crimen organizado en la argentina

La
Otra
Trama
CRIMEN
ORGANIZADO
EN LA
ARGENTINA
Aportes y recomendaciones
para la toma de decisión
pública.
INFORME DE POLÍTICA PÚBLICA
Enfoque y mensajes clave
1. Abordaje integral
Promover desde la política pública un abordaje integral a la problemática del crimen organizado, que no se base únicamente en la identificación de delitos específicos y sus autores sino en el tratamiento
multidimensional que se requiere.
2. Abordaje multisectorial
Dado que la criminalidad organizada es un fenómeno interméstico, las medidas contra el CO deben estar guiadas por una
visión, multi-agencial y multi-nivel del problema. La salud, la
educación, las políticas sociales y de empleo, el acceso a bienes
culturales e incluso la diplomacia y la regulación financiera son
tan relevantes como la intervención de la justicia y las fuerzas
de seguridad a la hora de combatir organizaciones criminales
complejas. A su vez, se hace necesario promover una “gobernanza multinivel” que comprenda políticas en los planos local,
nacional, subregional, regional y global, y altos niveles de coordinación estratégica, particularmente entre el gobierno federal y
los gobiernos provinciales, de quienes dependen las cuestiones
ordinarias de seguridad pública.
3. Fortalecimiento Institucional
Fortalecer las instituciones estatales y su accionar. En la dimensión interna esto contribuye a evitar la ocupación de los vacíos
de poder y la cooptación de instituciones estatales débiles por
parte del crimen organizado. En la dimensión externa esto implica ocupar y recuperar territorios en los que la ausencia del
estado ha permitido su ocupación por parte las bandas criminales.
4. Reinserción de las víctimas
Promover que el Estado se ocupe de la efectiva y plena reinserción social de las víctimas del crimen organizado, en articulación
también con la sociedad civil y el sector privado, generando así
un compromiso compartido de la sociedad.
5. Persecución de la criminalidad organizada
Promover políticas de seguridad humana y desarrollar políticas
de Prevención social, operativa y situacional son medidas claves
para la persecución del crimen organizado. No implica dejar de
lado medidas reactivas, ni que las únicas políticas válidas deban
ser de índole social, sino buscar un equilibrio entre el accionar
operativo y el preventivo, promoviendo la inclusión social y garantizando el pleno goce los Derechos Humanos.
6. Monitoreo y control de Políticas Públicas
Editores:
Equipo de la Fundación Cambio Democrático:
Ana Cabria Mellace – Directora – Comité Ejecutivo
Ignacio Asis – Coordinador de la línea de Fortalecimiento de las
Instituciones Democráticas
Fortalecer el sistema de estadística criminal en Argentina, desarrollar indicadores para medir los niveles de violencia y de
avance del crimen organizado que sean abiertos, transparentes
y comunes para toda la región y generar procesos de monitoreo
y evaluación para las políticas públicas vinculadas a través de un
Observatorio de Políticas de Seguridad con un enfoque interdisciplinario y profesional, y con una conformación pluripartidaria
y diversa, que se erija como un insumo para la toma de decisiones desde un enfoque de Seguridad Humana/Ciudadana.
1
RESUMEN
EJECUTIVO
La criminalidad organizada se ha constituido, sin lugar a dudas,
como una problemática creciente que merece cada vez
mayor atención por parte de los actores públicos, privados y de
la sociedad civil argentina.
Algunos especialistas como Carrillo-Flores (2007) sostienen que los
costos vinculados al Crimen Organizado para Latinoamérica varían
ente un 2 y un 15% del PBI de los países1. Además, la violencia
que trae aparejado el delito también tiene amplios costos directos
sobre la policía, el sistema de salud, el sistema de justicia criminal,
la vivienda, los servicios sociales y los derechos humanos, y costos
indirectos en la salud, la economía y la sociedad (Buvinic, Morrison
y Shifter, 1999). Igualmente relevantes es el efecto que el crimen
organizado acarrea sobre la democracia en general y sobre las
instituciones en particular, erosionando además la confianza de la
ciudadanía y el desarrollo humano.
Así, el tema del crimen organizado ha entrado de manera preponderante en la agenda política y en la opinión pública argentina. Esto se debe a una multiplicidad de factores entre los que se
destacan dos. En primer lugar, las reiteradas encuestas que muestran el incremento de la violencia y de los niveles de inseguridad
en algunas zonas del país que derivó, durante la última década, en
que la principal preocupación ciudadana haya sido la inseguridad,
escoltada en los últimos años por la inflación2. En segundo lugar, y
muy asociado a lo anterior, debe mencionarse a la creciente atención que los medios de comunicación le vienen otorgando a los
temas de inseguridad y de crimen organizado, fundamentalmente
al narcotráfico.
Sin embargo, son muy pocos los estudios que se focalizan en la
delincuencia organizada en Argentina. La literatura sobre esta
temática siempre se ha centrado en países como los centroamericanos o Colombia y México, por la relevancia de estos temas en
esos países. En ese sentido, el presente documento toma como
referencia las lecciones aprendidas en el ámbito internacional
pero se enfoca principalmente en el caso argentino, intentando
proporcionar recomendaciones clave que aporten y fortalezcan a
las políticas públicas en la materia.
¿Qué es exactamente el Crimen Organizado y qué tipo de delitos
implica?, ¿Es la criminalidad organizada en Argentina un problema
de gravedad tal que amerita que actores públicos, privados y de
la sociedad civil le dediquemos buena parte de nuestros esfuerzos?, ¿Qué sabemos de la situación actual de esta problemática
en nuestro país?, ¿Cuáles son las consecuencias del accionar de
las redes que operan en la Argentina?, ¿Cualquier política pública
contra el crimen organizado debe ser bienvenida?, ¿Cuentan las
instituciones públicas de nuestro país con las condiciones de funcionamiento adecuadas (normativas, de diseño, de recursos, etc.)
para ser los actores del cambio que la situación actual demanda?
y, quizás la más importante, ¿Qué podemos hacer?
Estas son algunas de las preguntas a las que intentaremos dar
respuesta en las próximas hojas.
2
¿QUÉ ES EL
CRIMEN
ORGANIZADO?
La complejidad, las manifestaciones múltiples y la ilicitud del crimen organizado hacen que su definición no sea una tarea sencilla, y por ello no suele haber consenso respecto de la misma. No
obstante, dentro de las definiciones intensivas, y desde una
perspectiva jurídica, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), brinda la siguiente
definición en su artículo 2:
“Por ‘grupo delictivo organizado’ se entenderá un grupo estructuraado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que
actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indifrectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.” (ONU, 2004).
En términos generales, puede aseverarse que un grupo dedicado
al crimen organizado, posee, al menos, las siguientes características de la delincuencia “común”:
•Su fin es el ánimo de lucro: si bien quienes integran bandas
criminales pueden influenciar al poder político y social, su objetivo no es otro que la obtención y distribución entre sus miembros
de recursos materiales Rojas Aravena (2008).
•El medio para alcanzar el fin es el desarrollo de actividades ilícitas: si bien se centran en acciones ilegales, no debe
descartarse que muchos grupos posean fuertes interconexiones
con empresas u otras organizaciones lícitas.
•Temporalidad: se entiende que un grupo dedicado al crimen
organizado debe tener cierta continuidad en el tiempo y constancia en el desarrollo de sus actividades.
•Estructura: todo grupo dedicado al crimen organizado establece líneas de operaciones basadas en un sistema complejo
de tipo empresarial y tiene algún tipo de organización que le
permite constituirse con cierta estructura. Rojas Aravena (2008).
Ello, sumado al alto riesgo que implica, hace necesario generar
lazos de confianza –usualmente por medio de la existencia de
vínculos familiares, étnicos o socioculturales que brindan una
identidad común- o, de no ser posible, de coerción, que aseguren la fidelidad de los miembros3. Un informe de la UNODC
(2012), sintetiza los distintos patrones de organización delictiva en los siguientes tipos: lazos familiares; mafias; pandillas;
modelos mixtos con participación de miembros ajenos al grupo;
grupos con conexiones con organizaciones terroristas o paramilitares, células y redes complejas. Algunas de las estructuras
usualmente más difundidas en Latinoamérica son los denominados “carteles”, que suelen manejar porciones de territorio, y las
“Bacrim” o bandas criminales, típicas de Colombia. No obstante,
como se verá más adelante, estas no son las modalidades habituales de organización en Argentina.
•Altos niveles de sofisticación: suele caracterizarse por métodos y técnicas sofisticadas y, en ocasiones, estandarizadas. Esta
elevada sofisticación va de la mano de una alta capacidad de
mutabilidad, pues dado que las organizaciones criminales no se
rigen por normas formales, no padecen una dependencia de la
trayectoria fuerte, haciendo que puedan cambiar y transformarse
de manera mucho más rápida que las instituciones estatales.
Más allá de estas características necesarias, hay toda otra serie
de peculiaridades que, si bien no siempre están presentes en la
delincuencia organizada, sí son muy frecuentes:
3
•Violencia: la violencia directa o violencia física es usual en las
actividades de los grupos criminales, sin embargo, no siempre
la emplean. Inclusive ciertos estudios intentan demostrar que
los grupos criminales tratan de reducir al máximo los niveles de
violencia con el objetivo de disminuir la visibilidad pública y, por
ende, la presión estatal (Kessler, 2011). De cualquier modo, aun
cuando las circunstancias permiten que los niveles de violencia efectiva a los que recurren estos grupos sean bajos, éstos
siempre operan bajo la lógica de una violencia latente, o indirecta que amenaza con aparecer cuando ello resulte necesario
(pueden producir temor en la sociedad -e incluso en los operadores estatales- aun en períodos en que no recurren materialmente a la violencia).
•Corrupción: casi cualquier organización delictiva de envergadura posee al menos algún vínculo con las esferas estatales,
principalmente con funcionarios públicos o aquellos agentes encargados de hacer cumplir la ley mediante el potencial uso de la
fuerza, como policías u oficiales penitenciarios. El desarrollo de
actividades delictivas de gran tamaño sería imposible sin estos
vínculos de complicidad, que se ven facilitados por los altos niveles de ganancia que estas actividades suelen poseer.
•Lavado de Dinero: las enormes ganancias que producen las
actividades vinculadas al crimen organizado requieren de otras
actividades que sirvan para hacer pasar ese dinero por lícito casi
de manera inexorable, y por supuesto esta cuestión se asocia
muy fuertemente con la corrupción.
•Dimensión transnacional: las actividades delictivas organizadas adquieren cada vez más un carácter transnacional, pues los
grupos suelen operar de manera simultánea y coordinada en
diferentes países, tanto de una misma región como del globo
entero. En este sentido es que ha surgido el concepto de “Crimen Organizado Transnacional”, y la problemática es cada vez
más aprehendida como una cuestión “interméstica”, es decir,
que abarca tanto dimensiones domésticas como internacionales.
Rojas Aravena (2008)
Resulta pertinente repasar cuáles son las tendencias más recientes en lo referente al crimen organizado en América. Bagley
(2012), identifica ocho puntos clave desde el comienzo del siglo
XXI, el repaso de cuatro de ellos servirá para introducir algunos
conceptos teóricos:
1. Globalización del consumo de drogas, pues si bien
Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor, la brecha
con el resto del mundo se acorta. En particular en lo que respecta a la cocaína (Bagley, 2012).
2. “Victorias parciales” en la Guerra andina contra las
drogas Bagley (2012). Esto se da porque han provocado el
desplazamiento de la producción más que su finalización4.
3. “Efecto globo”, concepto que refiere al hecho de que
cuando se presiona con políticas represivas a una zona, el
crimen organizado se traslada a otra zona muy rápidamente,
como al presionar un globo en una de sus puntas el aire se
desplaza hacia el otro extremo.
4. “Efecto cucaracha”, que refiere a la tendencia de las
organizaciones criminales a fragmentarse y dispersarse. Las
organizaciones de menor tamaño y con cabecillas menos
identificables suelen ser más difíciles de desmantelar que las
grandes organizaciones con un líder visible.
4
¿CUÁLES
SON LAS
CONSECUENCIAS
DEL CRIMEN
ORGANIZADO?
1. Crimen organizado y corrupción
Si bien el consenso respecto de la definición de crimen organizado
es escaso, casi todas las definiciones coinciden en incluir, ya sea
como una característica necesaria o complementaria, a la corrupción como una peculiaridad (Finckenauer, 2005).
actores de la economía legal y la ilegal. Otra manera en que las
empresas pueden ingresar a esta coalición del crimen es actuando
como articuladoras o centros físicos en las que se perpetran distintas modalidades delictivas5.
Las relaciones entre el crimen organizado y la corrupción son múltiples y complejas. Por un lado, la corrupción funciona como catalizadora del crimen organizado (Chêne y Hodess, 2008): en las
sociedades altamente corruptas existen pocas oportunidades de
progreso en el marco legal y la corrupción impide el desarrollo y
el crecimiento económico, por lo que el crimen organizado suele
representar una alternativa de empleo, principalmente para los
jóvenes excluidos de los procesos económicos (Shelley, 2004).
En cuanto a las policías, los tipos de corrupción más comunes se
identifican con extorsiones, que implican el pago de un soborno
a cambio de no proseguir una investigación criminal, de no hacer
un arresto o no efectuar incautaciones (Center for the Study of
Democracy, 2010). También se destaca la protección de actividades ilegales, garantizando su continuidad, a cambio de retribuciones económicas, el bloqueo de las investigaciones y la acción
criminal directa, en la cual el agente policial se inmiscuye de
manera inmediata en las actividades criminales (Center for the
Study of Democracy, 2010). Por último, la venta de información
confidencial y la cooperación logística (Van de Bunt, 2004).
Pero por otra parte, la corrupción también actúa como facilitadora
del crimen organizado (Chêne y Hodess, 2008), porque los grupos dedicados a la criminalidad compleja logran operar con mayor
seguridad gracias a las alianzas con los agentes del orden y gubernamentales, obtener impunidad por la acción coordinada con
el Poder Judicial y blanquear dinero mediante la corrupción de las
entidades financieras.
Los autores distinguen tres niveles en las que las organizaciones
criminales se infiltran en el sector público:
•
Actos esporádicos y/o regulares de soborno para obtener ciertas autorizaciones, información, protección, evitar
castigos o facilitar el desarrollo de actividades ilegales.
•
Infiltración en agencias gubernamentales y las fuerzas de seguridad.
•
Infiltración en la arena política con el objetivo de influenciar la generación de normas y la toma de decisiones judiciales.
En este sentido, se erige lo que Juan Gabriel Tokatlián ha denominado como “la triple P”, el entrelazamiento entre pandillas, policías y políticos conformando una “coalición del crimen”
(Tokatlián, 2011) que ha logrado mayor autonomía, sofisticación y
violencia en los últimos años, siendo una alianza redituable para
cada uno de ellos. Las pandillas necesitan zonas liberadas y protección para actuar ilegalmente; los cuerpos policiales, por su parte,
permiten el despliegue territorial de los grupos criminales avalando
la impunidad y a cambio se nutren de recursos de la clandestinidad y los políticos se benefician de las transacciones ilícitas y se
despreocupan de impulsar medidas para controlarlas. Además, la
política, como el narcotráfico, es territorial, es por eso que los mismos grupos que suelen actuar en el ámbito político actúan también
en redes criminales, fundamentalmente asociadas al narcotráfico.
En muchas ocasiones los mismos grupos son empleados para
ejercer la violencia por grupos criminales y por políticos.
Puede hablarse incluso de una “cuádruple P”, pues el sector privado también forma parte en muchas ocasiones de una sociedad
dedicada a actividades criminales, dado que muchas veces empresas legales actúan en distintos procesos relacionados con la
criminalidad organizada, por ejemplo a través del lavado de dinero.
El involucramiento del sector privado puede darse mediante la presencia de empresas cuyos propietarios son personas que también
conducen emprendimientos ilegales, o mediante alianzas entre
Factores que favorecen la corrupción policial, según Newburn (citado por Center for the Study of Democracy, 2010):
1. El contacto constante con los criminales y la discreción, puesto
que si bien la misma se erige como una característica propia
de las actividades policiales, a la vez favorece los vínculos
ilícitos.
2. La escasa visibilidad pública de las actividades policiales, en
conjunto con una cultura entre policías que suele estar caracterizada por la solidaridad interna y por ende, por la complicidad al menos implícita ante actividades ilegales, favoreciendo
una especie de “secreto organizacional”.
3. Precarización laboral que se refleja en los escasos salarios de
los oficiales policiales, en las abultadas diferencias salariales
entre las cúpulas y los agentes de bajo rango, en la cantidad
de horas de trabajo y en el deterioro de la salud física y mental, sin considerar siquiera la ausencia de cualquier tipo de
mecanismo de representación de los trabajadores policiales7
(Saín, 201332).
4. La carestía de un adecuado manejo civil y político de las actividades policiales, principalmente a nivel provincial, en donde
muchas fuerzas aún no han atravesado procesos de reforma
serios.
5. El escaso enforcement de la ley también es relevante para
comprender los altos niveles de corrupción, y ya no sólo la
policial.
6. Las tasas de ganancia en las actividades vinculadas al narcotráfico (Amir y Einstein, 2004). Finalmente, debe hacerse
alusión al hecho de que la corrupción policial suele incrementarse cuando se vincula con el mercado de las drogas, puesto
que las tasas de ganancia son mucho más amplias que para
otros delitos. Además, en el combate contra las drogas el uso
de informantes es habitual e incluso muchos policías deben
inmiscuirse, como parte de su trabajo, en el mercado ilegal
del comercio de drogas (Center for the Study of Democracy,
2010).
Continúa en la página 8
5
PRINCIPALES DELITOS DEL CRIMEN ORGANIZADO
2. TRÁFICO DE
1. NARCOTRÁFICO
ARMAS
CARACTERÍSTICAS
• Actividad ilegal más lucrativa a nivel mundial estimando un movimiento de entre
$400.000 y 600.000 millones de U$D.
• América Latina concentra la producción de gran parte de las drogas, en especial la cocaína, y Estados Unidos concentra la demanda, con los valores más altos de consumo.
FACTORES DEL AVANCE EN ARGENTINA
• Gobierno priorizando desde hace muchas décadas la represión de los grupos criminales y
el control social por sobre las estrategias de salud pública, prevención y bienestar.
FACTORES
ESTRUCTURALES
• Incremento de la pobreza y la desigualdad a fines de los 90, continuado por un crecimiento desigual y la fractura de tres agencias de socialización fundamentales:
El trabajo: actualmente más de un tercio del trabajo es informal.
La escuela: Un gran número de jóvenes no concurren a las instituciones educativas y las
escuelas han mutado su función, actuando muchas veces como ámbitos de socialización
primaria más que secundaria, en donde los niños se alimentan antes que educarse.
La familia: Que se ha modificado de manera significativa, con fuerte presencia de familias monoparentales entre los grupos más vulnerables.
• Jóvenes vulnerables a ser reclutados por las organizaciones criminales porque constituyen
una enorme fuente de mano de obra barata. Para ellos, las mismas representan quizá la
salida más directa hacia una fuente de ingresos que, además, en muchos casos es superior
al que podrían tener en otros trabajos, mientras el mercado laboral formal los excluye.
FACTORES
GEOPOLÍTICOS
• El aumento del consumo mundial.
• Deplazamiento hacia aquellos países atractivos económicamente para absorber la demanda creciente pero sin historial de vinculación al narcotráfico ni base de personas
afianzada en esos países. Generalmente implicó un movimiento Norte-Sur y sólo en su
dimensión criminal, centrándose en tres líneas: tráfico y alianzas para la comercialización
al por menor de cocaína; lavado de activos y refugio de cabecillas.
• Aumento del consumo en esos “nuevos” países del Cono Sur (particularmente Brasil
y Argentina), cooptación de ciertos estratos del poder, e incremento de la legitimidad,
sobre todo en los barrios más pobres, donde al Estado le cuesta más llegar y en donde
la geografía de las mismas hace que la llegada de las Fuerzas del orden sea más dificultosa.
FACTORES
INSTITUCIONALES
• Aumento de la demanda por parte de países europeos y africanos, y disminución de
la demanda de cocaína por parte de Estados Unidos, trasladándose la misma hacia las
drogas sintéticas
• El escaso control en las fronteras, tanto en el espacio aéreo como en el terrestre y el
marítimo. Esta situación colaboró primero en la consolidación de Argentina como país de
tránsito y parece fomentar en la actualidad el desarrollo de su etapa productiva.
• El escaso control de la industria química. Argentina es uno de los países de Latinoamérica que posee una industria química con alto desarrollo, y muchos de los precursores
químicos que son empleados en el procesamiento de estupefacientes se encuentran disponibles, para fines lícitos, en el país.
“la importación, exportación, adquisición, venta, entregas, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones desde o a
través del territorio de un Estado Parte
al de otro Estado Parte” si cualquiera de
los Estados interesados no lo autoriza,
conforme a lo estipulado por ese protocolo, o si las armas no son marcadas tal
como lo estipula ese protocolo.”
Protocolo contra la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
CARACTERÍSTICAS
• Segundo negocio ilegal más lucrativo.
• Su principal motor es la existencia de
toda otra serie de delitos que requieren intimidación o violencia para ser
cometidos.
• Prácticamente, la totalidad de las armas de fuego que se comercian de
manera ilegal, pertenecieron alguna
vez al circuito legal. Generalmente,
esto se da a través del: robo de armas
a hogares, desvíos con la complicidad
de funcionarios políticos y policiales y
el “mercado gris” (armas que están en
manos de poseedores legítimos que
las venden por mecanismos ilegales).
• En Argentina el descenso en la cantidad de personal militar originó al menos un exceso de 400.000 armas, de
las cuales cerca de la mitad han sido
encontradas en manos de delincuentes
en las últimas décadas.
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
A. La lucha contra las drogas
• Estrategia que se enfoca en reducir la
oferta de drogas con la idea de que los
precios aumentarán y, en consecuencia, se reducirá el consumo.
• La erradicación de los cultivos ilícitos
no afectó el poder de los traficantes de
drogas ni mejoró las condiciones socioeconómicas de las áreas afectadas.
• El “descabezamiento” de las organizaciones narcotraficantes derivaron
en grandes olas de violencia y la extradición tuvo escasos efectos puesto
que siempre ha surgido alguien dispuesto a reemplazar al extraditado.
6
• La criminalización de toda la cadena
del negocio de las drogas, estigmatiza a
los consumidores y los considera como
criminales, sin brindarles la asistencia
sanitaria que requieren.
• La militarización impactó negativamente en las relaciones entre civiles y
militares, en los derechos humanos y
en los niveles de corrupción.
• “Perjudica al control civil de las FF.AA.,
aumenta el abuso de los derechos humanos y las libertades civiles, afecta la
estabilidad política y democrática, fomenta el descontento popular y, a través
del efecto globo, expande el tráfico de
drogas hacia más países y regiones.
B. Persecución del lavado de activos
• Intenta focalizar en las altas esferas
de las bandas criminales, persiguiendo las ganancias que estas actividades generan, no ya únicamente
desde sus componentes criminales,
sino también desde sus componentes empresariales.
• Implica también crear instituciones
que atenten contra las ganancias de
las bandas criminales.
• Apuntan no solo al crimen organizado sino también a una de sus prin-
3. TRATA DE PERSONAS
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude,
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o
la extracción de órganos.”
Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
CARACTERÍSTICAS
• Tercer negocio ilegal más lucrativo del
mundo, generando ganancias estimadas
en $32.000 millones de U$D
Víctimas
rescatadas
en la
Argentina
(2011)
Fuente de los
ingresos de
la Trata en el
mundo
23%
Allanamientos
realizados por
las fuerzas de
seguridad en
Argentina
15%
Sexo de las
víctimas por
delito en
Argentina
Edad de las
Nacionalidad
víctimas por de las víctimas
delito en
por delito en
Argentina
Argentina
100%
63%
85%
77%
• Las principales corrientes proceden de
países en desarrollo con destino a países más prósperos
37%
0%
Trata Trata
laboral sexual
Trata Trata
laboral sexual
Trata sexual (85%)
Trata sexual (63%)
Mujeres (23%)
Mayores (85%)
Argentinas (63%)
Trata laboral (77%)
Trata laboral (15%)
Trata laboral (37%)
Hombres (77%)
Menores (15%)
Extrangeras (37%)
FACTORES
INSTITUCIONALES
FACTORES DE ÍNDOLE
SOCIAL Y CULTURAL
FACTORES DEL AVANCE EN ARGENTINA
• La pobreza y la falta de oportunidades de inserción social llevan a que miles de personas por año
sean mas fácilmente reclutadas por parte de las organizaciones criminales.
• Los incentivos económicos o las promesas de trabajo hacen que las personas con mayores niveles de carencias sociales sean más proclives no sólo al engaño, sino a asumir riesgos partiendo
hacia posibles trabajos sin la certeza de que sean reales.
• La deserción escolar también contribuye a éste fenómeno, al tener un impacto en la desocupación.
• En el caso de la trata sexual, se agrega muchas veces una concepción de dominación del hombre hacia la mujer que naturaliza la prostitución.
• La ausencia del estado y de sus instituciones en algunas regiones del país ocasiona que muchos
habitantes vivan indocumentados formándose así un núcleo de personas tendientes a ser reclutados sin complicaciones legales
• La complicidad de policías y esferas estatales.
• La elevada tasa de empleo en negro es sin duda una ventaja para encubrir casos de trata
laboral.
C. Las unidades de policía pacificadora
• En Argentina, se considera que
los principales rubros hacia los
cuales se desvía el dinero proveniente de los grupos criminales y en particular del narcotráfico, son el inmobiliario,
el de la construcción, el de
clubes nocturnos y el de concesionarios de automotores
1.
Actos de terrorismo
2.
Contrabando de bienes
y servicios diversos
3.
Ejecuciones de
funcionarios públicos
4.
Extorsión
5.
Falsificación de dinero/bonos/valores
6.
Falsificación de documentos
7.
Fraudes de tarjeta de
crédito
8.
Homicidos calificados
9.
Infiltración patrimonial
10. Lavado patrimonial
Trata Trata
laboral sexual
Trata sexual (23%)
cipales actividades conexas: la
corrupción.
OTROS
DELITOS
Experiencia en las favelas de Río de Janeiro. Se
diferencian de los modelos de policiamiento
típicos en el propósito de ocupación territorial
permanente sin plazos temporales estipulados y un enfoque de reducción de la violencia armada
originada por el accionar de las organizaciones
criminales en lugar de la clásica postura vinculada a la erradicación del tráfico de drogas y la
expulsión de los criminales.
- Efectos negativos: una definición poco precisa
de sus roles. El cuestionamiento de que la policía
ha comenzado a intervenir en todas las dimensiones de la vida social. Abusos por parte de
los policías y situaciones de violencia extrema.
Cuestionamientos sobre la perdurabilidad del
(de dinero y otro tipo de
patrimonios)
11. Lenocinio
12. Lesiones
13. Piratería de productos
diversos
14. Pornografía
15. Robo de vehículos
16. Secuestro
17. Tráfico de cigarros
18. Tráfico de indocumentados
19. Tráfico de material
radioactivo
20. Tráfico de personas
programa. La existencia de un corrimiento
del crimen a zonas donde no intervienen
las UPPs. Cierta falta de compromiso con
la función
+ Efectos positivos: sociabilidad e integración de poblaciones típicamente estigmatizadas. Modificación drástica en el
trato de los policías para con el desarrollo
de los niños y el fomento de la convivencia familiar. La formalización de servicios
básicos para la vida urbana, como los de
distribución de agua y energía eléctrica.
Una mejora en la relación con el gobierno.
Aumento de la participación comunitaria.
La disminución de la estigmatización de
las favelas y la contención de la dinámica
de la violencia.
7
Continúa de la página 5
Entre las agencias estatales armadas que en ocasiones se han
visto entrometidas en vínculos con el crimen organizado, también
se halla el servicio penitenciario. En este caso, las tramas corruptas
suelen tener como fin la continuidad de las actividades criminales
desde el interior de las prisiones o la cooperación para escapes de
las cárceles. Además, los centros penitenciarios también suelen
concentrar a consumidores de drogas, por lo que son un mercado
predilecto para los grupos criminales narcotraficantes (Center for
the Study of Democracy, 2010).
2. Crimen organizado e instituciones
democráticas
Cuando el Estado cede su rol, el interés público termina subordinado al de grupos privados y el funcionamiento pleno de nuestra
democracia se ve amenazado. Las organizaciones criminales corroen y erosionan a las instituciones estatales y de gobierno, ya sea
mediante el desplazamiento del Estado en ciertas zonas, reemplazando de manera no formal sus acciones, o a través de la cooptación y de la corrupción de funcionarios de los diferentes poderes
de gobierno y de los distintos niveles federales. Asimismo, la corrupción producto del crimen organizado sin duda alguna disminuye
la confianza en las instituciones de la ciudadanía, teniendo esto
como corolario un menor nivel de participación en las decisiones
públicas y un respaldo no tan fuerte a la democracia y al Estado de
derecho (Rojas Aravena, 2008).
Esto es así porque la mayoría de las organizaciones criminales organizadas poseen una estructura y un despliegue territorial: intentan monopolizar determinados territorios para maximizar sus
ganancias, y para eso en muchas ocasiones recurren a la violencia
directa. Las bandas requieren un territorio que les brinde la seguridad suficiente para elaborar, transportar y comercializar los bienes
ilícitos, especialmente cuando se abocan al narcotráfico, y al no
existir mecanismos formales de resolución de conflictos, los mismos tienen su desenlace a través de la violencia. En este sentido,
algunas organizaciones criminales ya no sólo cooptan al Estado
para obtener beneficios que les permitan operar libremente, sino
que incluso lo desplazan.
Siguiendo este análisis, es difícil afirmar que en algunas zonas,
generalmente dentro de barrios pobres, sea realmente el Estado
el que ejerce el dominio. Por el contrario, en algunos territorios
el poder de las organizaciones criminales es tal, que su poder no
emerge del ejercicio de la violencia, incluso ganan legitimidad de
las poblaciones, a través de la distribución de los beneficios, lo
que explica como algunos líderes narcotraficantes tienen una doble
cara en la opinión pública.
Desde esta perspectiva, los grandes grupos criminales se desarrollan como sustitutos de las funciones estatales, tanto las vinculadas
a la provisión de bienes públicos, como las relacionadas al poder
sancionatorio (Milhaupt y West, 2000). Por lo tanto, las ineficacias
estatales en esas dos funciones primordiales constituyen un factor
que promueve el crecimiento de organizaciones criminales y las
transforma en lo que Strange (2001) denomina “contra-gobierno
organizado”. En algunos casos extremos, se produce cierta fusión
8
entre el Estado y las organizaciones criminales, de tal manera que
ya no existe un vínculo entre ambos grupos sino una combinación
que no permite distinguir claramente las fronteras entre unos y
otro. En estos casos, la agenda política y la criminal se transforman en una única agenda (Galeotti, 2004). Si bien este no parece
ser el caso argentino en términos generales, no debe descartarse
que sí ocurra en niveles locales de gobierno. En otros casos, los
líderes criminales participan de manera directa de las instituciones
democráticas: quizá el caso más famoso es el de Pablo Escobar, que
llegó ser legislador (Center for the Study of Democracy, 2010).
La cooptación de las instituciones estatales por parte de las organizaciones criminales se denomina como “captura del Estado”, e
implica elevados niveles de corrupción de características sofisticadas a los fines de desviar las políticas públicas para que beneficien
a las organizaciones criminales (Buscaglia y van Dijk, 2003).
Los partidos políticos dependen en gran medida del financiamiento
externo, y eso los hace especialmente vulnerables a la corrupción
Allum y Siebert (2003). Esto descansa en su necesidad de obtener
votos, y es aquí donde se generan dos mecanismos por los cuales
se produce la mayor parte de las conexiones entre crimen organizado y partidos políticos.
En muchos casos en estos procesos, para el caso argentino, se
ven también involucradas las barras bravas de clubes de fútbol,
que suelen estar vinculadas de manera directa a distintas modalidades delictivas y, además, actúan como fuerza de choque para
intimidar.
Pero un segundo mecanismo posee un mayor impacto aunque
menor visibilidad: el financiamiento de campañas políticas por
parte de organizaciones delictivas a cambio de beneficios que les
permitan operar sin mayores dificultades. Se trata de situaciones
de real severidad porque afectan a los estratos más altos de las
esferas políticas, implicando la existencia de niveles de connivencia
que tornan vanos los esfuerzos de niveles inferiores de gobierno en
la lucha contra el crimen organizado.
3. Crimen organizado y derechos
humanos
Independientemente de la filosofía del derecho que se considere,
resulta ineluctable que el crimen organizado afecta fuertemente
al goce de los Derechos Humanos (Schmid, 1995). En particular,
es posible afirmar que la criminalidad compleja impacta al menos
de dos formas sobre los Derechos Humanos. En primer lugar, en
razón de que algunas modalidades de la delincuencia organizada
impactan sobre el humano en sí mismo. En particular, la trata de
personas no respeta la dignidad de las personas, e incluso suele ir
de la mano de torturas y maltratos psicológicos, lo que ha llevado
a que sea considerada como “la forma moderna de esclavitud”
(UNICEF, 2012).
Por otra parte, la criminalidad organizada afecta a los Derechos
Humanos de manera indirecta debido a que emplea a grupos vulnerables como mano de obra, retroalimentando las condiciones
de exclusión y estigmatización social. Además, genera gastos exagerados para las sociedades en la lucha contra la criminalidad,
que implican un costo de oportunidad en medidas para mejorar
las condiciones socioculturales de la población. Asimismo, la inseguridad física y jurídica que el crimen organizado origina, limita
de manera concreta las posibilidades de desarrollo personal de los
ciudadanos.
Finalmente, en muchas ocasiones son las metodologías empleadas
para combatir a la criminalidad organizada las que terminan profundizando la afección a los Derechos Humanos, por medio de
prácticas violentas y estigmatizantes.
Si al perseguir a las bandas criminales se interfieren los derechos,
la principal razón para desarticular a los grupos criminales pierde
su razón de ser. Por ello resulta primordial que el marco conceptual
desde el cual se aborden las problemáticas sociales de inseguridad
sea el de la Seguridad Ciudadana y, dentro de ella, de la Seguridad
Humana, poniendo el foco en el individuo y en sus derechos, protegiendo a la persona de las intervenciones arbitrarias del Estado.
4. Crimen organizado y poder
judicial
La actuación del Poder Judicial es clave a la hora de focalizar la
atención en el crimen organizado. Esto es así porque un Poder
Judicial debilitado puede tornar estériles los esfuerzos de los otros
Poderes en la persecución de las redes de criminalidad organizada:
por más de que existan normas que apunten a estos grupos y que
los mismos sean detectados, detenidos y desmembrados, si no
existen procesos que los juzguen correctamente no sólo podrán
volver a actuar en el futuro sino que además se generarán incentivos para que otros grupos de la misma índole aún no detectados
persistan o incrementen su accionar delictivo.
Los delitos que en general suelen desarrollarse por medio de redes
de criminalidad organizada, son delitos federales, es decir que son
juzgados por el Poder Judicial de nivel federal. Asimismo, las jurisdicciones poseen una Cámara Federal de Apelaciones que actúa
como segunda instancia. La Cámara Federal de Casación Penal, las
Supremas Cortes de Justicia Provinciales y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación actúan como instancias superiores a las que
se puede recurrir con criterios cada vez más estrictos.
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal también cumple un rol
fundamental en el proceso de administración de justicia. Los fiscales que conforman el Ministerio Público tienen la función de defender los intereses de la sociedad, y para eso llevan adelante la
investigación de los delitos, a los fines de que los jueces tengan
únicamente la función de juzgar. A ello se denomina sistema procesal acusatorio. El Ministerio Público Fiscal posee también cinco
procuradurías especializadas creadas en 2013 para los temas de
lesa humanidad, criminalidad económica y lavado de activos, narcotráfico, trata de personas y violencia institucional. Empero, estas
procuradurías no tienen a su cargo causas, sino que solamente
realizan investigaciones preliminares y coadyuvan cuando un fiscal
federal lo requiere.
Por último, a pesar de la competencia federal en la mayor parte de
los delitos, los casos de asociaciones ilícitas que no se vinculen con
esos delitos pueden ser tratados por el nivel provincial.
Narcotráfico y Poder Judicial
Es relevante analizar el comportamiento del Poder Judicial en
cuanto al tratamiento de las causas vinculadas al narcotráfico,
considerando con especial atención a qué tipo de causas le otorga
prioridad, y en desmedro de cuáles lo hace. En esta dimensión,
pueden observase tres aspectos fundamentales:
1. Saturación de los recursos humanos: Observando la cantidad de empleados que hay por cantidad de causas iniciadas
en cada una de las jurisdicciones (juzgados y fiscalías), se
percibe que no necesariamente aquellas más saturadas en la
temática de las drogas lo son también para todos los tipos
penales. Debido a la forma y modo en que se debe trabajar
dentro de un juzgado o fiscalía, las decisiones deben ser suscriptas por el Secretario cada vez que se realiza una medida
investigativa y por el magistrado en aquellos momentos de
decisión (detención, allanamiento, etc.) Por ello, ni siquiera
aumentando el número de empleados se solucionaría completamente el problema de sobrecarga en el personal, ya que
se produce un “cuello de botella” hacia los funcionarios y/o
magistrados.
2. Falta de recursos técnicos calificados para la investigación de delitos complejos: La capacitación es un componente esencial del sistema judicial dado que cualquier ley o
reforma que se intente poner en práctica sólo podrá producir
los resultados deseados a partir de una implementación óptima por parte de los operadores. Sin embargo, la capacitación
permanente y específica para empleados, funcionarios y magistrados en temas de crimen organizado es casi inexistente.
Esto se transforma en un obstáculo casi insorteable a la hora
de lograr investigaciones eficaces dado que impide que el Poder Judicial se adapte a la dinámica cambiante propia de estos
delitos complejos, que continúan desarrollándose mientras se
realizan las investigaciones.
3. Persecución de los consumidores por sobre los núcleos
de poder de las organizaciones delictivas: Los amplios
porcentajes de causas por tenencia, la heterogeneidad en la
jurisprudencia respecto a la penalización de la tenencia de
estupefacientes para consumo personal y la escasa cuantía
de causas por contrabando; muestran que la acción policial,
así como los recursos humanos y financieros, apuntan a los
consumidores y los eslabones más vulnerables de las redes
criminales en lugar de apuntar a los verdaderos cimientos de
la misma. Esta perspectiva no puede hacer más que acrecentar el problema, fundamentalmente cuando la criminalización
del consumo no va acompañada de políticas preventivas y de
rehabilitación.
En fin, tanto las limitadas capacidades de la Justicia Federal para
perseguir al narcotráfico y a otros delitos federales que se sustentan en organizaciones complejas, como los efectos de la desfederalización y de la persecución de los consumidores, confluyen para
lograr dispares resultados en materia de persecución judicial a las
organizaciones criminales y una acción ineficiente y desarticulada
en lo que respecta al juzgamiento de las redes criminales de tal
forma que se logre desmembrarlas.
9
RECOMENDACIONES
1. Políticas judiciales
A. Crear fiscalías especializadas en Crimen Organizado más
que a tipologías delictivas específicas, según análisis de regiones más necesitadas y nombrar jueces abocados a tal
cuestión que cuenten con las garantías propias que su función requiere, además de llenar los cargos que actualmente
se encuentran vacantes.
B. Dotar a las fiscalías especializadas con recursos y personal
técnico calificado en las distintas disciplinas vinculadas al
crimen organizado, con miras a lograr investigaciones eficaces sobre delitos complejos.
•Judicialización de las Mafias: reformar la legislación actual a fin de permitir apuntar a judicializar a los grandes sostenedores de las organizaciones criminales y sus fuentes de
financiamiento, sin desperdiciar recursos en los eslabones
más bajos de los grupos delictivos, que muchas veces suelen
ser víctimas además de victimarios.
•Capacidad de querellar: habilitar a organismos especializados para querella abierta en los casos que tienen consecuencias de alto impacto.
•Protección de testigos: reformar el sistema de protección
y contención de testigos y denunciantes.
2. Proseguir activos y combatir el
lavado de dinero
•Extinción de dominio: aprobar una ley contra las organizaciones criminales de tipo mafioso, conforme a la Convención de Palermo (ONU, 2004), que permita la Extinción de
Dominio. Esta figura contemplaría la incautación de todos los
bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión de
este tipo de delitos y de los adquiridos en base a las ganan-
cias producidas por las mismas organizaciones a lo largo
del tiempo, para su reutilización social y para la asistencia
integral de las víctimas, reconociendo el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la instrumentación de las medidas de justicia restaurativa. La extinción de dominio debería
proceder ne-cesariamente en juzgados civiles y efectuarse
incluso cuando la extinción penal perezca. Para incrementar
su efectividad, debería establecer que los bienes a los que
se declare extintos pasen a formar parte de un fondo para
mejorar la seguridad, pero mediante herramientas preventivas y sociales. De cualquier manera, debe señalarse que
la extinción de dominio no es la única alternativa, puesto
que, sin modificar tanto la estructura procesal argentina, se
podría autorizar el decomiso sin condena penal.
1. Control del sector privado: deben fortalecerse los
mecanismos de control sobre el sector privado para un
estricto seguimiento de las operaciones sospechosas.
2. Educación en Lavado de Dinero: incorporar materias
sobre Lavado de Dinero a la currícula de las universidades.
3. Declaraciones Juradas: incorporar información de la
ley de ética pública (bienes anteriores, bienes de familiares directos) en los tres poderes. Publicar la información
de forma accesible para todos (internet).
4. Financiamiento de campañas políticas: hacer más
estricta y eficiente la regulación para el financiamiento de
las campañas políticas tanto en el plano nacional como
provincial; de tal manera que los aportes espurios dejen
de ser un elemento influyente para el acceso a los altos
cargos de la esfera estatal.
5. Ley de acceso a la información pública: Aprobar una
ley que garantice a los ciudadanos su derecho a acceder
a información pública en manos de los tres poderes del
Estado, de empresas con participación estatal y de empresas privadas concesionarias o prestatarias de servicios
y/u obras públicos.
1
Dado el carácter ilícito del crimen organizado, cualquier estimación de sus costos es siempre aproximada, pero no por ello debe dejar de verse su importancia. Un buen ejemplo del análisis del costo económico del crimen organizado fue realizado para Perú por UNODC (2011).
2
Si bien a principios de 2014, algunas encuestas -principalmente un sondeo de Raúl Aragón y Asociados (Graña, 2014)-parecen poner por encima por
primera vez en mucho tiempo a los problemas económicos, tal cuestión parece ser coyuntural. Las encuestas de Latinobarómetro de la última década
confirman esa postura.
3
Por ejemplo, en un estudio metodológicamente muy correcto realizado por la UNODC (2002) en base a variables como estructura, tamaño, actividades,
nivel de operaciones, identidad, uso de la corrupción, influencia política, penetración en la economía legítima y nivel de cooperación con otros grupos
criminales, establece cinco tipos de organizaciones criminales, con distintas organizaciones: standard hierarchy, regional hierarchy, clustered hierarchy,
core group y criminal network. Tanto este como otros estudios de la misma índole, describen tipos que pueden llamarse weberianos, y que en la práctica
aparecen con fronteras no tan taxativamente definidas.
4
10
Hasta mediados de la década del 80, Perú y Bolivia eran los dos principales productores de hoja de coca y de cocaína refinada. En 1985 Perú producía
DE POLÍTICA PÚBLICA
3. Sistemas de inteligencia asociados
a la criminalidad
1. Control de las Fuerzas de Seguridad: incrementar el
control político de las Fuerzas, no sólo las de nivel federal,
sino también las provinciales, logrando un mayor control
civil de la seguridad y, consecuentemente, un manejo
más democrático de la misma. Las variables normalmente
empleadas para determinar el grado de liderazgo civil en
materia de seguridad son la presencia de mecanismos de
control interno y externo de la actividad policial; la existencia de asesoría técnica civil en la toma de decisiones;
el nombramiento de funcionarios policiales por parte de
autoridades civiles y el proceso de toma de decisiones al
interior de la institución. Cabe agregar también, la coordinación de la formación policial por parte de autoridades
políticas, y el control presupuestario de la misma índole.
2. Carrera policial: jerarquizar la carrera policial, lo que
implica mejorar su formación, sus condiciones laborales y
sus salarios, desarrollando procesos de reinserción de los
miembros de las Fuerzas para evitar que sean cooptados
o reclutados por las bandas criminales.
3. Descentralización: la implementación de policías municipales puede ser una medida eficaz en la medida que
se la implemente con eficientes mecanismos de control
y monitoreo así como con una estructura que le brinde
integralidad y evite potenciales cooptaciones por parte de
las bandas criminales. En caso contrario, los riesgos de
captura, penetración y cooptación por parte del crimen
organizado serán mayores que manteniendo la situación
actual.
4. Sistema de inteligencia criminal: coordinar un sistema
de inteligencia que se halla en gran parte desarticulado
generando cruces entre la Policía, las Fiscalías, el Poder
Judicial, el Registro Nacional de las Personas y el Registro
Nacional de Armas. Es necesario incrementar la articulación entre las diferentes agencias y, además, reforzar
sus capacidades técnicas, humanas y tecnológicas, así
como la conexión entre la investigación y el terreno,
puesto que la elevada sofisticación de las organizaciones
criminales no puede desbaratarse sin tener capacidades
de investigación de la misma índole. Para esto resulta
fundamental el que sea desarrollada en plena consonancia con los principios democráticos, que sean emprendidas y coordinadas por autoridades civiles y que sean
pura y exclusivamente sobre criminal, sin entrometerse
en las esferas política y social.
4. Recomendaciones temáticas
1. Trata de Personas: reglamentar la participación de la sociedad civil en la Ley de Trata de Personas (ley 26.061).
2. Narcotráfico: tener como horizonte la reducción de daños, con un enfoque basado en las personas. El combate
a la oferta debe, en todo caso, justificarse en el desarrollo
de la inteligencia criminal y no en operaciones inconexas.
En el área específica de las drogas, el endurecimiento de
penas para los consumidores sólo trae hacinamiento penitenciario e impide la atención que los consumidores problemáticos requieren, por lo que la inversión en programas
sociales y sanitarios resulta ser mucho más eficiente.
5. Otros
1. Atención post-penitenciaria: prevenir la reincidencia
de personas que, habiendo cumplido condena en establecimientos penitenciarios, no encuentren condiciones
adecuadas para su reinserción laboral y social. Favorecer la articulación público-privada para la generación de
mecanismos eficaces para la reinserción inmediata (trabajo, becas, atención de la salud, etc.) al egreso.
aproximadamente el 65% de la oferta de la hoja de coca, Bolivia el 25 y Colombia sólo el 10. Como consecuencia, Estados Unidos respaldó diferentes
acciones: la operación Blast Furnance en Bolivia, en 1986, así como el Plan Dignidad entre 1998 y 2002, y las acciones llevadas adelante por Fujimori en
Perú, que incluyeron la interrupción del llamado “puente de aire” que conectaba el Alto Huallaga en Perú con los laboratorios clandestinos en Colombia,
a mediados de los 90. Consecuentemente, en los inicios del nuevo milenio Colombia cultivaba alrededor del 90% de la hoja de coca, dejando a los países
andinos en valores menores. Por ende, en 2000, la presidencia de Estados Unidos proclamó el Plan Colombia y más apoyo económico fue recibido en
la presidencia de Uribe en 2002. Para 2010, el área para el cultivo de coca en Colombia se había reducido un 15% y la violencia había disminuido, no
obstante, el foco del tráfico de cocaína giró paulatinamente hacia México (Bagley, 2012).
5
Un típico caso es el de los bares nocturnos constituidos legalmente que avalan la comercialización de estupefacientes o la trata en su interior, a cambio
de beneficios materiales.
6
Tales ideas fueron expuestas por Marcelo Saín en el “Seminario de discusión en Latinoamérica sobre Condiciones Laborales y Sindicalización policial”,
realizado en junio de 2013 en la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo.
11
NOTA METODOLÓGICA
La base para la elaboración de este informe es el documento “Crimen Organizado en la Argentina. Una mirada con perspectiva democrática y desde los derechos humanos” elaborado por Martín De Simone
y el equipo de trabajo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) en el 2014 en el marco de trabajo de la iniciativa La Otra Trama.
Asimismo, considera aportes y recomendaciones surgidas de la experiencia
de trabajo de cada una de las organizaciones que la componen, editado y
sistematizado por el equipo de la Fundación Cambio Democrático.
La Otra Trama es una experiencia innovadora de acción colaborativa de
parte de varias organizaciones de la sociedad civil que se definen como
un espacio colectivo que, a través de un enfoque multidisciplinario, busca
articular acciones en torno al problema del crimen organizado en la sociedad argentina. La Otra Trama se propone hacer visible la dinámica del
crimen organizado en el país, por medio de la investigación, difusión, sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia pública. Actualmente integran este espacio las siguientes organizaciones: Fundación
Avina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Foro de Periodismo
Argentino, Fundación Cambio Democrático, Fundación La Alameda, Contadores Forenses y Fundación Crear Vale la Pena.
La
Otra
Trama
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Allum, F. y Seibert, R. “Organised crime: a threat to democracy”, en Allum and y Siebert (eds.), Organised crime and the challenge to democracy. Londres:
Routledge, 2003.
• Bagley, Bruce. Drug trafficking and organized crime in the Americas: major trends in the twenty-first century. Woodrow Wilson Center Update on the Americas,
agosto de 2012.
• Buscaglia, Edgardo. Vacíos de poder en México. México DF: Debate, 2013.Buscaglia, Edgardo y van Dijk, Jan. “Controlling Organized Crime and Corruption in
the Public Sector” en Forum on Crime and Society, Vol. 3, N° 1, 2003.
• Buvinic, Mayra; Morrison, Andrew y Shifter, Michael. La violencia en América Latina y el Caribe: Un marco de referencia para la acción. Informe Técnico, Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano de Desarrollo, 1999.
• Carrillo-Flores, Fernando. “Seguridad Ciudadana en América Latina: un bien público cada vez más escaso”, en Pensamiento Iberoamericano N° 0, Madrid,
2007, págs. 179-196.
• Center for the Study of Democracy. Examining the links between organised crime and corruption. Sofía: Center for the Study of Democracy, 2010.
• Chêne, Marie y Hodess, Robin. “Organised Crime and Corruption”, en Anti-corruption resource centre, U4 Expert Answer, Transparency International, Chr
Michelsen Institute, 2008.
• Finckenauer, J. (2005) “Problems of definition: what is organised Crime?”, en Trends in Organised Crime, Vol. 8, No. 3, 2005.
• Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Trata de Personas. Una forma de esclavitud
moderna. Un fenómeno mundial que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes. Buenos Aires, mayo de 2012.
• Galeotti, M. “The Russian ‘Mafiya’: Consolidation and Globalisation”, en Global Crime, Vol. 6, No. 1, 2004.
• Kessler, Gabriel. “Crimen organizado en América Latina y el Caribe. Ejes del debate sobre narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas”, en Cuadernos de
Seguridad N° 14, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad (INEES), Ministerio de Seguridad de la Nación, Septiembre de 2011.
• Mihaupt, Curtis y West, Mark. “The dark side of private ordering: an institutional and empirical analysus of organized crime”, en The University of Chicago Law
Review, Vol. 67, N° 1, 2000.
• Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Analysis of Country Responses” en United Nations International Study on Firearm Regulation. Vienna: UN Crime
Prevention and Criminal Justice Division, 30 de agosto de 1999.
• Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas”, en Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, adición del Consejo Económico y Social. 2002.
• Rojas Aravena, Francisco. “Violencia en América Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano”, en Pensamiento
Iberoamericano N°2, Inseguridad y Violencia en América Latina: un reto para la democracia, 2008, págs. 1-38.
• Rojas Aravena, Francisco. El crimen organizado internacional: una grave amenaza para la democracia en América Latina y el Caribe. II Informe del Secretario
General de FLACSO, 2006.
• Schmid, Alex. “Non-state actors: organized crime, human rights NGOs and the United Nations” Universiteit Utrecht, 1995.
• www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/publicaties/simspecials/19/Documents/19-11.pdf (Acceso el 15/08/2014).
• Shelley, Louise. “Organized Crime, Terrorism and Cybercrime”, en Computer Crime Research Center, 27 de septiembre de 2004.
• Strange, Susan. La retirada del Estado. Barcelona: Icarias Editorial, Intermon-Oxfam, 2001.
• Tokatlián, Juan Gabriel y Briscoe, Iván. “Drugs: towards a post-prohibitionist paradigm”, en IPG 3, 2010.
• http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-2010-3/2010-3__tokatlian_briscoe_us.pdf (Acceso el 20/04/2014).
• Tokatlián, Juan Gabriel. “El desafío del crimen organizado”, en La Nación, 15 de enero de 2011.
• Tokatlián, Juan Gabriel. Latin America and the drug issue: searching for a change. Norwegian Peacebuilding Resource Centre – Report, diciembre de 2013.
• Tokatlián, Juan Gabriel. The failed Drug War: towards a post-prohibitinist debate. Buenos Aires: El Zorzal, 2009.
• UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito. Compendio de casos de Delincuencia organizada. Recopilación comentada de casos y experiencias adquiridas. Nueva York: ONU, 2012.
• UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito. Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in sixteen countries. Global Programme against Transnational Organized Crime.
UNODC. Septiembre de 2002. https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf (Acceso el 20/04/2014).
• UNODC Organización de las Naciones Unidas (ONU), (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). El Costo Económico de la Delincuencia Organizada en el Perú: Estudio sobre los costos directos que el crimen ocasiona al Estado y las familias. UNODC: Lima, 2011.
• UNODC. Ley Modelo sobre Extinción de Dominio. Bogotá: Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe - LAPLAC, 2011.
• UNODC. World Drug Report 2013. New York: United Nations, 2013.
• Van de Bunt, H. “Police Corruption in the Netherlands”, en Amir, M. & Einstein, S., (eds), Police Corruption: Challenges for Developed Countries. Comparative
Issues and Commissions of Inquiry, Londres: The Office of International Criminal Justice, Inc, 2004.
12