fueron maltratados insistentemente. Posteriormente, Daniel fue recluido en la BIM
(Brigada de Institutos Militares) en Bogotá, y luego trasladado a la cárcel Modelo. Tres años
antes, en el mes de abril de 1976, Daniel había sido detenido por agentes del Estado. Bajo
el mismo procedimiento, nueve días después de la detención de los hermanos Tristancho, el
24 de septiembre, fue arrestado el obrero y sindicalista LUIS RAFAEL CARRILLO, quien
después fue recluido en la cárcel Modelo de la capital santandereana.
El 15 de octubre de 1979, las tropas militares desarrollaron una serie de operaciones en la
ciudad que condujeron a la detención de dos miembros de organizaciones sindicales:
CARLOS VILLAMIZAR y NICODEMUS MANRIQUE, quines fueron objeto de innumerables
maltratos.
Las agresiones y vejámenes de la fuerza pública se tornaron más graves con el paso de los
días. El 24 de diciembre de 1979, el obrero JUAN BAUTISTA TORRES fue asesinado, por el
agente de policía Eugenio María Niño.
27
Actuaciones judiciales
El 26 de diciembre de 1979, el Juzgado 14 de Instrucción Criminal de Bucaramanga
inició la investigación, sindicando al agente Eugenio María Niño de la comisión del
crimen.
Durante la década del ochenta, cualquier evento se convirtió en un momento propicio para
que las fuerzas del orden emprendieran sus acciones represivas contra los activistas de los
sindicatos. No se respetaban las concentraciones o reuniones públicas donde estos
estuvieran presentes y también se buscaba el amedrentamiento de la población cercana. No
fueron pocas las veces en que agentes estatales realizaron montajes y acusaciones
infundadas.
Desde los primeros días de 1980 se dio inicio a la persecución sistemática de los
trabajadores agremiados. El 1 de enero, el militante político miembro de una organización
sindical RAFAEL CRISTANCHO fue detenido en las instalaciones de la V Brigada, torturado,
sindicado y procesado por miembros del ejército. Lo mismo aconteció con el sindicalista
ALVARO ANGARITA, quien fue aprehendido por el B–2 de la V Brigada el 18 de febrero del
mismo año. Posteriormente, el 21 de agosto de 1983, Álvaro fue amenazado de muerte
junto con otros habitantes del Magdalena Medio por el grupo paramilitar MAS, según
denuncia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, regional
Santander y de otras organizaciones sindicales y cívicas.
Las detenciones y sindicaciones del ejército siguieron en mayo de 1980, mes en el que el
obrero ALVARO PULIDO fue detenido por miembros del ejército y luego torturado en las
instalaciones de la V Brigada. Mientras estuvo en este lugar, Álvaro fue vendado para evitar
la identificación de sus agresores. Al mes siguiente, en junio de 1980, los obreros y
sindicalistas ISRAEL ARIZA y BENICIO VALERO fueron detenidos y procesados también por
las tropas militares de la V Brigada, al igual que los empleados agremiados VLADIMIR
FERNANDEZ, JOSE ACOSTA y SATURNINO RAMIREZ, detenidos por el B-2 el 16 de
noviembre de 1980. Cabe anotar que en febrero del mismo año, Vladimir había sido
aprehendido en un allanamiento practicado en Bucaramanga.
Entre los meses de enero y marzo de 1981, la fuerza pública agredió a dos trabajadores
más. El 14 de enero el obrero RODRIGO DIAZ fue torturado y herido por miembros de la
policía. Dos meses más tarde, el 24 de marzo, la obrera DOCKY MANZANO fue detenida y
sindicada por el ejército. Tiempo después recobraría su libertad.
La represión basada en las detenciones y sindicaciones se disminuyó a partir de 1982, años
desde el cual los grupos paramilitares hicieron su aparición en el territorio santandereano,
dando paso a la modificación de las modalidades represivas, cuya dinámica se concentró en
el uso de la violencia irregular y encubierta. Pese a lo anterior, a mediados de 1985, se
volvieron a emplear las detenciones y sindicaciones masivas para perseguir e intimidar a los
trabajadores sindicales. El 19 de junio de 1985, los sindicalistas PEDRO MENDOZA e IVAN
CASTELLANOS (UIS); HUGO SANCHEZ y RICARDO RIOS (Electrificadora de Santander),
CESAR MARTINEZ (Metalúrgicos de Santander); CRISTINA ACEVEDO (Clínica Bucaramanga);
RICARDO SERRANO (Acueducto); ISAIAS TRISTANCHO; NELSON GERARDO TAVERA y
GERMAN LA ROTTA y las estudiantes MARLENE ARGUELLO NIÑO, GLADYS BUITRAGO
BELTRAN y LIGIA VALBUENA fueron detenidos por agentes de policía en la Mesa de
Ruitoque, Bucaramanga.
Seis meses más tarde, el 13 de diciembre de 1985, a las 5:00 a.m., miembros del ejército
adscritos a la V Brigada, allanaron la casa del miembro de la junta directiva del Sindicato de
Trabajadores del Banco Popular RODOLFO SANABRIA APARICIO. En el curso de la diligencia,
28
el dirigente fue detenido y conducido a las instalaciones de la unidad militar, donde
permaneció recluido acusado de “sospecha”. Es de anotar que en el momento de los hechos,
los trabajadores del Banco Popular venían negociando un pliego de peticiones con la
empresa, situación que presuntamente constituyó la verdadera causa de la detención del
señor Sanabria.
A partir de 1987 los crímenes ejecutados por “hombres desconocidos” pasaron a formar
parte de los responsables en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra los gremios
sindicales de la ciudad de Bucaramanga. El 25 de junio de 1987, el PRESIDENTE DEL
SINDICATO DE AVIANCA fue retenido, torturado y amenazado de muerte por varios
individuos desconocidos. Al parecer, quienes retuvieron al dirigente sindical eran agentes
secretos del Estado, quienes le manifestaron que si no abandonaba sus actividades
sindicales, ellos se encargarían de ejecutarlo muy pronto.
En 1988 se intensificaron las operaciones y hostigamientos de la fuerza pública y las
estructuras paramilitares con el fin de suprimir las organizaciones gremiales de la capital
santandereana. El martes 24 de mayo, fueron detenidos OSCAR TASCON, OSCAR PALOMINO
y MARIA SERRANO, sindicalistas de CICOLAC. Los dos primeros se dirigían a la tesorería y
secretaría del sindicato. Los trabajadores fueron detenidos en horas de la noche por
miembros de la policía, sin justificación alguna. Luego fueron trasladados a la cárcel, sin que
las directivas del sindicato pudieran obtener explicaciones precisas sobre el hecho.
A la par con las acciones de la fuerza pública, los grupos paramilitares dieron curso al
exterminio de los movimientos cívicos y sindicales de la ciudad, comenzando por los
dirigentes y líderes de dichas organizaciones. El 11 de agosto de 1988, el presidente del
Sindicato de Trabajadores de la compañía petrolera Occidental, FREDDY PIMIENTO fue
desaparecido por un grupo de hombres que lo interceptaron en la vía que conduce al
aeropuerto de Palonegro, en Bucaramanga.
Quince días más tarde, el 26 de agosto de 1988, en las horas de la noche, el miembro del
sindicato SINTRAELECOL, seccional Barranquilla, RICARDO RIOS SERRANO fue asesinado y
MARIO AVILA MORALES fue herido por sicarios frente a los predios de la Empresa
Electrificadora de Santander S.A. en Bucaramanga. El 9 de septiembre de ese mismo año,
Mario murió en el Hospital González Valencia donde se encontraba recluido tratando de
recuperarse de las heridas.
La persecución contra los miembros de SINTRAELECOL continuó el 13 de septiembre de
1988, fecha en la que el trabajador de la Electrificadora de Santander y sindicalista CARLOS
JAIME RINCON de 33 años fue asesinado por dos desconocidos. Los sujetos le propinaron
tres impactos de bala en la cabeza a Carlos cuando guardaba su vehículo en un garaje
vecino.
En la década del noventa, tanto las fuerzas regulares como irregulares de represión estatal
se dedicaron a sembrar el terror y contener el impulso reivindicativo de las organizaciones
sindicales, atacando cruelmente a sus miembros. El 6 de agosto de 1991, MILTON y
LEONARDO PEREZ DURAN de 24 años de edad, trabajadores de la empresa Cordigas, fueron
detenidos por miembros de la policía. Al día siguiente sus cuerpos aparecieron en la morgue
de la ciudad completamente destrozados, torturados y sin ropa. El padre de los muchachos
localizó los cuerpos y declaró que los agentes reconocieron tener en su poder a sus hijos,
pero cuando él se dirigió personalmente a averiguar por ellos, le dijeron que ya los habían
dejado en libertad. La SIJIN de Bucaramanga tampoco le dio razón alguna del paradero de
sus hijos.
29
Las acciones de los paramilitares mostraron mayor sevicia en sus crímenes. A partir de
1992, la operatividad empleada por estas estructuras se caracterizó por la irrupción de los
paramilitares en las viviendas de las víctimas, donde eran asesinados sin reparo alguno, aún
frente a sus familiares. El 23 de mayo de ese año, la trabajadora GLADYS ACEVEDO BLANCO
de 28 años de edad, fue asesinada en el interior de su casa ubicada en el barrio San
Francisco. Ese día tres hombres que llegaron en un Renault Break 18 azul oscuro con vidrios
polarizados, forzaron la puerta de entrada a la vivienda y encañonaron con un revólver al
padre de Gladys y lo hicieron tender en el piso, luego se dirigieron a una habitación donde
ella se estaba vistiendo y sin mediar palabra la asesinaron de varios impactos de bala. La
víctima trabajaba como distribuidora de guayas y retenedores para carros.
Un año más tarde, el 26 de mayo de 1993, en el sector de Ciudad Norte, se encontró el
cuerpo en estado de descomposición del obrero WILSON ALBARRACIN HERNANDEZ, quien
fue asesinado por miembros de la policía. Wilson había salido de una fiesta en compañía de
un amigo, quien vio que 5 agentes de policía, adscritos a la estación del barrio Regaderos, lo
encañonaron y lo obligaron a subir a una patrulla. Los agresores notaron la presencia de un
testigo y lo llamaron, pero éste rápidamente se refugió en su vivienda. Desde la ventana
observó que los agentes permanecieron en el lugar por lo menos una hora.
Cinco meses después, el 2 de octubre de 1993, se encontró en su apartamento el cuerpo sin
vida del Presidente del Sindicato de Bavaria JAIRO SERRANO RINCON, quien estaba atado
de pies y manos, con huellas de tortura en la espalda y piernas y presentaba una herida de
arma cortopunzante en el corazón. La vivienda de Jairo estaba localizada en el barrio Nuevo
Ricaurte. Durante ese año Jairo había sido víctima de dos atentados, el último de ellos, una
semana antes de su asesinato: También había recibido constantes amenazas de muerte. La
familia sostuvo que la causa del asesinato estaba relacionada con su actividad sindical.
2.1.2 Trabajadores y sindicatos del sector de la Salud
La fuerza pública además de emplear figuras legales coercitivas como detenciones y
allanamientos, igualmente manejó herramientas y acciones irregulares como las torturas.
Cabe resaltar que los dirigentes y activistas de gremios como SINTRAHOSPITALARIOS y
SINTRACLINICAS fueron sujetos de falsas acusaciones y sindicaciones de militancia en
grupos insurgentes, estrategia fraguada por los agentes del orden para ocultar la verdadera
política de reducción y aplacamiento estatal hacia las actividades reivindicativas de los
sindicatos. En muchas ocasiones, las víctimas fueron obligadas a declarar sobre su supuesta
militancia subversiva. Estas afirmaciones se configuraban como justificación suficiente para
iniciar procesos judiciales sin respeto sin ninguna garantía para los trabajadores.
Los principales responsables de las agresiones contra los integrantes de los gremios
sindicales de la salud fueron el F–2 de la policía y el B–2 del ejército. Desde comienzos de
los años ochenta, dichas unidades dieron inicio a una serie de prácticas represivas
encaminadas a frenar de tajo cualquier tipo de iniciativa reivindicativa de las organizaciones
sindicales. En consecuencia, desde los primeros meses de 1982 los miembros de la fuerza
pública arremetieron contra los activistas sindicales del sector de la salud, quienes además
de ser aprehendidos durante los allanamientos de sus viviendas, eran hostigados en el
desarrollo de manifestaciones o mientras se dirigían a sus residencias y sitios de trabajo.
Tal es el caso de RUPERTO LOZADA PINILLA,
Ramón González Valencia, quien fue detenido y
24 de abril de 1982 en el barrio La Pedregosa.
cabeza hasta derribarlo, le taparon la boca
activista sindical y trabajador del Hospital
torturado por agentes del B-2 del ejército el
Ruperto fue golpeado con un revólver en la
con las manos, mientras dos agentes le
30
propinaban patadas. Luego fue introducido en un Jeep que los estaba esperando. Al
momento de subirlo, alcanzó a gritar que se lo llevaban para la V Brigada. Gracias a los
gritos de auxilio de Ruperto, su esposa se dirigió a dichas instalaciones con el ánimo de
averiguar en qué estado se encontraba su esposo, a lo que el coronel Víctor Manuel Trujillo
Hoyos, comandante del B-2 le respondió que Ruperto se encontraba allí por subversivo y
que si quería más información “se la pidiera a la guerrilla cubana”38.
La persecución contra los sindicatos de la salud se reanudó en los últimos meses de 1984. El
27 de noviembre de ese año, USITRAS, uno de los gremios sindicales más importantes del
territorio santandereano, convocó a las centrales obreras de la región a una manifestación
pacífica que contó con el permiso oficial de la administración municipal de Bucaramanga. Sin
embargo, un grupo de agentes irrumpió violentamente en la marcha, agrediendo a sus
participantes. Como resultado de dicha operación los trabajadores y miembros del sindicato
de Clínicas y Hospitales CONCEPCION DELGADO, ALBERTO RESTREPO, SANTIAGO JAIMES,
JESUS GARZON y MARTIN MORENO fueron detenidos.
Los hostigamientos contra los activistas sindicales de la salud cesaron por un breve lapso de
seis meses. Empero, en junio de 1985 volvieron a presentarse agresiones. En horas de la
madrugada del 15 de junio, miembros de la policía y del ejército allanaron la casa de la
señora CECILIA CARRANZA, activista sindical de SINTRACLINICAS, quien vivía en el barrio
Ciudad Bolívar, carrera 2a con avenida Guayacanes Oriental, Manzana E Casa 28, en
Bucaramanga. Ese mismo día los organismos de seguridad del Estado habían efectuado los
mismos procedimientos contra varios dirigentes y activistas cívicos y populares.
La violencia con que fueron perseguidos los trabajadores de la salud comenzó a tomar
proporciones alarmantes. El gobierno desconocía el servicio que prestaban a la comunidad
estas personas a favor de los mas necesitados y desprotegidos por el estado en la ciudad de
Bucaramanga; por el contrario, su actividad de servicio en vez de contar con los apoyos
estatales, fue duramente reprimida por los agentes del orden, quienes justificaron su
accionar calificando a los gremios sindicales de la salud como “subversivos”, imputación
totalmente inaceptable e insostenible ante las declaraciones de los beneficiados por las
supuestas “prácticas subversivas”39.
En el mes de agosto de 1985, la fuerza pública intensificó su accionar contra los miembros
de los sindicatos de la salud. En el transcurso de ese mes, CINCO ACTIVISTAS de
SINTRAHOSPITALARIOS fueron detenidos por agentes estatales, quienes los sindicaron de
pertenecer a las filas del M–19. El día 6, en horas de la madrugada, fue allanada sin orden
judicial la residencia del secretario de SINTRAHOSPITALARIOS, ALVARO RINCON NIETO, por
miembros de la V Brigada.
Entre el 8 y 9 de agosto, la líder sindical MARIA ELENA GOMEZ AMAYA afiliada a
SINTRAHOSPITALARIOS y trabajadora de la Clínica La Merced, fue detenida y torturada por
agentes del F-2. El testimonio de Maria Elena acerca de lo sucedido, ilustra de forma
claramente la clase de procedimientos a los que fue sometida:
Testimonio de María Elena Gómez Amaya
38
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander): Comunicado de radio y
prensa No. 5, Bucaramanga, 27 de abril de 1982.
39
Grupo Voluntario de Enfermería “Barrio La Juventud” y demás vecinos del Sector Norte de
Bucaramanga: Denuncia Pública. Bucaramanga, 8 de agosto de 1985.
31
“El 8 de agosto fui detenida como a las 2:00 a.m. por unidades de la policía. Fui llevada a la policía,
me preguntan mi nombre y donde vivo... me amenazan de muerte... 6:30 a.m. me sacan para el F2,
luego me vendan los ojos y me colocan las esposas; me preguntan si yo era del M-19 y me obligan a
que yo les dijera que unas tachuelas eran mías; después me reseñaron”.
“Como a las 9:00 a.m. fui sacada del F2... a empujones me introducen en un carro. Luego fui llevada
a un sitio, como un tierrero... me dicen que si se mueve le pasa corriente que la mata; yo les digo que
van a hacer, y me contestan: esto es para que hable H.P y si no habla se muere”.
“Me colocan frente a una pared, no me dejan mover; me pegan por la espalda patadas; me empujan...
H.P quédese quieta... a las 2:00 p.m., mas o menos, me llevan para un sitio o pieza; me comienzan a
preguntar mi nombre, estudios, lugar de trabajo, nombre de los padres, lugar de nacimiento,
identificación etc.; mas o menos 45 minutos. Después me dicen ya hable; no tengo nada mas que
decir -respondo-; a bueno H.P ahora sí..., me toman de las manos y me colocan vendas, me aprietan
las esposas al máximo y me empujan, caigo al suelo; me acuestan boca arriba sobre los brazos con las
esposas; luego me amarran los pies, me colocan una bolsa en la cara impregnada de tiner y gasolina...
me dejaron como una hora; me dan una patada... dicen: está dormida, bueno, ahora si va a hablar”.
“Se sienta uno en los pies, otro sobre el estomago, el otro me toma la cabeza y la coloca en medio de
sus piernas... me colocan un trapo; me dicen: Ahora va a tragar agua hasta que se muera oyó H.P; me
tapan la nariz, y con una manguera me echan agua por la boca, me quedaba sin respiración, trataba
de gritar... casi se sentaban en mi cara..., medio me dejaban para decirme que hablara, pero me daban
puños en el abdomen para sacarme el aire. Esto lo hicieron varias veces por espacio de una hora, yo
estaba perdiendo el sentido cuando me hacen levantar; no era capaz de pararme; todo me daba
vueltas, me dolía la garganta.”
“Las manos creía que las tenía separadas de la muñeca y me pesaban, las tenía encalambradas; me
sacan a empujones... me daban contra las paredes... me dejan allí; vuelven a darme puños,
patadas...¡hable!. Por la noche me dicen que fueron a la casa, y que a mi familia le habían dicho que
estaba desaparecida; también me dicen: le ahuyentamos la familia y les volvimos mierda la casa... 9:00
p.m. Me llevan unos pasos más allá y me dicen ahora si va hablar H.P; me colocan cables apretados
en los brazos, estaba inmovilizada..., pasa el tiempo... frío, cansancio, sueño, mareo; me íba de
cabeza, pegué la cabeza a las rodillas, no me dejaban sentar... 12:00 a.m.: me dejaron sentar; me
alumbraban con linternas... como de 2 a 3 de la mañana me sueltan los cables; llega un carro y una
moto, preguntan: ¿ya habló?, no lo ha hecho. Bien, vamos a ver si no habla, y sino le damos la
vuelta...; me tuercen los brazos”
Por último relata Maria Elena:
“Jueves 4 p.m.: cuando la familia va al F2 a preguntar me niegan... jueves 6 p.m.: les toca decir que si
me tienen ahí porque al pasar lista me nombran; les dicen a los familiares que lleven de comer, y se
comen ellos la comida porque no me tenían en ese lugar..., fui sacada del sitio de tortura el día
viernes como a las 7:00 a.m.”; duré desaparecida 30 horas; vendada 26; con esposas 24 horas y sin
comer casi 30 horas... quedé con las manos dormidas, correntosas, calambrosas; quemados la nariz y
el cuello, cicatrices por las esposas..., el tabique desviado con dolor; hombros morados y las manos
inflamadas”.
32
Fuente: Testimonio de Maria Elena Gómez Amaya: Carta enviada al Procurador General de la Nación,
Bucaramanga, 18 de septiembre de 1985.
A pesar de lo anterior, el 21 de agosto del mismo año, Maria Elena fue nuevamente detenida
junto con PEDRO URIBE y ALONSO OSORIO QUINTANA. Ellos fueron sindicados por la policía
de pertenecer al M-19. María Elena puso en conocimiento de las torturas sufridas a
autoridades nacionales, sin embargo, su caso quedo en la impunidad.
Los allanamientos se convirtieron en una de las modalidades criminales más empleadas por
los organismos estatales. El 13 de septiembre de 1985, ocho agentes del B–2 allanaron la
vivienda del dirigente sindical de SINTRAHOSPITALARIOS EUCLIDES FLETCHER. Los
militares llegaron a la casa de Euclides y procedieron a allanarla, y al no encontrar al
sindicalista profirieron todo tipo de insultos.
En la segunda mitad de la década del ochenta, los operativos desarrollados por estructuras
estatales con el fin de intimidar a los gremios sindicales hospitalarios se tornaron más
esporádicos; sin embargo, los hostigamientos se extendieron hasta los allegados y familiares
de los sindicalistas, como una forma de presión hacia los trabajadores para que
abandonaran sus labores reivindicativas.
Un ejemplo de ello ocurrió el 3 de octubre de 1986, día en el que SINFOROSA SANCHEZ fue
detenida y torturada por agentes estatales. Sinforosa era esposa del dirigente sindical de
Trabajadores de la Salud Pública, Nelson Enrique Angarita. Los hombres la vendaron y la
interrogaron acerca de las actividades de su esposo, le pegaron con cables, le punzaron las
piernas, el vientre y la vagina, regándole además un líquido quemante en las heridas. Por
último la tiraron desde un carro en movimiento, por la carretera que conduce a
Floridablanca. La sevicia creciente con la que la fuerza pública agredía a los trabajadores
agremiados y sus familiares se expresa en la crueldad con la que Sinforosa fue maltratada.
Pronto las detenciones y sindicaciones de los trabajadores ya no sería un método suficiente
para contener y frenar su fortaleza organizativa. Por tanto, se configuraró una nueva
modalidad represiva enfocada a la eliminación sistemática de líderes y miembros sindicales
de la salud. Las primeras señales de este tipo de operatividad criminal se manifestó el 1° de
octubre de 1987 en horas de la noche, cuando el médico empleado de la Secretaría de Salud
de Santander ALBERTO DUARTE MONTAGUT fue herido por dos sicarios que se movilizaban
en una moto de alto cilindraje en momentos en que se dirigía a su residencia ubicada en el
barrio La Floresta. Los hostigamientos se agravaron el 25 de abril de 1989, con el asesinato
del ayudante de mantenimiento del Hospital Universitario Ramón González Valencia,
ALVARO ENRIQUE PULIDO NIÑO de 32 años y ALIRIO DUARTE DELGADO. Álvaro y Alirio
fueron asesinados por sujetos no identificados que llegaron hacia las 11:30 de la noche y
abrieron fuego contra varias personas que se encontraban en la esquina de la calle 13 con
carrera 11 en el barrio Gaitán.
2.1.3 La Unión Sindical de Trabajadores de Santander, USITRAS
33
“Coordinación y unidad por la búsqueda de los objetivos soberanos y populares”
La Unión Sindical de Trabajadores de Santander ha sido una de las organizaciones sindicales
más representativas del departamento. En ella confluyeron los diferentes gremios sindicales
de la región, quienes además de reivindicar sus derechos laborales se unieron en pro de
exigir mejores condiciones de vida para el pueblo santandereano y el respeto a la vida de los
trabajadores agremiados. Al igual que otras agremiaciones laborales del departamento, sus
afiliados fueron centro de intimidación y represión por parte de las autoridades estatales.
Debido al gran liderazgo de esta organización y su apoyo a las diversas manifestaciones
obreras y cívico – populares de la región, sus miembros se convirtieron en uno de los focos
mayormente perseguidos y atacados por los grupos paramilitares, especialmente por el
MAS, que los señalaban de ser militantes y colaboradores de la guerrilla enmascarados bajo
la figura del sindicalismo.
El análisis de la victimización de una de las organizaciones de trabajadores emblemáticas del
movimiento sindical de Santander, se lleva a cabo, examinando el comprometimiento de la
fuerza pública y las estructuras paramilitares en la eliminación sistemática de sus miembros.
El accionar opresivo de los organismos de seguridad del Estado contra USITRAS, configuró
un marco caracterizado por el empleo de mecanismos legales coercitivos como las
detenciones, allanamientos y sindicaciones de pertenencia a grupos subversivos. Sin
embargo, cabe anotar que también se acudía a las expresiones de violencia irregular y
soterrada, especialmente las amenazas.
El apoyo y anuencia entre la fuerza pública con las estructuras paramilitares condujo
ineludiblemente al desplazamiento de gran cantidad de los miembros de este gremio y la
victimización de muchos otros. Los trabajadores que ocupaban cargos de dirección fueron
los más perseguidos por las fuerzas regulares e irregulares, pues en innumerables ocasiones
sus vidas estaban en juego por una amenaza hecha a través de una carta o llamada
telefónica, medios empleados por los paramilitares para sembrar el terror y la zozobra en los
trabajadores.
Uno de los primeros actos intimidatorios contra los miembros de USITRAS ocurrió el 18 de
mayo de 1984 cuando los obreros y dirigentes LUIS ENRIQUE BELTRAN y LUIS INDALECIO
TOLOSA fueron detenidos por 4 agentes de seguridad del Estado, quienes dejaron en
libertad a uno de ellos después de interrogarlo sobre las actividades de otros sindicalistas de
Coca Cola y ejecutivos de USITRAS en Bucaramanga.
Poco tiempo después de la detención de los dos obreros, los grupos paramilitares se
sumaron a la persecución contra los miembros de USITRAS. Los desmanes represivos de
tales estructuras se instituyeron en diversos contextos. Las circunstancias y situaciones
particulares no representaban obstáculo alguno para hostigar a los trabajadores. Sin
embargo, las agresiones se incrementaron durante los conflictos colectivos, dadas las
importantes consecuencias e implicaciones que tenían las manifestaciones de los
trabajadores para la reglamentación y consecución de garantías legales; razones suficientes
para que las fuerzas paraestatales se opusieran a sus demandas e iniciativas o al logro de
un eventual acuerdo entre las centrales obreras y las instancias administrativas.
34
A la par con el MAS, otro grupo paramilitar conocido como “Movimiento de Inteligencia
Guerrillera”, comenzó a intimidar a los integrantes y dirigentes de UISTRAS. El 2 de octubre
de 1984, PEDRO JULIO CARO JIMENEZ, dirigente de USITRAS y ejecutivo de CTC (Central de
Trabajadores de Colombia) fue amenazado de muerte por dicho escuadrón de la muerte a
través de un panfleto que llegó al diario Vanguardia Liberal. Desde entonces proliferaron las
amenazas de muerte contra los miembros del sindicato. Dos meses más tarde, el 30 de
septiembre de 1984, CUATRO SINDICALISTAS de USITRAS fueron amenazados de muerte
por la organización paramilitar llamada “La TRIPLE A”, es decir, Acción Anticomunista
Americana, la cual surgió como “un escuadrón secreto de inteligencia militar, auspiciado por
el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano”40.
Así, bajo la figura del paramilitarismo, “los mismos militares se cubren con la sombra de la
delincuencia común para poder ejecutar modalidades de represión política que no son
compatibles con un estado de derecho”41. Por medio del uso de la violencia irregular esta
estructura dio inicio a la persecución sistemática de los gremios sindicales en el
departamento santandereano junto con otros organismos de inteligencia privada como el B2, el F–2 y la justicia privada.
En este contexto se presentó el 13 de marzo de 1985 el desalojo violento y detención por
parte de la policía de TREINTA Y SIETE OBREROS de la industria de la palma africana,
“Hipilandia” y de USITRAS, cuando se encontraban en las instalaciones del Viceconsulado
español en Bucaramanga, lugar donde se habían alojado para buscar ayuda a la solución de
su conflicto laboral. Ellos eran: ARY RODRIGO CORDOBA ALEGRIA, JOSE DOLORES
ALVARADO, RAUL GOMEZ SALCEDO, HUMBERTO MARTINEZ GUTIERREZ, DANIEL PAZ,
MELQUIADES GOMEZ SAMACA, JUAN CARLOS MARTINEZ RIOS, FREDDY PATERNINA
ACEVEDO, BALDONERO PARRA, ORDUZ CACERES, ISRAEL ROJAS MALDONADO, ADAM
PATIÑO, JOSE ORTEGA MORENO, JOSE DEL CARMEN PAEZ, MARIO HERNANDEZ, PABLO
ANTONIO QUIROGA, ARMANDO PATERNINA ACEVEDO, ISAIAS TRISTANCHO GOMEZ, JOSE
ALVAREZ SAMPER, TEOFILO MANRIQUE SUAREZ, FLORALBA PEREZ, MATILDE FLOREZ
GONZALEZ, ROSALBA GARCIA BAUTISTA, JOSEFINA DURAN CACERES, ANA JOAQUINA PICO
DE NEIRA, MARINA LUGO DE ACEVEDO, ANA BENILDA PAEZ MELENDEZ, MARIA ANTONIA
PIÑA ACEVEDO, DIOSELINA JAIMES ORTEGA, MARIA AVILA DE SANGUINO, ANA LUCIA DE
VELASQUEZ, GRISELDA PINZON DIAZ, FRANCISCA MALDONADO DE ORTIZ, CARMEN INES
ZAPATA, MARIA DEL ROSARIO VELEZ SANCHEZ y ADRIANA DOMINQUEZ LINARES.
Pese a que el Vicecónsul no había proferido ningún tipo de queja, los trabajadores fueron
acusados de violación de domicilio y secuestro simple; los hombres fueron trasladados a la
cárcel Modelo y las mujeres al Buen Pastor luego de arrebatarles sus hijos y entregar los 15
menores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hasta que se resolviera la
situación jurídica de sus padres. El gran daño causado a las familias se constituyó como un
medio más para presionar a los trabajadores a que abandonaran sus actividades sindicales,
llegando hasta el punto de descomponer sus núcleos familiares.
El 20 de junio de 1985 a las 7:30 p.m., la vivienda de ESPERANZA ESPITIA, secretaria de
USITRAS y residente del barrio La Libertad, fue allanada por agentes de la policía. Ese
mismo día el gobierno había declarado ilegal el Paro Nacional que se adelantaba en distintos
sectores del país, incluida la capital santandereana. Por esta razón, se prolongó por varios
días en distintas zonas de la ciudad la realización de allanamientos y detenciones,
especialmente en los sectores populares. Así, el 24 de junio, miembros de la V Brigada
40
41
Banco de datos de violencia política del CINEP: Op. Cit., p. 45.
Ibídem. p. 46.
35
allanaron la residencia del líder sindical y secretario general de USITRAS, VICTOR MANUEL
BUITRAGO SOLANO, quien además fue arrestado y trasladado a las instalaciones militares.
El maniobrar de los cuerpos de inteligencia policial y militar no daba tregua para atacar a los
dirigentes de USITRAS. Generalmente, los seguimientos y asechanzas realizados por los
miembros de aquellos organismos eran el principio de planes criminales para terminar o
desaparecer la figura de los artífices del sindicato, o también, para ponerlos en advertencia
sobre dichas acciones con el ánimo de que abandonaran el sindicato.
Tal es el caso de ARY RODRIGO CORDOBA ALEGRIA, uno de los principales dirigentes de
USITRAS, sobre quien recayó el peso de la represión paramilitar y de los organismos de
inteligencia del Estado, quienes lo hostigaron en reiteradas ocasiones, llegando incluso a
amenazar a su esposa e hijos, e intentar desaparecerlo.
No obstante, las constantes agresiones de las que fue víctima Ary Rodrigo, bajo el supuesto
de integrar las filas del M–19, su actividad sindical no logró ser frenada, por el contrario, los
demás miembros de la organización lo apoyaron en todo momento y denunciaron las
prácticas paraestatales en contra del dirigente y los demás afiliados de la organización. A
continuación hacemos referencia a la larga cadena de agresiones hechas contra Ary Rodrigo
por parte de los organismos de inteligencia del Estado y grupos paramilitares, la cual se
llevó a cabo en el curso de más de tres años:
La vida de un dirigente sindical: Ary Rodrigo Córdoba Alegría
El 23 de diciembre de 1983, el dirigente sindical de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander
USITRAS, RODRIGO CORDOBA ALEGRIA y su esposa BEATRIZ DE CORDOBA, secretaria
auxiliar de SINTRADINGASCOL (Coca Cola), fueron amenazados de muerte mediante un escrito
enviado a su residencia por el MAS, en Bucaramanga.
El grupo paramilitar acusaba a Rodrigo Córdoba de ser un comandante militar del M-19 que se
dedicaba a entrenar militarmente a miembros de ese grupo guerrillero, en tanto que a Beatriz le
advertía que no prosiguiera con sus actividades sindicales. Ante tales amenazas USITRAS, a través de
un comunicado del 30 de diciembre de 1983 conjuró y protestó por la intimidación de las que eran
sujetos los sindicalistas mencionados, además de citar a una asamblea extraordinaria en defensa del
movimiento obrero.
En los años siguientes la familia de Rodrigo Córdoba debió soportar más amenazas y continuos
seguimientos. El 9 de abril de 1985 nuevamente fueron amenazados por agentes de seguridad del
Estado; esta vez no sólo mencionaron al sindicalista y a su esposa, también incluyeron en las
intimidaciones a sus hijos HERBERT y ALEXANDER. La denuncia se hizo ante el Procurador
General de la Nación.
La persecución contra ARY RODRIGO CORDOBA ALEGRIA se agravaría el 18 de octubre de
ese año, cuando fue objeto de un intento de desaparición por parte de dos individuos que se
movilizaban en una camioneta tipo “Ranger” de color rojo y blanco en el centro de la ciudad. Por
esos días, Bucaramanga era sede del 1er Congreso de Movimientos Cívicos y Populares. El desarrollo
del encuentro se realizaba en las instalaciones del SENA que se vio abruptamente interrumpido por
unidades de la policía y personal de civil que procedieron a allanar el lugar con el pretexto de buscar
propaganda subversiva y un supuesto guerrillero, al tiempo que amedrentaban a los presentes con
36
diversas armas de fuego y granadas. Asimismo, cuando Rodrigo salió del recinto fue interceptado por
los individuos que al parecer eran agentes secretos que se movilizaban en la camioneta descrita,
quienes pretendían subirlo al automotor para desaparecerlo posteriormente. El dirigente evitó el
rapto corriendo nuevamente hacia la sede donde se desarrollaba el congreso.
Un año mas tarde, el 3 de diciembre de 1986, ARY RODRIGO fue amenazado y golpeado por
agentes del F-2 en las instalaciones de la SIJIN de Bucaramanga. Ese día Rodrigo Córdoba junto con
Agustín Figueroa y Orfa Nelly Carvajal, también integrantes de Comité Ejecutivo de USITRAS,
fueron citados por parte de una funcionaria llamada Doctora Stella Lozano en las instalaciones de la
SIJIN, con el objeto de llevar a cabo una investigación que adelantaba ella respecto a las amenazas
proferidas contra el sindicato y sus integrantes. Cuando los sindicalistas llegaron a las instalaciones de
la SIJIN preguntando por la señora Lozano, quienes se encontraban de guardia no les respondieron y
cuando lo hicieron se acercaron a Ary Rodrigo, a quien trataron de agredir en el abdomen con la
culata del arma que portaba uno de los agentes.
Posteriormente, los uniformados dejaron seguir a los sindicalistas; una vez hablaron con Stella
Lozano, ésta solicitó que se quedara en su despacho Ary Rodrigo Córdoba y que los demás
trabajadores esperaran afuera. Los otros sindicalistas obedecieron, por lo que se ubicaron en uno de
los pasillos adyacentes a la oficina; los agentes que se encontraban de guardia les prohibieron ver las
fotos que exhibían en algunas carteleras, con la leyenda “delincuencia común” y en tres oportunidades
les solicitaron moverse del sitio; finalmente, les exigieron esperar en la calle. Cuando la funcionaria
Lozano fue informada de esto se vio precisada a citar nuevamente a los sindicalistas el 11 de
diciembre siguiente en las instalaciones de la Procuraduría de la capital santandereana.
Rodrigo Córdoba tuvo que permanecer solo en las instalaciones entregando su declaración y al salir
fue abordado por un grupo de agentes, entre ellos el que se encontraba de guardia, quienes afirmaron
que “costara lo que costara a usted HP le vamos a dar”. Ante tal improperio el comité ejecutivo de
USITRAS rechazó enérgicamente los hostigamientos contra sus dirigentes en el comunicado del 5 de
diciembre del mismo año.
La prolongación de la presión contra los sindicalistas de la organización, de uno u otro modo se
redujo en términos de agresiones a la integridad personal e intimidad de los mismos por parte de la
fuerza pública, pero se mantuvo en los mismos niveles agobiantes contra la vida de los activistas.
Entretanto los grupos paramilitares siguieron violando los más mínimos derechos fundamentales de
los ofendidos. De tal manera, el cese de la violencia legal dio paso al empleo de nuevos mecanismos
extralegales para criminalizar y vulnerar a los sindicalistas de USITRAS.
FUENTES:
Unión Sindical de Trabajadores de Santander (USITRAS): Denuncia pública, Bucaramanga, 30 de diciembre
de 1983.
Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander): Denuncia Pública, Bucaramanga,
13 de agosto de 1984.
Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH: Itinerario de la represión y la violencia
institucionalizadas, 1985.
Unión Sindical de Trabajadores de Santander (USITRAS): Carta enviada al Procurador Regional de Santander,
Bucaramanga, 5 de diciembre de 1986.
Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH: Itinerario de la represión oficial,
militar y paramilitar, 1987.
37
Además de Ary Rodrigo, 17 miembros de USITRAS fueron amenazados de muerte por el
MAS. El 17 de febrero de 1986, VICTOR MANUEL BUITRAGO SOLANO, ISAIAS CRISTANCHO,
JOSE ALVARADO MARTINEZ, JORGE CASTELLANOS, CLAUDIO SANGUINO, ALBERTO ROJAS,
CARLOS GOMEZ, CARLOS RODRIGUEZ, CECILIA CARRANZA, LAZARO HERNANDEZ, JOSAFAT
TARAZONA, PEDRO LUIS CARO, SALOMON ALMEIDA, JORGE CASTELLLANOS, ALVARO
GALINDO, JORGE LOZADA y CRISTHIAN ROA recibieron amenazas de muerte del MAS
mediante una carta. Una de estas personas había conformado tiempo atrás el Comité
Ejecutivo de USITRAS mientras que los dieciséis restantes eran aún parte activa del mismo,
dos de ellos integraban también la dirección de SINTRAUIS y otro era dirigente del
magisterio. Tres años antes, el 21 de agosto de 1983, el sindicato denunció las
intimidaciones hechas por el MAS contra Víctor Manuel Buitrago y otros miembros del
sindicato, coacciones que también fueron dirigidas contra muchos otros habitantes del
Magdalena Medio, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos,
regional Santander, conjuntamente con otras organizaciones sindicales y cívicas.
Las personas amenazadas fueron el religioso FLORESMIRO LOPEZ, el abogado y militante
político del Partido Comunista HERNAN MOTTA MOTTA, los abogados ANGEL RAMIRO
APONTE RUIZ, RAFAEL ROA FONSECA, los periodistas ALVARO ANGARITA, DIRO CESAR
GONZALEZ, ALIRIO ARCINIEGAS SALDAÑA, los obreros LUIS EDUARDO ZULETA,
HERNANDO RUIZ, HERNAN JARAMILLO, ABEL ROBAYO, el campesino CARLOS SEGUNDO
ROBLES, los profesores PEDRO J. ROJAS OSCAR VILLA y el señor EZEQUIEL ROMERO
LLERENA.
Para el año de 1987, las amenazas del MAS contra los dirigentes de USITRAS adquirieron un
matiz más sofisticado y publicitado, pues se formulaban como parte de maquinaciones y
operaciones anunciadas por aquel grupo paramilitar para confrontar y atacar al sindicato por
la supuesta conexión entre su comité ejecutivo y la subversión, como por ejemplo la llamada
operación MASINGUE (Muerte a Sindicalistas Guerrilleros) que se publicó en uno de los
principales diarios de Bucaramanga.42
El 9 de marzo de 1987, los miembros del comité ejecutivo de USITRAS, ISAIAS
TRISTANCHO, ALBERTO GARCIA y JUAN BONILLA fueron detenidos por agentes de policía en
el centro de la ciudad. Los dirigentes iban con manifestantes que se movilizaban con el fin
de entregarle al Gobernador el texto del acuerdo logrado entre las organizaciones sindicales
de la salud y el Gobierno Nacional. La Policía golpeó a los manifestantes causándoles varias
contusiones. Pocos días después, el 20 de marzo de 1987, miembros del B-2 de la V
Brigada, allanaron la residencia del Presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de
Santander JOSAFAT TARAZONA GUARIN. Los militares llegaron a la casa y luego de
requisarla procedieron a llevarse libros, fotografías del dirigente y de su familia, y algunos
casetes. Tiempo después, Josafat fue citado a las instalaciones de la V Brigada para que ser
interrogado en una diligencia que se prolongó por más de 6 horas.
Debido a la proliferación de las intimidaciones, la organización sindical rechazó tajantemente
en incontables ocasiones la persecución sistemática a la que eran sometidos sus afiliados y
dirigentes, quienes pedían la protección de sus vidas al Estado, responsabilizando a las
autoridades militares y policiales de atacar a los gremios sindicales con la connivencia y el
42
Vanguardia Liberal. “Operación Masingue”. Bucaramanga, 10 de noviembre de 1987.
38
apoyo del paramilitarismo bajo el pretexto del mantenimiento del orden, incumpliendo “el
deber constitucional que tienen”43 de preservar la vida de la población.
Pese a las múltiples denuncias y movilizaciones realizadas por los gremios sindicales de la
ciudad para denunciar los hostigamientos a los que eran sometidos por los organismos de
inteligencia del Estado y fuerzas irregulares, los ataques contra sus miembros siguieron
presentándose. El 9 de noviembre de 1987, LUIS ENRIQUE BELTRÁN y JORGE
CASTELLANOS fueron amenazados de muerte junto con otros nueve dirigentes sindicales por
el grupo paramilitar MAS, según una noticia publicada por el periódico Vanguardia Liberal.
Otros nueve dirigentes fueron amenazados junto con Luis Enrique y Jorge, entre los que se
encontraban BERNARDO PEÑALOZA, CESAR MARTINEZ, RODRIGO CORDOBA, JOSE
CAMACHO, JUAN BONILLA, ISAIAS TRISTANCHO, FRANCISCO COMAS, JESUS FERREIRA y
AGUSTIN FIGUEROA, concejal y candidato a la alcaldía de Bucaramanga por la Unión
Patriótica. El diario Vanguardia Liberal anunció que la mayoría de los dirigentes habían sido
reiteradamente amenazados y agredidos en diferentes ocasiones, tanto por paramilitares
como por la fuerza pública y organismos de seguridad estatales. Además señaló que las
amenazas eran resultado de una macabra y planeada operación de asesinatos próxima a
ejecutar por los paramilitares, llamada MASINGUE (Muerte a Sindicalistas Guerrilleros) y que
tenía como fin ultimo eliminar a los sindicalistas amenazados.
Ante la ofensiva del MAS contra la agremiación sindical, dirigentes de USITRAS declararon
que ese grupo paramilitar en particular “es el que ha venido orquestando las amenazas de
muerte contra nuestras vidas”44. Esta afirmación fue hecha dado que los sindicalistas no
creían que otras agrupaciones paramilitares como los “Boinas Rojas” fueran los autores de
dichas advertencias, pues “el MAS cambia de razón social para confundir a la opinión pública
y para iniciar una nueva arremetida violenta contra los defensores de los intereses
populares.”45
No obstante el peligro latente para sus vidas, que llevó a los amenazados a pedir
salvoconductos para la consecución de armas de fuego, estos adujeron que “la causa que
defendemos es justa; todas nuestras actuaciones son hechas a la vista de las autoridades y
de la opinión pública, y por ende no tenemos nada que ocultar o que nos haga temer morir
por actividades innobles. Aquí tenemos nuestras familias, nuestros amigos, y nuestro
patrimonio político que no pensamos abandonar por las amenazas de estas personas
extrañas que han querido sembrar el terror para acabar con la protesta popular”46. Estas
afirmaciones se vieron preservadas con la advertencia hecha por miembros de USITRAS de
que si no cesaban los hostigamientos y la actitud belicosa de los paramilitares se irían a un
paro indefinido.
Los innumerables embates de la fuerza pública y el paramilitarismo contra USITRAS no
interrumpieron la capacidad de denuncia y de rechazo abierto y público de las acciones
violatorias de las libertades y derechos democráticos de los habitantes del territorio
santandereano, pues para sus afiliados “la defensa de los derechos sociales y la lucha por la
43
Unión Sindical de Trabajadores de Santander “USITRAS”. Declaración de USITRAS sobre la amenaza
de muerte al comité ejecutivo. Bucaramanga, 18 de febrero de 1986.
44
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH: Itinerario de la represión
oficial, militar y paramilitar, 1987.
45
Vanguardia Liberal. “El M.A.S cambió de razón social”. Bucaramanga, Noviembre de 1987.
46
Ibídem.
39
vida, es un imperativo de todos los colombianos”47, del que lógicamente no se sustrajeron
las agremiaciones sindicales bumanguesas y del resto de la región.
En los primeros días del mes de marzo de 1988 varías centrales obreras en compañía de
diversas organizaciones cívico – populares de Bucaramanga, llevaron a cabo el “Foro por el
derecho a la vida, la paz y la democracia”, espacio en el cual se generaron propuestas de
reivindicación y denuncia con el fin de proteger la integridad y los derechos de los habitantes
de Bucaramanga, que desde comienzos de la década del ochenta tuvieron que enfrentarse a
la violencia de la fuerza pública y sus estructuras paramilitares. USITRAS fue uno de los
gremios sindicales que promovió y organizó la realización del Foro, participando activamente
en su desarrollo. La siguiente comunicación explicita el posicionamiento del gremio sindical
frente a la guerra sucia implementada por el Estado en todo el país y particularmente en el
territorio santandereano:
Foro por el derecho a la vida, la paz y la democracia
Carta enviada a la mesa directiva del foro por el derecho a la vida, la paz y la democracia por USITRAS el 1 de
marzo de 1988 en Bucaramanga.
Señores
MESA DIRECTIVA DEL FORO POR EL DERECHO A LA VIDA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
E.S.M
Reciban de la unión sindical de Trabajadores de Santander nuestro más expresivo saludo y
deseamos los mejores votos por que este Foro arroje las mejores conclusiones que permitan detener
el plan cóndor diseñado por el pentágono y los altos mandos militares del Ejército colombiano e
igualmente garantizar una verdadera apertura democrática en nuestra querida y martirizada
Colombia.
Usitras se adhiere y participa efectivamente en este importante Foro por el derecho a vida la paz y la
democracia, por que consideramos que este evento se reúne en momentos en que el país esta al borde de la
guerra sucia y ruin impuesta en forma progresiva por el militarismo reaccionario fascista que afecta la vida de
la nación, especialmente en importantes regiones campesinas donde se viene aplicando una política de
arrasamiento de sementeras, destrucción de viviendas, asesinatos, desapariciones, torturas, allanamientos..y
amenazas de toda índole, tendientes a la destrucción de las organizaciones campesinas cívicas, populares y
sindicales. Por tanto, se hace necesario levantar con fuerza la denuncia y la movilización conjunta de las
fuerzas democráticas para impedir que la sevicia fascista siga imponiendo el terror y la muerte en nuestra
patria.
El militarismo lo entendemos como una concepción y una práctica política que apoya la reaccionarias clases
dominantes, que pretenden resolver los efectos de la crisis fiscal, económica y social con la guerra de
exterminio contra los dirigentes o movimientos que se oponen a los abusos irritantes de las oligarquías que
actúan en abierto contubernio con el pentágono, los monopolios y las imposiciones del fondo Monetario
Internacional.
La tendencia militarista se opone a los sectores intelectuales, demócratas y populares que plantean la
conveniencia de luchar en Colombia por un cambio que permita el libre ejercicio de las libertades
democráticas, los derechos democráticos del pueblo y las reformas sociales que conlleven una verdadera
47
Unión Sindical de Trabajadores de Santander, USITRAS: Carta enviada a la mesa directiva del foro
por el derecho a la vida, la paz y la democracia. Bucaramanga, 1 de marzo de 1988.
40
justicia social para nuestro pueblo. La defensa de los derechos sociales y la lucha por la vida, es un imperativo
de los colombianos.
FUENTE: Carta enviada a la mesa directiva del foro por el derecho a la vida, la paz y la democracia por
USITRAS el 1 de marzo de 1988 en Bucaramanga.
El Foro tuvo lugar en el mes de marzo de 1988 y contó con la participación de los gremios
sindicales en las marchas campesinas que se llevarían a cabo en el mes de mayo del mismo
año. La afluencia y apoyo de sindicatos como SINTRAHOSPITALARIOS, SES y USITRAS en
las movilizaciones campesinas fue masiva. En consecuencia, los trabajadores que
participaron en las numerosas movilizaciones sufrieron, al igual que los demás participantes
de las marchas, la arremetida de la fuerza pública y el paramilitarismo, en los días
posteriores a las manifestaciones.
El 25 de mayo de 1988, dos días después de que se iniciarán las marchas, el sindicalista
GUILLERMO RAMIREZ fue detenido y torturado por miembros de la policía y el F-2.
Guillermo era el comisionado sindical del sindicato de Educadores de Santander y miembro
del Comité Ejecutivo de la de la Unión de Trabajadores de Santander. Después de ser
detenido por los policías, el trabajador fue trasladado a las instalaciones del F-2 de la
ciudad. En las instalaciones del F-2 Guillermo recibió múltiples torturas. Con los ojos
vendados fue desnudado, atado de pies y manos y acostado en el suelo. Un militar se sentó
encima de él mientras que otro le golpeaba los testículos, un tercer militar le maltrataba los
pies y un cuarto hombre le echaba agua por la boca intentado ahogarlo. Luego le echaron
ácido en el cuero cabelludo y le propinaron puntapiés y trompadas cada vez que no
respondía lo que le preguntaban. Este trato le fue dado por cerca de dos horas y después
fue trasladado a la Cárcel Modelo.
Durante la década de los noventa48, los activistas de USITRAS siguieron siendo víctimas de
la intolerancia paramilitar, ofrendando sus vidas a causa de la lucha por la justicia social,
teniendo como pilares la “coordinación y unidad para la búsqueda de los objetivos soberanos
y populares”49. Un ejemplo de ello es el asesinato del obrero afiliado al Sindicato de
Trabajadores del Departamento de Santander -SINTRADEPARTAMENTALES-, dirigente del
Sindicato de Trabajadores de Santander y ex revisor fiscal de la Unión de Motoristas de
Colombia -UNIMOTOR, JESUS ALBERTO BONILLA PICO el 24 de enero de 1990 cuando salía
de las oficinas de USITRAS, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le
dispararon por la espalda en la calle 45 con carrera 2 del barrio Campo Hermoso.
2.1.4 Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander,
SINTRAUIS
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander,
SINTRAUIS, fue una de las organizaciones sociales que apoyó en todo
momento la lucha popular de la población santandereana; muestra de
ello fue su participación en la creación de la Coordinadora Popular del
48
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Industrial de
Santander “Christian Roa”. Comunicado No. 001, Bucaramanga, enero 24 de 1990.
49
Unión Sindical de Trabajadores de Santander, USITRAS. Carta enviada al Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos (Seccional Santander). Bucaramanga, septiembre 26 de 1990.
41
Nororiente y el apoyo de sus miembros en la puesta en marcha del paro del 87 y las
marchas campesinas de 1988.
Al igual que los sindicatos de la salud y USITRAS, el Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Industrial de Santander SINTRAUIS, sufrió la represión ejercida por parte de los
organismos de seguridad estatales. Como lo afirman los integrantes de este gremio sindical,
“las Universidades son un centro de interés de todos los actores del conflicto, convirtiendo a
las Instituciones de Educación Superior en un escenario natural del debate de los problemas
de la sociedad, en la que se discuten tales temas cruciales de nuestra realidad... La profunda
y dramática crisis que sacude al país no deja del lado al Sector Universitario, el cual también
viene siendo altamente lesionado en materia de violación de los Derechos Humanos. El
campus de algunas de nuestras más importantes universidades, se ha convertido en un
espacio de confrontación entre los violentos, quedando en medio una Comunidad
Universitaria desprotegida”50. Dicha situación se expresó con los hostigamientos y
persecuciones sistemáticas en contra de los activistas sindicales de la Universidad Industrial
de Santander.
Los desmanes represivos de la fuerza pública contra las directivas y miembros del sindicato
no cesaron en ningún momento, ni tenían escenario o eventos concretos. Sin embargo, al
igual que con USITRAS, los marcos de manifestaciones públicas y conflictos colectivos se
instituyeron en los de mayor asedio. Pese a los esfuerzos de los trabajadores por ceñir sus
actuaciones a las normas legales en el momento de presentar sus pliegos de peticiones, los
agentes del Estado pasaban por alto dichas disposiciones, empleando procedimientos
irregulares y acometimientos que desconocían totalmente la legalidad.
La gravedad de las agresiones sufridas por los activistas y líderes sindicales de SINTRAUIS,
al igual que de otras organizaciones reivindicativas de los trabajadores, fue denunciada
reiteradamente por los gremios y centrales obreras del territorio santandereano:
“La reiteración y gravedad de estos hechos corroboran que la crisis del
sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e
indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión del
problema. Se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las
violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los Derechos
Humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de
impunidad que reafirma la fragilidad de nuestra democracia y la distancia
que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental a la
asociación sindical, y ese país real, donde se violan permanentemente los
derechos de los sindicalistas”51.
La persecución contra los miembros de SINTRAUIS comenzó el 5 de febrero de 1985. Ese
día en horas de la noche fueron detenidos por varios agentes de policía los directivos
sindicales y trabajadores de la UIS, ALVARO ENRIQUE VILLAMIZAR MOGOLLON, LUIS
ALBERTO GARCIA y JESUS GALVIS.
Los trabajadores se encontraban realizando actividades encaminadas a dar a conocer el
pliego de peticiones a las directivas de la universidad en representación del sindicato. La
discusión era delicada ya que las autoridades universitarias no cedían y mucho menos
aceptaban las pretensiones de su contraparte. Una vez los tres sindicalizados terminaron su
50
SINTRAUNICOL. Violación a los derechos humanos en las universidades colombianas, 1982 – 2005.
UIS; septiembre de 2005.
51
Ibídem. p. 2
42
intervención, fueron arrestados por las unidades policiales sin ninguna justificación. Luego
sus captores los llevaron a las instalaciones del F-2. Incluso 12 horas después de estar
recluidos aún no se había resuelto su situación.
Pese a que la persecución contra los miembros de SINTRAUIS comenzó a mediados de los
ochenta a manos de los organismos de inteligencia del Estado, la arremetida contra sus
miembros fue tomando otras proporciones. En el período comprendido entre 1986 y 1989,
las actuaciones de las fuerzas militares y paramilitares se manifestaron con crudeza frente a
los estamentos que conformaban la comunidad académica, dado su apoyo a las grandes
movilizaciones campesinas y cívico populares de los años 1987 y 1988.
Las estructuras paramilitares comenzaron a intimidar y sembrar el terror en los miembros
de las organizaciones sindicales. El 17 de febrero de 1986, el grupo paramilitar MAS envió
amenazas de muerte a los miembros del Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de
Trabajadores de Santander, USITRAS, donde incluían el nombre de CHRISTIAN ROA,
Presidente de SINTRAUIS52.
Cinco meses más tarde, el 13 de junio de 1986, una tropa militar allanó la vivienda del
trabajador de la UIS, FERNANDO MENDOZA. Dicha acción fue realizada con el pretexto de
buscar armas; sin embargo, los militares no encontraron ninguna.
Además de sus reivindicaciones y exigencias laborales, los miembros de SINTRAUIS se
caracterizaron por el apoyo y organización de actividades como protestas callejeras,
manifestaciones, denuncias, paros laborales y la toma de instituciones públicas. Tanto los
estudiantes como los trabajadores de esta institución educativa, lideraban las movilizaciones
cívico populares que se gestaban en la ciudad, iniciativas que fueron censuradas por la
fuerza pública y los poderes locales, acarreó la persecución de sus promotores (al igual que
la de sus familias), quienes fueron víctimas de la violencia legal e irregular. En 1987, los
estudiantes de la UIS William Camacho y Wilson Contreras, fueron desaparecidos y otro
más, Alberto Pineda, fue asesinado. Entretanto, varios dirigentes estudiantiles y
trabajadores de la universidad fueron constantemente amenazados.
La connivencia y apoyo entre los grupos paramilitares y la fuerza pública para agredir a los
afiliados de SINTRAUIS se perfiló como uno de los mecanismos operativos más efectivos
para diezmar la fuerza de dicha organización gremial. Además de la aparición del MAS en el
panorama santandereano, los militares y policías apelaron a mecanismos de violencia
irregular. El 20 de marzo de 1987, CHRISTIAN ROA y ALVARO ENRIQUE VILLAMIZAR
MOGOLLÓN, Presidente y Fiscal de SINTRAUIS respectivamente, fueron amenazados de
muerte a través de un mensaje que recibieron en el correo interno de la UIS con el siguiente
texto: “sentida condolencia; reciban mi más sentido pésame en esta hora de dolor”. En el
periodo posterior a las amenazas, Álvaro Villamizar padeció reiterados hostigamientos por
cerca de dos años, siendo objeto de señalamientos y amenazas de toda clase, que provenían
de grupos paramilitares y organismos de seguridad estatales. Además, tiempo después el
presidente de SINTRAUIS, CHRISTIAN ROA, sería desaparecido por los paramilitares el 27
de junio de 1988.
En los meses posteriores a la realización de las protestas campesinas y cívico - populares,
miembros del Sindicato sufrieron la represión ejercida por parte de los organismos de
seguridad estatales. En 1987, meses después de la realización del paro que tuvo lugar en el
mes de junio, dos estudiantes de la UIS que participaron en las jornadas de protesta fueron
52
SINTRAUNICOL Op. Cit. p. 3.
43
desaparecidos y otro más fue asesinado. Entretanto, varios dirigentes estudiantiles y
trabajadores de la universidad fueron constantemente amenazados.
En noviembre del año 87, los efectivos de la V Brigada “fueron observados en predios de la
UIS haciendo prácticas de adiestramiento”53. Cuatro meses más tarde, el 7 de marzo de
1988, “se hicieron presentes en la sede sindical, ubicada dentro de los predios
universitarios, dos policías uniformados, averiguando por los nombres de los miembros de la
Junta Directiva de SINTRAUIS”. Cuatro días después de la operación policial fue asesinado
JOSÉ ANTONIO BOHÓRQUEZ, trabajador de la UIS por más de 17 años, con una conducta
ejemplar y sobresaliente en sus labores en el claustro54. Las circunstancias en las cuales fue
asesinado se explicitan en el siguiente recuadro:
José Antonio Bohórquez: un trabajador incansable al servicio de la UIS
El sábado 12 de marzo de 1988 hacia las 5:00 a.m. JOSE ANTONIO BOHORQUEZ JAIMES,
miembro de SINTRAUIS fue desaparecido, torturado y asesinado en el municipio de Floridablanca
por agentes del F-2. Según testimonios de los vecinos, el 11 de marzo hacia las 2:30 p.m.
aproximadamente seis individuos parquearon una camioneta Chevrolet modelo 79, color azul de
placas IF226, encapotada y enmallada por los lados, cerca de la residencia de la familia de José
Antonio, ubicada en la carrera 1ª con calle 29 del barrio Favuis. Alrededor de las 3:20 p.m., los
victimarios entraron a la residencia y preguntaron por el dueño de la casa, pero como no se
encontraba en el momento, procedieron a encerrar a su esposa e hijas en un cuarto donde fueron
amarradas. Los agresores permanecieron en la residencia durante la noche del viernes hasta las 5 de
la mañana del sábado, hora en la cual regresó a su hogar José Antonio. Tres días después en el
kilómetro 43 de la vía que de Bucaramanga conduce a Pamplona fue hallado el cuerpo de José
Antonio con signos de tortura y con tres heridas producidas con arma de fuego. Es preciso
mencionar una vez más que cuatro días antes de su desaparición, dos policías uniformados
ingresaron a las oficinas de SINTRAUIS preguntando por los nombres de los afiliados y dirigentes
de esta organización.
Días después de la desaparición de José Antonio, doce soldados de la V Brigada fueron trasladados a
otras dependencias. A pesar de hacer la solicitud con las normas establecidas para éstos casos no se
permitió el conocimiento de sus nombres. Cuando se tuvo conocimiento del asesinato de José
Antonio, 11 estudiantes de la UIS se declararon en huelga de hambre con el fin de pedir al gobierno
que se garantizará la protección de todos los amenazados de la comunidad académica.
Posteriormente se creó el Comité de Derechos Humanos de la UIS, el cual fue presidido por el
trabajador Christian Roa, quien posteriormente sería desaparecido.
FUENTE: Proyecto CNM. Fichas de Casos Regionales. REF: 26 -0002
Los paramilitares, además de basar sus amenazas contra los miembros de SINTRAUIS en la
supuesta relación o vinculación a grupos subversivos, los atacaron también por su
participación en manifestaciones, como en las del paro del nororiente 1987 y las marchas
campesinas de 1988. A finales de mayo de 1988 se presentaron varias detencionesdesapariciones, además de dos masacres de campesinos realizadas por el ejército, una por
53
54
Ibíd.
Asociación de Pensionados de la UIS “ASPOUIS”: Comunicado. Bucaramanga, 17 de marzo de 1988.
44
miembros del batallón Nueva Granada y otra por uniformados adscritos al batallón Luciano
D’Elhuyar, como represalia contra las marchas realizadas entre el 22 y 31 de ese mes en
diversas regiones del país. Ese mismo mes el Sindicato de Educadores de Santander SES, se
declaró en huelga como protesta por la detención y desaparición de dos profesores,
exigiendo la libertad de los mismos y el respeto a su vida. Constantemente los diarios
regionales (El Frente y Vanguardia Liberal) registraron las denuncias de las frecuentes
violaciones del derecho a la vida contra los trabajadores y estudiantes en la ciudad.
Otra de las víctimas de la arremetida paraestatal en el período posterior a las marchas
campesinas de mayo del 88, fue CHRISTIAN ROA, trabajador de la UIS y reconocido
dirigente sindical, contra el que se atentó por ser una figura sobresaliente en los distintos
sectores sociales y líder de diferentes expresiones y movilizaciones cívicas; ejemplo de ello
fue su activa y permanente dirección del Paro del Nororiente Colombiano de 1987. Una de
las consecuencias de la acometida paraestatal contra SINTRAUIS fue la adhesión del
sindicato a SINTRAUNICOL, dejando de lado todo lo referente a las reivindicaciones sociales
del común de los habitantes de la capital, razón por la cual las demandas de los
trabajadores de la UIS se encaminaron únicamente a la obtención de ventajas gremiales
sectoriales.
Christian Roa
... es preciso decir que el desaparecido aún es hombre:
hijo, hermano, padre, amigo. Esta sencilla verdad merece
un recuadro que la resalte para que no se nos olvide. Ella es el
sustento de la esperanza e irreducible luz que penetra las tinieblas
que envuelven al desaparecido. Por eso se prohíbe decir que el
desaparecido “FUE” o que el desaparecido “ERA”. El verbo “SER” de
ahora en adelante se conjugara en PRESENTE. De lo contrario
le estaremos haciendo el juego a la infame represión55.
El 27 de junio de 1988 a las 6:00 p.m., el presidente del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Industrial Santander (UIS), miembro del Comité Ejecutivo de USITRAS y de la
Coordinadora Popular del Nororiente Colombiano (COETRAUOR), CHRISTIAN ROA, fue
desaparecido por paramilitares cuando salía del edificio de Fabriventas en la zona centro de
la ciudad de Bucaramanga. Los agresores obligaron al trabajador a subirse a un vehículo que
partió con rumbo desconocido. Antes de su desaparición, Christian había recibido amenazas
de muerte telefónicas y por escrito (le fueron enviados varios sufragios), entre estas una
realizada el 17 de febrero de 1986 por el grupo paramilitar MAS, amenazando a su vez a
diecinueve dirigentes sindicales de USITRAS, miembros del comité ejecutivo de dicha
organización. Según sus compañeros de trabajo, Christian venía siendo objeto de
seguimientos y hostigamientos por parte de las fuerzas militares y seis meses atrás había
sido allanada en forma ilegal la residencia de su madre.
Días antes de su desaparición, el dirigente manifestó ante un diario local: “Es muy difícil
que para un obrero como yo haya protección por parte del gobierno. Mi vinculación con el
sindicato me ha acarreado muchos problemas, amenazas de muerte, llamadas anónimas,
seguimientos y lo peor es que no hay respuesta del Estado”56. La comunidad universitaria
55
Sindicato de Trabajadores de la UIS, SINTRAUIS: Comunicado de prensa y radio No. 004,
Bucaramanga, febrero 27 de 1989.
56
Colectivo de Solidaridad en Defensa de los Derechos Humanos. Lista de asesinatos, Bucaramanga,
julio 28 de 1988.
45
protestó por estos hechos violentos y realizó manifestaciones y un paro que duró 15 días.
Paralelamente a la desaparición de Chrisitian, se registró la desaparición de otros dirigentes
sindicales, como es el caso de Gerardo Jerez Quiroga. Por otra parte, varios trabajadores de
la región fueron víctimas de atentados. Poco tiempo después de la desaparición de Christian,
se incrementaron las amenazas contra los miembros de su familia.
Christian Roa: una vida al servicio de los demás
Christian, hijo de Herminia Roa, inició sus labores en la Universidad Industrial
de Santander en febrero de 1984; su meta era la de ampliar y fortalecer el trabajo
sindical en esta Institución. Gracias a su capacidad y trayectoria en este campo,
durante los períodos comprendidos entre 1986 a 1988 fue el Presidente de
SINTRAUIS. En este lapso de tiempo, el sindicato tuvo amplia participación en
el comité ejecutivo de USITRAS, donde Christian se destacó en el trabajo del
sector popular a nivel departamental, regional y nacional. Además de su apoyo
incondicional a las reivindicaciones sindicales, él siempre impulsó el trabajo
regional y nacional del sector universitario y promovió la conformación del
“Comité Para la Defensa de los derechos humanos en la Universidad Industrial de Santander”. Estas
palabras fueron pronunciadas por sus compañeros del Sindicato en la conmemoración de un año de
su desaparición.
Además de ser Presidente de SINTRAUIS, Christian era miembro de la Coordinadora Regional de
los Trabajadores y empleados universitarios del Oriente (CORETRAOUR), del Comité ejecutivo de
la unión sindical de Trabajadores de Santander (USITRAS), de la Fundación para la Promoción de la
Cultura y la Educación Popular (FUNPROCEP), y de la Caja de Previsión Social de la UIS
(CAPRUIS).
Con la desaparición del dirigente sindical de SINTRAUIS, los organismos paraestatales propinaron
un duro golpe a los gremios sindicales del departamento, puesto que Christian era uno de los lideres
más importantes de las organizaciones y centrales obreras del territorio santandereano.
FUENTES:
Boletín Informativo Justicia y Paz, Volumen 1, Numero 3.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH: Boletín Informativo, Bogotá, agosto
de 1988.
Las consecuencias directas de la desaparición del dirigente sindical, además de la conmoción
y el rechazo tajante de toda la sociedad bumanguesa, fueron los quebrantos de salud y la
aniquilación moral y emocional sufridos por la madre de Christian, Herminia Roa, al no saber
nada sobre el paradero de su hijo. A esto se sumó la precaria situación económica que
padeció, ya que Christian era quien mantenía el hogar. Lo anterior llevó a que SINTRAUIS
solicitara y gestionara la solidaridad económica de la comunidad para con la madre del
desaparecido57.
Los familiares y compañeros de Christian manifestaron que, además de la represalia a su
labor social, la explicación a su desaparición se halla también en el proceso histórico
57
Ibídem.
46
represivo que se venia desatando contra SINTRAUIS por parte de agentes estatales y
paramilitares, encontrando su máxima expresión en la implementación de acciones
violatorias de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la desaparición de
su principal activista. Todo esto se puede definir como una retaliación en respuesta al
trabajo político y popular que el sindicato asumía a través del apoyo de las movilizaciones
sociales y el acompañamiento permanente asumido en pro de los más desfavorecidos.
En las declaraciones publicadas en el órgano informativo del Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos de la UIS “Christian Roa”, organización creada a partir
del martirio del sindicalista, se retrata perfectamente lo acontecido. Sus compañeros
aducen:
“...los sectores sindicales, campesinos y populares, hemos venido
sufriendo una violenta represión e intimidación, cuando nuestros más
destacados activistas y dirigentes reciben amenazas de muerte, les
allanan sus residencias, los desaparecen, los asesinan... pues se busca
destruir las organizaciones, desmejorar las condiciones de vida,
desestabilizarlos anímica y moralmente como también a sus familiares y
crear esa zozobra que actualmente se esta viviendo y por lo cual hasta
el momento el gobierno regional y nacional no se ha preocupado”58.
La victimización contra los trabajadores agremiados de la UIS fue paralela a los asesinatos y
desapariciones de varios estudiantes de la misma universidad, entre ellos encontramos a
ALBERTO PINEDA, WILLIAM CAMACHO, LEONARDO AMAYA y CARMENZA LANDAZABAL.
Ante la escalada de violencia emprendida por los agentes paraestatales contra la población
de Bucaramanga y sus dirigentes cívicos y sindicales, SINTRAUIS, reiteró sus voces de
denuncia:
“La Universidad Industrial de Santander, tampoco ha escapado a
estos nefastos acontecimientos... Una vez más rechazamos los
asesinatos, las masacres, las torturas, las desapariciones, acciones
que repudiamos enérgicamente y en las cuales hemos estado en
contra porque siempre exigimos el respeto a la vida y a los derechos
humanos. Exigimos al gobierno nacional que implemente un plan
efectivo para contrarrestar las acciones maquiavélicas que vienen
cometiendo los grupos paramilitares...”59.
A pesar de las constantes denuncias realizadas por la agremiación en compañía de otras
organizaciones sindicales de la ciudad, la represión y eliminación sistemática de los
activistas sindicales en vez de aminorarse, siguió en ascenso. El jueves 13 de abril de 1989,
se presentaron en las oficinas de SINTRAUIS dos hombres que se identificaron como
miembros de la Policía Técnica Judicial, averiguando por el paradero de Christian Roa. Ese
mismo día en la portería de la universidad, varios individuos vestidos de civil y armados sin
identificarse, requisaron los bolsos y les pidieron a varios estudiantes que se identificaran
cuando salían de la institución educativa60.
58
Comité Permanente por la Defensa de Los Derechos Humanos de la Universidad Industrial de
Santander, “CHRISTIAN ROA”. Comunicado de Prensa y Radio No. 007, Bucaramanga, septiembre 4 de
1989. p. 2.
59
Ibíd.
60
Santander, “CHRISTIAN ROA”: Violación a los derechos humanos en las universidades colombianas,
1982 – 2005, UIS, septiembre de 2005. p. 4.
47
Además de lo anterior, con la persecución a los líderes de este sindicato, los organismos
paraestatales comenzaron a propinar un duro golpe a las organizaciones de los trabajadores
del departamento. En esta medida, la protesta social se acallaba y reprimía en todo el
departamento santandereano y de paso se golpeaban las bases del sindicato. Una de las
consecuencias de la acometida paraestatal contra SINTRAUIS fue la adhesión del sindicato a
SINTRAUNICOL.
De tal manera, el proceso represivo que se venía desatando contra SINTRAUIS por parte de
agentes estatales y paramilitares, encontró su máxima expresión en la implementación de
acciones violatorias de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la
desaparición de su principal activista. Todo esto se puede definir como una retaliación en
respuesta al trabajo político y popular que el sindicato asumía a través del apoyo de las
movilizaciones sociales y el acompañamiento permanente asumido en pro de los más
desfavorecidos.
Las intimidaciones de los paramilitares y los agentes del estado, se enfocarían en los meses
siguientes al exterminio de los miembros del sindicato que seguían luchando por sus
demandas laborales y por el respeto a sus vidas, quienes en su mayoría, conformaron El
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la UIS, “Christian Roa”;
organización que pese a la acometida parestatal continuó denunciando los desmanes de la
fuerza pública y el paramilitarismo.
2.1.4.1 El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad
Industrial de Santander “CHRISTIAN ROA”
Ante la arremetida criminal contra estudiantes, profesores, trabajadores y el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander SINTRAUIS, entre los que se
destacan un caso de asesinato y uno de detención en 1986; la desaparición, tortura y
asesinato de José Manuel Bohórquez Jaimes el 15 de marzo de 1988 y tres desapariciones
en el mismo año, sumados a dos atentados frustrados de asesinatos en 1989, se vio la
necesidad de crear un Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, que fue promovido
y liderado por Christian Roa, quien el 27 de junio de 1988 fue desaparecido.
La desaparición de Christian dio lugar a una reestructuración de la organización y a que se
creara el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad
Industrial de Santander “CHRISTIAN ROA”. Esta organización defensora de los derechos
humanos alzó sus expresiones de inconformidad y denuncia frente a:
“La situación que actualmente estamos viviendo los colombianos, las
cual hemos venido sufriendo con especial rigor, debido a las orgías de
sangre y sadismo que vienen imponiendo grupos paramilitares y de
narcotraficantes, quienes vienen ensañándola con el pueblo colombiano
sin discriminación ninguna a quienes quieren acallar mediante acciones
violentas que día a día están enlutando hogares en este país...La UIS no
ha escapado a estos nefastos acontecimientos, dos estudiantes han sido
asesinados mientras otros cuatro se encuentran desaparecidos, también
se han presentado diferentes amenazas por escrito y telefónicamente
48
dirigidas a profesores, estudiantes y trabajadores de este importante
centro educativo del país...”61.
Por tales motivos el Comité de Derechos Humanos “Christian Roa” no cedió ante las
presiones y hostigamientos del estado y los paramilitares, lo cual le acarreó a sus miembros
la misma persecución a la que fueron sometidos los gremios sindicales en toda la ciudad.
La primera acción represiva contra el Comité tuvo lugar en el mes de abril de 1989, con el
allanamiento, detención y sindicación de Álvaro Enrique Villamizar Mogollón, presidente del
mismo y de SINTRAUIS.
Álvaro Enrique Villamizar Mogollón
Trabajador de la Universidad Industrial de Santander desde el año de 1975, quien asumió la
presidencia de SINTRAUIS a finales de la década de los ochenta. Además de ser Presidente
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander lo fue del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Industrial de
Santander “CHRISTIAN ROA”, actividades que desempeñó conjuntamente a la par con la
Secretaría General de la Coordinadora Regional de los Trabajadores y Empleados del Oriente
“CORETRAUOR” y la participación en la Junta Federal de la Unión Sindical de Trabajadores
de Santander USITRAS”.
La situación vivida por Álvaro Enrique desde su llegada a la dirección de la organización
sindical, demuestra cómo confluyeron de manera conjunta la violencia regular de la fuerza
pública junto con la irregular de los grupos paramilitares, cuyo punto de referencia era la
supuesta pertenencia y conexión del sindicato con la subversión, empezando (según ellos)
por los mismos miembros y directivas.
En hechos que el sindicato interpretaba como expresión de la “guerra sucia”, SINTRAUIS
denunció la detención de ÁLVARO ENRIQUE VILLAMIZAR MOGOLLON, a quien le allanaron la
vivienda y lo detuvieron el sábado 15 de abril de 1989. Al mismo tiempo detuvieron a JAIRO
MOSQUERA REYES, empleado de la UIS, quien acudió como veedor en procura de la
garantía de los derechos de Álvaro Enrique y había sido convidado al lugar de la detención
por los mismos agentes del DAS y 30 uniformados de la V Brigada, que llevaron a cabo los
hostigamientos contra Álvaro. Jairo, también fue reseñado e interrogado con la sospecha de
tener propaganda, municiones y material de grupos insurgentes. En las instalaciones de la V
Brigada, los dos trabajadores “fueron reseñados por el DAS y el F-2, para luego ser objeto
de un montaje realizado por efectivos del CIAES, donde les colocaron armas, prendas
militares, libros, propaganda, explosivos y sindicarlos de pertenecer a una red urbana del
E.L.N.”62
Una hora después de ser arrestados, fueron entregados al Procurador Regional y al veedor
de derechos humanos de Bucaramanga. Álvaro Enrique venía siendo objeto, como otros
miembros de la Junta Directiva de SINTRAUIS, de una incesante intimidación y
amedrentamiento a través de llamadas y escritos que se prolongaron durante más de dos
61
Santander, “CHRISTIAN ROA”. Comunicado de Prensa y Radio, No. 007, Bucaramanga, 4 de
septiembre de 1989, p. 1.
62
Santander, “CHRISTIAN ROA”. Violación a los derechos humanos en las universidades colombianas,
1982 – 2005. UIS; septiembre de 2005. p. 5.
49
años. El riesgo al que estaba expuesta su vida lo llevó a denunciar ante las autoridades
judiciales, las constantes agresiones perpetradas en su contra por la fuerza pública y los
grupos paramilitares que operaban en la región:
El precio de la defensa de los intereses de los trabajadores
Álvaro Enrique Villamizar denunció en abril de 1989 una serie de hechos en su contra que a
continuación transcribimos de su carta dirigida al Procurador Regional:
* A mediados del mes de Noviembre/87, en las horas de la mañana recibí por el correo interno de la
UIS, un sufragio con el siguiente texto: SENTIDA CONDOLENCIA. RECIBAN MI MAS
SENTIDO PESAME EN ESTA HORA DE DOLOR.
* El lunes 29 de febrero de 1988, en las horas de la mañana dos (2) individuos que se movilizaban en
una moto marca Suzuki, color azul, se presentaron en la residencia de mis padres ubicada en el barrio
la Concordia de está ciudad (Cra. 23 # 50-48), haciendo las siguientes preguntas: “SI ESTABAN
ARRENDANDO UNA PIEZA; CUANTAS PERSONAS VIVIAN EN ESA CASA; Y SI ALLI
VIVIA ALBERTO VILLAMIZAR. Estas preguntas se las hicieron a mi hermana menor. Ese mismo
día, en dos (2) oportunidades se recibieron llamadas telefónicas donde se averiguaba sobre mi
paradero.
*El jueves 3 de Marzo/88, en las horas de la tarde nuevamente se hicieron presentes en la residencia
de mis padres, dos (2) individuos vestidos con sudaderas, para invitarme a realizar actividades
deportivas (¿un jueves en la tarde?). Si en ese tiempo yo estoy laborando.
* Durante aproximadamente treinta (30) días, de la desaparición y posterior asesinato del compañero
JOSE ANTONIO BOHÓRQUEZ JAIMES, trabajador de la UIS y socio de SINTRAUIS,
individuos a pie, en moto y en carros particulares, se observaron rondando mi residencia en la
urbanización FAVIUIS, del barrio La Cumbre del municipio de Floridablanca, averiguando sobre:
QUIEN ERA YO, EN DONDE VIVIA, QUE HACIA, CON QUIEN ANDABA.
*El lunes 4 de julio de 1988, en las horas de la noche (11:00 P.M), dos individuos (2) que se
movilizaban en una moto (Monochok), color rojo, durante una (1) hora y treinta (30) minutos, me
rodearon por la urbanización FAVIUIS y en concreto parquearon la moto en frente de mi residencia,
y los individuos se sentaron en el muro de contención adyacente a mi casa. Estuvieron
inspeccionando los linderos de la misma que colindan con la del difunto compañero JOSE
ANTONIO BOHÓRQUEZ JAIMES.
El viernes 5 de agosto de 1988, en horas de la tarde por el correo interno de la UIS, recibí un nuevo
mensaje que decía lo siguiente:
ALVARO VILLAMIZAR, Presidente de SINTRAUIS.
JOSE ANTONIO. CHRISTIAN.
A USTED SI ERA EL QUE ESPERABAMOS.
A LOS COMUNISTAS Y AGITADORES COMO USTED TENEMOS
QUE EXTERMINAR.
LIMPIEMOS BUCARAMANGA.
50
LOS MAGNIFICOS.
* El miércoles 31 de agosto de 1988, en horas de la mañana, se hizo presente en nuestra sede
sindical, un individuo desconocido con síntomas de estar drogado, averiguando por ALVARO
VILLAMIZAR Presidente de SINTRAUIS, individuo que en repetidas oportunidades planteó que
quería hablar con el Presidente para enrolarse a la guerrilla, ya que en el SINTRAUIS se estaba
reclutando gente.
* El miércoles 14 de septiembre de 1988, se recibieron dos (2) llamadas telefónicas a las 4:15 y 4:30
de la tarde en las oficinas de SINTRAUIS, donde nuevamente me amenazan de muerte como
también a varios miembros de la junta directiva del sindicato y a varios estudiantes.
* El jueves 15 de septiembre de 1988, una voz masculina desconocida llamó a la sede del
SINTRAUIS a las 4:55 de la tarde, preguntando una vez más por mí y por los mismos compañeros
por quienes preguntaron el día anterior.
* El sábado 15 de abril de 1989 desde las 5:30 hasta las 7:45 de la mañana fue ALLANADA mi
residencia ubicada en la urbanización FAVIUIS por miembros del DAS y 30 uniformados
(aproximadamente) de la V BRIGADA, quienes indagando por armamento, municiones,
propaganda, y al no encontrar absolutamente nada de lo requerido, procedieron a conducirme a las
dependencias de la V BRIGADA, conjuntamente con el compañero JAIRO MOSQUERA REYES
(Laboratorista de la UIS), siendo ambos objeto de un MONTAJE realizado por efectivos del CIAES,
donde nos colocaron armas, libros, propaganda, prendas militares y explosivos para señalarnos como
miembros de una célula urbana de la guerrilla y ser objeto de filmaciones, grabaciones y fotografías.
Después de esto, fuimos entregados al Procurador Regional y al Veedor de Derechos Humanos de
Bucaramanga a las 8:30 P.M”.
FUENTE: Carta enviada por Álvaro Enrique Villamizar Mogollón al Procurador Regional de Santander
Antonio Chaparro Vega, Bucaramanga, 26 de abril de 1989.
El escenario de intranquilidad y zozobra vivido por Álvaro Enrique Villamizar se acrecentaba
aún mas al tener en cuenta lo sucedido a sus compañeros José Antonio Bohórquez y
Christian Roa, especialmente lo relacionado con el último, pues en varias oportunidades le
había comentado sobre los hostigamientos y amenazas proferidas contra su vida63. Además,
en el allanamiento que practicaron a su residencia, lo reseñaron sin miramiento alguno como
miembro de las milicias urbanas del ELN. Tanto era el afán de inculparlo, que en la misma
diligencia un efectivo de la SIJIN (F-2) lo reseñó pero como miembro del EPL64. El 16 de
mayo de 1989, cuando apenas había transcurrido un mes del allanamiento de su vivienda,
Álvaro Villamizar volvió a ser objeto de amenazas, las cuales fueron proferidas también
contra IVAN CASTELLANOS MORENO, Tesorero de SINTRAUIS y miembro del Comité
Permanente Christian Roa.
La preocupación frente a la escalada de violencia de los agentes estatales y el
paramilitarismo en Bucaramanga, motivó al Sindicato a no quedarse tan solo en la denuncia
de los hechos, sino que se solidarizó con los educadores del SES, contra quienes los
63
Carta enviada por Álvaro Enrique Villamizar Mogollón al Procurador Regional de Santander, Antonio
Chaparro Vega. Bucaramanga. 26 de abril de 1989
64
Ibídem.
51
organismos de seguridad estatales y las fuerzas irregulares arremetieron desde 1987
desapareciendo a sus miembros destacados y comprometidos con las luchas sociales. Por tal
motivo, la organización pidió la movilización en pro del movimiento social y exigió
reiterativamente que “haya unión en las organizaciones para defender su derecho a la
vida65.
Mientras los gremios sindicales propugnaban por la unión y la solidaridad para hacer frente a
la guerra sucia, la persecución contra los trabajadores de la UIS y el Comité Christian Roa a
lo largo de 1989 se recrudecía. El 22 de agosto, a las 6:00 a.m., la residencia de
DOMICIANO PORTILLA SANABRIA miembro del sindicato de la UIS, ubicada en el barrio
Lagos II etapa, fue allanada sin orden de captura por tropas de la V Brigada. Domiciano fue
detenido y lo trasladaron a las instalaciones militares. Al mismo tiempo, la estudiante
MARTA CECILIA GUTIERREZ PORTILLA de último semestre de la carrera de trabajo social y
la auxiliar de enfermería DELFINA PORTILLA SANABRIA, hermana de Domiciano, fueron
detenidas. Todos permanecieron aprehendidos sin que se supieran los cargos ni la suerte de
su paradero. En un comunicado fechado el mismo 22 de agosto, el Comité denunció la
detención y el allanamiento al que fueron sometidos los miembros de la familia Portilla. En el
comunicado se desaprueba el método del allanamiento utilizado por el ejército, pues “de esa
forma lo que patrocina el gobierno es una cacería de brujas que intenta hostigar y
amedrentar los movimientos sociales a través de las detenciones selectivas de los familiares
y de los dirigentes de la organización66.
En la década del noventa prosiguieron los hostigamientos contra los afiliados a SINTRAUIS y
sus directivas a la par con las intimidaciones contra los trabajadores que impulsaban el
Comité en Defensa de los Derechos Humanos Christian Roa. La grave situación condujo a
Álvaro Villamizar a abandonar el país, en el mes de abril de 1990. Para esa época, la
actividad sindical y reivindicativa en la UIS había sido refrenada por medio del terror y la
muerte emprendidos por los paramilitares.
2.1.5 El Sindicato de Educadores de Santander, SES
“los derechos no se mendigan, se conquistan”
El Sindicato de Educadores de Santander67 nació a mediados de 1980, década de auge de la
movilización social, a partir de la fusión de tres Sindicatos de educadores existentes hasta el
momento: el SANDINO, Sindicato de Maestros de instituciones de Primaria, la Asociación de
Educadores de Primaria y Secundaria y la Asociación de Educadores de Educación
Tecnológica. Con dicha fusión se pretendía dar un impulso a la unidad y materialización de la
organización, conllevando a la fortaleza de las reivindicaciones y demandas del gremio
educador en la región santandereana.
Las peticiones de los educadores antes de esta fusión, es decir, en la década de los setentas,
estuvieron encaminadas a la búsqueda de un Estatuto de Carrera en los años de 1975 a
1977, donde se reconoció el desarrollo sindical del magisterio. Luego de varios paros
65
SINTRAUIS y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de la UIS “Cristian
Roa”. Comunicado 007, Bucaramanga, abril de 1989.
66
Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de la UIS “Cristian Roa”. Comunicado
de radio y prensa, Bucaramanga, agosto 22 de 1989.
67
Proyecto CNM, Equipo regional Bucaramanga. Entrevista realizada a un integrante del Sindicato de
Educadores de Santander.
52
acompañados de hostigamiento y represión por parte de las entidades públicas del Estado,
se logró la promulgación del Estatuto del docente en 1979, donde se compilaba la
estabilidad laboral, una escala de salarios, accesos automáticos y un régimen disciplinario
único que le otorgó estabilidad a los docentes de esa época y los venideros.
En un proceso organizativo de más de 40 años, el SES ha sido una de las organizaciones
gremiales más numerosas del departamento de Santander. A finales de la década del
ochenta contaba aproximadamente con 10.000 afiliados68 ubicados desde la capital hasta la
vereda más lejana de Santander. Los maestros que conformaban el Sindicato manifestaban
todo tipo de preferencias políticas; no obstante, las actividades reivindicativas de la
organización se han caracterizado por la permanente denuncia en defensa de los intereses
laborales y derechos fundamentales de los maestros, por la movilización y participación en
los debates cívicos y por su inexorable defensa de la educación pública.
En 1982 se realizó un congreso nacional de rectores, donde se planteó la consolidación del
Movimiento Pedagógico Nacional con fines políticos y estratégicos que proponía a la
educación como cambio bajo la consigna “educación como liberación”. Desde ese momento
se trazó como meta la transformación de la docencia, concibiéndola como servicio para los
sectores populares. Asimismo, en el Congreso se formuló el objetivo claro de la defensa de
la educación pública, encaminada al mejoramiento de la educación para la población y la
consecuente transformación del país, horizonte manejado por el Sindicato a lo largo de la
década de los ochenta.
De forma paralela al cambio ideológico de la organización, el Estado dio inicio a la represión
de sus miembros, tarea ejercida por las autoridades militares y de policía. El modelo
implementado por el estado se identificó primeramente por las detenciones y allanamientos,
cuya operatividad se implementaba con base a razones falaces o sin sustento alguno, y
muchas veces sin el lleno de los requisitos legales. Estos procedimientos obedecían a una
práctica sistemática llevada a cabo por los organismos de la fuerza pública en
Bucaramanga69.
Una de las primeras manifestaciones de la persecución contra la organización sindical del
profesorado santandereano tuvo lugar el 18 de junio de 1984, día en el que VEINTIDOS
MAESTROS fueron detenidos y maltratados físicamente por miembros del F-2 de la policía
nacional en las inmediaciones del parque García Rovira de Bucaramanga, mientras se
dirigían pacíficamente a la Gobernación de Santander en desarrollo de una marcha con
motivo del paro nacional adelantado por el magisterio y la exigencia del pago de sus sueldos
atrasados. Finalmente fueron liberados 21 de los detenidos.
Poco tiempo después de la detención masiva de los educadores, los dirigentes del SES
comenzaron a ser perseguidos y hostigados por la fuerza pública. Es así como el 23 de
noviembre de 1984, en horas de la noche, ISIDRO CABALLERO y RAUL HERNÁNDEZ,
profesores y dirigentes del SES, fueron detenidos por organismos de seguridad del Estado y
conducidos a las instalaciones de la V Brigada del ejército sin que se diera razón alguna del
porqué de la aprehensión70.
68
Sindicato de Educadores de Santander SES. Carta dirigida al Tribunal Permanente de los Pueblos,
noviembre 3 de 1989.
69
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Denuncia Pública,
Bucaramanga, octubre 25 de 1985.
70
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander): Comunicado de radio y
prensa, Bucaramanga, noviembre 24 de 1984. Sindicato de Trabajadores de la UIS, SINTRAUIS;
Comité Universitario de Solidaridad CUS; Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP
(Seccional Santander): Denuncia Pública, Comunicado No. 2, Bucaramanga, 1985.
53
El 25 de octubre de 1985, CESAR MARTINEZ, fiscal del SES y HELI CARVAJAL, directivo del
Sindicato de Trabajadores de la Salud, fueron detenidos por varios efectivos del ejército
después de que sus viviendas fueron allanadas. La de Martínez a las 5:00 de la mañana,
porque los militares estaban buscando un supuesto arsenal de armas en su residencia. En
tanto, la diligencia de allanamiento contra Carvajal se realizó sin que el ejército diera razón
o motivo alguno de ello. Cesar y Helí permanecieron detenidos durante varios días, siendo
sometidos a intensos interrogatorios.
Durante 1987 un gran número de educadores de todo el país recibieron amenazas de
muerte por parte de grupos paramilitares, al igual que la mayoría de las organizaciones
sociales que participaron en la realización del Paro Cívico del Nororiente y la conformación
de la Coordinadora Popular, de la cual formaban parte activa varios integrantes del SES. En
el mes de noviembre de ese año, fue asesinado UN EDUCADOR, integrante del SES en el
municipio de Zapatoca. Al mes siguiente, 13 EDUCADORES del Sindicato fueron amenazados
por paramilitares.
El 10 de noviembre de ese año personas no identificadas asesinaron al profesor FROILAN
BUITREGO FORERO en el municipio de Zapatoca. Un mes después, en diciembre de 1987,
ROSALBA VERA NORIEGA, MARIA DEL CARMEN PARRA, PAULA TOLEDO PRADILLA,
DOMINGO MARTINEZ, ANA INES CAMPOS, EDILMA PATIÑO DE VARGAS, AMINTA GOMEZ,
EDELMIRA MENESES, ERIC CASTILLO, TILCIA PATIÑO MORALES, JAIME TAMARA, MARIA
EUGENIA MENESES y ALBERTO HERNÁNDEZ, todos pertenecientes al SES, fueron
amenazados por un grupo paramilitar en Bucaramanga.
Los paramilitares utilizaban varios nombres para sembrar el terror en todas las
organizaciones sindicales de educadores a nivel nacional,
lanzando amenazas a los
directivos y asociaciones como FECODE, ADIDA, AIC, ASINORT, SES y muchas otros gremios
de profesores a nivel nacional. En Santander fueron intimidados diecisiete dirigentes en los
municipios de Galán, Vélez, Bucaramanga, Bolívar, Concepción, Landazuri y San Vicente de
Chucurí.
En los años de 1988 y 1989 las violaciones de derechos humanos contra los integrantes del
SES se incrementaron considerablemente. El 22 de febrero de 1988, el educador oficial
afiliado al SES y profesor del Colegio Camilo Torres de Bucaramanga, LUIS CARLOS TÉLLEZ
ROBLES, fue asesinado por desconocidos en Cúcuta. A consecuencia de “la ola de asesinatos
y los planes de exterminio contra dirigentes sindicales y populares que sigue en ascenso”71,
el SES emitió un comunicado a la opinión pública en el cual se “condena y rechaza la oleada
de violencia y genocidio implementado por los sectores reaccionarios del gran capital, del
militarismo y de todas las fuerzas oscuras que se oponen al cambio y al progreso social”72.
Para expresar su voz de rechazo e indignación los miembros de esta organización se
sumaron a la jornada de protesta convocada por la CUT el 8 de marzo de 1988. Para tal fin
los educadores realizaron un cese de las actividades educativas en Bucaramanga y el área
metropolitana.
La participación y el apoyo de los miembros del SES a los paros y reivindicaciones cívicas y
populares se evidenciaron tanto en las marchas campesinas de mayo del 88 como en las
demás manifestaciones cívicas y populares que se produjeron en el transcurso de ese año,
donde la asistencia de sus miembros fue masiva. En el transcurso de las marchas los
71
Comunicado del Sindicato de Educadores de Santander -SES- a la opinión publica. Bucaramanga,
marzo 8 de 1988.
72
Ibíd.
54
agentes estatales y las fuerzas irregulares arremetieron indiscriminadamente contra los
marchantes o las personas que colaboraron activamente en su desarrollo, asesinando y
desapareciendo a varios de ellos.
El 23 de mayo de 1988, fecha en que el educador y estudiante universitario LEONARDO
AMAYA y el maestro y director de la Concentración Escolar José Celestino Mutis, NILSON
SIERRA de 29 años, fueron desaparecidos por las fuerzas militares en un retén militar,
mientras salían de la escuela en una motocicleta hacia el barrio Girardot en la ciudad de
Bucaramanga. Al parecer fueron detenidos cuando los relacionaron con las marchas
campesinas realizadas desde el día anterior.
Nilson Sierra
Gomez
Educador
Desaparecido
Leonardo
Amaya
Educador
Desaparecido
Dos días antes los organismos de seguridad del Estado habían detenido a tres personas que
se encontraban al frente de la marcha campesina que se desplazaba a esta ciudad. Leonardo
era estudiante de último semestre de medicina de la Universidad Industrial de Santander
(UIS) y tanto él como Nilson hacían parte activa del Sindicato de Educadores de Santander
(SES). Días después varias personas afirmaron haber visto a Leonardo en las instalaciones
de la V Brigada. Ante éstas denuncias el Procurador visitó las instalaciones pero no encontró
nada. El Sindicato de Educadores de Santander se declaró en huelga como protesta por los
hechos y exigieron la libertad de los profesores y el respeto por sus vidas73.
El 25 de mayo de 1988, dos días después de la desaparición de Leonardo y Nilson, Guillermo
Ramírez, que además de ser miembro del Comité Ejecutivo de la de la Unión de
Trabajadores de Santander USITRAS, se desempeñaba como comisionado del SES, fue
detenido por miembros de la policía y el F-2, y luego trasladado las instalaciones del
organismo de inteligencia donde lo sometieron a toda clase de torturas, siendo finalmente
recluido en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Posteriormente, el 15 de noviembre de 1989,
el sindicalista fue detenido luego de un allanamiento irregular practicado por unidades de la
V Brigada en la sede del SES en Bucaramanga, siendo trasladado a esa unidad militar.
El 7 de septiembre de 1988, el profesor del Colegio Aureliano Martínez Mutis y miembro del
Sindicato de Educadores de Santander (SES), LUIS HENRY PEREZ PEDRAZA de 38 años, fue
asesinado por desconocidos en el barrio La Cumbre de Bucaramanga. Luis se transportaba
en un Renault 4 cuando fue alcanzado por los victimarios, quienes le dispararon. Minutos
antes le había manifestado a su esposa la sospecha de que los venían siguiendo.
Veinte días después del asesinato de Luis Henry, se realizó en Bucaramanga el Foro por el
Diálogo Regional y la Paz, organizado por el comité regional de dialogo del proceso de paz
entre el gobierno y el M–19. En este espacio se expresaron múltiples voces de inconformidad
ante la guerra sucia realizada por el Estado y los grupos paramilitares. A continuación se
hace mención al texto de la convocatoria:
73
Ibíd.
55
“...Es aquí y con este propósito que estamos convocando a todos los hombres,
mujeres, jóvenes, niños, soldados, gobiernos, fuerzas políticas, alzados en
armas, representantes de las corrientes religiosas sin distingo de credos, en fin, a
todo el pueblo, a todos quienes creemos en la vida, quienes odiamos el sicariato,
el asesinato aleve para que expresemos nuestras opiniones y presentemos
alternativas en el Foro por el dialogo regional y la paz...”74
En el curso de este evento la población de Bucaramanga y el Área Metropolitana, reafirmó su
inconformidad por las medidas coercitivas del estado y el ascenso de la barbarie paramilitar. El acto se
proyecto a su vez como el espacio de consolidación y preparación del paro nacional que se llevaría a
cabo en el mes de octubre de 1988. Desde esa época las centrales obreras y sindicales programaron la
jornada de protesta Nacional del 27 de octubre, la cual fue promovida por uno de los principales
dirigentes del SES: Isidro Caballero Delgado; quien días antes de la realización del paro (...) empezó a
recibir amenazas telefónicas y a percibir personas extrañas que lo seguían; lo que lo obligó, por razones
75
de seguridad, a abandonar por un tiempo sus labores en la Concentración Escolar Mercedes Abrego .
Cinco meses después del Foro, varías organizaciones sindicales y cívicas de la región programaron el
76
“Encuentro por la convivencia y la normalización” . Isidro fue delegado una vez más por el SES para
apoyar la organización del evento que tendría lugar el 16 de febrero de 1989 en el municipio de San
Alberto, en el Sur del Cesar. Poco tiempo después de su llegada a la localidad el y una líder del evento,
María del Carmen Santana, fueron desaparecidos por el ejército.
La desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana
El 7 de febrero de 1989, el educador ISIDRO CABALLERO DELGADO, uno
de los principales dirigentes sindicales del SES y activista del M-19; y su
acompañante MARIA DEL CARMEN SANTANA, fueron detenidos y luego
desaparecidos por militares pertenecientes a la base militar Morrison,
adscrita al batallón de Infantería No. 15 “Santander”, al mando del
Capitán Héctor Alirio Forero, quienes los aprehendieron en cercanías de la
finca El Danubio, ubicada en la vereda Guaduas del corregimiento El
Líbano, en el municipio de San Alberto. Isidro y María del Carmen fueron
llevados por los militares, quienes los interceptaron a pocos metros de la
finca para hablar con ellos, internándose en el monte. Isidro fue obligado
a vestir uniforme camuflado, similar al de los soldados que los retuvieron,
según afirmaron varios testigos.77 Al momento de su detención, Isidro y María del Carmen
hacían parte del Comité Regional de Diálogo de Santander, que adelantaba labores en el
marco del proceso de paz que se estaba dando entre el grupo guerrillero M-19 y el gobierno.
Los dos dirigentes se desplazaron hasta la vereda Guaduas “para garantizar la participación
del sector campesino”78 en el encuentro por la convivencia y la normalización que se llevaría
a cabo una semana más tarde.
Un ex soldado que afirmó haber participado en la retención de estas dos personas, confesó
que se llevó a cabo una reunión en la Base Militar Morrison, de la que no se precisa la fecha,
74
FIALLO ARAQUE, Nancy. Herencia de Paz: Entrevistas y testimonios a víctimas en el proceso de Paz.
IOM-OIM, Carpil, Bogotá, 2003, p. 138.
75
Ibíd.
76
Ibídem. p. 139.
77
Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander –SES-. Denuncia Pública, Bucaramanga,
marzo 21 de 1989.
78
FIALLO ARAQUE, Nancy. Op. Cit., p. 139.
56
en la que se encontraban el General Alfonso Vacca Perilla, que se desempeñaba como
Comandante de la Quinta Brigada del ejército; el Mayor Pinzón, ejecutivo del batallón
Santander; el Capitán Héctor Alirio Forero Quintero; el señor Augusto Rivera, propietario de
la finca Riverandia, el Capitán Enrique García García y otros oficiales y sub oficiales. De esta
reunión salió la orden, dada a través del Capitán Forero Quintero, de capturar a Isidro
Caballero Delgado. Igualmente el declarante señaló que también estuvo involucrado en los
hechos el Comandante del batallón Santander Diego Hernán Velandia Hurtado.
Además, en desarrollo de las investigaciones, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial logró
localizar el 4 de mayo de 1992 a uno de los sindicados por la desaparición, el soldado
profesional Gonzalo Arias Alturo. En una declaración Arias Alturo confesó su participación en
los hechos, y confirmó la del capitán Forero, el cabo del ejército Plácido Chacón Hernández y
Luis Gonzalo Pinzón Fontecha, “quienes conformaban un grupo especial que operaba en esa
zona por cuenta de la V Brigada”. En su relato comentó que las víctimas habían sido
asesinadas por tiros de gracia, además de indicar de manera aproximada, el sitio de una
fosa común donde podrían encontrarse los cuerpos, aportando así nuevas pruebas para el
caso.
Sin embargo, el gobierno colombiano no realizó ninguna diligencia judicial, ni revisó el
proceso penal, el cual había absuelto a los autores. Tampoco abrió nuevas investigaciones
contra los militares, ni contra el entonces Procurador delegado para las Fuerzas Militares por
su evidente comportamiento parcializado y no adelantó gestiones para buscar los cuerpos de
Isidro y María del Carmen.79
Como antecedente, el 30 de abril de 1983, en la ciudad de Bucaramanga, Isidro fue objeto,
en compañía de otras personas, de allanamientos, detención y tortura, por parte de una
patrulla combinada de ejército y policía; por lo demás, el dirigente sindical venía siendo
objeto de amenazas y hostigamientos desde tiempo atrás debido a su labor sindical. Estuvo
detenido en la cárcel modelo de Bucaramanga desde abril de 1985 hasta noviembre de
1986, acusado de porte ilegal de armas y de pertenecer al M-19. A partir de la organización
del paro del Nororiente y el foro “Por el dialogo regional y la paz”, fue víctima de amenazas,
persecución y hostigamientos, que se incrementaron a partir del Paro Nacional convocado
por las centrales obreras para el día 27 de octubre de 1988, el cual fue a su vez promovido
por Isidro. Como ya se mencionó, ante las múltiples amenazas, Isidro se vio obligado a
abandonar por un tiempo sus labores en la Concentración Escolar Mercedes Abrego.80
Isidro Caballero estuvo dedicado durante 11 años al sindicalismo, además de estar afiliado al
SES, hacia parte de FECODE y USITRAS; tenía un hijo y su compañera María Nodelia
interpuso los recursos judiciales necesarios para averiguar su paradero.81
82
Actuaciones judiciales. ¡Hasta encontrarlos!
“exigimos su libertad
vivos los llevaron
79
Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia.
Caso Caballero Delgado y Santana. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
septiembre 25 de 1992.
80
Gobernación de Santander, Secretaría de Educación Pública. Coordinación de Kardex. Bucaramanga.
Julio 12 de 1989.
81
Denuncia presentada por María Nodelia Parra Rodríguez al Juez Primero Superior de Bucaramanga,
febrero 10 de 1989.
82
Tomado de: FIALLO ARAQUE, Nancy. Op. cit., p. 136.
57
vivos los queremos”83
El largo camino recorrido para aclarar y determinar quienes fueron los responsables de la
desaparición de las víctimas, inició el 10 de febrero de 1989 cuando la compañera de Isidro
Caballero presentó recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado Primero Superior de
Bucaramanga a cargo de la doctora Miriam Pinzón Guevara, quien ofició a la Policía, DAS,
Cárcel Modelo y V Brigada, quienes respondieron no tener en su poder a la víctima; basada
en estas respuestas, en auto de la misma fecha, declaró que no procedía el recurso. Acto
seguido, la abogada envió copia del mismo al Juez Promiscuo de San Alberto. Además de la
compañera de Isidro, su hermana Herminda Caballero de Ballesteros acudió a la Oficina de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, como ultimo intento desesperado por
conocer del paradero del líder sindical; arguyendo que: “las gestiones realizadas hasta el
momento han resultado infructuosas y desafortunadamente en nuestro país la desaparición
de personas se ha convertido en una práctica permanente y en muchos casos se ha
comprobado la participación de militares, miembros de policía y organismos de seguridad del
Estado y grupos paramilitares”84. A la búsqueda incesante de Isidro se sumaron igualmente
varios organismos sindicales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El 23 de febrero de 1989 se inició la actuación por parte del Juzgado Segundo de Instrucción
Criminal Ambulante del Distrito Judicial de Valledupar. El 27 de febrero se dispuso la
apertura de investigación preliminar. El 1 de agosto de 1989 el Juzgado Segundo de Orden
Público abrió formal investigación por estos hechos vinculando y dictando medida de
aseguramiento contra Luis Gonzalo Pinzón Fontecha; el 22 de agosto vinculó y dictó medida
de aseguramiento contra el Capitán Héctor Alirio Forero Quintero y el soldado Gonzalo Arias
Alturo. Ante un recurso de apelación de parte del abogado de Forero Quintero, el Tribunal de
Orden Público revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata de este el
8 de mayo de 1990.
El juez segundo de orden público, Luis Rafael Nieto Pardo, denunció ante el DAS, el 12 de
junio de 1990, que tanto él, como los testigos, la esposa de Isidro y el abogado de la parte
civil, habían sido amenazados por el Oficial Forero Quintero. En un comunicado ante la
opinión pública proferido por el SES en el mismo mes y año, los integrantes de tal gremio
sindical rechazaron los hostigamientos y denunciaron:
“...las amenazas de muerte y la presión psicológica mediante llamadas
telefónicas contra MARÍA NODELIA PARRA RODRÍGUEZ, las cuales son
un indicio grave del riesgo que está corriendo su vida... está claro que
se trata de impedir que Nodelia continué presionando la investigación
para que el caso de su compañero se esclarezca y se haga justicia sobre
los responsables...”85.
El 11 de septiembre de 1990 el Juzgado dictó sentencia absolutoria a favor de Luis Gonzalo
Pinzón Fontecha, Gonzalo Arias Alturo, Héctor Alirio Forero Quintero y Norberto Báez Báez
por el delito de secuestro; la providencia no fue apelada debido a las amenazas contra la
esposa de Isidro y su abogado. El 3 de octubre de 1990 fue archivado el proceso.
83
Colectivo de Solidaridad en Defensa de los Derechos Humanos SES – USITRAS. Comunicado,
Bucaramanga, 1989.
84
Denuncia presentada por Herminda Caballero de Ballesteros ante el Comité de Derechos Humanos,
Centro de Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas. Bucaramanga, julio 12 de 1989.
85
Sindicato de Educadores de Santander -SES-. Comunicado a la opinión publica, Bucaramanga, junio
de 1990.
58
En abril de 1992 la Fiscalía Regional de Barranquilla abrió averiguación preliminar bajo
radicado No. 2416. Posteriormente, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial -Seccional
Bucaramanga- logró localizar el 4 de mayo de 1992 a uno de los sindicados por la
desaparición, el soldado profesional Gonzalo Arias Alturo. No obstante, la declaración del
militar que se comentó con antelación, no trascendió ni brindo resultado alguno en la
investigación.
Por otro lado, el Juzgado 26 de Instrucción Penal Militar de Ocaña a cargo de la doctora
Carmenza Gamarra Cerdas inició el 26 de febrero de 1989 diligencias preliminares. El 6 de
junio de 1989 ordenó suspender la indagación preliminar y archivar el expediente
considerando que en las declaraciones aportadas, especialmente de militares y personas que
no fueron testigos de los hechos, nadie dijo conocer sobre estas desapariciones. En
consecuencia, se desecharon los testimonios de los testigos presenciales sobre lo
acontecido.
La investigación disciplinaria se inició con la copia de las diligencias realizadas por la
Personera Municipal de San Alberto en la vereda Guaduas. La Procuraduría Regional de
Bucaramanga recibió los documentos el 16 de febrero de 1989, remitiendo la documentación
a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y a la Segunda Delegada para la Policía
Judicial-Derechos Humanos; y terminó su intervención argumentando que por averiguación
pertinente en forma verbal, la V Brigada a través del coronel Carlos Pardo, le informó que
Isidro Caballero no había sido detenido en la base militar Morrison.
El 17 de febrero de 1989, el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, Manuel
Salvador Betancur, se trasladó a la región previniendo con anterioridad al comandante del
batallón Santander sobre su visita con el objeto de buscar a Isidro Caballero. Solo estuvo en
la base Morrison y se negó ir al sitio de los hechos, aduciendo que el oficial del ejército se
había comprometido a buscar a Isidro y su acompañante; además no aceptó la petición de
los maestros de trasladarse a la vereda Guaduas para interrogar a los testigos. Así regresó a
Bogotá, sin levantar acta y sin obtenerse ningún resultado.
La Delegada inició formalmente a investigación preliminar el 6 de abril de 1989, con el
radicado 022-79685. El 16 de mayo de ese año se efectúo una diligencia de reconocimiento
fotográfica de los miembros de la base Morrison, para que los testigos reconocieran a los
victimarios. El Procurador delegado durante el desarrollo de la diligencia amedrentó a los
testigos, preguntándoles “¿cuánto dinero les ha ofrecido la esposa de la víctima para que
den estas declaraciones?”. El resultado fue negativo, además de que las fotografías
correspondían a una época diferente. Se intentó un segundo reconocimiento fotográfico pero
esta gestión también fracasó ante la negativa de la comandancia del batallón Santander de
entregar copia reciente de las fotos de oficiales, suboficiales y soldados para perfeccionar la
investigación. Además, tuvo que recurrirse al Comandante General de las Fuerzas Militares
para obtener esta prueba, que finalmente no pudo recogerse porque el Gobierno argumentó
que por encontrarse individualizados algunos responsables en otras investigaciones, las
pruebas solicitadas eran “innecesarias y superfluas”.
Agotados todos los recursos posibles, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos donde fue radicado con el número 10319. La Comisión lo puso en
conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dictó sentencia el 8
de diciembre de 1995 declarando a Colombia responsable de la violación de los derechos a
la libertad personal y a la vida en el caso de Isidro Caballero y Carmen Santana; la instancia
decidió la obligatoriedad del estado Colombiano por continuar los procedimientos judiciales
por la desaparición y presunta muerte de las víctimas y su sanción conforme a derecho; a
pagar una justa indemnización a los familiares de los desaparecidos y el resarcimiento de
59
los gastos en que hallan incurrido en sus gestiones ante las autoridades colombianas con
ocasión de este proceso.
Isidro Caballero Delgado: Una historia marcada por el liderazgo y la resistencia
Juan Pueblo
“la vida es una tragedia para que el que no tiene nada
solo impuestos que pagarle a una nación endeudada.
Y el pueblo alistando el dedo para la próxima jornada
Donde solo oye promesas y al final no hay nada.
En cambio el explotador está rico y satisfecho
Y el pobre invadiendo lotes para alistarse un techo.
Que triste es ver a los niños sin un pan para comer
Mientras los perros de los ricos hasta leche han de beber.
Pues los perros de los ricos comen mejor que los pobres
De lo que produce la tierra que le siembran los hombres.
Para que reinas de belleza si en eso se gastan millones
Mientras el pobre Juan Pueblo más que se aprietan los calzones.
Porque peleamos por el fútbol o por vueltas a Colombia
O por aquel mentiroso que a la patria nos transforma.
Luchemos por nuestro vivir porque ellos no sientan penas
Porque ellos no sean esclavos porque ellos no arrastren cadenas.
Luchemos por ser hermanos bien seamos blancos o negros,
Porque esta tierra es de todos no es tan solo de aquellos.
Que porque no tienen dinero y no tiene un corazón
Que les diga que al morir uno se lleva un cajón.
Pues cuando llega la muerte elige sin compasión
Ante ella arde, no vale nada, ante ella no hay salvación.
Por eso amigos estudiantes esto es lo que más arde
Que hayan ejecutivos podridos
Demostrando falsos alardes”.
(Poema favorito de Isidro Caballero Delgado)
Isidro nació en Piedecuesta (Santander) el 4 de abril de 1957, hijo de Manuel Caballero y Natividad
Delgado. Convivía con María Nodelia Parra Rodríguez, con quién tenía un hijo, Iván Andrés, de dos
meses de edad al momento de la detención y posterior desaparición de Isidro.
60
Isidro estudió docencia en la escuela Normal de Piedecuesta y fue profesor desde el 29 de abril de
1975, fecha en la cual lo nombraron, mediante decreto No. 1426 de la Gobernación de Santander,
maestro en el municipio de Vélez. En 1978 fue elegido dirigente del Sindicato de Educadores de
Santander (SES), posición que tuvo hasta 1984. En ese año fue nombrado maestro de la
Concentración Escolar Mercedes Abrego, y a partir de entonces se dedicó en cuerpo y alma a la
actividad sindical. Además de ser dirigente del SES, se encontraba afiliado a la Federación
Colombiana de Educadores (FECODE) y a la Unión Sindical de Trabajadores de Santander
(USITRAS).
En febrero de 1985 fue detenido y sindicado del delito de porte ilegal de armas. Mediante
providencia del 25 de febrero de 1985 expedida por el Comando de la Brigada V del ejército fue
condenado a la pena de 36 meses de prisión. El 26 de noviembre del mismo año se le concedió la
libertad condicional y por resolución No. 19 del 6 de marzo de 1987 del Ministerio de Justicia se le
otorgó el indulto.
Desde que recobró la libertad se dedicó a la actividad sindical y a organizar el paro del Nororiente
colombiano, programado para junio de 1987. Este paro tuvo como objeto lograr el cese de la
militarización de la zona, el respeto a las garantías ciudadanas además de reivindicaciones por la
tierra. Como consecuencia de este paro los dirigentes del mismo fueron posteriormente asesinados o
desaparecidos. Muchos de sus amigos afirman que la detención de Isidro Caballero se produjo por su
activa participación como dirigente sindical del magisterio santandereano desde hacía 11 años. Su
apoyo y participación en el Comité Regional de Dialogo entre el gobierno y el M-19, sería el
detonante que propiciaría su detención y posterior desaparición en manos de las unidades militares.
FUENTE: Comisión Colombiana de Juristas. El Caso Caballero y Santana, Bogotá, 1993.
Paralelamente a los hostigamientos militares, la persecución de los miembros del SES
comenzó a ser responsabilidad de “autores desconocidos”. El 28 de septiembre de 1989,
LUZ AMPARO PIMIENTO TRASLAVIÑA, educadora e integrante del SES, sufrió un intento de
desaparición, mientras transitaba por las calles de Piedecuesta. Tan pronto salió de su casa,
la sindicalista fue abordada por individuo vestido de civil, que después de pedirle que se
identificara, y se dejara requisar, pretendió obligarla a la fuerza a subir a un vehículo Toyota
negro, en cuyo interior se encontraban dos individuos armados quienes insistieron en que se
metiera rápido al carro. En medio de la confusión, Luz Amparo gritó y pidió auxilio, por lo
que el carro arrancó con los extraños a toda prisa y sin destino cierto.
Después del incidente, Luz Amparo se dirigió al parque principal con el fin de tomar el bus
que la llevaría a Bucaramanga. Estando ya en el interior del mismo, dos agentes
uniformados le pidieron que los acompañara al comando de policía, orden que acató la
educadora. Ella manifestó que mientras cruzaban el parque, en diversos sitios del lugar se
hallaban varios agentes; uno de los que la interceptó se apartó extrañamente haciendo uso
de su radio teléfono. Al llegar al comando, los uniformados requisaron el bolso de Luz, los
libros que llevaba, y le pidieron varias veces su documentación (carné del seguro, de la
Universidad y la cédula); al mismo tiempo comenzaron a interrogarla de forma inusual,
mientras usaban continuamente los radio teléfonos. Además de las preguntas de rigor, los
policías le indagaron sobre la dirección de su residencia y trabajo; que hacía, a que horas
llegaba y salía de su casa, lugares que frecuentaba; donde estudiaba etc. Varias veces ella
replicó el motivo de tantas preguntas; la única respuesta que recibió era que las preguntas
simplemente eran de rutina.
61
Luego del interrogatorio, los datos de este fueron recogidos por los policías en una hoja
blanca, por escrito. Después de tres incesantes peticiones para que pudiera retirarse, la
dejaron salir del comando, no sin antes responder a nuevos interrogatorios y requisas. Ya
fuera del sitio, Luz Amparo se encontró con su familia que había sido informada de la
situación. Cuando todos se dirigían a la casa, Luz vio al individuo que momentos antes
intentó desaparecerla, lo señalo a sus allegados y otras personas que estaban allí; este
agacho la cara, cubriendo su rostro con una gorra que llevaba, acelero el paso y cruzó una
esquina donde se perdió su rastro. Posteriormente, la educadora interpuso la queja ante la
Procuraduría Regional de Santander por lo sucedido, sin embargo, los seguimientos que le
hacían personas desconocidas en su casa y lugar de trabajo no cesaron.
Antes del atentado del que fue objeto la profesora, había sido sometida a
varios
seguimientos, y sutiles pero escabrosas amenazas. Un ejemplo de ello es la información que
le dieron sus familiares acerca de su aparición en una lista de personas que iban a “recoger”
en Piedecuesta sin mayor explicación; y la invitación que le hizo un desconocido para que
“comprara municiones y armas86.
La presunta participación de organismos de seguridad estatales en los acosos y el
hostigamiento constante sobre Luz Amparo Pimiento, encuentra respuesta en lo acontecido
el 28 de septiembre de 1989. La misma afectada corrobora con sus afirmaciones la
responsabilidad estatal, pues sostuvo: “nunca he tenido tampoco problemas con la justicia,
ni he sido notificada en ningún momento por violación de la Ley, ni mi familia, menos tengo
antecedentes penales. Además es la primera vez que soy objeto de retención, esculcada y
reseñada sin justa causa”.87
La queja interpuesta ante el Ministerio Público por los sucesos descritos, solo sirvió para
acrecentar la presión ejercida por las llamadas fuerzas del orden. En Noviembre de ese año,
unos individuos buscaron a la educadora en su casa con una orden “de presentación” por
parte del DAS, para que extrañamente hiciera presencia en las dependencias de la entidad y
“ampliara la denuncia hecha a la Procuraduría”88. Incluso, el 9 de diciembre dos individuos
interrogaron a su madre, argumentando que necesitaban a Luz Amparo para preguntarle
sobre una denuncia que había hecho, y otra serie de cosas, advirtiéndole al final que “debía
vender su casa e irse lejos, porque su hija corría peligro”89. Tales hechos, que raramente
coincidían su ejecución basados en la queja realizada al ente gubernamental, apuntan
únicamente a la intervención de los aparatos represivos del estado, dejando entrever una
muestra de la abierta persecución efectuada contra la integridad de los miembros y la
organización del SES.
Por estas razones, en el momento en que se volvieron visibles y peligrosas las amenazas
contra su vida, al igual que los seguimientos de agentes estatales, Luz Amparo solicitó el
apoyo del sindicato para recolectar dinero para un pasaje de avión por medio del cual se
pudiese desplazar a otro lugar del país, ya que padecía de una enfermedad crónica que le
impedía desplazarse por tierra por periodos prolongados de tiempo y su situación económica
era estable pero sin alcanzar la holgura. Mientras tanto las agresiones aumentaban y
86
Carta enviada por Luz Amparo Pimiento Traslaviña al Procurador Regional de Santander.
Bucaramanga, diciembre 18 de 1989.
87
Denuncia ante la Procuraduría Nacional, Secretaría de Educación y otras dependencias por acosos
que le hiciera la Policía Nacional el 28 de Septiembre de 1989. Bucaramanga, octubre 3 de 1989.
88
Carta enviada por Luz Amparo Pimiento Traslaviña al Comité Ejecutivo del SES. Bucaramanga,
diciembre 18 de 1989.
89
Carta enviada por Luz Amparo Pimiento Traslaviña al Procurador Regional de Santander.
62
lograban con total plenitud sus efectos. Lo sucedido a la educadora era simplemente un
complemento del engranaje maquiavélico que pretendía destruir el sindicato desde sus
propias bases, carga llevada a cuestas por sus integrantes; así era la vida de un educador
sindicalista.
Luz Amparo Pimiento Traslaviña
Socióloga, educadora y estudiante. Se desempeñaba como profesora en la Concentración San Juan
Bosco de Bucaramanga y en una escuela en Girón, y como colaboradora del Centro Experimental
Piloto de la capital. Era estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa de
Colombia. Con 11 años al servicio de la educación estatal, de reconocidas capacidades, Luz Amparo
Pimiento varias veces fue invitada a cursos por parte de la Secretaría de Educación para su formación
profesoral. A su vez se encontraba afiliada al SES. Vivía en el municipio de Piedecuesta desde que
se graduó de la universidad, junto con su madre de 69 años y su hermano menor, sin que en ningún
momento hubiese tenido percances de cualquier clase.
El recorrido de vida y profesional de Luz Amparo al servicio de la educación pública santandereana
era exaltado y reconocido constantemente por varios de sus colegas. Esto le valió su participación
constante en el trazado e implementación de políticas educativas para la ciudad de Bucaramanga y su
área metropolitana; y la conexión con autoridades gubernamentales encargadas de estos temas.
Empero, su trato y relación con servidores del estado no solo se limitaría a labores profesionales,
todo en razón a su pertenencia al SES.
Más adelante los paramilitares asesinaron a Guillermo Passos Lascarro, en la población de
Puerto Wilches. El crimen de Guillermo hace parte de la lista de los 16 miembros del SES
asesinados por la Fuerza pública y los paramilitares en 1989. Paralelamente, 89 educadores
de primaria y secundaria tuvieron que desplazarse forzadamente de sus sitios de trabajo
debido a las amenazas y ultrajes a los que eran sometidos. A continuación se relacionan sus
nombres y municipio de procedencia:
Sindicalistas del SES desplazados por la violencia
Lugar
AGUADA
BARRANCABERMEJA
BOLIVAR
CERRITO
CIMITARRA
CONCEPCIÓN
Nombre del Educador
Olachica Olachica María del Carmen
Agamez Alipio José
Graterol Beltrán Fabio
Sandoval Aura Stella
Morantes Pinto María Rosario
Pardo Rojas Guillermina
Pardo Murcia Ernestina
Jaimes Alvarado Carmen Cecilia
Moreno de Alvarado María Nury
Morales Pineda Luis Alfredo
Sepúlveda Calderón Oliva
Orduz Chanagá Carmen Celina
Palacios Mena Isaías
García Peñaranda Mary Luz
González Cáceres Mery
Palencia Paredes Nancy
Palencia Rangel Nury
Rango
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
63
Pacheco Miguel Antonio
Lizcano de Villabona Margarita
Parra Martínez Marlene
Amorocho Villamizar Leonor
Blanco González Celmira
Bermúdez Ana Gertrudis
Díaz de Padilla Ana Ilse
Figueroa Ordóñez Alvaro
Hernández Remolina Cecilia
Benavidez de Quijano Rosa H.
Quijano Saúl
Pimiento U. Jairo
González Ramírez Benilda
Rodríguez Gamboa Isabel
Rojas Jaimes Jorge
Rivera Chiquinquirá
Vargas Carmen Raque
Cáceres Herrera Martha Cecilia
Ariza Reyes Ana Elvia
Orduz Barajas Betty
Ariza Roncancio Erick Israel
León Murcia Luis Eduardo
Molano Rafael Alberto
Díaz Vargas Ana Gilma
Mantilla Blanco Humberto
Rincón G. Luis Carlos
Almeyda de Ferreira Rebeca
Delgado de Hernández Myriam Inés
Pérez Mercado Carmen
Reyes Santiesteban Luis
Cuadros de Ojeda Luz Marina
González Medina Eugenia
Daza Rosales Silvio Fernando
Marín Cailderon Graciela
Rodríguez Pinzón Ligia Azucena
Lugo de Torres Cecilia
Rubio de Vargas Emilce
Torres Figueroa Luz Marina
Valenzuela Camacho Félix Cardenio
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Sin Dato
Primaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
RIONEGRO
Pardo Ávila Alejandro E.
Plata Serrano Amalia
Primaria
Primaria
SAN MIGUEL
Flor Elva Zabala Meza
Primaria
SAN BENITO
Ardila de Rodríguez Waldina
Primaria
SAN JOAQUIN
Sierra Ramírez Ana Dolores
Sin Dato
SOCORRO
Elsa Mateus Cruz
Secundaria
(Nacional)
EL CARMEN DE
CHUCURÍ
GALÁN
GUAVATA
LANDAZURI
LA PAZ
LOS SANTOS
EL PLAYON
PUERTO PARRA
PUERTO WILCHES
PUENTE NACIONAL
Secundaria
Secundaria
Secundaria
64
SANTA HELENA DEL
OPON
SAN VICENTE DEL
CHUCURI
YARIMA
GIRON
Ovalle Gómez Maritza
Rangel Mario
Araque Vda. De carrillo Emilse
Bautista Jaimes Hernando
Carpio Orozco Flora Regina
González Ramírez César Augusto
Granados de Díaz Sofía
Peña de Mendoza Alix
Martínez Velásquez Teresa
Martínez Barrera Luis
Jaimes Flórez Martha Edilia
Martínez V. Domingo
Meneses Cancino Edelmina
Meneses Cancino María Eugenia
Navarro Ana Dolores
Jaimes Curtidor Ismael
Lemus de Villamizar Omaira
Rodríguez Carrillo María Oliva
Sánchez García Amanda
Toledo Pradilla Paula
Villamizar Figueroa Jaime
Vera de Noriega Rosalba
Villamizar R. Félix Joaquín
Rosalla Amparo Quiroga Moreno
Imelda Cárcamo Pérez
Blanca Ligia Hernández
Doris Elena Jerez
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Sin Dato
Sin Dato
FUENTE: Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores de
Santander SES - Filial FECODE. Comunicado, Bucaramanga,
julio 20 de 1989.
Otros 11 educadores que ocupaban cargos directivos en organizaciones sindicales fueron
objeto de amenazas, allanamientos y detenciones arbitrarias durantes este mismo período
de tiempo90.
Educadores agredidos con cargo directivo
En el SES y USITRAS 1989
Nombre
DAVID FLOREZ GONZALEZ
CESAR MARTINEZ
LUIS ALBERTO GIL C.
BEATRIZ OROSTEQUI OSSES
PEDRO JULIO CONTRERAS
NELSON FRANCO LEON
Cargo en la Organización
Secretario General del SES y
Ejecutivo USITRAS
Presidente SES
Comisionado SES
Vicepresidente SES
Directivo SES
Comisionado SES y directivo
USITRAS
Agresión
Allanamiento
Allanamiento
detención
Detención
Detención
Amenazas
Allanamiento
y
90
Sindicato de Educadores de Santander –SES-. Carta enviada al Tribunal Permanente de los Pueblos,
Bucaramanga, noviembre 3 de 1989.
65
MARIA NODELIA PARRA
HUBER ZULUAGA
EVANGELINA MARIN
ELSA MATEUS
Comisionada SES
Directivo SES
Comisionada SES
Directivo SES
GUILLERMO RAMÍREZ
ISIDRO CABALLERO
DELGADO
Comisionado SES
Directivo del SES por 11 años y
delegado del magisterio
Amenazas
Amenazas
Detención
Detenida varias
veces
Detención
Desaparición
Fuente: Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander
SES - filial FECODE. Comunicado, Bucaramanga, julio 20 de 1989.
Los hostigamientos y agresiones contra los integrantes del SES que inicialmente se
efectuaban en Bucaramanga y el área metropolitana, poco a poco se fueron ejecutando en
las demás regiones del departamento santandereano, incluyendo el Magdalena Medio. La
eliminación sistemática de los miembros y dirigentes de dicho gremio sindical, motivó un
sinnúmero de denuncias en las que se repudió la arremetida de las instituciones del orden y
los grupos paramilitares contra las iniciativas reivindicativas de la población: “los casos de
violencia contra los educadores revisten la característica común de darse contra compañeros
dirigentes sindicales, militantes de la izquierda, por ser testigos reales o potenciales de
asesinatos o masacres de dirigentes o núcleos populares; pero muy especialmente porque
en las zonas rurales de confrontación entre la insurgencia y las instituciones se les señala
como colaboradores de los ilegales, cuando por vivir entre dos fuegos sencillamente deben
aceptar las exigencias del momento so pena de comprometer su integridad personal y
familiar en locales escolares aislados y carentes de los más elementales servicios”91.
La oleada de violencia contra las centrales sindicales había sido denunciada con anterioridad
por otros sindicatos adscritos a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, quienes
denunciaban similares hechos, por ejemplo, el asesinato de 20 trabajadores de fincas
Bananeras y otros 18 desaparecidos en Apartadó; o el asesinato de 14 sindicalistas de
Cementos Nare durante los primeros meses de 1988.92 Fue en marzo de ese mismo año
cuando el magisterio se integró a las jornadas de protestas convocadas por la CUT con el
paro de actividades educativas en Bucaramanga y el Área Metropolitana.
Para finales de los años ochenta y principios de la década de los noventa, las demandas y
pretensiones de la organización se encaminaron fundamentalmente hacia la consecución de
salarios y prestaciones dignas para los docentes; demandas que conllevaron a la unificación
de estas peticiones en la ley 60 , planteada para los años de 1990 y 1992. Sin embargo, de
manera circunstancial, por la represión estatal y paramilitar se presentó un incremento de la
violencia contra el SES evidenciado en los ataques con artefactos explosivos de los que fue
objeto la sede del sindicato en Bucaramanga93, la práctica de los allanamientos ilegales por
parte de la fuerza pública94, y los absurdos pero amenazantes señalamientos de enlaces de
91
Comunicado del SES a la opinión pública, Noviembre 3 de 1989. p. 4.
Comunicado SES. Comité Ejecutivo. Bucaramanga. Marzo 8 de 1988.
93
En efecto la sede del sindicato sufrió dos atentados: el primero de ellos el 26 de octubre de 1988,
que provocó graves daños a sus instalaciones, y simultáneamente el ingreso de varias personas de
civil, armadas, que dijeron ser miembros de organismos de seguridad del estado; el segundo atentado
ocurrió el 10 de septiembre de 1989, de una menor proporción en daños a la infraestructura. CSPP
(Seccional Santander): Denuncia ante la opinión nacional e internacional. Bucaramanga, 11 de
septiembre de 1989.
94
Basta señalar como muestra de la opresión estatal materializada en esta clase de instrumento de la
violencia regular practicada, la diligencia surtida el 15 de noviembre de 1989 por unidades de la V
92
66
los educadores sindicalizados con actividades “terroristas”.95 A partir de estos sucesos, el
accionar político estaría encaminado a reivindicaciones de derechos como la vida, la
organización sindical, el trabajo y demás derechos fundamentales de la población. A estas
luchas se sumaron las encaminadas contra la privatización e imposición de megaproyectos
contraproducentes y lesivos para el sector rural, especialmente.
Los operativos de exterminio contra los integrantes del SES continuaron el 13 de febrero de
1990 con el asesinato de la Profesora del Instituto Binet y bibliotecaria de la Biblioteca
Pública del barrio La Joya AMPARO TORRES SERRANO de 30 años de edad.
Aproximadamente a las 7:00 de la noche, dos individuos que se movilizaban cada uno en
motos de alto cilindraje, dispararon contra Amparo en el barrio La Joya de la ciudad de
Bucaramanga. Además de ultimar a esta educadora las fuerzas paraestatales siguieron
acosando y amenazando de muerte, mediante llamadas telefónicas,
a la profesora
sindicalista MARIA NODELIA PARRA RODRIGUEZ, encargada de presionar a las autoridades
encargadas de investigar la desaparición de Isidro Caballero, de quien era compañera
permanente; el Comité Ejecutivo responsabilizó al gobierno de cualquier hecho que atentara
contra la integridad y la vida de María Nodelia.96
En junio de 1990, dos meses después del paro nacional que se llevó a cabo entre el 24 y 25
de abril, el SES, por medio de un comunicado rechazó la condena de 10 años de prisión y 50
salarios mínimos impuesta por el Juez de Orden Público Samuel Alonso Rodríguez Jacome, al
educador y dirigente sindical GUILLERMO RAMÍREZ RIVERA; así como el desconocimiento de
los problemas que atravesaban muchos docentes en zonas con dificultades de orden público,
que para la fecha se reportaban. Las medidas tomadas contra Guillermo, expresaban: “el
ensañamiento contra los sindicalistas...La institución jurídica en máximo grado de
descomposición y crisis pretende demostrar su “efectividad” mientras los asesinos
materiales e intelectuales de miles de colombianos son dejados en libertad y tranquilamente
deambulan por las calles”.97
La organización también se pronunció sobre la situación del Instituto de Seguro Social y
Cajanal, y sobre el recorte del tiempo de servicio doble para el ascenso de escalafón, sin
tener en cuenta el trabajo de los docentes en zonas caracterizadas por tener graves
problemas de orden público. El no pago de retroactivos por ascenso, el desorden
administrativo de la Secretaría de Educación y el consecuente retraso en el nombramiento
de directores y docentes para planteles educativos eran los otros problemas que los
maestros debían afrontar.
Ante la falta de atención del gobierno central a las reivindicaciones del sindicato, en
municipios como Galán, Los Santos, Ocamonte y El Centro se realizaron actividades de
protesta; sin embargo ninguna de estas acciones surtió efectos y los educadores anunciaron
la generalización de la problemática a nivel departamental.98
Brigada, quienes allanaron la sede de la organización y detuvieron a un miembro del comité ejecutivo
del SES que se encontraba en los cuartos de alojamiento de maestros, siendo posteriormente
trasladado a esa unidad militar. CSPP (Seccional Santander): Denuncia Pública. Bucaramanga, 16 de
noviembre de 1989.
95
Sindicato de Educadores de Santander: “Que aparezcan con vida los desaparecidos”. Bucaramanga,
30 de mayo de 1988.
96
Comunicado SES. Comité Ejecutivo. Bucaramanga. Junio de 1990.
97
Ibíd.
98
Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander, SES - Filial FECODE. Comunicado,
Bucaramanga. Junio 20 de 1990.
67
Si bien hemos sostenido que la opresión cometida contra el sindicato se encaminó
fundamentalmente a reprender los miembros por su actividad, dentro de esta andanada de
actos intimidatorios y transgresores de los derechos fundamentales de sus miembros,
contamos, como una forma directa de agresión, el acoso hacia el núcleo familiar. Por tal
motivo, muchos de los allegados a los activistas del SES debieron soportar diferentes
represalias dada su relación mediata o inmediata con sus parientes sindicalizados.
Un ejemplo de ello tuvo lugar el 27 de febrero de 1991 a las 7:30 de la mañana, día en que
GUILLERMO ANTONIO VASQUEZ BERNAL de 35 años de edad, agrónomo de profesión, y
quien se desempeñaba como asesor técnico particular, fue retenido por varios individuos
fuertemente armados que lo subieron a la fuerza en un carro marca Renault 4, color azul
claro, mientras transitaba en cercanías del edificio de la Fundación Oftalmológica de
Santander en Bucaramanga.
Guillermo vivía en la Urbanización El Bosque de la capital, junto con su esposa Ligia Rojas
Linares, activista del SES. Ese día a la hora señalada, él salió a realizar unas compras, y en
inmediaciones de la Fundación se dio su rapto, visto y constatado por varios testigos que se
encontraban en un supermercado contiguo; incluso algunos de ellos adujeron que Guillermo
alcanzó a pedir auxilio y gritar su nombre.
Posteriormente, Guillermo Vásquez fue encontrado muerto en la vía que conduce al
corregimiento Acapulco, en jurisdicción del Valle de Ruitoque de Floridablanca. Su cuerpo
mostraba huellas de torturas, quemaduras en diversas partes, y tres orificios de bala en el
cráneo. Como antecedente al hecho, la esposa de la víctima, Ligia Rojas, fue
constantemente amenazada y hostigada por sus actividades sindicales. Para ella, la
retención y posterior asesinato de su cónyuge era una muestra más de la represión que
vivía por su condición de sindicalista.
A pesar de las múltiples denuncias realizadas por el SES ante la opinión pública y las
instancias judiciales, el exterminio y persecución contra sus integrantes se siguieron
presentando en todo el departamento. Las acciones criminales, que en un comienzo se
centraron a la capital y el área urbana, se extendieron en poco tiempo a las demás
provincias y subregiones del departamento, lo que logró minar permanentemente la fuerza
del sindicato de educadores.
2.1.6 El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos,
SINALTRAINAL: una nueva etapa en la organización de los trabajadores
La historia y desarrollo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de
Alimentos, Esta empresa se caracterizó por mantener una política de explotación
y en lo que concierne a la zona de Bucaramanga y el departamento de
Santander (en específico la ciudad de Barrancabermeja) ha estado ligada a una
empresa en particular: la multinacional de bebidas negras gaseosas Coca Cola.
La empresa americana por sus altos dividendos es una de las compañías más
lucrativas existentes en el mundo y se considera así misma como la más
globalizada del planeta99 por su alta publicidad y acogimiento en el mercado
global. El posicionamiento y poderío de Coca Cola no podrían ser posibles sin recurrir a las
medidas de control pertinentes para tal fin que han conllevado la ejecución de acciones y
99
Comité Internacionalista de Lucha Contra las Transnacionales. Revista “Una delirante ambición
imperial”, La Candona, Bogotá, noviembre del 2003, p. 1.
68
prácticas que violan los derechos humanos de sus trabajadores y de poblaciones enteras,
además de sobornos y presiones dentro de las que se cuenta la desestabilización y
contribución al derrocamiento y sometimiento de gobiernos, incluso “ha corrompido la
justicia, eliminando la competencia, violando la soberanía de muchas naciones y pisoteado
sus leyes”.100
Este sindicato nació a partir de 1982 con trabajadores organizados de la transnacional
Nestlé, pero aún no era conocido como SINALTRAINAL. Fue hasta 1986, gracias al proceso
de concertación de los sindicatos de la industria, entre los cuales se encuentran
SINTRADINGASCOL, SINTRACICOLAC y SINTRAIDASCOL, entre otros, que se dio paso a una
fusión con el fin de reunir a toda la industria de alimentos en Colombia; desde entonces han
ingresado trabajadores de empresas trasnacionales tales como Coca Cola, Unilever,
Freisland Corn Products Corporation, Meals de Colombia, Navisco Royal S.A., Kraft, entre
muchos otros; así como de monopolios nacionales como Cocicoinpa, Cicolac, Fruco, Indunal,
con el objeto de crear una alternativa en la defensa de los derechos y reivindicaciones de los
obreros de este sector de la industria nacional101.
El proceso de constitución de SINALTRAINAL ha girado en torno a los intereses históricos de
los obreros colombianos como la construcción del poder popular, el ejercicio de la soberanía
nacional, de la democracia y el bienestar de las grandes mayorías. Sus miembros
desarrollan tareas tales como diagnosticar y conocer para quien se trabaja (patronos
nacionales y extranjeros en el sector de alimentos), diseñar una propuesta que contribuya a
la solución del problema agroalimentario y a la construcción de un modelo distinto. De igual
manera el sindicato afirma su contribución con la lucha por la conquista de la paz con
justicia social, el bienestar y la felicidad del pueblo colombiano. Por ello además de las
reivindicaciones laborales, una de las luchas que acompaña y apoya SINALTRAINAL es la
“lucha contra la impunidad en busca de la verdad, la justicia y reparación de los crímenes
de lesa humanidad y la permanente violación de los derechos humanos, que el Estado de
Colombia viene cometiendo contra las comunidades en beneficio de las transnacionales y
monopolios nacionales”102.
A finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, Coca Cola comenzó un
proceso de reestructuración mediante el cual buscaba consolidarse dentro del modelo que
estaba emergiendo y que estuvo orientado al incremento de capital y tasa de ganancia,
ganando terrenos de mercados nacionales (como en Colombia); aumentando y centralizando
la producción, las ventas y exportaciones, eliminando franquicias a terceros, reduciendo
salarios y consecuentemente aumentando la explotación de los trabajadores y el valor
creado, obteniendo a su vez ventajas en las políticas de apertura económica.103
La reforma productiva estuvo orientada al cambio de dirección empresarial, donde se dio
traspaso de una gerencia de resultados a una gerencia de calidad que hace énfasis en
fusionar trabajos con el objetivo de adquirir mayor productividad y eficiencia a menor costo.
Se implementó la flexibilización en la organización del trabajo, basada en la planeación, el
análisis estadístico, control estricto y mejoramiento continuo; además de producir cambios
en las formas de contratación laboral104 implementando la llamada tercerización; esto quiere
decir que la contratación de empleados ya no los realiza directamente Coca Cola sino lo hace
100
Ibíd
Información tomada de http://www.sinaltrainal.org
102
Información tomada de http://www.sinaltrainal.org
103
Comité Internacionalista de Lucha Contra las Transnacionales. Op. Cit., p. 2.
104
Ibídem. p. 3.
101
69
por medio de bolsas de empleo, lo cual conlleva a que los empleados se conviertan en
trabajadores indirectos.105
Por lo anterior, los intereses del sindicato se encaminaron con ahínco a la protección y
reivindicación de los derechos laborales, esencialmente, para mejorar la condición de los
trabajadores en la empresa. A partir de la reestructuración que se estaba gestando por los
años noventa, se buscaba luchar por puntos como la exigencia basada en una mejor
contratación para los trabajadores, los cuales debían ser vinculados directamente por la
compañía; al no recorte al servicio de salud; la no utilización de elementos modificados y
transgénicos para la elaboración del refresco, la reparación y responsabilidad de la compañía
con las cuencas hidrográficas, ya que esta empresa es la mayor beneficiaria de este recurso
natural106 y desgasta y contamina con sus procesos de producción, tan nocivos para el
medio ambiente.
La cascada de reformas y reducciones de los beneficios y protecciones laborales de los
trabajadores de Coca Cola, fue rechazada y denunciada por SINALTRAINAL, agremiación que
encaró esta problemática respondiendo con paros, huelgas, pliegos de peticiones, etc, para
intentar demandar y mantener los pocos derechos laborales de los trabajadores que aún
sobreviven en esta embotelladora. Sin embargo, la respuesta de las directivas de la empresa
ha sido la de desplegar una serie de “correctivos” que permitan disuadir, disolver y acallar a
esta organización, para así recuperar su funcionalidad y continuar con su interés de ser cada
vez más productiva, sin reparo de sus trabajadores.
Tales correctivos aplicados por la empresa se resumen en lo siguiente:
1. Expulsión de las fábricas a quienes pretendan organizarse. Esta medida correctiva, para el
caso de Santander, se materializó en despidos sin razón justificada e incluso se llegó a
encerrar a los trabajadores en una oficina para que renunciaran bajo presión.
2. Despidos o “arreglos voluntarios” de obreros con estabilidad, quienes fueron
reemplazados por temporales o contratistas o sus labores asumidas por quienes seguían
laborando. Por ejemplo, Coca Cola a comienzos de los años noventa “arregló” a algunos
trabajadores afiliados al sindicato dándoles un camión y asignándoles rutas para que se
convirtieran en proveedores de la empresa, sin embargo “eso era un engaño y los
trabajadores le creyeron a la empresa y no al sindicato, aunque éste hubiera hecho un
trabajo con ellos y sus familias, se dejaron convencer y cuando la compañía se dio cuenta
que a estos trabajadores les iba bien, comenzó a recortarles rutas”.107
3. La realización de campañas y montajes de descrédito y desprestigio del sindicato para
lograr la desafiliación de sus miembros e impedir la entrada de nuevos integrantes. Basta
mencionar que el 2 de Julio de 1995, el 4 de Noviembre de 1995 y el 30 de Septiembre de
1996 se realizaron allanamientos a la cooperativa del Sindicato en Bucaramanga con la
excusa, según las directivas y un testigo sin rostro, de tener conocimiento de posesión de
material bélico (explosivos y armas), basándose en que el sindicato cometería un atentado a
las instalaciones de la embotelladora, “entorpeciendo la labor productiva de quienes sí
quieren trabajar y hacer que la empresa progrese, ya que somos todos una familia de
verdad”.108
105
Ibíd. p. 4.
Proyecto CNM Equipo Regional de Bucaramanga. Entrevista a un integrante de SINALTRAINAL
Coca Cola.
107
Proyecto CNM. Entrevista a un miembro de SINALTRAINAL. Barrancabermeja, julio de 2004.
108
Comité Internacionalista de Lucha Contra las Transnacionales. Op. Cit., p. 4
106
70
4. Manifestaciones ignominiosas y oprobiosas contra el sindicato mediante el uso de
mentiras y calumnias con el fin de desprestigiar a los dirigentes sindicales, basando su
arremetida en acusaciones ante la opinión pública de pertenencia a grupos guerrilleros. Tal
fue el caso de una huelga que realizó el sindicato por las fechas de mayo y junio de 1992, en
donde el gerente de esa época, Gabriel Castro, había citado al sindicato a una reunión para
negociar el pliego de peticiones que se estaba adelantando en esos momentos y al ver la
negativa de la organización a asistir “tomó el micrófono y por altavoces gritaba a todos los
trabajadores guerrilleros, subversivos y otras cosas más;
luego reunió a todos los
trabajadores que estaban laborando en la planta y les manifestó que el sindicato y los
trabajadores debían reflexionar porque el tenía conocimiento que existían trabajadores
dentro de la planta que tenían vínculos con la subversión y que el pliego estaba respaldado
por un brazo armado de la guerrilla, y que tenía conocimiento que le iban a poner una
bomba a la planta”.109
5. La implementación de una política de violación de los derechos laborales de los obreros
que incluye despidos arbitrarios, recorte salarial, privar a los trabajadores de los derechos
mínimos de seguridad social reconocidos constitucionalmente como el recorte al servicio
médico que se presentó con el plan de reorganización, etc.
Los anteriores cinco puntos son en definitiva los “correctivos” que tomó la empresa para
reducir las pretensiones y demandas de los trabajadores, y de paso socavar las estructuras
de SINALTRAINAL. Además, este accionar ha sido complementado de manera integra, y de
por sí unívoca, con la acción paramilitar y estatal110 con base en procedimientos legales o
amenazas y presiones de toda índole.
Esta situación es la que SINALTRAINAL, con sus afiliados y directivos, ha tenido que
sobrellevar por la constante oposición y crítica hacia los métodos de estructuración y
avasallamiento del personal obrero de Coca Cola, entidad que ante ello ha respondido
agresiva y autoritariamente, sin espacio alguno para la discusión, y mucho menos para
transigir sus “estrategias corporativas”. Las únicas actuaciones que se rescatan de esta
multinacional extranjera junto a los correctivos, son tres mecanismos represivos a saber: (i)
la judicialización, (ii) las acusaciones de vínculos con la subversión, y (iii) los
hostigamientos; todos puestos en marcha contra el sindicato, con ayuda y la participación
de los organismos estatales (especialmente en lo relacionado a los dos primeros) y en
compañía de grupos paramilitares, en aras de imponer la flexibilización laboral y cumplir las
metas institucionales.
En este orden de ideas expondremos a continuación los casos concretos que dan ejemplo de
la persecución a SINALTRAINAL en la zona correspondiente a Bucaramanga y su área
metropolitana, haciendo mención a la persecución contra sus
miembros en otras
subregiones de la zona V como Barrancabermeja y Cúcuta, por corresponder a las dinámicas
cubiertas en el presente informe.
El 2 de mayo de 1992, el gerente de Coca Cola Bucaramanga, José Gabriel Castro, acusó
públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla por lo que se
interpuso una demanda penal por calumnia, radicada en la Fiscalía Delegada para los
juzgados Municipales de Bucaramanga bajo el número 4273 y el caso fue archivado según
109
Carta dirigida al personero delegado para los derechos humanos, Jorge Galindo, donde
SINALTRAINAL denuncia estos atropellos.
110
SINALTRAINAL. Carta al Presidente Andrés Pastrana Arango, Bogotá, agosto 10 de 1999.
71
resolución de fecha 11 de agosto de 1997.111 Cinco meses más tarde, el 13 de octubre de
1992, en el periódico Vanguardia Liberal, de la capital santandereana, apareció una
publicación acerca de que en la planta de Coca Cola, en las oficinas de la administración,
habían desactivado una bomba. Los trabajadores, la vigilancia y la misma administración
nunca supieron, “de algún operativo de los organismos de seguridad de Estado que hayan
llevado a cabo tal desactivación y no se sabe si realmente existió la mencionada bomba.112
Pocos meses después de la realización del “supuesto atentado” contra la empresa, el
vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Gaseosa y obrero
en la embotelladora de Coca Cola, EDUARDO SOTO, fue asesinado. Los hechos ocurrieron el
9 de noviembre de 1992, fecha en la que Eduardo fue ejecutado por desconocidos cuando
regresaba a su hogar en compañía de su esposa y sus hijos, en la ciudad de Cúcuta.
Anteriormente, Eduardo había recibido amenazas por parte de bandas paramilitares, al igual
que los demás miembros de la dirigencia sindical de la embotelladora Coca Cola, durante la
última negociación del pliego colectivo con la empresa.
Un año más tarde, en noviembre de 1993, la persecución paraestatal se centraría a los
miembros del gremio sindical que laboraban en la ciudad de Bucaramanga. Ese día, en la
carrera 15 con calle 56 del Barrio Gómez Niño, un hombre de unos 27 años de edad que se
movilizaba en un carro blanco, detuvo su marcha e intentó subir al vehículo a la ESPOSA del
Presidente de SINALTRAINAL LUIS JAVIER CORREA SUAREZ, propósito que fue impedido por
la presencia de personas que transitaban por el lugar. Dos días después, otros hombres
fueron detectados en la calle 36 con carrera 15, siguiendo a la señora en otro vehículo.113
Dentro de una basta campaña verbal de las administraciones en todas las plantas del país,
la embotelladora de Coca Cola en Bucaramanga publicó en abril de 1995 en su cartelera un
comunicado de prensa donde se señalaba a los sindicalistas como simpatizantes de la
guerrilla por rechazar las reformas en materia laboral. Además de ello, la misma empresa
responsabilizó, a través de una nota de prensa del 13 de mayo siguiente aparecida en el
diario Vanguardia Liberal, a los trabajadores de haber colocado una bomba dentro de sus
instalaciones. Pocos días después del señalamiento hecho por las directivas de la empresa
contra los trabajadores, el 23 de abril de 1995, aproximadamente a la 1:20 p.m., LUIS
EDUARDO GARCÍA, dirigente de SINALTRAINAL en la seccional de Bucaramanga y
trabajador de Coca Cola, fue abordado por sujetos desconocidos quienes le impidieron tomar
el bus y lo golpearon y amenazaron de muerte, en hechos ocurridos en la carrera 15 con
calle 42 de la ciudad de Bucaramanga cuando Luis Eduardo salía de una reunión de
sindicalistas.
Al mes siguiente, en mayo del mismo año, la embotelladora responsabilizó una vez más a
los trabajadores de haber colocado una supuesta bomba en la empresa; posteriormente a
los trabajadores que indagaron en la Fiscalía les preguntaron por LUIS EDUARDO GARCIA,
JAVIER CORREA y ALVARO GONZALEZ, quienes eran señalados como sospechosos directos
de los hechos, como consta en la denuncia hecha por la empresa en el proceso, que
finalmente terminó con el arresto y sindicación de los trabajadores mencionados. En los
meses siguientes, se incrementarían los hostigamientos contra los activistas de
SINALTRAINAL y su sede sindical en la ciudad de Bucaramanga. El 2 de julio de 1995, la
sede de la cooperativa de SINALTRAINAL, COOINCOPROCO de la capital santandereana, fue
asaltada por varios sujetos que vestían prendas militares y arribaron al lugar en horas en
que la sede se encontraba cerrada, intentando ingresar por el techo del lugar.
111
112
113
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
72
Mientras los miembros de SINALTRAINAL que residían en Bucaramanga eran blanco de las
constantes agresiones y hostigamientos, los dirigentes sindicales de esta organización que
laboraban en Barrancabermeja eran presa a su vez del terror paraestatal. Durante abril y
septiembre de 1995, RAFAEL ALMENTEROS y ALFONSO MUTIS, dirigentes de SINALTRAINAL
seccional Barrancabermeja y trabajadores de la empresa Coca Cola en la misma ciudad,
recibieron amenazas telefónicas contra sus vidas. Los victimarios añadían además que
destruirían con explosivos la sede sindical.
En el mes de noviembre de 1995 se incrementaron las acciones represivas contra los
miembros de SINALTRAINAL en Bucaramanga. El 4 de noviembre de 1995 la sede de la
cooperativa del sindicato fue allanada por el Bloque de Búsqueda de la V Brigada, en
momentos en que se levantaba la huelga de hambre de los trabajadores de Coca Cola y
socios de SINALTRAINAL. Los trabajadores se encontraban en la sede de recuperación
médica y mientras tanto, sus datos fueron inscritos en la agenda personal de los militares. El
objetivo del allanamiento era la supuesta búsqueda de explosivos y armas. Durante todo el
desarrollo de la huelga de hambre los trabajadores de la empresa Coca Cola fueron
amenazados por llamadas telefónicas que hacían a sus lugares de residencia.
Tres días después, el 7 de noviembre, José Ignacio Quiroga, gerente de Coca Cola, seccional
Bucaramanga, amenazó a los dirigentes sindicales de SINALTRAINAL, LUIS JAVIER CORREA,
JORGE HERNÁNDEZ, LUIS EDUARDO GARCIA y EFRAIN GUERRERO en represalia por su
participación en la huelga de hambre, afirmando que por ello recibirían un trato distinto por
parte de la empresa; comentaría el directivo que “ahora las cosas serían a otro nivel”.
Efectivamente, en los momentos previos a la negociación del pliego de peticiones de los
trabajadores de la empresa embotelladora Coca Cola, el 5 de marzo de 1996, el dirigente
sindical de SINALTRAINAL y trabajador de la empresa Coca Cola, LUIS EDUARDO GARCIA,
junto con DOMINGO FLOREZ y ALVARO GONZALEZ, fueron detenidos bajo la sindicación de
terrorismo, acusados de colocar una bomba en la empresa el 12 de mayo de 1995 con orden
de captura expedida por la Fiscalía Regional de Cúcuta. El hecho causó preocupación por ir
en dirección de una política abierta de penalización y criminalización de los derechos
sindicales de los obreros de la empresa. Igualmente se profirió orden de captura para
SERGIO LOPEZ y JAVIER CORREA, bajo la misma acusación, las cual era totalmente falsa e
injustificada, razón por la que los detenidos fueron puestos en libertad el 30 de agosto de
ese mismo año, después de permanecer 174 días arrestados. No obstante, el proceso
continuó abierto y los trabajadores siguieron vinculados al mismo. Estando detenidos aún,
dos hombres desconocidos y fuertemente armados que se movilizaban en un carro blanco
preguntaron por el paradero de Luis Javier Correa Suárez.114
Por la abierta falsedad de dichos señalamientos, algunos trabajadores tuvieron que recurrir a
las demandas penales, como lo fue el caso de FREDY BELENSON LEON VANEGAS quien el
17 de marzo de 1996 demandó por calumnia al gerente de relaciones industriales de la
empresa, Ricardo Jaimes Céspedes, quien lo acusó falazmente de haber ingresado a la
fábrica unos panfletos de la subversión.
La persecución por todos los frentes a los dirigentes de SINALTRAINAL no cesaba. El 18 de
mayo de 1996, dos desconocidos que se movilizaban en una moto sin placas tomaron
fotografías a la casa del dirigente de SINALTRAINAL EFRAIN GUERRERO, en especial a las
personas que entraban y salían de ella. Esta clase de hostigamiento anónimo se combinó
con el señalamiento directo de las directivas de Coca Cola. Así, el asesor jurídico de la
114
Ibíd.
73
embotelladora en Bucaramanga, Eduardo Pilonieta Pinilla, aprovechó la mesa de negociación
del pliego de peticiones para acusar a los integrantes del sindicato de tener el respaldo del
ELN y de estar vinculados con este grupo armado, basado en un comunicado de esa
organización donde se refería a la detención de los dirigentes sindicales de
SINALTRAINAL115.
El recurso a la judicialización de los trabajadores fue recurrentemente usado por la empresa
Coca Cola en todas sus plantas, a partir de 1996. A raíz de las denuncias hechas por los
trabajadores de Barrancabermeja mediante perifoneo acerca de los atropellos y violaciones
de los derechos acordados por parte de los directivos de la empresa, el 2 de septiembre de
1996 los dirigentes WILLIAM MENDOZA, LUIS HENRY SAAVEDRA, PEDRO ALFONSO MUTIS,
RUBEN DARIO MUÑOZ, LUIS EMILIO ROA y MODESTO LOPEZ, fueron llamados por la
Fiscalía General de la Nación en atención a la demanda por daño en cosa ajena hecha por la
empresa Coca Cola.116
Cuatro semanas después, el 30 de Septiembre de 1996, a las 8:00 a.m., fue allanada la
casa de BEATRIZ ARDILA, secretaria de SINALTRAINAL. La diligencia fue realizada por
miembros del ejército en presencia de un Fiscal, con el pretexto de estar buscando armas y
material subversivo. A esa misma hora era allanada nuevamente la sede de Bucaramanga
de la cooperativa de los trabajadores de Coca Cola y socios de SINALTRAINAL, por
miembros del bloque de búsqueda de la Policía Nacional junto con la Fiscalía No. 4,
llevándose documentos contables y un listado de los socios, arguyendo que el motivo del
allanamiento era la búsqueda de explosivos y armamento. Posteriormente se anunció por los
medios de comunicación locales que se trataba de una operación nacional contra los
auxiliadores de la guerrilla.
La persecución sistemática contra los miembros de SINALTRAINAL prosiguió en octubre de
ese año. Durante el transcurso del mes, los dirigentes sindicales de SINALTRAINAL,
ALFREDO PORRAS y JIMMY FONTECHA, fueron citados a rendir indagatoria ante la Fiscalía
Regional de Cúcuta, en el proceso que se sigue en su contra por presuntos vínculos de la
Junta Directiva con la guerrilla.
Hostigamientos, artimañas jurídicas y señalamientos por parte de la empresa Coca Cola,
acompañaron constantemente su política laboral. En 1997 dicha empresa, representada
entonces por PANAMCO fusionó varias embotelladoras y trató de eliminar cinco convenciones
colectivas de trabajo mediante laudo arbitral, en una modalidad de Negociación Colectiva
que permitió a la empresa mantener sin solución el pliego y sin incrementos salariales a los
trabajadores sindicalizados por más de un año.
Por otra parte, la V Brigada y la Fiscalía mantuvieron su práctica de allanamientos
simultáneos y el 24 de octubre de 1997 ingresaron al domicilio del presidente de la seccional
Bucaramanga de SINALTRAINAL, ALFREDO PORRAS, al que condujeron luego a la sede de la
Cooperativa COOINCOPROCO. La sede fue también allanada por segunda vez en menos de
dos años con el pretexto, siempre infructuoso, de buscar material subversivo y armas.
La presión sobre los dirigentes sindicales no cedió en esos años. Durante 1996 y 1997 la
residencia del presidente nacional del sindicato LUIS JAVIER CORREA, fue asediada
permanentemente por sujetos desconocidos a quienes se les veía rondando en motos y
carros. Una situación similar pero más extrema le tocó vivir a ALFREDO PORRAS, presidente
de la seccional de SINALTRAINAL en Bucaramanga, pues el 25 de abril de 1998 su domicilio
115
116
Ibíd.
Ibíd.
74
fue violado por un sujeto que después de engañar a la hija del dirigente colocó un arma de
fuego en la cabeza de su hijo de tres meses de nacido para que le informara donde se
encontraba Alfredo, pues lo estaban buscando para matarlo. Desde entonces, Alfredo Porras
tuvo que abandonar su trabajo y la actividad sindical para proteger su vida e incluso debió
salir de la región.
Situaciones similares tuvieron que enfrentar los dirigentes y trabajadores afiliados a
SINALTRAINAL en otras ciudades del país entre 1996 y 1999. Despidos de 70 trabajadores
en Pasto, amenazas en Soledad a los dirigentes sindicales, intimidaciones en Barranquilla,
Aguachica y Cartagena, además de desapariciones y asesinatos en El Copey (Cesar), son
algunos ejemplos de la persecución sistemática implementada contra ellos por el Estado y
paramilitares.
En Cúcuta, el dirigente sindical RAFAEL CARVAJAL PEÑARANDA, fue victima de un atentado
el 17 de enero de 1999 dentro de la misma fábrica de Coca Cola por parte de Martín Ortega,
un celador de la empresa. Al hecho se sumó la amenaza telefónica en su domicilio de la
misma ciudad, el 15 de julio siguiente, por parte de presuntos paramilitares. Mientras tanto,
en Bucaramanga la situación no parecía ser muy diferente. El gerente de tráfico de la
empresa Coca Cola de esa ciudad, Carlos Franco, volvió a señalar a los dirigentes sindicales
y acusó al fiscal del sindicato de repartir panfletos del ELN cuando éste distribuía boletines
del sindicato y una convocatoria de la CUT. La casa de habitación del presidente del
sindicato LUIS JAVIER CORREA SUÁREZ fue asediada nuevamente en abril de 1999 por dos
mujeres que dijeron pertenecer a la Fiscalía y que pidieron información personal sobre el
líder sindical.
Como la evolución de la situación en años posteriores ha confirmado la persecución contra
SINALTRAINAL para destruir al sindicato, el desplazamiento de la mano de obra sindicalizada
y convencionada ha tenido como objetivo implementar la contratación de mano de obra
temporal, las cooperativas de trabajo asociado y los contratos civiles para evitar el pago de
salarios justos y los beneficios laborales, así como obstaculizar el libre derecho de asociación
sindical. Tal y como fue denunciado en agosto de 1999 por Luis Javier Correa Suárez,
presidente nacional del sindicato, “en los últimos años Coca Cola y las empresas donde
SINALTRAINAL tiene socios, han aportado al crecimiento del desempleo y deterioro social
con más de 10.000 despidos, violación al derecho de asociación sindical, reduciendo en
número de afiliados y violando los derechos convencionales”.117
2.1.7 Coopetrán
Los casos de los trabajadores de Coopetrán se sitúan particularmente en un ambiente de
prohibiciones y retaliaciones al ejercicio de los derechos colectivos de los empleados por
parte de la empresa, la cual se amparó en la fuerza pública y en particulares para reducir las
pretensiones esencialmente sindicales de los trabajadores, luego de despedirlos
injustamente por ello. represión abierta contra sus trabajadores causando la destrucción de
Asintracoopetrán, sindicato de base que se estaba gestando al interior de la compañía.
El caso que a continuación se narra no es en estricto sentido un crimen de lesa humanidad,
pero sí demuestra el grado de agresión de los directivos de la empresa contra los
trabajadores sindicalizados. El 7 de octubre de 1986, el dirigente del sindicato de Empaques
de Medellín y militante de la Unión Patriótica JAIME BERRIO CARDONA fue asesinado por
Ernesto Tavera y Sergio Ramírez, socios de la empresa de transportes Coopetrán. Jaime se
117
Ibíd
75
encontraba en esta ciudad asesorando el pliego de los trabajadores de Sintratesicol y
Sintrahilanderías. Tavera y Ramírez dispararon contra un mitin obrero que se realizaba cerca
del terminal de transportes en respaldo de los trabajadores de Tesicol, Coca Cola y
Coopetrán, por las políticas de despidos y ataques de esta empresa. Uno de los disparos hizo
blanco en el cuerpo del dirigente obrero causándole su muerte inmediata. El victimario huyó
libremente con la ayuda del Gerente de Coopetrán y de la fuerza pública aparcada en el
lugar. De acuerdo a las denuncias de los trabajadores de la empresa, no era la primera vez
que esta persona atentaba contra la vida de los trabajadores, pues según versiones de los
mismos, el mismo sujeto había dado muerte a varias personas tal como lo había reseñado la
prensa local.118
En febrero de 1987 hacia las 8:00 p.m., el líder sindical y ex trabajador de la empresa de
transporte Coopetrán HECTOR RODRIGUEZ fue asesinado por sicarios en Bucaramanga. El
trabajador se encontraba frente a las instalaciones de la empresa cuando los sicarios que se
movilizaban en un vehículo sin placas lo asesinaron. Héctor estaba radicado en Bogotá y
había viajado en esos días a Bucaramanga para exigir el cumplimiento de una resolución,
emanada de un juzgado, la cual ordenaba la reincorporación a su empleo en dicha empresa.
Dos meses después del asesinato de Héctor fueron privados de la vida dos miembros más
del sindicato de Coopetrán, también a manos de sicarios. El 8 de abril de 1987 a las 8:00
p.m., los trabajadores de la empresa de transportes Coopetrán y directivos y socios del
Sindicato Nacional de Conductores de Colombia Seccional Santander HECTOR PEREZ y
MIGUEL SAENZ fueron asesinados en Bucaramanga. Los victimarios se movilizaban en un
automóvil Renault de color blanco sin placas y arribaron a una tienda vecina a la casa de
uno de ellos, ubicada en el barrio Zapamanga; acto seguido, asesinaron a Héctor y Miguel,
quienes habían sido despedidos de esta empresa hacía un tiempo por tratar de fundar y
consolidar el sindicato en la misma.
2.2 PERSECUCIÓN CONTRA LA OPOSICIÓN POLÍTICA
“Prefiero que cuentes que me
asesinaron las balas de un sistema
injusto por alzar mi voz, y no
que digas que dejé morir a mi
familia y que morí en silencio”
Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander).
Comunicado, Bucaramanga, septiembre 11 de 1987
En el afán por preservar un orden social univoco e incuestionable, el Estado Colombiano ha
dado lugar a una serie de prácticas represivas con el fin de impedir la configuración de
movimientos y alternativas políticas que cuestionen su hegemonía y propendan por la
creación de una estructura social más equitativa y justa. Este tipo de medidas se evidenció
con claridad en la implantación del Estatuto de Seguridad hecho por la administración de
Turbay Ayala (1978 – 1982), figura que permitió el hostigamiento y persecución por parte
de las fuerzas armadas contra los dirigentes y activistas políticos de oposición, quienes eran
señalados como subversivos. Es claro que la actividad política y la libertad de expresión en
nuestro país sólo se han permitido si corresponden a la ideología dominante, bien sea la
propugnada en beneficio de los intereses y ambiciones de los gobiernos de turno o con la de
118
Periódico Revolución, octubre 13 de 1986.
76
las elites en el poder. Cualquiera que sea contraria ha sido objeto de represión, persecución
y retaliaciones del Estado a través de sus fuerzas militares, policiales y grupos paramilitares.
Toda la zona comprendida por la jurisdicción de la V Brigada sufrió el embate militar y
paramilitar contra el activismo político opositor y/o de izquierda, incluso con mayor fuerza y
violencia que otras regiones del país. Tal es el caso de Bucaramanga y el Área
Metropolitana, donde se gestaron y promovieron importantes espacios políticos alternativos.
Ello se reafirma en tanto “el pueblo santandereano se ha caracterizado por su capacidad de
resistencia y lucha por sus derechos desde la época de la colonia”119 así como su gran
capacidad organizativa que se remonta a las agremiaciones artesanales para oponerse y
“enfrentar las arbitrariedades de los gobernantes locales”120. Las fuertes iniciativas de lucha
se asentaron en la población bumanguesa, dando lugar al surgimiento de “movimientos
sociales y políticos que surgirían en la primera mitad del siglo XX”121 y que apoyaron
incondicionalmente las demandas populares.
2.2.1 El período 1968-1981
Las agresiones sufridas por los militantes y activistas políticos de movimientos alternativos,
se enmarca dentro de los parámetros comunes a la operatividad de los agentes estatales en
el resto del territorio contra otros sectores sociales (ver, por ejemplo, persecución al
movimiento obrero y sindical). Desde el punto de vista estrictamente penal, se tiene como
preso político aquella persona que ha cometido los denominados delitos políticos: rebelión,
sedición y asonada. El primero de ellos castiga la conducta que pretende el derrocamiento
de las instituciones y el ordenamiento legal y constitucional. Con la rebelión, el activismo
político de oposición se ha criminalizado en Colombia, en especial en el período señalado
porque se pensaba que por su sola condición buscaban derrumbar y cambiar las
instituciones y el orden constitucional.
La acometida de la fuerza pública comenzó en 1968, con la detención y sindicación del
ingeniero y militante político ENRIQUE GRANADOS, quien fue arrestado por una unidad
militar. Posteriormente fue dejado en libertad y procesado como reo ausente. En agosto del
mismo año, CLAUDIO LEON MANTILLA, activista político de oposición fue detenido y
torturado por efectivos de la V Brigada del ejército. Tras 14 meses de detención y torturas
Claudio León finalmente fue sindicado, procesado y condenado.
En septiembre de 1968 se denunció en una carta dirigida al Papa Paulo VI, la situación de
los presos políticos en Colombia, que para la fecha sumaba más de 500 casos en el país,
victimas de la persecución y la arbitrariedad de la Justicia Penal Militar. Según dicha carta,
además del caso de Claudio León, “también han permanecido como prisioneros Luis Rojas,
Medardo Correa, Jerónimo Duarte, Pedro Ramírez, Daniel Rodríguez, Daniel Espinosa y
otros, quienes fueron sometidos a torturas tales como choques eléctricos, colgados por los
brazos, atados a las espaldas, amenazados con perros amaestrados, golpes en las partes
sensibles del cuerpo, colocación en la boca abierta de armas listas a disparar y el llamado
cepo, común en los interrogatorios. Se ha llegado incluso al asesinato como el caso de
Agustín Domínguez Serrano aplicándole la ley de fuga; caso no menos bárbaro es el del
ingeniero químico Mesa, arrojado desde un tercer piso y de Manuel Acosta a quien le
sacaron los testículos para después matarlo por “accidente”. Pedro Abreo también fue
119
Reiniciar. Op. Cit. p. 24.
Ibíd
121
Ibidem. p. 25.
120
77
ultimado después de quemarle varias partes del cuerpo. Desde helicópteros se amenaza a
los detenidos con el lanzamiento si no dicen lo que se quiere. El hoy general de la República,
Álvaro Valencia Tovar, comandante de la V Brigada, realizó prácticas semejantes con el
detenido Alirio Romero...”122. En la comunicación dirigida al Vaticano se pone de manifiesto
el plan de exterminio sistemático contra la oposición política en todo el territorio nacional
que comenzó a desarrollarse como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado desde
comienzos de los años sesenta, bajo las recomendaciones de la Misión Yarbourough del
ejército estadounidense123. La grave situación vivida por la oposición política se agravaría
mucho más con el devenir de los años, llegando a límites inusitados.
En la década del setenta los operativos de contrainsurgencia contra la oposición política se
incrementaron considerablemente. A partir de 1972, la V Brigada dio inicio a la persecución
de los activistas políticos en el perímetro urbano de la capital santandereana. El 23 de enero
de ese año, el profesional y militante político ELIZAIN BUSTOS fue detenido, torturado y
sindicado. Además de los malos tratos a los que fue sometido, fue privado de atención
medica por los miembros del ejército. La profesora MATILDE ISABEL ESPITIA, perteneciente
a una organización política corrió la misma suerte y fue recluida por las unidades militares
en la cárcel de Bucaramanga.
La persecución del ejército a la oposición se atenuó en el transcurso de los años 1973 a
1977. Sin embargo, en 1978 se reinició la persecución contra los militantes, esta vez con
mayor intensidad y con la utilización del asesinato como nueva modalidad represiva. Un
ejemplo de ello fue lo que aconteció el 23 de febrero de 1978, día en que el militante político
de 23 años CARLOS AGUIRRE fue asesinado por miembros del DAS y del F-2 de la Policía,
quienes lo habían detenido el 17 del mismo mes.
A la par con el incremento de los asesinatos políticos, la fuerza pública continuó deteniendo
y sindicando a los integrantes de los partidos alternativos. En enero de 1979, el militante
político RAMON QUINTERO fue detenido, torturado, sindicado y obligado a abandonar su
vivienda por miembros del ejército.
El crecimiento desproporcionado de las detenciones y asesinatos políticos continuó en la
década del ochenta; “los años 1981 – 1982 marcarán la máxima intensidad de este modelo
político. Ya para entonces no parece suficiente la represión fundada en la legalidad de
excepción vigente como mecanismo de control de la población y comienza crecientemente a
recurrirse a nuevos mecanismos ilegales. En adelante se abrirán paso nuevas modalidades
represivas”124.
Durante el año de 1980, efectivos de la V Brigada detuvieron a cuatro activistas políticos de
oposición, sindicándolos posteriormente. Uno de ellos fue MIGUEL ABADIA MENDEZ, quien
fue arrestado después de que allanaran su vivienda. El 14 de febrero de 1980 se efectuó una
segunda detención, cuando una unidad militar de la V Brigada detuvo y sindicó al
comerciante y militante político JESUS MARIA CANCELADO, quien posteriormente fue
trasladado a la cárcel Modelo de Bucaramanga. Un mes más tarde, el 24 de marzo de 1980,
fue detenido, sindicado y procesado por el ejército, el obrero y militante político JOSE
FRANCISCO CAICEDO, el cual fue llevado de Bucaramanga al municipio de Cimitarra, y
después a la Cárcel Modelo de la capital santandereana. La cuarta detención del año se
122
Libro Negro de la Represión, 1958-1980. Bogotá, FICA, 1980. p. 83-84.
Banco de Datos de Violencia Política del CINEP. Deuda con la Humanidad...Op. Cit. p. 17.
124
Colombia Nunca Más. Verdad, Memoria y Lucha contra la impunidad: 1966 – 1998. Bogotá, 2003.
p. 24.
123
78
presentó el 27 de mayo de 1980, fecha en la que ÁSAEL QUINTERO fue arrestado, sindicado
y procesado por el ejército.
Los organismos de inteligencia del Estado se perfilaron como uno de los principales
responsables de la persecución contra la oposición política desde comienzos de los ochenta.
El 16 de marzo de 1981, ORLANDO MANTILLA fue detenido y sindicado por el B-2.
Con la consolidación de la represión parainstitucional y los diálogos de paz entre la
insurgencia y la administración de Betancur, diversas organizaciones políticas se convertirían
en el blanco de las fuerzas estatales y los ejércitos privados; “La guerra sucia se desata
inicialmente contra guerrilleros amnistiados, abogados defensores de presos políticos,
voceros guerrilleros en las negociaciones y militantes políticos de izquierda, considerados
todos simpatizantes de la actividad guerrillera”125. El exterminio sistemático de los activistas
de oposición en la ciudad de Bucaramanga y el Área Metropolitana, el cual se ensañó contra
las organizaciones y movimientos simpatizantes de la izquierda se explícita a continuación,
haciendo mención a los procesos específicos que el establecimiento quería truncar por la vía
de la violencia:
2.2.2 Persecución al Partido Comunista
El Partido Comunista Colombiano –PC- se constituyó oficialmente en la
capital santandereana en 1937. El surgimiento del PC no fue estrictamente
proletario sino artesanal, porque en su origen se vinculó este sector de la
población y asalariados de las pequeñas fábricas de tabaco que había en
la ciudad y sus alrededores”126. Esto se debió en gran medida en que para
la época, la capital del departamento no tenia un proceso de industrialización avanzado, sino
que, por el contrario, “solo existía una actividad primaria que facilitaba la extracción y
semielaboración de materias primas como el tabaco, el cuero y la madera”127.
Paralelamente al proceso de industrialización en la capital, el PC extendió su trabajo político
alrededor del departamento. Las primeras acciones y reivindicaciones cívico populares que
apoyó la organización en Bucaramanga se dieron en el marco de “la lucha por el derecho a
tener un lugar donde vivir, barrios como Obras Públicas o La Libertad se fundaron por el
impulso de los activistas comunistas”. Estos lugares, ubicados en la periferia de la ciudad,
fueron terrenos ocupados por los pobladores más desfavorecidos para construir sus
viviendas. Además de la lucha por el derecho a la vivienda, el PC dio origen a la edición del
periódico el Diario Popular de Santander, iniciativa que se truncó temporalmente con la
llegada al poder de Mariano Ospina Pérez, miembro del partido conservador que además de
señalar y perseguir al partido liberal, se ensaño particularmente con el comunismo el cual
consideraba la cabeza del liberalismo.
La situación del PC en Bucaramanga y el resto del país se agravaron en la década del
cincuenta. En 1955 es declarado ilegal y las regiones en las que tenía respaldo fueron
declaradas zonas de guerra. Era el comienzo de una persecución que cobraría la vida de
miles de militantes de izquierda afiliados al partido en todo el país.
No obstante, el impulso del PC y otras organizaciones políticas de izquierda se revivió a
comienzos de la década del setenta, lo cual conllevó a la creación de la Unión Nacional de
125
Ibíd.
Reiniciar. Op. Cit. p. 26.
127
Ibíd.
126
79
Oposición UNO, asociación de fuerzas de izquierda que apareció en la escena nacional en
1972. Con su afiliación a la UNO, el PC participó en la jornada electoral de 1972, obteniendo
dos concejales en la ciudad de Bucaramanga. La alta acogida de la población a las
propuestas de la izquierda condujo a su vez a la represión, el señalamiento y exterminio de
sus miembros y simpatizantes. El incremento de los asesinatos políticos que tuvo lugar en
toda la región desde mediados de la década del setenta, conllevó al partido a la reducción
sustancial de sus actividades en la capital y sus municipios aledaños.
Las primeras acciones intimidatorias contra los integrantes del PC en Bucaramanga se
produjeron el 19 de noviembre de 1982 con la retención de JUAN CAMPOS, quien fue
interceptado por varios desconocidos. Desde ese momento, las fuerzas irregulares se
apersonaron de la persecución y eliminación sistemática de los miembros de la izquierda en
toda la región. Una de las estructuras paramilitares más implicadas en la persecución y
asesinato de los militantes de izquierda fue el MAS, organización paramilitar que enarboló la
lucha “contra los enemigos del sistema” en las poblaciones del departamento santandereano
con amplia apoyo hacia la izquierda, un ejemplo de ello fue lo sucedido con la militancia
política de oposición en Florián, Jesús María y Lebrija.
La acometida paramilitar contra los activistas del PC volvió a presentarse el 8 de noviembre
de 1984. Ese día el militante del Partido Comunista JOSE FRANCISCO RUEDA RODRIGUEZ
fue desaparecido, torturado y asesinado por paramilitares. El cuerpo de José Francisco fue
hallado en la Vereda Chocoa (Girón), con varios impactos de bala y señales de tortura como
desprendimiento del cabello, inflamación y quemaduras en las manos, moretones en los
brazos y la espalda. Según el parte de Medicina Legal, el activista murió por lesión medular
y fractura de la vértebra cervical. Algunos días antes, José Francisco le había manifestado a
sus amigos que “elementos desconocidos lo estaban siguiendo y merodeando su casa desde
hacia 3 meses”.
En 1985, la fuerza pública desarrolló una serie de operaciones con el fin de hostigar y
señalar a los miembros del Partido residentes en la ciudad. El 13 de abril los militantes del
Partido Comunista HERNANDO VARGAS y ALFREDO CADENA fueron detenidos por efectivos
de la V Brigada durante un allanamiento. Los militares pretendían condenarlos por tener
documentos de circulación legal de la organización, pero lograron ser liberados ocho días
después. Otra versión indica que la detención fue cometida el 9 de abril y relaciona
únicamente a Cadena, indicando que el día anterior a su detención miembros del ejército
allanaron su casa pero no lo encontraron. Hernando se presentó con un abogado en la V
Brigada, pero fue detenido bajo la acusación de efectuar actos terroristas, y aún cuando
demostró no ser responsable de los mismos, fue trasladado a la cárcel Modelo. El dirigente
político denunció que “fue un montaje de los militares” en su contra.
Cuatro meses después de la detención de Hernando y Alfredo, el 14 de agosto de 1985, los
militantes de la Juventud Comunista (JUCO) JOSE ALBERTO RESTREPO PEREZ, FERNANDO
RUIZ JAZBON, GILBERTO RIOS, OMAR JIMENEZ, CRISTHIAN HERNANDEZ, LUIS A.
ROMERO, GERMAN BECERRA, ANGELA GALVIS y REINALDO CACERES fueron detenidos y
torturados por miembros del CIAES del ejército y la SIJIN en Bucaramanga. Los militares
del CIAES y la SIJIN, al mando del jefe del F-2, Mayor David Orlando Tatis, primero
violentaron la entrada del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS) y
aprovecharon que no había nadie para pintar consignas del grupo paramilitar MAS y de las
FARC-EP, destruyeron dependencias y materiales impresos, introdujeron capuchas y
propaganda del MAS, botas de la policía y propaganda de las FARC-EP y del grupo Ricardo
Franco. Dañaron una greca, 4 lámparas, las 4 llantas de un campero Uaz, un proyector y
obras de arte, se llevaron una grabadora, un reloj, una plancha, discos y cassettes. Cuando
80
los jóvenes llegaban al lugar allí fueron aprehendidos y luego torturados. Posteriormente los
dejaron en libertad.
La irrupción violenta de los agentes estatales en el centro de estudios y las huellas dejadas
por estos después de su operación criminal, expresan los mecanismos irregulares empleados
por el establecimiento para perseguir y agredir a los que según ellos “representaban un
peligro para la permanencia del orden”. A los constantes hostigamientos y amenazas se
sumaron las ejecuciones de los activistas, las cuales corrieron por cuenta de las estructuras
paramilitares que contaron con el apoyo y encubrimiento permanente de la fuerza pública. El
16 de julio de 1987, los sindicalistas y trabajadores de la empresa GASAN, así como
militantes del Partido Comunista, BERNARDINO GARCIA, LUIS FRANCISCO GUZMAN y JAIRO
DE JESUS BLANDON, fueron asesinados por miembros de un grupo paramilitar en
Piedecuesta, en el trayecto de la vía que conduce a Málaga.
Bernardino, Luis Francisco y Jairo regresaban en un camión del municipio de Capitanejo,
donde repartían gas. Mientras hacían su trayecto, unidades militares que instalaron un retén
en la zona impidieron la circulación por la vía cuando pasó la camioneta de Gasán, la cual a
la altura de la vereda Los Curos fue interceptada por un grupo de paramilitares que
acribillaron a los tres trabajadores (Blandón presentaba 32 impactos de bala), pero antes los
golpearon brutalmente; luego arrojaron el vehículo por un barranco para simular que había
sido un robo128. Minutos más tarde, los paramilitares, identificándose como policías,
detuvieron a otro camión repartidor de gas y obligaron al ayudante a descender al precipicio
y reconocer los cuerpos de los tres hombres, posteriormente dieron la orden al conductor de
que diera aviso a los uniformados que se encontraban en el retén. Al parecer los hombres
habían sido seguidos después de salir de las oficinas de la Unión Patriótica, donde se
encontraban tramitando una entrevista con funcionarios del gobierno de Santander, para
que esta organización política fuera intermediaria. Según la fuente, los hombres habían sido
amenazados por miembros de un grupo paramilitar autodenominado Boinas Rojas. El
crimen, que provocó un paro de dos días en Gasan, fue denunciado ante la Procuraduría y
aunque se sabe que hubo una investigación nunca se conocieron los resultados.
Es preciso mencionar que Bernardino García era presidente de SINDIGAS, miembro del
Comité Federal de USITRAS y dirigente y negociador del Paro Cívico del Nororiente en
Floridablanca. Por otro lado Jairo Blandón, era uno de los principales dirigentes del PC en la
región, fue electo concejal en 1972 y había sufrido un atentado por parte de una patrulla de
contraguerrilla del ejército en Cimitarra en 1981; como si eso no bastará, en los días previos
a su asesinato, tuvo un incidente con las tropas militares cuando estos trataron de bloquear
la carretera para obligarlo a detener el vehículo que manejaba. Este crimen hacía parte de
las retaliaciones de los paramilitares contra los activistas y dirigentes del Paro del Nororiente
de junio de 1987.
El caso de estos tres trabajadores y militantes del PC, nos muestra como con la adhesión de
un gran número de militantes del Partido a la Unión Patriótica, condujo que la victimización
de sus miembros y de aquellos que apoyaron la aparición en la arena política del país de la
UP fueran un mismo blanco del aniquilamiento paramilitar, en tanto la UP y el PC eran vistos
por el establecimiento como un brote subversivo que atentaba contra la trascendencia de su
hegemonía.
Si bien en la década del noventa los casos de persecución y eliminación sistemática contra
los militantes del Partido Comunista disminuyó considerablemente, no sucedió lo mismo con
los activistas y afiliados a la UP en todo el país, quienes tuvieron que enfrentarse a planes
128
Ibídem. p. 29.
81
genocidas de los organismos de seguridad estatales conjuntos con las fuerzas paramilitares
como el Plan Baile Rojo y el Plan Golpe de Gracia, estrategias orquestadas por la
administración gubernamental con el fin de eliminar dicha agrupación política. En este
contexto eran también atacados organizaciones políticas de izquierda, persecución que se
extendió hasta los simpatizantes de dichos movimientos que no eran parte activa de los
mismos.
Eso fue precisamente lo que sucedió el 8 de abril de 1992 con el
estudiante y comerciante de 25 años JOSE DOMINGO CARRERO
BARRERA, quien fue torturado y asesinado entre el kilómetro 12 y 18 de
la vía que conduce de Bucaramanga a Pamplona (Norte de Santander).
José Domingo había salido de la residencia de sus padres en el barrio
Nuevo Sotomayor, en la ciudad de Bucaramanga, con el propósito de
visitar a su novia. Después de 24 horas de desaparición sus padres
informaron al diario Vanguardia Liberal la desaparición del joven.
Posteriormente un ciudadano informó que en su viaje a la ciudad de
Cúcuta había visto en la carretera el cuerpo de un hombre asesinado.
En la noche del miércoles unidades de la SIJIN y la Policía Técnica
Judicial adelantaron registros para identificar a la víctima que efectivamente resultó ser José
Domingo. Estaba atado de pies y manos, con una toalla apretada a la cara, con visibles
señales de tortura y con seis impactos de arma de fuego, cuatro en la cabeza y dos en los
hombros. La oficina de Derechos Humanos del Partido Comunista envió una carta a los
medios de comunicación denunciando el crimen de José Domingo. La sevicia con la que el
joven fue ejecutado demuestra la barbarie creciente con la que los paramilitares intimidaban
a la población, imponiendo su poder por medio del terror.
El último caso de victimización del PC en Bucaramanga y el Área Metropolitana,
documentado por el Proyecto CNM en el período comprendido entre 1966 – 1998 ocurrió el
20 de septiembre de 1997. En esa fecha, el militante del Partido Comunista, líder cívico y
dirigente de Unimotor, GERMAN OREJARENA fue asesinado en un establecimiento público
ubicado en la zona urbana de Girón por dos hombres armados que le propinaron varios
impactos de bala. La víctima había liderado recientemente las movilizaciones del gremio de
camioneros, quienes solicitaban mejoras en las condiciones de trabajo y fletes. Además de
propinar un duro golpe contra el PC en la región, con el asesinato de Germán, las fuerzas
irregulares obstaculizaron y sembraron el terror entre los gremios de trabajadores del
transporte de la ciudad, los cuales redujeron ostensiblemente sus demandas y
reivindicaciones laborales.
2.2.3 La experiencia del Frente Democrático
La labor política realizada por el Frente Democrático, en cuanto a propaganda y reparto de
sus programas políticos y electorales, también fue objeto de represión por parte de la fuerza
pública. A tal extremo llegaba la situación, que a los simpatizantes y personas cercanas al
Frente, en épocas electorales se les obligaba y amenazaba para que no votaran por esta
alianza política de oposición, pues ello se percibía como un peligro para el orden establecido.
Un aspecto particular de la represión contra la oposición política en la capital santandereana
es que sus principales promotores son los organismos de inteligencia del Estado. Dos casos
representativos se observan al apreciar la victimización de los integrantes del PC y el Frente
Democrático. Estas unidades de inteligencia, además de hostigar a los dirigentes y activistas
de dichas organizaciones, arremetieron contra los jóvenes activistas que desarrollaban
82
trabajo político en la ciudad. El 23 de enero de 1983, a las 6:00 p.m., los dirigentes del
comando juvenil del Frente Democrático, LUIS TORRES y JORGE MENESES, reportero gráfico
corresponsal del periódico “Voz” fueron detenidos por uniformados del F-2 en la calle 13 con
carrera 15 cuando se dirigían al Barrio Norte de Bucaramanga con propaganda electoral.
Una vez los jóvenes los detuvieron, los policías los condujeron a las instalaciones de la
dependencia oficial del F-2, acusándolos de estar involucrados en incidentes estudiantiles.
Los activistas permanecieron en los calabozos aproximadamente 12 horas bajo
interrogatorios y amenazas. Posteriormente fueron liberados, pero se les decomiso material
fotográfico de una campaña adelantada por el Frente en barrios populares.
2.2.4 El movimiento político A Luchar
Este movimiento político se definía como una organización de masas con carácter amplio, en
la cual tenían cabida todas las personas que desde diferentes sectores socioeconómicos,
propugnaran por un cambio de estructuras, con el ánimo de construir una sociedad justa.
Por tal razón en la agremiación convergían estudiantes, obreros, amas de casa, intelectuales
y un sinnúmero de personas que impulsaban una plataforma política enmarcada dentro de la
normatividad jurídica del país y amparada en los preceptos de libertad de opinión y
asociación129, ideales que quedaron en el papel y la buena voluntad de los gobernantes ante
la intolerancia y la dureza con que se castigó a esta forma pensamiento, que culminó con la
reducción y posterior desaparición del movimiento.
La arremetida contra los miembros de A Luchar se manifestó desde mediados de 1988. El 20
de julio, el líder cívico y militante de A Luchar, JOAQUIN SANTIAGO fue detenido y
desaparecido por agentes del F-2.
Las operaciones conjuntas entre los organismos estatales fueron otro de los mecanismos
empleados para proseguir con el sometimiento de los militantes de A Luchar. El 20 de
diciembre de 1989, siendo las 5:00 a.m., un grupo conjunto de 8 miembros de la policía y el
DAS, allanaron la casa de CAROLIPO MATEUS RODRÍGUEZ, estudiante de Geología de la
Universidad Industrial de Santander y militante de A Luchar. Los agentes, que iban vestidos
de civil y portando armas de largo alcance, irrumpieron violentamente en la residencia de
Carolipo mientras un piquete de policías rodeaba completamente los alrededores. Los
integrantes de la fuerza pública no llevaban ni mostraron orden de captura alguna,
procediendo sin más a ocupar todas las habitaciones de la casa, obligando a los ocupantes a
levantarse precipitadamente sin darles tiempo de vestirse. Todos eran familiares de
Carolipo, los cuales fueron agrupados en el primer piso para poder revisar la habitación de
él. Como no se encontraba, los agentes empezaron a preguntar a sus hermanas por las
actividades que hacía, en donde se encontraba, a la vez que indagaban si era miembro de la
JUCO, las FARC, el ELN y otras organizaciones, diciendo también frases como “me huele
feo”, “me huele a comunista”. Dos días antes del hecho, la casa de Flaminio Mateus, tío de
Carolipo, ubicada en el barrio Pan de Azúcar de la ciudad, fue allanada; los ejecutores del
hecho indagaban con insistencia por el paradero de este y sus actividades.
José Domingo Solano León
“no vivas para ser por temor,
la presa de otros sueños;
se vive una vez para ser,
129
Carta enviada por el Comité Ejecutivo Nororiental y Nacional de “A Luchar” al Procurador Regional
de Santander. Bucaramanga, febrero 16 de 1988.
83
eternamente LIBRE”
Elkin Ramírez
Una muestra de los límites que alcanzó la barbarie y el salvajismo de la fuerza pública y los
paramilitares contra los activistas de A Luchar, fueron las acciones y crueldades sufridas por
José Domingo Solano León. Las instituciones encargadas de perseguir a los integrantes de
“A Luchar” pusieron en evidencia, con la persecución a este activista, que su determinación
era acabar a toda costa y de cualquier modo con el impulso de las protestas sociales
llevadas a cabo por la organización. Por consiguiente, estaba a la mano de esta maquinaria
de aniquilamiento y muerte, fundamentar las torturas sin consideración y los asesinatos a
sangre fría en una lucha contrainsurgente vaga en sus objetivos, en la que cayeron varios
militantes; uno de ellos José Domingo Solano León, afectado de forma indescriptible primero
con las torturas del ejército y luego por la velada y disimulada muerte a manos de
paramilitares.
El 14 de septiembre de 1989, miembros del ejército adscritos a la V Brigada allanaron la
casa de JOSE DOMINGO, quien inmediatamente fue detenido y posteriormente trasladado a
las instalaciones de esa unidad militar en Bucaramanga, donde fue objeto de toda clase de
torturas y tratos crueles durante los siete días que estuvo recluido en aquel lugar.
Todo comenzó hacia las 5:15 de la madrugada, cuando personal de la V Brigada sin
identificar derribó la puerta de la casa de Solano León. Rápidamente los autores de la
diligencia tomaron posiciones y hallaron al activista en su cuarto con su hija de dos años y
su esposa; uno de los militares gritó: “¡ese es!” y sin un minuto de espera esposaron a José
Domingo, mientras lo golpeaban y lo halaban del cabello. Una vez sometido los militares lo
tiraron al piso y lo arrastraron hasta la calle. Acto seguido, uno de sus captores le arrojó un
puñado de tierra en la boca, al mismo tiempo le introducían el cañón de un fusil. Luego, José
Domingo fue sometido a choques eléctricos con un artefacto que llevaba uno de sus
agresores, mientras que los otros lo golpeaban en toda la cara. Instantes después fue
conducido a un automóvil blanco en el cual se encontraba un fotógrafo y una persona a la
que le decían “mi Coronel Darío”.
Solano León fue fotografiado antes de que lo obligaran a subirse al carro. En el automotor
un soldado de la policía militar lo forzó a tirarse al piso, y le colocó un pie sobre su garganta
mientras le puso el cañón del fusil que cargaba en la cabeza. “No se mueva o se muere” le
dijo el militar al aprehendido. Pasado un rato, y después de que el vehículo diera varias
vueltas por las calles de la ciudad, José Domingo fue introducido a las instalaciones de la V
Brigada. Su calvario de siete días apenas comenzaba.
Las torturas empleadas contra el activista fueron de toda índole: físicas como ahogamientos,
choques eléctricos, plantón (largo tiempo obligado a permanecer de pie sin dormir), lesiones
con instrumentos cortopunzantes, abandono a la intemperie en pleno sol (medio día) o por
la noche (madrugada) semidesnudo; golpes y patadas en todo el cuerpo, a veces
acompañados con objetos contundentes; y escasa provisión de alimentos y agua. Todo ello
le produjo a José Domingo perdidas de conciencia en varias ocasiones, así como fiebre
acompañada de escalofríos y debilitamiento en general. Por otro lado las torturas sicológicas
consistieron en amenazas de muerte, interrogatorios prolongados y sin posibilidad de
descanso; falsos intentos de fusilamientos y disparos; amenazas a su familia y simulación de
torturas contra ellos: para esto hacían gritar a una mujer y llorar a una niña al otro lado de
su celda.
Todo el tiempo que José Domingo permaneció recluido, fue sindicado por los militares de ser
guerrillero y de poseer armas para la subversión. A pesar de una visita a la brigada de un
84
funcionario de la Procuraduría, las torturas contra José Domingo Solano León no cesaron;
antes bien, se hicieron más feroces. Por último se denota que al término de los siete días
los militares le dieron ropa, lo bañaron, y le hicieron firmar un documento donde se
constaba que le habían dado buen trato, para posteriormente y por orden de “mi Coronel
Darío” -quien estuvo al tanto de todo lo sucedido y participó de las torturas a José Domingotrasladar a la victima a la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
La persecución contra JOSE DOMIGO SOLANO LEON culminó con su asesinato el 14 de abril
de 1992. El ex preso político y militante del movimiento A Luchar, fue asesinado en
momentos en que salía de su casa, ubicada en el barrio Galán. Voceros de la organización
responsabilizaron de este hecho a miembros del ejército.
A LUCHAR para no morir en vida
José Domingo Solano León fue detenido y torturado durante siete días en las dependencias de la V
Brigada en Bucaramanga. Su detención ocurrió en el barrio José Antonio Galán, situado en la zona
industrial de la capital -uno de los sectores más humildes y de escasos recursos de la ciudad- en
desarrollo de un operativo de la V Brigada donde se allanaron irregularmente varias viviendas, hubo
destrozos por los militares, y se detuvo al señor ALFONSO ANGARITA MARTINEZ, quien
también fue torturado durante 7 días en las instalaciones de la unidad militar mencionada. Una vez
en la cárcel, José Domingo denunció ante la opinión pública los hechos:
“El día 14 de septiembre de 1989 fui detenido por miembros de esta unidad militar en un barrio de Bucaramanga.
Siendo las 5:15 a..m., llegaron los miembros de la V Brigada y sin identificarse procedieron a derribar la puerta de mi
casa, motivo por el cual salió mi compañera a abrirla. Al entrar dichos señores vestidos de negro, y vociferando palabras
soeces, procedieron a sacarme de mi cuarto, donde yo me encontraba con mi hija de dos años y mi compañera. Uno de
ellos gritó “ESE ES”; inmediatamente me esposaron y me golpearon, mientras que otro me agarro por el cabello y me
arrastró hasta la calle. Acto seguido, uno de ellos me arrojo un puñado de tierra en la boca, al mismo tiempo que me
introducían el cañón del fusil. Inmediatamente empezaron a colocarme choques eléctricos con un aparato que llevaban, y
me golpearon en toda la cara; de allí fui conducido a un automóvil blanco en el cual se encontraba un fotógrafo y un
coronel al cual le decían “MI CORONEL DARIO”. Acto seguido tomaron algunas fotos y me introdujeron dentro
del carro. Allí un Policía Militar me hizo tender en el piso del carro, y me colocó un pie sobre la garganta, mientras al
mismo tiempo me puso el cañón del fusil en la cabeza, diciéndome: no se mueva o se muere”. Luego de darme varias
vueltas en la ciudad, me introdujeron en las instalaciones de la V Brigada.
Enseguida, al bajarme del carro, uno de ellos manifestó: “entreguémoselo a gorra o al señor Darío”. Allí me metieron
dentro de un cuarto cubierto por icopor, y comenzaron el interrogatorio en el que hacían preguntas que yo desconocía;
como les decía que no sabía nada de lo que me preguntaban comenzaron a golpearme y a colocarme choques eléctricos.
Así me mantuvieron todo el día haciéndome esas preguntas... que yo era guerrillero, que en mi casa tenía armas y
explosivos... como a las 5:00 de la tarde me sacaron de aquel sitio y me llevaron a un calabozo en donde todas sus
paredes estaban cubiertas por púas de cemento.
Allí empezaron a entrar una serie de individuos con el mismo interrogatorio y a golpearme; además seguían
colocándome choques eléctricos mientras se burlaban y decían: “tenemos siete días para hacerte cantar, diga lo que usted
sabe y no le haremos nada”. Como a las diez de la noche entró otro sujeto y me vendó, luego me sacó de donde
permanecía, y me condujo a otro sitio en donde dijo que allí tenían a mi compañera y a mi hija; que si no contaba lo
que yo sabía las iban a torturar y a llevar para la cárcel. Además hacían gritar una mujer y llorar una niña diciendo
que eran ellas; que dijera todo lo que sabía y que no les hacían nada. Como no les dije se enfurecieron y dijeron que no
85
merecía vivir, que me iban a matar, procediendo a colocarme armas en la cabeza; las hacían disparar. Aquel resto de
noche me dejaron de pie y sin dormir.
15 de septiembre (viernes)
En la mañana me golpearon nuevamente diciendo que me iba a escapar. Como a las 9:10 de la mañana llego el señor
“Darío”, a quien le decían “MI CORONEL”, y pregunto: “en donde están los prisioneros”, y uno de los que me
golpeaba dijo: “ahí MI CORONEL”; y aquel dijo: “rápido, alístelos que viene el Procurador”. Inmediatamente me
quitaron las esposas, me colocaron la camisa y me trajeron los zapatos para que me los colocara, diciéndome que dijera
que ya me habían dado desayuno. Yo había pasado por aquel día sin comer ni beber; además mi garganta estaba toda
inflamada a causa de los golpes, lo mismo que mi cara. Como a los diez minutos llegó el Procurador, y me preguntó:
¿usted es el señor Solano?, yo le contesté que sí, y él dijo soy el Procurador. Acto seguido se dirigió a donde estaba el
otro compañero detenido y le pregunto lo mismo; luego salió y dijo: “los señores militares tienen siete días para que
definan su situación jurídica; bien los ponen en libertad o ante un juez”.
De allí en adelante comenzaron las torturas más fuertes. Luego que salió el Procurador me quitaron la ropa, me
llevaron hasta un patio, me colocaron contra una pared, diciendo que me iban a fusilar. Allí me dejaron el resto de día
al rayo de sol, y a cada rato un tipo iba a golpearme. Luego de hacerlo me hacía las mismas preguntas, a las cuales yo
respondía que no sabía lo que me estaban preguntando. Ya en la tarde me llevaron para el calabozo donde me habían
mantenido, y procedieron a golpearme entre varios sujetos colocándome choques eléctricos en los oídos y el resto del
cuerpo. Aquella noche tampoco me dejaron dormir, manteniéndome todo el tiempo de pie y con las manos arriba.
16 de septiembre (sábado)
En la mañana me llevaron un poco de agua-chocolate con un pan y me dijeron que desayunara; solamente tome algunos
sorbos del agua porque mi garganta seguía hinchada, y no podía pasar casi nada, además tenía una fiebre terrible así
como un gran escalofrío. Como a las 10:30 a..m. llegaron unos tipos y me vendaron, me sacaron para un sitio en el
cual me despojaron de mi ropa. Me amarraron las manos a la espalda. Acto seguido uno de ellos me amarró una
toalla en la boca y nariz. Procedieron a tirarme al piso y comenzaron a echarme agua en la cara para ahogarme,
mientras que otro de ellos me daba patadas en el estomago, se paraba encima de mi y saltaba para dejarme sin aire.
No sé cuánto tiempo paso, pero cuando estuve a punto de perder el sentido, uno de ellos dijo: “se está muriendo pero
vamos a revivirle” y procedió a colocarme corriente eléctrica en todo el cuerpo. De allí, casi sin sentido, me transportaron
y me botaron al calabozo nuevamente, y me dejaron de pie con las manos en alto. Ya en la tarde de aquel día, llegó un
tipo con anteojos oscuros, y empezó a puyarme todo el cuerpo con una jeringa. Me dijo que si a las 12 de la noche no
decía todo lo que yo sabía, me iban a dar un paseo. Así me mantuvieron el resto de la noche con las manos en alto y de
pie; a cada rato llegaban tipos diferentes que me hacían las mismas preguntas y a puyarme el cuerpo.
17 de septiembre (domingo)
Me mantuvieron nuevamente con las manos arriba, y al rayo de sol, con las manos esposadas. Sentía un gran dolor en
todo mi cuerpo; estuve a punto de desmayarme cuando nuevamente comenzaron a golpearme y a colocarme choques
eléctricos. Así paso el día. Ya en la tarde, tenía mucha fiebre y escalofrío; me dejaron de pie con los brazos en alto.
Como a las nueve de la noche llegó un tipo de esos en estado de embriaguez y manifestó: “a los H.P que no han dicho
nada vamos a ver...”, y empezó a golpearme en todo el cuerpo, y creí que había partido mi espalda. Al cabo de cerca de
dos horas de golpes, llegó otro tipo y discutió con él y le dijo que porque me estaba golpeando, que él no tenía nada ni
orden para hacer eso; todo esto enfureció al torturador que se fue para otro sitio a golpear otros detenidos que se
hallaban en otros calabozos. En la noche seguí con las manos en alto, con mucha fiebre y escalofríos.
86
18 de septiembre (lunes)
El lunes en la mañana sentía todo mi cuerpo resquebrajado, mis piernas hinchadas y todo el resto. Al rato entró el
“Coronel” al cual le decían Darío y me dijo: “tiene cara de muerto, diga lo que sabe y le mando a traer una cama; le
damos comida”. Yo no contesté nada porque mi garganta estaba totalmente inflamada y se me dificultaba respirar.
En la tarde llegó otro tipo y nuevamente me golpeo, y empezó a colocarme un aparato con varias agujas en todas mis
coyunturas, el cual producía corriente. Al chocar en mis coyunturas producía un dolor terrible. En la noche me sacaron
y me llevaron a un sitio oscuro en donde dijeron que me quitarían los dedos de las manos y después empezarían por el
resto, mientras hacían sonar armas y objetos como machetes y hachas... empezaron a contar uno, dos, tres, y así
sucesivamente. Como vieron que no les decía nada manifestaron nuevamente que si quería a mi mamá, a mi esposa,
dijera lo que sabía pues ellas estaban cerca. Repentinamente comenzó a pedir auxilio una mujer y a llorar un niño.
Enfurecidos porque no respondía nada, me golpearon y me llevaron nuevamente para el calabozo, y allí seguí de pie sin
poder dormir ni siquiera recostado un minuto.
19 de septiembre (martes)
En la mañana llegó un tipo y me dijo que hablará a las buenas, porque ya estaban cansados de tratarme a las
buenas; que era mejor que hablara porque ellos ya sabían todo, golpeándome para obligarme a decir cosas para que las
grabaran en una grabadora que llevaba un tipo de esos. Como no decía nada uno de ellos dijo: “te vamos a amarrar los
explosivos que tenías en la casa, y te vamos a hacer bailar en pedazos...”; y me insultaban. En la tarde volvieron a
colocarme corriente y a puyarme el cuerpo con agujas. Alguno de esos me manifestó: “estás muy enfermo”, al mirar que
yo temblaba por el escalofrío y la fiebre que tenía, de lo que se burlaban. Decía: “en la noche te traemos un médico”.
Como a las 8 p.m. de aquel día llevaron una colchoneta toda sucia con un olor muy fétido, ordenándome que me
sentara. Yo me tiré en ella porque llevaba cinco noches y seis días de pie y sin dormir. Después me entregaron una ropa
que mi familia me mandó; allí sentado me mantuve esa noche aunque no me dejaron tampoco dormir porque a cada
rato pasaba un tipo que me hacía parar varias veces seguidas.
20 de septiembre (miércoles)
En la mañana llegó el tipo al que le decían “Mi Coronel Darío” y dijo: “bueno, cabrones, como no dijeron nada se van
para la Modelo para que se pudran allá”; dio la orden de que nos sacaran y nos bañaran. Luego del baño, nos
cambiaron de ropa; nos llevaron un documento en el cual constaba que nos habían dado buen trato para que lo
firmáramos. Allí había un poco de sujetos junto a mí. A todos nos dijeron: “pero están bien... ya están buenos para
darles cianuro y meterles dinamita por el trasero”, y se burlaron de nosotros.
Después en las horas de la tarde nos llevaron al juzgado y de ahí nos trajeron a la Cárcel Modelo donde nos
encontramos actualmente.
FUENTE: Comunicado a la Opinión Pública. Cárcel Modelo, Bucaramanga, octubre 25 de 1989.
2.2.5 El movimiento FIRMES en Bucaramanga y el Área Metropolitana
El Movimiento FIRMES surgió en el año de 1978 como una alternativa política de izquierda
impulsada por académicos y profesionales como Gerardo Molina, uno de los fundadores de
dicha organización. Desde su constitución, esta organización de corte socialista contó con el
87
apoyo y la adhesión de muchos colombianos que vieron en las propuestas de FIRMES una
posibilidad novedosa para lograr la transformación social y la equidad. En la década del
ochenta, los militantes de FIRMES se incrementaron y su labor política se extendió por todo
el país.
Al igual que las demás corrientes políticas de oposición, los activistas de FIRMES sufrieron el
embate de la fuerza pública, cuyos efectivos arremetieron contra los miembros de la
organización desde finales de 1985. Fue precisamente en los últimos meses del mes de
noviembre de ese año, cuando los agentes del Estado dieron inicio a la persecución de los
afiliados de FIRMES en el Área Metropolitana del departamento santandereano. Los
desmanes represivos del ejército se dirigieron inicialmente contra Lenin Carvajal Villanueva,
joven dirigente de la organización que fue detenido en tres ocasiones. Paralelamente, 35
jóvenes miembros de FIRMES fueron detenidos y sindicados. Los hechos se describen en
detalle a continuación.
La persecución contra Lenin Carvajal Villanueva y los jóvenes integrantes de
“Firmes”
El 26 de noviembre de 1985 los jóvenes FRANK YURI RIVERA, ALFONSO VILLAMIZAR y
LEONOR SEPULVEDA fueron detenidos por agentes del B-2 de la V Brigada, en compañía de
LENIN CARVAJAL VILLANUEVA activista del movimiento FIRMES, quien además fue
torturado, en hechos ocurridos en Girón. Cuando los jóvenes regresaban de un paseo a
Bahondo, los militares los detuvieron y condujeron a tres de ellos la cárcel de Girón,
mientras Lenin Carvajal fue llevado en una camioneta a la finca Llano Grande, en donde lo
torturaron durante 10 horas y le hicieron simulacros de fusilamiento. Posteriormente lo
trasladaron a la cárcel donde un capitán del ejército ordenó mantenerlo detenido 3 días y
dejar en libertad a sus amigos. Cuatro días más tarde, el 30 de noviembre de 1985,
TREINTA Y CINCO JOVENES activistas del Movimiento “Firmes” de Bucaramanga, entre los
que figuraba Lenin, fueron detenidos por agentes policiales, luego de un allanamiento
realizado cuando los muchachos se encontraban en la casa de uno de los jóvenes activistas.
Posteriormente los condujeron hasta un lote ubicado frente al cuartel de la policía en
Bucaramanga y los exhibieron ante todos los agentes antes de dejarlos ir.
El 2 de diciembre de 1985, cuando apenas habían transcurrido dos días después de la
detención masiva de los militantes de dicho movimiento, LUIS FRANCISCO CARVAJAL y
LENIN CARVAJAL VILLANUEVA fueron detenidos durante un allanamiento, torturados y
amenazados por miembros del ejército. Los militares levantaron los pisos de las
habitaciones, dañaron cuadros y vitelas, decomisaron periódicos, libros, revistas y libretas
de apuntes. Los interrogaron durante 12 horas seguidas y antes de ser liberados, los
amenazaron de muerte si seguían realizando reuniones. Esta era la tercera vez que los
militares detenían y torturaban a Lenin.
2.2.6 El movimiento político Esperanza Paz y Libertad
El movimiento político Esperanza, Paz y Libertad se constituyó en el período posterior a los
diálogos de paz que se desarrollaron entre el Ejército Popular de Liberación y el gobierno de
Virgilio Barco (1986 – 1990). Los primeros pasos para el acuerdo de paz fueron realizados
por el EPL en el mes de mayo de 1989. En uno de sus comunicados dicha organización
“anuncia un cese de fuego. Pide al gobierno: poner fin a la guerra sucia y abrir espacios y
88
mecanismos para una lucha política democrática, advirtiendo que no buscaban una
revolución por acuerdo sino condiciones de participación”130.
Después del llamado para concertar la paz, propuesto por el EPL, el gobierno concertó una
fase de distensión y dio curso al proceso. De tal forma, el 15 de febrero de 1991 se firmó el
acuerdo de paz entre el gobierno de Cesar Gaviria y el EPL después de dos años de
negociaciones. Uno de los pactos entre la administración gubernamental y el grupo
insurgente fue el de promover la participación política de los amnistiados, los cuales dieron
lugar al movimiento político Esperanza Paz y Libertad. En otro aparte del acuerdo, el
gobierno se comprometía a salvaguardar la vida de los excombatientes y velar por el
respeto de sus derechos. Sin embargo, todas estas promesas quedaron solo en el papel;
pocos meses después de la firma de los acuerdos las fuerzas paramilitares arremetieron
contra los desmovilizados, dando inició a las operaciones de exterminio de la nueva opción
política.
En la ciudad de Bucaramanga, los paramilitares asesinaron a uno de los militantes del EPL,
obligándolo a salir de un establecimiento público ante la mirada atónita de los demás
asistentes al lugar. Así, el 29 de septiembre de 1992, JOSE AGUSTIN SEPULVEDA de 45
años de edad, quien era guerrillero reinsertado y militante del movimiento Esperanza Paz y
Libertad, fue desaparecido por cuatro hombres que lo sacaron a empujones de una cafetería
ubicada en la calle 31 con carrera 19 y a golpes lo obligaron a abordar un camión Dodge
350, color azul, sin placas, que partió con rumbo desconocido; desde entonces no se sabe
de su paradero. La fundación para la Promoción de la Cultura (FUNPROCEP), denunció el
hecho: “Ante la ola de hechos violatorios de los derechos fundamentales de la persona;
vemos con preocupación el aumento vertiginoso de homicidios, masacres, amenazas,
desapariciones que vienen padeciendo los líderes populares y políticos y los defensores de
Derechos Humanos residentes en el área metropolitana... exigimos a las autoridades
nacionales, departamentales y municipales, se pronuncien sobre los hechos denunciados
anteriormente y se tomen los correctivos necesarios para que no se vuelvan a presentar” 131
y junto con miembros de Esperanza Paz y Libertad, visitaron las instalaciones militares,
donde negaron tener detenido a José Agustín.
2.2.7 La Alianza Democrática M-19
La Alianza Democrática M-19 es un espacio político que al igual que la Unión Patriótica y el
Movimiento Esperanza Paz y Libertad, surgió como producto de los acuerdos de paz entre la
insurgencia y el gobierno colombiano. “El 9 de marzo de 1990, 890 hombres y mujeres del
Movimiento insurgente 19 de Abril, M-19, liderado por su comandante Carlos Pizarro León
Gómez y el presidente Virgilio Barco firmaban el acuerdo Político; el M dejaría 20 años de
lucha armada. Allí comenzarían las nuevas transformaciones políticas... se inicia la
desmovilización de cerca de 6.000 hombres y mujeres que siguiendo el ejemplo del M-19,
abandonarían las armas e irían a las urnas, para insertarse en la vida política, social y
económica del país”132. Pese a la confianza de los desmovilizados en el logro de una
verdadera apertura democrática, tan sólo 40 días después de la firma de los acuerdos, un
sicario le dio muerte en un avión al líder de la recién nacida alianza democrática M-19,
Carlos Pizarro León Gómez, cuando adelantaba el trabajo electoral de su candidatura a la
presidencia de la republica. En los meses siguientes, se presentarían las primeras muestras
130
Boletín Informativo Justicia y Paz. Volumen 7, Numero 3. p. 15.
FUNPROCEP. Comunicado a la opinión pública. Bucaramanga, octubre de 1992.
132
FIALLO ARAQUE, Nancy. Op. Cit. p. 2.
131
89
del exterminio contra los militantes de la Alianza Democrática, cuyo listado de víctimas aún
en la actualidad se sigue incrementando.
Cabe anotar que el M-19 tuvo una notablemente presencia en la capital santandereana y sus
municipios aledaños, lo cual motivó la arremetida paraestatal contra sus miembros y
reinsertados en el periodo posterior a los procesos de paz. Los primeros rasgos de la
represión hacia los militantes de la Alianza Democrática en Bucaramanga se presentaron el
13 de marzo de 1991, cuatro días después de la firma del proceso de paz. En esa fecha
JOSÉ LOPEZ TERAN, dirigente de la organización, fue asesinado por dos hombres armados
con metralletas que lo acribillaron cuando salía de su casa. La ejecución de José era el
anunció del plan genocida al que se expondrían en los días posteriores los activistas y
simpatizantes de esta alternativa política.
Los operativos de exterminio continuaron el 9 de octubre de 1992, con la detención y
desaparición del artesano y militante de la Alianza Democrática M-19, EDER YOFRE
MENDOZA VILLAMIZAR por miembros del ejército. Ese día Eder salió de su vivienda, ubicada
en el barrio Los Comuneros, para cumplir una cita aproximadamente a las 8:00 a.m. en el
parque Cristo Rey, con una mujer que lo había concretado por medio de una llamada
telefónica momentos antes de su partida; se cree que fue una trampa de organismos de
inteligencia del Estado para capturarlo, ya que según testimonios “a esta mujer se le veía
con miembros del F-2 y del B-2”133. Una vez Eder estuvo en el parque, fue detenido en
presencia de testigos que aseguraron que “se lo llevaron en un vehículo al parecer
Mitsubischi de color blanco”134.
Al día siguiente, a las 4:45 a.m., miembros del grupo UNASE llegaron a su casa en un
camión del ejército y en un vehículo campero marca Trooper de color blanco; preguntaron si
era la casa de Eder Mendoza. Luego allanaron la casa sin encontrar nada, preguntando sobre
los vínculos políticos de los moradores. Según la fuente en el allanamiento los militares le
expresaron a la madre de la víctima: vieja h.p., donde están las armas de que nos habló el
h.p. de su hijo?”135. Como no encontraron nada, antes de retirarse los militares dijeron: “nos
mamó gallo el h.p. ese”. Esto les hizo pensar a los familiares de Eder que posiblemente en el
interrogatorio él dio una información a los militares, para que se enteraran de su situación
por el operativo de estos. Hasta mayo de 1993 no se tenían noticias de la víctima. La
denuncia sobre su desaparición fue puesta ante la personería municipal de Bucaramanga.
También fue tramitado un Habeas Corpus, el cual obtuvo resultados negativos.
2.2.8 El exterminio de la Unión Patriótica en Bucaramanga y el Área Metropolitana
133
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Trascripción de
Testimonio, Barrancabermeja, mayo 31 de 1993.
134
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Denuncia de un familiar
ante la personería Municipal, Bucaramanga, octubre 13 de 1992.
135
Ibíd.
90
La totalidad de los activistas de la UP, a lo largo y ancho del territorio nacional, padecieron
en carne propia la persecución y asechanza de los actores paraestatales. Asesinatos,
torturas, detenciones irregulares se instituyeron en los mecanismos utilizados en contra de
la organización. La ciudad de Bucaramanga no fue ajena a lo anterior. En la capital
santandereana los simpatizantes de esta coalición de izquierda también fueron hostigados y
sometidos indiscriminadamente.
Esa intransigencia e intolerancia frente a la aparición en la vida política del país de un
movimiento de oposición alternativo al bipartidismo existente como la Unión Patriótica,
proveniente de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, se
realizó y halló su expresión en la actividad estatal y paramilitar de extinción y doblegó a sus
dirigentes y activistas. La violencia extendida y desarrollada por los agentes del Estado y los
grupos paramilitares contra los miembros de la UP se concretaba en dos prácticas: el
asesinato y las amenazas; mientras que los primeros (los agentes estatales) se amparaban
en procedimientos legales (muchas veces sólo en el nombre) como las detenciones y los
allanamientos, las fuerzas irregulares hacían uso de la retención, las desapariciones y el
asesinato.
La llegada de la UP a la ciudad de Bucaramanga se produjo el 28 de mayo de 1984; “en ese
contexto, el [Partido Comunista] convocó a los sectores progresistas en Bucaramanga para
celebrar un acto de respaldo a la paz y al nuevo movimiento político de amplia convergencia
que ya se estaba gestando”136. Los pobladores de la región que se adhirieron a la nueva
propuesta política con entusiasmo, acudieron al parque Centenario para celebrar la aparición
del nuevo espacio de confluencia y apertura democrática. Sin embargo, la acogida al nuevo
movimiento se vio empañada por el asesinato de Jesús Eduardo Vasco Hincapié y su esposa,
miembros del PC que promovieron la conformación de la Unión Patriótica en toda la región y
fueron asesinados dos días antes de la inauguración del movimiento en la capital
santandereana. Tanto en el evento se rindió el homenaje contra los activistas, considerados
como “las primeras victimas que tuvo la UP en Colombia”137.
Los primeros indicios del genocidio no lograron frenar el impulso y afán renovador de la UP.
A esto se suma la fortaleza de los movimientos cívico – populares y los gremios sindicales en
el departamento, desde un comienzo integraron y apoyaron las iniciativas de cambio de esta
alternativa política en aras de construir mejores opciones de vida para los habitantes del
departamento. Esto se evidencia en las siguientes líneas: “Santander estaba viviendo un
clima de unidad entre los sectores progresistas en muchos campos (cultural, estudiantil e
incluso sindical pues la creación en 1982 de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander,
USITRAS, dio inicio al proceso de convergencia en la central Unitaria de Trabajadores CUT)
que estaba orientado a encontrar una opción política común”138. En ese sentido, la Unión
136
Reiniciar. Op. Cit., p. 34.
Ibíd.
138
Ibíd.
137
91
Patriótica fue concebida como el espacio de confluencia propicio para enarbolar la lucha
cívica y popular en el departamento y particularmente en Bucaramanga, centro del trabajo
político y social de la mayoría de las organizaciones y movimientos sociales de la región,
entre los cuales se encontraban sectores del liberalismo y el conservatismo que se
adhirieron a la nueva propuesta política. A la par con los líderes y activistas cívicos y
sindicales, “se vincularon de forma decidida a la UP los pobladores de los barrios populares
de Bucaramanga (como Manuela Beltrán, La Granja y Julio Rincón)139, lugares donde la labor
de la UP se intensificó propiciando la adhesión de gran cantidad de habitantes de los
sectores más desfavorecidos de la ciudad a su causa.
El acto oficial que anunciaba la aparición oficial de la UP en Bucaramanga se llevó a cabo el
25 de julio de 1985 en el parque Bolívar del centro de la ciudad. Más de 10000 personas
celebraron la creación de esta novedosa propuesta política, a la par con los pobladores de
las demás provincias del departamento santandereano, donde las manifestaciones masivas
de apoyo se dieron también.
Sin embargo, el entusiasmo con el que fueron acogidas las ideas de la UP se vio golpeado
pocos meses después de la aparición oficial del movimiento en el departamento
santandereano, debido a que se atentó contra la sede de la organización en Bucaramanga.
“El explosivo fue colocado en la puerta y afortunadamente no causó daños personales
porque las personas estaban en una habitación del fondo de la casa. Poco después arrojaron
tres granadas contra el local e instalaron otra bomba que fue desactivada por la policía”140.
El balance de la situación explícito la escalada criminal contra la UP: en el transcurso de seis
meses la sede fue atacada con dos bombas y tres granadas, lo que obligo a los directivos de
la misma a desplazarse hacía otro sector de la ciudad. Entretanto, varios líderes y activistas
de la plataforma de la UP eran amenazados por paramilitares, los cuales se ensañaron
particularmente con los candidatos del movimiento a las elecciones de 1986. Paralelamente,
los organismos de seguridad del Estado dieron lugar a la persecución indiscriminada de los
simpatizantes y miembros del movimiento que apoyaban el trabajo electoral en el Área
Metropolitana. No obstante, el apoyo de la población posibilitó el éxito electoral de la UP en
el período electoral, logrando la elección de un representante a la cámara, un diputado a la
Asamblea departamental y la elección de 30 concejales en 15 municipios del país,
(Santander fue el quinto departamento en cantidad de concejales electos después de
Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Huila), que fueron apoyados por 27494 ciudadanos141.
Los altos resultados obtenidos en las elecciones mostraron la obtención de “la más alta
votación que un movimiento de izquierda haya conquistado en la historia del país”142. El
triunfo alcanzado por este espacio alternativo degeneró en el incremento de la represión
contra los miembros y simpatizantes de esta opción política. En Bucaramanga, el 5 de junio
de 1986, los jóvenes activistas de la Juventud Comunista y pertenecientes al comando
juvenil de la Unión Patriótica WILLIAM RICARDO DIAZ ACEVEDO de 19 años, PATRICIA
CARVAJAL de 18 años, y ALEXANDER ROMERO PINTO de 14 años fueron detenidos por
agentes del F-2 por órdenes del Mayor David Orlando Tatis.
Los jóvenes
una Marcha
realizada en
horas en las
fueron arrestados aproximadamente a las 6:30 p.m., después de participar en
del Silencio, en el marco de la Jornada por los Detenidos y Desaparecidos
varias ciudades del país. Los militantes estuvieron detenidos durante más de 24
instalaciones del organismo de inteligencia. En principio fueron negados por sus
139
Ibídem. p. 36.
Ibíd.
141
BUENAVENTURA, Nicolás. Unión Patriótica y poder popular. Ediciones CEIS, 1987. p. 54.
142
Tribunal Permanente de los Pueblos. Proceso a la Impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad.
Bogotá, Noviembre 4, 5 y 6 de 1989. p 70.
140
92
captores, por lo que se creía que iban a ser desaparecidos. Empero, momentos después los
policías tuvieron que reconocer que los aprehendidos se encontraban en aquel lugar debido
a que varias personas observaron cuando conducían a los jóvenes; y a las gestiones del
congresista y secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Hernán Motta Motta. Una fuente índica que en los ocho meses anteriores a las detenciones,
el Mayor Tatis había ordenado la detención de mas de 11 activistas de la Unión Patriótica,
sin encontrarse nunca elementos que justificaran dichas acciones, por lo que en todos los
casos salieron sin cargos.
Las operaciones de exterminio de los grupos paramilitares contra la UP en la capital
santandereana, se desencadenaron en el mes de septiembre del año 86. El día 2 de ese
mes, los dirigentes de la Unión Patriótica CARLOS RODRIGUEZ CELIS, RODRIGO CORDOBA y
el representante a la Cámara HERNAN MOTTA fueron amenazados de muerte por parte de
un grupo paramilitar que se hace llamar Tercer Escuadrón de Boinas Rojas en Bucaramanga.
Los paramilitares hicieron la amenaza mediante una llamada telefónica al radio noticiero
Todelar de Santander, en la cual agregaron que si no abandonaban la región y el país serían
asesinados. Previamente, Rodrigo Córdoba había sido víctima de varias agresiones y
amenazas contra su vida, dada su dirigencia en USITRAS.
Es preciso mencionar que dos días antes de las amenazas, uno de los principales dirigentes
de la UP en la región y miembro además del Partido Comunista, Leonardo Posada, fue
asesinado por dos sicarios en Barrancabermeja. El asesinato de Leonardo se agregaba a la
lista de activistas y simpatizantes de la Unión Patriótica sacrificados en el territorio
santandereano. Lo mas lamentable en todos estos crímenes, era la forma como las
autoridades oficiales tergiversaban y diluían las circunstancias de las diferentes acciones
contra la vida de los miembros de la UP para restarle importancia a las mismas, que en no
pocas oportunidades las directivas del partido debían efectuar las correspondientes
aclaraciones desmintiendo las versiones estatales, y a su vez llamando al pueblo en general
a reprochar y movilizarse por la amenaza y el asedio violento a la agrupación y sus
miembros143.
A pesar de las múltiples denuncias, los hostigamientos y persecución a los miembros de la
UP se recrudecieron alarmantemente en 1987. En el segundo semestre del año, un grupo
paramilitar agredió a tres activistas de la UP en pleno centro de la ciudad. Los hechos
ocurrieron el 6 de julio de 1987, día en que fueron asesinados el inspector de policía del
corregimiento de El Peñón CIRO ANTONIO GUISSA GONZALEZ y los dirigentes de la UP
FRANCISCO JEREZ y ROQUE DIAZ GUISSA. Con ellos se encontraba LUZ MARINA GALEANO,
quien fue herida por los paramilitares. El inspector de policía y los dos dirigentes de la UP
habían viajado hasta Bucaramanga para entrevistarse con el Gobernador de Santander para
exponerle los problemas de su región. Los dos paramilitares llegaron hasta la tienda donde
se encontraban y dispararon varias ráfagas de subametralladora contra ellos, hiriendo a Luz
Marina que se encontraba casualmente en la tienda. Estos asesinatos se dieron en medio de
las retaliaciones de los paramilitares contra los activistas y dirigentes del Paro del Nororiente
de junio de 1987. Uno de los dirigentes del corregimiento que no acudió al lugar de la
masacre afirmó: “El único pecado de las víctimas fue haber venido a la capital a reclamar
mejoras en una carretera”.144
Dentro de la multiplicidad de maniobras y acciones perpetradas por los distintos actores que
tuvieron participación e incidencia en la reducción sistemática y posterior desaparición del
143
Coordinadora departamental de la Unión Patriótica. Comunicado de Prensa y Radio, Bucaramanga,
septiembre 1º de 1987.
144
Reiniciar. Op. Cit., p. 41.
93
escenario nacional de la Unión Patriótica en todos sus aspectos, en el desarrollo de este
marco de ejecución política y militar hostigaron a los familiares y allegados de los miembros
de la organización, transformándolos en objetivos preferentes de los ataques y crímenes
implementados en la estrategia de destrucción del movimiento, lo cual fue objeto de
denuncias y censura por varias organizaciones y movimientos sociales mediante el
llamamiento a la unión y la defensa de la vida145.
El 25 de septiembre de 1987, el abogado MANUEL MOTTA MOTTA, dirigente del Partido
Liberal y hermano del senador por la Unión Patriótica Hernán Motta Motta y el profesional
ALBERTO GUTIERREZ PULIDO fueron asesinados por sicarios en la vía que de Bucaramanga
conduce a San Gil. Manuel y Alberto se movilizaban en un automóvil cuando fueron
interceptados por otro vehículo en el que se movilizaban los sicarios. Luego los victimarios
se subieron al carro de Manuel y Alberto en el asiento trasero y los obligaron a desviarse de
la carretera principal tomando un ramal que conduce a Curití, una vez allí les dispararon por
la espalda causándoles heridas graves que los llevaron a la muerte.
Mes y medio después del asesinato del hermano de Hernán Motta Motta, este debió soportar
nuevamente la persecución de los paramilitares cuando un grupo denominado Movimiento
Obrero Estudiantil Nacional Socialista (MOENS), en una circular repartida por toda la ciudad
de Bucaramanga el 9 de noviembre de 1987, lo amenazó de muerte, así como al diputado
CARLOS RODRIGUEZ CELIS y el dirigente HERNAN VARGAS, todos tres militantes de la UP.
En esa misma fecha el MAS amenazó a todo el comité ejecutivo de la Unión de Trabajadores
de Santander (USITRAS). Hernán y otros dirigentes de la UP habían sido amenazados un
año antes por medio de intimidaciones realizadas telefónicamente por los paramilitares al
radio noticiero Todelar de Santander, en la cual agregaron que si no abandonaban la región
y el país serían asesinados. A este grupo se le atribuyó el asesinato del parlamentario
Leonardo Posada cometido en Barrancabermeja, se cree que se trata del mismo grupo
paramilitar MAS.
Para la etapa comprendida entre 1988 y 1994, la represión vivida por la Unión Patriótica
concateno varias acciones y métodos criminales de los grupos paramilitares y la fuerza
pública en Bucaramanga y Área Metropolitana. Sus activistas tuvieron que seguir soportando
constantes ataques contra su vida e integridad a consecuencia de su participación electoral
en la elección popular de alcaldes y el apoyo masivo a las marchas y movilizaciones
campesinas de mayo. Debido a ello, los crímenes de lesa humanidad estaban a la orden del
día, por lo que asesinatos, torturas y desapariciones eran la respuesta oficial y paramilitar a
la oposición política e ideológica llevada por la UP, partido que no subyugaron ni
contradijeron con discusión y votos, sino a punta de balas, sicarios y muerte. Como si la
violencia desatada contra el espacio de apertura constituid por la UP no bastara, fueron
frecuentes los intentos por deslegitimar su trabajo político, lo cual se llevo a cabo
definitivamente en el año 2002146.
145
Comunicado a la Opinión Pública. Firmado por: Asociación Sindical de Trabajadores de la Industria
Agraria La Palma; Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Gaseosas de Colombia (Seccional
Bucaramanga); Sindicato de Trabajadores de Tejidos Sintéticos de Colombia; Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos y Derechos Humanos (CSPP); Comité Permanente Por la Defensa de los
Derechos Humanos; Comunidad Pastoral Juvenil de Los Lagos; Comité Cultural de Zapamanga;
Organización Política A LUCHAR; Sindicato Nacional HOCAR. Bucaramanga, septiembre de 1987.
146
Año en el cual el Consejo Nacional Electoral le quitó la personería jurídica al partido “por no
conseguir 50.000 votos y no haber ganado ninguna curul en el congreso” en las elecciones para
cámara y senado acontecidas en ese año. Ver: Semana. Edición 1065, septiembre 30 octubre 7 de
2002. Artículo: “muerte política”. p. 44.
94
Como ya se mencionó, en lo que concierne a Bucaramanga y su zona metropolitana, los
activistas de la UP que fueron asediados y hostigados por las fuerzas del orden, estuvieron
bajo la mira de los organismos de inteligencia militares o policiales. Los seguimientos y
asechanzas eran el suplicio que debían soportar, llegando hasta la propia muerte, la cual
debía ser sepultada en la completa impunidad ante las amenazas y coacción ejercida por los
responsables. A la par con la fuerza pública, los grupos paramilitares encaminaron una
estrategia de eliminación sistemática de los activistas de este espacio alternativo, que se
incremento en los períodos post electorales de 1986 y 1988.
La modalidad operativa de los grupos paramilitares puesta en marcha contra los activistas
de la UP recurrió a una estrategia en especial: el sicariato. Varios de los miembros del
partido residentes en Bucaramanga fueron asesinados por sujetos que manejaban, hasta
llegar a la perfección, el mismo método: motocicletas en movimiento, disparos del copiloto
hacia “el objetivo”... y la muerte se ejecutaba. Sin embargo, la anterior manera de
hostigamiento no impidió la aparición de otros actos violatorios de los derechos
fundamentales de los miembros de la UP. Al respecto hallamos casos en los que hubo
víctimas de desapariciones y torturas hechas por los paramilitares, pretendiendo intimidar a
los sobrevivientes con base en el terror generalizado, destruyendo sin consideración el
valioso capital humano de la organización.
En el segundo semestre de 1988, la arremetida paraestatal cobró la vida de dos militantes
de la UP. El 29 de julio, el coordinador regional de la UP y dirigente del Partido Comunista,
líder comunal y organizador deportivo, ALIRIO ZARAZA MARTINEZ de 47 años fue asesinado
y la tesorera de la misma organización ADELA SOLANO fue herida, durante un atentado
perpetrado por dos paramilitares en el área urbana de Bucaramanga. Los dos paramilitares
que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, llegaron al taller de metalmecánica,
propiedad de uno de los líderes y dispararon con ametralladora contra varias personas. Alirio
cayó muerto instantáneamente mientras que Adela quedó herida, siendo trasladada a otra
cuidad para salvar su vida. Varios miembros de la UP denunciaron que autoridades militares
de Bucaramanga quisieron impedir en el aeropuerto la salida de la enfermera que
acompañaba a Adela, alegando que no tenía licencia. Con anterioridad a su muerte, Alirio
era constantemente fustigado desde hacía más de un año: “había sido amenazado de
muerte y detenido por los militares junto al también dirigente de la UP, Julio Avella el 27 de
febrero de 1987; en junio allanaron su casa y poco más de un año después lo
asesinaron”147.
Al mes siguiente de la muerte de Alirio y Adela, otros dos miembros de la UP serían víctimas
del genocidio. El 5 de agosto, el obrero de la Secretaria de Obras Públicas de Girón y
militante de la UP, MANUEL JOSE JIMENEZ MENDOZA de 25 años, fue desaparecido luego de
ser interceptado por 5 individuos, cuando se encontraba esperando bus para dirigirse a su
trabajo en la localidad mencionada. La misma suerte corrió el 22 de ese mes el activista de
la UP y primo del coordinador departamental de esa organización, URIEL HERRERA
HERNANDEZ, desaparecido por varios individuos que lo interceptaron en momentos en que
se transportaba desde el municipio de Lebrija hacia la capital del departamento.
Posteriormente se encontró su cuerpo sin vida en la finca La División, ubicada en la vereda
Aguas Blancas de Floridablanca; presentaba señales de tortura y un disparo en la cabeza.
La acometida de los paramilitares contra el movimiento transcurría
paralela a la violencia encubierta y de baja intensidad practicada por los
organismos de inteligencia del estado. El 20 de septiembre de 1988 el
dirigente de la UP HIPOLITO NIÑO, de 27 años, fue detenido y torturado,
147
REINICIAR. Op. cit., p. 46.
95
siendo luego asesinado por miembros del F-2 de la policía en el centro de la ciudad de
Bucaramanga. Alrededor de la 1:30 p.m. Hipólito fue detenido por varios hombres que se
identificaron como agentes del F-2, quienes lo obligaron a entrar a un carro tipo comando;
una vez abordo el vehículo Hipólito, los policiales lo torturaron mientras daban vueltas por
las afueras de la ciudad.
A las 3:30 p.m. aproximadamente, los agentes lo condujeron a las cercanías de la empresa
de transporte Coopetrán, ubicada en la calle 54 con diagonal 15; allí le dijeron que corriera y
empezaron a disparar, lo hirieron en un brazo y una pierna. Posteriormente, Hipólito intentó
entrar a San Andresito la Isla mientras gritaba: “me quieren asesinar por ser militante de la
UP”, pero nadie le ayudó; los hombres lo persiguieron hasta la carrera 15 con calle 58; una
vez allí, al hombre que lo perseguía se le agitaron las balas, entonces empezó a golpearlo
con la cacha de la pistola, luego se le acercó otro hombre que venía en una moto y le dio un
arma; el hombre que lo golpeaba la tomó y lo remató. Antes de su asesinato, Hipólito al
igual que su familia y compañera habían sido víctimas de otras agresiones como
detenciones, amenazas y seguimientos. Después de este asesinato la Unión Patriótica hizo
denuncias ante el Ministerio Público exigiendo las investigaciones de rigor. Más adelante se
confirmó que los vendedores ambulantes que presenciaron los hechos fueron amenazados y
tuvieron que abandonar el lugar donde tradicionalmente laboraban.
Después de la muerte de Hipólito, los militantes de la UP en Bucaramanga vivieron un
periodo de tensa clama que fue seguido por una nueva arremetida de las fuerzas
irregulares. El 13 de agosto de 1989, en horas de la noche, ORLANDO ROA GRIMALDUS de
30 años, trabajador de la Empresa de Energía de Santander, afiliado al Sindicato Nacional de
Trabajadores Eléctricos SINTRAELECOL, y miembro de la UP, fue asesinado en su residencia
por sicarios.
Tres días más tarde, el 16 de agosto, el Ex-presidente de la subdirectiva de la Asociación de
Empleados Bancarios (ACEB) y militante de la UP, ARMANDO CALLE, fue asesinado por
sujetos no identificados; anteriormente había sido víctima de amenazas y un atentado que lo
había dejado parapléjico.
El primer ataque contra su vida ocurrió el 28 de enero de 1982, cuando era presidente del
sindicato de empleados bancarios de Caldas. En esa fecha, Armando fue sacado del banco
en el que laboraba en La Dorada (Caldas), detenido y amenazado por el Teniente Coronel
Álvaro Velandia Hurtado, comandante en ese entonces del batallón de Infantería No. 16
“Patriotas” ubicado en Honda (Tolima). Después tuvo que presentarse periódicamente a esta
unidad militar. Luego, el 5 de mayo de 1982, también en La Dorada, fue víctima de un
atentado perpetrado por el MAS por una orden del Oficial Velandia. Armando desde ese
momento quedó invalido de por vida. En este hecho su madre resultó gravemente herida.
A pesar de las muertes y la persistente persecución, a finales de los ochenta en la UP las
iniciativas por consolidar un verdadero espacio democrático se reanimaron con la campaña
presidencial de Bernardo Jaramillo, cuyo cierre de campaña lo hizo en Bucaramanga,
logrando congregar unas 10.000 personas148, las cuales aún confiaban en la posibilidad de
que dicho movimiento incidiera determinantemente en la transformación del país. Poco
tiempo después Jaramillo sería asesinado en Bogotá y al igual que el un sinnúmero de
militantes de la UP, era una víctima mas del exterminio. La eliminación sistemática se
desencadenó a su vez contra los representantes de la UP que lograron alcanzar cargos
administrativos gracias a la elección popular de 1991. Tal es el caso del Concejal y ex
militante de la UP y miembro del Frente Amplio de Girón, CARLOS CARVAJAL CHACON,
148
Ibídem. p. 51.
96
asesinado de varios impactos de bala el 18 de junio de 1991, por dos individuos que se
desplazaban en moto cuando departía con unos amigos en la heladería Colonial de la
localidad de Girón, suceso durante el cual OTRA PERSONA resultó herida.
Ya para la mitad de la década del noventa, la participación electoral de la UP en la capital
santandereana se vio reducida al mínimo, gracias al sometimiento emprendido desde su
salto a la arena política por la fuerza pública y los paramilitares. La destrucción paulatina de
la UP avanzaba en el departamento, donde militantes y activistas en otras localidades como
Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches, pararon en la larga lista de
inmolados, incrementando el genocidio cada vez más.
2.3 LOS ESTUDIANTES
SANTANDER, UIS
DE
LA
UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL
DE
La UIS como se conoce comúnmente al principal centro universitario de Santander, es una
institución en la cual confluyen, como en varias universidades públicas, diversidad de credos
políticos y religiosos, así como multiplicidad de ideologías. La principal preocupación en el
alma mater es la problemática social, lo que ha acercado a muchos de sus estudiantes a
simpatizar con políticas de izquierda acordes con la construcción de iniciativas para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el trabajo con la población de los
sectores populares. Por tal razón, la estigmatización de los integrantes del claustro
educativo por parte del mismo Estado, que considera la universidad como refugio y foco de
expansión de la subversión. Dado lo anterior, sin mencionar otras motivaciones, los
estudiantes de la UIS han sido blanco constante de la fuerza pública y de los grupos
paramilitares. El registro de la primera agresión se ubica en mayo de 1969, con el asesinato
a manos de la policía del joven estudiante GILMAR ANTONIO MELGAREJO.
Las actuaciones represivas estructuradas en contra de los universitarios desde comienzos de
los años setenta tienen como signo distintivo la participación de la fuerza pública. Las
detenciones y allanamientos en medio de manifestaciones y movilizaciones y las
ocupaciones militares de las instalaciones de la universidad fueron escenarios comunes. Este
tipo de procedimientos coercitivos se efectuó dos veces en el transcurso del año 1971.
Durante la primera ocupación, realizada el 15 de abril de 1971, NUEVE ESTUDIANTES de la
UIS fueron heridos a bala por miembros del ejército durante una manifestación realizada por
los universitarios. Después de la acometida militar la universidad fue cerrada y ocupada por
los efectivos. Tres meses más tarde, el 24 de julio de 1971, DOSCIENTOS ESTUDIANTES de
la UIS, 16 de los cuales fueron expulsados de la institución, fueron detenidos por el ejército.
Acto seguido, los militares ocuparon nuevamente el campus universitario. Entre los
detenidos se encontraban JAVIER CASTRILLON y JORGE HUMBERTO CABALLERO, quienes
fueron procesados en Consejo Verbal de Guerra en octubre del mismo año.
En 1973, el ejército reanudó sus operaciones en la UIS y realizó un allanamiento en su sede
central. Los hechos ocurrieron el 12 de junio de 1973, día en el que además del
allanamiento, fueron detenidos VEINTICINCO ESTUDIANTES. En agosto de ese año los
estudiantes realizan paros escalonados de 24 horas. Por estos hechos las directivas expulsan
a 43 estudiantes entre los que se encuentran cinco directivos del Consejo Superior
Estudiantil. En el mes de noviembre, el estudiante RITO CAMACHO fue detenido y torturado
por un Coronel del ejército de apellidos Sossa Camargo. El estudiante fue aislado e
incomunicado, maltratado por medio de insultos, injurias, interrogatorios prolongados y
posteriormente recluido en la cárcel Modelo del Socorro.
97
El Paro Cívico de 1975 en Bucaramanga y la participación de los estudiantes de
secundaria
El levantamiento cívico popular más importante que se desarrolló en el año de 1985
comenzó el 28 de octubre cuando el INTRA decretó el alza de las tarifas de transporte
urbano y el cambio de las rutas habituales de los buses, lo cual perjudicó a la población
trabajadora y a los residentes de los sectores populares. La Asociación Universitaria de
Santander, AUDESA, organizó a unas 2.000 personas en manifestación frente al INTRA,
cuyas instalaciones fueron apedreadas. Ese día SIETE ESTUDIANTES fueron detenidos por la
policía.149
Al día siguiente, en una nueva manifestación que doblaba la del día anterior, engrosada por
estudiantes del colegio Santander y por las centrales obreras, se presentaron
enfrentamientos con la policía, que derrotada fue reemplazada por el ejército. Ese día fue
gravemente herido en un ojo un estudiante del colegio Santander, cuyos integrantes
apoyaron masivamente la movilización.
El jueves 30 de octubre, hubo una nueva asamblea en la Universidad Industrial de
Santander y se presentó una movilización hacia el centro de la ciudad. Al medio día los
miembros del ejército empezaron a disparar al aire y luego a los cuerpos de los
manifestantes; como resultado de dichas acciones el estudiante de segundo año de
bachillerato del Colegio Santander JORGE ELIECER ARIZA de 17 años fue asesinado y
GUSTAVO SANTOS de 16 años cayó herido.
Jorge Eliécer Ariza
17 años. Estudiante
asesinado por la policía
30 de octubre de 1975
Jorge Eliécer echó a correr por una calle cuando los soldados dispararon sus armas al aire,
sin embargo fue alcanzado en el abdomen por una bala de G3 que le atravesó totalmente el
cuerpo; la misma bala se alojó en la pierna de Gustavo que cayó herido junto a su
compañero. Entretanto, Jorge Eliécer fue llevado inmediatamente a la Clínica La Merced,
donde perdió gran cantidad de sangre mientras esperaba media hora para ser atendido;
luego fue intervenido quirúrgicamente durante 6 horas. Al día siguiente, en horas la noche,
según el parte médico, Jorge murió de una embolia pulmonar masiva a causa de la herida
pélvica recibida el día anterior. El comunicado de los militares informaba que sus efectivos
usaron balas de salva, sin embargo, las vainillas de las balas usadas por fusiles G3 estaban
tiradas en las calles. Por otra parte, a Gustavo le tuvieron que amputar la pierna herida. Los
manifestantes retrocedieron, pero al atardecer regresaron nuevamente al centro y se
produjeron choques a piedra con 500 miembros del ejército. A las cinco de la tarde, los
militares volvieron a disparar y cayeron en 5 minutos siete estudiantes heridos.
149
Alternativa No. 59. Bogotá, noviembre de 1975. p. 2-4
98
El alcalde Reyes Puyana declaró el toque de queda el mismo día. Al enterarse de la muerte
del joven, el gobernador Barco Valderrama y los comandantes de la V Brigada y la policía se
dirigieron a la casa de la familia para presionar e incluso ofrecer dinero al padre del
estudiante asesinado, para que aceptara que el cuerpo fuera sepultado en Cúcuta; al no
aceptar, estos responsabilizaron a los familiares de lo que pudiera suceder durante el
entierro en medio de una manifestación de 5.000 personas, entre las cuales se encontraban
varios padres de familia. Las amas de casa llevaron a cabo sucesivos bloqueos de las calles
con bombonas de gas y se convirtieron desde ese momento en una fuerza decisiva de la
sorprendente organización popular.
Para reforzar la represión de las fuerzas armadas, empezaron a llegar refuerzos militares del
Socorro y Pamplona. Los estudiantes de AUDESA organizaron brigadas de agitación en los
barrios y ayudan a crear comités cívicos populares. Después de la muerte del joven
estudiante, también los padres de familia se unen a las manifestaciones. La policía llevaba
machetes y adelantaba batidas y operaciones rastrillo en los barrios en busca de “agitadores
subversivos”.
Más de 30 personas entre estudiantes y pobladores fueron heridos a bala, culata, piedra o
esquirlas de las granadas de gases lacrimógenos lanzados por la fuerza pública. Además,
TRESCIENTAS PERSONAS fueron detenidas y nueve de ellas fueron llevadas a consejo de
guerra; la gran mayoría de ellas estaban incomunicadas y muchas fueron torturadas durante
los interrogatorios.
La creación del comité ejecutivo, conformado por un representante de la AUDESA, uno de la
Federación de Trabajadores de Santander (FESTRA), uno de la Unión de Trabajadores de
Santander (UTRASAN), un representante del Magisterio, uno de los bancarios y uno de los
comités de los barrios populares, fijó un programa de lucha, cuyos principales puntos eran:
el levantamiento del toque de queda y de la intensa militarización de la ciudad, liberar a los
detenidos, suspender de los juicios y los consejos verbales de guerra, rebajar las tarifas del
transporte en un 50% en los buses viejos, arreglar las vías, solucionar el problema de
abastecimiento de gas y congelamiento de tarifas; exigir la financiación adecuada de los
hospitales, el control de la ola de alza general en los precios y cabildo abierto para discutir
los problemas más urgentes de la ciudad.
La mayor movilización promovida por el comité cívico popular fue el paro cívico convocado
para el martes 4 y 5 de noviembre y que se realizó con una participación total de todos los
sectores urbanos y más de 50 organizaciones gremiales. Las fábricas quedaron paralizadas
en un 95% y fueron bloqueadas las vías a Bogotá, Barrancabermeja y la Costa, además se
levantaron barricadas en todos los barrios.
Durante las protestas que se llevaron a cabo el 5 de noviembre los estudiantes, JAIRO
TORRES, CARLOS PORTILLA, HERMES ALIRIO ARCINIEGAS y PEDRO MARTINEZ DURAN,
fueron heridos por miembros de la fuerza pública.
En la tarde del miércoles 5 de noviembre se intentó hacer una movilización hacia el centro,
que fue violentamente atacada a bala, bolillo y gases lacrimógenos por el ejército, junto con
numerosas detenciones. Entre los pobladores que fueron arrestados figuraban GERARDO
ARDILA, presidente de la asociación de profesores de secundaria, TIBERIO TRESPALACIOS,
presidente nacional de Aseimen, CARLOS DUARTE del sindicato metalúrgico y el concejal de
la Unión Nacional de Oposición (UNO) y GILDARDO JIMÉNEZ. UTRASAN y FESTRA
manifestaron que si estos dirigentes no eran puestos en libertad el paro sería prolongado
indefinidamente.
99
Los dirigentes de los gremios industriales y del comercio se dirigieron al gobierno para que
acentuara las medidas represivas ante la fuerza creciente del paro cívico, que como muestra
de organización popular se estaba convirtiendo en todo el país en uno de los máximos
problemas del Estado. El movimiento cívico de Bucaramanga se extendió a los municipios
vecinos de Piedecuesta y Floridablanca donde los alcaldes decretaron toque de queda.
Durante el mes de junio de 1976, tres estudiantes más, JUAN FRANCISCO MARTINEZ,
HUMBERTO NARANJO OCAMPO, JORGE CRUZ MARTINEZ fueron heridos por miembros de la
policía, también durante la realización de una protesta popular.
A fines de julio de 1976 se presentaron protestas en varias ciudades del país por el alza en
las tarifas del transporte. En Cali resultaron heridas 10 personas y 155 más fueron
detenidas; en Medellín también hubo numerosos heridos y 15 personas detenidas y en Pasto
se presentaron pedreas, siendo detenidas 2 personas. Para el caso de Bucaramanga, el 26
de julio de 1976 el estudiante de 14 años de edad PEDRO VICENTE RUEDA MONTAÑEZ fue
asesinado por miembros de la policía durante las mencionadas protestas por el alza en las
tarifas. Durante el entierro simbólico de Pedro Vicente tres personas fueron heridas y 200
más fueron detenidas por la policía. Además de la muerte del joven, el estudiante
HUMBERTO NARANJO OCAMPO fue herido por miembros de la policía.
Los siguientes casos de agresión al sector estudiantil se presentaron en octubre de 1977,
mes en el cual ORLANDO VILLAMIZAR, ARMANDO SERRANO, HERNANDO GOMEZ y JORGE
E. MENDOZA fueron detenidos por la policía. La misma suerte corrió JOSE DE JESUS PARRA,
detenido por la policía el día 14 de ese mes con limitación de garantías procesales.
En 1979 se registró una vez más la represión contra el sector estudiantil en la capital
santandereana. En el mes de julio fue herido HERNANDO PISA por miembros de la policía.
La persecución al sector estudiantil continuó en la década del ochenta. A la par con la
constante irrupción y entrometimiento estatal en el quehacer académico de los estudiantes
en actos como movilizaciones, protestas y la crítica hacia la realidad social. Tanto fuerza
pública como paramilitares flagelaron reiteradamente a la comunidad universitaria.
Diferentes escenarios dieron cuenta de procedimientos coercitivos y acciones violatorias de
los derechos fundamentales de los estudiantes, donde se contenía la práctica de crímenes de
lesa humanidad.
El campo de acción de las organizaciones paramilitares en Bucaramanga se esparció por la
totalidad de ámbitos sociales de la ciudad, abarcando todos sus estamentos y grupos
representativos. La ciudad universitaria también debió contener el avance de las fuerzas
irregulares, que emprendieron toda clase de acciones tendientes a mantener bajo sus manos
a los estudiantes utilizando instrumentos violentos y opresivos.
Con el pasar de los años y el agotamiento de la represión centralizada e institucional, la
fuerza pública comenzó a hacer uso de la violencia irregular para intimidar a los estudiantes
y eliminar a aquellos que se negaban a acallar sus voces. Lo anterior se pone de manifiesto
el 10 de agosto de 1983, cuando el estudiante de la Universidad Industrial de Santander
JUAN CARLOS PORRAS MARTINEZ, fue detenido y desaparecido durante varios días por
agentes de la policía.
Ese día Juan Carlos se movilizaba en una moto junto con un amigo, cuando fue detenido por
los uniformados. Luego de la detención el aprehendido no volvió a aparecer. Posteriormente
varias emisoras de la ciudad dieron la noticia de que Juan Carlos estaba sindicado por
presunta vinculación con el ELN.
100
A partir de 1984 en adelante se ve un incremento más manifiesto de las agresiones y
hostigamientos estatales, que obedecen a una política regular y consecuente de un modelo
represivo puesto en marcha por toda Bucaramanga. Esta situación fue denunciada en varias
ocasiones por organizaciones estudiantiles y sociales donde se pedía el respeto a la libertad
de expresión, de organización, y movilización del movimiento estudiantil, concretamente el
de la universidad pública.150
El acompañamiento de los estudiantes de la UIS a las movilizaciones populares se constituyó
en un motivo para que la fuerza pública emprendiera todo tipo de acciones en su contra
como una especie de castigo a su participación y apoyo. Uno de los casos más
representativos de este tipo de agresión, se presentó el 13 de agosto de 1984, día en que
los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander MARCO TULIO ORTEGA, GRACIELA
TRISTANCHO y JOSUE VALDIVIESO fueron detenidos por agentes de la fuerza pública en
inmediaciones del claustro educativo. Los miembros de la fuerza pública pretendían reprimir
una posible protesta de los estudiantes en desarrollo del paro cívico convocado por la
muerte del miembro desmovilizado del M-19 Carlos Toledo Plata, asesinado por
paramilitares del MAS en la misma localidad.
El 8 de mayo de 1984, los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander LEONIDAS
RUEDA RUEDA, CARLOS AUGUSTO IBAÑEZ RUEDA, JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA,
NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO, ALBERTO MANTILLA PERREZ, ALBERTO GARCIA
GARCIA, BERTA MARQUEZ FRANCO, LUZ STELLA CADENA SUAREZ, BLANCA MYRIAM
SUAREZ JAIMES, SONIA CHAPARRO GARCIA, TATIANA ROA AVENDAÑO, CARMEN EDITH
MARTINEZ MENDOZA, JOSE DEL CARMEN BAUTISTA SUAREZ, MIGUEL ANGEL BONILLA
VILLALBA, OSCAR ACUÑA BARRAGAN, GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER, LUIS CARLOS
MALDONADO RUIZ, HERNANDO PIZA CARAVIQUE, FRANCISCO JAVIER BERBEO NOCUA,
DANIEL AUGUSTO REYES FERRO, CARLOS ALBERTO LEAL NIÑO, MARTA CECILIA
GUTIERREZ PORTILLA, ROSA ELVIA JEREZ CABALLERO, MARIA EUGENIA GUTIERREZ
PORTILLA, y CUATRO ESTUDIANTES más, fueron detenidos durante una marcha pacífica
por agentes de la policía en el centro de Bucaramanga151.
Ese día como de costumbre, la comunidad universitaria se dirigía a la UIS para empezar las
labores académicas diarias, cuando se encontraron con la sorpresa de que el alma mater
había sido cerrada sin ningún motivo. Posteriormente la universidad fue allanada y las
residencias universitarias desalojadas por orden del rector Jaime Luis Gutiérrez. Ante la
grave situación, los estudiantes resolvieron citar una Asamblea en la facultad de salud,
donde fueron encerrados y detenidos por la fuerza pública y conducidos a las instalaciones
del F-2. Los jóvenes fueron dejados en libertad el 11 de mayo.
Cuatro de los detenidos fueron sancionados con una multa de $120.000.oo, y ocho con
$100.000. Las sanciones fueron cambiadas por el arresto porque la mayoría de ellos eran
hijos de personas humildes que apenas subsistían con el salario mínimo de la época.
Además, a estos 12 estudiantes el rector de la universidad los sancionó con la cancelación
150
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander); Comité Universitario de
solidaridad UIS (CUS-UIS): manifestaciones de la represión del sistema imperante contra el
movimiento estudiantil durante el periodo mayo 1/84 a diciembre 6/85 en la ciudad de Bucaramanga.
Documento autónomo, Bucaramanga, diciembre de 1985. Sindicato de Trabajadores de la UIS
“SINTRAUIS”; Comité Universitario de Solidaridad “CUS”; Grupo de Estudio y Trabajo “Nueva Cultura”.
Cese la represión, Documento Autónomo, Bucaramanga, enero 24 de 1986.
151
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Comunicados de prensa
y radio números 002 y 003, Bucaramanga, mayo 9 y 14 de 1984.
101
de 6 y 4 semestres, sin base alguna y sindicándolos de ser los causantes de los supuestos
desordenes en la UIS.
Varios estudiantes de la universidad, fuera del contexto anteriormente descrito, fueron
objeto de estigmatización y señalamientos por parte de autoridades estatales. Paralelo a
ello, las estructuras paramilitares arremetieron contra los estudiantes desde mediados de
1984. El 13 de agosto de 1984, el estudiante de Ingeniería Mecánica ORLANDO RENDON,
fue desaparecido por el grupo paramilitar MAS en Bucaramanga, según denuncias de la
Procuraduría General de la Nación. Ese mismo día se llevaba a cabo en la ciudad un paro
cívico en protesta por el asesinato del miembro desmovilizado del M-19 Carlos Toledo Plata,
hecho que desencadenó una serie de actos perpetrados en contra de sus participantes.
En 1985 se incrementaron los hostigamientos contra la comunidad universitaria. El 21 de
febrero de 1985, los estudiantes OSCAR SANCHEZ, JAIME CARVAJAL y JORGE PABON fueron
detenidos y torturados durante operativos realizados por efectivos de la V Brigada. Los
operativos se realizaron en represalia por una jornada de protesta desarrollada por
estudiantes y trabajadores en las instalaciones de la universidad. Los jóvenes fueron
detenidos en inmediaciones del centro educativo, en la carrera 25 entre calle 9ª y 10ª por
miembros de organismos de seguridad del estado, vestidos de civil y armados, quienes los
obligaron a acostarse en el piso, agrediéndolos con patadas, golpes de culata y palabras
soeces. Luego fueron obligados a subir a una camioneta perteneciente a la empresa del
acueducto Metropolitano, dirigiéndose a las instalaciones de al V Brigada.
Al ingresar a la unidad militar, un oficial expresó “¿cómo?, los trajeron vivos? la orden era
matarlos”152. Entonces, los militares procedieron a elaborar un montaje fotográfico y un
informe oficial vinculándolos a hechos delictivos. Durante su permanencia en la Brigada
fueron objeto de torturas, con variedad de golpes en la espalda y piernas, cuando estaban
acostados boca abajo se les pararon encima y les obligaron a tragar arena presionándoles la
cabeza con las botas. A media noche los despertaron con reflectores y montajes de
acusaciones, al parecer de civiles que los señalaban. En varias ocasiones intentaron
agredirlos justificados en la “ley de fuga”, donde les brindaban la oportunidad de evadirse;
les dejaban las puertas de las celdas abiertas o dejaban armas olvidadas en el sitio de
reclusión. Por último, fueron obligados a firmar documentos acusatorios para ser utilizados
después como prueba contra ellos y también a firmar constancias de buen trato.
Estas acciones se desarrollaron en el marco de la represión estatal contra el movimiento de
estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, actividad que se intensificó en
1984 y 1985. Dentro de la misma campaña de sometimiento estatal dirigida a todos los
sectores sociales sin consideración, a comienzos de febrero de 1984 en Barrancabermeja y
Cúcuta se realizaron allanamientos a sedes sindicales tales como: Fedepetrol, Sintrafercol, y
otras; se produjeron detenciones masivas e ilegales de sindicalistas, y se perpetró el
atentado contra el Presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), Ángel
Toloza, el cual quedó gravemente herido. Además, a finales de 1984 fueron detenidos los
dirigentes del Magisterio Isidro Caballero y Raúl Hernández, y otros trabajadores
sindicalizados de Coca Cola.
Poco tiempo después del Paro cívico que se realizó el 5 de noviembre de 1985 en la capital
santandereana, fueron detenidos el 12 de ese mes los estudiantes de la UIS CLAUDIA
ESCOBAR JEREZ y JAVIER MARIN RODRÍGUEZ, por efectivos del F-2. Desde la detención de
los estudiantes no se volvió a saber nada sobre su paradero hasta el 14 de noviembre,
cuando los comunicados proferidos por las fuentes judiciales mencionaron que los
152
Comité Universitario de Solidaridad CUS. Denuncia pública, Bucaramanga, febrero de 1985.
102
aprehendidos se encontraban en las instalaciones del F-2 por motivos de “sospecha”.
Transcurrido un tiempo después de su detención, no se sabía cuál cargo o delito se les
imputaba, ni se tenía conocimiento de su situación jurídica.
Quince días más tarde, siendo las 5:30 a.m. del 28 de noviembre de 1985, agentes del B-2
de la V Brigada allanaron la casa del educador ABEL PICON FLOREZ, quien desempeñaba su
profesión en el Colegio Salesiano y en las facultades del Instituto Tecnológico de Santander
en Bucaramanga. Así mismo, en la diligencia efectuada por los militares fueron detenidos los
estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander (UIS), MIGUEL
PALACIOS y ARMANDO BECERRA, quienes vivían en la casa del profesor ubicada en la calle
13 # 26-24 de la capital santandereana.
Las operaciones intimidatorias contra la comunidad universitaria de la UIS prosiguieron el 4
de diciembre de 1985. Ese día, a la 1:30 de la tarde, los estudiantes de Ingeniería
Metalúrgica, LUIS ALFONSO DIAZ VILLABONA, LUIS GERARDO VEGA y MANUEL MORENO
fueron detenidos por unidades del ejército pertenecientes a la V Brigada en la tienda “La
Fe”, en cercanías al claustro universitario. Los estudiantes habían salido de la universidad y
se dirigieron al sitio mencionado. Allí se encontraban tomando unos refrescos cuando
llegaron los uniformados y los detuvieron. Los militares sometieron a los tres aprehendidos a
una intensa requisa y a pesar de no habérseles encontrado nada más que sus libros, los
obligaron a caminar hacia las instalaciones de la unidad militar mencionada encañonándolos.
El 23 de enero de 1986, 17 personas vinculadas como estudiantes, trabajadores o egresados
de la UIS fueron detenidas y torturadas después de que sus casas fueran allanadas. Entre
las víctimas se encontraban los estudiantes de la UIS JANETH DIAZ LATORRE (Ingeniería
Metalúrgica), ALBERTO PINEDA VANEGAS (Ingeniería Eléctrica), JAVIER BERBEO (Ingeniería
Eléctrica), el estudiante de Medicina y militante de la UP ANTONIO BERBEO, la empleada
LINA ROSA PEREZ DE NÚÑEZ y el ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de
Santander CARLOS NUÑEZ MARTINEZ. Durante los allanamientos, los estudiantes y
funcionarios fueron torturados y sindicados por unidades del CIAES de poseer un arsenal y
tener un plan terrorista para atacar varias dependencias.
De la misma forma GUSTAVO DIAZ LATORRE, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la UIS y
NELSON MORENO, trabajador de la misma universidad, fueron detenidos en un allanamiento
practicado a sus casas. Los autores de las acciones contra Gustavo fueron los mismos que
violentaron a los demás miembros de la comunidad universitaria. Los agresores hicieron
firmar a Gustavo un acta de allanamiento y una hoja en blanco; entretanto, los captores de
Nelson y autores de la diligencia de allanamiento fueron agentes del DAS, quienes lo
pusieron a disposición del F-2. El despliegue militar dispuesto en la ciudad en esa fecha se
dispuso en varias zonas de la ciudad, donde se efectuaron más allanamientos y detenciones,
cuyos afectados particularmente tenían como denominador común el estar vinculados como
estudiantes, trabajadores o egresados de la UIS153.
Tres meses mas tarde, el 21 de marzo de 1986 al mediodía, el estudiante de último
semestre de ingeniería eléctrica de la UIS y dirigente estudiantil ALBERTO PINEDA VANEGAS
fue asesinado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta Kawasaki azul con
153
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH. Itinerario de la Represión
Militar y Paramilitar en Colombia, 1986. p. 8. Sindicato de Trabajadores de la UIS SINTRAUIS; Comité
Universitario de Solidaridad CUS; Grupo De Estudio y Trabajo "Nueva Cultura". Cese La Represión,
Bucaramanga, enero 24 de 1986. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional
Santander). Comunicado de Prensa y Radio No. 001, Bucaramanga, enero 23 de 1986.
103
placas PCC 95, cuando transitaba por las inmediaciones de la Clínica San Luis, ubicada en la
calle 48 con carrera 26.
Anteriormente, el 23 de enero del mismo año, Alberto había sido detenido y torturado en
compañía de otros estudiantes de la UIS, en un operativo militar desplegado por toda la
ciudad, en el cual allanaron también su casa. Producto de lo anterior fue la acusación hecha
por los militares sobre Alberto, afirmando que en su vivienda habían encontrado un arsenal
con el que iba a ejecutar planes terroristas en la capital santandereana, debido a que él era
miembro del ELN. A pesar de la sindicación, Alberto fue liberado un mes después de su
detención por no habérsele encontrado mérito para llamarlo a un juicio, pero con la
condición de que se presentara periódicamente ante un juez de la V Brigada. Una vez libre
de todo cargo, el estudiante regresó a culminar sus estudios en la universidad.
El día anterior a su asesinato, Alberto cumplió por última vez con la diligencia obligatoria que
tenía en la unidad militar. Cabe resaltar que tiempo atrás el estudiante le manifestó a un
amigo que “temía por su vida, ya que había sido víctima de amenazas por parte de personas
desconocidas que se pronunciaban a través de escritos”. Una fuente señala que eran
agentes secretos, pero otra índica que por la forma en que los sicarios segaron la vida del
joven estudiante de la UIS, se presume que hacían parte de un grupo paramilitar154. Lo que
si queda claro, es la constante persecución e intimidaciones que estas dos estructuras
profirieron contra el dirigente estudiantil, lo cual conlleva a pensar en la responsabilidad
conjunta de los mismos en la comisión del crimen.
La escalada de violencia contra los integrantes de la UIS se reanudó cuatro meses después
de la muerte de Alberto. El 16 de julio de 1986 a las 6:00 a.m., unidades de la SIJIN en
compañía de varios agentes vestidos de civil allanaron sin orden judicial alguna las
residencias de los estudiantes VICTOR JULIO VALENCIA y WILSON CONTRERAS PEDRAZA,
este último estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander
(UIS). Ambos fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la V Brigada en
Bucaramanga, donde los sindicaron, al igual que a cuatro personas más de pertenecer al
ELN y de poseer una imprenta para elaborar propaganda de ese grupo guerrillero.
El alcance del continuo acoso a los miembros de la UIS por parte de la fuerza pública para
tener a su estudiantado bajo total control, se inmiscuía en los encuentros estudiantiles
realizados en las instalaciones del claustro educativo, sin importar que los estudiantes
vinieran de otras partes del departamento o fueran menores de edad. El Encuentro Regional
Estudiantil “Alberto Pineda y William Camacho” llevado a cabo en mayo de 1987155 se llevó a
cabo el 1 de mayo. Pocas horas después de su puesta en marcha, los estudiantes JORGE
CARDONA y ELSA PATRICIA GOMEZ, la última menor de edad, fueron detenidos y torturados
por agentes del F-2 mientras asistían al acto cultural de apertura en la concha acústica de la
UIS.
Ese día, a eso de las 12:30, los estudiantes se desplazaron desde Barrancabermeja para
participar en el Encuentro Regional Estudiantil que comenzó a desarrollarse en el claustro
universitario. Una vez fueron aprehendidos, sus captores los trasladaron a las instalaciones
de la SIJIN de la ciudad donde procedieron a torturarlos, sindicándolos de pertenecer a la
subversión, siendo por último reseñados y despojados de sus pertenencias. El hecho fue
denunciado por el comité de impulso regional mediante comunicado del 2 de mayo del
154
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos “Christian Roa”. Boletín de prensa,
Bucaramanga. Agosto de 1989. p. 4.
155
Comité Regional de Impulso Encuentro Estudiantil “Alberto Pineda y William Camacho”. Denuncia
Pública, Bucaramanga, mayo 2 de 1987.
104
mismo año, en el cual se mencionaba “el desconocimiento sobre la suerte de los
aprehendidos”156. Algunas horas después, los estudiantes JOSE MANUEL MUTIS GARCIA y
ELKIN RINCON ROJAS (también menor edad) fueron detenidos y torturados por agentes del
F-2, al igual que Elsa y Jorge.
Los jóvenes se encontraban en el paradero de buses ubicado en la calle 35 con carrera 27,
sitio cercano al campus universitario de la UIS. Allí fueron detenidos por sujetos que se
transportaban en un vehículo marca Daiatsu azul claro, los cuales los introdujeron a la
fuerza en el auto donde comenzaron a golpearlos. Luego los condujeron a las instalaciones
del F-2 donde los torturaron y golpearon indiscriminadamente, además de acusarlos de ser
guerrilleros, siendo al final reseñados. Sólo hasta el día siguiente liberaron a los cuatro
estudiantes, pero con la condición de presentarse dos días después en el mismo lugar. Tanto
Elkin como José y los otros dos estudiantes recluidos en el F-2 provenían de
Barrancabermeja y se encontraban en la ciudad para asistir al encuentro regional, cuya
realización fue entorpecida debido a las acciones represivas de la inteligencia policial. Las
circunstancias bajo las cuales los cuatro jóvenes fueron detenidos y maltratados se
describen en el siguiente aparte:
El hostigamiento contra las reuniones estudiantiles
“(...) siendo aproximadamente las once y cuarto de la mañana del día primero de mayo de los
corrientes [1987], los alumnos ELSA PATRICIA GOMEZ y JORGE CARDONA salían de ver el
encuentro cultural del primero de mayo en la concha acústica, y a unos escasos metros del lugar
fueron interceptados en el interior de una heladería por personas que hasta el momento no se conoce
su identidad. La compañera Elsa fue obligada a subir a un vehículo azul, al momento que el otro
alumno era encañonado y amenazado de muerte si hablaba, y obligado a taparse la cara y subir al
mismo vehículo. En el transcurso del recorrido se les encapucho y se les tildó de guerrilleros de
diferentes grupos, y a la vez que negaban tal sindicación, el compañero Jorge Cardona era vilmente
ultrajado y golpeado en la cabeza y espalda; y fueron despojados de sus pertenencias.
Luego fueron embarcados en otro vehículo, y al llegar a un determinado sitio y con la cara de los dos
compañeros bien cubierta, se les exigió quitarse las camisas, cosa a la cual se rehúso la compañera
que fue dirigida a otro sitio donde se sobrepasaron los límites del respeto. El trato dado a Jorge
Cardona fue diferente: se hizo una ronda y fue golpeado con placer sádico y vilipendiado, tratándolo
de subversivo; y cuando ya no resistió mas los golpes fue arrastrado de un pie hasta los baños del
establecimiento [SIJIN], donde fue interrogado, golpeado y esposado. Un rato después fue dirigido a
una celda con otros presos. Luego lo soltaron junto con su compañera y otros tres hombres,
después de haberle tomado las huellas digitales y ser reseñado.
Media hora después de la detención de los compañeros Gómez y Cardona, fueron detenidos otros
dos compañeros cuyos nombres responden a los de ELKIN RINCON ROJAS y JOSE MANUEL
MUTIS GARCIA, por hombres que se transportaban en un Daiatsu azul claro, en la parada de bus
de la calle 35 con carrera 27; y los embarcaron, siendo maltratados en el interior del mismo, y
conducidos a la estación 41 del F-2, donde los cogieron de balón de fútbol, maltratados con patadas
y golpes con tablas. Después los esposaron de la mano y de los pies, y al rato los amarraron a la reja
del calabozo con la cara cubierta con las mismas camisas; y los insultaron vulgarmente diciendo que
eran guerrilleros. Posteriormente los introdujeron a la celda con los demás compañeros. Les tomaron
las huellas digitales; además tomaron fotos de frente y de perfil como a cualquier criminal.
156
Ibíd.
105
El compañero Elkin Rincón fue despojado de su billetera, y le sacaron 500 pesos que tenía para sacar
unos papeles de la gobernación.
El sábado dos de mayo fueron puestos en libertad los compañeros Jorge Cardona, Elsa Patricia
Gómez, Elkin Rincón y José Manuel Mutis, todos provenientes de Barrancabermeja al Encuentro
Regional Estudiantil, que se celebraba en la ciudad los días 1, 2, y 3 de mayo. Con ellos también salió
un joven de Zapamanga. La condición para poder salir era que debían presentarse el día lunes 4 de
mayo a las 8:00 a.m. en una inspección cercana al sitio donde estaban presos [la SIJIN] (...).
FUENTE: Apartes de la carta enviada a Antonio Chaparro Vega, Procurador Regional de Santander.
Bucaramanga, 3 de mayo de 1987
El rechazo constante de las organizaciones sociales y los mismos estamentos universitarios
se aunaron para una vez más conjurar la represión en el “Foro por la Vida y la Defensa de la
Libertad para Pensar”, convocado para el 9 de septiembre de 1987, evento que contó con el
apoyo y la promoción de las directivas de la UIS.157
Pero el rechazo contra la escalada de violencia de que eran sujetos la
comunidad de la UIS, no detuvo la victimización de sus estudiantes. El
14 de octubre de 1988, CARMENZA LANDAZABAL ROSAS, estudiante
de trabajo social de la UIS y su compañero OSWALDO ENRIQUE
GOMEZ ROMERO, desaparecieron en circunstancias desconocidas en el
Terminal de Transportes de Bucaramanga. Carmenza se encontraba
anteriormente en el municipio de Tona (Santander) donde dio a luz a
una niña el 9 de mayo de 1988. En ese municipio vivió cerca de 6
meses al lado de su familia.
El 8 de octubre Oswaldo, su esposo, fue a visitarla junto con su mamá, la señora Carmela
Romero desde Barranquilla. Los dos permanecieron hasta el día 11 de ese mes y luego, con
la bebe y Carmenza viajaron hacia Bucaramanga. La familia permaneció en la capital por
espacio de cuatro días. De acuerdo con la versión de Carmela Romero, ella estuvo con su
nuera y su hijo todo ese lapso de tiempo. La familia tenía planeado devolverse para
Barranquilla el día 14, porque habían comprado los pasajes para viajar los cuatro a esa
ciudad en dicha fecha. La hora señalada para la salida en el terminal era las 4:30 a.m.
Momentos antes Carmenza le dijo a su suegra que “le cuidara la niña un momento, porque
Oswaldo y ella iban a traer algo que se les había olvidado”158. Llegó el momento de tomar la
partida, y los dos no volvieron a aparecer, motivo por el cual la señora Romero viajó con su
nieta pensando que ellos habían decidido no viajar con ella o irse después en otro bus.
Nunca se volvió a saber nada de los ausentes, pues cuando la señora llegó a Barranquilla,
sus parientes no la volvieron a llamar ni se comunicaron de ninguna forma con ella.
Por la desaparición de Carmenza Landazabal Rosas y Oswaldo Enrique Gómez Romero, una
hermana de aquella, Gladys Victoria, se dirigió al Procurador Regional de Bucaramanga, el
cual no aceptó la denuncia. Por esto, Gladys decidió poner en conocimiento directamente de
lo sucedido al Procurador General de la Nación mediante una carta enviada el 8 de enero de
1989. A pesar de la lentitud e improcedencia con que el ministerio público había recibido el
157
Consejo de Profesores de la UIS. Convocatoria a la comunidad universitaria, Bucaramanga.
Septiembre 4 de 1987. Consejo Académico de la UIS. Comunicado, Bucaramanga ciudad universitaria,
septiembre 9 de 1987.
158
Carta enviada al Procurador General de la Nación. Tona (Santander), 8 de octubre de 1989.
106
caso, organizaciones internacionales se interesaron por el mismo para colaborar en el
esclarecimiento de las circunstancias que llevaron a la desaparición de los esposos Gómez
Landazabal159. Por otro lado el Personero Municipal de Bucaramanga indagó en los registros
del comando Antiextorsión y Secuestro CIAES, sobre una posible detención de las víctimas
por parte de la fuerza pública, sin encontrar dato alguno sobre esa situación.
Las denuncias y expresiones de inconformidad ante la oleada de la violencia regular e
irregular en contra de la comunidad universitaria de la UIS lograron que las jornadas de
persecución cesaran por un breve lapso de tiempo. Sin embargo, en 1989, los organismos
de inteligencia del estado recrudecieron su accionar contra el sector estudiantil, uno de los
más asediados y estigmatizados del establecimiento a la par con los trabajadores de
SINTRAUIS, asociación gremial de los trabajadores de la Universidad, y el Comité por la
Defensa de los Derechos Humanos “Christian Roa”, organización que surgió como resultado
de los múltiples vejámenes e intimidaciones a los que fueron sometidos los miembros de
este centro universitario. El 14 de marzo de 1989, los estudiantes de la UIS, ANTONIO
BERBEO (Medicina) y OMAR SUAREZ MEJIA (Historia), sufrieron un atentado perpetrado por
cuatro agentes del F-2 que los atacaron con disparos de arma de fuego en la calle 9 con
carrera 24 de Bucaramanga.
Omar y Antonio caminaban tranquilamente por aquel sector, cuando de repente los policías
los atacaron a tiros, desde un carro marrón en el que se movilizaban. Omar
instantáneamente corrió y se alejó del lugar yendo en dirección a una residencia de la zona,
de donde fue sacado y detenido a la fuerza por sus agresores, quienes se identificaron como
miembros del organismo de inteligencia. El atentado a los estudiantes, y la detención de uno
de ellos, sucedió en el tiempo en que se estaba desarrollando el “Primer Taller Sobre
Derechos Humanos de la UIS”, en conmemoración del primer aniversario del asesinato del
activista de SINTRAUIS José Antonio Bohórquez Jaimes. Este era el segundo caso de
persecución contra los encuentros de discusión y debate promovidos por estudiantes y
universitarios al interior de la universidad, con el fin de expresar el rechazo y la
inconformidad ante la escalada paraestatal y el sometimiento de la población en la región.
Finalizando la década de los ochenta, a las detenciones, sindicaciones y torturas proferidas
contra los estudiantes de la UIS, se sumaron las desapariciones, efectuadas tanto por los
organismos de inteligencia del estado como por las estructuras paramilitares. El 1 de
octubre de 1989, el estudiante de Ingeniería de Petróleos de la UIS, JAIME ALBERTO
OCHOA, fue desaparecido aproximadamente a las 2 de la tarde mientras salía de su
residencia en Bucaramanga. Con este caso se cerró uno de los lapsos más cruentos en la
fuerza de la violencia que cobijo a la UIS, en particular a su estudiantado.
2.3.1 La Universidad Cooperativa, INDESCO
Los estudiantes de las universidades privadas también se convirtieron en uno de los focos de
la represión paraestatal, al desarrollar distintas actividades y proyectos en pro del
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes más desfavorecidos de la capital
santandereana. Uno de los centros de educación superior cuyos miembros apoyaron
masivamente al movimiento cívico popular de la ciudad fue La Universidad Cooperativa
INDESCO. El compromiso social de sus estudiantes les acarreó, al igual que a los estudiantes
de otros centros como la UIS y la UNAB, la persecución y el señalamiento del Estado y los
159
Amnistía Internacional. Carta enviada al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
(Seccional Santander), Londres, junio 20 de 1990.
CSPP
107
grupos paramilitares que perseguían el control definitivo de Bucaramanga, considerada por
muchos como la ciudad más importante del Nororiente Colombiano.
Las primeras agresiones contra la comunidad de la INDESCO corrieron por cuenta de los
cuerpos de inteligencia estatales. El 11 de abril de 1982, ALVARO ACOSTA, estudiante de
Economía de la Universidad Cooperativa INDESCO, fue detenido por agentes del B-2 de la V
Brigada, siendo posteriormente conducido a las instalaciones de esta unidad militar. Una vez
recluyeron al joven allí, lo obligaron a permanecer en el lugar por nueve días totalmente
incomunicado y sin posibilidad de asistencia judicial. Luego, y sin explicación o prueba
alguna, fue condenado a 3 meses de prisión en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Ante esto
el Consejo Superior Estudiantil de la universidad emitió un comunicado donde exigía que se
liberara inmediatamente a su compañero por la injusta situación que estaba viviendo por su
aprehensión.
Tiempo después la represión se hizo a manos de paramilitares. El 16 de diciembre de 1985,
el estudiante de sociología de la Universidad Cooperativa de Colombia (INDESCO) RICARDO
SANCHEZ, fue retenido por un grupo de civiles desconocidos que se movilizaban en varios
vehículos y dos motos, en cercanías a las instalaciones de la universidad, cuando Ricardo se
encontraba asistiendo a clases a las 8:30 de la noche. Un día después de la retención de
Ricardo, su casa fue allanada. Como una fuente lo indica, en días pasados a los hechos, en
las mismas instalaciones universitarias se realizó un atentado contra otro estudiante de
dicha universidad160. Los hostigamientos contra los líderes de la INDESCO se reiteraron el 5
de mayo de 1988, fecha en la cual uno de los principales dirigentes estudiantiles de la
Universidad fue asesinado en la localidad de Barrancabermeja.
2.3.2 La Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB
Las organizaciones estudiantiles de la UNAB se convirtieron en espacios de apoyo y
construcción de alternativas a las problemáticas sociales que enfrentaban los pobladores de
los sectores populares de la ciudad de Bucaramanga. En su interior surgieron varios comités
que, preocupados por la oleada de violencia en la ciudad y la arremetida paraestatal contra
las organizaciones cívicas, comunales, sindicales y estudiantiles decidieron expresar su
inconformidad ante la administración municipal y adherirse a las protestas sociales, con el
fin de exigir el respeto a los derechos fundamentales de toda la población y el cese de la
violencia regular e irregular.
El 10 de agosto de 1984, tres estudiantes de esta institución, CARLOS IBARRA, ANTONIO
MANRIQUE y SARA YADIRA BALAGUERA, fueron detenidos por agentes del B-2 de la V
Brigada, quienes los trasladaron a las instalaciones de esta unidad militar sin definirles su
situación. Ese mismo día paramilitares pertenecientes al MAS, asesinaron al dirigente
desmovilizado del M-19 Carlos Toledo Plata en la misma ciudad. Este asesinato desencadenó
multiplicidad de atropellos y arbitrariedades por parte de agentes del estado, debido a las
afirmaciones del gobierno y de las fuerzas militares de la posible vinculación en el crimen de
grupos de izquierda.
A finales de 1986, los efectivos de la V Brigada reiteraron su intolerancia contra los
estudiantes de la UNAB. El 17 de diciembre de ese año, la estudiante de pre escolar
ESPERANZA PAREDES VANEGAS, fue detenida por un grupo de militares que la condujeron a
las instalaciones del ejército, después de allanar su vivienda.
160
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Comunicado de Radio y
Prensa, Bucaramanga, diciembre 17 de 1985.
108
2.3.3 Asociación Universitaria de Estudiantes de Santander, AUDESA
La política represiva y arbitraria llevada a cabo por organismos estatales contra la
organización estudiantil, tendiente a vulnerar y socavar las mismas, fue utilizada contra uno
de los movimientos más trascendentes y representativos de esos movimientos: la Asociación
Universitaria de Estudiantes de Santander161. Esta agremiación fue blanco de agresiones por
parte del estado, a través de la violencia regular e irregular, y en concreto contra sus
miembros y dirigentes. Las denuncias que realizaba AUDESA acerca de la creciente
militarización de la que era objeto la universidad pública, (pues varios de sus integrantes,
por no decir la mayoría pertenecían a la UIS), eran consecuencia del acoso a que eran
sometidos. El control militar cercaba cada vez más a los estudiantes; requisas, controles a la
salida y entrada del centro educativo, desvió de buses, uniformados que portaban armas de
fuego en cercanías a la misma, solo son algunos de los ejemplos de las tácticas y
procedimientos encaminados a callar la protesta estudiantil que demandaba la solución de
los verdaderos problemas sociales existentes en la ciudad: alza de matrículas, disminución
gradual de los servicios de bienestar universitario, autofinanciación, etc. Las directivas
universitarias no hacían nada al respecto y más bien aceptaban los métodos empleados, en
parte por la presión de las autoridades militares. Pero lo más grave de todo es que muchos
de los estudiantes agremiados de AUDESA fueron detenidos y encarcelados, fundando el
accionar estatal en una militancia activa en grupos guerrilleros162, y en delitos inexistentes,
lo cual escondía la verdadera estrategia ofensiva contra la asociación por las censuras que
proponían y denunciaban;163 todo bajo el manto del Estado de Sitio164.
Los vejámenes proferidos por la fuerza pública contra los miembros de AUDESA comenzaron
el 11 de julio de 1984. En esa fecha, LEONOR PULIDO DE DURAN de 33 años, estudiante de
último semestre de Trabajo Social de la UIS, e integrante de la Asociación Universitaria de
Estudiantes de Santander (AUDESA), fue detenida y sindicada de pertenecer al ELN por
agentes del F-2, quedando a disposición de la V Brigada.
Doce días después de la detención, el 23 de julio, Leonor fue sometida a intensos
interrogatorios sin la presencia de su abogado hasta las 4 p.m. del día siguiente, violando
las normas legales para el proceso de investigación. Posteriormente fue puesta a órdenes
del Juez 109 de Instrucción Penal Militar, y trasladada a la Cárcel de Mujeres de la ciudad
sindicada del delito de porte ilegal de armas.
Empero, la desbandada cometida frente a la organización estudiantil, no sólo se limitó a
integrantes de AUDESA, sino que también tuvo como objetivo a los estudiantes de la UIS.
De tal manera, en el mismo año de los sucesos contra Leonor Pulido fueron expulsados de la
universidad 3 estudiantes y sancionados 9 en forma desmesurada por 2 y 3 años 165.
161
Para una comprensión histórica de la asociación ver: VARGAS DIAZ, Libardo. Expresiones Políticas
del Movimiento Estudiantil: AUDESA 1960-1980. Ediciones UIS, Bucaramanga, 1996.
162
Posiblemente este señalamiento se fundamento porque algunos de los dirigentes de AUDESA en el
pasado hicieron parte o estuvieron en el nacimiento de agrupaciones subversivas. Tal fue el caso de
Jaime Arenas y Ricardo Lara Parada, dirigentes estudiantiles de la organización que estuvieron en la
conformación del ELN en 1964. Ibídem. p. 55.
163
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Comunicado de prensa y
radio, Bucaramanga, 1984.
164
AUDESA. Comunicado a la opinión pública. Bucaramanga, mayo 14 de 1984.
165
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP. Saludo al primer encuentro regional campesino
de los tres Sures, Bucaramanga, agosto 18 de 1984.
109
En 1986 se reiteraron los hostigamientos contra los integrantes de AUDESA, esta vez
enfocados en la eliminación sistemática de los líderes estudiantiles. En 1986, uno de los
principales dirigentes de la organización estudiantil, William Camacho Barajas, fue detenido
y desaparecido por miembros de la V Brigada del ejército. Las circunstancias de su muerte a
manos de los militares se describen a continuación:
El enigma de los nombres falsos: la desaparición de William Camacho y Orlando Garcia∗
El 18 de junio de 1986 hacia las 5:30 p.m., el estudiante WILLIAM CAMACHO BARAJAS de 22
años y el comerciante ORLANDO GARCIA GONZALEZ de 35 años fueron detenidos y
desaparecidos durante un operativo realizado en las instalaciones de Telecom de San Gil por ordenes
del B-2 de la V Brigada, donde estuvieron involucrados militares adscritos al organismo de
inteligencia y al batallón de Artillería No. 5 Galán. Los uniformados que participaron material o
intelectualmente en el hecho fueron el Capitán Leonardo Gómez Vergara, los Cabos Orlando
Quintero Cadena alias “El Chato” y Armando Morales Mazuera; los Sargentos Luis Alfredo Buitrago
Zapata y Alfonso Montealegre, y el comandante del CIAES de la V Brigada Mayor Hernando Navas
Rubio y el comandante del B-2 Teniente Coronel Luis Bernardo Urbina Sánchez.
Inicialmente William y Orlando fueron detenidos frente a numerosos testigos que vieron cuando
varios hombres vestidos de civil y armados los subieron a un automóvil Renault 4 de color celeste.
Luego de transportarlos por unas cuadras los detenidos fueron transbordados a una camioneta de
estacas, propiedad de Nicodemus Araque, residente de San Gil, quien afirmó que un Oficial del
ejército le exigió que le colaborara transportándolos hasta el Batallón Galán del Socorro. En la cabina
de la camioneta se subió el Oficial y atrás William y Orlando, custodiados por dos hombres de civil
armados con ametralladoras. Por solicitud del militar fueron a la casa de Nicodemus, donde aquel
realizó una llamada al Socorro. Allí, Nicodemus se hizo acompañar de la esposa y tres hijos para
volver a San Gil.
Hacia las 7:00 p.m. el Oficial le ordenó detener el carro en el sitio conocido como La Palma, en la vía
que conduce de San Gil hacia el Socorro. Una vez arribaron a ese lugar, a ambos hombres los
introdujeron en un vehículo del ejército que los esperaba y partieron rumbo al Socorro. Finalmente
Nicodemus pudo devolverse en su carro para San Gil.
Cuando William y Orlando fueron buscados por sus familiares, ellos recogieron declaraciones de
varios testigos de los hechos que los reconocieron por fotografías como los sujetos detenidos por el
ejército. Por lo anterior se dirigieron a las autoridades militares. Efectivamente la V Brigada
reconoció oficialmente haber detenido a dos personas en los hechos del 18 de junio a las 5:30 p.m.
en el Telecom de San Gil, y afirmó que los hechos sucedieron en desarrollo de un operativo realizado
por el CIAES y el B-2, que tenía por objeto liberar a un hombre secuestrado de nombre Jaime
Buenahora. En las instalaciones del batallón Galán, los familiares y compañeros de William y
Orlando se entrevistaron con el Capitán Gómez Vergara, quien aseguró que ellos sí habían detenido
a dos hombres pero que no correspondían con la descripción de William y Orlando, sino a dos
individuos de nombres Camilo Perdomo Perdomo y Antonio María Silva Uribe. Después los
familiares acudieron a la V Brigada al despacho de Urbina Sánchez, jefe del B-2, quien se negó a dar
información al respecto de los detenidos.
110
Además, la versión oficial del ejército reconoció que luego de la detención de “Camilo” y “Antonio
María” ellos fueron llevados al Socorro y que la misma noche fueron trasladados para la sede de la V
Brigada en Bucaramanga. De nuevo, los agentes negaron que los detenidos fueran William y Orlando
y que además los capturados, registrados oficialmente en los libros, habían sido dejados en libertad al
día siguiente por falta de pruebas. No obstante, se asegura que el Mayor Hernando Navas Rubio,
comandante del CIAES, recibió personalmente en la unidad militar a Orlando y William entregados
por los sargentos Montealegre y Buitrago; además fue esta misma persona quien ordenó el operativo
de captura, en coordinación con el B-2.
En desarrollo de la investigación, la Procuraduría delegada para los derechos humanos intentó
infructuosamente ubicar a los supuestos detenidos Camilo Perdomo y Antonio María Uribe Silva.
Por otra parte, tampoco encontraron proceso penal alguno en los despachos judiciales por el
secuestro de Jaime Buenahora.
Una mujer llamada Angélica, a través de otra señora, informó a la familia de William Camacho que lo
había visto amarrado dentro de una camioneta Fiat azul oscura extralarga con rumbo hacia el sur de
Bucaramanga. Posteriormente el Teniente Coronel Urbina Sánchez, reconoció que ésta camioneta sí
pertenecía al B-2, pero negó la información que implicaba a los organismos estatales en la
desaparición de William, además de la publicada en el periódico Vanguardia Liberal que
comprometía a las fuerzas armadas. Además, en una llamada telefónica realizada a la familia
Camacho García, informaron que a William y a Orlando los habían detenido en San Gil y que habían
sido llevados al batallón del Socorro y luego trasladados a la sede de la V Brigada en Bucaramanga.
FUENTES:
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Carta enviada a su santidad Juan
Pablo II. Bucaramanga, julio 6 de 1986.
Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos; Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo. El Camino de la Niebla. La desaparición forzada en Colombia y su impunidad, Bogotá, 1988. pp. 211 y ss.
Denuncia de un familiar de las víctimas ante la Procuraduría Regional de Santander. Bucaramanga, junio de
1986.
∗ Título tomado de: Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos; Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo. El Camino de la Niebla. La desaparición forzada en Colombia y su impunidad,
Bogotá, 1988. p. 211.
Actuaciones Judiciales
Las diligencias en la jurisdicción penal ordinaria se iniciaron el 26 de junio de 1986 en
el Juzgado 3º de Instrucción Criminal. El 10 de julio de ese mismo año fue remitido el
proceso al Juzgado Especializado (Reparto) de Bucaramanga, correspondiendo la
investigación al Juzgado 4º Penal del Circuito, la cual ordenó el 16 de julio de 1987
remitir el caso a la Dirección Seccional de Instrucción Criminal. A octubre de 1988, la
investigación se encontraba en etapa instructiva en la Subdivisión Técnica de la
Policía Judicial a órdenes del Juzgado Especializado de San Gil. No se tiene mas
información al respecto.
Por otro lado, se inicio la indagación preliminar el 10 de diciembre de 1986, por parte
de la juez 100 de Instrucción Penal Militar, capitana Lucy E. Restrepo de Vargas, la
cual recogió las versiones emanadas de los implicados: Mayor Hernando Navas Rubio
y el Capitán Leonardo Gómez Vergara, los sargentos Montealegre Prada y Buitrago
Zapata, y el cabo Quintero Cadena; solo un civil fue llamado a declarar, Nicodemus
111
Araque, quien transportó en su vehículo a los desaparecidos. Todos los militares
coincidieron en las declaraciones, de acuerdo a los hechos descritos, lo único es que
aseguran haber detenido a Camilo Perdomo y Antonio Maria Silva Uribe, y no a los
verdaderos hombres que fueron desaparecidos.
El 6 de abril de 1987, la juez mencionada resolvió abstenerse de abrir investigación
de carácter penal por la desaparición de Orlando García y William Camacho, y decretó
el archivo de las diligencias adelantadas, acogiendo de plano la versión oficial de los
militares y desconociendo el cúmulo probatorio con testimonios de testigos existente
en el proceso llevado por la Procuraduría. Así, consideró que ninguna autoridad
militar orgánica de la V Brigada y ninguna de las unidades tácticas retuvieron a
Orlando García ni a William Camacho Barajas.
Por otro lado, a raíz de las quejas presentadas por los familiares de las víctimas, a
finales de julio de 1986, la Procuraduría Segunda Delegada para la Policía Judicial derechos humanos- inició la investigación, comisionando al Procurador Regional de
Bucaramanga.
En noviembre la abogada visitadora de la Procuraduría Regional, recogió algunas
declaraciones, entre las que está la de una testigo presencial de los hechos,
reconociendo a Orlando García como uno de los sujetos detenidos por el ejército en la
sede de Telecom de San Gil. También recibió la declaración del capitán Gómez
Vergara, reconociendo los hechos de la captura de dos personas, pero negando que
fueran Orlando y William.
Esta funcionaria no inspeccionó los libros del B-2, ni llamó a los otros militares
implicados a declarar, según ella, por que era objeto de seguimientos y llamadas
sospechosas. Se estableció que Orlando y William sí habían sido desaparecidos; y que
coincidían el día, la hora, el lugar y las circunstancias con la realización del operativo
por parte del personal militar vestido de civil.
La investigación se reanudó el 19 de febrero de 1987, a cargo del Procurador
Delegado para los Derechos Humanos quien comisionó a la Procuraduría Regional de
Bucaramanga, y esta designó a un abogado asesor de su despacho junto con dos
visitadores de la Procuraduría Delegada para el desarrollo de la investigación. Estos
comenzaron a recoger pruebas, sin lograr recibir las declaraciones de los militares
implicados, salvo el cabo Quintero Cadena, por haber sido trasladados para otros
sitios del país. Tampoco lograron entrevistarse con el comandante del batallón No. 5
Galán, el Teniente Coronel Guillermo Cortes Sánchez. Entonces la investigación se
encaminó a verificar si las dos personas que el Ejército reconoció haber detenido eran
el estudiante y el comerciante. Sin embargo, la V Brigada siguió negando que se
tratara de Orlando y William. Con el paso del tiempo, la actitud de “espíritu de
cuerpo” de los militares y el temor de los testigos dificultaron la investigación. El 23
de abril se rindió un informe evaluativo, donde se reconoció que faltaban pruebas por
recaudar el testimonio de una testigo, y la declaración de los militares implicados,
entonces se solicitó que se trasladara la investigación a Bogotá.
El 10 de julio de 1987, el Procurador Delegado para los DD HH delegó a la
Procuraduría Regional de Bucaramanga para recaudar nuevas pruebas, entre estas el
expediente por secuestro de Jaime Buenahora, estableciendo que en ningún Juzgado
de Instrucción Criminal aparecía radicado el proceso por el secuestro extorsivo de
Jaime Buenahora. Así mismo, en los libros del CIAES de la V Brigada se registraron
dos detenidos procedentes del Socorro, cuyos nombres eran Camilo Perdomo y
112
Antonio Maria Uribe Silva, dejados en libertad al día siguiente, por falta de pruebas;
en este libro aparecían las direcciones de estos detenidos. Tres meses después
Perdomo y Uribe fueron citados a declarar, pero no se presentaron ni fueron
localizados.
Dos años después de sucedidos los hechos, la Procuraduría no se había pronunciado
al respecto, pese a existir elementos probatorios importantes donde se implicaban a
los militares. No obstante, otra dependencia del Ministerio Público, la Procuraduría
Delegada Para las Fuerzas Militares inició diligencias por la queja instaurada por la
Sección Española de Amnistía Internacional el 13 de abril de 1989, en la cual se
responsabiliza de la desaparición de William Camacho al Oficial Gómez Vergara. En
providencia del 24 de enero de 1990, se archivó provisionalmente el proceso
aduciendo que de acuerdo a las pruebas recolectadas no había mérito para abrir
formal investigación disciplinaria contra el Capitán Gómez.
Orlando García
Comerciante
Desaparecido el
18 de junio de
1986
William Camacho
Barajas
Estudiante
Desaparecido el
19 de Junio de
1986
2.3.4 Crímenes y hostigamiento contra estudiantes de la Universidad Cooperativa
de Colombia, UCC
Los estudiantes de la UCC, también apoyaron las protestas y reivindicaciones populares, que
cobraron un auge inusitado en la capital santandereana a mediados de los años ochenta.
Los hostigamientos contra los lideres estudiantiles de esta institución fueron perpetrados por
las fuerzas paraestatales y los agentes estatales, los cuales acometieron contra dicha
comunidad universitaria en los últimos meses de 1989 pues el 6 de octubre de ese año, el
estudiante de Economía DANILO ASTOLFO JOYA, fue asesinado desde un vehículo Mazda
cuando se movilizaba como parrillero de una moto. El CONDUCTOR del vehículo quedó
herido.
Seis años más tarde, otro estudiante de economía fue objeto de
agresiones esta vez a manos de la inteligencia militar. El 14 de junio de
1995, el estudiante de último semestre de Economía, NELSON ROMERO
SANCHEZ, fue detenido por la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNASE
de la V Brigada, en el barrio Olas Bajas de Bucaramanga.
Según la versión otorgada por los militares, la aprehensión de Nelson se
dio cuando se prestaba para recoger una bolsa que contenía 15 millones
de pesos producto de la extorsión a un comerciante de la ciudad.
Posteriormente una foto de él fue mostrada en la edición del 17 de junio del periódico
Vanguardia Liberal bajo el rótulo de “extorsionistas”. Sin embargo, más de 500 personas
residentes del barrio Kennedy de la ciudad, firmaron una carta en la cual respaldaban y
113
daban fe de la “completa y absoluta inocencia del universitario”166. Nelson Romero era el
presidente de un Comité Interuniversitario compuesto por las universidades Cooperativa,
Industrial de Santander y Santo Tomas de Aquino en la ciudad. Además era el promotor de
un Foro de Metropolitano de Desarrollo Regional, que se iba a llevar a cabo el 17 de ese
mes.
2.4 CRÍMENES Y PERSECUCIÓN CONTRA LA POBLACIÓN URBANA
La persecución indiscriminada del Estado contra la población residente en el área urbana de
Bucaramanga puede identificarse a partir de 1968, año en que la represión y el
constreñimiento sobre los pobladores de la ciudad y el Área Metropolitana comenzó a ser un
ejercicio frecuente de los actores estatales. El más predominante y el que tuvo acciones de
todo tipo a su cargo contra los habitantes de la capital santandereana fue el ejército, que
tenía como centro de operaciones y mando las instalaciones de la V Brigada. Desde esta
unidad militar se coordinaba y operativizaba todo lo concerniente a detenciones,
allanamientos y juicios sumarios; hasta allí eran conducidas las personas que fueron objeto
de tales procedimientos, convirtiéndose el lugar en el sitio preferencial para llevar a cabo las
torturas de todos los detenidos.
A pesar de que no se dispone de información precisa sobre la identidad social de las víctimas
relacionadas en este aparte del Informe en el periodo anterior a 1981 se presume que
pertenecen a sectores sociales perseguidos por razones ideológicas y políticas, teniendo en
cuenta que las organizaciones y publicaciones que sirven de fuente para los casos aquí
reseñados se caracterizan por denunciar la violencia política y las violaciones a los derechos
humanos.
Los casos documentados en el periodo anterior a 1981 fueron extraídos en su mayoría del
libro “Colombia Represión” publicado por el CINEP en 1982, así como del Libro Negro de la
Represión 1958-1980, a cargo de Jorge Villegas Arango; y unas pocas denuncias públicas
realizadas por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander).
Es importante tener en cuenta que estos crímenes se presentaron en el marco de la doctrina
de seguridad nacional caracterizada, entre otras cosas, por el apoyo irrestricto a los
organismos militares quienes eran encargados de perseguir a las personas y colectividades
sociales que de cualquier forma demostraran su simpatía con ideologías de izquierda167. Las
instituciones más nefastas en este periodo fueron los llamados Consejos Verbales de Guerra,
implementados bajo la legislación expedida por el Ejecutivo que amparado por el
permanente estado de sitio, concentró en cabeza de los militares la competencia para
capturar, acusar, juzgar y condenar a los civiles contrariando todos los principios
fundamentales del estado de derecho y violentando sistemáticamente las libertades y
garantías individuales.
Dentro de la población urbana de Bucaramanga y su zona metropolitana, uno de los sectores
más perseguidos y asesinados fue el de los comerciantes. Los principales responsables de su
166
Vanguardia Liberal. “Piden libertad para estudiante”. Bucaramanga. Junio 24 de 1995.
El presupuesto del ministerio de defensa y la policía nacional para 1980 correspondía al 19% del
total del presupuesto nacional; de 1950 a 1980 la Agencia Internacional de Desarrollo (organismo del
Banco Mundial) prestó a Colombia para adquisición de material bélico 96.8 millones de dólares, y entre
1970 y 1975 fueron entrenados 6.200 militares colombianos en escuelas estadounidenses. Ver:
TORRES SÁNCHEZ, Jaime y colaboradores. Colombia Represión 1970 – 1981. CINEP, Bogotá, 1982.
167
114
persecución fueron agentes de la fuerza pública y desconocidos. Esta persecución obedecía a
las acusaciones de los agentes estatales, quienes justificaban su accionar afirmando que los
pobladores eran colaboradores de la guerrilla o que sus actividades tenían vínculos con el
contrabando. Al analizar la responsabilidad de la fuerza pública puede observarse como ésta
se concretó en la policía metropolitana, debido a que fue el único actor estatal que violentó a
los comerciantes del área. El asesinato fue la modalidad más implementada por los
miembros de esta institución. El DAS participó también en algunas otras violaciones a los
derechos humanos implementado la tortura.
Igualmente, se destaca la persecución contra los profesionales y empleados,
fundamentalmente contra periodistas, abogados, sociólogos e ingenieros, lo cual obedece a
que los primeros utilizaban los medios masivos de comunicación para denunciar los
atropellos que vivía a diario la población o los nexos entre narcotraficantes, delincuencia
común, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad del estado. Los segundos estaban
encargados de atacar en los tribunales a los culpables de los crímenes y los terceros
lideraban procesos sociales y realizaban trabajos académicos para comprender la dinámica
social de represión. Por otra parte, la mayoría de los ingenieros asesinados estaban
relacionados con proyectos productivos de la región que perseguían el bienestar del común
de la sociedad en detrimento de los intereses de los poderes locales.
Mención aparte debemos hacer a los profesionales de la salud, otro sector social duramente
golpeado. Dentro de este grupo se ubican también los conductores de ambulancia y otros
auxiliares de la salud. A ellos se suman el común de los habitantes del caso urbano, quienes
eran atacados por las fuerzas estatales por ser considerados “sospechosos” o “enemigos del
sistema”.
Así pues, la represión contra el movimiento social en Colombia es una estrategia integral
que ataca tanto a las bases sociales como a sus líderes y a quienes con sus servicios
profesionales pretendan ayudarlos.
Los primeros registros de la implementación de la estrategia de dominación de la población
se remontan al mes de noviembre de 1968 con la detención de EUSEBIO BARRERA
MARTINEZ, quien además fue torturado por miembros del ejército. Los militares sometieron
a Eusebio a golpes, patadas, plantón y luego le hicieron quemaduras, colgadas y amenazas.
Los desmanes represivos del ejército contra la población urbana de Bucaramanga se
incrementaron en los primeros meses de 1972. En ese año, BLANCA FLOR PICO PLATA,
JOSE FABIAN LOPEZ GIRALDO, el empleado EMILIO ARENAS NARANJO y el abogado
NICOLAS JOSE MANJARRES ARIZA fueron detenidos, torturados y sindicados por el ejército.
Nicolás fue a su vez recluido en la Cárcel del municipio de Socorro.
La Policía de Bucaramanga no tardó mucho en desarrollar las mismas tácticas represivas del
ejército. El 21 de enero de 1972, el abogado ANGEL RAMIRO APONTE fue detenido y
sindicado por agentes de la policía. Posteriormente, el 18 de julio de 1983, Ángel Ramiro fue
amenazado de muerte por el grupo paramilitar “Comité de Limpieza del Magdalena Medio”
en la vereda Santa Rosa, cerca a Barrancabermeja. El mismo día de la detención de Ángel
Ramiro, varios miembros del ejército arrestaron y torturaron a LUIS E. GOMEZ, a quien
además le fue interrumpido un tratamiento médico que se le estaba practicando en el
momento de los hechos.
Entre el 24 y el 25 de marzo de 1972 las unidades militares detuvieron a cinco habitantes de
Bucaramanga. El día 24 JAIME DOMINGO ARIAS fue arrestado momentos después de que
los militares allanaran su residencia. Un día más tarde, el 25 de marzo serían detenidos y
115
sindicados por el ejército, el profesional JORGE MORANTES, MARLENE MENDEZ RICO,
GUILLERMO MORENO y GREGORIO YESID PEREZ, a quien también le fue allanada su
vivienda.
La escalada de violencia desarrollada por los organismos del Estado prosiguió en el segundo
semestre del año 72. En junio, EFRAIN MARTINEZ ARIZA fue detenido, sindicado y torturado
por el ejército. En el mes de julio, el estudiante JOSE CASTILLO CASTRO, el ingeniero
RAFAEL ARISMENDI y LUIS ALEJANDRO JAIMES fueron sometidos a los mismos
procedimientos por los organismos del ejército. Luis Alejandro fue trasladado a la cárcel del
Socorro y posteriormente dejado en libertad.
En el mes de agosto de 1972, la inteligencia militar se apersonó de las operaciones
represivas contra la población bumanguesa. En ese mes, los religiosos JUAN DE LA CRUZ
SÁNCHEZ, MIGUEL LEGUIZAMON, SAUL ANAYA y ROBERTO BECERRA, fueron detenidos por
miembros del B-2 de V Brigada. Roberto fue además sindicado y torturado mediante
aislamiento e incomunicación. En el transcurso de septiembre del mismo año, LUIS
EDUARDO LEON PRIETO y VARON ELKIN GRIMALDOS fueron detenidos, torturados,
sindicados y procesados por miembros del ejército. Luis Eduardo estuvo recluido en la Cárcel
Modelo de Bucaramanga y luego fue trasladado a la Cárcel del municipio de Socorro. Elkin,
recluido también en la cárcel del Socorro, los trasladaron tiempo después a la cárcel La
Picota de Bogotá. En el mes de noviembre, la profesional OMAIRA ORTIZ, fue también
arrestada y procesada por miembros de la V Brigada. Una vez detenida, a Omaira la llevaron
a las instalaciones de la unidad militar, siendo luego declarada reo ausente.
El año 72 culminaría con el asesinato, en el mes de diciembre, de VICTOR MANUEL
ZAMBRANO, asesinado por el Capitán del la Policía Alejandro Raúl Triana.
En el curso de 1973, RAFAEL ALVARADO y JORGE HUMBERTO CABALLERO fueron detenidos
y sindicados por efectivos de la V Brigada. Finalmente, Jorge fue condenado. En el mes de
noviembre de 1973 varios estudiantes fueron detenidos con limitación de garantías
procesales y sindicados por miembros del ejército. Entre ellos se encontraban RAFAEL
ZAPATA, FERMIN SÁNCHEZ, JAIRO CASTRO CASTRO, ANA LOPEZ DE SÁNCHEZ, SINFOROSO
APARICIO, JORGE BETANCUR, OSCAR BUSTILLOS, ANA LUCIA RAMOS VIUDA DE SÁNCHEZ
y RODOLFO RODRÍGUEZ. La mayoría de ellos fueron torturados y los obligaban a ingerir
excrementos. Las confesiones arrancadas bajo tortura se convirtieron en la prueba reina
para procesarlos posteriormente.
En el año de 1974 no se registró la comisión de CLH contra la población urbana de la capital
santandereana. Sin embargo, el período de calma no duraría más de un año; en agosto de
1975 los estudiantes se convirtieron una vez más en el sector social más perseguido y
señalado por las fuerzas estatales, cuando los estudiantes PEDRO REY y DANIEL GOMEZ
fueron detenidos, procesados y sindicados por la policía. La situación se agravó el 31 de
agosto, día en el que varios agentes de esa institución dieron muerte al estudiante DANIEL
PERALTA TORRES.
2.4.1 Los primeros signos de la represión de la protesta ciudadana
El 28 de octubre de 1975 se decretó el alza de las tarifas del transporte y el cambio de las
rutas habituales del transporte en Bucaramanga. Tales medidas representaban una enorme
problemática para los trabajadores de la ciudad, por lo que diversos sectores gremiales y
organizativos como la AUDESA convocaron a la población para expresar su inconformidad
ante la administración municipal. Más de 2000 personas se movilizaron en esa oportunidad y
116
como resultado de la marcha, la policía detuvo a siete estudiantes de la UIS que
participaban activamente en ella.
Las movilizaciones continuaron los dos días siguientes: “Al día siguiente nueva manifestación
ya doble que la anterior, y engrosada por los estudiantes del Colegio Santander, vecinos de
la UIS y grupos de obreros. Hay enfrentamientos con la policía, que derrotada, es
reemplazada por la policía militar y el ejército. La utilización de tropas de elite hace
comentar a unos observadores extranjeros que un gobierno tiene que ser muy salvaje
para enfrentar tropas de choque con estudiantes desarmados”.Ese día es gravemente
herido en un ojo un estudiante del Colegio Santander. El jueves 30, se presenta una nueva
asamblea en la UIS y movilización hacía el centro. Al mediodía la policía militar empieza a
disparar al aire y luego a los cuerpos hiriendo de muerte a Jorge Eliécer Ariza; los
manifestantes retroceden pero en el atardecer vuelven hacía el centro y se producen choque
a piedra con 500 agentes. A las cinco los militares vuelven a disparar y caen en cinco
minutos siete estudiantes heridos. El alcalde Reyes Puyana declara, toque de queda”168.
Como lo reseña la revista Alternativa, a consecuencia de la represión violenta de la
manifestación emprendida por la policía y el ejército un menor fue asesinado (el estudiante
de segundo año de bachillerato del Colegio Santander JORGE ELIECER ARIZA de 17 años),
siete heridos (entre los que se encontraba GUSTAVO SANTOS de 16 años) y más de
TRESCIENTOS DETENIDOS, los cuales fueron detenidos en la movilización del 30 de octubre
y el 5 de noviembre, fecha en la cual se llevó a cabo un paro cívico en la ciudad de
Bucaramanga, como respuesta a la graves violaciones de los derechos fundamentales,
sociales y económicos de la población por parte del estado, que en lugar de atender sus
necesidades y exigencias básicas “defendía sus instituciones a cualquier precio, inclusive el
de enfrentar a bala y con tropas entrenadas para matar los reclamos de los colombianos
ante el alza de la vida”169.
Durante las movilizaciones masivas que tuvieron lugar el 5 de noviembre de 1975, fueron
detenidos y sindicados por la fuerza pública, NOHORA TARAZONA, FORTUNATO ARÉVALO y
el empleado ALFONSO ECHAVARRIA. Nohora fue arrestada por los efectivos del ejército
mientras que Fortunato y Alfonso fueron detenidos por la policía. En esa misma fecha, el
niño de 12 años CARLOS ARTURO CASTRO, fue herido por miembros de la policía. El
sometimiento de la población y los desmanes represivos de los agentes estatales se
reforzaron con las medidas implementadas por la administración municipal, “la ciudad está
en toque de queda desde la iniciación del movimiento cívico y completamente militarizada
por tropas de la V Brigada y refuerzos traídos desde Socorro y Pamplona”170.
Las detenciones y sindicaciones masivas prosiguieron en 1976. En ese año, PAULINO
ESPITIA, PABLO TARAZONA, MARIO BERNAL y FERMIN RIOS fueron detenidos, sindicados y
torturados por miembros del ejército. Algunos de ellos fueron trasladados a cárceles, como
La Picota de Bogotá y la Modelo de Bucaramanga. Igualmente también fue detenido por
miembros de la policía en ese mismo año JOSE ISIDORO LOPEZ.
Las unidades militares de la V Brigada reanudaron los hostigamientos contra los habitantes
de Bucaramanga en abril de 1976, deteniendo y sindicando a la empleada BEATRIZ GOMEZ,
quien luego fue trasladada a Bogotá. En el mes de mayo, otra empleada, ROSALBA
RODRIGUEZ BAUTISTA, fue detenida también por efectivos del ejército.
168
Alternativa. No. 59. Bogotá, Noviembre 10 al 17 de 1975. p. 3.
Ibíd.
170
Ibíd.
169
117
A mediados de mayo de 1976, el ejército desarrolló una serie de hostigamientos contra los
bumangueses, cuyo resultado fue la detención y sindicación de 11 personas. El día 15 fueron
detenidos GUILLERMO JIMÉNEZ, ROSA PABON, ANTONIO PERALTA, JUAN EVANGELISTA
PERALTA, MIGUEL PERALTA, HUMBERTO RAMIREZ y PEDRO PERALTA, cuyas viviendas
fueron objeto de diligencias de allanamiento. Además de ellos, los educadores PLINIO
PACHECO, DOMICIANO ARIZA y JUAN MANUEL HERNANDEZ, fueron detenidos por los
militares ese mismo día y posteriormente despedidos de sus empleos. Otra victima de la
fuerza pública en esa jornada fue ANGEL MARTINEZ, quien resultó herido cuando fue
detenido con limitación de sus garantías procesales durante un allanamiento a su residencia.
Finalmente, Ángel fue sindicado por miembros del ejército.
En el mes de junio se registró la detención del empleado ALVARO ROMERO, aprehendido por
una tropa militar. Durante el transcurso del mes de julio de 1976, el ejército y la policía
detuvieron, maltrataron y sindicaron a tres pobladores más, dos de ellos eran estudiantes. El
9 de julio, el ejército arresto y torturó al estudiante ALBERTO PINEDA en las instalaciones
de la V Brigada. Diez días más tarde, el 18 de julio, miembros del F–2 agredieron y
detuvieron a un individuo de apellido PIMIENTO, el cual fue trasladado a las dependencias
del cuerpo judicial. Cuando apenas habían transcurrido ocho días, la policía detuvo e hirió, el
26 de julio, al estudiante HENRY NARANJO CAMELO.
La persecución contra los pobladores se atenuó un poco en los últimos meses del año. En
septiembre de 1976, LUIS A. PEREZ y el empleado CIRO HERNANDEZ fueron detenidos y
torturados por el ejército en las instalaciones de la V Brigada. Ciro fue a su vez golpeado y
amenazado por un sargento del ejército de apellido Gaviria. La ultima denuncia de agresión
de la fuerza pública que se registró en el año se efectuó en el mes de octubre, y hace
referencia a los vejámenes de los que fue sujeto LUIS BERNAL, el cual, además de ser
detenido, fue torturado momentos después de que allanaran su residencia.
La oleada de violencia continuó en ascenso en 1977. El 7 de febrero, el periodista CARLOS
ARANGO fue detenido y sindicado por el ejército. Tres meses más tarde, el 8 de mayo, el
estudiante agremiado SERGIO TORRES fue detenido, sindicado, procesado y condenado por
el Capitán del ejército Gustavo Alfonso Leal Pérez. Posteriormente lo recluyeron en las
instalaciones del F-2 y luego en la cárcel Modelo. Finalmente Sergio sería puesto en libertad.
Desde los primeros días del mes de junio de 1977, la policía arremetió contra los
trabajadores y estudiantes de la capital santandereana. El 1 de junio de 1977, varios
agentes de policía detuvieron al empleado VICTOR FUENTES y a los estudiantes GUSTAVO
SERRANO y RAMIRO SILVA. Después de sindicarlos, condenarlos y procésalos, los tres
hombres fueron dejados en libertad. Quince días más tarde, el 17 de junio, efectivos del F–
2 detuvieron a otro estudiante: se trataba de LACIDES MENGUAL, en cuyo arresto
participaron también miembros del ejército.
Una de las características de la represión desencadenada por la fuerza pública en la capital
santandereana a finales de la década del setenta, consistió en la persecución y señalamiento
principalmente, de los sectores estudiantil, docente y trabajador, los cuales representaban
para las instituciones estatales un eminente peligro, al liderar las manifestaciones y
reivindicaciones cívicas y populares. Como ya se enunció, la arremetida contra dichos
sectores se presentó desde el mes de junio de 1977 y se incrementó sustancialmente en el
tiempo venidero. El 25 de septiembre de 1977, el ejército allanó la vivienda del maestro
DAVID OJEDA NIETO quien posteriormente fue detenido y torturado, siendo luego sindicado,
procesado y condenado.
118
La acometida de la fuerza pública contra el estudiantado se recrudeció alarmantemente en
octubre de 1977. En el curso del mes los estudiantes RICARDO SUSCANO, ORLANDO
VILLAMIZAR, CLEMENTE ORTIZ y JUAN ALBERTO MUÑOZ fueron arrestados y sindicados por
miembros de la policía. Por otro lado, el empleado RAFAEL BOLAÑOS fue detenido,
torturado, procesado y condenado por el ejército en ese mismo mes. Tiempo después lo
llevaron a la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
El año de 1978 evidenció una situación particular. Si bien el número de agresiones de las
instituciones del estado disminuyó ostensiblemente, la gravedad que revistieron sus
prácticas represivas dio paso a la consolidación de una nueva modalidad criminal
encaminada a la anulación de los enemigos del sistema: el asesinato, práctica iniciada por la
policía en el mes de enero de ese año cuando dieron muerte a JOSE ANTONIO PINZON.
Paralelamente siguieron presentándose las detenciones y sindicaciones: el 3 de enero, el
empleado ALFONSO BUENO VELASQUEZ fue detenido y sindicado por el ejército, después
de que una unidad militar allanara su vivienda. Lo mismo le sucedió a EDUARDO GALEANO,
quien fue arrestado por el ejército en febrero del mismo año.
Entre el 23 y el 28 de febrero de 1978, el empleado de 32 años ALFONSO VERGARA fue
detenido, torturado y asesinado por miembros del DAS y del F-2 de la Policía. Alfonso fue
sometido a aislamiento e incomunicación, amarradas, golpes con diversos objetos y
quemaduras.
Haciendo uso de las figuras legales de violencia, los miembros de la fuerza pública siguieron
llevando a cabo numerosas detenciones, allanamientos y sindicaciones durante 1979. En
fecha no precisada de ese año, SEBASTIAN AMAYA fue detenido por miembros de la V
Brigada, sindicado y posteriormente llevado a la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Para enero
JAIME MONTAÑEZ FLORES, OMAIRA PABON, VICTOR PABON y AMELIA MATEUS fueron
detenidos y torturados por el ejército. El 3 de este mes, unidades militares allanaron las
viviendas de cuatro personas y las detuvieron posteriormente. Las victimas fueron el
ingeniero JORGE MONTAÑÉS y la empleada BLANCA MARIA GARCIA, quienes habían sido
detenidos tres años antes, en abril de 1976; el comerciante ALFONSO JEREZ y HERNAN
MARTÍN. Tiempo después, el 24 de enero, el empleado CAMILO SIERRA fue detenido y
herido por miembros del F-2, quienes además destruyeron sus objetos personales.
Posteriormente fue dejado en libertad. El mes culminó con la detención por parte del
ejército, de la empleada IRMA REYES OSORIO.
En febrero de 1979, NINA VASQUEZ fue detenida y sindicada por miembros del ejército. El
día 24 del mismo mes, varios agentes del F-2 allanaron la residencia del profesional PEDRO
ROA ALVAREZ, quien posteriormente fue detenido.
En el transcurso del mes de marzo de 1979 sólo se denunció la detención y sindicación de
JORGE IVAN CAMPO a manos de miembros del ejército. Los señalamientos contra la
población continuaron en el mes de junio cuando el estudiante HERNAN VARELA fue
detenido y sindicado por miembros del ejército y la policía en Bucaramanga. Como lo
expresa el caso de Hernán, una de las particularidades del accionar represivo de la fuerza
pública en este lapso temporal fue la operatividad conjunta entre ejército y policía, cuyos
miembros prosiguieron con la persecución de los líderes estudiantiles, cívicos, políticos y
sindicales. El 7 de junio de 1979 el empleado MAXIMINO SARMIENTO fue detenido durante
un allanamiento y sindicado, al igual que la empleada ELENA CARRERO y el estudiante
HERNAN VARGAS, por miembros del B-2 de la V Brigada. Posteriormente los tres fueron
puestos en libertad.
119
El 29 de julio de 1979, el empleado de 27 años SECUNDINO RODRIGUEZ fue detenido,
torturado, sindicado y procesado por el ejército y posteriormente llevado a la Cárcel Modelo
de Bucaramanga. Igual suerte corrió el estudiante HERNANDO MALDONADO PACHON, en el
mes de agosto siguiente. Los hostigamientos contra Hernando se habían presentado con
antelación, puesto que ya había sido detenido por las fuerzas militares en 1975. El día 27 de
agosto, se presentó una nueva detención: esta vez se trataba de la joven empleada
CRISTINA ROSA CRUZ, la cual fue arrestada por miembros del ejército, que posteriormente
la trasladaron a la cárcel de mujeres de la ciudad.
En septiembre de 1979 continuarían las aprehensiones. Durante ese mes tropas militares
detuvieron y sindicaron al estudiante LUIS HERNANDO LOPEZ junto con HARVEY NIETO,
HERNANDO RESTREPO y LUIS MANRIQUE PEREZ. El 14 de septiembre la estudiante y ama
de casa ELIZABETH AMAYA y el abogado HECTOR RODRIGUEZ MELO fueron detenidos y
sindicados por miembros del ejército y del F-2, siendo luego llevados a las instalaciones del
batallón de Ingenieros No.5 Caldas en Bucaramanga. Posteriormente Elizabeth fue recluida
en la cárcel de mujeres. Durante su detención le fueron propinadas torturas con los ojos
vendados, de modo que no pudiera identificar a ninguno de sus agresores.
En octubre del mismo año, los empleados NELSON HILLERA, LUIS FERNANDO RINCON y
LUIS EDUARDO HERNANDEZ, fueron detenidos, torturados y sindicados por el ejército. En
los meses posteriores cesaron las operaciones de detenciones llevadas por el ejército en la
ciudad, y por ende las sindicaciones injustificadas. Sin embargo, en la década del ochenta se
reanudaron las acciones represivas de la fuerza pública en contra de los habitantes de la
cabecera municipal.
En fecha no precisada durante el año de 1980, JUAN CARVAJAL y CRISTINA ROSA
ALVARADO fueron detenidos, sindicados y procesados por efectivos de la V Brigada. Juan fue
conducido a las instalaciones del ejército donde además fue torturado. Idéntico tratamiento
por parte de efectivos de la V Brigada recibió el estudiante SEGUNDO EDUARDO GALEANO,
quien el 14 de febrero de 1980 fue detenido durante un allanamiento y conducido a las
instalaciones de la unidad militar en donde lo torturaron. Este tipo de operatividad se
configuró como el accionar habitual de los militares para intimidar y someter a sus víctimas.
Cinco días más tarde, el 19 de febrero LUIS JESUS CARVAJAL FIGUEROA de 31 años y el
estudiante CRISTOBAL DOMINGUEZ fueron detenidos por miembros del ejército, los cuales
además torturaron, sindicaron y recluyeron a Luis en la Cárcel Modelo de Bucaramanga,
mientras que a Cristóbal lo procesaron.
Bajo el mismo procedimiento se efectuó la detención de ALBERTO CALA CARO, aprehendido
por el ejército el 27 de marzo de 1980.
En los primeros días del mes de abril de 1980 el ejército realizó en todo el perímetro urbano
de la ciudad una serie de operaciones cuyo saldo fue la detención, sindicación y
procesamiento de seis pobladores, entre los que se hallaban dos niños. Estos sucesos
tuvieron lugar el 3 de abril de 1980, fecha en la que RODRIGO GARCIA FLOREZ, JOSE
RICARDO BURITICA, JOSE SILVESTRE VELASQUEZ, MIGUEL MENDEZ ABADIA, un NIÑO de
10 años y otro de 16 de apellido MENDEZ fueron detenidos, torturados, sindicados y
procesados. Silvestre, Miguel y los dos niños fueron recluidos en la cárcel de Cimitarra, sin
importar la condición de los dos menores.
En el mismo mes de abril, el día 24 JESUS MARIA NIÑO, fue detenido y torturado por
personal de la V Brigada, siendo trasladado a sus instalaciones. Para finales del mes de
mayo de 1980, las tropas militares incrementaron los hostigamientos contra los residentes
del área urbana de Bucaramanga. Los primeros indicios de la nueva oleada de violencia
120
tuvieron lugar el 27 de mayo de 1980, con la aprehensión de MERCEDES MEZA, HERNANDO
MUÑOZ, HERNANDO CALA CARO, REINALDO CALA CARO y GUSTAVO REY, quienes fueron
detenidos por una unidad militar de la V Brigada y conducidos a sus instalaciones donde los
sindicaron.
La oleada de represión proseguiría en junio, cuando fueron detenidos, torturados, sindicados
y procesados quince pobladores. Ellos eran: RODOLFO TOLOSA, CARLOS FERMIN
MARTINEZ, SILVESTRE VELASCO PATIÑO, RODRIGO SUAREZ, llevado luego a la Brigada de
Institutos Militares BIM en Bogotá; LUIS SALTAMONTE, ELIAS SALAS MESTRE, CRISTOBAL
GARCIA, JOSE DE JESUS VERGARA, JOSE MARIA VERGARA, JOSE ARCADIO VERTICA,
ALCIDES BARRERA CAMARGO, NEMESIO VARGAS RAMÍREZ, LUIS RAMON GOMEZ RICO,
ROGELIO GOMEZ y JESUS BECERRA CARBONEL. El 1 de julio, a su vez, se presentaron las
detenciones de MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ, a quien además le allanaron su vivienda y
LUIS MANTILLA GAITAN, el cual ya había sido detenido el 3 de enero de 1970. Cinco días
después de los hechos, el 6 de julio, OMAR TORRES fue asesinado por miembros de la
policía en circunstancias desconocidas.
En fecha no precisada de año 1981 fueron detenidos, sindicados y procesados LUZ MARINA
VARON, LIBARDO CORREDOR y ELIZABETH CANO. Los operativos de control de la fuerza
pública se intensificaron a partir del mes de marzo, período en el cual cuatro personas
fueron detenidas y sindicadas. Entre ellas se encontraban LEONOR VASQUEZ y el
comerciante CESAR GUZMAN TARAZONA, quien ya había sido aprehendido el 21 de abril de
1979, después de que allanaran su vivienda. Mediante el mismo accionar, el B–2 de la V
Brigada detuvo y sindicó a LUIS UBALDO MORALES y HUMBERTO QUINTERO el 16 de marzo
de 1981.
El 6 de abril de 1981, MIGUEL BLANCO y TADEO AMADO fueron detenidos por el ejército,
siendo llevados a la V Brigada, lugar donde los militares los torturaron y sindicaron. El
ejército efectuó otra detención arbitraria el 24 de junio de 1981, fecha en la que ANABEL
DIAZ fue detenida y sindicada por miembros de la V Brigada, principal unidad militar
responsable de las agresiones y hostigamientos contra los bumangueses.
Los casos relacionados a continuación muestran claramente la continuidad de la violencia
institucionalizada por parte de los organismos de seguridad estatales, principales y únicos
agentes de la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el lapso
1966-1981, quienes continuaron con los mismos procedimientos descritos (detenciones y
allanamientos arbitrarios, torturas) con la singularidad de que a partir de 1982 se
incrementa la participación de los cuerpos de inteligencia en su ejecución. Pero lo anterior
empezó a disminuir y ser cada vez menor desde ese año, tiempo en el que aparecen los
grupos paramilitares en la capital santandereana, lo cual permite percibir el cambio de una
represión netamente de carácter oficial a una irregular y soterrada patrocinada por el mismo
Estado con miras al dominio de los habitantes de la “ciudad bonita”.
La primera agresión que se denunció en tal época, tuvo lugar el 17 de febrero de 1982,
fecha en la que el maestro catedrático PEDRO ELIAS CAÑAS GRANADAS fue detenido por
miembros de una patrulla del ejército. Con el devenir de los meses, los ataques de las
fuerzas estatales contra la población se revistieron de una mayor crueldad y sevicia. El 29 de
marzo de 1982, el comerciante OSCAR A. SUAREZ fue detenido y luego asesinado por
agentes del DAS en las dependencias de dicha institución. Oscar había sido detenido 24
horas antes de aparecer muerto. Después de examinar su cuerpo se estableció que la
muerte fue causada por múltiples contusiones y golpes.
121
Un caso de detención masiva se llevó a cabo el 30 de abril de 1983. Ese día ROSALBA
GARCIA, JORGE ELIECER JAIMES TORRES, ORLANDO MESA CORTES, JAIME DE JESÚS
CASTRILLON, ELSA CABALLERO y MARIELA DUARTE RUEDA fueron allanados, detenidos y
torturados por una patrulla combinada del ejército y la policía. Posterior a estos hechos, el
24 de mayo de 1983, una patrulla del B–2 de la V Brigada allanó la residencia de LUIS
GARCIA FLOREZ, siendo luego detenido y sindicado de pertenecer al M–19. Un año más
tarde, el 19 de mayo de 1984, JAIME SOTO PALMA de 22 de años de edad, fue herido por
militares de la V Brigada, quienes lo detuvieron y sindicaron de pertenecer a un grupo
subversivo, momentos después de explotar una bomba presuntamente iba dirigida a la
unidad militar.
El 5 de octubre de 1984, JAIME DE JESUS CASTRILLON BLANDON y GRACIELA SANABRIA
fueron detenidos, torturados y amenazados durante varios días por agentes del B-2 de la V
Brigada. Los militares trasladaron a Jaime y Graciela en un campero Lada color verde a la
Brigada, amenazándolos de muerte y negando tenerlos detenidos. Jaime fue detenido
después de haber salido de la emisora RCN y torturado mediante ahogamientos y golpes en
varias partes del cuerpo, mientras le preguntaban por el Comandante Camilo del XX frente
de las FARC. Los militares le dijeron que colaborara y lo obligaron a patrullar con ellos
buscando a presuntos guerrilleros. Constantemente le decían que “los diálogos de paz y el
cese al fuego eran sólo para el presidente Belisario, y no para el ejército y la policía”171.
Finalmente y después de varios interrogatorios, fue obligado a firmar documentos donde
decía haber recibido buen trato, atención médica, aceptaba ser amnistiado y haber
patrullado voluntariamente con el ejército.
En los operativos de la fuerza pública dirigidos a atacar a grupos guerrilleros, generalmente
se aprehendían a personas que no tenían nada que ver con el objetivo perseguido. Las
autoridades militares hacían caso omiso a esta situación proseguían con procesos montados
sobre pruebas falsas. Un ejemplo de lo anterior fue lo sucedido el 17 de noviembre de 1984,
día en que PABLO ANTONIO TARAZONA SANCHEZ fue detenido, torturado y sindicado por
agentes del B-2 de la V Brigada. Los militares vendaron a Pablo Antonio para subirlo a un
campero color verde, llevándolo al cantón militar. Allí lo interrogaron, lo sindicaron de
pertenecer a las FARC y lo torturaron mediante ahogamiento, pinchazos, golpes contra la
pared, pringues y amenazas de muerte. Luego lo dejaron en un cuarto oscuro durante tres
días, vendado y semidesnudo. Finalmente lo amenazaron de muerte si denunciaba lo
ocurrido. El Instituto de Medicina Legal luego de verificar el estado de salud de Pablo
Antonio le dio una incapacidad provisional de 8 días.
El 19 de junio de 1985, el auditor de Caminos Vecinales EMIRO ISABELA PIMIENTA fue
detenido durante un allanamiento y sindicado por agentes de policía. Los agentes acusaron a
Emiro de guardar en su residencia 264 tacos de dinamita; él manifestó tenerlos por órdenes
del Director para la construcción de una carretera. Finalmente, Emiro fue trasladado a las
instalaciones de la V Brigada. Este caso era uno mas de los hostigamientos sufridos por la
población de Bucaramanga incrementados en los días previos a la realización del Paro
Nacional del 20 de junio de 1985, fecha en la que distintas organizaciones cívico populares
participaron en dicha movilización convocada por las centrales obreras con varios meses de
antelación. Ese día, el gobierno nacional obstaculizó las jornadas de protesta declarando
ilegal el Paro que se venía desarrollando en todo el país, incluida la capital santandereana.
Por tal motivo, la fuerza pública ejecutó un gran despliegue militar y policial en la ciudad,
especialmente en los sectores populares, donde se realizaron varios allanamientos y
detenciones contra los pobladores de la zona. Uno de los allanamientos fue realizado
171
Denuncia del Comité de Derechos Humanos y la Comisión de Paz y verificación ante la
Procuraduría. Bucaramanga, 10 de octubre de 1984.
122
precisamente ese 20 de junio en la vivienda de la ama de casa ROSA GOMEZ, quien vivía en
el barrio La Concordia.
Un mes después, el 23 de julio de 1985, una unidad militar desapareció a JAVIER
CASTELLANOS, según denuncias de la Procuraduría General de la Nación. Pese a lo anterior,
que dejó entrever una modificación sustancial de las modalidades represivas, los
allanamientos, detenciones y sindicaciones contra la población siguieron presentándose. En
horas de la mañana del 17 de diciembre de 1985, agentes de la fuerza pública allanaron la
residencia del educador OSCAR RODRIGUEZ, quien fue detenido al igual que JOSE MADRID,
también educador y CARLOS AVILA, empleado.
El 20 de octubre de 1985 de EDGAR OLMEDO MAHECHA, EXPEDITO MALAGON ESTUPIÑAN,
JUAN RODRIGUEZ, MARIA DE JESUS POVEDA ESTUPIÑAN, CARLOS ARTURO ESPAÑA y LUZ
DARY MATOMA ROMERO, fueron detenidos y sindicados de pertenecer al M-19 por miembros
del ejército. Uno de los detenidos, Carlos Arturo España, había sido objeto de un atentado el
28 de enero de 1983 en Aguachica (César) por una patrulla de carabineros, del cual se salvó
al tirarse por un barranco con las manos atadas. En ese mismo hecho fue detenido Orlando
España, hermano de Carlos Arturo, quien fue torturado y asesinado por los policías.
El 3 de noviembre de 1985, NORMAN MONTENEGRO PINZON, GERARDO GARCIA y JAIME
LOSADA GARCIA, fueron detenidos durante un allanamiento y sindicados de pertenecer al
M-19 por agentes de la SIJIN, quienes los señalaron de realizar el boleteo a los comerciantes
de la región. El 1 de diciembre (28 días después de la detención) se comprobó la falsedad de
las acusaciones y fueron liberados.
Los grupos paramilitares arremetieron contra la población bumanguesa desde comienzos de
1986. El 29 de enero, el comerciante VICTOR MANUEL LANDAZABAL ACEVEDO fue
asesinado por tres sicarios que se movilizaban en un vehículo Renault 6 azul, de placas AC
3015.
En los meses siguientes grupos paramilitares como el MAS se encargaron de sembrar el
terror en toda la ciudad. El 20 de mayo de 1986, el sociólogo MANUEL ANTONIO RUEDA
CASTELLANOS fue objeto de un atentado por paramilitares del MAS en su vivienda del barrio
Provenza. Los hechos se produjeron cuando varios hombres lanzaron una granada y
dispararon ráfagas de ametralladora sobre su casa. La edificación sufrió graves daños pero
sus ocupantes resultaron ilesos. Un mes después, el 29 de junio, el médico ISAIAS ARENAS
y JOSE GOMEZ fueron asesinados por paramilitares.
Los grupos paraestatales que para entonces operaban en la ciudad aparte del MAS, eran
comúnmente conocidos como Escuadrones de la Muerte, uno de ellos también llamado La
Mano Negra. Estos escuadrones durante los primeros seis meses de 1986 asesinaron a más
de 150 personas en la ciudad, la gran mayoría perteneciente a sectores marginados social o
económicamente. Generalmente abandonaban los cuerpos de sus víctimas en sitios
conocidos como Café Madrid o Mina de Cementos, con las manos atadas, disparos en la
cabeza e inscripciones en las que se atribuían los crímenes.
El 11 de julio de 1986, JOSE DANIEL SINUCO fue amenazado por agentes del F-2. El
hermano de José Daniel por esos días había sido torturado y asesinado por parte de los
mismos agentes. En las amenazas de muerte José Daniel era conminado a no denunciar la
muerte de su hermano. El DAS se mostró como otra de las instituciones que hostigaba y
sindicaba frecuentemente a la población urbana. Un ejemplo de ello tuvo lugar el 29 de
octubre de 1986, cuando unidades del organismo gubernamental detuvieron durante un
allanamiento a HENRY HERRERA, PABLO BALAGUERA, JOSE MARQUEZ, HERMOGENES
123
GUERRERO, GERARDO DELGADO, JUAN MENDIVELSO y CRISPIN LOPEZ. A todos los
sindicaron de fabricar armas y explosivos.
En los últimos meses de 1986 nuevamente se presentó un caso de operaciones encubiertas
de los organismos de seguridad estatales. El 2 de diciembre, el sociólogo OSCAR OSPINA
RAMIREZ fue objeto de un atentado por dos desconocidos. Los hechos ocurrieron cuando
una pareja de desconocidos llegó a su vivienda, la mujer golpeó a la puerta y cuando Oscar
abrió para atenderle, el hombre le disparó fallidamente en cuatro ocasiones. Oscar identificó
al agresor como ex-miembro de los cuerpos de seguridad del Estado.
Durante el transcurso de 1987 se denunciaron dos casos de agresión contra la población
urbana de la capital santandereana. El primero fue perpetrado por los organismos de
inteligencia de la policía, mientras que el segundo (la desaparición de un joven estudiante)
lo efectuaron las estructuras paramilitares. El 8 de enero de 1987, cerca de 20 hombres y
una mujer, todos miembros del F-2, portando armas de fuego y amedrentando a los
presentes, allanaron la residencia de los pensionados del Ministerio de Obras Públicas
VICTOR VELASCO y CECILIA Villamizar, ubicada en el barrio Diamante 2. El allanamiento
comenzó a las 6:00 de la tarde. Los agentes intimidaron con sus armas a Víctor y Cecilia y
sacaron a la fuerza a la nieta de ambos de escasos 12 años cuando se encontraba en el
baño en prendas íntimas; el procedimiento se alargo por espacio de una hora. Siete meses
más tarde, el 6 de agosto de 1987, el estudiante del colegio Eloy Valencia GERMAN
AUGUSTO RAMIREZ fue desaparecido por varios sujetos que lo encañonaron y obligaron a
subir a un automóvil color amarillo en momentos que se dirigía a su casa.
2.4.2 1988: recrudecimiento de la represión
“se cansarán un día,
y van a intentar desaparecer
la patria entera”.
Chucho Peña
A partir de 1988 la comisión de CLH marcó grandes diferencias respecto a los años
anteriores. En particular se hizo recurrente el abandono de las víctimas en lugares conocidos
como “botaderos de cadáveres”, modalidad que dificultaba en extremo la identificación de
los responsables, sirviendo como garante de la impunidad. Además, las desapariciones
forzadas fueron ganando terreno como modalidad represora sumamente efectiva, pues
varios sus autores en la mayoría de casos eran personas a las que no se logró identificar
mientras se desvanecían en el tiempo los rastros de los desaparecidos, situación que
organizaciones sociales como FUNPROCEP pretendieron conjurar rescatando y conservando
la memoria de las víctimas con la denuncia de los hechos.
Los procedimientos empleados por la fuerza pública siguieron basándose en señalamientos
contra los pobladores de los sectores populares, los cuales eran frecuentemente acusados de
ser subversivos; accionar que estaba antecedido casi siempre de detenciones arbitrarias e
injustas y acompañado de la práctica de torturas, que adquirieron una particular importancia
frente a otros instrumentos opresivos. Unidades especiales del ejército y la policía, el CIAES
(Comando de Investigaciones de Antiextorsión y Secuestro) y la SIJIN (Servicio de
Inteligencia Judicial Nacional) respectivamente, protagonizaron la mayoría de violaciones a
los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Los actos perpetrados contra los
pobladores de la llamada “ciudad bonita” por la fuerza pública demuestran una prolongación
en las variadas modalidades represivas implementadas desde tiempo atrás por la policía y el
ejército en Bucaramanga.
124
Entre el 6 y 7 de octubre de 1988, LUIS ERNESTO BALLESTEROS ACUÑA, GRACIELA MUÑOZ
BOLIVAR, JAIME VARGAS BAEZ y PATRICIA RODRIGUEZ PACHECO fueron detenidos
ilegalmente por tropas de la V Brigada al mando del Capitán Guillermo Veloza Rivas.
Las capturas se dieron luego de un allanamiento realizado en cada una de las residencias de
los detenidos por parte de los uniformados al mando del Capitán Veloza, que buscaban la
incautación de unas supuestas municiones y armas. A pesar de que los resultados del
registro fueron negativos, el militar ordenó las aprehensiones sin tener orden legítima para
hacerlo. Por esta razón a Luis Ernesto, Graciela, Jaime, y Patricia se les trasladó a las
instalaciones de la unidad militar, siendo posteriormente puestos a disposición de la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga en vez de llevar su caso a la autoridad judicial
competente.
Por estos hechos, la Procuraduría Delegada Para las Fuerzas Militares mediante
resolución No. 264 del 26 de junio de 1990 sancionó al oficial Guillermo Veloza Rivas
con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 5 días sin remuneración al
encontrarlo responsable de las detenciones arbitrarias, y por no haber dejado a los
detenidos bajo disposición de la autoridad competente, decisión afirmada el 26 de
octubre de 1990 por el mismo organismo gubernamental mediante resolución No. 443,
resolviendo el recurso de reposición interpuesto por el inculpado.
En 1988 los comerciantes pasaron a engrosar el listado de víctimas de la violencia que
sumergía al país y a Bucaramanga en este año. El 5 de enero de 1988, el comerciante
GERARDO SUPELANO FUENTES fue asesinado por miembros del F-2 de la policía en
Bucaramanga. Siete días después, el 12 de enero, otro comerciante, JAIME JOSE PEREZ
BURSA, sería asesinado en circunstancias desconocidas.
En los días previos a la realización de las marchas campesinas de mayo se incrementaron los
hostigamientos contra todos aquellos que convocaban y apoyaban su realización Un ejemplo
de ello fue la desaparición a manos de desconocidos del estudiante universitario WILSON
LESMES SERRANO, ocurrida el 19 de mayo de 1988 en Bucaramanga. Wilson era vecino de
dos profesores miembros del SES desaparecidos posteriormente en esta misma ciudad.
Las acciones criminales de los desconocidos se acentuaron en el segundo semestre de 1988.
El 6 julio, el propietario de la funeraria San Laureano, ROBERTO ANTONIO CHAPARRO
CAMARGO fue asesinado por paramilitares. Antonio fue baleado cuando se movilizaba en su
automóvil en el centro de la ciudad. Hacía 25 días había sido asesinado Hernando Jaimes
quien trabajaba para él por comisión.
En los meses de agosto, septiembre y octubre de 1988 se dispararon las desapariciones de
pobladores a manos de desconocidos. El 31 de agosto, ALVARO AYALA fue desaparecido en
la carrera 21 entre calles 11 y 12, mientras que el 1 de septiembre ocurriría lo mismo con el
comerciante HERNANDO GALVIS OJEDA, de 39 años de edad. El día 9 de ese mismo mes se
encontró el cuerpo sin vida de Hernando en avanzado estado de descomposición en la
vereda La Azufrada del municipio de Lebrija, con dos impactos de bala de revolver.
El 6 de octubre de 1988, el deportista LUDWING SANDOVAL fue
desaparecido por desconocidos en el barrio Valencia. Los victimarios se
movilizan en un automóvil Renault 18 color blanco donde introdujeron a
Ludwing después de rociarle gas en la cara. El deportista hacía parte del
125
Ludwing Sandoval
Club “Ciclo-Cochise”, siendo un honesto trabajador y persona; sus allegados creyeron que
fue confundido con otra persona.172
Siete días después, el 13 de octubre de 1988, el concejal del municipio SIGIFREDO TAMAYO
TAMAYO, fue asesinado de dos disparos en la cabeza, por dos hombres armados que vestían
prendas oscuras para evitar su identificación. El hecho ocurrió entre las 6:30 y 7 p.m. en la
calle 105 No. 15-21, del barrio Toledo Plata. La víctima era hermano del Representante a la
Cámara Gerardo Tamayo.
Los operativos de contrainsurgencia de las fuerzas militares se reanudaron en los últimos
días de 1988. El 28 de diciembre en horas de la tarde, una PERSONA fue detenida y
torturada por miembros de la V Brigada. Esta persona fue sometida múltiples torturas. En
ocasiones cambiaban al agresor, por uno supuestamente menos rudo, que le ofrecía viajes
al exterior, casa y completa seguridad a cambio de aceptar una acusación sin derecho a
defensa, delatando a otras personas sin conocerlas.
El control social por parte de las fuerzas paraestatales se proyectó al silenciamiento y
monopolio de los medios de comunicación de la ciudad, lo cual implicaba el silenciamiento
de los periodistas que denunciaran o expresaran su inconformidad ante la intolerancia y
persecución del estado contra el común de la población y el empleo de paramilitares para
extirpar a la oposición y a todo aquel que según ellos “quebrantara el orden”. Un ejemplo de
lo anterior se evidenció el 22 de abril de 1989, día en el que LUIS DANIEL VERA LOPEZ
periodista de la radioemisora Radio Metropolitana de Bucaramanga, redactor de la página
judicial del diario Vanguardia Liberal, vocal del Circulo de Periodistas Deportivos de la misma
ciudad, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas y del Colegio Nacional de
Periodistas; y el comerciante JORGE ENRIQUE MENDEZ MELO, fueron asesinados por dos
hombres y una mujer desconocidos en el momento en que departían en una droguería.
Otro de los mecanismos empleados por los entes estatales y paraestatales era la eliminación
de cualquier prueba que pudiera incriminarlos en la comisión de crímenes de lesa
humanidad. Ello conllevó a la persecución y exterminio de los funcionaros judiciales
encargados de investigar las agresiones y desmanes represivos de la fuerza pública y los
grupos paramilitares. Eso fue precisamente lo que le sucedió a ISABELIA GOMEZ HERRERA,
juez promiscua municipal, asesinada el 27 de junio de 1989 por cinco sujetos encapuchados
que llegaron hasta el hotel donde se hospedaba. Isabela había recibido anteriormente varias
amenazas de muerte. La policía atribuyó los hechos a guerrilleros del ELN.
A la par siguieron presentándose las detenciones y torturas de la fuerza pública contra la
población. El 14 de septiembre de 1989, ALFONSO ANGARITA MARTINEZ fue detenido y
torturado durante siete días por miembros de la V Brigada, quienes irrumpieron
violentamente en su casa, de donde lo sacaron a la fuerza y lo tiraron al piso mientras era
golpeado. Los militares le decían a Alfonso que dijera todo lo que sabía o de lo contrario lo
matarían. Posteriormente, lo condujeron a las instalaciones de la V Brigada donde fue
sometido a permanecer de pie y con las manos arriba frente a una pared y a la intemperie;
luego lo encerraron en un calabozo donde un individuo lo golpeó constantemente haciéndole
varias preguntas y aplicándole choques eléctricos. En el momento de la detención, los
militares no llevaban orden de allanamiento y tampoco le informaron el motivo de la misma.
Dos meses después se presentó otro crimen en la capital santandereana. El 27 de
noviembre de 1989, el Primer vicepresidente del concejo municipal de Floridablanca HUGO
172
Bucaramanga, octubre 6 de 1988.
126
REATIGA, quien era de filiación conservadora, fue asesinado de 3 impactos de bala 9mm por
dos sujetos de apariencia joven que lo esperaron a la salida de su residencia de la calle8 con
carrera 13 en el barrio Villabel. El asesinato de Hugo fue uno de los principales signos del
advenimiento de los paramilitares en la capital santandereana.
Entretanto, los funcionaros judiciales siguieron siendo presa de la violencia irregular. El 27
de junio de 1990, el abogado y juez SAMUEL ALONSO RODRIGUEZ JACOME, y su esposa la
también abogada MARAGOT ESTELA PUENTES, fueron asesinados por sujetos no
identificados que los atacaron hacia las 7 p.m. en la carrera 21 con calle 51. En ese tiempo
Samuel adelantaba investigaciones relacionadas con el caso de 3 profesionales que murieron
en un operativo adelantado por miembros del Comando de Inteligencia de la V Brigada.
Las estructuras paramilitares reanudaron sus operaciones de control en la ciudad a partir del
segundo semestre de 1991. Con su llegada se presentaron nuevamente los casos de
desaparición forzada, las caravanas de la muerte en las carreteras y el abandono de los
cuerpos de las víctimas en las vías de interconexión municipal. El 8 de septiembre de 1991,
ABEL HERNAN ATENCIO fue asesinado por desconocidos que le propinaron varios impactos
de bala calibre 9mm cuando se dirigía en un vehículo hacia su residencia en Bucaramanga.
Un HOMBRE que pasaba por el lugar murió al ser alcanzado por una bala. Días antes de su
asesinato, Abel había coordinado una reunión entre voceros de gremios económicos y
sectores sociales con representantes de grupos guerrilleros del Magdalena Medio.
El 18 de enero de 1992, el alcalde y ex concejal del municipio de Cabrera y dirigente del
Movimiento Único de Renovación Conservadora, DOMINGO CARVAJAL CALDERON, fue
asesinado por desconocidos que le dispararon en momentos en que se disponía a sacar su
camioneta del garaje de la casa de unos familiares, ubicada en la calle 19 No. 21-52 del
barrio San Francisco, donde se estaba hospedando. El burgomaestre se encontraba en la
ciudad buscando ayuda económica para unas obras que se realizaban en su localidad.
Cinco días después del asesinato del alcalde de Cabrera, el 23 de enero de 1992, un
COMERCIANTE fue torturado por tres hombres que se identificaron como miembros del DAS,
luego de interceptar un taxi donde se movilizaba por la Avenida La Rosita con carrera 18 de
Bucaramanga. Una vez la víctima estuvo bajo el poder de los agentes, estos lo llevaron en
un carro Mazda azul con placas de Barranquilla hasta un sitio cerca de la empresa Cementos
Diamante. Después le colocaron una toalla en la cabeza obligándolo a sumergirse en un
balde, mientras le preguntaban si conocía a alguno de nombre Juan Casallas y lo acusaban
de ser guerrillero; luego lo golpearon partiéndole los dedos de los pies, dos costillas y la tibia
de la pierna derecha. También le robaron una cadena de oro y sus llaves. Una vez
terminaron de torturarlo, los agentes abandonaron al comerciante en la vía Circunvalar, con
una bolsa plástica en la cabeza, creyendo que estaba muerto.
El 27 de enero de 1992, aproximadamente a las 6:15 p.m., el juez segundo penal de
aduanas OMAR HERRERA NIÑO, fue asesinado por el soldado Placido Pinzón Fontecha con la
colaboración del militar Gonzalo Arias Alturo en la calle 36 con carrera 14. El crimen había
sido ordenado por Carlos Eduardo Becerra y Jaime García Cala, Director y Subdirector del
DAS Seccional Santander respectivamente.
De acuerdo con la declaración de Gonzalo Arias Alturo hecha ante la Fiscalía Cuarenta de
Reacción Inmediata de Vida de la ciudad de Bucaramanga el 24 de noviembre de 1994,
quien había sido soldado profesional en la época de los sucesos, manifiesta que los
detectives del DAS Edilio y Alejandro Socotroco lo contactaron a él y a Pinzón Fontecha para
que se hicieran presentes en las oficinas de la entidad en Bucaramanga. Una vez allí, los dos
militares se reunieron el día anterior del asesinato con el Director Carlos Eduardo Becerra en
127
presencia del subdirector García Cala, y los Detectives Víctor Parra, Orlando Santamaría y
Genaro Rangel. Becerra les propuso liquidar un sujeto, para lo cual les dio una pistola marca
Pietro Verreta calibre 3.80 mm, y les dijo que iban a ir acompañados del Detective Víctor
Parra para que les señalara el objetivo que debía ser atacado.
Llegada la fecha en que se debía ejecutar el asesinato, Gonzalo Arias aduce que el Detective
Parra efectivamente le mostró el blanco a Placido Pinzón. Entonces él alisto una moto DT
azul con blanco marca Yamaha 125 c.c, la que parqueo cerca al Palacio de Justicia mientras
el otro militar verificaba el señor que sería muerto. Agrega Arias que la tarea iba a ser
ejecutada por la mañana, pero por un inconveniente que se presento con los detectives
Parra y Socotroco, no se llevó a cabo el atentado. A pesar del insuceso, Arias se reunió con
el Sargento Otoniel Hernández en una cafetería al frente de las instalaciones de la V
Brigada, y allí le comento el caso, ante lo que el suboficial contestó “que si ello era así había
que darle”.
Después de la reunión, prosigue Gonzalo Arias, los dos soldados regresaron cerca de las
3:30 de la tarde y parquearon la moto en la carrera 15 con calle 36. Posteriormente Placido
Pinzón le dijo a él “que la pinta iba a salir”, y entonces este volvió a parquear la moto en la
calle 36 entre 15 y 14. Después de hacer lo anterior, Gonzalo Arias observó que Placido
venía detrás de una persona y le hizo una seña para que prendiera motores;
inmediatamente este llamó por el nombre al seguido y le descargo por completo la pistola,
corriendo luego hacia la moto y escapando en ella, la cual dirigió Arias hacia el barrio lagos
II, donde en un parqueadero ubicado en la calle 38, un mecánico llamado Alex le cambio la
placa a la motocicleta. Por otro lado el abatido era conducido a la Clínica San Luis de la
ciudad, centro médico al cual no llegó con vida. La víctima era el juez Omar Herrera Niño,
quien se encontraba acompañado de su novia mientras caminaba por el lugar donde lo
asesinaron.
El día siguiente, al enterarse los militares por el periódico que el muerto era el juez penal de
aduanas Omar Herrera Niño, ellos fueron a las oficinas del DAS y le hicieron el reclamo al
Director Becerra, el cual les dijo que el la víctima pertenecía a la guerrilla. Afirma Gonzalo
Arias que posteriormente el detective Parra les entrego a él y a Placido Pinzón la suma de
800.000 pesos, de los cuales le pertenecía la mitad. Por último agrego que la participación
de Jaime García Cala en el hecho era la de prestarle seguridad con los detectives Parra y
Socotroco, para que en caso de presentarse los agentes del F-2 los sacaran del lugar.
Durante el desarrollo de la investigación del homicidio del juez Herrera Niño, en un inicio se
tenía como culpable a un sujeto llamado Reynaldo Malaver Duran, el cual declaró ante la
Fiscalía Seccional Previa y Permanente de Bucaramanga, que algunos miembros de la policía
le habían contactado y ofrecido varios millones de pesos para que diera muerte al juez Omar
Herrera Niño. Señalaba al Capitán Jaime Humberto Amorocho Rozo, el cabo Cristian Murillo,
y los agentes Néstor Raul Izaquita, Gilberto Delain Mendoza, Luis Eduardo Rodríguez y Juan
De Dios Garzón Bernal, todos pertenecientes a la SIJIN (F-2) en Bucaramanga. Reynaldo se
negó, y por ello los policiales, de acuerdo a su versión, lo amenazaron y lo recriminaron, en
reiteradas ocasiones. Incluso, agrego que su vinculación al asesinato del juez Herrera era un
montaje de los miembros del organismo de inteligencia por no haberles aceptado la
propuesta que le hicieron; siempre en toda la etapa de investigación, rechazó rotundamente
que era el autor material del homicidio, sin detrimento de haberse auto incriminado en otros
crímenes en los que había participado con los uniformados.
La Fiscalía Regional de Cúcuta en providencia del 19 de diciembre de 1994, decidió acusar a
Gonzalo Arias Alturo, Carlos Eduardo Becerra Corredor y Jaime García Cala de ser
coparticipes en el homicidio con fines terroristas en la persona de Omar Herrera Niño; y por
128
tanto decretarles medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin
beneficio de libertad provisional. Sostuvo el ente acusador que la declaración de Arias Alturo
merece credibilidad, ya que “coincide con las circunstancias de modo tiempo y lugar de
como ocurrió el trágico acontecer, al igual que con los medios probatorios”; mientras que la
postura de Reynaldo Malaver Duran le asiste la razón al poner en “tela de juicio los
reconocimientos fotográficos que le hicieran algunos testigos presénciales de él, pues “en los
retratos hablados hechos, no aparece ninguno que se le asemeje”.
Cabe describir que todos los implicados en el caso, de una u otra manera se encontraban
relacionados o mencionados en investigaciones adelantadas por otros crímenes. Gonzalo
Arias estaba vinculado a las pesquisas adelantadas por la desaparición de Isidro Caballero
Delgado y Maria del Carmen Santana el 7 de febrero de 1989, donde el militar aceptó su
participación. De igual forma Arias declaró en otra investigación a la Fiscalía que él fue uno
de los autores materiales de los asesinatos llevados a cabo el 6 de mayo de 1993 en la
vereda La Azufrada, zona rural del municipio de Lebrija (Santander), contra miembros de la
familia Acosta Salazar; así como del asesinato del dirigente de la Unión Patriótica Pablo
Casallas el 13 de febrero de 1989. Ambos sucesos, conforme a sus declaraciones, tenían la
autoría material o intelectual de algunos de los funcionarios del DAS mencionados: en las
muertes de la Azufrada los detectives Parra y Rangel, y el subdirector Jaime García Cala; en
el homicidio del activista de la UP adujo que recibió la orden de asesinato de Cesar Becerra.
En cuanto al personal involucrado de la SIJIN por parte de Reynaldo Malaver Duran, tanto él
como los agentes Izaquita, Mendoza, y Rodríguez, y el cabo Murillo participaron en la
planeación y la ejecución de una serie de homicidios acaecidos en Bucaramanga en el año de
1991, cuyas víctimas fueron Rodrigo Quintero Salazar (16 de julio); los hermanos Vera Vera
y otros (8 de agostó), y el auditor de policía Jorge Enrique Velasco (12 de agosto). Mientras,
el Capitán Amorocho se hallaba sujeto a una investigación disciplinaria por las torturas
sufridas por el señor Mario Matajira el 23 de enero de 1992.
En los meses de abril y mayo de 1992 prosiguió la persecución de los comerciantes. El 23 de
abril de 1992, el comerciante GERARDO GAMBOA QUINTERO fue desaparecido junto con
JAIME PORRAS ORTEGA. Ambos habían salido en una motocicleta y no regresaron nunca.
Once días más tarde, el 4 de mayo un COMERCIANTE de 35 años de edad, fue asesinado por
varios individuos que se movilizaban en motocicletas y que le propinaron múltiples impactos
de arma de fuego en la cabeza. Los vecinos del lugar informaron haberlo visto comerciando
en el sector y manifestaron su preocupación por la reactivación de “Escuadrones de la
Muerte” en esta ciudad.
La policía por su parte no cesó en su empeño de perseguir en intimidar a la población. El 1
de junio de 1992, LIBARDO SOSA fue torturado por agentes de esa institución. A la
represión policial se sumó el accionar de los sicarios, victimarios empleados frecuentemente
por agentes estatales para favorecer la impunidad de los crímenes. El 21 de junio de 1992
en horas de la madrugada, dos sicarios que se movilizaban en una moto asesinaron al
empresario y militante del Partido Liberal GUSTAVO BLANCO VILLAMIZAR de 40 años, junto
con su esposa DORIS ORDOÑEZ de 28 años de edad, cuando salían de un establecimiento
de su propiedad ubicado en el barrio Cabecera del Llano. Gustavo Blanco había participado
en las negociaciones para la liberación de Norberto Morales y, al parecer, había sido víctima
de un intento de secuestro la semana anterior a su muerte.
Desde los primeros días del mes de julio fueron desaparecidos varios pobladores de la
ciudad en circunstancias desconocidas. La primera víctima de esta nueva oleada criminal,
JUAN CARLOS MARIÑO RUEDA desapareció el 2 de julio de 1992. Dos días después el 4 de
julio, varios hombres sin identificar desaparecieron a GUSTAVO DUQUE GOMEZ. Aún no
129
habían transcurrido más de tres días después de la desaparición de Gustavo, cuando cuatro
agentes de la SIJIN detuvieron y desaparecieron al empleado RUBEN DARIO ARIZA ZUÑIGA,
luego de haber allanado su casa, el 7 de julio de 1992. Los miembros del organismo de
inteligencia, llegaron hasta la residencia de Rubén Darío en un campero Toyota. Una vez allí,
los agentes requisaron la casa, se llevaron los documentos de identidad de la esposa de la
víctima y otros papeles, y encañonaron a Rubén para obligarlo a subir al vehículo en que se
lo llevaron. Posteriormente funcionarios de la Personería Delegada para Derechos Humanos
indagaron por su paradero en las oficinas del F-2 y de la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNASE- sin ningún resultado favorable. A finales de ese mes, el 27 de julio, un grupo de
policías torturó a HECTOR MURILLO DIAZ quien recibió además amenazas de muerte. El
mes de julio culminó con la desaparición el día 31 de JORGE ELIECER CHACON CHACON, en
circunstancias no precisadas.
El incremento desmesurado de las desapariciones persistió durante el mes de agosto de
1992. El día 3, JESUS ALIPIO OSORIO fue desaparecido en circunstancias desconocidas,
Tampoco se volvió a saber nada sobre el paradero de HIPOLITO DANIEL JAIMES,
desaparecido el 5 de agosto; al igual que VICENTE PINZON, visto por ultima vez el día 9; y
JHONNY SANCHEZ ESTÉVEZ, desaparecido el 15 de agosto. Paralelamente a la comisión de
estos crímenes un grupo de agentes de la policía torturó a EVARISTO FLOREZ, el 19 de
agosto. Las desapariciones, no obstante prosiguieron en este mes con los casos de JORGE
CHACON y AURORA GOMEZ, desaparecidos el día 23; y VICENTE RAMÍREZ, desparecido el
25 de agosto.
Mientras se repetían las desapariciones, los asesinatos proseguían. Así, el 22 de noviembre
de 1992, el empleado RODOLFO RODRIGUEZ HERNANDEZ fue asesinado por sicarios que se
movilizaban en una moto, quienes le dispararon cuando se dirigía a su trabajo. De la misma
manera, el 6 de diciembre de 1992, a las 9:40 de la mañana, el joven comerciante de ropa,
OMAR SANCHEZ CALDERON, fue asesinado por la policía en la carrera 27 con calle 69. La
institución oficial presentó el hecho como un enfrentamiento contra ladrones; le adjudicaron
a la víctima el alias de “Tito” y le colocaron la edad de 23 años. Sin embargo, familiares
suyos desmintieron la versión oficial, asegurando que “Omar se dedicaba a comercializar
ropa traída de Maicao”.
Las desapariciones y asesinatos continuarían al año siguiente de forma alarmante. El 14 de
enero de 1993, ALVARO PINTO FONSECA de 24 años de edad, alto, de cabello rubio,
contextura gruesa, y ojos color café, desapareció en circunstancias desconocidas. Hasta ese
momento vestía blue jean, camiseta gris y botas color marrón. Álvaro fue visto por última
vez en los alrededores del Sanandresito La Isla, en el centro de la ciudad. Después decidió
marcharse al hotel La Hormiga, donde lo acompaño su hermana con quien vivía. Al día
siguiente ella volvió para preguntarlo y le indicaron que “Álvaro se había enloquecido y les
tocó llamar a la Policía para sacarlo”. Según la hermana, en la “Sijín, el Das, el anfiteatro,
San Camilo y el Hospital, nadie le dio razón de su hermano”.
Igualmente en ese año se recrudecieron los crímenes contra comerciantes de la urbe. El 7
de marzo, el comerciante HERNANDO BLANCO CRUZ fue asesinado por unidades de la
policía en el barrio La Juventud de Bucaramanga. Según la versión Oficial, Hernando fue
sorprendido hurtando un dinero a un taxista, por lo que “se le enfrentó a los miembros de la
Policía con un revólver hechizo calibre 38”, resultando herido en el percance, y
posteriormente muerto en el Hospital. Sin embargo, sus familiares negaron categóricamente
la sindicación hecha a la víctima de delincuente, al igual que la supuesta arma que cargaba.
Además la propietaria del taxi mencionado por la Policía, indicó que el día de los hechos su
vehículo no se vio envuelto en problema alguno.
130
Los funcionarios públicos también cayeron en la ola de violencia que agobiaba la ciudad
tanto regular como irregular. El 7 de mayo de 1993, JORGE CADENA PATIÑO de 45 años,
quien era revisor administrativo de la Oficina de Control Interno de la Gobernación de
Santander y militante del Partido Liberal, fue asesinado de dos disparos en la cabeza por un
desconocido, frente a su residencia, ubicada en la carrera 29 con calle 67 de Bucaramanga.
Ese mismo mes, el día 27, en el barrio Provenza, exactamente en la calle 105 con carrera
23, fue desaparecida una MUJER por tres individuos que portando pistolas y revólveres, la
obligaron a subir a un vehículo Renault 4 que se marchó con rumbo desconocido.
Mes y medio más tarde, las desapariciones se contarían nuevamente con
JOSE RAUL GELVES P., desaparecido en circunstancias desconocidas el 2
de agosto de 1993.
Dos meses mas tarde, en octubre, se reanudó la persecución de agentes
estatales encubiertos en misiones de inteligencia, esta vez contra el
sector de los comerciantes. El día 8, en horas de la mañana, el
comerciante CRUZ ERNESTO REYES CABALLERO, fue desaparecido por
supuestos desconocidos, momentos después de salir de su casa ubicada
en el barrio Campo Hermoso. El día anterior a los hechos, Ernesto y su
esposa, llamada Dolly Quintero, después de arribar en horas de la noche
a la urbanización donde vivían, se percataron de la presencia de dos
individuos extraños en un andén cercano. Esto inquietó a Dolly, quien le
dijo al celador del conjunto que les preguntara a los extraños que
estaban haciendo; los indagados simplemente respondieron que se encontraban esperando
al señor de un carro mazda azul. La noche transcurrió sin que sucediera nada anormal.
En la mañana del 8 de octubre, la esposa de Ernesto salió a realizar algunas compras, y
según su versión, vio a los mismos individuos del día pasado en cercanías al conjunto,
“como con cara de trasnochados”. Posteriormente se dirigió al centro de la ciudad y volvió a
su hogar a cuidar a su hija, ya que su marido debía salir. A eso de las 11:00 a.m. Ernesto se
fue de la casa; como a los cinco minutos Dolly salió para mirar si los extraños seguían por
las proximidades y el resultado fue negativo. Un poco más tarde ella recibió una llamada de
una mujer que le preguntó si era la esposa del “mono” (Cruz Ernesto), a lo cual contesto
afirmativamente; entonces esa persona le comunicó que se lo habían acabado de llevar. Por
tal razón Dolly salió a preguntarlo en todos los lugares donde presumía que estaba su
marido. En un establecimiento público cercano le informaron que efectivamente lo
retuvieron dos individuos, “que lo llevaban todo golpeado y maltratado”173; esa sería la
última noticia que volvería a tener de su paradero.
La denuncia presentada por Dolly ante la Personería Municipal de Bucaramanga daba
cuenta sobre la posible razón para la comisión del crimen. Ella afirmaba que anteriormente
su esposo auxilió a su hermano, Silfredo Quintero (quien desapareció el 5 de noviembre de
1992) proporcionándole posada, debido a que la casa de este había sido allanada por
miembros de la fuerza pública; en dicha diligencia fue hallado material de guerra en la
habitación que había sido arrendada a uno de los inquilinos. Además, que:
173
Denuncia presentada por Dolly Astrid Quintero Peinado el 11 de octubre de 1993 a la Personería
Municipal de Bucaramanga.
131
“Cuando nosotros supimos del allanamiento que le hicieron a la
casa de mi hermano mi esposo le dijo a él que se fuera para su
casa que vivíamos en Piedecuesta, y lo tuvimos un tiempo ahí para
que no se lo llevaran; y después mi esposo se lo llevó para la finca,
donde mi hermano duró como un mes y medio; pasado ese tiempo
él dijo que no debía nada y se vino otra vez para la ciudad, se puso
a trabajar, y después fue que desapareció...”.
Agrega además que por la ayuda prestada a Silfredo y por el allanamiento, toda la familia,
incluido Ernesto, fueron investigados y seguidos.174
Las operaciones clandestinas y encubiertas de agentes estatales
prosiguieron el 28 de diciembre de 1994, fecha en la que PEDRO
ALBARRACIN MARTINEZ de 43 años, quien trabajaba como gestor de
tránsito en Bucaramanga, fue desaparecido hacía las 6:15 p.m., cuando
descendía de su vehículo por varios hombres que portando armas
automáticas y sub ametralladores, se identificaron como miembros de
un organismo de seguridad del Estado, lo esposaron y obligaron a subir
a un taxi que partió con rumbo desconocido desde la calle 28 con
carrera 25 del barrio Alarcón de Bucaramanga, lugar en que se dio el
rapto. Una fuente señala que días después de la desaparición de Pedro,
sicarios motorizados acribillaron a tiros a uno de sus hermanos, cuando
caminaba por el Bulevar Santander. Tres meses después de la desaparición de Pedro no se
tenía conocimiento de su paradero ni de su estado.
2.5 CRÍMENES CONTRA LOS SECTORES POPULARES URBANOS
“Esta generación está en peligro;
se siente en el aire;
ya se sabe que quieren liquidarla”.
Chucho Peña
A comienzos de los años setenta el ejército realizó reiteradamente allanamientos, torturas e
interrogatorios dirigidos hacia aquellos que consideraba transgresores del orden o miembros
de la subversión. Ante la protesta pública por las detenciones y sindicaciones masivas, fue
ordenada la militarización de la capital santandereana en varias ocasiones175. El primer
hostigamiento contra el sector urbano popular en Bucaramanga se llevó a cabo en julio de
1972, con la detención del ingeniero RAFAEL ARIZMENDI, quien fue señalado como presunto
enlace del ELN. Junto a Rafael fue arrestado el estudiante JOSÉ CASTILLO CASTRO. Los
apoderados de los detenidos denunciaron “una barrera de hostilidades”176 para el
cumplimiento de su misión profesional por parte de los altos mandos militares de la V
Brigada. También fue detenido el doctor MAHECHA LOZANO, procurador delegado para la
vigilancia judicial en Bucaramanga, quien fue sindicado y procesado al igual que tres
sacerdotes: Juan de la Cruz Sánchez, Miguel Leguizamón y Saúl Amaya.
174
Ibíd.
Un ejemplo de ello fue lo sucedido en el paro cívico de noviembre de 1975, fecha en la cual la
administración municipal decretó el toque de queda y ordenó la arremetida de la fuerza pública contra
la población civil, dejando como resultado más de trescientos detenidos y varios heridos.
176
TORRES SÁNCHEZ, Jaime y colaboradores. Op. Cit.
175
132
Las diligencias ante la Procuraduría que por entonces adelantan los abogados de tres de los
detenidos en un proceso que les fue abierto por presuntas vinculaciones al ELN, sintetizan
esquemáticamente los procedimientos a los que fueron sometidos los acusados177:
1. La privación de la libertad a personas en su propia residencia, durante varios días, e ir
capturando a todo el que arribara allí. Este accionar se constituyó como una especie de toma
militar de una residencia o un secuestro sin rescate.
2. Suministro de drogas para: A. producir la pérdida de la memoria por momentos. B.
producir pérdida las facultades mentales. C. producir diarrea y taquicardia. Estas drogas
eran suministradas para que los sindicados respondieran en los interrogatorios y se les
suministraban en pastas, tintos y alimentos.
3. Fijación de vendas negras para impedir la visión y la fijación constante de los párpados,
como ligas que sirven de torniquete para hacerle perder el sentido a las víctimas, cansancio
mental y fiebre cerebral, durante todo el tiempo en que se desarrollaban los interrogatorios.
4. El no suministro de comida, sumado al impedimento de conciliar el sueño por un tiempo
superior a las 36 horas.
5. Por otra parte, los detenidos eran internados en calabozos llenos de excrementos, orines,
inundados, húmedos, sin cobijas y donde tenían que hacer sus propias necesidades.
6. Los interrogatorios se llevan a cabo durante varias horas bajo una entonación suave, para
producirle a las víctimas modorra mental y descontrol psíquico.
7. Los victimarios ingresaban encapuchados a los sitios de reclusión y
diversas formas a los pobladores para que hablaran.
'presionaban' de
8. De la misma manera, les eran proferidas amenazas tales como: de muerte, no volverlos
a dejar dormir, no volver a suministrarles comida, torturarlos físicamente y lanzarlos contra
las paredes, ponerles corriente eléctrica, quemarles los testículos, ponerles inyecciones para
enloquecerlos toda la vida, aplicarles la Ley de Fuga, quemarlos con cigarrillos o entregarlos
al DAS, en donde según palabras de los interrogadores existía un recinto llamado la 'Sala
Verde' manejado por hampones a sueldo que no tendrían ningún miramiento con la
integridad física o moral de las víctimas ya que eran especialistas en torturas y otras
sutilezas.
9. La coacción también se ejercía suplantando la autoridad, en un sinnúmero de casos los
interrogadores afirmaban ser los funcionarios encargados del proceso.
10. Asistencia indebida a la diligencia de indagatoria de las personas que interrogaban a los
detenidos en la Policía Militar.
Este tipo de desmanes represivos se siguió desarrollando, aunque con menor intensidad en
la segunda mitad de los años setenta. Empero a comienzos de los ochenta, las fuerzas del
Estado reanudaron la persecución contra los habitantes de los sectores populares, los cuales
siguieron siendo estigmatizados y señalados como miembros o colaboradores de la
subversión. Los vínculos con la insurgencia, se extendieron a otros grupos armados como el
177
El Periódico. Julio 26 de 1972.
133
M-19 y las FARC, siendo el primero junto al ELN estructuras que lograron una presencia
significativa en la capital santandereana.
Los líderes cívicos y populares fueron uno de los principales centros de los hostigamientos y
opresiones derivadas de los procesos de sometimiento y control a la población por parte de
fuerzas estatales, aunadas al fenómeno paramilitar, que desde comienzos de los años
ochenta irrumpió en la ciudad santandereana actuando bajo su apoyo. Comúnmente los
líderes cívicos eran objeto de diligencias de allanamiento injustificadas. Sin embargo, a
medida que pasaba el tiempo esta modalidad represiva fue reemplazada por asesinatos,
torturas y desapariciones forzadas adelantadas por los grupos paramilitares y la fuerza
pública para extirpar el tejido social y la fortaleza organizativa de la comunidad
bumanguesa.
El 26 de enero de 1985, el comerciante propietario de un taller de costura, PABLO EMILIO
MORENO PEÑARANDA fue detenido por miembros del ejército durante un allanamiento a su
taller bajo la acusación de “elaborar uniformes para grupos guerrilleros de las FARC”.
Los señalamientos y detenciones efectuados por los agentes estatales se incrementaron
alarmantemente desde mediados de junio de 1985 en los sectores urbanos populares. El día
15 de ese mes, en las horas de la madrugada, unidades del ejército y la policía allanaron la
casa del activista popular y profesional VICTOR SERRANO, ubicada en la carrera 17 No. 59118. En esa fecha se cometieron varios allanamientos por parte de los organismos de
seguridad en contra de dirigentes cívicos y populares de la ciudad. Cinco días más tarde, el
20 de junio, RAMON BARON FLOREZ, MARIA TERESA BARON, HUGO BARON TOLOZA,
TARAZONA PEÑA, el estudiante CESAR PLAZAS CAMEJO, MARGARITA CRUZ CIFUENTES, el
fotógrafo JORGE MENESES, el tipógrafo FABIO FONSECA, MARTIN URIEL OSORIO SANCHEZ,
LEONEL FLOREZ GARCIA y NELSON ANGARITA fueron detenidos por miembros del ejército y
la policía.
Las aprehensiones se efectuaron en varios sectores de la ciudad: Ramón Barón, Maria
Teresa Barón y Hugo Barón fueron detenidos en el barrio La Juventud y antes de sus
detenciones les habían allanado su humilde vivienda, encontrándose entre sus autores
uniformados de civil, uno de ellos encapuchado. En el sector de Regadero Norte
inmovilizaron a Leonel y Martín Orduz. En tanto que Nelson Angarita fue arrestado en el
barrio Villa Rosa.
Estos procedimientos ejecutados por las instituciones del orden en sectores populares de
Bucaramanga, se dieron cuando se declaró ilegal el Paro Nacional que se realizó en todo el
país el 20 de Junio de 1985. Dos de las víctimas fueron sindicadas de poseer una bomba
molotov y otras dos de pertenecer al M-19. Posteriormente, el 6 de octubre de 1985, en
horas de la mañana, miembros del DAS detuvieron a ISRAEL VARGAS GOMEZ, FREDDY
GARCIA, ELIECER BECERRA y HUGO BARON TOLOSA, cuando se desplazaban en un Jeep en
la calle 34 con carrera 27. Los tres hombres fueron recluidos en la cárcel Modelo de
Bucaramanga. Estas detenciones se realizaron luego de los allanamientos a tres casas;
además, los sindicaron de “pertenecer al grupo Ricardo Franco y de poseer un arsenal”.
El vendedor ambulante PEDRO ARTURO RINCON LOPEZ fue asesinado por miembros del F-2
el 16 de febrero de 1987. El joven vendedor ambulante había salido el 14 de febrero en
compañía de su hermano para ir a las instalaciones del F-2 con el fin de reclamar una
motocicleta que le habían incautado. Como el vehículo no le fue entregado, se separó de su
hermano. Pedro Arturo desapareció hasta el día 16 del mismo mes, día en el que sus
familiares identificaron su cuerpo con dificultades por cuanto estaba terriblemente
desfigurado. Seis meses más tarde, el 21 de agosto de 1987, el vendedor de buñuelos
134
SALVADOR VESGA CASTRO fue desaparecido por agentes de inteligencia en una plaza de
mercado de Bucaramanga. Salvador se encontraba en ese momento trabajando en su
puesto de la plaza de mercado cuando varios hombres lo obligaron a abordar un vehículo
Renault 9. Los mecanismos irregulares empleados por la inteligencia estatal ponen en
evidencia como estas unidades adoptaron como modalidad represiva predilecta la
desaparición, lo cual garantizaba la impunidad de sus acciones.
El 23 de noviembre de 1988, los hermanos MANUEL ENRIQUE, JOSE GUADALUPE, LIZARDO
y CARLOS NEIL BERBEO NOCUA, fueron detenidos arbitrariamente, por ordenes del Coronel
de la policía Luis Enrique Montenegro Rincón, en un operativo dirigido por el Capitán Luis
Eduardo Suárez Parra. A las 5 de la mañana en la casa ubicada en carrera 24 No. 5-02, la
policía llegó a la casa de la familia Berbeo Nocua, ordenando que les abrieran la puerta.
Posteriormente entraron sin identificarse, los encañonaron y preguntaron por su hermano
Antonio, quien en una oportunidad anterior había sido detenido por el presunto porte de
prendas de uso privativo de las fuerzas armadas y porte ilegal de armas. Poco después los
condujeron hasta las instalaciones de la V Brigada en donde los pusieron a disposición del
comandante de esta guarnición. Los supuestos hechos que llevaron a la realización del
operativo fueron la información entregada por un anónimo, donde denunciaba “movimientos
sospechosos” en la casa de las víctimas, lo cual se asoció con actos terroristas que
presuntamente se estarían fraguando allí.
El 1 de marzo de 1989, el vendedor ABELARDO CORREDOR QUINTERO fue desaparecido en
circunstancias desconocidas. Luego los conductores y taxistas pasaron a ser blanco de la
violencia estatal. El 8 de junio de 1989, MARCOS DURAN RODRIGUEZ de 71 años de edad,
taxista de profesión, fue baleado por miembros de un organismo de inteligencia estatal en la
carrera 15 con calle 31. Momentos después murió cuando era atendido en el Hospital Ramón
González Valencia. Se supo que la acción de los agentes era un atentado que iba dirigido
contra una distribuidora de estupefacientes que acompañaba a la víctima.
Los ataques indiscriminados de los organismos de inteligencia contra la población urbana de
los sectores populares se recrudecieron con el devenir de la década del noventa: a las
detenciones, sindicaciones y desapariciones se sumaron las masacres. El 28 de mayo de
1990, los jóvenes JESUS OREJANERA PARRA, WILLIAM RAIMUNDO CORREA VELEZ, y RUBEN
DARIO CARMONA ZAMBRANO fueron asesinados por tres miembros del CIAES de la V
Brigada, en la avenida Quebradaseca con carrera 5 de Bucaramanga, cuando viajaban a
bordo de una camioneta Luv ID-4029.Los militares alegaron que las víctimas eran miembros
del ELN que los atacaron, y por tanto ellos sólo respondieron en “defensa propia”. Sin
embargo, los familiares desmintieron tal versión, al igual que un comunicado dado a conocer
por la organización insurgente.
Los jóvenes fueron sorprendidos y asesinados por el capitán Pedro León Soto Suárez, jefe de
inteligencia y contraguerrilla de la V Brigada y los cabos William Saavedra Márquez y
Evangelista Basto Bernal, quienes después “colocaron armas en el lugar para sindicar a los
tres ciudadanos como presuntos miembros de la subversión”; uno de los muchachos
apareció con una granada en su mano derecha, cuando “es imposible lanzarla desde el
interior del automóvil (en que se movilizaban), si se tiene en cuenta que las ventanas
estaban cerradas”, indica el documento de la Procuraduría, entidad que solicitó la destitución
de los uniformados. Agrega el ente gubernamental que “no hubo enfrentamiento ni
requerimiento alguno por parte de los militares para con los jóvenes, ni siquiera se
identificaron, ni se encontraban uniformados”.
135
La auditoria 17 de guerra de Bucaramanga abrió investigación contra el Capitán Soto
Suárez por el delito de homicidio y encubrimiento a los Suboficiales Evangelista Basto
Bernal y William Saavedra Márquez. El 30 de abril de 1990 el juez 100 de Instrucción
penal militar se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en contra de los
suboficiales. El 3 de 0ctubre de 1992 el juez 23 de IPM decretó medida de
aseguramiento en contra del Capitán Soto. El 24 de marzo de 1994 fue revocada esta
decisión y se decretó medida de aseguramiento contra los Cabos Basto y Márquez.
Convocado el Consejo verbal de guerra, se llevó a cabo la audiencia en la que
absolvieron a los sindicados por no haberse encontrado pruebas de su responsabilidad
en los hechos.
La investigación disciplinaria la realizó la Procuraduría Delegada Para las Fuerzas
Militares bajo el radicado No. 022-111796, contra los Suboficiales Basto y Saavedra y
el Capitán Soto. Se archivo el 17 de julio de 1995.
El exterminio contra los líderes comunales continuaría dos meses después. El 2 de
noviembre, el celador y miembro de la cooperativa de trabajadores Independientes de
Santander, HELI PRADA ALVAREZ de 48 años, fue desaparecido y asesinado por
desconocidos. El cuerpo fue encontrado en la finca San Benito, ubicada en la Inspección
Departamental de Barbosa, sobre la vía que conduce al municipio de Zapatoca. Heli Había
desaparecido seis días atrás en Bucaramanga, después de ser obligado a subir a un Mazda
626 de placas IP-2838.
El 1 de octubre de 1990, DOMINGO ROJAS MARTINEZ, reparador de cocinas integrales y
enchapes, fue desaparecido cuando tres individuos con armas de corto y largo alcance que
se desplazaban en un vehículo Nissan Patrol, lo interceptaron en la calle 15 con carrera 8 y
lo obligaron a abordar el automotor; desde entonces se desconoce su paradero. Un año
después, el 2 de diciembre de 1991, el señor JAIME DELGADO SILVA fue desaparecido
cuando se dirigía para San Vicente de Chucurí desde Bucaramanga. Según la declaración de
Raúl Blanco Plazas, amigo del desaparecido, este simpatizaba con las ideas del ELN.
La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja ante la queja interpuesta por la señora
Leopoldina Silva (madre de la víctima) por la desaparición de su hijo, decidió en
providencia del 21 de septiembre de 1992 archivar provisionalmente la diligencia
porque no existía ni el más mínimo indicio de que la desaparición haya sido cometida
por miembros de la fuerza pública.
Para 1992, el terror se apoderó de la población bumanguesa año en el que grupos
paramilitares, a la par con la inteligencia encubierta policial y militar, intensificaron su
accionar criminal contra todo aquel que liderara, apoyara o participara en cualquier tipo de
iniciativa o reivindicación cívica o comunitaria. La persecución contra las organizaciones
cívicas y comunales, que en su primera fase se desarrollo contra los dirigentes, poco a poco
se fue extendiendo hacía sus demás miembros. Los activistas de los partidos tradicionales
que expresaban su apoyo y preocupación por las difíciles condiciones de vida de los
habitantes de la capital no escaparon de la máquina de la muerte paraestatal. En el segundo
semestre de ese año, el 18 de agosto, el obrero de 26 años GERARDO MENESES GUARIN,
fue encontrado asesinado en inmediaciones del barrio Altos de Pan de Azúcar. El cuerpo
presentaba cuatro impactos de pistola calibre 9mm. Se presume que el asesinato estaba
relacionado con la reactivación del grupo paramilitar La Mano Negra.
136
Igualmente los trabajadores informales siguieron haciendo parte de la victimización de los
sectores populares. Así, el 23 de octubre de 1992, LUIS ALFONSO ORTEGA BOTELLO,
trabajador informal, fue desaparecido en circunstancias desconocidas en Bucaramanga.
Luis salió aquel día de su casa a las 9:00 de la mañana, a buscar otro
trabajo. Según su hermana, este se dedicaba a la venta de habas y
productos fritos en las cercanías del sector de Cabecera del Llano; pero
el día de su desaparición no se dirigió a aquella zona. Nunca se volvió
a saber de su paradero
Otro trabajador informal al mes siguiente también desaparecería. El 19 de noviembre de
1992, el trabajador de tapicería, SILFREDO QUINTERO PEINADO, fue desaparecido por
militares cuando se encontraba en su lugar de trabajo ubicado en la calle 34 con carrera 26
de Bucaramanga. Según la versión rendida por el señor Víctor Lozada, administrador de un
cinema y arrendador del local donde laboraba Silfredo, tres individuos obligaron a este
abordar un carro Nissan propiedad de la unidad militar mencionada, el cual partió sin rumbo
conocido. Para el 23 de noviembre de ese año, fecha en que la madre del desaparecido,
Rosa Delia Peinado, interpuso recurso de Habeas Corpus en favor de su hijo, no había
noticias de él.
El recurso se tramitó en el Juzgado Segundo Municipal de la ciudad, despacho que consideró
improcedente la petición del recurrente, considerando que “no solo ignora el lugar en donde
eventualmente pueda estar detenido el ciudadano, sino el funcionario que pudo haber
ordenado su eventual captura. En estas condiciones, por sustracción de materia, la acción
está condenada al fracaso”178.
Además del Habeas Corpus, la señora Peinado interpuso una queja ante la Personería
Municipal de Bucaramanga por la desaparición de Silfredo. En algunos apartes de su
declaración sostiene que la desaparición de su hijo está relacionada con un allanamiento
practicado por organismos de seguridad estatales en mayo de 1992 en la casa donde él
estaba viviendo con su esposa llamada Nancy Cala, en la cual se encontraron en el cuarto de
un inquilino de ellos, unas cajas llenas de granadas y municiones. Por esa época, cuenta la
declarante, Silfredo estaba fuera de la ciudad, pero a raíz de la diligencia, su nuera fue
recluida en la Cárcel.
El 29 de noviembre de 1993, LAUDIN TARAZONA GALLARDO de 20 años, DANIEL GALLARDO
JAIMES de 24 años y un hombre llamado JOEL de 20 años de edad, fueron desaparecidos
luego de que seis encapuchados se los llevaran a la fuerza del barrio El Porvenir.
Inicialmente Laudin fue sacado de su casa y obligado a subir a un automóvil Mazda 626
color azul y sin placas; al salir también se llevaron a los otros dos jóvenes, quienes se
encontraban en el parqueadero y fueron introducidos en el baúl del mismo vehículo. Junto
con el Mazda, los victimarios usaron una motocicleta, un taxi Dacia y un campero Trooper
color vinotinto, con vidrios ahumados. A la madre de Laudin le informaron que la SIJIN los
había liberado, pero luego desmintieron esa versión. Por otro lado el grupo UNASE del
ejército negó haber realizado operativo alguno en el lugar mencionado. Familiares de los
jóvenes manifestaron no tener recursos económicos, por lo que descartaron el secuestro
extorsivo.
178
Resolución del recurso de Habeas Corpus a favor de Silfredo Quintero Peinado.
137
El 4 de octubre de 1994, en horas de la tarde, el señor JOSÉ ULDARICO CASTILLO AGUILAR,
fue detenido y posteriormente torturado por el Teniente Pedro José Pineda Camargo y los
agentes José Rodríguez Vargas y Rodrigo Parada Pineda, en las instalaciones policiales del
UNASE, ubicadas en la carrera 17 con calle 14. El día de los hechos José Uldarico fue
capturado en inmediaciones de una cabina telefónica ubicada en la calle 104F con carrera 8C
del barrio Porvenir, por una patrulla de la policía del grupo UNASE, cuyos integrantes lo
acusaron de realizar llamadas extorsivas a nombre de la subversión dirigidas al comerciante
José Ignacio Mantilla González. Después de ser aprehendido, los uniformados llevaron a José
Uldarico fue a la sede del UNASE de la policía, en donde le colocaron bolsas plásticas en la
cabeza y un costal sobre estas con el fin de asfixiarle y dificultarle la identificación de sus
torturadores. Uno de los agresores se le acostó boca arriba, mientras tanto dos personas se
le pararon sobre el estómago. Para evitar que los gritos que profería la víctima se
escuchasen en las afueras pusieron música a todo volumen con el propósito de acallarlos. De
acuerdo al reconocimiento médico legal No. 8441, se le dictaminó a José una incapacidad
médica de 8 días.
La Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos, en fallo del 18 de
mayo de 1988 decidió sancionar al agente Parada Pineda con suspensión en el ejercicio
del cargo sin derecho a remuneración por el termino de 60 días, y al Teniente Pineda
Camargo y el agente Rodríguez Vargas con multa de 60 días de salario, todos por ser
los responsables de las torturas infligidas a José Uldarico Castillo Aguilar.
Los culpados interpusieron recurso de apelación, el cual se desato el 11 de agosto de
1999 con fallo de la Procuraduría General de la Nación, el cual fue resuelto a su favor
revocando las sanciones impuestas y por tanto absolviendo de todo cargo a los
policiales, ya que para el ente gubernamental la declaración de José Castillo Aguilar
carece de todo valor probatorio por las distintas contradicciones en que incurrió, no
pudiéndose constatar por otros medios las lesiones que sufrió.
En 1996 las fuerzas paraestatales comenzaron a emplear frecuentemente “listas negras de
la muerte” para intimidar a los líderes comunales y cívicos de los sectores populares y
obligarlos a mitigar sus actividades reivindicativas. En esas mismas listas se relacionaban
además los nombres de los líderes sindicales y políticos de oposición que apoyaban el
trabajo de base que se desarrollaba en el sector norte de la periferia de la ciudad. El 3 de
julio de 1996, un grupo autodenominado “Autodefensas de Santander y Muerte a
Subversivos”, mediante un listado que fue dejado en la sede regional del Partido Comunista
en Bucaramanga, amenazó de muerte a DAVID FLOREZ, LUIS ZULETA, GUILLERMO
RAMIREZ, LUIS MARTINEZ, LUIS CUADROS, CRISTINA ACEVEDO, RAUL RODRIGUEZ, JESUS
GARZON, ENEI LOZANO, GUSTAVO MIRANDA, JULIO AVELLA, CARLOS GOMEZ, JOSAFAT
TARAZONA, PEDRO LEON, ALFREDO MUÑOZ, RAFAEL OVALLE, E. GUARIN, FERNANDO
PORRAS, y NN RODRÍGUEZ. Las diecinueve personas amenazadas estaban vinculadas a
actividades sindicales, o eran líderes de los sectores populares.
Con el posicionamiento del paramilitarismo en la ciudad y el consecuente apoyo de los
organismos del Estado a su accionar represivo, las organizaciones y movimientos cívicos y
populares de la capital santandereana se vieron obligados a mitigar considerablemente su
fuerza organizativa. El silenciamiento de sus voces, conllevó a la disminución de las
agresiones por parte de las fuerzas paraestatales, las cuales a finales de la década del
noventa ya habían logrado hacerse al control de la mayoría del perímetro urbano,
incluyendo los barrios del sector norte, donde antaño los movimientos cívico – populares
habían logrado generar importantes espacios para la participación de sus habitantes.
138
El 1 de junio de 1997, MANUEL JESUS PRADA GOMEZ de 30 años, fue asesinado por agentes
de la policía en la carrera 15, frente al Banco Ganadero, sucursal Libertadores. Manuel Jesús
se desempeñaba como radio técnico en un taller. Los hechos se efectuaron cuando Jesús
transitaba por éste sitio del centro de la ciudad en horas de la noche. Mientras caminaba
recibió 11 tiros en la espalda. Al igual que él, otras personas fueron asesinadas esa noche,
sin que pudiera precisarse su identidad. La policía acusó a Manuel Jesús y las personas que
fueron asesinadas esa noche de estar activando una bomba en el Banco, además de
pertenecer al Frente Urbano Resistencia Yariguíes (FURY) del ELN, poseer armas, granadas y
otros artefactos explosivos que supuestamente provenían de Barrancabermeja. La versión
de los hechos que fue presentada por la policía fue ratificada por el periódico regional
Vanguardia Liberal.
En realidad lo que se presentó fue un caso típico de alteración de la escena del crimen. A
Manuel Jesús Prada Gómez y otras personas más les fueron camufladas armas, granadas y
otros artefactos explosivos que supuestamente provenían de Barrancabermeja. La policía
informó que se había producido un enfrentamiento y que como producto de estos habían
sido asesinados Jesús y otras personas más.
En 1998 volvió a suscitarse el fenómeno de las “Caravanas de la muerte” realizadas por los
escuadrones paramilitares en las vías de interconexión entre Bucaramanga y el resto del
departamento. El 13 de febrero de 1998, el conductor JOSE DE LA CRUZ DURAN fue
asesinado por varios hombres que portaban armas de corto y largo alcance, quienes
interceptaron el vehículo en que se transportaba la víctima, en la vereda Magueyes, zona
rural de Bucaramanga. El crimen se dio cuando la víctima trasladaba, desde la capital, a
campesinos residentes en la mencionada vereda.
2.5.1 El barrio José Antonio Galán
“nuestro único delito (...)
es ser parte de los pobres de este país”
El barrio José Antonio Galán es un sector de Bucaramanga que se caracteriza por las
condiciones de pobreza en las que viven la mayoría sus habitantes. Paradójicamente, como
en muchas zonas de país, los pobladores de este sector de la capital habitan en medio de
una rica y productiva zona industrial de la ciudad. De este modo, la riqueza y la pobreza
conviven en un mismo lugar. Desplazados, desempleados y familias en extrema pobreza
llegaron a buscar un lugar dónde vivir estableciendo sus asentamientos en este barrio. Sin
embargo, la respuesta del Estado se manifestó a través de la presencia de la fuerza pública
que comenzó a realizar constantemente allanamientos y detenciones irregulares justificados
en la peligrosidad y el alto índice de delincuencia presente en este sector. Los campesinos
desplazados también debían soportar las afirmaciones que los señalaban como guerrilleros.
La represión y señalamiento del cual fueron victimas los habitantes de este lugar motivo sus
denuncias ante los entes gubernamentales, los cuales en lugar de atender la dura
problemática social a la que se enfrentaban los pobladores arremetieron contra ellos de
forma indiscriminada.
“La presencia estatal”
Señor:
139
ANTONIO CHAPARRO VEGA
Procurador Regional de Santander
E. S. D
Los habitantes del barrio José Antonio Galán, ubicado en la Zona Industrial de esta ciudad,
denunciamos ante usted los siguientes hechos:
1. Siendo las 3 a.m. del día 14 de septiembre de 1989, se presentaron en nuestro barrio de extracción
humilde, varios camiones del ejército y motocicletas que movilizaban efectivos uniformados de civil
adscritos a la V Brigada con sede en esta ciudad.
2. Posteriormente procedieron a efectuar allanamientos masivos de manera violenta, derrumbando
las puertas de los ranchos y casas, ultrajándolos de manera verbal y física.
3. Seguidamente fueron golpeados y detenidos ALFONSO ANGARITA, de 20 años de edad, y
JOSE DOMINGO SOLANO LEON de 23 años, habitantes de nuestro barrio quienes fueron
trasladados a las instalaciones de la V Brigada.
4. Unidas a las anteriores arbitrariedades, se nos amenazo con realizar un censo donde todo el que
tuviera cédula de ciudadanía de San Vicente y del Carmen sería detenido, por provenir de una zona
donde hay guerrilla.
FUENTE: Carta enviada por los habitantes del barrio José Antonio Galán al Procurador Regional de
Santander. Bucaramanga. Septiembre 14 de 1989.
Las afrentas sufridas por los residentes del barrio José Antonio Galán, lejos de disminuirse,
se incrementaron en los años noventa, al igual que la persecución de los agentes estatales
y las estructuras irregulares contra los habitantes de la región norte de la ciudad de
Bucaramanga.
2.5.2 Los barrios del Norte de Bucaramanga
“A la vida daremos todo
A la muerte jamás daremos nada”
Uno de los sectores populares mas reconocidos en Bucaramanga lo constituyen los barrios
del norte de la ciudad, asentados sobre la carretera que lleva hacia la Costa Atlántica. En la
actualidad sus barrios, de acuerdo al ordenamiento territorial, se agrupan en la Comuna I
Norte y la II Nororiental, aunque por las dinámicas poblaciones también se cuentan barrios
de la Comuna III San Francisco179. En esta zona la tasa de empleo es baja, o sus moradores
179
La conformación de las comunas es tomada de http://www.bucaramanga.gov.co/ciu.htm):
Comuna 1 Norte: Barrios: El Rosal, Colorados, Café Madrid, Las Hamacas, Altos del Kennedy,
Kennedy, Balcones del Kennedy, Las Olas, Villa Rosa (sectores I, II y III), Omagá (sectores I y II),
Minuto de Dios, Tejar Norte (sectores I y II), Miramar, Miradores del Kennedy, El Pablón (Villa Lina, La
Torre, Villa Patricia, Sector Don Juan, Pablón Alto y Bajo). Asentamientos: Barrio Nuevo, Divino Niño,
13 de Junio, Altos del Progreso, María Paz. Urbanizaciones: Colseguros Norte, Rosa Alta.
140
laboran en actividades informales o del sector primario en la producción. Igualmente están
radicados en el sector asentamientos humanos sub normales, con deficiente prestación de
servicios públicos y conflictos sociales complejos como fenómenos de delincuencia, baja
productividad y, actualmente, de desplazamiento.
La atención a los problemas de los habitantes del Norte de la capital santandereana por
parte de las autoridades municipales, no ha sido satisfactoria. Desde tiempo atrás se tratan
con marginalidad y sin soluciones de fondo. Como es costumbre en el Estado colombiano, la
respuesta a las peticiones populares fue la violencia, empleando su aparato represivo para
acallar las justas reclamaciones del pueblo, además de criminalizar a estas personas
residentes en zonas populares.
Por ejemplo, entre el 8 y 9 de noviembre de 1985, los estudiantes del Colegio Aurelio
Martínez Mutis ALEJANDRO LOZANO y JOSE MONCADA VELASCO fueron detenidos y
posteriormente torturados mediante golpes e interrogatorios, allanadas sus residencias y
sindicados de pertenecer al M-19 por agentes de F-2 vestidos de civil, cuando transitaban en
inmediaciones del barrio Zapamanga. Los jóvenes se desplazaban en cercanías del
mencionado sector, cuando los agentes, que se movilizaban en un campero de color blanco,
los detuvieron. Posteriormente los llevaron a las instalaciones del F-2 donde los interrogaron
y golpearon. En la madrugada del 9 de noviembre, los trasladaron a sus residencias, las
cuales se hallaban ubicadas en el barrio la Trinidad al sur de la ciudad; estas fueron
allanadas por los captores de los estudiantes. Sus familiares anotaron que los
procedimientos eran ilegales, ya que tanto las detenciones como los allanamientos no
estaban respaldados por orden judicial alguna.
El 12 de diciembre de 1985, el ejército desarrolló una serie de operativos en la ciudad que
dejaron como saldo varias detenciones y sindicaciones. En esa fecha FLORELIA BELTRAN,
ALVARO ABAUNZA GARCIA, RODOLFO SANABRIA y el profesor y dirigente comunal GERMAN
GARCIA GIRALDO fueron detenidos por miembros de la V Brigada en el barrio Villa Helena. A
Florelia la detuvieron durante un allanamiento y la sindicaron de pertenecer al ELN y poseer
un material de guerra; mientras Álvaro y Rodolfo fueron señalados de pertenecer al EPL y al
M-19, y estar reclutando milicianos para esas organizaciones. En tanto el profesor Germán
fue torturado e interrogado por los militares, quienes lo llevaron a la Brigada donde
permaneció 10 días.
La problemática social vivida en los barrios del Norte de Bucaramanga, uno de los sectores
populares reconocidos en la ciudad, animaba a los pobladores de estas zonas a reclamar por
sus derechos fundamentales y las mejoras en sus condiciones de vida. Las protestas que se
daban principalmente por el acceso a servicios públicos, se atendieron por el gobierno local
con operativos militares en la vía pública. Un ejemplo de ello tuvo lugar en el año de 1986,
cuando los habitantes de los barrios del norte de la ciudad, realizaron mítines de protesta y
reclamo en las calles del sector para exigir la terminación de las redes de gas en la zona,
COMUNA 2 NORORIENTAL: Barrios: Los Angeles, Villa Helena I y II, José María Córdoba, Esperanza I,
II y III, Lizcano I y II, Regadero Norte, San Cristóbal, La Juventud, Transición I, II, III, IV y V, La
Independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte. Asentamientos: Mesetas del Santuario, Villa María,
Mirador, Primaveral, Olitas, Olas II.
COMUNA 3 SAN FRANCISCO: Barrios: Norte Bajo, San Rafael, El Cinal, Chapinero, Comuneros, La
Universidad, Mutualidad, Modelo, San Francisco, Alarcón. Asentamientos: Puerto Rico. Otros: U.I.S.
Aunque no se detalla, tenemos también como barrios que se encuentran en la zona Zapamanga y
Arenales Campestre.
141
movilizaciones que fueron reprimidas duramente por unidades de los batallones Caldas y
Ricaurte que maltrataron física y verbalmente a los pobladores que protestaban180.
Barrio Norte
Con motivo de la problemática que venían afrontando los habitantes de Bucaramanga,
principalmente de los barrios populares, ante la escasez del servicio de gas, estos se vieron en la
necesidad de desarrollar una justa protesta para exigir este servicio. Por tal razón (...) el viernes 12 (...)
se realizaron en diversos puntos de la ciudad actividades de protesta, las cuales fueron duramente
reprimidas. Este fue el caso de los pobladores de los barrios del Norte, quienes presentaron al CSPP
(Seccional Santander) la presente denuncia:
“Siendo las 12:30, se hicieron presentes varios contingentes de soldados pertenecientes a la Policía Militar de los
batallones Caldas y Ricaurte, al mando del Subteniente Martínez y del Sargento segundo Vargas, actuando de manera
provocadora y atropellando a las personas que allí se encontraban.
Empujones, puntapiés, culatazos, palabras hostiles y soeces tuvieron que soportar ellas, además de intentos por detener
las personas del lugar. No importando la presencia de niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas, como tampoco
los símbolos patrios, que como la bandera nacional, despedazaron furiosamente.
Estas violaciones a los derechos de un pueblo a ejercer sus justas protestas, alcanzaron puntos críticos y graves cuando la
exasperación y la brutal actitud de los militares los llevó a intimidar a los pobladores apuntando sus fusiles de forma
amenazante hacia la comunidad.
Denunciamos ante la opinión pública estos atropellos y reclamamos de los sindicatos, estudiantes, campesinos y
ciudadanía en general, manifestaciones de solidaridad para con los compañeros. (...)
FUENTE: Denuncia presentada al CSPP (Seccional Santander) por los habitantes de los barrios del
Norte. Bucaramanga. 1986.
El 27 de octubre de 1988, se realizó un paro nacional convocado por las centrales obreras, y
que fue apoyado por las diversas organizaciones sociales de Bucaramanga. En el
participaron activamente los habitantes del sector norte, quienes desde finales de la década
del setenta se organizaron en comités comunales que contaron con la cooperación de los
sectores estudiantil y sindical. En los operativos desarrollados por los organismos estatales
en esa fecha fue asesinada, a tiros de escopeta, DOMINGA ANTONIA LEON, quien murió a
causa de los disparos en el barrio Brisas de Girón.
Mes y medio más tarde, el 14 de diciembre de 1988, en horas de la noche, el trabajador
ROLDAN ADOLFO ROBLES fue víctima de un atentado hecho por sicarios que se movilizaban
en una motocicleta roja, mientras él se dirigía también en una motocicleta, a su residencia
ubicada en el barrio Zapamanga. Los disparos que hicieron blanco en la humanidad de
Roldan, lo dejaron gravemente herido. Luego lo trasladaron a la Clínica Comuneros del
Seguro Social, siendo su estado de salud reservado. Por otra parte, los sicarios que casi le
quitan la vida al trabajador, no quedando conformes con su delito, profirieron amenazas
telefónicas en la clínica contra aquel y los médicos que atendieron la emergencia.
180
Denuncia presentada al CSPP (Seccional Santander) por los habitantes de los barrios del Norte.
Bucaramanga, 1986.
142
Los barrios del norte no fueron ajenos a las operaciones de contrainsurgencia en los sectores
populares. El 10 de febrero de 1989, aproximadamente a las 7:30 p.m. llegó a la Esperanza
I etapa personal civil fuertemente armado, acompañado de uniformados de la policía, los
cuales allanaron viviendas de la parte baja del sector amenazando a sus habitantes. Al no
encontrar lo que buscaban, detuvieron a CUATRO JOVENES que se encontraban fuera de sus
viviendas, colocándolos contra la pared y encañonándolos con sus armas, mientras
intimidaban a los demás residentes del sector para que entraran a sus casas cerrando
puertas y ventanas, porque no querían ser identificados y afirmando que no respondían de
lo que les pasara. Ante la protesta de la madre de uno de los jóvenes, los policías los
dejaron en libertad, y los amenazaron diciéndoles que si miraban para atrás les disparaban.
Aproximadamente a las 5:00 p.m., agentes de la policía dispararon en forma irresponsable
mientras perseguían a un joven que huía por la vía que lleva al municipio de Matanza
(Santander); las balas alcanzaron la vivienda donde se encontraba MARLENE URIBE PARRA,
resultando gravemente herida. Marlene fue conducida hacía el hospital Ramón González por
una patrulla, sin embargo, falleció en el centro medico.
En la década del noventa se recrudeció el accionar paraestatal en la zona de los barrios del
norte gracias al incremento en la persecución a marginados y excluidos sociales. Ante la
escalada de violencia emprendida por los agentes del Estado y en particular de los
escuadrones de la muerte, culpables de la persecución a marginados y excluidos sociales
que azotaba este sector en especial de Bucaramanga, los grupos de base que desarrollaban
trabajo comunitario en el norte de la ciudad emitieron un comunicado expresando su
rechazo e indignación ante tales hechos:
Carta abierta de los grupos de base de Ciudad N orte
Los grupos de base de CIUDAD NORTE
RECHAZAMOS
*Todo tipo de violencia física y sicológica a nivel familiar, sectorial y social.
*Todo tipo de amenazas a líderes comunitarios y personas en general.
*Todo tipo de violencia de “Derecha”, y de cualquier lado de donde provenga.
*Todo tipo de maltrato, abuso, atropello, marginación, agresión verbal y física, difamación, etc.
*Todo lo que atenta contra los derechos humanos contemplados en la nueva constitución y en
especial el derecho a la vida.
AFIRMAMOS
*Que toda persona humana por ser persona, no solo tiene derecho a vivir, sino a vivir dignamente.
*Que los llamados “Desechables”, drogadictos, vagos,
rateros,
perturbadores,
asesinos,
pervertidos sexuales, hampones y prostitutas, son personas dignas de un tratamiento humano,
correcto y de acuerdo a la ley (que no contempla la pena de muerte).
*Que la violencia no es un camino de solución a la actual problemática social.
PROPONEMOS
*El respeto incondicional de los derechos humanos y en especial el derecho a vivir.
*Dar a todos oportunidades reales para mejorar su calidad de vida: educación, salud, vivienda,
servicios básicos, capacitación, empelo, recreación, etc.
*Promover y apoyar la organización comunitaria de ciudad norte, para enfrentar solidariamente y con
eficacia los problemas más graves.
143
*Que Bucaramanga, con sus entidades públicas y privadas y personas de buena voluntad, se
solidaricen con los sectores más vulnerables al abandono social.
*Consolidar y apoyar la acción constante del Comité Permanente de Derechos Humanos de Ciudad
Norte.
“A la vida dejaremos todo
A la muerte jamás daremos nada”
Bucaramanga, 1991
El sector norte de la capital santandereana, uno de los mas golpeados por la violencia que se
vivía en la ciudad, especialmente con la persecución a marginados y excluidos sociales, fue
privilegiado con las labores adelantadas por sus diferentes voceros comunales en procura del
mejoramiento de las condiciones de vida de la población del sector. Sin embargo, este tipo
de lucha reivindicativa era visto por el Estado y los paramilitares como una actividad
peligrosa, que atentaba contra los intereses de los poderes locales, razón por la cual sus
promotores debían ser eliminados, estrategia que en 1992 tuvo un crecimiento inusitado,
apuntalada por el sicariato, herramienta completamente efectiva a la hora de dar muerte a
los pobladores y amparar la impunidad de los agresores. Así, 1992 pasara a la historia por
ser el punto cumbre del martirio de dirigentes populares.
La primera víctima de la escalada paramilitar en ese año fue la líder cívica ALIRIA PARADA
CARVAJAL, asesinada el 21 de marzo de 1992 por dos sujetos que llegaron hasta su
residencia, ubicada en la calle 12 No. 22-07 del barrio Esperanza II, que sin mediar palabra,
abrieron fuego contra ella. En la acción su ESPOSO resultó herido. Aliria trabajaba además
como empacadora de café. Los dirigentes cívicos del sector norte de esta ciudad
manifestaron su preocupación por el asesinato de compañeros y las constantes violaciones a
los derechos humanos de las que eran víctimas los habitantes de esta zona.
El posicionamiento y control del sector norte continuó en el barrio Arenales Campestre
donde el 9 de abril de 1992, desaparecieron JAIRO ANTONIO ACUÑA de 26 años de edad, en
circunstancias desconocidas; y EDGAR ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ, trabajador de un
taller, desparecido por dos individuos que se identificaron como miembros de los organismos
de seguridad del Estado. Testigos afirmaron que “se lo llevaron en un Mazda azul y le
solicitaron documentos. Después sacaron armas de corto alcance y lo obligaron a abordar el
automóvil...Además del carro, iban dos motos rojas”. Los familiares de Álvarez Martínez
manifestaron que “no tenía antecedentes judiciales, no militaba en ningún partido político y
tampoco poseía deudas pendientes”. Era separado y padre de dos menores de edad.
Dos meses más tarde, el 27 de mayo de 1992, el albañil JAVIER SANJUAN TORRES, quien se
encontraba vinculado al trabajo comunitario con los sectores populares del norte de
Bucaramanga y era obrero retirado de Ferticol (Barrancabermeja), fue asesinado por
organismos de seguridad del Estado. Su cuerpo fue hallado posteriormente en el sitio
conocido como “Las Palmas”, ubicado en el caserío Ruitoque, circunscripción de la localidad
de Floridablanca. El cuerpo de Javier presentaba cuatro impactos de arma de fuego, tenía
los ojos vendados y la boca tapada con un pañuelo. La víctima vivía en el barrio La Cumbre
y el día anterior había salido para su trabajo en la Urbanización Portales del Campo y desde
entonces se desconocía su paradero. Este caso fue puesto en conocimiento de la Personería
Delegada Para lo Administrativo y Derechos Humanos de Bucaramanga, y organismos no
gubernamentales de Derechos Humanos.
144
La violencia contra los dirigentes comunales de los barrios del norte de Bucaramanga
continuaría en junio. El 18 de ese mes, el Presidente de la Junta de Acción Comunal del
barrio Villa Mercedes, BRUNO JOSE DUARTE SANCHEZ de 44 años, fue asesinado por un
individuo que ingresó a su casa y le disparó en repetidas ocasiones. Los dirigentes cívicos
de aquel sector habían denunciado anteriormente las amenazas de muerte contra varios de
ellos.
El 7 de junio de 1992, el joven de 22 años ORLANDO NIÑO SANDOVAL, fue asesinado por
dos desconocidos, quienes le dispararon en momentos en que jugaba naipe, junto con DOS
PERSONAS más que resultaron heridas. El hecho ocurrió a altas horas de la noche en el
barrio Los Ángeles.
En de agosto de 1992, los pobladores de los barrios del norte serían siendo objeto de la
criminalización del sector. El día 17 el joven de 15 años, RENZO ACUÑA, fue asesinado por
desconocidos en Ciudad Norte. La comunidad del sector repudió la ola de violencia que se
presentaba en la zona y manifestó su preocupación por los múltiples asesinatos que
cometían los escuadrones de “limpieza social”; asimismo, la comunidad del barrio emitió un
comunicado afirmando que Renzo era un buen muchacho querido por la comunidad. El
comunicado iba firmado por el párroco y 20 miembros de la Asamblea Parroquial.
El cruento desenlace de 1992 se tendría con la desaparición de YOLANDA TOLOZA SUAREZ,
asesora contable de proyectos comunitarios en la zona norte de la ciudad de Bucaramanga,
ocurrida el 5 de noviembre. Cuatro individuos vestidos de civil la interceptaron y obligaron a
la fuerza a subir a un carro Mazda color azul claro, el cual partió con rumbo desconocido del
barrio Transición. Yolanda se encontraba en aquella zona de la ciudad buscando un teléfono
para comunicarse, cuando de repente un desconocido, sin mediar palabra, la tomo de las
manos y con la ayuda de otros tres la introdujeron al automóvil descrito. Cinco días
después del hecho, la hermana de la desaparecida, Ligia Toloza Suárez, interpuso un
recurso de Habeas Corpus que fue resuelto por el Juzgado Primero Municipal de la ciudad de
forma negativa, pues considero que “no se comprobó en el proceso la detención o captura
de la víctima por entidades de seguridad del estado”.181
La represión de las personas preocupadas por el bienestar y el mejoramiento de los barrios
del Norte prosiguió el 3 de marzo de 1993, con el asesinato por desconocidos de los líderes
cívicos de la urbanización María Paz y del proyecto de vivienda popular, CRISTHIAN
HERNANDEZ BELTRAN y NUMAEL MONTAGON.
La violencia paramilitar retornó a los barrios del sector norte el 24 de abril de 1993. Ese día,
LUIS ANTONIO CRISTANCHO de 42 años, y JAIRO DURAN LAGOS de 40 años de edad,
fueron asesinados por tres hombres armados que irrumpieron en un campo de tejo del
barrio Colorados, lugar en el que departían medio centenar personas. En los hechos una
MUJER y un MENOR de edad resultaron heridos.
Mientras los residentes del barrio Colorados eran sometidos a la violencia oculta de
escuadrones de la muerte, varias de sus filas se encargaban de este mismo objetivo en el
barrio La Juventud. El 15 de septiembre de 1993 a las 2:10 de la tarde, FELIX REYES fue
asesinado por dos hombres encapuchados que le dispararon cuando consumía bebidas
embriagantes, en una calle del barrio La Juventud. Otra PERSONA que lo acompañaba
resultó herida, mientras que los desconocidos se fueron como si nada hubiera pasado. A las
dos cuadras los agresores se despojaron de sus máscaras.
181
Auto del 11 de noviembre de 1992 del Juez Primero Penal Municipal de Bucaramanga por el cual se
resuelve la solicitud de Habeas Corpus a favor de Yolanda Toloza Suárez.
145
Un nuevo crimen a manos de presuntos paramilitares tuvo lugar el 9 de julio de 1994, fecha
en que el líder cívico y comerciante de 37 años GUSTAVO PEDRAZA fue asesinado en un
puesto de venta de carne y mercado ubicado sobre la vía que de Bucaramanga conduce a la
localidad de Rionegro (Santander). Los desconocidos llegaron al lugar y sin mediar palabra,
le propinaron 6 disparos de pistola calibre 9mm al comerciante. Gustavo había sido líder
comunal del corregimiento La Corcovada, jurisdicción del municipio nombrado, colaborando
en la construcción del acueducto veredal y otras acciones en pro del bienestar de la
población, mientras hacía parte de la Junta de Acción Comunal. Tres meses antes de ser
asesinado, el dirigente cívico se trasladó a Bucaramanga porque había recibido amenazas de
los grupos alzados en armas que operan en la región.
Un caso representativo de la violencia estatal contrapuesta a las personas dedicadas a
trabajar por los intereses de sus comunidades, se observa con lo sucedido al sociólogo
HUBERTY SERNA PAEZ, constantemente hostigado por el UNASE hasta su asesinato,
ocurrido el 11 de septiembre de 1995 en el que los responsables fueron organismos de
seguridad estatales. El sociólogo había salido en la mañana del 11 de su casa a las 6:00
a.m. para asistir a una reunión con los residentes del barrio María Paz, pero nunca llegó allí.
Según versiones de los vecinos del sitio Lavadero, lugar donde fue encontrado el cuerpo de
Huberty, el asesinato se produjo hacia las 8:00 p.m. Sin embargo, las autoridades sólo
conocieron el caso a las 7:30 a.m. del día siguiente. El cuerpo del profesional se encontró
en la vía Troncal Oriental, entre los barrios Bucarica y El Carmen, a la altura del sitio
Lavadero; su cuerpo presentaba seis disparos con arma de fuego y señales de tortura.
Pese a que la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía tenían conocimiento del inminente peligro
de la vida de Huberty no tomaron ninguna medida preventiva. El teléfono de la residencia
del sociólogo estuvo interceptado en los últimos meses. Muchas veces se alarmó sobre la
presencia de civiles que lo seguían y vigilaban. No se encontró ninguna prueba sobre
quiénes pudieron ser los victimarios, aunque todos los antecedentes vinculan a las fuerzas
estatales. El crimen se realizó en horas de la noche, aprovechando que Huberty se dirigía
hacía el norte de la ciudad, lugar que es conocido por su peligrosidad y por el número de
asesinatos cometidos allí. No se adelantó ninguna investigación a pesar de las múltiples
manifestaciones públicas y de los pronunciamientos que hicieron las diferentes
Organizaciones para exigir que se condenaran a los culpables del homicidio.
Anteriormente, el 9 de marzo de 1994, a las 7:00 p.m., la residencia de Huberty había sido
allanada ilegalmente por personal adscrito al UNASE. En dicha ocasión le incautaron
elementos personales como libros, documentos de trabajo y fotografías de familiares. Por
este hecho Huberty posteriormente interpuso una denuncia ante la Defensoría del Pueblo del
pueblo de la capital182. No obstante, él y su familia siguieron siendo perseguidos y
hostigados con múltiples allanamientos por miembros del grupo UNASE, quienes además lo
acusaron ante un fiscal de rebelión, cargos por los que fue detenido 45 días, siendo liberado
posteriormente mientras que las autoridades aducían desconocer los cargos. La persecución
a Huberty acabaría tristemente con su asesinato.
Huberty Serna Paez: por democracia participativa, por justicia y libertad.
182
Carta enviada por Huberty Serna Páez al Defensor del Pueblo Dr. Ancízar Salazar. Bucaramanga,
marzo 16 de 1994.
146
Sociólogo de profesión, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC). Residía en el
municipio de Girón. Se destacó por la ayuda incondicional que brindaba a los sectores populares,
colaborando con el desarrollo de procesos autogestionarios de las comunidades con las que
trabajó183. Huberty pertenecía a COMUDE asociación comunitaria del municipio de Girón, y al
Comité de Derechos Humanos de la localidad; su asesinato está relacionado con el trabajo social que
llevaba por los menos favorecidos de los barrios populares del área metropolitana. Justamente antes
de su muerte, Huberty estaba desarrollando un plan de vivienda en el norte de Bucaramanga en los
barrios María Paz, Morrorico y Comuneros dentro del programa de la Red de Solidaridad Social.
La actividad comunitaria desarrollada por el sociólogo, era considerada por las autoridades estatales
como una labor subversiva. En Enero de 1995, el profesional fue detenido siendo sindicado de
rebelión por ser presuntamente el responsable político de la red urbana del ELN184. Sin embargo en
el mes de febrero siguiente lo dejaron en libertad al no comprobársele nada. Antes de su
desaparición, Huberty había sido hostigado en repetidas ocasiones; su casa allanada, e incluso
difamado por uno de los principales diarios de Bucaramanga “buscando su muerte laboral y la puesta en
peligro de su vida con señalamientos injustos”185; hechos acaecidos a pesar del establecimiento de las
denuncias pertinentes, como la realizada al Defensor del Pueblo, donde el profesional manifestaba:
“He venido acompañado de un grupo de miembros de la Junta de Vivienda Comunitaria La Aurora a presentar
denuncia y solicitar protección a mí y a mi familia por la persecución de que somos objeto, por los señalamientos injustos
de Vanguardia Liberal, y el peligro que significan para el libre ejercicio constitucional de organización y de mi vida, ya
que han venido propalando latifundios desde la alcaldía de Girón y negado derechos fundamentales establecidos por la
red de solidaridad para los sectores marginales.”186
Una de las organizaciones con las que Huberty trabajo de la mano, y apoyó en todo momento era la
Junta de Vivienda Comunitaria la Aurora, cuyos miembros afirmaban que su lucha era la misma de
Huberty, pues “no estamos cometiendo ningún delito o injusticia por el hecho de que vamos a seguir luchando por la
vivienda. Continuaremos organizados, alrededor de nuestra asociación para que el día de mañana sea más alegre,
luminoso y productivo. Por eso hoy más que nunca nuestra unión es lo más valioso que podemos conservar y a la
memoria de nuestro querido amigo, quien vivirá por siempre en el corazón de todo aquel que ama a su prójimo como a
sí mismo. Su muerte nos demuestra que la vida no termina con la destrucción del cuerpo físico. El ejemplo que nos deja
Huberty, es el de hacer realidad el deseo de unión y transparencia, y luchó por ello... por la idea de tener una vivienda,
un techo propio y hecho con nuestras propias manos y nuestro propio sudor”187
FUENTE. Carta abierta a nuestros compañeros de la Junta de Vivienda Comunitaria “La Aurora” Norte.
Bucaramanga, septiembre de 1995.
183
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander); Corporación Para la
Promoción Humana CORPHU; Asociación de Asistencia Humanitaria ANDAS; Asociación para la
Educación Ambiental ZUA QUELZAL; Asociación de Vivienda Comunitaria La Aurora. Comunicado de
Radio y Prensa, Bucaramanga, septiembre 12 de 1995.
184
Vanguardia Liberal. Sección B Judicial. “Evaluación del primer semestre: La UNASE se balanceó”,
Bucaramanga, junio 25 de 1995.
185
Junta de vivienda comunitaria La Aurora. Comunicado, Bucaramanga, julio 1 de 1995.
186
Denuncia presentada por Huberty Serna a la defensoría del pueblo. Bucaramanga, julio 5 de 1995.
187
Carta abierta a nuestros compañeros de la Junta de Vivienda Comunitaria “La Aurora” Norte.
Bucaramanga, septiembre de 1995.
147
2.5.2.2 El Comité Cultural de Zapamanga, COCUZA
“Aunque ya soy vieja le digo una cosa: Yo empecé a
vivir hace 10 años. Antes era únicamente dedicada a los
hijos y al trabajo… vecinos? Le puedo decir que de
verdad no conocía a nadie. Hasta que una vez me
invitaron a la Biblioteca, a un curso de tejidos. Fui como
por no dejar. Participé en el curso y me vinculé al grupo
de señoras del Comité Cultural… ¡Allí empecé a vivir!”188
El Comité Cultural de Zapamanga es una organización de carácter cultural y social sin ánimo
de lucro que desarrolla programas con base en dos áreas de trabajo mediante la educación
popular dirigida a niños, jóvenes y adultos del sector nororiental de Floridablanca que
contribuye fundamentalmente a la organización popular, con el objetivo de transformar el
estado de marginación y pobreza potenciando valores como la participación, la solidaridad,
la equidad y la justicia. 189
Los antecedentes a la formación de esta organización datan de 1979, cuando el padre
Guillermo Mesa inició un arduo trabajo pastoral en este sector. Pronto surge un grupo de
vecinos que, motivados por el sacerdote, crean un comité al que llamaron Solidaridad. Las
acciones más importantes de éste comité fue la publicación de La Muralla un periódico local
que buscaba profundizar en la problemática del sector y la inauguración de la Biblioteca José
Antonio Galán. El crecimiento de este comité dio lugar a su transformación, con la creación
del Comité Cultural de Zapamanga que con grandes esfuerzos y contribuciones consiguieron
la adquisición de una sede propia para su funcionamiento.
Otras iniciativas del Comité fue la creación del grupo de trabajo “Carnaval”, integrado por
niños; “El Club de Amas de Casa”, dirigido a la capacitación y formación de mujeres; y el
grupo de “Bibliotecarios” que buscaba fomentar los hábitos de lectura. De este modo, la
formación del Comité se desarrolló en la medida que el barrio se fue construyendo190.
La presencia del padre Guillermo se caracterizó por una evangelización más participativa,
comprometida con el pobre y la organización popular. Sin embargo, el protagonismo ganado
por el sacerdote y las iniciativas de la comunidad no fueron del agrado del obispo y de las
autoridades de Bucaramanga. Para junio de 1985, pese a las manifestaciones en contra, el
188
Testimonio de Doña Ascensión, mujer habitante del barrio Zapamanga publicado en: Opción.
Revista de Cultura Política. “Mucho Zapamanga”. No. 15. Octubre de 1989. Bogotá.
189
Comité Cultural de Zapamanga: Carta enviada al Personero Municipal Para los Derechos Humanos
de Bucaramanga. Bucaramanga. 9 de marzo de 1994.
190
Mirada Juvenil. Comité Cultural de Zapamanga. Octubre – Noviembre de 2004. Edición No. 7.
Floridablanca – Santander.
148
padre Guillermo fue destituido de la parroquia y reemplazado por un sacerdote que dijo
haber sido enviado para “acabar el socialismo en el barrio”. Además, Zapamanga es
declarado zona roja y la presencia policiva y militar es permanente.
Este hecho, unido a lo sucedido el 8 de octubre de 1989 afectó considerablemente la
permanencia de la organización. En efecto, ese día el ingeniero civil, profesor de la
Universidad Industrial de Santander e impulsor del Comité Cultural, CONRADO DE JESUS
GALLEGO VARGAS de 38 años fue víctima de un atentado ejecutado por desconocidos que
propinaron doce impactos de bala que lo dejaron gravemente herido. Posteriormente, el 14
de octubre, Conrado murió en la Clínica Bucaramanga víctima de una afección pulmonar.
Años después, los colaboradores del Comité recibían los mismos señalamientos. El 6 de
febrero de 1994 a las 12:00 p.m., fue allanada la residencia del socio y vicepresidente del
Comité Cultural JUAN CARLOS JEREZ. Paralelamente a los hostigamientos contra los
dirigentes de la organización cultural, varios pobladores del barrio Zapamanga fueron
hostigados y perseguidos por la fuerza pública y los escuadrones de la muerte, que
operaban frecuentemente en la zona.
Esta persecución ocasionó la desvinculación de muchos habitantes del trabajo popular. Sin
embargo, fue la convicción y el compromiso de muchos otros que lograron mantener a flote
la organización191. Nuevas generaciones retomaron el trabajo del Comité Cultural. Su labor
continúa hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Zapamanga y
Floridablanca. Año tras año, pese a las circunstancias adversas, el Comité desarrolla
múltiples actividades, incluso proyectando su trabajo a otros sectores del municipio. Junto
con La Muralla circulan otras publicaciones locales como Mirada Juvenil que invitan a la
reflexión de las dificultades que enfrentan los jóvenes y llenan de optimismo a los habitantes
del sector para mejorar sus condiciones de vida.
2.5.3 Persecución y crímenes contra los trabajadores de la cultura
El arte como expresión de la cultura popular, representado en los artistas que le dan vida y
desarrollo a esta forma de comunicación humana, a pesar de su importancia y valor social,
no escapó a las formas de represión y violencia originadas por los agentes estatales. El
desarrollo cultural a mediados de la década de los 80 era una de las principales banderas del
movimiento popular, así como una de las prácticas que más convocaba a todas las
organizaciones sociales. La cultura por ser uno de los ejes de movilización popular, se
convirtió en blanco de atropellos por parte de los organismos de seguridad del estado. En
consecuencia, varios creadores y promotores del arte en esta ciudad fueron castigados por
su labor, pese a que su actividad era solamente de investigación, experimentación y
búsqueda artística.
La intolerancia estatal a este tipo de iniciativas conllevó a que en los meses de octubre y
noviembre de 1985, las residencias de LUIS EDUARDO ARGUELLO y RAMIRO AVILA, artistas
de la “Comunidad Teatro de las Calles” fueran allanadas, al igual que la de RAMON LATORRE
perteneciente al Teatro de títeres “La Oruga Encantada”.
191
“El caso del Comité Cultural de Zapamanga 1977-1989. Reconstruyendo la historia de una
organización popular urbana”. Documento interno del COCUZA. Floridablanca – Santander.
149
Para hacer más desastrosa la situación de los artistas, los hostigamientos iban acompañados
de detenciones, allanamientos y atentados contra su integridad personal. Tan exasperante y
dramática era la violencia contra ellos, que algunos solo pudieron salvar su vida en el exilio.
En el año de 1985, el pintor POMPILIO AVILA sufrió un atentado contra su vida por sicarios
que se movilizaban en un vehículo desde el cual le hicieron una serie de disparos con arma
corta que dejaron gravemente herido al artista. Momentos después fue trasladado y
atendido en el hospital Ramón González Valencia de la misma ciudad, con delicadas
complicaciones físicas por el intento de asesinato que sufrió.
Otro caso de persecución sistemática a los trabajadores de la cultura, fue el perpetrado
contra Boris Avila, quien denunció por medio de su obra las graves violaciones de derechos
humanos que las fuerzas del estado y las estructuras paramilitares cometían reiteradamente
en la ciudad desde comienzos de los años ochenta. Los vejámenes y hostigamientos a los
que fue sometido por su expresión artística, se describen a continuación:
El caso de Boris Ávila
El pintor Boris Ávila reflejó en su cuerpo las consecuencias de las retaliaciones de grupos
paramilitares, y vivió la opresión de los organismos oficiales, como una muestra de “la sistemática
persecución ejecutada contra los artistas por oscuras fuerzas que continúan practicando allanamientos de domicilios y
sitios de trabajo, detenciones e interrogatorios sin ninguna orden judicial”192.
La primera agresión que recibió el artista se efectuó el 25 de noviembre de 1985 cuando recibió 5
impactos de balas blindadas que lo dejaron gravemente herido; sus agresores fueron individuos
pertenecientes a un grupo paramilitar. En aquél entonces, Boris era simpatizante de organizaciones
políticas de izquierda y como resultado de la agresión quedó en silla de ruedas después del atentado.
Después del atentado, los agentes estatales llevaron a cabo una serie de allanamientos a su residencia,
casi uno por año. El primero se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1986, por efectivos del batallón
Caldas. Luego, el 26 de noviembre de 1988 en horas de la madrugada, personal de la SIJIN allanó
nuevamente su residencia, hecho en el cual los agentes lo detuvieron junto con varios de sus
familiares; acto seguido fueron conducidos a las dependencias del organismo de inteligencia en
donde permanecieron por varias horas. Momentos después Boris fue trasladado a la Cárcel Modelo
de Bucaramanga a pesar de que su estado de salud era deficiente.
El motivo de su aprehensión no se conocía, por ello sus familiares se sintieron bastante preocupados,
ya que Boris “se encuentra en una silla de ruedas y aquejado por graves deficiencias de salud, que requieren una
constante atención y suministro de drogas, comida y otros elementos médicos especiales, que las condiciones de la Cárcel
Modelo no presta”, tal como declararon a uno de los principales diarios de Bucaramanga193. Subrayaron
además que los trabajos artísticos de serigrafía a los que se encontraba dedicado Boris fueron
decomisados y por último hicieron un llamado a todos los sectores sociales y artistas de la ciudad
para que intervinieran en la situación del pintor, o que por lo menos “pidan la información sobre los
motivos reales de la detención”,194 pues anteriormente Boris Ávila había sido sindicado de rebelión y
192
Carta Abierta a la Opinión Pública. Bucaramanga. Diciembre 3 de 1985.
Vanguardia Liberal. Artículo de prensa “Libertad para Boris Ávila”. Bucaramanga. Noviembre 28 de
1987.
194
Ibídem.
193
150
absuelto por falta de pruebas,195 lo que muestra la arbitrariedad y autoritarismo del acoso estatal hacia
su persona.
FUENTES:
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH. Itinerario de la Represión y la
Violencia Institucionalizadas, 1985.
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Denuncia pública,
Vanguardia Liberal. Articulo de Prensa “Libertad para Boris Avila”, Bucaramanga, noviembre 28 de
1987.
El caso de Chucho Peña
“cuando la patria se estremece con el retumbe de
los cañones y los fusiles, y sobre un suelo yacen
los cuerpos de cientos de hombres del pueblo,
no nos queda otra cosa sentida que alimentar
nuestra conciencia con el valor y coraje
necesario, que nos permita arrebatarle a
los poderosos el espacio de la vida”196.
El 30 de abril de 1986, el poeta, escritor, teatrero y líder del movimiento cultural en
Bucaramanga, JESUS MARIA PEÑA MARIN, conocido en la región como CHUCHO PEÑA fue
retenido, desaparecido y torturado por desconocidos. Posteriormente,
su cuerpo fue
encontrado sin vida en la vereda La Vega, jurisdicción del municipio de Cáchira (Norte de
Santander).
Jesús caminaba por la calle 39 entre carreras 24 y 25 de la ciudad, cuando fue abordado e
interceptado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, quienes mostrándole
varias armas de fuego lo obligaron a acompañarlo con rumbo desconocido. Al conocer la
situación, los allegados del poeta se presentaron en las diferentes dependencias de los
organismos de seguridad de la capital, en las cuales negaron tener detenido al artista. Pocos
días más tarde, el 7 de mayo, se encontró su cuerpo en la región norte santandereana,
brutalmente torturado, sin ojos, con heridas de arma corto punzante (28 puñaladas) y otras
señales de tortura. Anteriormente, el 23 de noviembre de 1985, la residencia de Chucho
Peña había sido allanada por varios individuos vestidos de civil, quienes en dicha
oportunidad se dedicaron a lanzar amenazas de muerte contra él y a violentar a sus
familiares.
Varios de los allegados y familiares de Chucho emprendieron una angustiosa búsqueda con
el fin de dar con su paradero, contando con el apoyo incondicional de las organizaciones
cívicas, sindicales y populares de la ciudad, las cuales respaldaron en todo momento las
indagaciones y denuncias de la familia de Chucho, siempre con la esperanza de hallarlo con
vida:
“En busca de Chucho Peña”
195
Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de Bucaramanga. Certificación, Bucaramanga. Febrero 4 de
1988.
196
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander): Comunicado.
Bucaramanga, mayo 7 de 1986.
151
Chucho Peña, como se le conocía cariñosamente en la región, acompañaba desde su experiencia
cultural a todas las organizaciones populares (estudiantiles, obreras y barriales) en sus distintas
expresiones de inconformidad, como marchas, asambleas obreras y eventos culturales.
El artista santandereano fue un asiduo promotor de la cultura y de las expresiones artísticas de la
ciudad. También se convirtió en un seguidor y colaborador asiduo de movilizaciones y
manifestaciones populares. Estas dos actividades representaban para Chucho la vida alegre y
servicial, que proyectaba hacia los demás. Su dinamismo característico, se tornó en el motivo que lo
llevó a ser objeto de persecuciones y hostigamientos que finalmente conducirían a su vil asesinato.
La noticia de la desaparición del poeta produjo una ola de desaprobación y llamados a la
movilización por parte de grupos y asociaciones artísticas, en especial de la Comunidad Teatro de las
Calles (donde Chucho Peña laboraba), para reclamar el respeto de la dignidad humana y protestar
por la situación de inseguridad y amedrentamiento selectivo contra los intelectuales y dirigentes
populares. En consideración a lo anterior se realizó el festival artístico “En Busca de Chucho Peña”, que
paradójicamente se efectúo el día que se encontró el cuerpo sin vida del artista. Una vez conocido el
crimen, los pobladores del norte de la ciudad llevaron a cabo una manifestación de repudio y
condena en sus exequias, denunciando la represión y amilanamiento perpetrados por las autoridades
y los paramilitares. Por tal motivo, se apoyaron en el martirio del poeta para demostrar y alzarse
contra la situación de agobio y sofoco vivida en Bucaramanga. Inclusive la consternación y el rechazo
por el asesinato llegaron a manos del máximo jerarca de la iglesia católica cuando se encontraba de
visita en Colombia.
FUENTES:
Comunidad “Teatro de las Calles”. Comunicado a la opinión pública. Documento autónomo,
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Comunicado,
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Carta enviada a su
Santidad Juan Pablo II, Bucaramanga, julio 6 de 1986.
La eliminación sistemática de los artistas prosiguió el 3 de octubre de 1987, fecha en que el
promotor de la cultura GONZALO ORTIZ CARDONA y JOSE EDGAR QUINTERO fueron
torturados y asesinados en circunstancias desconocidas. Ese día, a las 4 de la tarde, Gonzalo
llegó de Barranquilla y se dirigía junto con José Edgar a la sede de la SIJIN con el fin de
preguntar por una motocicleta que le habían decomisado y que reposaba en dicho
organismo de inteligencia. Los jóvenes no llegaron a su residencia esa noche, por lo cual
amigos y familiares iniciaron su búsqueda y los encontraron al día siguiente en el anfiteatro,
cuando un hermano de Gonzalo reconoció los cuerpos. Según el informe de medicina legal,
los cuerpos de Gonzalo y José fueron llevados allí luego de ser encontrados en Lebrija en un
paraje solitario. Los cuerpos tenían atadas las manos a la espalda y presentaban señales de
tortura, además de perforaciones producidas por impactos de bala.
La arremetida de los escuadrones de la muerte contra los trabajadores de la cultura se
intensificó en 1988. El 19 de enero de ese año, el músico y directivo de la Asociación de
Artistas Colombianos (ADECOL) AUGUSTO GUERRERO MARQUEZ de 40 años, fue
desaparecido, torturado y asesinado en circunstancias desconocidas. Augusto desapareció
desde el 8 de enero y había recibido amenazas de muerte con anterioridad. Ocho meses
más tarde, el 17 de septiembre de 1988, el cantautor HUMBERTO PENUELA GONZALEZ fue
152
asesinado por un civil armado en momentos en que se dirigía a realizar una presentación
musical.
La gravedad de las circunstancias vividas por el gremio cultural de Bucaramanga propició
varias denuncias y un llamado a la opinión pública por parte de distintos sectores sociales y
de los mismos artistas para rechazar la extirpación y supresión de las manifestaciones de los
valores culturales y sociales del pueblo.197
2.6 Persecución a Marginados y Excluidos Sociales
“Cuando las violaciones de derechos
humanos no se castigan, la impunidad
se convierte en parte de la vida de
una nación. El imperio de la ley se
desintegra y provoca una epidemia de
homicidios que conducen a la
eliminación despreocupada de los
198
marginados de la sociedad” .
Los crímenes asociados a la persecución a pobladores marginados y excluidos económica y
socialmente presentan características particulares de acuerdo a la operatividad
implementada por las estructuras paraestatales en los centros urbanos. En el caso de
Bucaramanga la persecución se centró en la eliminación de supuestos delincuentes, razón
por la cual, casi totalidad de los crímenes de este tipo fueron reivindicados por grupos
paramilitares, cuya responsabilidad es atribuible por la recurrencia de ciertas operatividades
criminales propias de estos grupos.
La persecución a marginados y excluidos sociales en la ciudad de Bucaramanga fue mucho
más recia que en otros centros importantes de la Zona V como Cúcuta o Aguachica.
Delincuentes, habitantes de la calle, recicladores, trabajadoras sexuales y un gran número
de jóvenes considerados drogadictos se convirtieron en objetivos de los escuadrones de la
muerte. La victimización contra los marginados se caracterizó además por la participación de
agentes estatales, fundamentalmente del cuerpo de policía (SIJIN), que vestidos de civil
actuaban junto con mercenarios financiados por comerciantes. En algunos casos los agentes
de policía actuaron abiertamente, pero en la mayoría se acudió al recurso de la
clandestinidad, que conlleva la imposibilidad de determinar el responsable.
En la mayoría de los crímenes, a pesar de no poder establecer los responsables, se deduce
la responsabilidad paramilitar al analizar la operatividad con que se cometieron los crímenes,
que se resume en los siguientes términos: primero la retención de la víctima, luego la
tortura, sin importar el método o herramienta pertinente; después la atadura de manos y
pies preparatorio para el asesinato, generalmente con disparos de arma 9 mm en la cabeza
y/o en todo el cuerpo y por último el arrojo del cuerpo en los sitios comúnmente conocidos
197
Comunidad Teatro de las Calles; Comité Universitario de Solidaridad CUS; Sindicato de Educadores
de Santander SES; Grupo de Teatro y Títeres “La Oruga Encantada”; Unión Sindical de Trabajadores
de Santander USITRAS. Denuncia Pública, Bucaramanga, diciembre 20 de 1985.
198
Amnistía Internacional. Revista bimestral para los países de habla hispana. No. 6, abril-mayo, 1994.
p. 19.
153
como “botaderos de cadáveres” ubicado en Café Madrid, Minas de Cemento, Chimitá, las
vías que de Bucaramanga llevaban a Pamplona o Matanza.199
Para efectos analíticos, los casos que se presentan a continuación se encuentran organizados
atendiendo a las estructuras y modalidades operativas encargadas de agredir a la población
marginada en Bucaramanga, dada la especificidad de sus métodos criminales y el empleo de
la violencia irregular y legal para erradicar a los excluidos.
2.6.1 Los Escuadrones de la Muerte, la Mano Negra y los responsables
desconocidos en Bucaramanga
“nadie en Colombia se puede arrogar
la facultad de definir... quien es útil, bueno
y merece seguir con vida y quien es
En el mes de abril de 1983 se manifestó la escalada paramilitar en los barrios marginados de
la capital. Las primeras víctimas de la persecución e intolerancia de las fuerzas irregulares
fueron los pobladores LUIS ALBERTO MEJIA TOBON, PEDRO JOSE BRETON AGUDELO y LUIS
ALBERTO MARIN ALVAREZ, asesinados el 12 de abril y JUAN CARLOS BUENAHORA,
asesinado seis días más tarde, el 18 de abril de 1983.
malo, inútil, ‘desechable’ y debe morir.
Nadie y mucho menos la autoridad.
Cuando la autoridad asume ese papel...
se convierte en la monstruosa dueña
de la vida, de la honra y de los bienes (...)200
Los grupos paramilitares irrumpieron en la capital santandereana desde finales de 1982 y
comienzos de 1983. Una de las primeras estructuras paraestatales encargada de imponer el
control en la ciudad fue el MAS, grupo que se asumió la persecución y hostigamiento contra
los sectores políticos de oposición, estudiantiles, sindicales y cívico – populares y finalmente.
El 30 de agosto de 1983 los Escuadrones de la Muerte reaparecieron nuevamente con el
asesinato de PEDRO ELIAS OLARTE LEON, completando 11 asesinatos en sólo ese año.
Pocos días más tarde, el 18 de septiembre, RUBEN AMAYA de 19 años, también sería muerto
por miembros del mismo grupo.
En 1986 apareció la violencia paramilitar esta vez comandada por La Mano Negra, que
emprendieron la campaña de “limpiar” la ciudad, abandonando los cuerpos de sus víctimas o
haciendo uso de las caravanas de la muerte en las principales vías de acceso a la ciudad. El
primer asesinato cometido por la Mano Negra en la ciudad ocurrió el 8 de abril de 1986, día
en el que el cuerpo de un HOMBRE de 25 años fue encontrado en el sitio conocido como
Minas de Cemento. Diez días después, el 19 de abril de 1986, COSME ADOLFO PALACIO
AREVALO fue asesinado por miembros del mismo grupo. Su cuerpo se encontró también en
Minas de Cemento.
El 3 de mayo, BENITO RANGEL NIETO, NESTOR CASTRO y otro HOMBRE serían asesinados
por un Escuadrón de la Muerte. Benito, Néstor y el otro muchacho fueron obligados por los
paramilitares a abordar un taxi y luego de asesinarlos sus cuerpos fueron abandonados en la
199
Amnistía Internacional. Violencia política en Colombia. Mito y Realidad, Editorial de Amnistía
Internacional (EDAI), Madrid, 1994. p. 21-22.
200
Apartes de la sentencia del Consejo de Estado de junio de 1992 en el caso de Javier de Jesús
Londoño Arango, asesinado por dos agentes de policía en Liborina (Antioquia) en septiembre de 1986.
Citada por Amnistía Internacional. Ibídem. p. 24.
154
inspección departamental Estación Café Madrid. Según la policía, que afirmaba tener las
placas del vehículo, las víctimas tenían antecedentes penales por delincuencia común. Ocho
días más tarde, tuvo lugar una segunda masacre: el 11 de mayo de 1986, CRISTOBAL
DUARTE SARMIENTO, HONORIO MACHUCA MORENO y RAMON ARENAS DURAN de 33 años
fueron torturados y asesinados por supuestos desconocidos. Sus cuerpos se encontraron
fueron encontrados en sitios cercanos, sobre la vía al mar; Honorio presentaba señales de
haber sido estrangulado y su cara desfigurada a machetazos, mientras que Ramón
presentaba siete disparos de pistola. Las agresiones prosiguieron el 20 de mayo, fecha en la
que se encontró en la vía al mar el cuerpo de RAFAEL BLANCO BORELLI. Su muerte se le
atribuyo a un Escuadrones de la Muerte. Al día siguiente, el 21 de mayo, PLINIO FAJARDO
FORERO fue encontrado asesinado, posiblemente a manos de un Escuadrón de la Muerte. Su
cuerpo presentaba disparos de revólver y las manos atadas a la espalda. Como si el número
de muertes no bastará, en los últimos días de ese mes, fueron encontrados seis cuerpos de
personas no identificadas.
El 3 de junio de 1986, NORBERTO HERNANDEZ BARRERA de 17 años, MARIO SAAVEDRA
CACERES de 18 años y otro JOVEN, fueron encontrados asesinados en el barrio La Cumbre.
Los jóvenes presentaban disparos de pistola y de fusil. Ese mismo día Norberto y Mario
debían ingresar a prestar el servicio militar obligatorio. Dos semanas más tarde, el 21 de
junio paramilitares de la Mano Negra asesinaron a JOSE JOAQUIN GOMEZ GRILLO.
El 25 de junio, las caravanas de muerte de la Mano Negra en la zona de tolerancia de
Bucaramanga y en sus barrios periféricos dejaron cuatro víctimas. En el primer sector,
paramilitares de este grupo que se movilizaban en Motocicleta asesinaron a los
homosexuales HENRY ROA conocido como MARÍA y otro que se hacía llamar ZENAIDA; les
propinaron 22 disparos. Ese mismo día, se encontrarían los cuerpos sin vida de dos
HOMBRES, abandonados en la vía al sitio conocido como Mina de Cemento.
En el segundo semestre de 1986 se incrementaron alarmantemente las acciones
paramilitares en la ciudad de persecución a marginados y excluidos sociales. Como
consecuencia de ello aparecieron con frecuencia los cuerpos sin vida de las víctimas de los
Escuadrones de la Muerte o de la Mano Negra en los sitios aledaños a las vías principales
que parten de Bucaramanga, que se transformaron en sus tumbas. Además de Minas de
Cemento, la Inspección Departamental Café Madrid se erigió como otro lugar predilecto por
los paramilitares para abandonar los cuerpos. El 29 de agosto de 1986, un HOMBRE fue
asesinado por paramilitares y su cuerpo encontrado en dicha inmediación. En el mismo
lugar, el 6 de septiembre se hallarían los cuerpos de un HOMOSEXUAL, una MUJER
trabajadora sexual y DOS PERSONAS sin identificar. Los dos primeros habían sido
asesinados por un hombre que les propinó varios disparos de pistola calibre 9mm y se alejó
del lugar tranquilamente.
El 19 de septiembre de 1986, VICTOR MANUEL ARANA ESCOBAR de 28 años fue asesinado
por miembros de los Escuadrones de la Muerte que se movilizaban en motocicletas. Según
la Policía, Víctor Manuel era considerado como un delincuente, por sus antecedentes
penales. Casi un mes después, el 10 de octubre, CARLOS ENRIQUE MURILLO de 26 años y
otra PERSONA de 25 años, también con antecedentes penales, fueron asesinados por
miembros de los Escuadrones de la Muerte.
La persecución contra los presuntos delincuentes prosiguió en el transcurso de ese mes,
bajo la consecución de un plan de exterminio comandado por las fuerzas irregulares y
conocido como “La Operación Estrella”. El 15 de octubre de 1986, los obreros de calzado
JORGE ELIAS GUERRERO de 24 años, FREDDY MIGUEL JAIMES de 22 años y JAIME
RODRIGUEZ VARGAS fueron asesinados por miembros del grupo paramilitar Muerte a
155
Expendedores de Bazuco (MEB). Los victimarios eran cinco hombres que se movilizaban en
un taxi y les dispararon a los muchachos ráfagas de ametralladora. En el barrio San
Francisco, ese mismo día, fue asesinado otro HOMBRE, en similares circunstancias.
En los últimos días del mes de noviembre fueron ejecutados diez pobladores del sector
marginal de la ciudad, cuya característica en común era tener antecedentes penales. El 27
de noviembre de 1986, FREDDY GONZALEZ GUTIERREZ de 45 años fue torturado y
asesinado, al igual que GUSTAVO VERA de 26 años, GABRIEL ACEVEDO de 31 años, JORGE
ELIECER GOMEZ PRADA y ROQUE ORDOÑEZ BARRERA. Todos ellos fueron asesinados por
miembros de La Mano Negra. Freddy fue estrangulado y apareció con las manos atadas a la
espalda. Las otras cinco personas fueron asesinadas en diferentes sitios de la ciudad. Un
hombre llamó a la prensa diciendo que “era el comandante del grupo paramilitar La Mano
Negra y se adjudicó los cinco asesinatos, agregó que con la Operación Estrella acabaría con
los criminales de la ciudad”.
Dos días más tarde, el 29 de noviembre de 1986, un HOMBRE de 28 años, GASTON
PALACIOS BARAJAS, MARIA DEL CARMEN MEDINA SERRANO de 37 años, RODOLFO
LIZARAZO DURAN de 28 años y un HOMBRE de 30 años fueron asesinados. Entretanto, un
HOMBRE de 37 años, BLANCA MELENDEZ HERRERA, LUZ ALBA MOSQUERA y OTTO EFREN
BARRERA de 17 años fueron heridos en la entrada del barrio Santander por miembros del
grupo paramilitar La Mano Negra, que incursionaron allí disparando indiscriminadamente
contra las víctimas. La implementación de la operación Estrella prosiguió con el asesinato de
los dos jóvenes homosexuales CARLOS MANUEL de 25 años y JULIO MEDINA, asesinados
por paramilitares el 3 de diciembre de 1986.
La violencia emprendida por la Mano Negra continuó con menor intensidad en 1987; no
obstante, la comisión de masacres y asesinatos selectivos no dejó de presentarse. El 1 de
marzo, REYNALDO RODRIGUEZ, GERMAN QUESADA, JAIME SALDARRIAGA DIAZ y JOSE
ALFREDO HERNANDEZ fueron asesinados. Los paramilitares dejaron abandonados los
cuerpos en el puente Tona, ubicado en la carretera que conduce a la población de Girón.
Exactamente tres meses más tarde, el 1 de junio, DANIEL MULLAN ARDILA y otro HOMBRE
fueron asesinados por el mismo grupo. Daniel y la otra persona se transportaban en un
carro Renault 12 a través del Barrio Ciudad Real cuando los paramilitares le dieron muerte
de varios disparos. Apenas habían transcurrido tres días de la muerte de Daniel y su
acompañante, miembros de la Mano Negra asesinarían a ALEXIS FRANCISCO ESTUPIÑAN, el
4 de junio de 1987. Los paramilitares persiguieron a Alexis, quien era homosexual, por
espacio de varias cuadras para luego propinarle 5 tiros. Finalmente, le pusieron un papel
que contenía una mano pintada con tinta negra indeleble, signo que identificaba a dicho
grupo.
Otro de los escuadrones de la muerte que arremetió contra los sectores populares y
marginales fue Toxicol 90. El 26 de junio de 1987, en horas de la madrugada, HENRY
HERNANDEZ SAYO fue asesinado por miembros de este grupo. Su cuerpo se encontraba
acribillado y abandonado en una calle marginal de la ciudad. Cinco meses más tarde, la
Mano Negra volvería a aparecer con el asesinato de JORGE ANGEL RUEDA y JORGE FORERO,
el 26 de noviembre de 1987 y el abandono de sus cuerpos en la Inspección Café Madrid.
El año de 1988 se caracterizó por el incremento de asesinatos donde el responsable no se
conocía, pero dadas las características de los crímenes y del escenario de persecución a
marginados y excluidos sociales que agobiaba Bucaramanga, se deduce con certeza que la
responsabilidad es de Escuadrones de la Muerte. Entre enero y febrero de ese año, más de
15 personas fueron agredidas en circunstancias desconocidas, a saber:
156
•
•
•
•
•
•
•
16 de enero: una PERSONA de 27 años, asesinada
30 de enero una PERSONA de 25 años y JAIRO ALONSO PARRA FONTECHA,
asesinados.
10 de febrero: GUSTAVO VERA, de 40 años de edad, asesinado.
11 de febrero de 1988: ANA MILENA MEDINA SILVA de 9 años, BERNARDA SILVA DE
MEDINA de 26 años, MARLY NAYIBE MEDINA SILVA de 6 años y PAOLA JUDTH
MORALES MEDINA de 8 años, desaparecidas.
13 de febrero: HUMBERTO CETINA HERAZO.
25 de febrero: LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ, indigente asesinado.
28 de febrero: VICTOR JULIO LIZCANO RAMIREZ de 29 años, GLISERIO DAZA
GUTIERREZ de 22 años, LUIS FERNANDO VEGA GUTIERREZ de 25 años, ORLANDO
APTIÑO DAZA de 35 años y MANUEL ROMERO de 30 años, torturados y asesinados.
El 25 de mayo, en el sitio Los Cedros, zona urbana de Bucaramanga, se hallaron los cuerpos
sin vida de JOSE ORLANDO PARRA SILVA y otro HOMBRE, con signos de tortura. Estaban
maniatados y presentaban perforaciones al parecer de pistola 9mm. En los primeros días de
junio se reanudaron las operaciones de exterminio: El 4 de junio de 1988, HECTOR RAMON
ROJAS de 20 años fue asesinado y otra PERSONA que lo acompañaba fue herida por dos
sujetos que se movilizaban en una moto de alto cilindraje. La misma suerte corrió POLO
ANGARITA ARGUELLO, asesinado de 5 impactos de bala 9mm el 7 de junio de 1988.
Mediante el mismo accionar, serían asesinados al día siguiente, 8 de junio, LUIS ALBERTO
GARCIA de 26 años, NELSON MORENO CORREA, RODRIGO LOZANO LUNA de 30 años y
ALFONSO JIMENEZ GARCIA. Todos estos hombres tenían antecedentes penales; sus muertes
se dieron en diferentes sitios de la ciudad con disparos de pistola calibre 9mm.
La ola de asesinatos de paramilitares no cesaría. El 9 de junio Escuadrones de la Muerte
asesinaron a seis personas más; se trataba de MOISES CARREÑO GONZALEZ, GREGORIO
MENDOZA RAMIREZ, NELSON IGNACIO GUALDRON PEÑARANDA, RUBIEL RUIZ WALTEROS,
ISABEL SANTOS y ANA ERMY MARTINEZ. Los paramilitares, quienes se movilizaban en un
Renault 9 gris por la carrera 15 con calle 31, dispararon contra las víctimas cuando estas se
encontraban en un andén. Así, en el transcurso de seis días, once residentes de los barrios
populares y marginales, morirían por la violencia paramilitar sin que las autoridades
estatales se pronunciaran o hicieran algo al respecto.
Otro de los parajes empleados por los escuadrones de la muerte de La Mano negra fueron
las orillas del río Oro al Norte de la ciudad. El 20 de junio de 1988, HERNANDO JAIMES de
25 años fue encontrado muerto en dicho lugar. Al igual que la mayoría de las víctimas de la
Mano Negra, Hernando estaba maniatado y con un pañuelo amarrado al cuello, presentaba
cinco perforaciones de bala y cinco de puñal.
En agosto de 1988 La Mano negra dio muerte a DOS HOMBRES, uno de 38 años y otro de
18 el día 19. Un HOMBRE de 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida atado de pies y
manos en la vía que conduce de Bucaramanga al municipio de Tona, el 24 de agosto; y
RAMON MARIA COMBARIZA MONCADA, hallado sin vida do en un sitio despoblado al
suroeste de Bucaramanga el día 31 de ese mismo mes. El cuerpo de Ramón presentaba
señales de tortura; siete impactos de bala en la cabeza, y estaba con las manos atadas. A
Ramón lo habían interceptado varios individuos que lo obligaron obligado a abordar un
vehículo en momentos en que salía de un almacén de telas.
A mediados del mes de septiembre fueron hallados nuevamente los cuerpos de varios
pobladores en los sitios de la ciudad, algunos en sectores populares. El día 16, se encontró
asesinado en la calle 5 con carrera 17 a un HOMBRE, de 45 años de edad. El hecho fue
responsabilidad de la Negra, al igual que la muerte de GELVER MOGOLLON y un HOMBRE
157
de 60 años, cuyos cuerpos se descubrieron en una en la desviación que conduce al sitio La
Cemento el 18 de septiembre. Otro doble crimen fue perpetrado por la Mano Negra el 22 de
septiembre de 1988. Ese día, los jóvenes MAURICIO SOLANO ARIAS de 17 años y RAMON
TRINIDAD MENDEZ de 20 años fueron encontrados asesinados en un sitio desolado de la
ciudad.
El 29 de octubre de 1988, OSCAR LUNA ZAMBRANO de 18 años fue encontrado asesinado
con tiros de pistola 9mm, en predios de la finca El Cemento, en el kilómetro 6 de la vía al
mar, zona rural del municipio de Bucaramanga. El 22 de noviembre siguiente, en el
kilómetro 3 de la vía que conduce de Bucaramanga a Cúcuta, se encontró el cuerpo sin vida
del estilista del Club Campestre JAVIER RIVERA SANTOS de 27 años de edad. El cuerpo
presentaba dos impactos de bala calibre 9mm en la cabeza, signos de tortura, sus ojos
habían sido extraídos, y estaba maniatado. Javier había sido visto por última vez la noche
anterior a bordo de un vehículo y acompañado de un desconocido, luego de salir de su casa
donde se celebraba una reunión familiar. La sevicia con la cual fue asesinado denota la
barbarie paramilitar y el “escarmiento” que querían demostrar al resto de la población para
contenerla y obligarla a someterse a su hegemonía.
E el mes de diciembre de 1988 fue denunciada la muerte de dos habitantes de los barrios
periféricos de la capital santandereana: El 7 de diciembre de 1988, un HOMBRE de 25 años
aproximadamente fue encontrado asesinado y torturado en el lugar conocido como Estación
Café Madrid. Su cuerpo presentaba 6 impactos de bala 9mm, estaba maniatado y quemado
con ácido en la cara. Vestía pantalón azul y zapatos negros. Diez días después, el 17 de
diciembre de 1988, LUCY PAEZ fue asesinada por paramilitares del grupo La Mano Negra.
Lucy fue señalada como trabajadora sexual por los miembros del grupo paramilitar, quienes
dispararon contra un grupo de personas en el lugar donde ejecutaron el asesinato.
Lejos de diezmar su arremetida, en 1989 las agresiones y vejámenes de las estructuras
paramilitares contra la población excluida cobraron una crueldad inusitada. El 21 de enero
de 1989, se halló el cuerpo incinerado de JAIRO HERNANDEZ y junto a él el de ARMANDO
VERA, en el sitio “Los Colorados”, en zona rural de Bucaramanga. Tanto Jairo como
Armando, habían desaparecido a comienzos de ese mismo año. Siete días después, el 28 de
enero de 1989, se encontró el cuerpo sin vida de OMAR CIRO ESCOBAR, quien presentaba
tres balazos de pistola 9mm. El homicidio era responsabilidad de la Mano Negra. Además de
los sitios mencionados, el lugar conocido como “Forjas” se convirtió en otro de los
“botaderos de cadáveres de la ciudad”. El 31 de enero de 1989, paramilitares de la Mano
Negra abandonaron en dicho paraje, el cuerpo de un HOMBRE de unos 30 años de edad,
con 5 perforaciones de bala 9mm.
En el mes de febrero de 1989 la violencia irregular se concentró en los barrios del norte,
donde más de diez personas fueron asesinadas el mismo día201. El 18 de febrero de 1989, en
la vía Bucaramanga-Pamplona, se encontró asesinado de dos balazos calibre 9mm a JUAN
CARLOS TAPIAS PENA. Las autoridades manifestaron que muy posiblemente los autores del
hecho eran miembros de Escuadrones de la Muerte, dados los móviles de la muerte de Juan
Carlos. En el mismo lugar se encontró el cuerpo de un HOMBRE de unos 29 años de edad y
con apariencia de indigente asesinado con 12 impactos de bala.
En la última semana de marzo de 1989, los escuadrones de la muerte de La Mano Negra
realizaron una serie de operaciones en la zona de tolerancia de Bucaramanga, con el fin de
“limpiar” ese sector de la ciudad. El resultado de los operativos de exterminio fue la muerte
violenta de cuatro residentes de esa zona. El 25 de marzo, en horas de la noche, MARTIN
201
Sobre este particular se profundiza más adelante.
158
QUINTERO ACOSTA, reconocido delincuente con el apodo de “El Negro Martín”, fue baleado
por desconocidos en la carrera 6 con calle 45 de Bucaramanga. Poco tiempo después falleció
en el hospital de la ciudad a donde fue trasladado debido a las múltiples heridas que tenía.
Cuatro días después, el 29 de marzo, a las 11:45 de la noche, DOS TRABAJADORAS
SEXUALES, una de ellas de 25 años, junto a otro HOMBRE fueron asesinados por integrantes
de ese mismo grupo.
2.6.1.1 Las masacres del 7 de febrero y del 7 de abril de 1989
Las jornadas de muerte desplegadas en los sectores problemáticos y marginales,
especialmente los barrios del sector Norte, hicieron que sus habitantes pusieran en
conocimiento de las autoridades nacionales la violencia exagerada en que vivían, que poco a
poco iban acabando con la juventud202. Para los pobladores, era claro que uno de los
agentes involucrados en los crímenes contra la población joven era la fuerza pública,203
especialmente la policía metropolitana, implicada en la integración de la banda paramilitar
La Mano Negra tanto en Bucaramanga como en el municipio de Rionegro, aledaño a la
ciudad. En varias investigaciones adelantadas en el país se hallaron pruebas de que
integrantes de estos grupos procedían de la policía nacional, contando con el apoyo del
sector comercial, muestra de ello es la investigación adelantada en Pereira por la muerte de
60 indigentes en 1991, la cual arrojó como resultado la destitución de trece agentes y dos
oficiales204.
El 7 de febrero de 1989 en uno de los barrios del Norte, REYNALDO GOMEZ fue asesinado
por integrantes del grupo paramilitar La Mano Negra, en horas de la madrugada.
Posteriormente se localizó su cuerpo en el basurero ubicado en la “Meseta del Malpaso”,
junto a los de HILDEBRANDO BERNAL y un HOMBRE. Todas las víctimas tenían antecedentes
penales.
Ese mismo día se hallaron 7 personas asesinadas por el mismo grupo paramilitar. Se trataba
de JORGE ELIECER SANCHEZ de 17 años, JORGE LUIS PEREZ de 12 años, HERIBERTO
CHACON, CRISTO BAYONA y LUIS ARTURO CHACON, los tres últimos de 22 años de edad.
Las víctimas eran habitante de la calle y sus cuerpos se encontraron en el Parque de los
Niños de la ciudad. Igualmente HORACIO DE JESUS ALVAREZ presunto delincuente, fue
asesinado por miembros de la banda paramilitar La Mano Negra en esa misma fecha.
Posteriormente se encontró su cuerpo en el kilómetro 2 de la vía que conduce al sitio
conocido como Estación Café Madrid. La misma suerte corrió un HOMBRE, cuyo cuerpo se
encontró en la calle 5 con carrera 19. La víctima tenía 24 años y se le señalaba como
delincuente.
Cuando se cumplieron dos meses de la fatídica jornada del 7 de febrero, el 7 de abril de
1989, MIGUEL ANGEL LUNA de 27 años de edad, JUAN CARLOS LEMUS PULIDO de 24 años y
DAVID GUTIERREZ PERTUZ, también de 27 años, fueron asesinados por La Mano Negra, en
la calle 32 No. 16-40 de Bucaramanga. Todos eran delincuentes; además Miguel Ángel
registraba varias entradas a la cárcel acusado de hurto.
202
Religiosas Esclavas del sagrado Corazón; Hermanas de la Caridad de Santa Ana; Religiosas Hijas de
Jesús; Hermandad Jesús Nazareno: Carta enviada al Procurador General de la Nación Dr. Horacio
Serpa Uribe. Bucaramanga, 30 de junio de 1988.
203
Carta enviada por la comunidad del sector norte de Bucaramanga al Procurador General de la
Nación Dr. Horacio Serpa Uribe. Bucaramanga, 17 de junio de 1988.
204[
Ver: Amnistía Internacional, revista bimestral... Op. Cit., p. 19.
159
Miembros de la misma agrupación, asesinaron a otras 9 personas en la misma noche y en
diferentes lugares de la ciudad. Una de ellas fue LUIS EDUARDO MUÑOZ, asesinado por La
Mano Negra en la calle 8 con carrera 23, quien registraba antecedentes penales. En igual
forma, ese día MARIA DEL CARMEN PARRA, ABEL CRISTANCHO MENDOZA, RAUL MEJIA
RANGEL y DOS PERSONAS más fueron asesinadas por el grupo paramilitar en la carrera 20
con calle 15. Maria del Carmen tenía antecedentes penales por hurto. Por último LUIS
ENRIQUE PATIÑO YANEZ y ESMIN JAVIER DAZA, ambos indigentes, fueron muertos en la
calle 30 con carrera 17 por la deleznable Mano Negra.
2.6.1.2 La persistencia de la persecución a marginados y excluidos sociales
Dos meses después de la masacre del 7 de abril, el 3 de junio de 1989, en el lugar
denominado “Forjas de Colombia” cercano a la Estación Café Madrid, se encontró asesinado
a PARMENIO CUAITA MORANTES, de 30 años de edad. Su cuerpo presentaba laceraciones
en la cara y un impacto de bala en el cráneo. Aun no habían transcurrido más de cinco días
cuando fue encontrado otro cuerpo sobre la vía al barrio Malpaso, el 7 de junio de 1989: se
trataba de AURELIO SERDES NARANJO. Su cuerpo se encontraba amordazado, con huellas
de tortura y varios impactos de bala; tenía antecedentes penales por hurto y tráfico de
estupefacientes. La Mano Negra se atribuyó el crimen.
En octubre la violencia paraestatal seguiría en los barrios del norte de Bucaramanga, en San
Cristóbal y La Juventud. El día 15, en el Km. 35 de la vía Bucaramanga-Pamplona (Norte de
Santander) se encontró asesinado a EDGAR ABRAHAM REALTE ORDUZ, y DOS PERSONAS
MAS; el primero presentaba el cráneo completamente destrozado. La autoría del hecho se le
atribuyó al grupo paramilitar La Mano Negra, cuyas filas no cesaban de hostigar y asesinar a
la población de la capital. Según testimonio de la madre de Edgar, este era “un estudiante
del SENA y se desempeñaba como ornamentador”. De acuerdo a informaciones del
momento, de Edgar se afirmaba que presentaba antecedentes penales.
A finales del mes de diciembre de 1989, el día 27, un HOMBRE de 30 años fue hallado en
avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa plástica atada con cabuya y
envuelto en un cartón. Vestía pantalón azul y camisa a rayas. Las condiciones en las cuales
fue encontrado su cuerpo demuestran una vez la crueldad y sevicia crecientes con las que
los paramilitares, dando curso a sus planes de exterminio, efectuaban la persecución a
marginados y excluidos sociales de la población haciendo uso del terror.
En la década del noventa el hallazgo de cuerpos, en las principales vías de la ciudad se
convirtió en una constante, que expresaba el creciente posicionamiento de la barbarie
paramilitar. El 23 de febrero de 1990, en el kilómetro 5 de la vía que conduce de
Bucaramanga al municipio de Pamplona, se encontraron los cuerpos sin vida y con muestras
de tortura de PEDRO ELIAS FLOREZ de 28 años y de ALVARO FLOREZ de 35 años de edad.
Los cuerpos estaban en un costal y sus cráneos presentaban varias perforaciones de bala y
estaban con las manos atadas.
El 14 de marzo de 1990, fue encontrado asesinado un HOMBRE de aproximadamente 30
años de edad, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición en el
barrio Mutis. Vestía pantalón blue jeans, camisa amarilla a cuadros y botas negras.
El 27 de julio de 1990, en la vía que conduce de Bucaramanga al municipio de Matanza
(Santander), fueron encontrados asesinados VICTOR SALAZAR PRIETO y JUAN ROJAS
SANGUINEO de 25 y 28 años de edad respectivamente. Ambos presentaban varias heridas
160
de bala en la cabeza. Según la versión de los hechos, los jóvenes tenían antecedentes
penales.
El 5 de mayo de 1991, el obrero de construcción REYNALDO TORRES BALVUENA, junto con
otros DOS HOMBRES, aparecieron asesinados y torturados en la morgue de Bucaramanga.
Los cuerpos presentaban numerosos impactos de bala, las manos molidas, atadas y
quemadas; las piernas estaban peladas como si vivos los hubieran arrastrado y tenían
señales de golpes en la cara.
De acuerdo a versiones de testigos, anteriormente Reynaldo Torres había sido detenido por
varios agentes de la policía en la capital santandereana, quienes luego de pedirle su
identificación, se lo llevaron sin explicación alguna de un establecimiento público, donde
departía con otros amigos. Un hombre que trató de intervenir para que no se lo llevaran, fue
amenazado por los uniformados quienes le dijeron que “no interviniera si no quería que le
pasara lo mismo”. Los familiares de Reynaldo volvieron a saber de él solamente cuando
encontraron su cuerpo en la morgue de la ciudad.
El 28 de julio de 1991, un HOMBRE que las personas reconocían como homosexual, fue
asesinado por 3 personas que se movilizaban a bordo de un Renault 4 color rojo, en la
carrera 37 con calle 17. Cuatro días más tarde, el 2 de agosto, otro HOMBRE, de unos 45
años de edad, fue asesinado por individuos que se movilizaban en una moto, en la carrera
14 con avenida Quebradaseca. Según testigos la víctima era uno de los indigentes que
deambulaba por este sector de la ciudad.
En la vía que conduce de Bucaramanga a Cúcuta, el 5 de octubre de 1991 se encontraron los
cuerpos sin vida de DOS HOMBRES, atados de pies y manos y con señales de tortura. Las
autoridades sindicaron del hecho al grupo paramilitar La Mano Negra. Mes y medio después,
el 23 de noviembre de 1991, en la vía que de Bucaramanga lleva al municipio de Matanza
(Santander), se halló el cuerpo de MARIO BLANCO, de 44 años de edad. Mostraba 14
impactos de bala 9mm en diferentes partes del cuerpo. Tres días atrás habían sido halladas
nueve personas asesinadas en un lugar cercano. Los hechos se relacionaron con la
reactivación del grupo paramilitar La Mano Negra.
Doce días después del crimen de Jaime, HERNANDO MEDINA fue asesinado por las fuerzas
irregulares el 14 de diciembre de 1991 por 10 hombres fuertemente armados y con las
cabezas cubiertas con medias negras, quienes llegaron hasta el Hospital Ramón González
Valencia, y acribillaron a la víctima cuando se encontraba en una camilla de la sala de
urgencias después de ser herido de un disparo.
El 12 de enero de 1992, JHON MARLON MONTAÑEZ MELGAREJO fue encontrado asesinado
en el barrio Girardot en un canal de aguas negras junto a un basurero; su cuerpo
presentaba heridas de arma blanca. Jhon sufría de trastornos mentales al parecer por el
consumo de alucinógenos, a pesar de que sus familiares indicaban que ya no lo hacía.
Anteriormente había recibido amenazas de muerte por parte de vecinos del sector.
El 24 de abril de 1992, DOS HOMBRES fueron encontrados asesinados en inmediaciones de
la fábrica de Cementos Diamante. Los cuerpos presentaban varios impactos de bala y los
cráneos completamente destruidos. La ciudadanía manifestó su preocupación por la
reactivación de escuadrones de la muerte y la utilización de esta zona como botadero de
cadáveres. Dieciséis días después, el 10 de mayo de 1992, en un paraje de la vía
Bucaramanga-Pamplona, fue encontrada asesinada una MUJER a causa de varíos impactos
de arma de fuego, además su cuerpo estaba incinerado. Por el modus operandi se presume
161
que fueron miembros de la Mano Negra que reactivaron sus acciones en los últimos meses
en la capital santandereana.
El 6 de junio de 1992, una MUJER de aproximadamente 23 años fue encontrada asesinada
junto con HUGO ALVARADO RIVERA en el sitio conocido como Café Madrid. Al parecer, antes
de asesinar a la mujer, le habían puesto una bolsa plástica en la cabeza; luego la
arrastraron y torturaron hasta partirle los huesos de las extremidades superiores; la
lastimaron con un arma cortopunzante y por último le propinaron cuatro impactos de arma
de fuego en la cabeza. Se presume que los dos hechos fueron responsabilidad del grupo
paramilitar La Mano Negra. Cerca de allí fueron encontrados los cuerpos de otra pareja. Se
trataba de una MUJER y RICARDO NAVARRO de 22 años. El cuerpo de Ricardo presentaba
cinco impactos de arma de fuego en la cabeza y el cuello.
En la última semana de junio de 1992 las tropas paramilitares incursionaron en barrio San
Francisco. El 25 de junio, CARLOS ENRIQUE MELO SOLANO fue torturado por un grupo de
desconocidos; tres días después, el 28 de junio, en una calle de ese mismo sector, se halló
el cuerpo sin vida de un INDIGENTE de unos 24 años de edad, asesinado de varios disparos.
Al día siguiente, fue encontrado el cuerpo de otro HOMBRE, al parecer habitante de la calle,
con varios impactos de bala.
En cercanías de Bucaramanga, el 30 de junio de 1992, en el sitio conocido como “Chimitá”,
se encontró asesinado un HOMBRE. El cuerpo estaba atado de pies y manos y presentaba
dos impactos de bala en la cabeza. Al parecer, el homicidio era responsabilidad de miembros
del grupo paramilitar La Mano Negra.
A la altura del kilómetro 7 en la vía que conduce de Bucaramanga a Pamplona, el 9 de julio
de 1992 fueron hallados asesinados DOS HOMBRES, uno de ellos de aproximadamente 28
años de edad cuyo cuerpo estaba incinerado. Dos días después, el 11 de julio de 1992, un
HOMBRE de unos 28 años fue encontrado asesinado y también se encontraba incinerado,
expresando una nueva modalidad de la sevicia paramilitar.
El 1 de agosto de 1992, en el Km. 6 de la vía Bucaramanga-Pamplona, se halló el cuerpo sin
vida de un HOMBRE de unos 30 años aproximadamente. A 2 kilómetros del sitio del
hallazgo, el ejército había mantenido un retén las 24 horas del día para detectar “armas y
sospechosos”.
El 16 de agosto, JAIME CHANAGA VERA de 32 años fue encontrado asesinado en el puente
de la fábrica de cemento Diamante. Presentaba varios impactos de proyectil 9mm, estaba
amordazado y atado. Además también se descubrieron en el mismo sector los cuerpos de
otros TRES HOMBRES, uno de ellos presunto delincuente. Dos días más tarde, el 18 de
agosto de 1992, el vendedor ambulante CARLOS MURILLO AMAYA, de 23 años de edad, fue
encontrado asesinado en inmediaciones de la plaza de mercado del barrio San Francisco. El
cuerpo presentaba dos impactos de bala calibre 9mm en la cabeza. Se presume que el
asesinato era responsabilidad de La Mano Negra. El mismo día fue asesinado el joven
ABSALON BOLAÑOS, conocido como “El Caleño”, su cuerpo fue encontrado en inmediaciones
de la fábrica de Cementos Diamante. El cuerpo mostraba tres impactos de arma de fuego.
Absalón realizaba “mandados” a los empleados de la Asamblea Departamental a cambio de
alguna propina. Un funcionario de esa corporación manifestó que “de pronto lo confundieron
con algún delincuente”. Ese mismo 18 de agosto, igualmente en cercanías a Cementos
Diamante, se encontraron los cuerpos de TRES HOMBRES, dos de los cuales presentaban
señales de tortura. Al igual que los demás crímenes, se presume que estos asesinatos
fueron responsabilidad del grupo paramilitar La Mano Negra.
162
Diez días más tarde, el 28 de agosto, en inmediaciones de la fábrica de Cementos Diamante
ubicada en la Inspección Departamental Los Colorados, jurisdicción de Bucaramanga, se
encontró asesinado a CARLOS RAMON CARRASCAL CASADIEGO, de 37 años de edad. Su
cuerpo exhibía varios disparos en la cabeza. La Personería Delegada para Derechos
Humanos y algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron reiterativamente, el
recrudecimiento del accionar del escuadrón de la muerte La Mano Negra, al que se le
atribuyeron 60 asesinatos en el área metropolitana, en lo que iba corrido del año. El
siguiente asesinato perpetrado por esta estructura, se llevó a cabo al día siguiente, el 29 de
agosto, día en que BERNARDO CASTRO LOPEZ de 25 años y DOS HOMBRES más, fueron
encontrados asesinados en la finca San Francisco, ubicada en la vereda Barbosa, zona rural
de Bucaramanga. El cuerpo de Bernardo registraba varios impactos de bala y señales de
tortura. Estaba desaparecido desde el 18 de agosto.
En el mes de septiembre de 1992, en Café Madrid y las inmediaciones de la fábrica de
cementos Diamante, continuaría la aparición de las víctimas de la persecución a marginados
y excluidos sociales. El 5 de septiembre, en Café Madrid, sitio ubicado en cercanías a
Bucaramanga, se localizó el cuerpo sin vida de un HOMBRE, de aproximadamente 30 años.
Presentaba varios disparos en la cabeza, estaba atado de pies y manos y con los ojos
vendados. En días anteriores, el Personero había solicitado la instalación de la Comisión
Antisicarial en Bucaramanga, por la creciente actividad de la mano negra. En la semana
siguiente, el 12 de septiembre, fue descubierto el cuerpo de LIBIA BAEZ ALONSO de 24
años, asesinada en inmediaciones de la Fábrica de Cemento Diamante. Tenía señales de
tortura, dos impactos de arma de fuego y no poseía documentos de identidad. El día anterior
había sido retenida por desconocidos. En noviembre de 1989, Libia y su esposo, fueron
detenidos por razones políticas y estuvo recluida en la Cárcel del Buen Pastor.
La persecución a marginados y excluidos sociales prosiguió en los tres últimos meses de ese
año. El 17 de octubre de 1992, se encontraron los cuerpos de LUIS FERNANDO PINZON de
24 años y GUSTAVO MURILLO en el basurero de Bavaria, ubicado en la vía Chimitá a Café
Madrid. Estaban atados y amordazados y presentaban varios disparos. El Personero de
Bucaramanga denunció una vez más la criminal actividad de los Escuadrones de la Muerte,
que usan métodos similares y dejan los cuerpos como el descrito en este caso.
En la vía que comunica a Bucaramanga con la población de Pamplona, se halló el cuerpo de
un HOMBRE, baleado y completamente incinerado, el 16 de noviembre de 1992. El
Personero Delegado para los Derechos Humanos denunció por tercera vez que los
Escuadrones de la Muerte estaban incinerando a sus víctimas para dificultar aún más las
posibilidades de identificarlas. También fue denunciada la participación de efectivos policiales
en dichos escuadrones. Al día siguiente, el 17 de noviembre de 1992, un HOMBRE de 32
años, tez morena, 1.72 metros de estatura, que vestía camisa negra y pantalón azul, fue
encontrado maniatado y asesinado en la vía que conduce a Café Madrid. Presentaba 3
disparos calibre 9mm, que le fueron propinados en la cabeza. Algunas versiones indican que
la víctima trabajaba en centroabastos y que provenía de la localidad de Matanza
(Santander).
El 18 de noviembre de 1992 en un paraje del barrio Bucarica, se halló el cuerpo sin vida e
incinerado de RUBEN HERNAN CASTRILLON MARIN de 29 años de edad. Tres días antes,
Ruben “fue obligado a abordar un Renault 6 azul, en cuyo interior se encontraban varios
hombres que se identificaron como de la ley”, según versión de testigos presenciales.
A finales de 1992 se incrementó el hallazgo de cuerpos en las áreas periféricas de la ciudad.
El 4 de diciembre de 1992, en la salida hacia el sitio conocido como Chimitá, a la altura de la
163
empresa forjas de Colombia, se descubrieron los cuerpos sin vida de RICHARD MARTINEZ
PINTO y JAIME EFRAIN VARGAS, de 20 y 30 años de edad respectivamente.
El 11 de diciembre de 1992, en el sitio conocido como el anillo vial, se descubrió el cuerpo
sin vida de un HOMBRE, aproximadamente de 35 años, tez morena y contextura gruesa,
asesinado de varios impactos de bala en la cabeza. Vestía pantalón largo, camisa chalis y
zapatos cafés. Aún no habían transcurrido ocho días después del hallazgo del último cuerpo
cuando se encontró el cuerpo de otro HOMBRE de 28 años, en el mismo lugar el 20 de
diciembre. El cuerpo mostraba varios impactos de bala; las autoridades señalaron como
responsables a los Escuadrones de la Muerte. El mismo día en otro botadero de cadáveres
conocido como La curva del Diablo se halló el cuerpo sin vida de un HOMBRE, asesinado por
cuatro impactos de arma de fuego.
La escalada de violencia que se produjo en todo el mes de diciembre, continuó el día 27,
fecha en la que fue encontrado en el sitio conocido como “La Cemento”, en proximidades de
Bucaramanga, un HOMBRE de aproximadamente 30 años, ultimado a causa de varios
disparos de arma calibre 9mm. Este crimen era parte de la arremetida que los Escuadrones
de la Muerte realizaron en la población durante todo el mes.
Pese a las constantes denuncias del personero ante las autoridades locales y nacionales, los
escuadrones de la muerte siguieron con su labor de “limpieza”. El 24 de diciembre de 1992,
YORGUIN MARIO PICO ALOMO, un reconocido delincuente, fue hallado muerto de 3 disparos
en su humanidad y en estado de descomposición, en un sector boscoso entre los barrios El
Jardín y Pan de Azúcar. Mario presuntamente había participado en el atraco de un bus que
cubría la ruta al barrio Pan de Azúcar el día anterior al hallazgo de su cuerpo. Según la
policía, el conductor del bus atracado, trató de impedir el hecho y disparó contra los
asaltantes, haciendo blanco en Yorguin Mario; sin embargo, hay serias dudas en relación con
el caso, pues junto al cuerpo fue encontrada la suma de $ 15.900 pesos, un revólver calibre
38 largo de cañón corto y tres cartuchos, es decir la misma cantidad de impactos de bala
que registraba el cuerpo. Otra duda tiene que ver con el tiempo transcurrido entre el atraco
al bus y el hallazgo del cuerpo, tan sólo tres días después.
A partir del año 1993 la llamada “limpieza social” disminuyó ostensiblemente, en parte
debido a la consolidación de los grupos paramilitares en la ciudad. No obstante
esporádicamente nuevas víctimas aparecieron. El 15 de junio, una MUJER, de 26 años
aproximadamente, fue encontrada asesinada y torturada en la vía que conduce al vivero de
la Corporación de defensa de la Meseta en Bucaramanga; el cuerpo presentaba laceraciones
en las extremidades superiores e inferiores. El asesinato se atribuyó a los Escuadrones de la
Muerte, caracterizados por abandonar los cuerpos de sus victimas en inmediaciones como el
Anillo Vial o el paraje conocido como Minas de Cemento.
Tres meses más tarde, el 19 de julio de 1993, un HOMBRE fue encontrado asesinado en el
barrio el mismo barrio, en el sitio conocido como Minas de Cemento. Su cuerpo presentaba
disparos en la cabeza y el tórax. El sitio era conocido desde finales de la década de los
ochenta como “botadero de cadáveres” de los Escuadrones de la Muerte.
El 23 de septiembre de 1993 fue hallado el cuerpo de JOAQUIN JAIMES de 30 años dentro
de un tubo de alcantarillado, en la urbanización La Quinta Estrella. Joaquín presentaba un
disparo en la cabeza, que le fue propinado mientras estaba durmiendo en el lugar, arropado
con una cobija, por un desconocido que le disparó en horas de la madrugada. Joaquín era
conocido como “El Burro”, se dedicaba a la venta de hojaldras y no tenía un sitio fijo de
vivienda. Por esa época en el barrio Campohermoso, colindante al sitio del asesinato, se
164
presentaban varios casos persecución a marginados y excluidos sociales; de algunos de ellos
fueron responsabilizados agentes de la policía.
El 11 de agosto de ese año, un HABITANTE DE LA CALLE fue asesinado hacia las 10:55 de la
noche, por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones, cuando se encontraba en
la calle 55 entre carreras 17A y 17B. La víctima era de contextura delgada, tenía barba y
vestía camiseta azul y pantalón negro.
Después de 1997 se presentan de nuevo algunos casos esporádicos de persecución a
marginados y excluidos sociales, que ocurrieron en los últimos meses de ese año, bajo la
autoría de la Mano Negra, estructura que se reactivo en ese periodo:
El 13 de octubre de 1997, el reciclador de basuras GUSTAVO WILSON GONZALEZ sería
asesinado por miembros del grupo La Mano Negra, entre los que se encontraba Carlos
Arturo Amorocho Aponte, Rene Alejandro Amorocho Aponte y Oscar Quiceno Bolívar
La Fiscalía Séptima de Vida de Bucaramanga inició la investigación bajo el radicado No.
3313, archivando las diligencias el 31 de mayo de 2001 mediante resolución de
preclusión.
Un mes más tarde, el 10 de noviembre de 1997, otro reciclador, FREDDY ABAUNZA SUAREZ
fue asesinado por una tropa de ese escuadrón de la muerte. La última víctima de ese grupo
paramilitar e fue un joven INDIGENTE de 17 años de edad, asesinado por tres paramilitares,
que se movilizaban en un vehículo Dacia blanco, de placas XLJ-206 calle 30 con carrera 17,
el 25 de noviembre de 1998.
2.6.2 Acciones de la SIJIN
“... en ningún momento se presentó falla
del servicio o de la Administración Pública,
por ende no hay lugar a condena de pago
de suma alguna por parte de la Nación,
menos por un individuo que no era útil ni
productivo a la sociedad o familiares, sino que
era un vago que nadie quería en la localidad...”205
Uno de los primeros crímenes perpetrados por los organismos de inteligencia policiales
ocurrió el 18 de octubre de 1988. Ese día a las 4:00 p.m. aproximadamente, el mecánico
JORGE ELIECER GONZALEZ ANGARITA de 49 años de edad, fue asesinado por dos miembros
de la policía adscritos al F-2 de los cuales sólo se identificó a la agente Angélica María
Hernández Contreras. Además, LUIS TARAZONA, GRICELDINA ESCOBAR y la menor YOLIMA
BUSTOS resultaron heridos en los mismos hechos sucedidos frente a casa Jorge Eliécer.
Jorge Eliécer, que había sido sindicado por la muerte de un peluquero que laboraba en la
policía y por posesión de drogas, se encontraba en la puerta de su casa cuando fue atacado
con disparos por un hombre y una mujer desde un automóvil Renault 18, quienes le
propinaron 14 impactos de bala calibre 38 y 9mm, quedando gravemente herido él, y en
205
Ministerio de Defensa, sobre la indemnización otorgada por el Consejo de Estado a los familiares de
Javier de Jesús Londoño Arango, asesinado por dos agentes de la policía en Liborina (Antioquia). 1992.
165
menor medida las otras víctimas; posteriormente Jorge Eliécer murió cuando era atendido
en un centro asistencial de la ciudad.
Pese a que los testigos del hecho identificaron a la agente Hernández como una de las
responsables del crimen, el jefe del grupo de inteligencia Capitán Vergara Marín expidió
documentos tendientes a encubrir a la agente en el sentido de afirmar que ese día se
encontraba trabajando como secretaria en la sede de la policía. Los agentes Méndez
Gallardo y Conde Trujillo facilitaron la desaparición de dos folios de la minuta de guardia
donde se inscribía la salida y entrada de los agentes.
La investigación contra los miembros de la policía la llevo a cabo la Procuraduría
Delegada para la Policía Nacional. El 12 de junio de 1989 se elevó pliego de cargos
contra los inculpados. El 12 de octubre de 1990 se resolvió sancionar a la agente
Hernández Contreras con solicitud de separación absoluta del cargo, al capitán Vergara
Marín con solicitud de suspensión del cargo por treinta días sin derecho a sueldo, al
agente Conde Trujillo con multa de treinta días de salario equivalentes a $29.940 y al
agente Méndez Gallardo se le decretó cesación de procedimiento por el principio de non
bis in idem, ya que había sido sancionado con 8 días de arresto severo por una
investigación interna del Departamento de Policía de Santander. Los tres sancionados
interpusieron recurso de reposición. el
8 de enero de 1992 se resolvió el
mantenimiento de la sanción contra la agente Hernández Contreras, la modificación de
la sanción contra el capitán Vergara Marín en una Amonestación Escrita en la Hoja de
Vida y el curso definitivo de la sanción contra el Agente Conde Trujillo. No obstante, la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional impuso una sanción irrisoria ante la
gravedad del crimen.
Otro ejemplo de los desmanes represivos de esta entidad estatal se llevo a cabo el 31 de
agosto de 1989, fecha en que MARIO ANIBAL VANEGAS PORTILLA fue detenido y torturado
por los agentes de la SIJIN Constantino Ramón Barajas, Hernando Parra Burbano y José del
Carmen Vargas Mantilla en una casa residencial ubicada en la calle 16 con carrera 57 del
barrio Buenos Aires. Junto a Mario Aníbal fue detenido ANTOLINO MACIAS GONZALEZ.
Tanto Mario Aníbal como Antolino fueron aprehendidos por los uniformados cerca de las
9:00 p.m., y conducidos a la dirección señalada por ser los supuestos autores de un hurto
de 105 bultos de fríjol que se transportaban en la vía que conduce a la ciudad a Bogotá. Una
vez en la casa, los agentes apartaron a Antolino a otro sitio, mientras tanto condujeron a
Mario hacia el garaje. De acuerdo a la versión de aquel, la separación de su compañero
ocurrió como a las 10:00 de la noche, momento en el cual se iniciaron las torturas contra
este.
Según Mario Vanegas, ya una vez separado de Antolino, sus captores lo metieron a una
pieza o garaje dentro de la cual había una camioneta y, hacia el extremo izquierdo del lugar,
un cargamento de fríjol. Antolino cuenta que “los agentes procedieron a maniatarme los pies
y manos, y a vendarme los ojos; enseguida me tumbaron boca arriba... me pusieron un
trapo grande en la boca.... me atajaban la respiración....se me sentaban en las piernas...
me amarraban a la camioneta y me daban planazos; me cortaban...y así transcurrieron
durante toda la noche hasta el otro día a las seis de la mañana que ya dejaron de
castigarme. Después me metieron al baño; amordazado y maniatado me metieron entre la
taza del inodoro... todos me torturaron; de todo ese mal tratamiento y torturas me hicieron
defecar en la ropa y orinar”.
166
Los tratos indiscriminados y abusivos a los que fueron sometidos estos hombres, fueron
confirmados por las versiones de vecinos del sector; estos dijeron que tres agentes del F-2
(SIJIN) habían estado preguntando por el dueño del garaje de la casa ubicada en la calle 16
con carrera 7 por la mañana; y por la noche del 31 de agosto vieron entrar a los policías con
dos sujetos desconocidos al garaje, en el cual permanecieron toda la noche, escuchando
durante la misma gritos, golpes, quejidos y lamentos provenientes de ese lugar.
Cabe señalar que Mario Vanegas sufría de trastornos mentales, los cuales fueron producidos
en 1985, por haber sido torturado por agentes de la policía, siendo señalado como paciente
sicótico en un examen psiquiátrico que le realizaron en ese entonces. Sin embargo, un
nuevo examen médico de julio que le practicaron en julio de 1988 dictaminó que Mario no
padecía ningún trastorno mental; en tanto que, 48 horas después de ser detenido y
torturado, se le encontró la evidencia de un “trastorno mental permanente”.
octubre de 1990, sancionó los agentes del F-2 con suspensión en el ejercicio del cargo
por 30 días sin remuneración, dada la “certeza probatoria del obrar contrario de las
normas disciplinarias por parte de los encartados”. Posteriormente los inculpados
interpusieron recurso de reposición contra la providencia, el cual fue resuelto por el
mismo organismo el 28 de diciembre de 1990 de forma negativa, confirmando por
tanto la sanción.
El 8 de agosto de 1991, MILTON FERRER GONZALES, JOSELIN MORENO CARRILLO y
MARLIO MEDINA CAMACHO fueron torturados en las instalaciones de la SIJIN por el agente
Guzmán Alberto Tamara Rincón y el Sargento Edwing Parra Lozada. Las víctimas habían sido
capturadas anteriormente por un hurto en la madrugada de ese día.
La denuncia del señor Medina señaló que los agentes de la policía los golpearon al momento
de la captura, trato que se les propinó por segunda vez en la sede de la SIJIN; además les
vendaron los ojos, les pusieron unos trapos untados de gasolina y uno de ellos colocó un
arma en la cabeza del denunciante para amenazarlo y le descerrajó un disparo detrás de la
nuca.
La esposa de Marlio se acercó a denunciar el hecho ante el Mayor Carlos José Osorio Pico,
momento en el cual fue amenazada por el agente Tamara Rincón, sin que el oficial
interviniera o se mostrara contrario a la amenaza. El dictamen de medicina legal otorgó una
incapacidad de 8 días para Milton. Así mismo le dio incapacidad de 14 días a Joselín y una
de 12 días a Marlio. Este último presentaba rasponazos en todo el cuerpo.
El 15 de septiembre de 1991, FREDY ALVAREZ MORENO, electricista automotriz y estudiante
en un colegio nocturno de Cúcuta, fue desaparecido después de que dos hombres, que se
identificaron como agentes de la SIJIN, lo obligaron a subir a un taxi en el momento en que
su acompañante estaba en el baño y sólo alcanzó a ver cuando lo subían al vehículo. El
joven se encontraba en el terminal de transporte de Bucaramanga, listo para viajar a su
ciudad de origen (Cúcuta). Fredy había ido a la capital santandereana visitar a sus
familiares. Desde ese día no se volvió a saber nada sobre su paradero.
El 10 de noviembre de 1991, en horas de la madrugada, se encontraron asesinados DOS
INDIGENTES, presumiblemente por agentes de la policía, en la carrera 3-79. El hecho se le
había imputado al agente Duvan Vallejo Gálvez. Se interpuso queja ante el Ministerio Público
que desató una investigación disciplinaria. Posteriormente las averiguaciones fueron
adelantadas por la Procuraduría Delegada Para la Policía Nacional, cuyas indagaciones
167
determinaron abrir formal averiguación contra el Subteniente Luis Fernando Salazar
Jaramillo, y por tanto formular cargos al oficial por haber informado a sus superiores que no
existía ningún indicio o prueba de la autoría de los asesinos de las víctimas, cuando si las
había, y por haber ocultado a los mismos información relacionada con policías sospechosos
de ser los autores del doble homicidio, ya que Salazar Jaramillo fue uno de los primeros
agentes en llegar al lugar donde estaban los cuerpos en cumplimiento de su turno de
vigilancia sobre el sector, sosteniendo también que un agente de apellido Galeano lo había
amenazado si llegaba a decir algo relacionado con el asesinato de los indigentes.
La Procuraduría, en fallo de 1994, decidió absolver al Subteniente por el primer cargo
al manifestar que el oficial no vio ni encontró en el lugar anormalidad alguna, además
de que él no se acercó ni tuvo contacto con los occisos. Respecto del segundo cargo, la
Procuraduría sostuvo que el oficial en razón de su puesto estaba obligado a informar a
las autoridades respectivas de lo que sabía acerca de los agentes mencionados. Sin
embargo, por esta última consideración, sólo se sancionó a Salazar Jaramillo con
amonestación escrita en la hoja de vida.
La eliminación sistemática de los marginados sociales por parte de la inteligencia policial,
prosiguió en 1992, bajo la total impunidad. El accionar de los agentes del orden, marcado
por una creciente sevicia, lejos de aminorarse por las denuncias de las organizaciones
defensoras de derechos humanos y la defensoría del pueblo, se incremento inusitadamente,
respondiendo a una retaliación de los efectivos contra aquellos que “tuvieran la osadía de
desenmascararlos”. La primera agresión perpetrada por los miembros de la SIJIN en ese año
tuvo lugar el 23 de enero de 1992, fecha en que el señor MARIO MATAJIRA OCHOA fue
torturado por agentes de la SIJIN, entre los que se encontraba el Capitán Jairo Humberto
Amorocho Rozo.
Mario se transportaba en un taxi afiliado a la empresa Taxis del Sur por las calles de la
ciudad, cuando tres individuos que se identificaron como miembros del DAS lo interceptaron
y lo obligaron a bajarse del vehículo para que abordara uno nuevo, donde le pusieron una
bolsa en la cabeza, lo amarraron de pies y manos, y lo golpearon reiterativamente. Acto
seguido sus aprehensores lo trasladaron “por la vía a la costa” hasta llegar a un paraje
solitario ubicado en inmediaciones del sitio Café Madrid, en las afueras de Bucaramanga. Allí
se le sometió a Mario a toda clase de acciones crueles, consistentes en la provocación de
asfixia, golpes en partes blandas del cuerpo, presión en los testículos con una banda
plástica, ahogamientos con agua enjabonada, fractura de los dedos de los pies, esposas
apretadas al máximo, golpes en la cabeza con objetos contundentes, y simulacros de
disparos.
Posteriormente Mario fue nuevamente introducido al vehículo que lo llevó hasta el lugar
señalado, y sus victimarios lo condujeron a un garaje que quedaba en proximidades de la
vía a Chimitá, donde se le infligieron otra vez golpes y maniobras de ahogamiento, para
luego ser desnudado y maltratado en el estómago. Hacia las 4:00 de la mañana Mario fue
dejado en libertad, aun amarrado y vendado en cercanías del anillo vial de Floridablanca, y
como pudo logró soltarse y dirigirse al Centro de atención Inmediata (CAI) del barrio
Cañaveral, donde solicitó ayuda.
Según la declaración hecha por Mario el 24 de febrero del mismo año ante la Dirección
Seccional de Orden Público de Cúcuta, en el sitio donde fue llevado por sus tres
aprehensores, se encontraba el Capitán Amorocho que autorizó las torturas y le golpeó su
cara. Mientras era torturado, cuenta Mario que lo inculpaban por el secuestro de un joven
llamado Diego Pérez y le preguntaban por sus familiares y personas, las cuales él no
168
conocía. Después del constante sufrimiento producto de las torturas, Mario llegó inclusive a
decir nombres de personas que conocía para salvar su vida.
Las lesiones generadas por los ultrajes a que fue sometido, le generaron una incapacidad
legal de 15 días. La queja por estos hechos fue interpuesta ante la Procuraduría Provincial
de Bucaramanga el 24 de enero de 1992,denuncia en la cual Mario señaló que había sido
seguido y vigilado por desconocidos; el 22 o 23 de diciembre del año inmediatamente
anterior, el Capitán Amorocho lo citó con el fin de interrogarlo por el secuestro de Diego
Pérez. La actuación ante el Ministerio Público le acarreó a Mario y a su compañera
permanente reiteradas amenazas anónimas allegadas a su casa.
En relación con el secuestro, Diego Pérez fue liberado el 11 de febrero de 1992, y en un
informe del mismo adelantado por la policía, se sugirió que se efectuaran algunos
allanamientos y se expidiera orden de captura en contra de Mario Matajira, la cual se hizo
efectiva el 19 del mismo mes.
Por último, cabe anotar que Mario Matajira había sido seguido y confrontado por el Capitán
Jaime Amorocho en diciembre de 1990, debido a que un señor llamado Diego Fabio
Cárdenas Valencia puso en conocimiento de este una venta de una motocicleta hecha con
documentos falsos, situación en la que Mario había colaborado y discutido con el uniformado
en las indagaciones ulteriores.
La Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos, en falló del 19 de
diciembre de 1997, absolvió de toda responsabilidad al Capitán (ya entonces Mayor)
Jairo Humberto Amorocho por “la cantidad de contradicciones e imprecisiones en las
que incurrió el testimonio del quejoso”, que le hicieron perder credibilidad, aunado a la
falta de confirmación de su versión.
Tres meses después los miembros de la SIJIN efectuaron otra detención arbitraria y
posteriormente sindicaron a los aprehendidos, recluyéndolos en la cárcel Modelo de la ciudad
El 17 de abril de 1992, JAIRO CABRERA PALOMINO y RODOLFO PALOMINO, fueron detenidos
por unidades de la SIJIN mientras se desplazaban en un taxi sin que les mostraran orden de
captura alguna o mandamiento judicial.
El 3 de agosto de 1992, JAIME TELLEZ ROBLES y PEDRO JOSE SANCHEZ DUQUE fueron
torturados mediante choques eléctricos por agentes de la SIJIN.
Doce días después, el 31 de agosto, el empleado bancario LUIS CARLOS CACERES
RODRIGUEZ, fue detenido y posteriormente torturado por agentes de la SIJIN-DESAN al
mando del Sargento Henry Parada Niño. Dos días antes del hecho, el lugar de labores de
Luis Carlos, el banco Mercantil de Bucaramanga, donde él trabajaba como cajero desde
1976, fue asaltado. Por las investigaciones adelantadas, Luis Carlos Cáceres tuvo que rendir
una declaración a las 7:00 p.m. ese mismo día en las instalaciones de la SIJIN, terminando
la diligencia a las 8:30 p.m., retirándose luego aproximadamente a las 9:00 de la noche
para retornar a su casa. Al llegar a su residencia y cuando se disponía a comer, llegaron
unos agentes del organismo de inteligencia y lo detuvieron, trasladándolo nuevamente a las
dependencias de la SIJIN. Conjuntamente con la detención de Luis Carlos, fue detenido LUIS
ANTONIO MANRIQUE PARRA, funcionario del banco. Las aprehensiones se dieron sin orden
judicial alguna, y solamente fundadas en la sospecha de que los detenidos estaban
involucrados en el hurto del banco. El operativo estaba comandado por el Sargento Henry
Parada, Jefe del grupo de delitos contra el patrimonio económico de la SIJIN por ese
169
entonces, quien se encargó plenamente de las pesquisas hechas respecto al suceso de la
entidad financiera.
Cuenta Luis Carlos en diligencia de indagatoria rendida al fiscal 21 de Bucaramanga Manuel
Guillermo Corzo Moreno el primero de septiembre, que una vez dentro de la dependencia del
organismo policial (después de ser detenido), unos agentes lo llevaron a un cuarto y:
“allí empezaron a decir que sabían todo lo del robo del banco; que les dijera
la verdad; que ellos sabían lo del maletín negro gris, y si era que yo me
había robado la plata; yo respondí que todo eso era mentiras... en ese
momento me dijeron que no iban a ser buenos conmigo y me hicieron
desvestir; me quite todo, quede en interiores... me amarraron lanilla en los
pies, me esposaron las manos hacia atrás y una lanilla en los codos, y me
tendieron sobre un planchón de cemento; me trajeron unas bolsas azules
con rayas blancas y me pusieron una en la cara... me estaban asfixiando...
después llegaron otros de la SIJIN y me pusieron dos bolsas en la cara; se
me subieron dos en el estomago y otros me pegaban puntapiés; y me
dijeron que me iban a poner electricidad pero no lo hicieron”. Las lesiones
sufridas por el aprehendido, se constataron por parte del Fiscal, quien dejó
constancia en la indagatoria de que el indagado “presenta pequeños
morados en las muñecas, morados en el pecho, raspadura larga en la parte
trasera del cuello”.
Luis agregó a lo anterior que cinco agentes fueron los que lo torturaron, no pudiendo
identificar a ninguno de ellos, pues la detención se llevo a cabo sin orden judicial alguna. Los
agentes tampoco lo llevaron a Medicina Legal.
La señora Carmen Bedoya de Cáceres señora Carmen Bedoya de Cáceres petición de Habeas
Corpus en favor de su esposo Luis Carlos Cáceres ante la juez octava penal del circuito de
Bucaramanga. Por otro lado, el Fiscal 10 especializado, mediante un oficio tramitado el 3 del
mismo mes, comunicó a la juez que ordenó la libertad inmediata del señor Cáceres y de Luis
Antonio Manrique al director de la Cárcel Distrital de la ciudad, por considerar que fueron
capturados ilegalmente.
junio de 1997, encontró culpable al Sargento Parada Niño de haber ordenado las
detenciones ilegales de los dos hombres y por permitir y no impedir que personal bajo su
mando infringiera malos tratos y conductas atentatorias contra los derechos humanos del
detenido Cáceres Rodríguez; sin embargo sólo lo sancionó con suspensión en el ejercicio
del cargo por 15 días sin remuneración en aplicación del principio de favorabilidad, ya que
las torturas no configuraban una falta gravísima merecedora de destitución, en
concordancia con el artículo 15 de la ley 200 de 1995 o Código Disciplinario Único.
Tiempo después el inculpado presentó recurso de apelación contra el proveído anterior, el
cual se fallo el 1 de septiembre de 1997 por parte del Procurador General de la Nación,
quien decretó la prescripción de la acción disciplinaria porque el último hecho constitutivo
de la falta atribuida al investigado ocurrió el 1 de septiembre de 1992, lo que indica que a
la fecha han transcurrido mas de cinco años, razón por la cual archivó la investigación.
A partir de 1993 los vejámenes y violaciones a los derechos fundamentales de la población
de los sectores populares y marginales, disminuyeron ostensiblemente, debido a las
múltiples denuncias de la población y los movimientos cívicos y las organizaciones
defensoras de Derechos Humanos, las cuales, dada la similitud de los mecanismos
170
criminales de la SIJIN y estructuras irregulares como la Mano Negra, comenzaron a
evidenciar los vínculos entre estos dos entes para controlar y erradicar a los excluidos
sociales. Empero, los casos de detención y desaparición efectuados por los organismos de
inteligencia contra los presuntos delincuentes continuaron.
El 22 de enero de 1993, JOSE MANUEL CRISTANCHO ESTEVEZ de 31 años y NEPOMUCENO
GARCIA MARTINEZ de 36 años, quien era celador del centro de capacitación de Comfenalco
en Bucaramanga, fueron detenidos por los agentes de la SIJIN José Manuel Cristancho
Romero, José Julián Jaimes Caicedo y Luis Alejandro Sánchez Angarita, cuando departían en
una cafetería ubicada en la calle 33 con carrera 20 de la capital santandereana y desde
entonces no se volvió a saber nada de sus paraderos.
Ese día, José Manuel se encontraba en compañía de su sobrino César Augusto Gómez
Cristancho y un rato después se encontraron con su amigo Nepomuceno, quien “los invitó a
ambos a tomar una gaseosa”; entonces José Manuel y Nepomuceno se dirigieron hacia una
cafetería, entraron al lugar. Entretanto, Cesar se quedó un poco atrás y de repente vio cómo
un hombre de forma apresurada y comunicándose por un radio comunicador, dirigió la
mirada a Nepomuceno y luego hacia él, observándolo fijamente, y después junto con otro
sujeto, se encaminaron hacia José Manuel y Nepomuceno. Los agentes rodearon la cafetería
con otro individuo más y después de encañonar a los dos amigos, los sacaron del lugar.
César denunció que cuando fue a averiguar por su tío a las instalaciones de la SIJIN,
identificó a uno de los captores. Por otro, lado la esposa de Nepomuceno, Marina Mariño
Velasco, adujo que su esposo había recibido amenazas anteriormente por un robo que había
ocurrido en las instalaciones de Comfenalco, lugar en el que laboraba. Igualmente, un
compañero de trabajo dijo que Nepomuceno le manifestó que agentes de la SIJIN habían ido
a su casa a preguntar por él y añadió que también lo buscaron en la empresa.
La Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos en providencia del
16 de diciembre de 1996, absolvió a los agentes argumentando que de acuerdo a las
pruebas aportadas en el proceso ninguno de ellos cumple los requisitos subjetivos para
endilgarse responsabilidad alguna del hecho, además de que el único testimonio
respecto de la presunta aprehensión material de Nepomuceno García y José Manuel
Cristancho, rendido por César Augusto Gómez, no se halla avalado por prueba alguna
dentro de la averiguación, denota parcialidad por el parentesco del deponente con uno
de los presuntos desaparecidos. Posteriormente, en sentencia del 22 de noviembre de
1999, la Procuraduría General de la Nación en revisión por vía de consulta, confirma el
falló de la primera instancia basándose principalmente en la inexistencia de pruebas de
la responsabilidad de los agentes en las detenciones y las desapariciones.
A pesar del pronunciamiento anterior, en la investigación adelantada por estos hechos
por la Fiscalía 34 de Bucaramanga delegada ante los jueces penales del circuito,
basándose en las denuncias de los familiares de las víctimas, así como la rendida por
Cesar Augusto Cristancho, el Agente Cristancho Romero fue sindicado por el delito de
Secuestro, siéndole impuesta medida de detención preventiva en razón a que el
testimonio de Cesar y los indicios surgidos por la contradicción de las versiones dadas
por el uniformado, llevan a pensar al ente acusador que este se encontraba implicado
en la desaparición de José Manuel y Nepomuceno. No se conoce mas datos del
proceso.
El 10 de junio de 1993, JORGE RAMIREZ CASTIBLANCO, de 35 años, presunto delincuente,
fue asesinado por miembros de la SIJIN, entre ellos, el agente Julio César Ríos Torres. El
171
cuerpo fue hallado en el sitio conocido como La Cemento, uno de los lugares más empleados
por los paramilitares para abandonar los cuerpos de sus víctimas. La Procuraduría Delegada
en respuesta a solicitud de fecha 28 de abril de 2001 afirmó que revisados los libros no
encontró registro alguno por este hecho. La similitud de los mecanismos criminales
empelados por la policía y las fuerzas irregulares pone de manifiesto su complicidad y
anuencia en la eliminación sistemática de los marginados sociales.
El 13 de octubre 1994, el ex agente de policía SEGUNDO GUILLERMO CROFOTH HERNANDEZ
y los señores ALBERTO GOMEZ LEÓN y LUIS GABRIEL LÓPEZ ROJAS, fueron detenidos y
posteriormente torturados por agentes de la SIJIN-Desan. Los uniformados involucrados en
el hecho fueron el Teniente Luis Fernando Villamizar Duran, el Capitán José Manuel González
Tique, el Cabo Segundo Víctor Alexis Jaimes Rodriguez, la Subintendente Haydee Velandia
Acevedo, y los agentes Claudia Cecilia Camargo Ortiz, Orlando Navarro Niño, Gilberto
Piraquive Guio y Ángel Javier Ríos Celis.
Ese mismo día, los efectivos policiales realizaron unos allanamientos en las residencias de
las víctimas como consecuencia de un hurto en el que se encontraban implicadas estas, en
contra de la empleada de la empresa ACEGRASAS S.A., Dalila Sánchez Ortiz, ocurrido a las
11:30 de la mañana del día de los hechos. En estos mismos hechos murió el celador de la
empresa COAVICOLAS, Jesús Alfonso Lizarazo Mantilla, cuando intentaba impedir el robo; la
cuantía de lo hurtado ascendía a $6.000.000 en efectivo y cheques.
Durante el tiempo que los hombres permanecieron detenidos en los calabozos de la SIJIN,
fueron sometidos a torturas consistentes en “retenciones bruscas, insultos, presiones,
amenazas de muerte, golpes con elementos contundentes (puño, pata, cachetadas, con
armas de fuego) en diferentes partes del cuerpo, empujarlos súbitamente, “botarlos” y
arrastrarlos por el piso, amarrarlos manos atrás con camisas y/o trapos y encima con lazos
para inmovilizarlos, amarrarlos de pies. En esas condiciones se les aplicó el método de la
bolsa plástica en la cabeza y la cara para intentar ahogarlos y/o asfixiarlos, los acostaron en
el piso y un policía se les sentó en los pies, otro en el estomago, otro en e pecho y otro les
apretaba la cara con un trapo. Los agentes se levantaban y se dejaban caer sobre sus
cuerpos, echándoles agua con el mismo propósito de asfixiarlos. A Segundo Guillermo le
aplicaron choques eléctricos y lo intimidaron con armas de fuego. A Luis Gabriel lo
condujeron en un vehículo a un paraje solitario, por una carretera destapada, al parecer por
el sector industrial de “CHIMITA”, lugar donde fue arrojado a las malas del vehículo y
torturado mediante golpes y la aplicación del sistema de “la bolsa plástica”. Como consta en
el auto de descargos. Como producto de las torturas a que fueron sometidos el Instituto de
medicina Legal dictaminó una incapacidad médica legal de 12 días para Luis Gabriel y para
Segundo y Alberto una definitiva de 6 días.
Debido a que las detenciones se llevaron a cabo sin los requisitos de ley, violando sus
derechos fundamentales, se impetró una acción de habeas corpus la cual fue concedida por
el Juzgado Trece Penal Municipal de Bucaramanga, mediante providencia del 21 de octubre
de 1994, obteniendo con ello la libertad de las víctimas.
Actuaciones Judiciales
El 17 de mayo de 1997, la Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos
Humanos formuló auto de cargos contra los uniformados implicados en los hechos.
No obstante, en providencia del 10 de noviembre de 1999 decretó la prescripción de
la acción disciplinaria, y por tanto el archivo de las diligencias, por haber transcurrido
mas de cinco años desde la comisión de los hechos. Según la Delegada no existieron
irregularidades en el proceso que propiciaran la prescripción, pues por la cantidad de
implicados, sus constantes traslados y la problemática en las notificaciones,
172
especialmente la del auto de cargos, sumado a la congestión del despacho por
desarrollar otras investigaciones por violaciones de derechos humanos “no dejan
entrever manifiesta y fundada negligencia” por la cual se sancionara a funcionarios de
la Procuraduría.
2.6.3.1 El sicariato: Una modalidad de persecución a marginados y excluidos
sociales a cargo de la SIJIN
La estructuración del sicariato como modalidad operativa de la SIJIN se construyó en un
marco de referencia de lucha contra los fenómenos delictivos en Bucaramanga,
especialmente hacia supuestas bandas criminales. La conformación de la agrupación de
muerte comprendía agentes y oficiales de la SIJIN, contando con la ayuda y complicidad de
particulares. El asesinato era el medio por excelencia para acabar y destruir los delincuentes
de la ciudad. No obstante, también se le esgrimía como escudo, puesto que proveía una
forma de protección contra las delaciones hechas por personas ajenas o por los mismos
involucrados que podían perjudicar su tarea, salvaguardando así su integridad,
especialmente en la institución. En este orden de ideas, el empleo del sicariato en la SIJIN
contenía dos finalidades: ser una estrategia operativa de ataque frontal hacia la criminalidad
en la ciudad a efectos de erradicarla eliminando a los supuestos delincuentes; y servir de
broquel respecto de situaciones o personas que pudieran afectar sus intereses, o la
continuidad en la ejecución de los asesinatos.
El 16 de julio de 1991 a las 5:20 p.m., RODRIGO QUINTERO SALAZAR fue asesinado por el
agente de la SIJIN Gilberto Delain Mendoza, por órdenes del Cabo Cristian Murillo; y con la
ayuda del particular Reynaldo Malaver Duran. El crimen se cometió en la lonchería “Marín”,
ubicada en la calle 33 No. 13-18.
Según la indagatoria de Malaver Duran rendida a la Fiscalía seccional de Bucaramanga en
1993, el Cabo Murillo le invitó a que colaborara “en un trabajo”, ofreciéndole quinientos mil
pesos y una moto para ello, entregada después por el agente Mendoza en presencia de un
compañero, también policía, llamado Nestor Raúl Izaquita. Malaver aceptó, y junto con el
agente Mendoza se dispusieron a ejecutar la tarea, que en palabras de aquel “era contra un
señor que se encontraba en una cafetería en la calle 31 o 32 con carrera 14 (de
Bucaramanga)”. Él día del asesinato, manifestó Malaver, que una vez ambos llegaron al
sitio, el agente le dijo “espéreme aquí y yo me hice al pie de un parqueadero... el se entró a
una cafetería que queda en la calle 31 con carrera 14 [la lonchería Marín], y le disparó al
señor... llegó corriendo y se subió a la moto... al día siguiente por la tarde el Cabo Cristian
me llevó los quinientos mil pesos a la casa”. De acuerdo con las diligencias adelantadas por
el hecho, se estableció que el asesinado era Rodrigo Quintero.
Rodrigo cuatro días antes de su asesinato, rindió una declaración ante el DAS Seccional
Santander dentro de una investigación adelantada por un hurto a las cajillas de seguridad
del Banco Cafetero de Bucaramanga sucedido anteriormente. La información otorgada por
Rodrigo daba cuenta de los participes del robo, la cual se extendió a unos Capitanes de la
policía de apellidos Amorocho y Guzmán; sin embargo antes de hablar con ellos, Rodrigo ya
había contactado telefónicamente al Cabo Murillo.
Aparentemente en el hurto se encontraban involucrados, varios miembros del organismo
policial de inteligencia, pues, de acuerdo a lo referido por el asesinado, uno de los autores
del mismo le dijo a este que “tenían gente de la SIJIN, que aun cuando no participaron en el
delito, les daban dinero para que los cuidaran”. Por tal información Rodrigo Quintero en su
declaración, afirmó que se enteró de que lo querían matar.
173
La cadena de muerte a cargo de la SIJIN siguió el 8 de agosto de 1991. En la mañana de
ese día FRANCISCO VERA VERA contratista de ECOPETROL, LUIS FRANCISCO LOZANO
GOMEZ, JORGUIN VERA VERA, TIBURCIO RAMIREZ PULIDO, ALVARO BARON MARTINEZ, y
REYNALDO RUIZ BALLESTEROS, fueron asesinados por agentes de la SIJIN, dentro de los
cuales estaban Néstor Raúl Izaquita y Gilberto Delain Mendoza, en Bucaramanga.
Los asesinatos de las dos primeras víctimas ocurrieron en la entrada del barrio Portón del
Tejar, mientras que de los cuatro últimos sucedieron en la sede recreacional de Comfenalco,
ubicada en la vía que conduce al municipio de Piedecuesta. En este hecho, los uniformados
contaron con la ayuda del auditor de la policía Jorge Enrique Velasco Flores, quien el 12 de
agosto sería asesinado también por los mismos agentes.
Tanto Izaquita como Mendoza hacían parte de un grupo de miembros del organismo policial
que entre los meses de junio, julio y agosto de 1991 cometieron una serie de asesinatos
dirigidos a personas que supuestamente integraban bandas delincuenciales. Reynaldo
Malaver Duran, persona implicada en los crímenes cometidos por los agentes, en declaración
vertida en 1993 a la Fiscalía Seccional de Bucaramanga respecto de los sucesos del 8 de
agosto, manifestó que por un incidente de incautación de un revólver suyo que no tenía
salvoconducto, conoció a los uniformados, a un Cabo llamado Cristian Murillo y otro agente
de apellido Rodríguez. Por tal situación entablaron una relación de amistad, al punto de que
los policías le confiaron que estaban buscando la “banda de los Vera Vera” para matarlos,
hecho al cual le invitaron a pesar de su negativa, agregándole que les tenían un tipo de
confianza que se los iba a poner en un lugar determinado; el cómplice era Jorge Enrique
Velasco.
Poco después de que se enterara de la muerte de los Vera Vera, Reynaldo Malaver dijo que
los agentes mencionados lo invitaron a celebrar en la casa donde vivía Izaquita; al llegar al
lugar se encontró con este y los policías Hernández, Mendoza, Rodríguez, y un Capitán de
apellido Amorocho. El anfitrión (Izaquita) le comentó que ya habían caído los Vera Vera, y
que “había sido estilo película”, aunque se mostraba preocupado porque un individuo que
laboraba en la policía y que había sido el encargado de organizar “el supuesto partido de
fútbol” los podía delatar; se estaba refiriendo al auditor Velasco Florez.
Según denuncia de los familiares de los hermanos Vera, estos habían sido allanados y
seguidos en numerosas ocasiones por miembros de la SIJIN, lo cual se confirmó por la
versión de Reynaldo Malaver. En 1988 había desaparecido otro hermano Vera, quien a los 8
días fue encontrado asesinado y con señales de tortura.
Cuatro días después, el 12 de agosto de 1991, el auditor de policía JORGE ENRIQUE
VELASCO FLOREZ, fue asesinado por el agente de la SIJIN Gilberto Delain Mendoza, en una
bomba de gasolina ubicada en la avenida “La Rosita” con Cra. 20 de Bucaramanga. El
uniformado contó con la ayuda y complicidad del también agente Néstor Raúl Izaquita
Otero, y del particular Reynaldo Malaver Duran. Las tres personas implicadas en este
crimen, hacían parte de un grupo de oficiales del organismo de inteligencia que se dedicó a
ejecutar y planear una serie de asesinatos ocurridos en los meses de junio, julio y agosto de
1991, contra personas señaladas de conformar bandas delincuenciales en la ciudad, o para
salvar sus propios intereses; tal fue el caso de Velasco Florez, quien colaboro con las
estructuras del estado en la comisión de varios asesinatos.
De acuerdo con la declaración otorgada por Reynaldo Malaver a la Fiscalía Seccional de
Bucaramanga en 1993, en el asesinato del auditor se planeó la posible delación que podía
hacer aquél de su participación material en el homicidio de los hermanos Vera Vera y otras
174
personas más el 8 de agosto de ese año, ya que Jorge Enrique Velasco les había ayudado a
tenderles una celada a estos para darles muerte.
La preocupación suscitada a los agentes Izaquita y Mendoza por el temor de ser
descubiertos, los llevó entonces a decidir que su cómplice en el crimen de los Vera Vera
debía desaparecer. Por tanto solicitaron a Reynaldo Malaver que les colaborara con este
“trabajo”, solicitándole que les prestara una motocicleta, y a pesar de su negativa, los dos
policías en compañía de otro de apellido Rodríguez (quien era Teófilo Rodríguez Torres), le
ofrecieron darle una motocicleta, agregando que con el iría un agente de la SIJIN a “hacer el
trabajo”, y que de todos modos les prestara un revolver, a lo cual accedió Malaver.
Llegado el día, los agentes se dieron cita donde vivía el agente Izaquita, al lado del
Comando de policía; allí le entregaron a Malaver una motocicleta Suzuki 125 negra, y junto
a él se subió el agente Mendoza. En una tienda empezó el seguimiento de la futura víctima,
Velasco Florez, quien pasó en una motocicleta con una señora, por lo cual dispusieron
seguirlos poniéndose cada uno cachucha negra a fin de evitar ser reconocidos. Señala
Malaver en su declaración: “los alcanzamos en la Bomba de Gasolina que queda en la
avenida La Rosita como con 20, Mendoza me dijo párese que ahí están (sic) yo paré la moto
un poquito adelante de la bomba, y Mendoza fue y mató al señor [ Velasco], le
disparó...llegó y me dijo hágale vamos (sic) para donde don Luis, el dueño de la casa donde
vivía Izaquita...”. Posteriormente, al llegar a la casa, Izaquita le prestó una camisa amarilla
a Malaver para que se cambiara la que llevaba, y se fuera para la casa. A los pocos días le
entregaron doscientos mil pesos.
Una vez adelantadas las diligencias de rigor por este y los otros asesinatos, la Fiscalía
Regional de Cúcuta en providencia del 24 de junio de 1994 les dictó medida de
aseguramiento de detención preventiva por los graves indicios existentes de la presunta
responsabilidad a los agentes Reynaldo Malaver e Izaquita en las muertes de los
hermanos Vera Vera y otros, mientras que por el asesinato de Jorge Enrique Velasco los
compulso a ampliar sus indagatorias, en tanto no se le formulen los cargos
correspondientes de la imputación jurídica.
El sicariato de la SIJIN no terminaría en agosto de 1991. Un año después, el 19 de agosto
de 1992, el joven WILLINGTON TORRES REYES fue asesinado por individuos que le arrojaron
una granada cuando se encontraba en el barrio Girardot. Los individuos que se movilizaban
en una motocicleta negra sin placa, vestían de negro y llevaban cachuchas, lanzaron la
granada por el mirador matando al joven que estaba viendo televisión al tiempo que un
NIÑO quedo herido; un hermano de Willington alcanzó a disparar un revólver contra los
agresores, uno de los cuales huyó a pie y en la esquina se quitó una peluca y fue recogido
por un campero Nissan blanco.
El asesinato de Willington era el tercero que sufría la familia en los últimos cuatro años,
todos, según la familia, a manos de agentes de la SIJIN. La madre del joven declaró: “Esto
es una venganza de ellos (los miembros de la SIJIN) porque dicen dizque yo vendo droga, a
mi me han detenido varias veces, pero la justicia nunca me ha condenado. Temo que sigan
matando los otros hijos por que como a las 4 a.m. nos llamaron y dijeron que la matanza
hasta ahora empezaba”.
2.7 CRIMENES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
175
“a veces el defensor...
comparte la suerte del defendido”
Organizaciones y/o personas dedicadas a la denuncia de violaciones y al trabajo en defensa
de los derechos humanos se convirtieron también en blancos de la represión paraestatal. Su
labor de denuncia y lucha por el respeto de la dignidad humana y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población les acarrearían la persecución y el exterminio. El primer
crimen contra los defensores de derechos humanos en la capital santandereana tuvo lugar
el 12 de febrero de 1983, día en el que el miembro del Comité Regional de Derechos
Humanos, ex concejal de Girón y dirigente cívico popular ISMAEL TAVERA fue torturado y
asesinado por miembros de un grupo paramilitar. Ese día Ismael salió de su casa, ubicada
en el Barrio Santa Cruz del municipio de Girón, con rumbo a la ciudad de Bucaramanga.
Desde el momento de su partida pasaron varios días sin que se supiera algo de su paradero,
hasta que el 17 de febrero, luego de intensas averiguaciones fue hallado su cuerpo sin vida,
el cual presentaba dos impactos de bala en la cabeza. El lugar del hallazgo se encontraba
ubicado a 16 kilómetros de Bucaramanga, sobre la carretera que de esta ciudad conduce a
la población de Matanza (Santander).
Dos meses después, en mayo de 1983, los abogados, defensores de presos políticos y
miembros del Comité Departamental de Derechos Humanos HERNAN MOTTA MOTTA,
CARLOS DIAZ y LUIS JOSE CABALLERO fueron amenazados mediante envió de notas de
muerte por el grupo paramilitar MAS en Bucaramanga. Las intimidaciones recibidas eran el
comienzo de una persecución sistemática que se ensañaría principalmente contra el Comité
de Soilidaridad de presos Políticos, seccional Santander, organización que se proyectó como
una de las principales promotoras de la denuncia frente al posicionamiento paraestatal en la
ciudad, y la consecuente violación de los derechos de los habitantes de la cabecera
departamental.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP, Seccional Santander
“...Soy dueño de mis actos y mis palabras,
con la responsabilidad que eso encarne,
hasta sus últimas consecuencias,
y yo comprendo que las últimas
consecuencias, son la muerte...”.
Pedro Ardila Beltrán.
La labor desempeñada por el CSPP (Seccional Santander) permitió y posibilitó que en el
territorio santandereano y otras zonas próximas al mismo, el manto de la impunidad y el
olvido de la memoria de las acciones violatorias de los derechos humanos y los crímenes de
lesa humanidad no se extendiera en su totalidad. La importante tarea de defender los
derechos humanos encaminada por el CSPP fue precisamente una de las piedras en el
zapato para los actores represivos. Ante los constantes hostigamientos proferidos por las
fuerzas regulares e irregulares contra los miembros del CSPP y otros gremios organizativos
de la ciudad se realizaron diversas denuncias de carácter tanto nacional como internacional,
con el fin luchar contra la impunidad y poner en conocimiento la grave situación que desde
ese momento se evidenció en una de las ciudades más importantes del nororiente del país:
Bucaramanga, octubre 28 de 1988
176
DENUNCIA PÚBLICA
EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS-DERECHOS HUMANOS
Seccional Santander, ante la opinión pública Nacional e Internacional, a las Organizaciones
Populares de Colombia y a los pueblos hermanos en el exterior
HACE SABER:
1. El día 26 de octubre de 1988, personas no identificadas que se movilizaban en una motocicleta,
colocaron una carga explosiva en las instalaciones del Sindicato de Educadores de Santander (SES)
edificio en el cual funciona igualmente la Oficina de Derechos Humanos del CSPP (Seccional
Santander).
2. La explosión que se desencadenó a las 6:10 A.M, averió seriamente las instalaciones del edificio,
rompiendo la puerta de entrada, la totalidad de los ventanales, algunas paredes internas y gran
cantidad de objetos que se encontraban en la sede. Así mismo se puso en peligro la vida de cerca de
20 personas (maestros y familiares) que se encontraban hospedados allí.
3. Inmediatamente después de la explosión (3 a 5 minutos aproximadamente) se hicieron presentes
miembros uniformados de la Policía Nacional, quienes bloquearon las vías de acceso al SES.
Simultáneamente un grupo de personas de civil portando ametralladoras y radios de comunicación,
ingresaron a la sede, procediendo a allanarla, amenazando a los presentes con sus armas, rompiendo
escritorios, archivos, dañando vitrinas y las chapas que encontraban en su camino.
4. Es de anotar que mediante este método de allanamiento ilegal y terrorista, fueron sustraídos de la
sede $139.000 en efectivo; la totalidad de los videos, audiovisuales y cassettes utilizados en los talleres
de Derechos Humanos que dicta este Comité; así mismo una colección de afiches de diversas
organizaciones gremiales, dibujos de los desaparecidos y asesinados, y el archivo fotográfico
compuesto por mas de 500 negativos. Igualmente fueron dañados un betamax, un rebobinador de
películas, una grabadora, la máquina de impresión off-sett del SES; así mismo la sustracción de
artículos varios.
5. Como este allanamiento fue practicado sin orden judicial y sospechosamente realizado en forma
casi simultánea con la explosión de la bomba, acudimos al señor Procurador regional ANTONIO
CHAPARRO VEGA, con el fin de que al menos nos sean devueltos los dineros y elementos
hurtados en el hecho. Al respecto no ha habido ningún pronunciamiento oficial.
6. El Comandante de la Policía de Bucaramanga, Coronel LUIS ENRIQUE MONTENEGRO
RINCÓN, reconoció en los medios de comunicación que quienes se hicieron presentes en nuestra
sede la mañana del 26, efectivamente eran miembros de la Policía Nacional.
EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS Y DERECHOS
HUMANOS, exige a las autoridades la devolución de los elementos sustraídos en el citado hecho.
Igualmente pedimos que se inicie una verdadera investigación que ponga al descubierto los
responsables materiales e intelectuales del hecho. Por lo mismo exigimos un pronunciamiento de la
Procuraduría General de la Nación.
Así mismo reclamamos la solidaridad de todas las Organizaciones hermanas para que denuncien
estos atropellos.
Como lo describe el pronunciamiento del CSPP, además del atentado que se realizó en sus
instalaciones el 26 de octubre de 1998, la fuerza pública allanó la sede sin previa orden
judicial hurtando información de suma relevancia sobre las violaciones de los derechos
humanos por parte de la fuerza pública y el paramilitarismo en todo el departamento. La
177
doble operación ponía de manifiesto la estrategia oficial para doblegar y acallar la labor de
los defensores de derechos humanos. Entretanto, otros líderes del CSPP, eran hostigados,
como el caso de Pedro Ardila Beltrán, líder incansable de la organización que fue objeto de
múltiples persecuciones desde finales de la década del sesenta.
Otro de los mecanismos criminales utilizados para perseguir y eliminar a los defensores de
derechos humanos fue el sicariato. El 5 de marzo de 1994, la coordinadora seccional del
colegio Aurelio Martínez Mutis y defensora de derechos humanos, GLADYS ROMERO DE
SANTOS fue asesinada por un desconocido, en momentos en que realizaba una reunión de
profesores en el barrio La Joya. El sujeto llegó al establecimiento educativo, preguntó por
Gladys, irrumpió en el lugar de la reunión y después de identificarla, le propinó dos disparos,
en presencia de los demás profesores; luego huyó en un campero Toyota color rojo con
capota blanca, en el que era esperado por otro hombre. Gladys en varias ocasiones había
recibido amenazas de muerte por su activa participación en organismos defensores de
derechos humanos.
2.8 EXTERMINIO DE AMNISTIADOS POLITICOS
“...contra los bandoleros y seres rebeldes
y desnaturalizados, la única solución está
en el fuego eficaz de las armas...”
(Mayor General Ayerbe Chaux)206.
El exterminio sistemático al que fueron sometidos los insurgentes que se acogieron a los
procesos de paz con el gobierno puso de manifiesto el incumplimiento de los acuerdos por
parte del Estado, el cual lejos de otorgarle garantías a los excombatientes para incorporarse
a la vida civil y luchar por la transformación social, desarrolló una serie de estrategias y
planes genocidas con el fin de erradicar definitivamente a los amnistiados, quienes eran
considerados por la administración gubernamental y sus fuerzas del orden como “enemigos
del sistema”. Las falsas promesas del gobierno que aseguraban la posibilidad de que los
desmovilizados constituyeran nuevos espacios políticos alternativos, fueron destruidas por
medio del terror y la muerte. Un ejemplo de lo anterior fue la aniquilación de los militantes
de la UP, la Alianza Democrática M-19, el Movimiento Esperanza Paz y Libertad, entre otros,
espacios que surgieron como producto de las negociaciones entre el gobierno y que sufrieron
inevitablemente la arremetida oficial y paraestatal.
2.8.1 Los miembros de las FARC amnistiados
Tanto los amnistiados de este grupo guerrillero, como los combatientes regulares fueron
perseguidos y eliminados por la fuerza pública y las estructuras paramilitares, demostrando
el alcance que tenía la degradación de la lucha contrainsurgente tanto en el campo como en
la ciudad. Las promesas de paz y el marco de desmovilización en el cual los guerrilleros se
reinsertaron en la cotidianidad del país, creyendo que desde la normalidad podían alcanzar
lo que anhelaban a través de las armas, fueron simples quimeras, pues la cantidad de
crímenes y violaciones a los derechos humanos causados por los grupos paramilitares y los
206
Revista del Ejército, Vol. VI, No. 24, marzo de 1966. Citada por SANCHEZ, Gonzalo y MEERTENS
Donny. Bandoleros, gamonales y campesinos. El Caso de la Violencia en Colombia, Séptima
reimpresión, El Ancora Editores, Bogotá, 2002. p: 226.
178
agentes estatales contra ellos, reversaron la oportunidad que en apariencia habían abierto
los procesos de negociación.
El B–2 de la V Brigada fue uno de los principales organismos de la fuerza encargado del
asedio y la eliminación de los combatientes de las FARC, que participaban en los procesos de
paz que se desarrollaron en 1984 con el gobierno de Betancur. El siguiente caso es una
muestra de ello. El 6 de julio de 1984, el dirigente del frente XII de las FARC-EP MANUEL
ESTRADA, llamado comandante Oscar, fue detenido y desaparecido por agentes del B-2 en
la capital santandereana. Casi tres meses más tarde, el 27 de septiembre de 1984, el
amnistiado y ex miembro de las FARC, JORGE GONZALO DIAZ fue asesinado por cuatro
individuos que se movilizaban en un vehículo Renault 4 rojo de placas IN 4244, quienes lo
acribillaron a tiros en Floridablanca.
2.8.2 El M-19 en Bucaramanga y Área Metropolitana
La amenaza y acecho de las que fueron objeto los activistas y dirigentes
políticos de partidos y asociaciones opuestos a las directrices del gobierno,
no solo fue propia de estos, sino que también recayó (y en forma
sorprendente) sobre los desmovilizados de grupos guerrilleros acogidos a
los diferentes acuerdos de amnistía propuestos por el gobierno de
Belisario Betancur. Uno de ellos fue el M-19, organización armada que se
acogió a las nuevas políticas de paz impulsadas por la administración
estatal. No obstante, su decisión esperanzadora y favorable para lograr
Carlos
tan ansiado anhelo nacional, no sirvió de nada al momento de frenar los
Toledo crímenes perpetrados por agentes estatales y paramilitares contra sus
constantes
Plata
principales dirigentes. La estrategia criminal trascendió
los señalados acuerdos, sin
consideración de las amnistías y estado de indefensión de los ultimados.
Los primeros objetivos de la estrategia contrainsurgente paraestatal fueron los dirigentes de
los movimientos insurgentes que impulsaron la puesta en marcha de los diálogos. Esta
estrategia se aplicó exitosamente con el M–19 en Bucaramanga, lugar en el que fue
asesinado uno de sus más importantes representantes. El 10 de agosto de 1984, el médico
CARLOS TOLEDO PLATA, fundador y dirigente del Movimiento 19 de abril (M-19) fue
asesinado por miembros del grupo paramilitar MAS. Carlos había sido recientemente
amnistiado por el gobierno de Belisario Betancur; Ese día, al salir de su casa a las 7:30 de la
mañana fue interceptado por un hombre que le propinó 11 balazos.
El hecho fue reivindicado por el MAS mediante un boletín que decía: “En nombre de los
soldados caídos y de los secuestrados, dimos muerte a Carlos Toledo Plata. El grupo Ricardo
Franco tendrá su merecido por suplantarnos. Muerte A Secuestradores MAS. Por lógica y en
defensa de la Patria, ejecutamos a Toledo Plata. Habrá más muertes. Le podemos garantizar
al pueblo colombiano que los terroristas no llegarán al gobierno. Eso lo garantiza el MAS. Por
la salud de la Patria lo hemos hecho. El señor Toledo Plata tiene y ha recibido su merecido.
Muerte A Secuestradores MAS se responsabiliza del hecho”.
La impunidad con que se pretendió cobijar el hecho, a pesar de conocimiento de los autores
del crimen, llego al punto de señalar, por parte del gobierno y las fuerzas militares, a grupos
de izquierda como posibles autores del asesinato. A partir de estas afirmaciones, y con la
finalidad de reforzarlas, se procedió con todo tipo de excesos y arbitrariedades contra el
pueblo. Detenciones y allanamientos se convirtieron en las herramientas utilizadas por las
entidades estatales, quienes vieron en las diferentes organizaciones sociales, y
específicamente en sus dirigentes y activistas, los blancos precisos de la represión, sin
179
considerar las diversas manifestaciones en repudio por el asesinato, movilizaciones que
acarrearon el incremento de las políticas y métodos de opresión207.
Tres días después del asesinato del médico Carlos Toledo Plata, el 13 de agosto de 1984,
ISAIAS TRISTANCHO, ORLANDO ARIZA, DAVID FLOREZ, RODRIGO CORDOBA dirigentes de
la Unión de Trabajadores de Santander (USITRAS); VICTOR A. SANTOS, ANA CARRILLO,
BENJAMIN ROODRIGUEZ y ROBERTO BARAJAS trabajadores y miembros de PROVIVIENDA;
y EDUARDO ORDUZ, OSCAR ACELAS, junto con QUINCE PERSONAS más, fueron detenidas
por agentes de la policía cuando se realizaba una manifestación en desarrollo del paro cívico
convocado por la organización sindical en Bucaramanga por la muerte del Doctor Carlos
Toledo Plata. Después de varios días fueron puestos en libertad.
Una vez puesta en marcha la movilización social en repudio del funesto crimen, la fuerza
pública y los paramilitares emprendieron una serie de agresiones y ataques -cuyo objeto
eran los distintos participantes del paro cívico- con el fin de intimidar y constreñir sus
manifestaciones. Las acciones se dirigieron concretamente contra los principales promotores
de la protesta, lo que no significa que los procedimientos represivos dejaran de lado a
personas que únicamente contribuyeron con su asistencia a los diferentes eventos del paro,
hasta el punto de que no solo agentes estatales sino también paramilitares se inmiscuyeron
en la comisión de hechos y desmanes ejecutados posteriormente al asesinato, los cuales
tenían un punto en común: la represión de la protesta social por los ataques indiscriminados
a los activistas políticos.
La arremetida paramilitar contra los reinsertados del M–19 continuó en 1987. El 2 de mayo
de ese año, el amnistiado del movimiento, HECTOR ACUÑA fue asesinado por desconocidos
en el Barrio La Cumbre. Héctor estaba en su casa cuando tres 3 sujetos le propinaron 12
impactos de bala en presencia de su esposa y sus cinco hijos. Finalmente, los hombres
emprendieron la huida en un automóvil de color blanco.
2.8.3 El ELN
Un sinnúmero de pobladores de los barrios populares de la capital santandereana fueron
sindicados como presuntos militantes del Ejército de Liberación Nacional y se constituyeron
en blanco de los crímenes cometidos por los organismos de seguridad estatales. Cuando
eran alcanzados por la fuerza pública les era vulnerada toda garantía al debido proceso,
mientras se planeaba o eran perpetradas las acciones contra su integridad personal.208
La acometida paraestatal contra los militantes del ELN se desarrolló a partir de la década del
noventa. Las operaciones de contrainsurgencia en el perímetro urbano se encaminaron
principalmente contra el sector del norte de la ciudad, donde, según afirmaban las
autoridades estatales, se concentraba una alta presencia del ELN. El 14 de marzo de 1991,
fue asesinado PEDRO ANTONIO LOBO SAN JUAN por un individuo en su propia vivienda
ubicada en la calle 16 No. 32-33 del barrio San Alonso. Según la versión oficial, al parecer
era miembro del ELN. De acuerdo a la versión de las autoridades se encontró en su
habitación un brazalete de esa organización, una pistola, un revolver, dos granadas, dos
proveedores para pistola, 26 cartuchos de diferentes calibres y 2 vestidos camuflados.
207
Bucaramanga, 13 de agosto de 1984.
208
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Carta enviada a la junta
directiva de SINTRAPROASAN, Bucaramanga, enero 3 de 1983.
180
Año y medio más tarde, el 4 de diciembre de 1992, el integrante de la Dirección Nacional del
ELN, GERARDO BERMUDEZ SANCHEZ, conocido como “Francisco Galán”, fue torturado por
personal militar adscrito a la V Brigada. Un grupo de 15 a 20 hombres adscritos a la unidad
militar lo detuvieron cuando se dirigía a una oficina de Telecom; inmediatamente le
vendaron los ojos y lo condujeron a una casa en el barrio El Diamante I, lugar donde
reportaron haberlo detenido. La víctima denunció ante la Procuraduría Nacional Delegada
para los Derechos Humanos, las torturas de que fue objeto por parte de los militares que
hicieron efectiva su detención. Mencionó que en el lugar donde lo llevaron:
“Fui desnudado en medio de las carcajadas de los que me agarraban y
me chuzaban la cara y el cuerpo. Me interrogaban sobre el paradero de
otros de mis compañeros y sobre las operaciones que realiza la
guerrilla”... “Me tiraron al suelo y frente a varios, me cogieron de pies y
manos, mientras uno se me echó encima y me ultrajó” ... “me
embutieron una cantidad de polvo en la boca, estuve a punto de
ahogarme, y me hicieron pasar con agua, supongo que alguna droga.
Empecé a tontear y dar botes por todos lados, me volvieron a agarrar y
a practicar la misma acción. Después fui llevado a la V Brigada donde
me interrogaron toda la noche”.
En comunicado público, la organización guerrillera sostuvo que el detenido fue drogado y
violado en repetidas ocasiones, y que luego los torturadores le dieron a escoger: “o delata a
sus compañeros y nos callamos, ó lo presentamos como homosexual y drogadicto”; al no
aceptar el chantaje, fue presentado como un delincuente delatado por su amante, y
apresado bajo los efectos de marihuana y cocaína.
La persecución contra los presuntos miembros del ELN se extendió hasta finales de los
noventa. El 21 de septiembre de 1998, en horas de la noche, ELI ESPINOZA ALVAREZ fue
asesinado por tropas del batallón Héroes de Majagual, cuando se movilizaba en una
motocicleta en Bucaramanga. La víctima era conocida como “Cachete” o “Albeiro” y era
sindicado de ser el máximo líder del Frente Urbano de Resistencia Yariguíes, FURY, del ELN,
que opera en la ciudad de Barrancabermeja.
2.8.4 El EPL
La arremetida de la fuerza pública contra los combatientes de este grupo armado se dio
tanto en las áreas rurales como en los centros urbanos de todo el país, incluyendo la ciudad
de Bucaramanga. El 1 de octubre de 1992 el Médico conocido como “Otoniel”, TRES
MUJERES y una MENOR DE EDAD integrantes del EPL fueron asesinados por efectivos del
grupo UNASE, en desarrollo de un operativo realizado en el barrio Palenque de Girón, para
liberar a Beatriz Helena Turbay Pico, quien permanecía secuestrada desde el 16 de junio por
el frente “Ramón Gilberto Barbosa” del EPL. Las mujeres fueron asesinadas a pesar de estar
dispuestas a entregarse, según testimonio de vecinos del lugar, quienes “alcanzaron a oír en
la madrugada, durante el operativo, los gritos de los secuestradores ofreciendo rendirse y
que no los mataran”. El comandante de la V Brigada del Ejército manifestó que localizaron el
lugar de cautiverio de la mujer, gracias al testimonio de un supuesto combatiente del EPL,
quien según otra versión, fue torturado luego de ser detenido por el ejército.
181
3. ÁREA METROPOLITANA
La comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en el área metropolitana de Bucaramanga
(Floridablanca, Girón y Piedecuesta), no difieren mucho de la situación que se presentaba en
la capital, donde la fuerza pública y las estructuras paramilitares ejercieron el control a
través del terror y la muerte. El uso de similares operaciones y modalidades represivas como
las detenciones, torturas y las sindicaciones y acusaciones de pertenencia a grupos
subversivos por parte de los pobladores se extendió por toda el área metropolitana, a la par
con el accionar criminal de grupos de justicia privada como la Mano Negra. En síntesis, la
misma lógica paraestatal con la que fueron asesinados los pobladores de Bucaramanga, se
aplicó a los residentes de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, quienes también soportaron
las consecuencias de la intolerancia de los poderes locales.
3.1 FLORIDABLANCA
3.1.1 Persecución al movimiento sindical
Uno de los sectores sociales más perseguidos y hostigados por las fuerzas del orden y los
grupos paramilitares tanto en Bucaramanga como en los municipios que hacen parte de su
zona metropolitana fue el de los trabajadores agremiados, que alcanzaron una fuerza
inusitada en la región desde la década del setenta y promovieron la constitución de
alternativas y movilizaciones cívico populares en procura del mejoramiento de las
condiciones de vida de la población residente en el área metropolitana, principalmente
aquella que residía en los barrios periféricos.
La eliminación sistemática de los trabajadores agremiados en la población de Floridablanca
comenzó a mediados de junio de 1984. El 18 de ese mes, el activista sindical LUIS
FRANCISCO BELTRAN fue retenido y desaparecido junto con otra PERSONA, por tres
miembros de la fuerza pública vestidos de civil, quienes los subieron a un jepp Toyota blanco
que se puso en marcha con rumbo desconocido.
Sindicato de Trabajadores Oficiales de Floridablanca
La dimensión adquirida por el embate paramilitar contra el sindicato en 1989 se caracterizó
por una continuidad criminal abrumadora. Los directivos pusieron en conocimiento de las
autoridades municipales la gravedad del caso, pidiendo las garantías a sus vidas e integridad
física, así como la protección para poder seguir ejerciendo su defensa y la reivindicación de
los intereses de los trabajadores:
Doctor
HERNANDO LAMUS QUINTERO
Alcalde Municipal
Ciudad.
182
Respetado Doctor:
Como junta directiva y representantes del Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de
Floridablanca, con todo respeto nos dirigimos a su despacho, para poner en conocimiento la
GRAVE situación que se viene presentando, más concretamente con los representantes de la Junta
Directiva, a raíz de las amenazas, a través de llamadas telefónicas y visitas a la sede sindical de
personas FUERTEMENTE ARMADAS y sin identificarse, para lo cual nos permitimos
relacionarles los siguientes hechos:
1. Que desde el 17 de enero del presente año, sujetos extraños han estado averiguando por la hoja de
vida de los miembros de la Junta Directiva y de algunos compañeros de base.
2. Que en varias oportunidades se han recibido llamadas amenazantes en los siguientes términos:
“Que ahora si les tocó”, agregando palabras de grueso calibre.
3. Que el día 22 de junio de 1989 se presentaron a la sede de nuestra organización sindical ubicada en
la calle 3 # 9-64 del municipio de Floridablanca unos sujetos armados, en un carro mazda color gris,
a las 2:00 p.m. requiriendo a algunos miembros de la Junta Directiva supuestamente “para hablar de la
demanda al Alcalde de Florida”, para lo cual ellos llevaban un listado con los nombres de los
compañeros y con sus respectivas fotos. No encontrándonos allí procedieron a constatar el número
de teléfono de nuestra sede, anunciando que vendrían el día siguiente.
4. Que el día 23 de junio de 1989, en horas de la tarde hicieron una nueva llamada telefónica
requiriendo nuevamente a los miembros de la Junta Directiva y preguntando su número de
residencia.
5. Que la actividad de nuestra organización sindical ha sido siempre y será defender los derechos de
los trabajadores y del pueblo, y por tal razón no hemos tenido hasta el presente ningún problema con
las autoridades de las fuerzas Armadas y de Policía como se lo hicimos saber verbalmente a usted
señor alcalde.
Finalmente le solicitamos que se dé inicio a una investigación por parte de las autoridades
competentes sobre los hechos anteriormente relacionados; y a su vez si hay un requerimiento judicial
a los directivos del sindicato, que se haga por las vías legales y no en la forma que lo vienen
realizando. Igualmente pedimos que la integridad física y moral de las personas que en estos
momentos se encuentran en evidente peligro y que son como ya lo dijimos la directiva sindical.
FUENTE: Carta enviada por el Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Floridablanca al Alcalde
Municipal. Floridablanca, 7 de julio de 1989.
Con el incremento de la presión paramilitar, el peligro se hacía cada vez más latente y
estremecedor para la vida de los sindicalistas. Anteriormente habían hecho aparición las
fuerzas estatales en el municipio, pero no cumplían con las funciones de protección y
defensa de la integridad de los trabajadores; por el contrario, ejecutaban actos y
procedimientos propios de la violencia regular, complementarios del aparato restrictivo de
las organizaciones sindicales. Un antecedente de las medidas coercitivas empleadas por la
fuerza pública para someter a los trabajadores, ocurrió en junio de 1985, cuando el
183
Presidente del Sindicato JAIRO CASTAÑEDA CALDERON, vivió un allanamiento practicado por
efectivos de la V Brigada en su residencia, ordenado por un juez de instrucción penal militar.
3.1.2 Persecución contra la población urbana
La persecución contra la población urbana residente en la cabecera municipal de
Floridablanca comenzó apenas habían transcurrido algunos meses de la década del ochenta.
Desde momento se hicieron frecuentes las denticiones, sindicaciones y allanamientos de
personas que eran acusadas sin justificación alguna de pertenecer o simpatizar con la
insurgencia. El 1 de julio de 1980, JAIME CELIS fue detenido con limitación de garantías
procesales durante un allanamiento efectuado por militares. Posteriormente fue torturado
mediante aislamiento, incomunicación y finalmente sindicado. La misma suerte corrieron el 1
de mayo de 1982 FREDDY GARCIA CIODORO, CARLOS ENRIQUE SEPÚLVEDA, ALBERTO
LEON AMAYA ARRIETA y CUATRO PERSONAS, quienes fueron detenidos y torturados por el
ejército.
Los allanamientos y detenciones prosiguieron en el mes de agosto de 1985. El día 8, JULIO
CESAR AFANADOR GELVEZ y HUMBERTO GOMEZ FERREIRA fueron detenidos durante un
allanamiento y sindicados por agentes de policía. Julio César y Humberto fueron acusados de
pertenecer al M-19, de poseer prendas militares y propaganda de esta organización.
En la segunda mitad de la década del ochenta los grupos de justicia privada en compañía de
los organismos de inteligencia, extendieron sus operaciones de persecución a marginados y
excluidos sociales a la localidad de Floridablanca. Con la llegada de los Escuadrones de la
Muerte a las poblaciones de la zona metropolitana, arribaron las caravanas de la muerte. El
22 de septiembre de 1987, JOSE LUIS DARIO GORDON fue asesinado por varios individuos
cuando conducía un automotor por el sitio conocido como valle de Ruitoque. Los
desconocidos lo obligaron a descender del vehículo que lo transportaba y le propinaron 5
disparos. Al parecer José Luis había sido retenido en la ciudad de Bucaramanga. Cabe
destacar que en lo concerniente a la zona metropolitana, hubo aparición de casos de abuso
de autoridad, donde los agentes oficiales implicados, hicieron un uso desmedido de la
posición en que se encontraban por su cargo, siendo su castigo una simple sanción
económica minimizada por la gravedad de las acciones.
La persecución contra los presuntos delincuentes se propagó también hasta la localidad de
Floridablanca. El 5 de abril de 1988, los indígenas LUIS ANGEL MOSCUE de 35 años, LUIS
ASNORALDO TOMBE de 21 años y ANA MARIA YACA de 31 años fueron asesinados por
desconocidos. Informes policiales señalaban a los indígenas con antecedentes delictivos.
Durante 1988, la Mano Negra extendió su operatividad a Floridablanca. El 11 de junio, el
obrero CUPERTINO GARCIA GALLO de 25 años fue asesinado de 6 impactos de bala de
pistola 9mm por miembros de este escuadrón de la muerte.
Por otra parte, la SIJIN, arribó a esta localidad metropolitana a finales de 1989, realizando
detenciones y sindicaciones sin prueba alguna. El 26 de diciembre de 1989, las hermanas
ERIKA ALMEIDA RAMIREZ, MARGI ALMEIDA RAMIREZ, XIOMARA ALMEIDA RAMÍREZ (las
tres menores de edad), EMA TULIA ALMEIDA RAMIREZ y SAUL SAAVEDRA RAMIREZ fueron
detenidos por miembros de la SIJIN mientras estos practicaban un allanamiento a su
residencia ubicada en la Cra. 36 No. 18-15 del barrio El Rincón. Ninguno de los detenidos
sabía el motivo del allanamiento; sin embargo, los autores de este y de las aprehensiones
adujeron que se justificaban los procedimientos, porque algunos de los detenidos tenían
vínculos con el ELN. Posteriormente las mujeres fueron recluidas en la Cárcel de mujeres de
184
Bucaramanga, a pesar de que tres de ellas eran menores de edad, mientras que Saúl fue
prisionero en la Cárcel Modelo de la capital. Por tal razón, un allegado interpuso recurso de
habeas corpus para su liberación, pues no hubo orden judicial alguna que sustentara las
actuaciones del organismo de inteligencia; y además porque los detenidos solo fueron
puestos a disposición de un juez competente hasta el 29 del mes.209 Entretanto, el
demandante anotó que los nombres y las fotografías de las menores de edad fueron
publicados en la prensa, lo que sumado a su detención les acarreó graves traumas. El 2 de
enero de 1990 se les liberó después de durar más de siete días detenidos.
Durante el año de 1993 se incrementaron las operaciones criminales de los Escuadrones de
la Muerte en Floridablanca. Entre el 11 y el 14 de febrero de 1993, los comerciantes PEDRO
ELIAS ACEVEDO PAEZ, de 32 años, su sobrino LUIS CARLOS ACEVEDO SEPULVEDA, de 20
años, y otro HOMBRE fueron desaparecidos, torturados y asesinados en la vereda Ruitoque.
Los comerciantes habían salido el 11 de febrero, hacia las 6:30 a.m., de su vivienda hacia el
mercado central y luego se dirigieron a la dicha vereda a comprar varias cargas de yuca.
Según testimonios de vecinos del lugar y de personas que transitaban por allí, unos quince
hombres vestidos de civil, quienes portaban armas de corto y largo alcance y se movilizaban
a bordo de tres vehículos, hicieron detener la moto en que se transportaban los
comerciantes, los golpearon en la cara, le dispararon en la cabeza a Pedro Elías, y luego los
introdujeron en los automotores, al igual que a un hombre que casualmente pasaba por el
lugar y presenció los hechos. El 14 de febrero aparecieron los cuerpos de las víctimas en
zona rural del municipio de Aratoca.
Casi ocho meses más tarde, el 26 de septiembre de 1993 la señora MARGARITA BELTRAN
fue asesinada y un HOMBRE desaparecido a las 10:10 de la noche, por un individuo que
incursionó en la vivienda de la mujer, ubicada en el barrio Palenque en momentos en que su
esposo y dos vecinas se disponían a llevarla a un centro hospitalario. Margarita se escondió
en un baño, pero hasta allí llegó el victimario y le disparó en varias ocasiones. El paradero
de su esposo es desconocido desde entonces, y se presume que fue desaparecido por el
victimario, quien huyó en un campero rojo que lo esperaba. Las dos vecinas, una madre
comunitaria y su hija, fueron heridas. Una fuente agrega que “la casa donde ocurrió el
crimen está situada en el mismo callejón en donde hace un año el grupo UNASE de la V
Brigada abatió a cinco presuntos guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbosa Zambrano
del Ejército Popular de Liberación”.
Después de asediar a los residentes del barrio Palenque, la fuerza pública concentró sus
operaciones de contrainsurgencia en el barrio Santana. El 11 de marzo de 1994,
aproximadamente las 9:05 p.m., miembros del grupo UNASE pertenecientes al batallón
Caldas, allanaron ilegalmente la residencia de CARMEN CECILIA RINCON y MANUEL
SALVADOR VILLEGAS ubicada en la calle 15 No. 9-45.
Año y medio más tarde, se registró la comisión de otro crimen en el municipio. El 20 de julio
de 1995, el abogado penalista FERNANDO SALAMANCA MENDOZA, experto en “procesos de
orden público y narcotráfico”, fue encontrado asesinado en la vía que del barrio La Cumbre
conduce a la urbanización Bucarica en la localidad de Floridablanca. El cuerpo de Fernando
estaba totalmente descuartizado y sus miembros empacados en 2 costales de fique. La
cabeza fue hallada a unos 200 m de donde estaba el resto del cuerpo; el cráneo presentaba
un balazo a la altura de la oreja derecha, con salida por el occipital izquierdo. La necropsia
hecha al cuerpo estableció que quien desmembró al asesinado, “posee altos conocimientos
en medicina”. Dos días atrás, el 17 de julio, Fernando había desaparecido mientras salía de
209
Solicitud de Habeas Corpus al Juez Especializado de Reparto. Actor: Emma Tulia Prada de Almeida.
Bucaramanga. Enero 2 de 1990.
185
su oficina acompañado por dos mujeres “quienes dijeron tener un gran lío judicial”. La
sevicia con la que el abogado fue ejecutado, y las deplorables condiciones en las que fue
encontrado su cuerpo, pusieron de manifiesto los alcances de la barbarie paramilitar,
barbarie que se evidenciaría una vez más dos meses más tarde, el 18 de septiembre de
1995, cuando se halló el cuerpo sin vida de un HOMBRE de 30 años aproximadamente, en la
finca La Esperanza, ubicada en la vereda Alsacia. El cuerpo presentaba un disparo en la
cabeza y se encontraba en avanzado estado de descomposición.
El 2 de enero de 1996, LEONARDO PARADA ROPERO fue desaparecido en circunstancias
desconocidas. Leonardo era natural de Aguachica (Cesar) y por esa época, las autoridades
del sur del Cesar y la provincia nortesantandereana de Ocaña, investigaban la suerte de 19
personas que han sido reportadas como desaparecidas, entre los últimos meses de 1995 y
los primeros de 1996.
3.2 GIRÓN
Los registros de agresión contra la población urbana de Girón se remontan al año de 1982.
El 13 de marzo de ese año, LUIS FERNANDO RINCON LOPEZ fue detenido por unidades
militares.
Las estructuras paramilitares incursionaron en la población de Girón desde los primeros
meses del año 1988. Con su llegada se presentó una oleada de violencia que se extendió
desde las zonas rurales hasta el perímetro urbano del municipio. El primer crimen cometido
por las fuerzas irregulares en la localidad se produjo el 25 de febrero, fecha en la que MARIO
GOMEZ ARDILA fue asesinado por paramilitares. Quince días más tarde, el 18 de marzo de
1988, un HOMBRE de 32 años, fue asesinado por desconocidos en el sitio Quebrada Seca. El
cuerpo fue encontrado amordazado y presentaba 20 impactos de bala calibre 9mm.
En los meses de julio y agosto de 1988 se incrementaría el nivel de violencia en Girón. El 8
de julio, se halló el cuerpo sin vida de un HOMBRE de 35 años en la finca la Paloma. Estaba
en descomposición y tenía las manos atadas. Cinco días después, el 13 de julio, en horas de
la madrugada, el joven ROBINSON OVIEDO RUEDA trabajador de construcción, fue
asesinado por desconocidos que le propinaron varios disparos 9mm en la plaza de mercado.
Robinsón había recuperado hacía poco tiempo su libertad, luego de purgar una condena por
hurto. Al mes siguiente, el 9 de agosto, HENRY DIAZ PEÑA e ISRAEL BALAGUER SILVA
fueron desaparecidos y asesinados por desconocidos. Los cuerpos fueron encontrados en la
finca San Pedro, vereda Llanada. Presentaban disparos de arma calibre 9mm y heridas de
arma cortopunzante.
Varios casos en los que no se supo autoría o responsabilidad de una persona o estructura
determinada, al igual que en Bucaramanga por el contexto de persecución a marginados y
excluidos sociales y la forma en que se conoció de estos crímenes, se presume que fueron
ejecutados por Escuadrones de la Muerte. El 16 de septiembre de 1988, JUAN BUENO
MARTINEZ de 35 años fue torturado y asesinado por desconocidos. Su cuerpo fue
encontrado en región rural de este municipio, maniatado con señales de tortura y 8
impactos de bala. El hallazgo de otro cuerpo se registró once días más tarde, el 27 de
septiembre, en la vía que conduce al aeropuerto de Palonegro. En esa inmediación fue
encontrado el cuerpo de un HOMBRE de 40 años en avanzado estado de descomposición,
maniatado y con dos impactos de bala en la cabeza y una herida de arma cortopunzante.
186
Este tipo de laceraciones era una constante de los cuerpos encontrados en distintos parajes
del municipio desde los primeros meses del año.
Los desmanes represivos de las fuerzas irregulares se intensificaron en los últimos días de
1988. Las operaciones de los paramilitares sigiueron desarrollarse en los lugares y plazas
públicas, donde arremetían indiscriminadamente contra la población. Eso fue precisamente
lo que sucedió el 18 de diciembre de 1988, cuando varios hombres arribaron a la plaza de
mercado y dispararon de forma indiscriminada contra quienes estaban en ella, asesinando al
ex militar ALVARO CASTELLANOS BALLESTEROS de 21 años, ARTURO VESGA RODRIGUEZ y
PEDRO NEL CASTILLO BALLESTEROS. Entretanto, otras TRES PERSONAS fueron heridas con
pistola calibre 9mm. Tres días después, el 21 de diciembre, MARTIN ZAPATA ZAPATA de 25
años, fue torturado y asesinado por desconocidos en la vereda Riofrío. El cuerpo de Martín
fue encontrado maniatado, con señales de tortura y con 21 impactos de bala calibre 9mm.
Las operaciones criminales en la zona urbana de la población continuaron durante el
transcurso de 1989, bajo la dirección de la Mano Negra. El 6 de enero HECTOR SANABRIA
conocido como “El Piojo”, fue asesinado por miembros de dicho grupo en el barrio La
Esmeralda. El cuerpo de Héctor presentaba 13 perforaciones de bala calibre 9mm.
Mientras tanto, en las zonas rurales de la localidad seguían siendo la tumba de las víctimas
de la represión paraestatal. El 31 de julio de 1989, un HOMBRE fue asesinado de 5 impactos
de bala 9mm por desconocidos en la vía que conduce a la vereda Riofrío de Girón. Vestía
camisa a rayas, pantalón beige y zapatos negros.
La persecución contra los moradores de Girón se atenuó considerablemente en el período
comprendido entre 1990 y 1991. Empero, en el último año se reactivaron los crímenes,
ensañándose con los dirigentes cívicos y populares de dichos sectores. El 3 de marzo de
1991, el empleado de un resguardo de rentas, JORGE PINTO fue asesinado por tres
individuos encapuchados que balearon el vehículo en el que se desplazaba hacia
Bucaramanga en compañía de otras TRES PERSONAS que resultaron heridas. El hecho
sucedió en el sitio llamado Bahondo. En el mes de diciembre la organización cívico popular
del barrio El Carmen también fue epicentro de la acción paramilitar. El 14 de diciembre de
1991, el Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, RAUL REYES DUARTE fue
asesinado por un desconocido que entró en su tienda en Girón. El individuo luego de
tomarse una cerveza, le disparó e intimidó a las demás personas que estaban en el lugar,
entre ellas su esposa e hijos. El líder comunal había sido uno de los gestores de la
legalización de este sector y la consecución de los servicios públicos. Anteriormente había
recibido amenazas.
Las caravanas de la muerte prosiguieron su accionar en los meses de abril y mayo de 1992.
El 10 de abril, DOS HOMBRES y una MUJER fueron asesinados por escuadrones de la
muerte, en la vía que conduce al municipio de Zapatoca. Los cuerpos fueron encontrados
con múltiples impactos de arma de fuego, hechos a corta distancia, y estaban quemados.
Casi un mes después, el 7 de mayo de 1992, un HOMBRE fue asesinado por paramilitares en
la vereda Río Frío. El cuerpo se encontró con múltiples impactos de pistola calibre 7.65 mm;
se advertía además que había sido arrastrado y arrojado en un cañadulzal. Esta vereda se
constituyo como un lugar comúnmente usado para arrojar cuerpos. Los habitantes de la
zona metropolitana denunciaron la reactivación del grupo paramilitar La Mano Negra, por lo
que presumen su responsabilidad en el crimen. El cuerpo de otro HOMBRE de
aproximadamente 25 años, fue hallado pocos días después, el 10 de mayo, con cuatro
impactos de arma de fuego en la cabeza, en la vía que conecta los municipios de Girón y
Lebrija, zona utilizada por La Mano Negra, para arrojar los cuerpos de sus víctimas.
187
El 19 de agosto de 1992, los Trabajadores de la arenera del Río Oro, JAIRO REY PRADA y
JESUS HERIBERTO CASTAÑEDA RAMOS fueron detenidos y torturados por un grupo de
aproximadamente de 15 militares quienes los golpearon en repetidas ocasiones, en el sitio
conocido como La Batea de la localidad de Girón. Un oficial del ejército manifestó que habían
sido detenidos para ser investigados por su posible vinculación en un caso de extorsión.
La sevicia creciente de los Escuadrones de la Muerte se manifestó en los primeros días del
mes de octubre de 1992. El primer día del mes, en la finca “Los Locos” se descubrieron los
cuerpos de DOS HOMBRES, amordazados, con los ojos vendados e incinerados; presentaban
también señales de tortura.
El 6 de octubre de 1993, JOSE JAIME MORENO, trabajador de la granja avícola La Escondida,
fue desaparecido desde el momento en que cinco hombres que portaban armas y se
movilizaban en un campero de color rojo, lo sacaron de ese lugar, el cual se encontraba
ubicado en zona rural de Girón
Por otro lado los organismos de inteligencia oficiales continuaron con la comisión de
asesinatos. El 27 de enero de 1994, el escolta ANGEL MIGUEL PEREIRA TEHERAN, fue
asesinado por efectivos del UNASE de la policía en la finca Villas de Aranzoque, ubicada en la
Vereda Río Frío, jurisdicción de la localidad de Girón. De acuerdo con la versión de los
uniformados, estos siguieron durante todo el día el vehículo en el que se desplazaba Ángel
Miguel en compañía de dos menores. Al llegar a la finca Villas de Aranzoque en la Vereda Río
Frío, los policías procedieron a disparar contra la residencia en la que se encontraban 9
personas. La balacera se prolongó por unos 25 minutos. La víctima fue acribillada mientras
resguardaba a la dueña de casa y a los dos menores. Recibió 12 impactos de pistola calibre
9mm en la espalda. Los policías aseguran que confundieron Ángel Miguel con un
secuestrador, razón por la cual lo asesinaron.
La vía que conduce a Pamplona se convirtió en otro de los lugares predilectos de los
escuadrones de la muerte para abandonar los cuerpos de sus victimas. El 7 de febrero de
1994, tropas militares hallaron el cuerpo de un HOMBRE, en cercanías de la finca La Laguna,
a unos 200 m de la vía que conduce a Pamplona, a la altura del kilómetro 18.
El 24 de julio de 1994, los jóvenes DOMINGO TORRES ALMEYDA, DAVID VELANDIA JAIMES
y EDGAR RICO PINEDA, fueron asesinados por desconocidos que les dispararon cuando se
encontraban dialogando en una esquina del barrio El Porvenir. Un mes más tarde, el 25 de
agosto de 1994, el comerciante PABLO ANTONIO CADENA CASTIILO de 46 años, fue
asesinado por un desconocido quien le disparó en tres oportunidades, el cual se cubrió su
rostro con un trapo rojo y portaba una cachucha deportiva.
La persecución a marginados y excluidos sociales emprendida por los Escuadrones de la
Muerte y la policía desde los años ochenta, se reanudó en 1994 en la localidad de Girón. El
18 de septiembre de 1994, en horas de la madrugada un MENOR DE EDAD conocido como
“Sicario” fue asesinado por desconocidos de 4 disparos en diferentes partes del cuerpo, en el
Barrio Villas de San Juan. La fuente agrega que “según declaraciones de la ciudadanía, era
un presunto atracador”, de acuerdo a las declaraciones de un agente de la Estación de
Girón.
Durante el mes de octubre de 1994 el ejército y los desconocidos se encargaron de sembrar
el terror e imponer su autoridad en la población. El 24 de octubre, JAIRO SARMIENTO
HERNÁNDEZ y ROBINSON CAMARGO fueron asesinados por tropas del batallón Ricaurte en
el sitio la virgen, localizado en la vereda Bahondo. Tanto Jairo como Robinsón, fueron
presentados como guerrilleros del Frente XII de las FARC, muertos en combate con tropas
188
del batallón Ricaurte; sin embargo, otra fuente afirma que los jóvenes residían en el barrio
Las Granjas de Barrancabermeja, y que habían salido de esta ciudad, con el objeto de
“administrar una finca en el municipio de Girón”. Siete días más tarde, el 31 de octubre,
ROBINSON LEAL GONZALEZ fue asesinado por desconocidos que le propinaron varios
impactos de arma de fuego. Robinsón alcanzó a ser llevado al Hospital Ramón González
Valencia de la ciudad, pero falleció en el centro asistencial.
El 18 de febrero de 1995, un HOMBRE de 27 años de edad aproximadamente, fue hallado
sin vida en el ramal de la vía que del barrio La Feria conduce al sitio Chimitá. La víctima
estaba con las manos atadas con cinta y presentaba dos disparos en la cabeza. Ocho meses
después, el 21 de octubre de 1995, un HOMBRE fue encontrado asesinado en la vía al
aeropuerto de Palonegro, cerca de la finca Los Olivos. El cuerpo presentaba seis disparos, al
parecer de revólver calibre 38, y estaba amordazado con cinta de enmascarar. La víctima
era de 1.70 m de estatura y vestía camisa de color naranja a rayas y pantalón gris.
Por último, el 5 de julio de 1996, el reciclador JORGE VELA fue encontrado asesinado de
nueve disparos de revolver calibre 38, en el basurero metropolitano. La víctima estaba
durmiendo en cercanías al lugar, y fue baleado hacia las 11:00 p.m. por sujetos sin
identificar.
3.3 PIEDECUESTA
La estrategia contrainsurgente desarrollada por la fuerza pública contra la población civil
desde finales de la década del sesenta, se intensificó en el municipio de Piedecuesta a partir
de la segunda mitad de los años setenta. Los desmanes represivos, detenciones arbitrarias y
allanamientos ilegales de las residencias de los pobladores del municipio se convirtieron en
poco tiempo en un fenómeno habitual e inevitable. Una de las primeras agresiones
perpetradas por la fuerza pública contra la población urbana de Piedecuesta tuvo lugar en
julio de 1976. En fecha no precisada de ese mes, PRIMITIVO CONDE fue herido por
miembros del ejército. La Procuraduría General de la Nación adelantó una investigación por
este hecho y otros similares en los que estaba involucrado el oficial José Joaquín Romero
Ramírez perteneciente a la V Brigada. En la acción militar contra Primitivo se destacó la
utilización abusiva de facultades por parte del ejército para detener a la víctima y facilitar las
torturas a que fue sometida; en su cautiverio fue sometido a total incomunicación lo que
impidió la protección de su integridad. Los vejámenes de los agentes del estado continuaron
con los malos tratos y heridas que le fueron causadas por miembros de la policía a AURORA
AYALA, en el curso del mismo mes y año.
Los operativos de control poblacional se ensañaron posteriormente contra el movimiento
estudiantil de toda el área metropolitana, el cual cobró una fuerza inusitada desde
comienzos de los años setenta, razón por la cual su impulso debía ser refrenado a cualquier
costo. El 30 de octubre de 1978, el estudiante de 14 años LUIS ENRIQUE BAUTISTA fue
golpeado hasta la muerte por policías de Piedecuesta. El asesinato lo denunció el diputado
comunista Jesús Eduardo Vasco. Según el dictamen de medicina legal, Luis Enrique murió a
causa de “traumatismos craneanos y estallido de los órganos viscerales”.
Las detenciones masivas se incrementaron inusitadamente en los primeros días del mes de
enero de 1979. En el transcurso del mes, ABEL MURILLO fue detenido y sindicado por
miembros del ejército. El mismo procedimiento se llevó a cabo con SALVADOR CARRILLO y
189
el estudiante REMBERTO ARROYO, quienes fueron arrestados, sindicados y procesados por el
ejército el 3 de enero. Además, la vivienda de Remberto fue allanada y durante su detención
le fueron vendados los ojos, de modo que no pudo identificar a ninguno de sus agresores.
A mediados de 1985 se reanudó la persecución contra los habitantes de los sectores
populares del municipio, quienes fueron frecuentemente acusados por la fuerza pública de
pertenecer a movimientos insurgentes como el M-19 y el ELN. El 6 de enero de 1985, JAIME
PARRA VARON fue detenido por agentes de la Policía en Piedecuesta, bajo la acusación de
portar una sub ametralladora.
Cinco meses más tarde, el 11 de junio de 1985, CARLOS AUGUSTO MEDINA, MARTIN
CUERVO LANDAZABAL, CALIXTO RANGEL URIELES, SAUL PABON y JESUS PEREZ
VILLAMIZAR fueron detenidos durante un allanamiento y sindicados de pertenecer al grupo
guerrillero Ricardo Franco por agentes de la policía. Las sindicaciones y detenciones
continuaron el 5 de noviembre del mismo año, fecha en que HUMBERTO VARGAS
CABALLERO, fue aprehendido y acusado por la policía de pertenecer al M-19.
Los organismos de inteligencia del estado también desarrollaron operaciones de
contrainsurgencia en la población de Piedecuesta, asediando y hostigando a sus pobladores.
El 3 de febrero de 1986, JOSE MANUEL PEREZ LOPEZ, ANA VICTORIA OSPINA REINA y
URSULA MARINA RIVERO JARAMILLO fueron detenidos y sindicados por el CIAES de
pertenecer a las FARC y de poseer un arsenal. José, Ana y Ursula fueron trasladados a
Bucaramanga, lugar donde fueron recluidos con otras cuatro personas que habían sido
detenidos en Maicao (Guajira). Ocho meses después, el 24 de octubre de 1986, a las 12:00
del día, CLARA INES GOMEZ ROA y sus familiares LETICIA GOMEZ ROA y GUSTAVO GOMEZ
ROA fueron detenidos durante un allanamiento y torturados por una patrulla combinada de
militares y paramilitares.
Clara, Leticia y Gustavo fueron golpeados, atados, vendados y posteriormente llevados a la
sede de la Brigada V del ejército. Más tarde Clara y Leticia serían liberadas, en tanto que
Gustavo y su hermano Eliseo, quien había sido detenido ese mismo día en Bucaramanga,
permanecieron recluidos en las instalaciones militares, situación que se prolongo hasta
finales del mes.
En el segundo semestre de 1986 se reanudaron los hostigamientos de la fuerza pública. El
15 de julio de 1986 a las 8:00 a.m., JORGE QUINTERO OLARTE fue detenido y torturado por
unidades de la SIJIN y de la V Brigada, quienes lo acusaban de ser militante del ELN, en
desarrollo de un operativo militar montado en Piedecuesta. Jorge se encontraba en la plaza
de mercado cuando fue aprehendido por agentes de la policía, que lo trasladaron a la
estación de policía para interrogarlo. Sus familiares, al enterarse de su situación, se
dirigieron al lugar y preguntaron por Jorge; los policías les manifestaron que él se
encontraba incomunicado y por tanto no lo podían ver. A su vez, un agente les comentó que
el detenido estaba siendo interrogado a punta de golpes.
Tiempo después, cuando los familiares de Jorge inquirieron nuevamente por él, se les
informó que en la madrugada del 16 de julio había sido trasladado a la cárcel de la ciudad de
Bucaramanga. Sin embargo, al desplazarse a la capital, y preguntar en las instalaciones
militares, policiales, en el F-2 de la policía y en el B-2 de la V Brigada, los familiares no
obtuvieron respuesta el paradero de su ser querido. Ante tan grave situación, el padre de
Jorge Quintero interpuso un derecho de petición al Procurador Regional de Santander para
que el funcionario diera cuenta del paradero de su hijo.210
210
Derecho de Petición enviado al Procurador Regional de Santander. Bucaramanga, julio 16 de 1986.
190
Paralelo al accionar de las fuerzas militares en Piedecuesta, los cuerpos policiales y militares
de inteligencia con sus operaciones encubiertas junto con grupos paramilitares, cometieron
crímenes contra inocentes pobladores de la localidad, sin importar quien era la próxima
víctima que caía en sus manos.
Una de las primeras víctimas de este accionar fue el joven obrero de
construcción y miembro de un grupo cristiano, MARIO ALEXANDER
GRANADOS PLAZAS, quien murió el 15 de abril de 1987. Mario fue
torturado y asesinado por Gonzalo Ortega Parada, paramilitar del
grupo Los Grillos, quien recibió la orden del Teniente Coronel Luis
Bernardo Urbina Sánchez, comandante del B-2 de la V Brigada. En el
hecho también participaron los miembros del F-2 de la Policía de
Piedecuesta, el agente Daniel Acevedo y otros, quienes lo
detuvieron, hacia las 6:00 p.m., y lo llevaron al puesto de Policía de
la localidad, donde fue visto por varias personas que lo conocían y a
quienes le pidió avisarle a su familia que se encontraba detenido.
Pero cuando su madre fue a buscarlo, hacia las 9:00 p.m., ya no
estaba en ese lugar.
Dos días después de su detención fue encontrado su cuerpo en la vía que conduce a la
inspección de policía departamental Sevilla de Piedecuesta. Según el dictamen de médico
legal, el joven “fue quemado vivo y ahorcado a la vez”. Los mismos agentes del F-2 que lo
detuvieron, venían hostigándolo desde hacia dos meses y en una oportunidad lo detuvieron
por 24 horas. Lo habían buscado insistentemente en su casa y en el Barrio La Castellana,
donde trabajaba.
El 26 de octubre de 1987, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional inició
investigación disciplinaria, bajo el radicado 020-63604/1987, vinculando el agente del
F-2 de la Policía Daniel Acevedo. El 18 de julio de 1990 el proceso fue archivado, al
considerar que el hecho no lo cometió el acusado.
En similares circunstancias a la muerte de Mario Alexander, otro joven, Ariel Pabón, sería
asesinado por organismos de inteligencia estatales en el mes de marzo de 1987. Las
circunstancias de su muerte se describen a continuación:
El asesinato de Ariel Pabon Pabon
El domingo 8 de marzo de 1987 el estudiante ARIEL PABON PABON de 17 años fue detenido,
torturado y asesinado por agentes de F-2 en Piedecuesta. Ariel Salió de su casa a las 4:00 p.m. a
reunirse con unos compañeros del colegio para hacer algunas tareas. A las 8:30 p.m. cuando iba de
regreso a su casa en compañía de un amigo, fue interceptado por una camioneta de color rojo, en la
carrera 15 entre calles 8 y 9, de la cual se bajaron varios individuos, quienes mediante patadas y
empujones lo introdujeron en la camioneta. Los testigos narraron: “uno lo cogió, el otro se agachó y lo
arrastró hacia el carro y el tercero permaneció al volante del vehículo”. Según versión de su acompañante, eran
aproximadamente cinco individuos; Ariel logró reconocerlos y empezó a gritar: “Avísele a mi papá y a
mi mamá que me alzó el F-2, que me van a asesinar!”. Los testigos describieron a los individuos con las
siguientes características: “uno tenía la cara cortada, otro era moreno y alto y otro estaba envuelto con una
bufanda”.
191
Ariel fue conducido a un desolado paraje en cercanías al sitio “Los Curos”, vía Málaga, donde fue
sometido a torturas y luego asesinado. Su cuerpo fue hallado a las 5:15 p.m., 600 metros hacia arriba;
tenía las uñas negras y las manos inflamadas, las cuales estaban amarradas con los cordones de los
zapatos y con una correa. Presentaba 7 impactos de bala, tres al lado de un oído, dos en la nuca, uno
en la ceja y otro en la espalda. Además presentaba quemaduras en sus manos y algunas partes de su
cabello. Según sus familiares a Ariel le arrancaron el cuero cabelludo, presumiblemente con un alicate
o con un corta uñas, con ese mismo elemento le aflojaron los dientes, le arrancaron las uñas de los
pies y le realizaron cortadas en algunas partes de la piel. Su ojo izquierdo fue extraído, el tabique
nasal roto y tenía múltiples quemaduras, al parecer producidas por cigarrillos.
También presentaba señales de patadas, golpes con palos y en los brazos y varios orificios causados
por chuzos. Una de las vecinas afirmó: “Es inconcebible que le hagan esto a un niño que no se metía ni le debía
nada a nadie”.
Ariel era estudiante de 3 grado de secundaria del colegio José Acevedo y Gómez de Bucaramanga.
En oportunidades anteriores había sido objeto de persecuciones y detenciones por agentes del F-2,
quienes lo golpeaban y maltrataban constantemente. Esto lo hacían sin ninguna justificación. En una
ocasión uno de los agentes que lo iba a detener se refirió así de él: “Este es un Pabón, hay que darle duro.”
(sic).
Un capitán de apellido Benavides se acercó personalmente a la casa de la familia de Ariel para
advertirles que se quedaran callados, que era mejor que las cosas quedaran así. Los testigos de los
hechos también fueron amenazados por el mismo Capitán. Igualmente, su familia fue víctima de
amenazas y persecución, tanto así que dos de sus miembros tuvieron que abandonar la zona. El
Periódico Vanguardia Liberal informó que las autoridades repudiaron el hecho y reconocieron su
incapacidad para descubrir pistas que condujeran a la detención de los responsables y que además, el
Procurador delegado para la Policía Judicial y los Derechos Humanos Bernardo Echeverri Ossa
manifestó su desconcierto y ordenó que se adelantara inmediatamente una investigación que
permitiera dilucidar este crimen y todos los de este tipo que se cometieron en Piedecuesta.
El 11 de febrero de 1988 La Procuraduría Delegada para la Policía Judicial - Derechos Humanos
comisionó al doctor José Oswaldo Carreño Hernández, abogado asesor, para que adelantara la
correspondiente investigación preliminar por la muerte de Ariel Pabón Pabón.
Una vez rendido el informe evaluativo, se remitieron las diligencias a la Procuraduría Regional de
Bucaramanga la cual informó que existe un sumario en averiguación de responsables por la muerte
de Ariel Pabón Pabón, el cual hasta el año de 1988 se encontraba en la etapa instructiva en el grupo
Técnico de Policía Judicial. No se conocen mas datos del proceso.
FUENTES: Revista Solidaridad. Testimonio, Piedecuesta (Santander), Julio de 1987. p. 25 – 29.
Casi tres meses después del macabro asesinato de Ariel, el 28 de mayo de 1987, miembros
de la V Brigada allanaron sin orden judicial alguna la residencia de FRANCISCO HERRERA
RINCON, ubicada en la carrera 16 No. 7A-45 del barrio Cabecera del Llano. Cuenta Francisco
que la diligencia fue practicada por hombres vestidos de camuflado y de civil, todos
portando armas de largo y corto alcance, mientras él se encontraba en la plaza de mercado
192
de la localidad comprando unos víveres para surtir una pequeña tienda que tenía en su casa.
Además, agrega que cuando estaba en la plaza era seguido simultáneamente por varios
hombres de civil que rondaban por el lugar con intenciones de retenerlo.
En 1988, la represión contra la población de Piedecuesta se tornó más clandestina y
encubierta: los organismos de inteligencia del estado disminuyeron sus operaciones en las
zonas rurales y urbanas y en su lugar aparecieron los “sicarios y desconocidos”, quienes se
encargaron de intimidar y agredir sistemáticamente a la población. El 4 de febrero de 1988,
DOS HOMBRES de 19 años fueron asesinados en circunstancias desconocidas. Un mes más
tarde, el 13 de febrero, fue hallado el cuerpo de un HOMBRE, cuyos victimarios tampoco
fueron precisados.
Durante los meses de mayo y junio del mismo año, los sicarios cobraron la vida de dos
pobladores más. El 16 de mayo de 1988, DANILO SALAZAR VELANDIA de 25 años fue
asesinado de dos disparos de fusil G-3 por desconocidos, en el sitio La Naranjera. Cuando se
cumplía un mes del asesinato, se presento otra muerte en la cabecera municipal: el 16 de
junio, ALVARO DELGADO fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una moto,
quienes lo interceptaron y le propinaron varios balazos calibre 9mm.
El 26 de diciembre de 1989, HERNANDO RONDON JIMENEZ y su hijo HERNANDO RONDON
JEREZ, fueron detenidos por personal de la SIJIN después de un allanamiento que realizaron
en horas de la madrugada en la residencia de ambos, ubicada en la calle 7 No. 11-43 del
barrio Cabecera del Llano. La justificación dada para la aprehensión de los Rondón consistió
en la supuesta vinculación que existía entre ellos y el ELN, ya que habían sido relacionados
en una investigación adelantada en contra de Maria Eugenia Acosta y Josefina Delgado por
el presunto delito de rebelión. Sin embargo, nunca se allegó una orden judicial para los
procedimientos empleados con los detenidos. Además, las autoridades argumentaron haber
incautado gran cantidad de armamento, sin haberse encontrado rastro alguno de ninguna
clase. Sin embargo eso fue lo que los agentes estatales afirmaron frente a los medios de
comunicación.
Hernando Rondón (Padre) fue dejado en libertad después de 34 días al no comprobársele
ninguno de los cargos que le imputaban, pero su hijo pagó una condena de dos años. Poco
tiempo después de su liberación, individuos vestidos de civil lo siguieron y hostigaron;
inclusive en una ocasión un hombre en estado de embriaguez, le dijo que tenía orden de
asesinarlo por ser guerrillero. Ese mismo día en el municipio de Girón, los captores de los
Rondón detuvieron a cinco personas, todos miembros de una misma familia, dentro de las
que se encontraban menores de edad, bajo las mismas sindicaciones hechas a aquellos.
Posteriormente los pusieron a órdenes de una autoridad competente, cuando ya habían
pasado 3 días después de la aprehensión.
La persecución de Hernando culminaría con su muerte: El 10 de mayo de
1990, entre las 2:30 y 3:00 a.m. Hernando fue asesinado por hombres
armados en el barrio Cabecera del Llano. La víctima, quien era celador,
salió de su casa a las 9:00 p.m. hacia su sitio de trabajo, cuando
transitaba por la carrera 18 con calle 8ª entre las 2:30 y 3:00 de la
madrugada un grupo de hombres armados le dispararon; las únicas
armas que tenía Hernando eran un puñal y un bolillo de dotación que le
había dado la Defensa Civil. Hernando quedo herido y alcanzo a correr
media cuadra donde murió. Su cuerpo fue encontrado hacia las 5:00 a.m. Los vecinos del
lugar aseguraron haber visto en el lugar en horas aproximadas a los hechos, una camioneta
de color blanco con cuatro hombres armados y vestidos de civil y dos horas antes a una
patrulla de la policía.
193
Los vejámenes a los que Hernando fue sometido por la fuerza pública y que finalmente le
acarrearon la muerte, eran parte de un plan que tenia como fin ultimo el acallar su
actividad de liderazgo en pro del bienestar de la comunidad. La forma en la que fue
asesinado pone de manifiesto el empleo de la violencia irregular por parte de los organismos
estatales con el fin de impedir que se develara su responsabilidad en las ejecuciones y
seguimientos de los líderes cívicos y populares. A continuación hacemos referencia al
importante papel desempeñado por Hernando y que lo condujo irremediablemente a la
muerte:
Hernando Rondón Jiménez
Persona de reconocido interés por colaborar en el mejoramiento de su comunidad, pertenecía a la
Hermandad de Jesús el Nazareno en la cual ocupaba el cargo de tesorero, siendo reconocido
ampliamente en el ámbito social de Piedecuesta. Hacía parte además de la Cooperativa de Celadores
Independientes de Santander y de la Defensa Civil. Su esposa lo describe como un buen esposo y
padre de familia ejemplar.
Tanto él como su hijo fueron detenidos inicialmente por miembros de la SIJIN, acusados de
militancia subversiva. Ante la falta de pruebas sobre la inexistente vinculación con dichas actividades,
Hernando fue dejado en libertad, pero su hijo siguió detenido. Tiempo después de su reclusión, el
reconocido personaje de la localidad fue asesinado.
Natividad Jerez, cónyuge de Hernando, en una misiva enviada al representante del ministerio público
de Bucaramanga, recoge en pocas palabras las dramáticas condiciones en que quedo después del
crimen de su marido, lo que llevó a varias organizaciones sociales a solicitar la solidaridad y
colaboración de las personas en general para con ella. Natividad manifestó: “Como ciudadana
colombiana que ama la vida, nuevamente me acojo al derecho y a la a ley como persona que me otorga pidiendo que se
investigue y castigue a los responsables, ya que a Hernando le han privado del más sagrado y fundamental de los
derechos, como EL DERECHO A LA VIDA y luego quedamos en una situación de extrema pobreza, pues
dependíamos económicamente de su trabajo.”
FUENTE: Denuncia presentada ante el Procurador Regional de Santander, por Natividad Jerez.
Bucaramanga, 11 de mayo de 1990.
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Saludo a las organizaciones
sociales de Bucaramanga, Bucaramanga. Junio 12 de 1990.
Después de someter a los habitantes de los barrios periféricos, las fuerzas paraestatales
centraron su accionar criminal al exterminio de los funcionarios públicos del municipio que
cuestionaran su autoridad o se opusieran a la imposición de su proyecto político. Tal es el
caso de dos de los concejales de la localidad de Piedecuesta, asesinados por las fuerzas
irregulares en diciembre de 1995 y julio de 1996. El 29 de diciembre de 1995, a las 8:40 de
la noche, el Concejal por el Partido Liberal LUIS ENRIQUE GARCIA BUENO, fue asesinado de
dos disparos en la cabeza dentro de su vehículo, cuando se disponía a ingresar a su
residencia en el barrio San Luis. Seis meses después, el 10 de julio de 1996, el ex concejal
por el Partido Conservador y transportador JAIME MENDEZ QUINTERO, de 48 años de edad,
fue asesinado por siete hombres fuertemente armados. El político formó parte del concejo
municipal durante un período de más de 16 años.
194
3.3.2 Crímenes contra marginados y excluidos sociales
Durante los años de 1986 y 1990 el fenómeno de la persecución a marginados y excluidos
sociales fue un recurso recurrente utilizado por la fuerza pública regular e irregular en
Piedecuesta. La Mano Negra fue el grupo que más agresiones cometió bajo la complicidad y
el apoyo de la fuerza pública. Por otra parte, varios de los integrantes de esta estructura
paramilitar formaban parte de la policía, entidad que se dedicó al exterminio de los
marginados sociales tanto en esta localidad como en Bucaramanga.
Las actuaciones de los Escuadrones de la Muerte se entienden como todo tipo de violencia
estructural o coyuntural contra grupos de personas excluidas social o económicamente como
drogadictos, indigentes, recicladores, ancianos, jóvenes, delincuentes, trabajadoras
sexuales, etc, quienes fueron objeto de la intolerancia social y los poderes locales de la
región, que vieron en el exterminio sistemático de estos sujetos la vía más rápida para
imponer su hegemonía.
El 4 de febrero de 1988, DOS HOMBRES de 19 años fueron asesinados en circunstancias
desconocidas. Un año mas tarde, el 5 de noviembre de 1989, fecha en que los jóvenes
WILLIAM MANTILLA DUARTE, HECTOR FABIO GOMEZ, YULIANO DELGADO TARAZONA,
GONZALO, EFRAIN GALVIS CORREA, ALVARO ADARME MORALES, OSCAR EDUARDO
CAMARGO BARAJAS, HECTOR GUILLERMO IBÁÑEZ y JOSE ANTONIO TARAZONA GRIMALDO
fueron detenidos y tratados cruelmente por la policía de Piedecuesta, dentro de los que se
encontraba un agente de apellido Villamizar. En los mismos hechos RAUL CABALLERO
CAMARGO fue aprehendido y tratado cruelmente, siendo posteriormente asesinado por dicho
agente en la estación de policía de la misma localidad santandereana.
Todo comenzó a las 11:00 de la noche en el barrio Cabecera del Llano de Piedecuesta,
donde se produjeron las aprehensiones. Los ofendidos relataron que:
“...en el recorrido hacia la estación de Policía nos hicieron varias
amenazas de llevarnos al sector de Los Curos (Inspección de Policía
Departamental de este municipio) para iniciar la limpieza del pueblo y
nos insultaron diciéndonos ¡perros miserables que no merecen vivir!
Bajando por la calle 10 se encontró la patrulla con la policía vial y les
pidieron que los acompañaran a Los Curos para iniciar la limpieza pero
ellos se negaron. Al llegar al comando, nos dijeron “bájense, que los
queremos ver trotar” y al descender de la patrulla comenzó el agente
Villamizar a golpear con patadas y bolillo al joven William Mantilla
Duarte. Después de entrar en el comando, nos formaron en hileras
mirando de frente, distribuidos en dos grupos y recibimos varios
golpes,... de nuevo el agente Villamizar nos dijo que nosotros no
merecíamos vivir y se acercó al joven Raúl Caballero Camargo y a
veinte centímetros de distancia le disparó a la altura del cuello por el
lado derecho sin que hubiese habido el menor motivo, ni injuria, ni
irrespeto. Vimos cuando el joven se desplomó y nos acercamos a
ayudarlo llorando; al momento un agente nos dio la orden de
entrarnos a la celda o calabozo, diciendo por tres veces: “él está
herido y lo vamos a llevar al hospital”. Desde el calabozo nos dimos
cuenta cuando estaban limpiando con agua la sangre de Raúl; pero no
vimos en que momento lo llevaron al hospital”.
“Al día siguiente nos interrogó una señorita joven cuyo cargo no
conocemos, para que contáramos una versión libre de los hechos. Más
195
tarde nos llevaron a la cárcel municipal, a pesar de ser la mayoría
menores de edad. Hicimos el reclamo sobre esta anomalía pero no nos
dieron ninguna razón. El martes 7 de noviembre, a las 5 p.m. vimos
pasar el desfile fúnebre de Raúl acompañado de mucha gente y así
confirmamos directamente que él había fallecido; sentimos mucha
tristeza por su muerte y miedo de ser las próximas víctimas. En cuanto
pasó el desfile y después de firmar unas hojas de citación, nos dejaron
libres”.
Las declaraciones de las víctimas ponen de manifiesto como los agentes, en su afán por
imponer el “orden social” vulneraron y agredieron a los jóvenes sin consideración alguna, y
asesinaron a Raúl so pretexto de escarmentar a los muchachos y demostrar su poderío,
acciones respaldadas en todo momento por la administración municipal, la cual no hacía
nada por impedir los vejámenes y arbitrariedades con los que la fuerza pública agredía
reiterativamente a la población marginada.
En la década del noventa, La Mano Negra se posicionó en el municipio de Piedecuesta. A
medida que los miembros de este grupo paramilitar, entre los que se hallaban varios
policías. El 15 de abril de 1990, los jóvenes FAUSTO SAAVEDRA y JUAN DE DIOS RINCON
fueron torturados y asesinados por una patrulla de La Mano Negra. Fausto era un joven de
27 años que estudiaba en el SENA y que residía en Piedecuesta; el sábado a las 8:00 p.m.
salió de su casa junto con su amigo Juan de Dios Rincón. Según testimonios de varios
testigos, unas horas más tarde, una camioneta de la policía los persiguió en el centro de
Piedecuesta; esa misma noche desaparecieron y dos días después (lunes 17 de abril) en el
sitio conocido como “Patio Barrido”, en la vía que conduce a Málaga (Curos) fueron
encontrados sus cuerpos con signos de tortura y con tres heridas de disparos en la cabeza
propinadas con armas de fuego. Hacía poco tiempo Fausto había estado en la cárcel; y
después de su muerte sus familiares fueron objeto de amenazas de muerte.
La violencia irregular continuó manifestándose en el mes de julio de 1990. El día 10 de ese
mes, en los predios de la hacienda El Triunfo, jurisdicción de Piedecuesta, se encontró el
cuerpo de un HOMBRE de aproximadamente 30 años en ropa interior, con un brazo
fracturado, señales de tortura y 5 impactos de bala calibre 9mm.
Durante un breve período de dos años (finales de 1990 a finales de
1992) no volvió a presentarse el accionar criminal de los grupos
paramilitares en la localidad de Piedecuesta. Sin embargo, los
escuadrones de la muerte reanudaron sus operaciones de exterminio en
1992. El 28 de enero de 1992, en el sitio conocido como “Las Vueltas”,
en la vereda Guatiguara, se encontró el cuerpo sin vida del joven
GERMAN GRANADOS LOPEZ de 24 años de edad, quien días antes había
sido desaparecido en dicho municipio. El cuerpo presentaba signos de
tortura y dos impactos de bala en la cabeza.
La madre de Germán, Olga López Gasca, en denuncia realizada el 12 de febrero de 1992 a la
Personería Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos de Bucaramanga, aseguró
que la familia venía siendo objeto de hostigamientos por parte de la fuerza publica, ya que
ella hacia parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Cabecera del Llano y militaba en la
Alianza Democrática M-19, por lo que presuponía que la muerte de su hijo era resultado de
una persecución en su contra por su actividad comunitaria y política.
Es preciso anotar que Germán se dedicaba a la venta carnes frías en las tiendas de
Piedecuesta, después de haber prestado servicio militar en el batallón Ricaurte de la V
196
Brigada y haber desertado del mismo. A pesar de las peticiones de su madre a los militares
para que vinieran a recoger a Germán, ningún funcionario de la instalación militar se ocupo
del caso. Por otro lado él sufría de una enfermedad mental luego de evadirse del servicio,
estando completamente sano antes de ingresar al ejército.
Entre el 16 y el 18 de agosto de agosto de 1992, los Escuadrones de la Muerte agredieron a
tres habitantes del municipio. El 16 fueron hallados, en la Vereda Ruitoque, los cuerpos sin
vida de DOS HOMBRES que presentaban varios impactos de proyectil 9mm; estaban
amordazados y atados. Dos días más tarde, el 18 de agosto, fue encontrado el cuerpo sin
vida del joven ENRIQUE NAVAS PALOMINO de 23 de años, en la Inspección Departamental
de Sevilla.
La escalada de violencia se extendió en los meses de septiembre y octubre de 1992. El 11
de septiembre, un HOMBRE de aproximadamente 33 años fue encontrado asesinado en la
finca Serrata, ubicada en la vereda Ruitoque, lugar donde un mes antes habían sido hallados
otros dos cuerpos. El cuerpo estaba en estado de descomposición y presentaba un impacto
de arma de fuego. Un mes después, el 16 de octubre, una MUJER de 48 años
aproximadamente, fue encontrada asesinada en el sitio El Trapiche, ubicado en el barrio
Carmen. El cuerpo estaba atado de pies y manos; tenía una cinta adhesiva y varios disparos
en el cuello.
El 2 de agosto de 1993, un HOMBRE de aproximadamente 30 años, de tez blanca, cabello
castaño y bigote; que vestía pantalón marrón y camisa a cuadros, fue encontrado asesinado
frente a la finca Valdivieso, en el anillo vial. Su cuerpo presentaba siete disparos en la cara,
el brazo derecho y la espalda. El sitio del hallazgo es uno de los “botaderos de cadáveres”,
en los que los escuadrones de la muerte acostumbran dejar los cuerpos de sus víctimas. El
cuerpo de otro HOMBRE se encontró dos meses más tarde, el 9 de octubre, en la quebrada
El Canelo, a la altura de la vereda El Cristal. La fuente agrega que “tenía el cráneo
totalmente destruido, como si hubiera recibido una descarga de fusil”
El 17 de octubre de 1992, sería descubierto el cuerpo de un HOMBRE, de aproximadamente
40 años, en la vereda Blanquiscal. Estaba atado de pies y manos y presentaba impactos de
bala en el cráneo. El personero de Bucaramanga denunció el constante accionar de
“Escuadrones de la Muerte” que atentan contra dirigente cívicos, sindicales y políticos, la
mayoría de los cuales aparecen como “NN”.
Mes y medio más tarde, el 27 de noviembre de 1992, se halló el cuerpo sin vida de PABLO
ANTONIO NAVARRO DELGADO, en cercanías a Piedecuesta. Pablo fue sacado la noche
anterior a la fuerza del “Bar 2000” por dos hombres de civil. Al hallar su cuerpo, este
presentaba una puñalada y un disparo en el ojo derecho y su ropa estaba ensangrentada.
No obstante, en el lugar no se encontró rastro de sangre alguno, lo que hace suponer que
lo asesinaron en otro lugar y arrojado allí posteriormente.
Algunos días antes, agentes de la policía lo buscaron en reiteradas ocasiones y tres veces le
dijeron a la madre de la víctima que “ese h.p. nos las debe”. Pocos días antes del asesinato,
un Capitán de la policía le había dicho a la madre que “si alguna vez aparece por ahí tirado
en una carretera, no se lamente”. Dos años antes, en diciembre de 1990, la víctima fue
apresada sindicada de un hurto, por lo que estuvo detenido cerca de ocho meses.
Durante el año de 1993 sólo se denunció la comisión de un crimen perpetrado por
paramilitares el 20 de abril de 1993. Ese día, el joven de 15 años de edad, WILSON PINTO
PRADA, fue retenido y desaparecido por 12 hombres armados vestidos de civil que lo
obligaron a subir a un campero, para llevarlo rumbo al sitio conocido como Los Curos. Desde
197
ese momento no se volvió a saber nada de su paradero. Wilson se encontraba laborando en
un restaurante de las afueras del municipio de Piedecuesta cuando se dio su retención y
hasta ese momento estudiaba en una escuela nocturna.
En 1994, la Mano Negra reestableció sus operaciones criminales en la localidad de
Piedecuesta, arremetiendo una vez más contra los excluidos y marginados sociales. El 14 de
febrero de 1994, el delincuente común y drogadicto HERNADO GUALTEROS GALVAN
conocido como “El Palomo”, fue encontrado asesinado en la vía al peaje de Los Curos a la
altura de la hacienda El Puente. El cuerpo presentaba dos disparos y una herida con arma
blanca.
Cuatro meses después, el 4 de junio de 1994, en cercanías al sitio denominado Los pozos
del acueducto, se halló el cuerpo de CARLOS ARTURO RUEDA, de 26 años de edad. El cuerpo
de Carlos Arturo estaba maniatado, golpeado un brazo; presentaba quemaduras en el rostro
producidas con ácido y 4 disparos (2 de ellos en la cabeza). Su paradero era desconocido
desde el 1 de junio, cuando salió de la casa de sus abuelos, donde pasaba vacaciones. En los
últimos meses de su vida, Carlos Arturo se dedicaba a la agricultura como forma de superar
su adicción a la marihuana. Al parecer, cuando consumía droga, cometió varios robos. La
Policía de la población lo perseguía desde hacía 6 años y había sido víctima de 3 atentados,
en 2 de los cuales resultó herido. La sevicia con la que lo ultimaron es una muestra más de
la crueldad alcanzada por los grupos paraestatales, que por medio de estas prácticas
perseguían escarmentar e intimidar a la población en general para obligarla a sumirse en su
incuestionable orden social.
Poco tiempo después de la muerte de Carlos Arturo, la fuerza pública se involucró en la labor
de “limpieza” llevada en Piedecuesta por los Escuadrones de la Muerte, en los que militaban
policías activos. El 7 de agosto de 1994, EDUARDO RAMIREZ PINTO, de 24 años, conocido
como “El Zorro”, fue tratado cruelmente y asesinado, en tanto que otra PERSONA también
fue maltratada indiscriminadamente y herida por los agentes de policía Gonzalo Carvajal
Rosas y Juan de Jesús Díaz Bohórquez, cuando, hacia las 10:30 p.m., departían en un
establecimiento público del barrio San Rafael en el centro del municipio. Los dos policías
vestidos de civil, con gafas oscuras y chaquetas negras, les pidieron documentos de
identificación a los jóvenes, pero ante su negativa a mostrarlos, los obligaron a tenderse en
el piso donde los golpearon en repetidas oportunidades. Posteriormente el agente Carvajal
Rosas introdujo su revolver en la boca de Eduardo y le disparó; entretanto el agente Díaz le
disparó al otro muchacho hiriéndolo en un brazo. Los policías se retiraron del lugar en una
motocicleta, convencidos de que los dos muchachos estaban muertos. El herido salió del
lugar hacia su casa, pero fue visto por los agentes quienes le dispararon nuevamente
hiriéndolo en la cabeza. Eduardo había sido detenido en anteriores oportunidades, sindicado
de delitos menores y amenazado de muerte por la policía sino se retiraba de la localidad.
El 3 de agosto de 1997, tuvo lugar el último crimen documentado por el Proyecto CNM en el
municipio de Piedecuesta. En esa fecha, NORBERTO GUEVARA CARRILLO, JORGE ENRIQUE
HERRERA REY y LUIS ALBERTO PICO, fueron asesinados por miembros del grupo paramilitar
La Mano Negra, en un sitio boscoso del barrio Hoyo Grande. Cada uno recibió disparos de
armas calibre 9mm. Los hombres tenían antecedentes por consumo de estupefacientes. El
lugar donde ocurrieron los hechos era conocido por el vecindario como peligroso por la
presencia de atracadores y drogadictos.
198
4. Persecución contra la población campesina en Bucaramanga
y Área Metropolitana
En contraste con lo sucedido en las zonas urbanas de Bucaramanga y su Área Metropolitana,
la población campesina de este territorio fundamentalmente concentrada en los parajes
rurales de las localidades metropolitanas (Floridablanca, Girón y Piedecuesta) no registra un
alto volumen de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La población campesina siempre fue objeto de estigmatización como auxiliares de la
insurgencia, lo que le significó la persecución de los agentes estatales.
Al igual que en las zonas urbanas, dentro de la victimización a los campesinos denotamos
casos cuya operatividad es propia de los Escuadrones de la Muerte. Se hallan eventos en los
que aparecen cuerpos sin vida de campesinos con señales de tortura, o incinerados de forma
semejante al exterminio de sectores excluidos y marginados que azotaba la capital
santandereana.
Dentro del Área Metropolitana se destaca la organización y lucha del campesinado del
municipio de Piedecuesta, caracterizado por su permanente lucha en pro de la defensa de
sus derechos y el mejoramiento de sus condiciones de subsistencia, reivindicaciones que se
han producido debido a la débil presencia del Estado en la región; presencia que sólo se
limita al orden coercitivo, dejando de lado la satisfacción de las necesidades básicas de los
lugareños y la prestación de servicios fundamentales como la salud y la educación, entre
otros.
Por ejemplo, uno de los referentes de la lucha de los campesinos de Piedecuesta se
evidenció durante el mes de octubre de 1988, con la recuperación de tierras que llevaron a
cabo los habitantes del municipio, “ (...) debido a la falta de tierras para trabajar y la
miseria en que se encontraban, 25 familias de Piedecuesta decidieron a principios de este
año recuperar algunos predios del latifundio El Pajonal (...)”211. Esta importante iniciativa se
vio obstaculizada por las amenazas y constantes agresiones realizadas por los terratenientes
contra los campesinos212. La oleada de crímenes que se desató en el período posterior a la
ocupación de tierras fue denunciada por la ANUC ante la Administración Municipal de
Piedecuesta.
Muchas de las prácticas y métodos empleados contra el campesinado del área metropolitana
y Bucaramanga han sido objeto de constante denuncia por parte de las organizaciones
sociales de la región. Estas denuncias han sido una excelente herramienta para conocer los
atropellos, hostigamientos e injusticias efectuados contra el campesinado213. La mayoría de
las agresiones perpetradas contra los campesinos fueron efectuadas por desconocidos que,
según anotamos anteriormente atendiendo a su operatividad, son presumiblemente grupos
paramilitares.
En 1987 documentamos el primer caso de agresión contra los campesinos de la zona. El 10
de septiembre de ese año, los campesinos ANIBAL COLMENARES y CIRO ANTONIO CAMPOS
fueron retenidos, desaparecidos y posteriormente asesinados por una tropa paramilitar. Los
paramilitares incineraron el trapiche de la hacienda Garagoa del corregimiento Motoso de
Girón, de donde se llevaron a las víctimas. Los cuerpos de los campesinos fueron
211
Colombia Hoy Informa. Año IX, No. 62, Bogotá, 1988. p.45.
Ibíd.
213
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP. Carta enviada al encuentro nacional de la
ANUC, Bucaramanga, 28 de mayo de 1983.
212
199
encontrados el día 22 del mismo mes en el corregimiento conocido como Marta, también
jurisdicción de Girón.
La arremetida paraestatal contra el campesinado residente en las veredas aledañas a
Bucaramanga tuvo lugar pocos días después de la realización de las marchas campesinas
que además de presentarse en Santander, se llevaron a cabo en otros lugares del país y que
fueron reprimidas duramente por la fuerza pública desde sus inicios. La persecución contra
los participantes de las marchas en Bucaramanga se manifestó el 27 de mayo de 1988, con
la desaparición de la campesina AIDA SANCHEZ a manos de desconocidos. El crimen contra
Aida expresa la connivencia entre las estructuras paramilitares y los agentes estatales para
eliminar sistemáticamente a todo aquel que hiciera parte de las marchas campesinas.
Posteriormente, el 19 de junio de 1988, el campesino LUIS FRANCISCO ROA MENDOZA de
25 años, fue asesinado por desconocidos que le propinaron varios impactos de bala en
diferentes partes del cuerpo. Un año después, el 14 de diciembre de 1989, los campesinos
JUAN DE JESUS SILVA, JUAN CARLOS SILVA, EPIFANIO GONZALEZ y GILBERTO GONZÁLEZ,
fueron asesinados por paramilitares en la finca Mata de Coco, ubicada en la Inspección
Departamental Marta de Girón.
El 27 de diciembre de 1989, los campesinos JOSE ANGEL RAMIREZ GARZON de 34 años,
MARIA ANTONIA PACHECO de 27 años y KAREN RAMIREZ PACHECO de 7 años, fueron
desaparecidos, torturados y asesinados por desconocidos en zona rural de Bucaramanga.
Los cuerpos fueron encontrados incinerados el sitio conocido como La Cemento.
El día anterior, la familia salió hacia la capital “con el fin de hacer el mercado quincenal de la
finca” llamada La Isla de los Bambúes, situada en la vereda Guarumo, jurisdicción del
municipio de Barrancabermeja. El 29 de diciembre sus allegados, extrañados por la
tardanza, pues sólo acostumbraban demorarse dos días en la diligencia y tras los
comentarios de los vecinos y conocidos, relacionaron la información recibidas por los medios
de comunicación, que daban cuenta de tres cuerpos encontrados cerca a dicha ciudad que
reunían algunas características comunes a los tres campesinos. Sólo hasta el 4 de enero de
1990, después de realizar un préstamo para poder viajar, los familiares lograron llegar hasta
el anfiteatro de esta ciudad, donde pidieron información y lo poco que les dijeron coincidía
con sus parientes. Por tal motivo, acudieron al juzgado 17 de Instrucción Criminal
solicitando la exhumación de los mismos, ya que habían sido sepultados como NN “y así
poder darles cristiana sepultura”214.
La década del noventa estuvo marcada por el accionar paralelo de los escuadrones de la
muerte y las tropas del ejército, con el fin de victimar y controlar definitivamente a la
población campesina. Además de ellos, los desconocidos aparecieron en escena dando
muerte a varios agricultores; tal es el caso del campesino de 64 años HORACIO SERRANO,
quien fue asesinado por desconocidos el 12 de mayo de 1990 en Girón.
El 22 de marzo de 1991, los campesinos GONZALO CORSO, PEDRO HELI DIAZ, CARLOS
HUMBERTO BAUTISTA, HUMBERTO CARREÑO, GUSTAVO PICO, IGUEL ANGEL IÑO, ALVARO
NIÑO, LUIS FLOREZ, CAMPO ELIAS GUEVARA, GONZALO CORZO fueron torturados por
miembros del ejército durante un operativo que se desarrolló en las veredas el Cedro,
Cerrazuela, Altamira y Bocamonte.
Entre el 21 y el 22 de junio de 1992, miembros del ejército desarrollaron un operativo
militar en la vereda el Cedro de Girón. Durante el desarrollo del mismo, el día 21, los
214
Denuncia ante la Procuraduría Delegada, Bucaramanga, 5 de enero de 1990. REF: 04 – 35 –60.
200
efectivos asesinaron a CUPERTINO PEREZ IBARRA, y una persona llamada FLAMINIO.
Asimismo hirieron a los campesinos MARIA CRISTINA VILLAMIZAR GARCIA, LEONARDO
URIBE LOZADA y EVANGELISTA MALAGON y detuvieron a los labriegos SEVERO QUESADA,
JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ, AUGUSTO HERNANDEZ ORTIZ y ARQUIMEDES URIBE
LOZADA. Los sucesos ocurrieron en una finca ubicada en la vereda El Cedro. Cuando los
militares llegaron a la finca, sorpresivamente dieron muerte a las dos primeras personas,
porque supuestamente eran guerrilleros. Además hirieron a los otros campesinos y
detuvieron a los restantes. Una fuente alega que en esa oportunidad “el comandante del
frente 46 de las FARC se entregó voluntariamente a la V Brigada, que luego lo dejo en
libertad”215.
Al siguiente día, 22 de junio, las mismas unidades militares allanaron sin orden judicial la
finca San José ubicada también en la vereda Los Cedros, propiedad del campesino ALCIDEZ
VILLAFRADEZ quién al mismo tiempo fue amenazado. Inicialmente el ejército llegó al lugar
preguntando por un hijo de Alcidez, el cual supuestamente era guerrillero, y sin más
procedieron a allanar la finca. Como aquel no se encontraba, los militares amenazaron a
Alcidez para que obligatoriamente lo presentara el día siguiente. Por tal razón, además del
temor suscitado, tanto este como su familia salieron de la casa, dejándola en manos de un
cuidandero menor de edad. Posteriormente el ejército regresó y se acantonó allí desde el 7
al 11 de julio; y una vez cumplida su estancia en el lugar procedieron a quemar la casa,
robando a su vez los alimentos que había en ella.
El 1 de agosto de 1992, los campesinos BASILIO SANDOVAL, APOLINAR SANDOVAL, ABEL
PAEZ, RAMIRO RODRIGUEZ y JOAQUIN ALFONSO DIAZ, fueron desaparecidos luego de ser
detenidos por miembros de la Fuerza Elite de la policía en la inspección departamental de
Cristales. Los agentes desarrollaban un supuesto operativo para localizar a un grupo
guerrillero. Inicialmente llegaron hasta la casa de los hermanos Sandoval, donde se
encontraban todos los campesinos, y comenzaron a golpearlos, a obligarlos a sentarse
manteniendo las manos arriba; por último los sacaron de la residencia, momento en el que
no se volvió a saber más de ellos. Además los policías hurtaron $485.000 pesos y dos
revólveres con salvoconducto. Posteriormente, miembros de la Personería Delegada para
Derechos Humanos de Bucaramanga estuvieron indagando por los detenidos sin ningún
resultado. Otra fuente indica que el operativo fue realizado conjuntamente por miembros de
la Policía Elite y la SIJIN216.
Las desapariciones forzadas de los labriegos del Área Metropolitana prosiguieron en el mes
de diciembre de 1992. El día 2, los campesinos JOSE MANUEL HERNANDEZ ORTIZ, de 18
años de edad y ALIRIO SANCHEZ HERNANDEZ, fueron desaparecidos cuando se movilizaban
en bicicleta hacia el sitio Punta de la Mesa desde la Inspección Departamental Los Loros,
jurisdicción de Piedecuesta. El único rastro de los campesinos fueron las bicicletas que se
encontraron a la orilla de una carretera. La zona era permanentemente patrullada por el
ejército para contrarrestar las acciones el frente Efraín Pabón de la UC-ELN, que en varias
oportunidades había destruido el peaje ubicado en el sitio Los Curos de la misma localidad.
En la década del noventa las unidades tácticas adscritas a la V Brigada con sede en
Bucaramanga, fueron las principales responsables de los hostigamientos y agresiones contra
los campesinos. Para encubrir su culpa en la comisión de los crímenes, las víctimas de los
destacamentos militares eran presentadas ante la opinión pública como guerrilleros. El
siguiente caso es un ejemplo de ello: El 18 de diciembre de 1992, un CAMPESINO y DANIEL
215
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP (Seccional Santander). Informe de Denuncias
recibidas, enero – septiembre de 1992, Bucaramanga, diciembre de 1992.
216
Solicitud de Habeas Corpus a favor de Joaquín Alfonso Díaz. Bucaramanga, agosto 3 de 1992.
201
MARTINEZ fueron asesinados por efectivos del batallón de Contraguerrillas No. 5 Los
Guanes, quienes hacia las 5 a.m. incursionaron en la finca El Cóndor de la familia Martínez,
ubicada en la vereda Aguablanca de Floridablanca. En la acción los militares hirieron a la
MADRE de Daniel, quien recibió atención médica sólo cinco horas después. Daniel era el
mayor de seis hermanos. Voceros del batallón presentaron a las víctimas como guerrilleros
de las FARC, quienes al tratar de responder a los militares habrían herido a la mujer. Por el
contrario, los Martínez Amaya niegan su vinculación con la subversión y acusaron al ejército
de colocar las armas junto a los cuerpos de las víctimas.
El 13 de octubre de 1993, el Líder campesino y político de la región SANTIAGO ORDOÑEZ
PRADA de 40 años fue asesinado por tres hombres quienes lo interceptaron en la vía que
conduce de Girón a Zapatoca, entre los sitios Barahondo y Careperro, cuando se movilizaba
junto con una hija de 11 años en una motocicleta hacia su parcela, ubicada en la vereda
Chocoíta. Los victimarios le dispararon con revólveres y escopeta en tres ocasiones, después
de separar a la niña y llevarla a una montaña cercana. Minutos después la menor escapó de
los captores y corrió al sitio donde había sido baleado su padre, pero no lo halló y tampoco
la motocicleta, sólo los documentos de identificación. Sin embargo, cuando la Policía llegó al
lugar, el cuerpo de la víctima estaba en el sitio del asesinato, lo mismo que la motocicleta.
La niña resultó herida levemente en el hombro derecho. Ordóñez era de los fundadores y
dirigentes del Movimiento de Integración Campesina, que en las pasadas elecciones obtuvo
un escaño en el concejo municipal.
La violencia irregular se tomó nuevamente Piedecuesta a finales de 1993. El 6 de diciembre,
los campesinos GABRIEL RODRIGUEZ ARENAS de 29 años y JOSE DOMINGO RODRIGUEZ
VILLAMIZAR de 54 años de edad, fueron asesinados por desconocidos en la Inspección de
Policía Mensulí, cuando transportaban una carga de verduras hacia la ciudad de
Bucaramanga. La madre de Gabriel encontró los cuerpos, cada uno de los cuales presentaba
un disparo en la nuca y otro en el oído; sus manos estaban amordazadas. Minutos después,
los victimarios -que se cubrían con pasamontañas-, irrumpieron en la vivienda de las
víctimas y destruyeron colchones, camas y otros objetos.
En Girón continuarían los derroteros de la operatividad típica de la persecución a marginados
y excluidos sociales. El 10 de febrero de 1994, dos campesinos, un HOMBRE y una MUJER
fueron encontrados asesinados en el sitio La Ye, Inspección Departamental Motoso. Junto a
los cuerpos había un letrero que decía: “el ocho de febrero, muerte por sapos”. En el mes de
abril de 1994 otro evento de violencia irregular se presentaría. Piedecuesta no quedaría
atrás. El día 5 de ese mes, a las 6:00 a.m., la campesina AGUEDA ARENAS DE RODRIGUEZ
de 49 años, fue asesinada por cuatro hombres que incursionaron en su vivienda y le
propinaron varios disparos. El crimen ocurrió en la vereda El Polo. Cinco días más tarde, el
10 de abril, un CAMPESINO fue encontrado sin vida en la zona rural de Piedecuesta. Estaba
atado de pies y manos y presentaba tres disparos en la cabeza.
El 23 de abril de 1994, los campesinos CARLOS FRANCISCO MARTINEZ REY y JOSE GABRIEL
MARTINEZ REY fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en la Inspección Departamental
Pantano de Girón. Los desconocidos les dispararon cuando se movilizaban en una
motocicleta; después les rociaron gasolina sobre los cuerpos y sobre la moto y les
prendieron fuego.
Un mes después de lo ocurrido en Girón, el 23 de mayo de 1994, otro campesino fue
agredido, esta vez por miembros de la fuerza pública. Se trataba del campesino AQUILES
SUAREZ PARRA, torturado por varios hombres que vestían prendas de uso exclusivo de las
Fuerzas Militares, en la vereda El Aburrido, zona rural de Bucaramanga. Los individuos
incursionaron en la vereda hacia las 5:00 de la madrugada, identificándose como miembros
202
del Ejército y se “tomaron por asalto las fincas del sector”. A la casa de Aquiles llegaron,
tumbaron la puerta, lo sacaron a patadas de la cama, lo insultaron y le dijeron que “era
cómplice de la guerrilla y que sabía dónde se encontraban varias caletas”. Lo condujeron al
establo y le ordenaron ponerse boca abajo, mientras uno de los hombres buscaba una toalla
para taparle la boca; allí le pegaron culatazos y patadas. A pesar de los golpes, Aquiles logró
escabullirse y entonces le hicieron varias ráfagas de fusil, sin lograr hacerle blanco. Luego,
los uniformados amenazaron a la familia, diciéndole que “si daban a conocer lo ocurrido, les
quemaban la casa y los mataban”. A las 6:30 de la mañana se marcharon llevándose dinero
en efectivo, animales y elementos de valor de varios campesinos de la zona. La fuente
muestra una fotografía en la que se aprecian las señales de los golpes propinados a Suárez.
Voceros militares negaron haber realizado operativos en la región.
Otro caso similar se presentó año y medio más tarde, el 13 de marzo de 1995. Ese día,
hacia las 2:15 de la madrugada, el campesino PAULINO JAIMES JAIMES de 19 años, fue
asesinado por tropas del batallón de Infantería No. 14 Ricaurte en el barrio La Cumbre de
Floridablanca.
Paulino fue presentado por el ejército como un miliciano del Frente Claudia Isabel Escobar
Jerez de la UC-ELN, muerto en enfrentamiento con las tropas. Sin embargo, más de
doscientas personas firmaron una carta en la que afirman que el joven no era guerrillero
sino trabajador de una finca ubicada a 15 minutos de donde ocurrió su muerte, adjuntando
una certificación del trabajo. Vecinos del sector indicaron que Paulino salió rumbo a su casa,
hacia la medianoche del día 12, después de visitar a algunos amigos; iba solo y no portaba
arma alguna, contrario a lo afirmado por los militares, que sostuvieron que el jornalero
llevaba una granada de fragmentación, un revolver Ruger y 18 municiones calibre 38 largo.
El registro de la victimización contra el sector campesino parece cesar por el lapso tres años.
Sin embargo, el 31 de mayo de 1998, una patrulla paramilitar masacró a cuatro de líderes
campesinos de la población, que se hallaban reseñados en una lista de la muerte. Los
hechos ocurrieron hacia las 2:30 p.m. hora en que los campesinos y líderes comunitarios
ALFONSO NUÑEZ JEREZ, ALVARO NUÑEZ JEREZ, HERIBERTO SARMIENTO y JOSE ORTIZ
MARTINEZ fueron asesinados, mientras que el también campesino MANUEL PALOMINO fue
herido por paramilitares en la Inspección de Policía Departamental Las Bocas de Girón. Los
paramilitares llegaron en la hora señalada y se ubicaron frente a la estación de policía,
llamaron a lista a siete campesinos, dos de los cuales no estaban en el lugar, se llevaron a
los cinco presentes a otro sitio del caserío y les dispararon, asesinando a cuatro de ellos y
dejando herido al otro. Los pobladores del caserío manifestaron que: “ellos lo único que
hicieron en su vida fue pelear por los derechos de los pobladores de Las Bocas, lograron que
les dieran agua potable, ayudaron a muchos a conseguir trabajo”.
Asociación de Fiqueros de Santander, ASOFIQUE
ASOFIQUE fue una organización que funcionó desde los años setenta que reunía a todos los
fiqueros del país. Su objetivo era reivindicar las condiciones de trabajo dignas de una de las
actividades más pobres de la economía familiar, campesina e indígena. Los indígenas
guambianos y los residentes en la zona de Aratoca, Curití y Villanueva se han caracterizado
por dedicarse a esta actividad, al igual que muchos campesinos del Cauca, Tolima, Boyacá y
otros de San Gil y Barichara en Santander.
El fique se había constituido como uno de los insumos más importantes dentro de la escala
productiva agrícola de Colombia. Papas, cereales, algodón requerían de grandes cantidades
de fique para embalar sus productos. Sin embargo, es una actividad que siempre se ha
203
mantenido en la marginalidad y la pobreza de los campesinos que exige la inversión de
importantes horas de trabajo y habilidades artesanales. El rudimentario proceso de
transformación de esta materia prima somete a los campesinos a grandes sufrimientos. Por
ejemplo, cuando el fique se lava desprende un polvillo que causa sarna en la piel, el cual
también contamina las aguas.
ASOFIQUE se propuso la investigación de nuevas tecnologías que pudieran ser aplicadas a la
producción y transformación del fique que permitiera el mejoramiento de la calidad de vida
de los campesinos e indígenas. No obstante, sectores importantes del comercio de productos
agroindustrial no veían con buenos ojos la implementación de un proceso industrializado,
porque su interés era mantener en la marginalidad a este sector para seguir beneficiándose
de los bajos precios que les pagaban por su trabajo.
Asimismo, ASOFIQUE era una organización que trabajaba por la emancipación de los
derechos de los pobladores del campo. Los campesinos organizados tuvieron una enérgica
participación en procesos de movilización regional, como los paros de 1978, paros agrarios y
marchas campesinas.
Pronto la organización fue asociada a las guerrillas y por consiguiente empezó a recibir
tratos represivos y acciones criminalizadotas contra su actividad. Cuando ya se contaba con
varios dirigentes en diferentes partes de la región, éstos fueron agredidos. El último de ellos
fue Huberty Serna Páez, sociólogo de la Universidad de INDESCO consagrado a las luchas
populares, campesinas y el trabajo por el fomento de la vivienda y la dignidad de los
desplazados desaparecido y asesinado el 11 de septiembre de 1995.
Este crimen significó también la sepultura para ASOFIQUE, el cierre definitivo de su oficina
ubicada en la carrera 16 con calle y la desarticulación del campesinado. Las maquinas que
habían sido adquiridas por medio de la organización finalmente fueron entregadas e
instaladas a los indígenas coguis de la Sierra Nevada de Santa Marta en las estribaciones de
un lugar llamado Pueblo de Oro, también trabajadores del fique. Además, la implementación
de otros productos sintéticos que reemplazaron prontamente el fique redujo enormemente
su demanda.
El 3 de marzo de 1991, fecha en que el campesino ROBERTO TAMI, de
62 años, fue desaparecido en circunstancias desconocidas. La última
vez que se vio a Roberto con vida fue en el parque principal de
Piedecuesta, luego de haber salido de un cabildo abierto organizado
para discutir el no pago de la valorización de la autopista Piedecuesta
a Bucaramanga. Además, él pertenecía a la asociación de fiqueros de
Santander ASOFIQUE, caracterizándose por su compromiso e interés
en busca del beneficio de su comunidad.
204

TABLA DE CONTENIDOS BUCARAMANGA Y AREA

Transcripción

Documentos relacionados

Portada en PDF

Diapositiva 1 - Centro de innovación en Gobierno Electrónico