La profesionalización de los cuerpos policiales en México: una

Transcripción

XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
La profesionalización de los cuerpos policiales en México:
una tarea inconclusa
Claudia Bernardette Romero Guerrero
1.
La profesionalización de los cuerpos policiales en la agenda política mexicana
En México, el tema de la profesionalización de los cuerpos policiales lleva más de quince
años formando parte de la agenda de las distintas administraciones federales; no obstante,
ha sido en este último sexenio -con la feroz guerra emprendida contra el narcotráfico de telón
de fondo- cuando la cuestión ha resurgido con mayor fuerza que nunca.
El 11 de diciembre de 2006, apenas diez días después de su toma de posesión, Felipe
Calderón Hinojosa decidió iniciar una improvisada lucha abierta contra los cárteles de la
droga del país. De un día para otro, sin haber hecho mención alguna a este tema durante su
campaña electoral, sin saber los medios con los que contaba para hacerlo, sin evaluar los
riesgos y -aún más importante- sin una estrategia clara de acción, las organizaciones
policiales tuvieron que hacer frente ya no sólo a la inseguridad y a la delincuencia menor,
sino también al narcotráfico y al crimen organizado.
La recién estrenada administración calderonista esperaba que los agentes se movilizaran y
respondieran con eficiencia al llamado del presidente. La orden era actuar con rapidez y
contundencia para lanzar un mensaje de fortaleza institucional -se trataba sólo de un acto
fundacional de gobierno que no debía alargarse en el tiempo-. Sin embargo, las cosas no
resultaron según lo planeado. El narco desplegó las armas para defender sus cuotas de
poder y, en cuestión de meses, una incontrolable ola de violencia se propagó por todo
México.
La policía, que se suponía sería el brazo ejecutor del nuevo gobierno, se mostró incapaz de
cumplir con el encargo. Esto, debido fundamentalmente a dos razones: la primera, la
indiscutible superioridad de los grandes cárteles mexicanos en materia de infraestructura,
recursos y equipamiento; y la segunda, la corrupción y escaso nivel de profesionalización de
las corporaciones policiales.
Ante el estrepitoso fracaso, Calderón resolvió llamar al Ejército y sacarlo a la calle. La
militarización del conflicto representó -por expresarlo de alguna manera- el “tiro de gracia” a
la de por sí dañada reputación de los cuerpos policiales del país. Las organizaciones
padecieron, más que en ningún otro momento de su historia, las terribles consecuencias del
descrédito y la desconfianza. Desde entonces y hasta ahora, el discurso que impera en la
sociedad, medios de comunicación, partidos políticos de oposición e incluso en la propia
Presidencia de la República es que “no tenemos policía confiable” (véase Infobae América,
2011, noviembre 1).
El diagnóstico ante el que nos encontramos es preocupante. Hablamos de instituciones
altamente complejas, con estructuras rígidas, que centralizan la autoridad para favorecer la
jerarquía, y que se aíslan del entorno -utilizando el secreto- para afirmar su singularidad.
Policías poco profesionalizados, mal equipados y mal retribuidos, que trabajan al amparo de
1
débiles y lentos programas de inspección y supervisión. Todo, bajo un clima de complacencia
y complicidad que funciona como perfecto caldo de cultivo para la emergencia, proliferación y
afianzamiento de dinámicas y comportamientos corruptos en el personal (Romero, 2012).
El estado en el que se hallan los cuerpos policiales y el impacto que esto ha tenido sobre la
seguridad, la economía y los niveles de desarrollo social han provocado que, desde 2006,
México se encuentre -según el Índice de Estados Fallidos elaborado anualmente por Foreign
Policy y el Fondo por la Paz- en una situación cada vez más crítica (véase Foreign Policy,
2012).
Así pues, aunque las labores de profesionalización de la policía mexicana comenzaron a
desarrollarse e implementarse de manera sistemática durante el sexenio del panista Vicente
Fox Quesada -2000 a 2006-, ha sido bajo el mandato de Felipe Calderón Hinojosa -2006 a
2012- cuando éstas han alcanzado un papel absolutamente crucial y protagónico para el
futuro del país.
Como veremos en el siguiente apartado, la formación, monitorización y evaluación de los
agentes se han convertido en acciones de carácter permanente; sin embargo, los avances
son lentos y el éxito de estas políticas a largo plazo sigue condicionado a la realización de
reformas de mucha mayor envergadura.
2.
Herramientas para la profesionalización de los cuerpos policiales mexicanos
Desde hace algunos años se busca la transformación de las corporaciones mexicanas bajo
un Nuevo Modelo Policial que asegure el desempeño eficaz de los servidores públicos en las
tareas de prevención y persecución del delito, a fin de recuperar la confianza de los
ciudadanos (Secretaría de Seguridad Pública, 2008).
En el marco de este proyecto, el Sistema Integral de Desarrollo Policial -SIDEPOL- es el
instrumento que articula las labores de profesionalización de las organizaciones policiales.
Su misión es contribuir al “surgimiento de una policía científica, honesta, eficiente y con
vocación de servicio, que inspire un alto grado de confianza a la sociedad por la calidad de
los servicios de seguridad que brinda y la conducta de sus integrantes.” (Secretaría de
Seguridad Pública, 2008, p. 34).
De este modo, el SIDEPOL establece las bases de ingreso, desarrollo, profesionalización y
permanencia de los agentes en las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno.
Todo ello con el objetivo de garantizar la estabilidad, movilidad y el desarrollo -personal e
institucional- de los policías a lo largo de los años que dure su servicio.
El Sistema se compone de cinco ramas básicas que se describirán de manera breve a
continuación: los mecanismos de evaluación y control de confianza; los esquemas de
profesionalización; el Servicio Profesional de Carrera Policial; el Régimen de Prestaciones
Sociales; y el Régimen Disciplinario. Veamos:
2
a)
Mecanismos de evaluación y control de confianza
El nuevo paradigma policial prevé la evaluación de todos los integrantes de los cuerpos
policiales del país a través del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza.
Esta evaluación consiste en la aplicación de una batería de pruebas de carácter médico,
toxicológico, psicológico, poligráfico y socioeconómico para garantizar el apego al marco
normativo de los servidores públicos y -en todo caso- detectar a quienes carecen del perfil
necesario para desempeñar su trabajo.
b)
Esquemas de profesionalización
La profesionalización se entiende aquí como el proceso permanente y progresivo de
capacitación que busca desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades
de todos los agentes. Se integra por las etapas de formación inicial, actualización,
especialización y alta dirección. Su instrumento principal es el Programa Rector de
Profesionalización. En él se estipulan los lineamientos, actividades, planes de estudio y
contenidos mínimos para la formación del personal.
c)
Servicio Profesional de Carrera Policial
Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de reclutamiento, selección,
ingreso, permanencia y promoción. Asegura que los policías logren un proyecto de vida
profesional y personal, digno y atractivo, con base en un sistema de méritos y deméritos. La
Carrera Policial comprende el grado, la antigüedad, las insignias, las condecoraciones, los
estímulos, los reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, y el
registro de las correcciones y sanciones disciplinarias que -en su caso- acumulen los
agentes.
d)
Régimen de Prestaciones Sociales
Catálogo de prestaciones sociales diseñado con el objetivo de consolidar el sentido de
pertenencia del servidor público a su corporación: servicios médicos privados, seguros de
vida, ayudas para la adquisición de bienes de consumo duradero, créditos automotrices e
hipotecarios, préstamos personales a corto, mediano y largo plazo, planes y fondos de
pensiones, cesantías por edad avanzada, etcétera. En suma, cantidades que complementan
las nóminas de los funcionarios.
e)
Régimen Disciplinario
Establece las normas y los procedimientos destinados a prevenir, regular y sancionar con
oportunidad las faltas o infracciones que cometan los agentes en el ejercicio de sus
funciones. Éstas se clasifican en leves, graves y muy graves; y su graduación se determina
de conformidad con los siguientes parámetros: por infracciones leves, amonestación; por
infracciones graves, suspensión; y por infracciones muy graves, remoción.
3.
Los escollos de la profesionalización policial en México
Los escollos de la profesionalización policial en México encuentran su origen en las propias
características organizativas de las corporaciones. La negación a transitar hacia un modelo
profesionalizado descansa mayoritariamente en la concepción que la policía tiene de sí
misma: un sistema, que por su especial función del empleo de la fuerza, está obligado a
trabajar de manera poco permeable.
3
Es oportuno señalar que en un contexto difícil -como el que vivimos en este momento en el
país-, la tendencia al aislamiento se agudiza y la tensión entre las fuerzas de seguridad y su
entorno aumenta.
La resistencia a la rendición de cuentas y a los procesos de evaluación y depuración a favor
de la protección del status quo representan verdaderos obstáculos a vencer en el camino
hacia la profesionalización.
A pesar de los esfuerzos, las organizaciones policiales no han dejado de controlar la
información que tienen de sí mismas. El secreto sigue siendo utilizado como un arma en la
relación que estas instituciones entablan con su entorno. El rechazo a cualquier indagación
profana continúa existiendo (Bañón & Olmeda, 1985). No es raro que las solicitudes de
información se resuelvan utilizando frases como “información reservada” o “información
confidencial” para impedir la salida de datos relacionados con el ejercicio presupuestario, las
auditorías realizadas y las evaluaciones al personal. Como ejemplo tenemos la negativa de la
Policía Federal a publicar los resultados de los exámenes de control de confianza aplicados a
tres mandos de esa corporación (véase Roldán, 2011, agosto 4).
El saneamiento de los cuerpos policiales sigue siendo una asignatura pendiente. Primero,
porque la evaluación de los agentes no avanza al ritmo necesario; segundo, porque ésta no
ha derivado en un programa efectivo y exhaustivo de depuración. Como bien señala el
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, una vez
identificados los elementos no aptos para el servicio, se debe dar el siguiente paso que es
decidir sobre el futuro de éstos. A seis meses de vencer la fecha límite que obliga a los tres
órdenes de gobierno a evaluar en un 100% a sus respectivas fuerzas de seguridad, aún falta
por practicar exámenes al 60,8% de los policías estatales y municipales. Ahora bien, de los
129.908 funcionarios evaluados hasta julio de 2012, 27.280 -el 21%- reprobaron una o varias
pruebas y, sin embargo, continúan en activo (Sandoval, 2012, julio 13).
4.
Perspectivas de futuro: la propuesta de Enrique Peña Nieto
El pasado mes de julio, México celebró unos comicios presidenciales en los que Enrique
Peña Nieto resultó ganador con el 38,15% de los votos ciudadanos. Si bien durante la
campaña electoral se abordaron cuestiones de diversa índole -economía, educación, empleo,
salud, medio ambiente, política exterior, etcétera-, la delicada situación nacional provocó que
las propuestas en materia de seguridad pública fueran las que predominaran en el discurso
de los cuatro aspirantes.
El escenario político en el que nos encontramos permite prever con cierta facilidad que el
próximo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá que centrar sus esfuerzos en la
formulación e implementación de una estrategia que le ayude a afrontar las terribles
consecuencias de seis años consecutivos de violencia descontrolada. El próximo 1 de
diciembre, el candidato electo tomará posesión del cargo y se hallará al frente de un país en
el que la lucha contra los cárteles de la droga se ha cobrado -según las estimaciones- la vida
de más de 54 mil personas entre civiles, policías, militares y sicarios.
4
Mientras tanto, la población espera saber con exactitud cuál será la política que se seguirá
contra el narcotráfico y el crimen organizado; qué sucederá con los más de 50 mil miembros
del Ejército que hoy por hoy se encuentran desplegados en pie de guerra por gran parte del
territorio nacional; y cómo se combatirá la corrupción que ha terminado por invalidar a las
corporaciones policiales como instrumentos efectivos de lucha contra la inseguridad.
A falta de conocer los detalles de su programa de gobierno, contamos ya con algunos
compromisos hechos en campaña que funcionan a modo de declaración de intenciones.
Veamos:
1)
Destinar el 5% del Producto Interior Bruto nacional al rubro de seguridad -esto es, un
3,5% más de lo que se gasta actualmente, 1.838.819.241 miles de pesos tomando como
referencia el PIB de 2011-;
2)
Aumentar de 36 mil a 50 mil el número de agentes que conforman la Policía Federal
-antes Policía Federal Preventiva-; y
3)
Continuar con el proceso de homologación de las instituciones policiales, creando 32
policías estatales unificadas -propuesta compartida con la candidata panista Josefina
Vázquez Mota, y originalmente presentada hace dos años por Felipe Calderón Hinojosa en
vista de que las policías municipales habían demostrado ser el eslabón más vulnerable y
corrompible del sistema de seguridad pública del país (Senado de la República, 2010)-.
Pero, sin duda, el anuncio “estrella” es la articulación de una fuerza policial de tipo paramilitar
-similar a las que operan en países como Francia, España e Italia- que se denominará
Gendarmería Nacional.
Siguiendo las directrices del General Óscar Naranjo -ex Director de la Policía Nacional de
Colombia al que se le reconocen varios hitos en la lucha contra el narcotráfico en su país-,
esta nueva institución estará constituida por alrededor de 40 mil elementos -entre militares de
la Secretaría de la Defensa Nacional y marinos de la Armada de México- que trabajarán bajo
las órdenes de un mando civil en temas de seguridad pública. Su misión principal, según se
ha señalado en reiteradas ocasiones, será la de apoyar a las policías estatales en los
territorios de mayor conflictividad (Méndez, 2012, mayo 10).
A reserva de comprobar en qué grado Enrique Peña Nieto conseguirá materializar sus
promesas -pues no dispondrá de mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras del Poder
Legislativo-, preocupa que el acento se ponga, una vez más, en el gasto y en la habilitación
de personal.
Durante este sexenio quedó de sobra comprobado que, a diferencia de lo que la lógica
puede llegar a dictar, más dinero y más policías no significan necesariamente mejores
resultados. Por desgracia, parece que aún no se ha aprendido la lección. El discurso que
abandera el candidato electo apunta más hacia la continuidad que hacia el cambio. Hasta el
momento, no ha habido una sola declaración que nos haga suponer un giro estratégico.
5
En cuestión de diez años -de 2001 a 2011-, el gasto público en seguridad se multiplicó por
2,5 al ascender de 70.241,2 a 176.878,2 millones de pesos (véase gráfico 1). Para que el
lector pueda poner en perspectiva la magnitud de esta cifra, resulta pertinente mencionar que
se trata de un presupuesto que rebasa en 71.564,3 millones de pesos los fondos de la
Secretaría de Salud y que es 2,2 veces mayor que la partida que recibió la Secretaría de
Desarrollo Social -80.267,4 millones de pesos-.
En cuanto a la plantilla de la Policía Federal -antes Policía Federal Preventiva-, ésta también
registró un crecimiento importante. En el mismo periodo de tiempo, el número de agentes
pertenecientes a esta institución se multiplicó por 3,3 al pasar de 10.241 a 34.646 (véase
gráfico 2).
Nos hallamos ante cantidades exorbitantes que, sin embargo, no guardan relación con los
resultados hasta ahora obtenidos. México atraviesa la crisis de violencia más grave de las
últimas décadas; y es que, no sólo nos enfrentamos al hecho de que se cometen más delitos
que antes, sino que además tenemos que éstos son cada vez más violentos (CIDAC, 2012).
Por proporcionar algunos ejemplos, de 2006 a 2010, las denuncias por secuestro y extorsión
aumentaron 18 y 7 veces, respectivamente; y los fallecimientos atribuidos a la guerra contra
el narcotráfico son tantos, y tan poco favorables para el gobierno, que la Presidencia de la
República ha dejado de actualizar la base de datos -el último informe publicado corresponde
a septiembre de 2011- (véase gráfico 3).
5.
Conclusiones
Los retos en materia de seguridad que afronta México no se superarán a base de
incrementar la cantidad de recursos económicos y/o humanos. Estas medidas por sí solas no
constituyen una estrategia válida. La solución tampoco está en la habilitación de nuevas
organizaciones que encaren lo que otras no pudieron. Los gobernantes deben entender y
asumir cuanto antes que la respuesta a los graves problemas que experimentamos radica
principalmente en un ejercicio serio y profundo de reingeniería y fortalecimiento institucional.
Desafortunadamente, la historia moderna de las fuerzas de seguridad pública del país está
construida a base de huídas hacia adelante. Durante décadas enteras, la política de Estado
referida a este rubro ha descansado en una cadena interminable de procesos de creación y
extinción de cuerpos. Los mexicanos hemos asistido al nacimiento, desarrollo, consolidación,
deterioro y posterior desarticulación de numerosas corporaciones. Si hacemos un breve
repaso por las que han sido las principales organizaciones encargadas de velar por el orden
y la paz públicos, identificaremos con claridad cuál ha sido la tendencia.
En enero de 1999, todavía bajo el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se articuló la
Policía Federal Preventiva -PFP- con los recursos humanos, materiales y financieros de las
policías administrativas de Migración, Fiscal Federal y Federal de Caminos -PFC-. Este paso
se anunció como una manera de mejorar orgánica y funcionalmente los servicios de
seguridad pública a cargo de la Federación; pero en el fondo, a nadie se le escapaban los
importantes problemas de corrupción que habían erosionado las estructuras de los cuerpos
citados.
6
En noviembre de 2001, a principios del gobierno de Vicente Fox Quesada, se creó la Agencia
Federal de Investigación -AFI- como sustituta de la Policía Judicial Federal -PJF-.
Aprovechando el presupuesto y la estructura orgánica y funcional de la PJF, la AFI nació
como parte de la política pública que buscaba transitar de un modelo de policía reactiva a un
modelo de policía investigadora. Sin embargo, el punto que provocó este cambio fue el
enorme descrédito por corrupción que a finales de la década de los noventa alcanzaron los
agentes de la PJF.
En octubre de 2008, como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Delincuencia,
Felipe Calderón Hinojosa puso bajo un solo mando tanto a la PFP como a la AFI para dar
paso a un nuevo cuerpo llamado Policía Federal -PF-. La explicación oficial decía que, en
sus nueve años y cinco meses de vida, la PFP no había logrado constituirse en una
institución sólida, punto de referencia, modelo y evidencia del compromiso federal en la
cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia (Cámara de Diputados, 2008).
No se mencionó que la PFP enfrentaba un grave proceso de descomposición, entre otras
causas, provocado por el ingreso de mandos de policía corruptos que pertenecían a
sociedades criminales -como La Cofradía o La Hermandad- formadas en la PFC y cuya
presencia se extendía prácticamente por todo el país. En cuanto a la AFI, la Procuraduría
General de la República -PGR- informó que 1.500 de los 7.000 agentes de esa corporación
estaban bajo investigación por sospecha de actividad criminal y que 457 agentes se
enfrentaban a cargos criminales.
En 2008, puesto que la PF seguía sin estar preparada para cumplir con su tarea, se abrió el
paso a la intervención del Ejército y la Marina en la lucha contra el narcotráfico.
Las fuerzas militares no son las más apropiadas para combatir el crimen organizado. El
hecho de que el presidente saliente recurriera a ellas no significa que ésta pueda ser una
estrategia prolongable en el tiempo. La irrupción en los medios de comunicación de casos de
corrupción por narcotráfico en la cúpula del Ejército (véase Prados, 2012, mayo 18) y las
crecientes denuncias interpuestas por presuntas violaciones a los derechos humanos, han
empezado a afectar la históricamente buena reputación de la institución.
Finalmente, ahora que la sociedad pide sacar a los militares de la calle y devolverlos a los
cuarteles, Enrique Peña Nieto propone la creación de una Gendarmería Nacional.
Ciertamente, esta propuesta se erige como una alternativa a la militarización del conflicto; no
obstante, la vaguedad de la información con la que se cuenta hace dudar de si no se tratará
simplemente de un nuevo cambio de uniformes.
Nota adicional: el 25 de julio de 2012 -siete días antes de remitir esta ponencia-, se anuncia
la creación de la Policía Federal Ministerial -PFM- en sustitución de la AFI. Mientras el titular
de la nueva corporación insiste en que no se trata sólo de un lavado de cara, sorprende que
las notas informativas hablen exclusivamente del cambio de nombre, logotipo y uniformes:
“…los elementos de la nueva Policía Ministerial vestirán de civiles en tanto se les entreguen
los nuevos uniformes” (Domínguez, 2012, 25 julio).
7
Una de las novedades que se introducen es que la PGR filmará todos los operativos y
cumplimientos judiciales que realice la organización. Esto -según se afirma-, para evitar
abusos policiales como los denunciados en 2010, donde presuntamente seis agentes de la
AFI mataron a golpes a un detenido.
Este círculo vicioso en el que nuestras fuerzas de seguridad pública han entrado debe
romperse. La lucha integral contra la corrupción policial es una tarea que no puede seguir
postergándose. Es una labor ardua, quizás la más difícil y lenta de todas, pero es el único
camino. Es verdad que “la modernización policial en la mayoría de los casos pasa por el
incremento de recursos […] pero lo que debe ser a toda costa evitado es que esos recursos
fluyan para repetir los esquemas que no han funcionado.” (López Portillo, 2008). De poco o
nada servirá incrementar los activos económicos y/o humanos en organismos permeados y
minados por la corrupción. Esto puede incluso resultar contraproducente.
La profesionalización de las corporaciones policiales debe priorizarse; pero, para ello,
debemos empezar por solventar algunos problemas que se han ido desarrollando a lo largo
de estos años. Veamos:
En principio, nos encontramos ante el hecho de que en México se vive una incumplida
profesionalización formal de las organizaciones policiales. Existen normativas que regulan
aspectos como la carrera policial y la profesionalización de los agentes; sin embargo,
tenemos que éstas no se cumplen o no se cumplen en su totalidad. En agosto de 2011, 24
de las 32 entidades federativas habían incluido en su legislación el SIDEPOL pero sólo 10
contaban con un servicio profesional de carrera policial (Arellano & Álvarez, 2011).
Contar con el correspondiente marco legal -aunque condición necesaria- no puede constituir
un fin en sí mismo, la meta debe ser tener un sistema policial integrado por personas que, en
el cumplimiento de su trabajo, se conduzcan bajo los valores de la legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto por las garantías constitucionalmente
reconocidas. No se profesionaliza por decreto, la profesionalización es mucho más que un
acto, es un proceso sostenido en el tiempo.
Por otro lado, tenemos la cuestión de que la profesionalización debe ser entendida como un
proceso integral y no como algo específico del capital humano. Resulta importante asimilar
que no se podrá profesionalizar al personal si no se profesionaliza primero a las
organizaciones en las que éste se inscribe.
Jerome Herbert Skolnick y James Fyfe -destacados criminólogos estadounidenses- decían
sobre la corrupción en los cuerpos de policía: “…puede haber algunas manzanas podridas,
pero por lo general, es el barril en sí el que está podrido”. De esta forma, poco servirá
capacitar y profesionalizar a los agentes policiales si en sus instituciones siguen imperando
reglas y prácticas informales que se imponen a los procesos formalmente establecidos.
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El trabajo de la antropóloga Elena Azaola (2006) nos proporciona un buen ejemplo de esto. A
través de entrevistas realizadas a policías preventivos del Distrito Federal, podemos acceder
a preocupantes testimonios que nos hablan -entre otras muchas cosas- de la perversión de
los procesos de capacitación:
“En el curso de actualización, los compañeros empezaron a pagar a los instructores a
cambio de aprobar las asignaturas. La cantidad era de 700 pesos mensuales. De ese modo
obtuvieron altas calificaciones.” (p. 83).
“Los mandos superiores no dejan que los jóvenes con preparación académica ocupen los
puestos de mando, pues a ellos no sólo les ha costado años de servicio, sino también dinero,
y no les parece que uno ascienda sin haber pagado el precio.” (p. 87-88).
“La corrupción dentro de la policía es un mal que no se puede exterminar. Es más fácil que
uno caiga en el juego a que haga cambiar a una persona que está dentro de él. No se puede
remar contra corriente. La corrupción está muy arraigada.” (p. 90).
La profesionalización debe funcionar, pues, a dos niveles: el organizativo y el humano.
Ambas estrategias deben existir y tener coherencia entre sí. De lo contrario, el alcance de la
profesionalización del personal será reducido y estará avocado al fracaso.
Dicho esto, considero que el mayor reto es el de asumir el carácter político de cualquier
proceso de profesionalización de la función pública. Y es que, como acertadamente advierte
Luis Aguilar (2003, p. 12): “el establecimiento del servicio público de carrera es un proceso
político, por cuanto su implementación y su resultado es una distribución de poder y de
recursos”.
La histórica relación Estado – policía ha estado caracterizada por un férreo clientelismo
cuyos costos seguimos padeciendo hoy en día. Durante décadas enteras predominó un
sólido acuerdo de lealtad mantenido mediante la negociación de compromisos y beneficios
mutuos entre quieres representaban a la policía y quienes representaban al poder (López
Portillo, 2000). En palabras de Marcelo Fabián Saín (2007 citado en Arellano, 2008, p. 6) “el
principal cliente de la policía era el Estado, no la población, no los habitantes, no las
personas.”
Desde hace tiempo se intenta transitar hacia un nuevo modelo policial que permita que
nuestras fuerzas de seguridad pública puedan responder a las necesidades sociales con una
verdadera actitud de servicio. No obstante, las reminiscencias de aquella forma de operar
siguen mermando las posibilidades de cualquier intento por avanzar.
Estudios confidenciales de la Secretaría de Seguridad Pública apuntan a la existencia de
altos niveles de corrupción e impunidad concentrados en lo más alto de la escala jerárquica
policial (Gutiérrez, 2005, julio 31).
9
Bajo esta lógica, el punto débil de las corporaciones policiales de nuestro país no se ubicaría
en los agentes pertenecientes a la escala básica, sino en unos cuantos funcionarios de alto y
medio rango que concentran el poder y que se resisten al cambio en tanto que éste es
percibido como una amenaza, como un elemento desestabilizador que hace peligrar -por un
lado- la forma de hacer las cosas en las instituciones y -por otro- las relaciones de poder en
ellas establecidas (Ramió, 1999).
Ante este escenario, resulta crucial que los gobernantes detenten una verdadera voluntad
política que no tenga reparos en afectar a los intereses de los diferentes grupos que, desde
dentro y fuera de las organizaciones policiales, se empeñan en mantener sus cuotas de
poder. En tanto esto no suceda, la profesionalización de la policía en México seguirá siendo
una tarea inconclusa y la política de seguridad pública seguirá siendo nuestro talón de
Aquiles.
Bibliografía
Aguilar, L. (2003). Profesionalización del servicio público en México: hacia la innovación y la
democracia. México, D.F.: Universidad Iberoamericana.
Arellano, E. (2008). Instituciones policiales: situación y perspectivas de reforma. México,
D.F.: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Arellano, E. & Álvarez, F. (2011). Cuerpos policiales y los retos de la coordinación nacional
[en línea]. Reporte CESOP, 48, 3-15. Extraído el 24 de julio de 2012 desde
http://www.diputados.gob.mx/cesop/.
Azaola, E. (2006). Imagen y autoimagen de la Policía de la Ciudad de México. México, D.F.:
Ediciones Coyoacán.
Bañón, R. & Olmeda, J. (1985). El estudio de las fuerzas armadas. En R. Bañón & J. Olmeda
(Comp.), La institución militar en el Estado contemporáneo (pp. 13-61). Madrid: Alianza
Editorial.
Cámara de Diputados (2008). Iniciativa de ley por la que se expide la Ley de la Policía
Federal. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 21 de octubre de 2008.
CIDAC (2012). Ocho delitos primero: índice delictivo CIDAC [en línea]. Extraído el 18 de julio
de 2012 desde http://www.cidac.org/esp/uploads/1/8DELITOS_09Feb.pdf.
Domínguez, R. (2012, julio 25). AFI desaparece y se crea la Policía Federal Ministerial.
Azteca Noticias [en línea]. Extraído el 30 de julio de 2012 desde
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/123768/afi-desaparece-y-se-crea-lapolicia-federal-ministerial.
Foreign Policy (2012). Índice de Estados Fallidos 2012 [en línea]. Extraído el 4 de julio de
2012 desde http://www.fp-es.org/2012-indice-de-estados-fallidos.
Gutiérrez, A. (2005, julio 31). PFP: mafias intocables. Proceso [en línea]. Extraído el 25 de
julio de 2012 desde http://www.proceso.com.mx/?p=228421.
Infobae América (2011, noviembre 1). Felipe Calderón: “no tenemos policía confiable”.
Infobae América [en línea]. Extraído el 4 de julio de 2012 desde
http://america.infobae.com/notas/37001-Felipe-Calderon-No-tenemos-policia-confiable.
López Portillo, E. (2000). La policía en México: función política y reforma. México, D.F.:
Insyde.
López Portillo, E. (2008). El gasto en seguridad pública [en línea]. Extraído el 23 de julio de
2012 desde http://www.insyde.org.mx/images/ventana_elpv_2.pdf.
10
Méndez, E. (2012, mayo 10). Soldados y Marinos integrarían la Gendarmería Nacional: Peña
Nieto. La Jornada [en línea]. Extraído el 10 de julio de 2012 desde
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/10/politica/007n2pol.
México Evalúa (2010). SIIS: Sistema de índices e indicadores en seguridad pública [en línea].
Extraído el 16 de julio de 2012 desde http://www.mexicoevalua.org.
Prados, L. (2012, mayo 18). Golpe histórico al Ejército mexicano. El País [en línea]. Extraído
el
19
de
julio
de
2012
desde
http://internacional.elpais.com/internacional-/2012/05/18/actualidad/1337304528_94391
2.html.
Ramió, C. (1999). Teoría de la organización y administración pública. Madrid: Tecnos.
Roldán, N. (2011, agosto 4). Ordena el IFAI revelar examen de confianza de mandos
federales. Milenio [en línea]. Extraído el 30 de julio de 2012 desde
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9003412.
Romero, C. (2012, julio). ¿Se puede luchar contra la corrupción policial? El caso mexicano.
Ponencia presentada en el I Congreso Internacional en Gobernanza y Asuntos Públicos
del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, Madrid, España.
Sandoval, F. (2012, julio 13). Con charola 27 mil policías y mandos no aptos para el servicio.
Animal Político [en línea]. Extraído el 30 de julio de 2012 desde
http://www.animalpolitico.com/2012/07/con-charola-27-mil-policias-y-mandos-no-aptospara-el-servicio/.
Secretaría de Seguridad Pública (2008). Nuevo Modelo Policial Federal. México, Distrito
Federal: Autor.
Senado de la República (2010). Iniciativa de decreto por el que se reforman diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al
establecimiento del Mando Único Policial. Gaceta Parlamentaria del Senado de la
República, 7 de octubre de 2010.
Reseña biográfica
Claudia Bernardette Romero Guerrero es Licenciada en Ciencia Política por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México (ITESM
CCM); Maestra en Gobierno y Administración Pública con especialidad en Dirección y
Organización por la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Candidata a Doctora en
Ciencia Política por la misma institución con la tesis “Estrategias de combate a la corrupción
en la Policía Federal Preventiva de México, 1999-2009” bajo la dirección del Catedrático
Rafael Bañón i Martínez; Investigadora Asociada del Instituto Complutense de Ciencia de la
Administración (ICCA); y Becaria en el extranjero del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México (CONACYT). Sus líneas de investigación activas incluyen la
prevención, el control y el combate a la corrupción policial; el rediseño organizativo; y la
modernización y profesionalización de cuerpos de seguridad pública.
Datos de contacto:
Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA)
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Campus de Somosaguas, C.P. 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Teléfono: +34 635 258 912
[email protected] / www.incca.es
11
Cuadros, tablas y gráficos
Gráfico 1. Gasto público en seguridad. México, 2001-2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Presupuestos de Egresos de la Federación,
utilizando como base metodológica la propuesta de México Evalúa (2010).
Gráfico 2. Personal de la Policía Federal (antes PFP). México, 2001-2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI.
12
Gráfico 3. Fallecimientos atribuidos a la guerra contra el narcotráfico.
México, dic. 2006-sep. 2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de Presidencia de la República.
13

La profesionalización de los cuerpos policiales en México: una

Transcripción

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