Centrales receptoras de alarmas Un reto de adaptación al cambio

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Centrales Receptoras de Alarmas
Centrales receptoras de alarmas
Un reto de adaptación al cambio
En los últimos años, las centrales receptoras de alarmas han realizado grandes esfuerzos para adaptarse a la regulación y a los avances tecnológicos que han surgido. Ahora, con la nueva Ley de Seguridad Privada en ciernes,
dichas empresas tendrán que hacer frente a importantes cambios que redefinirán el concepto de este negocio.
Para analizar los principales retos, Seguritecnia y la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES) organizaron en septiembre un desayuno de trabajo en el que quedaron patentes las necesidades de esta especialidad.
Alter Technology Tüv Nord SAU y Security Cloud Services patrocinaron el encuentro.
Por Enrique González Herrero
D
urante años, el principal caballo de batalla de las centrales receptoras de alarmas (CRA) ha sido la reducción del número de alertas falsas comunicadas
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(FCSE). Aunque hoy en día el problema
persiste, la entrada en vigor de la Orden Ministerial sobre funcionamiento
de los sistemas de alarma en 2011,
unida a los esfuerzos realizados por los
propios centros para mejorar sus protocolos y tecnologías, ha permitido
que remita significativamente. Lo que
antes era una obsesión que copaba
toda la atención de las CRA, ahora deja
margen para que otros temas compartan ese protagonismo.
El Proyecto de Ley de Seguridad Privada es, sin duda, el más sensible en
este momento dado que el futuro inmediato de estos centros estará marcado por la nueva norma, en tres sentidos de manera especial. Por un lado,
en lo que se refiere al personal encar-
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gado de las alarmas, las CRA podrían
pasar de contar con operadores a tener que contratar a vigilantes de seguridad si la ley se queda tal y como
el Gobierno la presentó al Parlamento.
En segundo lugar, las compañías
que se dedican a la gestión de las alarmas consideran que el régimen sancionador de la nueva ley es desproporcionado en comparación con el volumen de mercado que mueve esta
actividad. Además, se quejan de que la
Administración les haga responsables
tanto de sus obligaciones, como de las
de usuarios o instaladores de sistemas.
Por último, la ampliación de las actividades que podrán desarrollar las
CRA, como la atención de alarmas de
tipo técnico o asistencial, ha sido muy
bien recibidas como cabía esperar porque aumentará el mercado al que podrán dirigirse, pero, eso sí, supondrá
para ellas un importante reto de adaptación en diferentes vertientes.
En definitiva, las CRA se encuentran
en un momento crucial en el que el resultado final del texto de la nueva Ley
de Seguridad Privada podría redefinir
tanto el concepto de negocio de este
servicio como la estructura de las compañías que lo prestan.
Esta idea abarcó gran parte del desayuno de trabajo organizado el 26
de septiembre por Seguritecnia y la
Asociación Española de empresas de
Seguridad (AES), que reunió en una
misma mesa a representantes de CRA,
fabricantes de tecnologías, instaladores y miembros de las FCSE. El resultado fue un diálogo en el que no sólo
se habló de las incertidumbres que
desprende la reforma de la ley, sino
también de otros aspectos importantes para estos centros, como la certificación de los productos y sistemas de
alarma o las nuevas tecnologías que se
incorporan a este sector.
La mesa estuvo compuesta por el
inspector jefe del Cuerpo Nacional de
Policía Luis González Pernía, de la Unidad Central Seguridad Privada (UCSP);
el teniente coronel José Antonio Montero, miembro del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil; Antonio Ávila, presidente de
AES; Juan Jerez, director de Sistemas
SEGURITECNIA
Octubre 2013
Luis González Pernía
José A. Montero
Juan Jerez
Inspector jefe de la UCSP del Cuerpo
Nacional de Policía.
Teniente coronel del SEPROSE de la
Guardia Civil.
Director de Sistemas de Seguridad y
Consultoría de Eulen Seguridad.
de Seguridad y Consultoría de Eulen
Seguridad; Antonio Escamilla, director general de Bosch Security Systems
y vicepresidente de AES; Jesús Alonso,
director del Área de Particulares de
Segur Control; Javier Lorente, director general de ADI Global Distribution; José Ramón Becerra, jefe de Televigilancia de la CRA de Gunnebo España; Pedro Ibarrondo, presidente
de Security Cloud Services (SCS); Javier Badiola, gerente de IBS Iberia y
partner tecnológico de SCS; José A.
Montori; director de Operaciones en
Europa de Bold Technologies; Alejandro Guerra, socio director de Corporate Compliance Abogados y asesor jurídico de SCS; y Julián Gallego,
Testing & Certification Commercial Manager de Alter Technology Tüv Nord
SAU. Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES, y Ana Borredá, directora
de Seguritecnia, moderaron el debate.
de verificación personal de alarmas,
la certificación de productos o el conflicto que existe entre la nueva norma
y la Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD).
El inspector jefe Luis González
apuntó que el CNP ya está trabajando
sobre algunas ideas para el Reglamento de Seguridad Privada que podrían matizar las cuestiones relacionadas con el servicio de acuda de
vigilantes con armas. Sin embargo,
consideró que si no se produce ninguna modificación respecto a los
operadores en el Parlamento “será difícil” variar en ese sentido la nueva ley
con posterioridad.
Antonio Escamilla explicó que ese
asunto es especialmente delicado porque las CRA emplean en la actualidad
a personas con discapacidad que en el
futuro no podrían trabajar como vigilantes de seguridad. Ante esta tesitura,
AES ha propuesto como alternativa a
las disposiciones del proyecto de ley
que se incluya a los operadores entre
el personal de seguridad privada.
José Ramón Becerra, por otro lado,
opina que el perfil profesional del
gestor de las CRA viene definido por
las funciones que tiene que desempeñar en su puesto y los conocimientos especializados que posea, más
cuando la norma va a permitir prestar atención a las alarmas técnicas o
asistenciales. Por ello, defendió: “dependiendo del tipo de servicio, tenemos que seleccionar a la persona más
capacitada, que no necesariamente
tiene que ser un vigilante”. Además,
el representante de Gunnebo declaró
no cree que exista valor añadido en
el hecho de que sean vigilantes de seguridad quienes atiendan las alarmas
en una CRA.
Pedro Ibarrondo añadió que las
centrales tienen una alta especialización en su materia, lo que requiere
que exista “flexibilidad” a la hora de
contratar al perfil más adecuado.
En esa línea, Jesús Alonso indicó
que el tratamiento de las alarmas está
ahora más tecnificado que hace años
y se utilizan “herramientas cada vez
más complejas”. Lo adecuado para
este profesional sería “dotar al puesto
de operador de más dignidad” y
“crear un fondo de formación”.
Antonio Ávila defendió que las empresas sean “libres de escoger al personal que quieran”. El presidente de AES
criticó el excesivo control que existe
sobre las empresas de seguridad privada cuando otros sectores igualmente delicados no se encuentran sometidos a tantos requisitos legales.
Le dio la razón el asesor jurídico
Alejandro Guerra, para quien la Seguridad Privada es un sector jurídicamente muy regulado “porque es un
Retos normativos
Como preludio al debate, Antonio
Ávila informó de la reunión que AES
ha mantenido recientemente con los
ponentes del Partido Popular para
el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, en la que los representantes políticos se mostraron “receptivos” a sus
propuestas. En el encuentro, se abordaron cuestiones relacionadas con
los operadores de las CRA, servicios
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Antonio Escamilla,
Director general de Bosch Security
Systems.
tema muy sensible”. El asesor jurídico
apuntó la necesidad de hacer “cambiar de mentalidad al legislador” y a
la propia UCSP para que exista mayor
flexibilidad.
Protección de datos
Otro de los temas en torno al Proyecto
de Ley de Seguridad Privada en los
que coinciden las CRA es la “desproporción” del régimen sancionador. Sin
embargo, las multas derivadas de la
aplicación de esa norma no son las
únicas que afectan a sus bolsillos. Las
centrales están sometidas también a
la estrecha supervisión de la Agencia
Española de Protección de Datos para
que cumplan la LOPD, una ley que genera muchas dudas para estas compañías, especialmente en lo relacionado
con la videovigilancia.
Como solución al problema de la
protección de datos, AES propone
que la nueva Ley de Seguridad Privada delimite de manera particular los espacios hacia los que tienen
que estar orientadas las cámaras, para
que así no se infrinja la LOPD en ningún supuesto. El inspector jefe Luis
González se mostró partidario de que
se regule en ese sentido.
Para el teniente coronel José Antonio Montero, la cesión de imágenes a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no
genera ningún problema relacionado
con la protección de datos, puesto que
la LOPD contempla esa posibilidad. Y
además, añadió que el Proyecto de Ley
de Seguridad Privada ya recoge cuáles
son los límites para la videovigilancia.
Juan Jerez, por el contrario, afirmó
que la norma “queda a la libre interpretación”, lo que en la práctica hace
dudar a las empresas y, finalmente, se
producen sanciones. El representante
de Eulen Seguridad plantea la conveniencia de que la normativa defina
de manera específica términos como
“proporcional o idoneidad”, entre otros.
Jesús Alonso, por otra parte, criticó
que se haga responsable a las CRA de
algunos aspectos que escapan a su
control, como por ejemplo el nivel de
Ana Borredá, directora de Seguritecnia, y Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES.
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Jesús Alonso,
Director del Área de Particulares de
Segur Control.
calidad de la tecnología que instala
el usuario para proteger su establecimiento. Por ello, solicitó por que se
mejore la regulación sobre las características que deben reunir los sistemas y
dispositivos de videovigilancia conectados a las centrales.
Sobre este punto, José A. Montori
apostó por que se regule de tal manera que “según el grado con el que
esté homologada una CRA pueda o
no gestionar distintos perfiles de instalaciones en función del riesgo”. El responsable de Bold Technologies opina
que con este criterio se evitarían conflictos con aquellas CRA que cuentan
con pocos recursos, pero en conjunto
abarcan una parte significativa de la
cuota de mercado.
Para Javier Lorente otro problema relacionado con ese tema es que, a pesar de que se exige a los fabricantes
que certifiquen sus desarrollos, a la
hora de la verdad la Administración no
controla si los productos que se instalan reúnen los requisitos. “La ley sólo
se aplica cuando ocurre un suceso importante, pero no en el momento de la
instalación”, lamentó el director general de ADI Global Distribution.
Antonio Escamilla se mostró de
acuerdo, y añadió que AES ha impulsado en instancias europeas la normalización de productos. Un ejemplo
palmario de ese esfuerzo se produjo
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Javier Lorente
Director general de ADI Global
Distribution.
durante la gestación de la Directiva Europea de Servicios, conocida como “Ley
Ómnibus”, cuando la asociación promovió que se exigiera la normalización
dentro de esa ley, con el objetivo de
defender a las empresas que certifican
sus productos frente a las que ofrecen
menos calidad a bajo coste. “Para los
instaladores era positivo en el sentido
de que obligaba a utilizar un estándar
de producto y de servicio que ponía
unas mismas normas para todos”, argumentó. A pesar de ello, desde su punto
de vista, queda camino por recorrer.
Según Alejandro Guerra, este tipo
de casos se dan con frecuencia debido
al modelo legislativo español. “Europa
nos obliga a trasponer leyes, pero el
problema muchas veces es que no tenemos el músculo para asumirlas”, explicó. El abogado calificó estas normas
de “leyes pantalla” dado que “contentan a Europa, pero luego no pueden
aplicarse realmente en España”.
Por otro lado, Julian Gallego estableció una comparación entre el control
al que están sujetas las CRA y las instalaciones de protección contra incendios. Según especificó el representante
de Alter Technology Tüv Nord SAU, en
este último sector hay una “tradición
de productos orientados a la normalización”, pero no hay una exigencia
para las instalaciones. “En lo que se refiere a la especialidad de intrusión, ha-
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bría que ir a algo parecido. Que dentro de la Unión Europea haya unas normas que digan cómo tienen que ser
los equipos, que haya una libre circulación de esos equipos, que estén etiquetarlos de forma que esté garantizado su correcto funcionamiento y
que haya organismos que certifiquen
las instalaciones”.
José Ramón Becerra solicitó que la
nueva ley sea “flexible” y que “acompañe a las posibilidades tecnológicas y de servicios de las compañías”.
Para este invitado, las CRA cuentan
cada vez con mayores oportunidades
de desarrollo de su negocio, sin embargo, si el Proyecto de Ley de Seguridad Privada no se modifica en lo concerniente al personal “se van a limitar
mucho las posibilidades de que estas
empresas puedan profesionalizarse y
especializarse”.
Becerra propuso también que existan “modelos colaborativos” para que
las empresas no sólo compitan por el
mercado, sino colaboren en aquellos
nichos en los que no se hagan competencia. De esa forma, las compañías
pueden hacer una labor de seguridad
“mucho más evolucionada que la que
hay ahora mismo”.
Colaboración con FCSE
La colaboración entre las CRA y las
FCSE es inestimable a la hora de esclarecer muchos delitos, gracias a las
imágenes que ceden las primeras a
los cuerpos policiales. Sin embargo,
esa relación ha estado marcada en
gran parte también por las falsas alarmas, cuyos índices llegaron a ser insostenibles para la Administración.
Para tratar de solucionar el problema,
el Gobierno aprobó en 2011 la Orden Ministerial sobre funcionamiento
de los sistemas de alarma, con la que
trató de solucionar esa situación. Después de dos años, los primeros resultados son “satisfactorios”, como señaló en el desayuno el teniente coronel José Antonio Montero.
Este profesional desgranó algunas
de las principales conclusiones del
seguimiento realizado por la Guar-
José Ramón Becerra
Jefe de Televigilancia de la CRA de
Gunnebo España.
dia Civil a la orden ministerial dentro de su demarcación. Según los datos del informe elaborado respecto a
este asunto, entre 2011 y 2112, el número de alarmas comunicadas a las
FCSE descendió un 51 por ciento. De
ellas, las alertas reales se han incrementado un 2,72 por ciento, mientras
que las falsas han disminuido un 57
por ciento.
Por otro lado, señaló que el total
de las alarmas no comunicadas a las
FCSE aumentó en 111, pasando de 532
en 2011 a 643 en 2012. Un dato “revelador” cuya explicación podría estar
en la adaptación de las empresas al
sistema de verificación que establece
la orden ministerial.
Otro dato que ofreció el invitado
está relacionado con las denuncias a las CRA. Según señaló, estás
han disminuido también en un 45
por ciento (de 663 en 2011 a 360 en
2012). “Esto supone sólo un dos por
ciento de denuncias en caso de falsa
alarma”, enfatizó.
El teniente coronel de la Guardia Civil indicó que el estado anterior de
esta situación era “insostenible” por
la distorsión que ocasionan las falsas
alarmas en los servicios de las FCS y
por el coste económico que supone
para la Administración.
Aseguró al final de su intervención
que la Guardia Civil está estudiando
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Javier Badiola,
José A. Montori,
Alejandro Guerra,
Gerente de IBS Iberia.
Director de Operaciones en Europa de
Bold Technologies.
Socio director de Corporate Compliance
Abogados.
la posibilidad de suscribir convenios
con empresas para que la Benemérita
pueda disponer de más información
en sus centros operativos de servicio
sobre las alarmas.
La nueva Ley de Seguridad Privada
recoge un régimen sancionador en
el que se considera infracción “muy
grave” la no comunicación de una
alarma real a las FCSE y “grave” la trasmisión de una falsa alarma. Las multas podrían ir de 30.001 a 600.000 euros en el caso de las primeras y de
3.001 a 30.000 euros en el caso de las
segundas. Cantidades que las CRA
consideran desproporcionadas.
Jesús Alonso sostiene que es llamativo que el mayor número de supuestos que recoge el proyecto de
ley por los que se impondría una sanción corresponde a infracciones “muy
graves”. Para este invitado, la disposición no sólo es desproporcionada
en cuanto al coste económico de las
sanciones, sino también “en los puntos que son considerados graves y leves”. Añadió además en el desayuno
que “las sanciones por falsas alarmas
son más cuantiosas que la recaudación por la cuota la propia conexión”.
Ante estas críticas, el inspector jefe
Luis Pernía defendió que “hay que tener en cuenta que cuando se produce una falsa alarma la sanción no
se aplica de manera automática, se
deja un margen para que la instalación lo solucione”. El responsable policial matizó que una falsa alarma no
significa necesariamente la imposición una sanción muy elevada.
Igualmente, el representante del
CNP recordó que las Orden Ministerial sobre sistemas de alarma “fue
acogida con alborozo” por el sector, y
advirtió que una falsa alarma no sólo
supone un coste económico para la
Administración, sino que también va
en detrimento de los recursos humanos disponibles para atender la seguridad ciudadana.
Enlazando con el tema de la verificación policial, Juan Jerez aseveró
que la tecnología está sustituyendo
a los acudas personales. “Esta herramienta era muy útil durante muchos
años”, reconoció; sin embargo, considera que ahora “no lo es tanto gracias a los sistemas de verificación que
existen”. Según este profesional, los
servicios de acuda tienen un coste
muy elevado, que no es tanto si se recurre a las tecnologías.
En ese sentido, Pedro Ibarrondo
propone un “nuevo modelo” para reducir el coste de los acudas para las
CRA, que pasa por “acuerdos con empresas locales que den servicio de
proximidad”. Contratar a pequeñas
compañías permitiría “dinamizar el
mercado”.
Certificación
Con la Orden Ministerial sobre sistemas de alarmas se reguló otro aspecto
importante para el mantenimiento de
la calidad de los productos utilizados
para la detección y verificación, la certificación de los productos. No obstante, varios de los presentes en el desayuno lamentaron que en el mercado
sigan circulando productos que no se
ajustan a la legislación.
Antonio Escamilla explicó que las tecnologías para las alarmas salen de las
fábricas ensayados y cumpliendo la
norma, pero no certificados. Esto supone para las compañías que operan
en España un “gasto de certificación
que antes no tenía” y que no todos asumen por igual. Por eso solicitó que se
aumenten las inspecciones sobre las
instalaciones. Escamilla, no obstante,
dejó claro que son los propios fabricantes quienes defienden que haya certificados en el mercado “para que todo el
mundo juegue en la misma liga”.
Luis González se mostró de acuerdo
en la necesidad de incrementar el número de inspecciones y aseguró que
el CNP está formando a sus agentes
para llevarlas a cabo. El inspector jefe
apuntó que fabricantes, instaladores y
usuarios han de asumir su responsabilidad. “Los productos instalados que no
cumplan la norma habrá que retirarlos”, sentenció.
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Pedro Ibarrondo
Julián Gallego
Antonio Ávila
Presidente de SCS.
‘Testing & Certification Commercial
Manager’ de Alter Technology Tüv Nord
Presidente de la Asociación Española
de Empresas de Seguridad.
El responsable policial también consideró que es necesario que las empresas fabricantes lleven a cabo una labor
de formación con las empresas instaladoras. Según el invitado, existe “mucho desconocimiento” en relación con
los certificados de los productos.
Por otro lado, algunos profesionales
opinan que el plazo de dos años que se
dio a las empresas para que adaptaran
sus medidas de seguridad electrónica y
los sistemas de alarma instalados antes
de la entrada en vigor de la orden ministerial no era suficiente. Jesús Alonso
piensa que “se ha pecado de precipitación” y se pregunta “por qué se dio tan
poco tiempo si no hay nadie preparado,
ni siquiera la Administración”.
Lo cierto es que, transcurrido el bienio, el Ministerio del Interior ha aprobado una moratoria de ocho años
más al periodo de adaptación de
las empresas a través de la Orden
INT/1504/2013, de 30 de julio.
Javier Lorente apostó por que exista
un mayor dinamismo a la hora de certificar dado que “los productos evolucionan de un año para otro”. No obstante,
el responsable de ADI Global destacó
como otro factor que ha dificultado un
mayor ritmo en las certificaciones la
“avalancha de peticiones” que han recibido los laboratorios.
Julián Gallego subrayo que “el producto va por delante de la norma”, es-
pecialmente en el caso de la tecnología para circuito cerrado de televisión.
Algo con lo que coincidió Antonio
Ávila, para quien los temas relacionados
con la normalización y las tecnologías
debe depender del Ministerio de Industria. El presidente de AES explicó que en
los múltiples grupos de trabajo para la
elaboración de normas en los que ha
participado, cuando finalmente se consigue redactar una norma para un producto, resulta que ya ha salido al mercado tecnología novedosa que puede
sustituir a la anterior.
Para cerrar el bloque dedicado a la
certificación, Antonio Escamilla explicó que incluso existen tecnologías innovadoras –especialmente de
videovigilancia– que no se pueden
incorporar a determinados establecimientos obligados porque la legislación de seguridad privada no contempla sus características, aunque sean
beneficiosas para el usuario.
yor para aquellas centrales que quieran
atender alertas técnicas o asistenciales y
adaptarse a la nueva reglamentación de
verificación de alarmas.
Desde esa perspectiva, una de las
partes más sensibles es el plan de recuperación en caso de desastre, que
requiere de las mejores tecnologías
y protocolos para garantizar la continuidad de las comunicaciones y de
la actividad. Mantenerse al día en los
nuevos productos y plataformas que
soportan la recuperación y el almacenamiento de los datos requiere elevados costes para las CRA que son difíciles de amortizar. Frente a eso, Pedro
Ibarrondo planteó un modelo basado
en “la externalización de servidores y
de servicios en un CPD de alta seguridad”. La propuesta de este invitado
consiste en que las empresas suscriban
acuerdos de colaboración para que las
CRA puedan apoyarse entre ellas en
“todo aquello que no forme parte de
su core bussines”, externalizando aquellos servidores y servicios que puedan
ser externalizados sin comprometer el
núcleo de negocio fundamental de las
CRA. Así, por ejemplo, una CRA podrá
compartir la plataforma tecnológica
con otras para prestar servicios de videoverificación de última tecnología;
si se produce una caída de los sistemas
de una de las centrales, ésta puede
mantener el servicio a través de otra
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Nuevo modelo
Una actividad tan tecnificada como las
CRA requiere de una constante actualización e innovación. Las centrales buscan nuevos modelos de gestión para
diferenciarse y para prestar un servicio cada vez más innovador y más eficiente en costes para sus abonados.
Con la nueva Ley de Seguridad Privada,
además, esa necesidad será aún ma-
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CRA de backup hasta que se reanude
la actividad. Esto se puede conseguir
a través de las tecnologías de virtualización en la ‘nube’ en un Servicio Centralizado de Seguridad creado para tal
efecto, que proporciona un plan de
continuidad de negocio y de recuperación de datos.
Desde el punto de vista del presidente de SCS, esta propuesta “dinamizará el mercado y beneficiará a todas las
partes”. A las empresas, concretamente,
les permitiría compartir costes operativos y de infraestructura. Además supondría, por un lado, un ahorro para
aquellas CRA que quieran subcontratar
servicios en sus momentos escasa actividad (los fines de semana y festivos) y,
por otro, una oportunidad de generar
ingresos para las CRA especialistas que
presten servicios en ese periodo.
Esta opción suscitó mucha expectación y algunas dudas de carácter legal,
que despejó Alejandro Guerra. El principal obstáculo está relacionado con el
artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, que indica: “La CRA deberá estar atendida permanentemente
por los operadores necesarios para la
prestación de los servicios, que no podrán ser en ningún caso menos de dos
por turno […]”. Guerra sostiene que la
norma no especifica que “esos dos operadores como mínimo tengan que estar en la misma CRA” y aseguró que la
UCSP no ha encontrado reparos a esta
interpretación de la ley.
José Ramón Becerra apuntó que
para las CRA diversificar servicios equivale a realizar importantes esfuerzos
de inversión en equipamiento y especialización. Por eso, se mostró a favor
de que exista colaboración entre empresas mediante acuerdos que beneficien a todas las partes y generen una
“confianza mutua”. “Tenemos que romper barreras psicológicas y no ver al
competidor como un enemigo sino
como un posible aliado en algunos
momentos para poner en marcha un
nuevo servicio”, recalcó.
Javier Badiola reconoció que la tecnología que existe actualmente permite
desarrollar esta propuesta. “En la me-
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dida en que podamos trasladar tecnología a un punto donde tenga más valor, la colaboración entre diferentes empresas será rentable”, manifestó. Añadió
que un modelo de colaboración de
este tipo dependerá del contenido de
los acuerdos que alcancen las CRA.
A pesar de las primeras valoraciones, algunos invitados se preguntaron
quién asumiría las responsabilidades
de cara al cliente y a la Administración
cuando una empresa está prestando
servicio a un abonado que pertenece
a otra CRA. Alejandro Guerra aclaró
que se observarían dos tipos de responsabilidad: una con el usuario, “cuya
responsabilidad sería de la CRA que
tiene el servicio contratado”, y otra con
la Administración, que conocerá a través de los contratos que suscriban las
CRA asociadas cuál de ellas está prestando servicio en cada momento.
José A. Montori opina que la solución “es buena”, pero advierte de que
hay que tener en cuenta la protección
de datos y los problemas de conectividad que pueden surgir para los operadores. Por ello, consideró que es oportuno aclarar un poco más los aspectos legales, especialmente aquellos
relacionados con la LOPD. Pedro Ibarrondo aseguró que el cumplimiento
es sencillo y está contemplado en el
marco jurídico que SCS ha elaborado
para sus clientes a través de un contrato específico acorde con dicha ley.
Respecto a la conectividad, Javier Ba-
diola indicó que no deben existir dudas sobre esta cuestión puesto que la
tecnología ya las ha superado. Afirmó
que SCS dispone de sistemas redundantes de conectividad y, en el caso
de catástrofe por caída total de comunicaciones, se reconfigura la infraestructura de manera que permita actuar desde una CRA donde la disponibilidad de las comunicaciones no haya
tenido incidencia.
Juan Jerez manifestó que el “proyecto es positivo” y, aclaradas ya las
cuestiones relacionadas con la responsabilidad, no encontrará problemas.
Por último, Javier Lorente indicó que
“evolucionar es bueno”, aunque también opina que “hay cosas que matizar”. Como parte más positiva de esta
propuesta, el director general de ADI
Global señaló que contribuirá a “romper barreras tecnológicas y dará acceso a tecnologías punta a un mayor
espectro del mercado”.
De esta manera se llegaba al fin del
desayuno de trabajo dedicado a las
CRA, que tienen por delante un futuro
lleno de oportunidades de desarrollo
aunque también de desafíos, como saber adaptarse a la nueva legislación y a
los avances sociales que se van produciendo. Iniciativas, como quedó patente
en el encuentro, no faltan; ni tampoco
ganas de avanzar por parte de una de
las especialidades de la seguridad privada que más ha evolucionado a lo
largo de los últimos años. S
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