“Crianza” de lagunas
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“Crianza” de lagunas
5 años Información independiente desde América Latina y el Caribe para el mundo ISSN 1563-2458 N° 5, OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014. VOLUMEN 51 “Crianza” de lagunas Indígenas en alto riesgo de exterminio en Colombia. PÁG. 12 Solidaridad con estudiantes desaparecidos en México. PÁG. 15 ASOCIACIÓN BARTOLOMÉ ARIPAYLLA (ARRIBA); ONIC(IZQ.); ORSETTA BELLANI (DER.) Mediante faenas comunales, comunidad andina en el Perú crea PÁG. 34 lagunas. 1 DENNIS DE LA CRUZ ECUADOR Reunión de la comunidad de San Marcos en casa de doña Julia, la única dejada en pie por empresa minera. RECONSTRUIR LAS COMUNIDADES: UNA FORMA DE RESISTENCIA Comunidades amazónicas se amparan en derechos constitucionales para recuperar sus territorios concesionados a mineras. 2 E Luis Ángel Saavedra desde Quito n Tundayme, parroquia asentada en la Cordillera del Cóndor, en el sur amazónico del Ecuador, las comunidades indígenas y campesinas han decidido retomar los territorios de comunidades abandonadas o desalojadas forzosamente, para así resistir al avance de los megaproyectos mineros. Las primeras acciones han sido exitosas, sin embargo se teme una respuesta agresiva por parte del gobierno y las empresas afectadas. El 12 de mayo pasado, trabajadores de la empresa minera EcuaCorriente (ECSA), escoltados por unos 50 policías, derribaron la iglesia y la escuela de la comunidad de San Marcos, ubicada en Tundayme. Con la destrucción, la transnacional minera creía haber logrado la desaparición total de San Marcos o al menos eso parecía. ECSA, perteneciente a la empresa china Railway Construction Corporation y al grupo Tongling Nonferrous Metals, firmó en marzo del 2012 con el presidente Rafael Correa el contrato de concesión para la explotación del proyecto Mirador, ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, limítrofe con el Perú. Con este contrato, ECSA accede a reservas de cobre por 5 millardos de libras, procesará 60,000 TM diarias e invertirá US$1.4 millardos en los primeros cinco años. Por su parte, el Estado ecuatoriano recibiría un 52% de las ganancias, en las que estará incluido el 12% del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a la Renta, utilidades y regalías. ECSA ofreció entregar $100 millones como regalías anticipadas, lo que aún no se ha concretado. Desde hace más de 10 años ECSA, amparada en un contrato de exploración, ha pretendido borrar del mapa a la comunidad de San Marcos, conformada por indígenas shuar y colonos campesinos. Para ello no han dudado en desplazar a la población con engaños, compras forzadas de tierra y, en el caso de quienes tenían sus tierras sin título, simplemente desalojarlos. De acuerdo a un informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la propia empresa reconoce que el procedimiento de adquisición de tierras fue irregular. “El Expediente de Negociación de Tierras Proyecto Mirador, del 28 de enero del 2010, elaborado por un ex gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa EcuaCorriente y el coordinador de las familias campesinas afectadas, expresa que mientras en el año 2006 el Gobierno Municipal de El Pangui evaluó la hectárea de tierra en $1,000, la empresa negoció a $400 la hectárea en unos casos y en otros a $3,000 la hectárea, provocando malestar entre las familias”, asegura CEDHU, citando informes de ECSA. CONTENIDO AMÉRICA LATINA Por la sostenibilidad con justicia e igualdad 38 AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE Persiste vulnerabilidad de migrantes Avances en lucha contra el hambre Cumbre climática caliente COP20: ¿Un fracaso más? Capitales en fuga 18 33 36 40 43 BOLIVIA Elecciones ratifican rumbo del proceso de cambio 25 BRASIL Sorpresivos resultados en primera vuelta Rousseff enfrentará dificultades en nuevo mandato CHILE Pueblo mapuche demanda respeto a sus derechos Hacia el fortalecimiento del movimiento sindical COLOMBIA Indígenas recuperan territorios Indígenas en alto riesgo de exterminio “Nada está acordado hasta que todo esté acordado” 27 30 10 19 06 12 28 ECUADOR Reconstruir las comunidades: una forma de resistencia 02 EL SALVADOR El “Libro Amarillo” de las Fuerzas Armadas 16 MÉXICO “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” Un sol apagado: La debacle del PRD 15 22 PERÚ Cuando el petróleo es más importante que la vida Comunidad shipibo en Lima será desplazada Corrupción como ideología política “Crianza” de lagunas 05 08 23 34 URUGUAY Presidencia se decidirá en segunda vuelta 32 “El milagro de San Marcos” “Sólo quedó una casa en pie, la de doña Julia. Ahí llevamos a [la estatua de] San Marcos. San Marcos está ahí, como refugiado; en esa casa dimos las primeras misas con el obispo de Zamora; con eso empezó la historia de la recuperación del territorio”, cuenta a Noticias Aliadas Luis Sánchez, presidente de la Asociación Cóndor Mirador (ASCOMI). En efecto, lo que ahora los indígenas y campesinos llaman “el milagro de San Marcos”, empieza con la destrucción de la iglesia, pues ahí se dieron cuenta que eso no habría sucedido si hubiesen sido una comunidad indígena reconocida y, como tal, sujeto de derechos colectivos. Fe de erratas: En la revista Nº 4, en la infografía de páginas 34-35 dice: Soluciones para la justicia alimentaria. Debe decir: Soluciones para la justicia climática. NAinfo 1, 2, 3 y 4 sobre cambio climático en www.noticiasaliadas.org Para información de servicios y productos, contactarse con Patricia Díaz, responsable de Mercadeo: [email protected] 3 Con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), ASCOMI empezó un proceso de autoreconocimiento como comunidad shuar, cumpliendo todos los preceptos constitucionales respecto a la autodefinición como pueblos indígenas y considerando que todo el territorio concesionado a ECSA es ancestralmente propiedad de la nacionalidad shuar. Tanto los indígenas, como los campesinos colonos acordaron poner sus fincas bajo un título colectivo. “Así la empresa ya no podrá negociar por separado y convencer a los más débiles; ahora deberá enfrentarse a la comunidad y la comunidad le dirá ¡no!”, afirma Sánchez. El 21 de agosto, el Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE) emitió el documento con el cual se reconoce jurídicamente a esta comunidad. De inmediato, el Gobierno Parroquial de Tundayme firmó un acuerdo con el Prefecto del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe Lozano, para implementar un vivero agrícola forestal y un huerto comunitario, como parte de un sistema agropecuario, de reforestación y turismo. “La agrodiversidad e interculturalidad es la base de la soberanía alimentaria en la provincia, por eso me alegra ser parte de esta tarea con el gobierno parroquial y los productores, la gente está todos los días laborando y hay que motivarla”, dijo Quishpe al firmar el acuerdo, el pasado 16 de setiembre. Con una minga comunitaria implementaron el primer vivero junto a la casa de doña Julia y aspiran a recuperar las tierras con siembras comunitarias. “Es el primer milagro de San Marcos, luego vendrán otros milagros, como la reconstrucción de la iglesia y la escuela”, dice Sánchez. Mientras tanto, ECSA se ha limitado a expresar “su preocupación por la creación de viveros comunitarios”, tal como lo ha hecho conocer a las autoridades locales. Ahora los desalojos le serán más difíciles a la empresa minera y en los próximos meses se verá si la estrategia de los indígenas y campesinos da resultado y logran frenar el avance de la transnacional minera o si esta, mediante artilugios jurídicos, logra la autorización para desalojar nuevamente a la comunidad. Shuar recuperan su territorio Al mismo tiempo, el 14 de agosto, la comunidad shuar Numpaim, ubicada en la misma parroquia de Tundayme, amparada en la Constitución que reconoce la justicia indígena, resolvió que debía retomar la posesión de su territorio ancestral, cedido a las mineras de nombre “Patricia” y “Raúl Castro” y que operaban en territorios concesionados a ECSA. La operación de pequeñas y medianas mineras en territorio concesionado a una transnacional es una 4 práctica frecuente, ya que con ello las grandes empresas evitan enfrentarse directamente a las comunidades. Estas pequeñas mineras, generalmente con capitales locales, se asientan con el consentimiento de las comunidades y luego se expanden a tal punto que ya no pueden frenar su avance, pues las autoridades locales (alcaldes, tenientes políticos, etc.) son proclives a los deseos de las mineras y no a defender los derechos de sus poblaciones. En el Ecuador está reconocida la competencia de la justicia indígena para resolver toda clase de conflictos, a excepción de aquellos que involucran la vida de las personas. Amparados en ella y una vez que fracasaron los múltiples trámites que la comunidad hizo para que se revoquen las concesiones dadas en territorio shuar, decidieron que su sistema de justicia comunitario podía emitir una resolución encaminada a recuperar el territorio ancestral. Una vez emitida la resolución, la comunidad de Numpain desalojó a las mineras y tomó posesión del territorio. Informaron de su resolución, y de las bases constitucionales de la misma, a todas las autoridades locales, convirtiendo este hecho en un caso de debate de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, lo que frenó una incursión militar que se preparaba para recuperar el territorio concesionado a la minera. Mientras los militares mantienen rodeada a Numpain y las autoridades mestizas locales no saben cómo abordar el caso, los indígenas han tomado ya varias resoluciones que involucran la devolución de las maquinarias a sus dueños, la recuperación de la flora en los sitios afectados y la reconstrucción de la comunidad. Estas resoluciones han recibido el respaldo de las organizaciones nacionales indígenas, pues consideran que “es una recuperación legítima, no violenta y amparada en el derecho indígena”, tal como lo manifiesta un comunicado emitido el pasado 13 de setiembre, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Asamblea de los Pueblos del Sur. Tanto San Marcos como Numpain, han hecho uso de mecanismos creativos de resistencia y que están garantizados en la Constitución del Ecuador, lo cual ha tomado por sorpresa a las mineras y a las autoridades. Se prevé una nueva etapa de confrontaciones, pero esta vez los indígenas y campesinos saben que tienen las cartas a su favor. “Ahora no pueden responder con desalojos violentos como lo hacían antes; ahora podemos defender nuestros derechos ante la Corte Constitucional, o ante instancias internacionales, y ya no en lo local, donde las autoridades y los jueces juegan a lo que mande ECSA”, asegura Sánchez.q PERÚ CUANDO EL PETRÓLEO ES MÁS IMPORTANTE QUE LA VIDA Explotación petrolera deja reguero de contaminación y muerte en la Amazonia peruana. Cecilia Remón desde Lima E aguas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza y Tigre y en el bosque amazónico está produciendo consecuencias fatales para las poblaciones locales, en su mayoría de la etnia kukama. Los responsables son conocidas empresas petroleras, pero las autoridades peruanas se han movido con gravísimo y culpable retardo. Desde hace años las víctimas protestan contra la contaminación y la violencia, pero el negocio del petróleo siempre ha tenido la sartén por el mango. “Pertenezco al grupo indígena kukama. Un día mi papá salió a pescar. Al regreso sólo trajo dos pescados. Mis hermanos y yo le preguntamos qué había pasado, porque él siempre traía harto. Recuerdo que dijo algo sobre derrames de petróleo que están ensuciando el río. Nos dijo que por ese motivo los peces están enfermos, que no podemos comerlos. También nos dijo que no podíamos bañarnos en el río porque si lo hacíamos nos íbamos a enfermar. Le escribo para que haga algo, porque somos niños que queremos vivir”. Esta es la carta que escribió Alexander Ricopa Fasabi, un niño de 9 años de la localidad kukama de Santa Clara, en el departamento de Loreto, a orillas del río Marañón, al presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, y que junto con las de decenas de otros niños y niñas indígenas MIGUEL ANGEL CADENAS l vertido de residuos de petróleo en las Comunidades indígenas, flora y fauna en peligro por aguas contaminadas con derrame de petróleo. quieren llamar la atención sobre la situación de su comunidad. La protesta de los menores ha sido un nuevo y desesperado intento de los kukama para poder ser escuchados por las autoridades políticas. La iniciativa fue ideada por Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón, dos infatigables sacerdotes agustinos españoles que viven entre los kukama en la localidad de Santa Rita de Castilla, y que desde hace años luchan en cuerpo y alma por los derechos vulnerados de ese pueblo. Desarrollan sus acciones en estrecha colaboración con la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), que forma parte de la organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT). 5 Emergencia ambiental La situación es insostenible: la contaminación en el norte de la Amazonia peruana ha puesto en peligro la vida material —pero también espiritual— de las comunidades indígenas. Durante el 2013 se declararon en emergencia ambiental, una tras la otra, las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. Por último, en mayo pasado, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia ambiental y sanitaria también en la zona del bajo Marañón. Todas estas son decisiones tomadas con vergonzoso retardo respecto a los hechos, la magnitud de los daños y las denuncias. La explotación petrolera en esta parte de la Amazonia peruana se inició en 1971. Un oleoducto de más de 16 km atraviesa el bosque y territorios Un oleoducto de más de 16 km atraviesa el bosque y territorios indígenas transportando cada día miles de barriles de petróleo. COLOMBIA Indígenas recuperan territorios Tribunal ordena la restitución a comunidad indígena de 50,000 Ha que se encontraban concesionadas a empresas mineras. E n un fallo considerado histórico, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Medellín ordenó el 23 de setiembre la restitución de los derechos territoriales de la etnia Embera Katio del resguardo de Río Andágueda, ubicado en el municipio de Bagadó, en el occidental departamento del Chocó. La decisión favorece a 1,454 familias indígenas, con una población de 7,270 personas, que se vieron obligadas a abandonar su territorio debido a la actividad minera, reclutamiento forzado y amenazas de los grupos armados. “Esta es la primera vez en el país y en el mundo que una comunidad indígena amenazada de desaparición física y cultural por efecto del conflicto armado y de los factores subyacentes y vinculados al mismo, logra mediante un fallo judicial el reconocimiento de los derechos fundamentales al territorio, al gobierno propio y a la autodeterminación, entre otros, los cuales están siendo vulnerados por situaciones derivadas del abandono, confinamiento y despojo del territorio ancestral a la comunidad Embera Katio”, dice un comunicado de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El proceso judicial se inició en febrero pasado con la presentación de la demanda por la URT y que concluyó con el fallo que dispone la salida de 11 empresas mineras que extraen oro en esa zona del país. El resguardo del Río Andágueda fue formalizado en diciembre de 1979 ante el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). Sin embargo, desde el 2008 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) inició una intensa campaña de concesión de títulos mineros en áreas que se superponían al resguardo, llegando a entregar 62% de las 55,000 Ha del territorio indígena. 6 Consulta previa “Es un fallo sin precedentes en la historia del país porque estas comunidades han sido victimizadas durante muchos años y desgraciadamente no tenían el mecanismo mediante el cual pudieran proteger sus tierras”, dijo el director de la URT, Ricardo Sabogal. “Este pronunciamiento es el primero, donde un juez de la República ordena restituir un territorio a una comunidad étnica que ha sufrido mucho”. Sabogal agregó que “en esta zona, todos los males del mundo se juntaron para afectar a esta comunidad: los desplazó la violencia, luego llegó la minería criminal ilegal y esto los obligó a estar fuera de sus territorios. Gracias a esta sentencia, ellos van a poder regresar a sus tierras”. El directivo precisó que en caso haya actividad minera, ésta se realizará de acuerdo a ley. “Si [las empresas] van a intervenir, tendrán que hacer una consulta previa con la comunidad para que ellos puedan participar en las decisiones que afectan a su territorio. Llegó el momento de tomarnos los derechos en serio, los derechos de las comunidades indígenas. Sus territorios deben ser respetados y, para eso está la política restitutiva y la Unidad de Restitución de Tierras”. Además, la sentencia ordena a las instancias nacionales, departamentales y municipales garantizar el retorno de la comunidad desplazada, y a las autoridades mineras y ambientales elaborar diagnósticos de cada uno de los proyectos de explotación de bienes naturales dentro del resguardo, a la vez que declara la nulidad de los títulos entregados dentro del territorio indígena, y dispone rechazar las solicitudes de nuevas concesiones mineras.— NA indígenas transportando cada día miles de barriles de petróleo. Como se trata de una estructura con más de 40 años de antigüedad, ya muestra la señal de los años: las tuberías están muy deterioradas y las conexiones precarias. Si en un tiempo los derrames de petróleo se producían en las inmediaciones de los pozos de perforación, ahora son cada vez más frecuentes y consistentes a lo largo del oleoducto. Sólo en los últimos cinco años se han documentado más de 100, de acuerdo con la Alianza Arkana, organización internacional defensora de los pueblos amazónicos. Además de estas fugas de crudo, en los ríos se producen derrames —eran la norma hasta al menos el 2009— de las llamadas “aguas de producción”. Se trata de aguas muy calientes (de 80º a 90º), saladas y contaminadas con petróleo, metales pesados (mercurio, cadmio, bario, plomo, arsénico, etc.) y elementos radiactivos. Las consecuencias de las fugas y derrames son devastadoras para la flora, la fauna y las poblaciones. Expuestas a la contaminación cotidiana, las personas contraen enfermedades muy diversas, algunas graves o mortales como tumores, insuficiencia renal y daños al sistema nervioso. Además de estas fugas de crudo, en los ríos se producen derrames —eran la norma hasta al menos el 2009— de las llamadas “aguas de producción”. Se trata de aguas muy calientes (de 80º a 90º), saladas y contaminadas con petróleo, metales pesados (mercurio, cadmio, bario, plomo, arsénico, etc.) y elementos radiactivos. Empresa contaminadora El responsable de todo esto es conocido: se llama Pluspetrol Norte, empresa perteneciente al grupo petrolero argentino Pluspetrol. Opera en los lotes 1AB (explotado por la petrolera estadounidense Occidental Petroleum hasta el año 2000) y 8 (perteneciente a la estatal Petroperú hasta 1996, y a su vez dividido en cinco lotes separados más pequeños). Los lotes ocupan las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón y parte de la Reserva Nacional PacayaSamiria (lote 8X). Hoy en día, las aguas de estos ríos están altamente contaminadas, así como vastos territorios de la reserva. Algunos sitios incluso han desaparecido, como la laguna Shanshococha, que se encontraba en las inmediaciones del lote 1AB. La empresa se defiende afirmando que las fugas del oleoducto son causadas por actos de sabotaje y vandalismo perpetrados por personas pertenecientes a comunidades indígenas, negando las condiciones desastrosas en que se encuentran las tuberías. En cuanto a las “aguas de producción”, desde hace algunos años —señala la empresa petrolera— se reinyectan en el subsuelo. Sin embargo, hay que recordar que desde hace más de una década, Pluspetrol ha derramado en cuatro ríos amazónicos —todos afluentes del río Amazonas— hasta 1.1 millones de barriles de agua de producción al día. Por último, la empresa petrolera acusa a sus predecesoras Occidental Petroleum y Petroperú de daños a los sitios ambientales. Eso en parte es verdad, pero — afirman las asociaciones indígenas— al hacerse cargo de las concesiones Pluspetrol también ha asumido la responsabilidad de reparar los daños previos. El temor más difundido es que la contaminación sea demasiado grave y que, para recuperar un mínimo de equilibrio en el ecosistema, sean necesarias décadas, si no generaciones. Mientras tanto, observan Cadenas y Berjón, la comunidad kukama vive en la violencia, tanto externa (enfrentamientos con el Estado y las empresas), pero también interna (embriaguez, violencia doméstica, suicidios). “Trabajando en armonía con el medio ambiente y la comunidad”, dice la propaganda distribuida por Pluspetrol. Una broma que haría sonrojar a cualquiera, pero no a la empresa petrolera argentina y las autoridades políticas que la han protegido hasta hace poco.q 7 PERÚ COMUNIDAD SHIPIBO EN LIMA SERÁ DESPLAZADA MAIJA SUSARINA Comunidad indígena amazónica no ha participado en toma de decisión sobre traslado debido a megaproyecto. Maija Susarina* L Indígenas shipibo de Cantagallo plasman su cultura en las viviendas de su comunidad. a comunidad y asentamiento Cantagallo fue fundado en el 2000 por inmigrantes indígenas shipibo del departamento amazónico de Ucayali y actualmente tiene unas 200 familias. Sus habitantes viven en una zona precaria vecina al distrito del Rímac, uno de los más peligrosos de Lima, la capital. Las viviendas son en su mayoría sencillas construcciones de madera que dejan pasar el frío y la humedad que pueden llevar a graves problemas de salud. Debido a la falta de instalaciones sanitarias, el agua corre libremente por las colinas de tierra, atrayendo a las ratas y provocando accidentes. La violencia doméstica en Cantagallo es común. Las mujeres y los niños, que constituyen la mayoría de los habitantes, son los más afectados y, de acuerdo con numerosas mujeres de la comunidad, la policía no aparece cuando un delito es reportado en este lugar. La situación suena bastante mal pero hay un punto crucial que pronto cambiará las vidas de los indígenas shipibo de Cantagallo para bien. O para mal. Hace algunos años fueron concluidos los planes para la obra Vía Parque Rímac y en el 2009 se iniciaron los trabajos de construcción de un parque para turistas y uso recreacional que incluiría la zona de Cantagallo. Actualmente, los alrededores de Cantagallo son una gran área de construcción y cada día las excavadoras se acercan más a las viviendas. Sin embargo, recién el 22 de setiembre pasado quedó claro que la comunidad será trasladada. Durante su visita a Cantagallo ese día, la alcaldesa Susana Villarán anunció que la reubicación será a Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que está ubicado lejos del centro de la ciudad, podría ser importante para las mujeres shipibo en lo que se refiere a la venta de sus artesanías. 8 Peligros y oportunidades de la reubicación El traslado de una comunidad conformada principalmente por mujeres y niños a un distrito más seguro podría llevar a un cambio positivo en la calidad de vida de los migrantes. En Cantagallo, con frecuencia los delincuentes llegan por las noches para violar a las mujeres y robar las pertenencias de los habitantes sin temor a que la policía llegue a esta parte de la ciudad. Esto constituye un riesgo importante en las vidas de las mujeres. En San Juan de Lurigancho, los shipibo no tendrán que temer por la inseguridad, pero vivir allí significará horas de viaje al centro de la ciudad y gastar más en transporte. Con un manejo inteligente e innovador, el nuevo asentamiento puede incluso ser convertido en una atracción turística que muestre la cultura y las artesanías amazónicas, enclavado en un estilo de vida urbano y moderno. Para convertir un pequeño asentamiento en un punto de interés para turistas y locales, el lugar debe ser seguro. Los planes y talleres para promover la popularidad de Cantagallo a la larga fracasaron debido al peligro existente en los distritos que rodean el asentamiento. Viviendas limpias y un sistema sanitario que funcione mejorarían adicionalmente las condiciones de vida, lo cual permitirá luchar contra la propagación de enfermedades y fortalecer la salud de las personas, al igual que sus puestos de trabajo, ya que no se enfermarían tan a menudo. El tema no debe ser subestimado ya que es muy difícil que personas que vienen de la Amazonia se adapten al clima específico de Lima. Muchos shipibo apenas soportan el frío y la humedad en el invierno y se enferman con frecuencia. A pesar de las ventajas del reasentamiento, no deben ser dejados de lado los posibles peligros. Por ejemplo, una reubicación asimétrica podría perturbar el orden social que existe en Cantagallo. Esto podría derivar en tensiones entre los habitantes y una ruptura de relaciones específicas, aunque esto podría tener también una influencia positiva en la estructura social del asentamiento. Se puede esperar que debido a la corrupción y favoritismos, unos pocos habitantes podrían tener una ubicación más favorable dejando atrás a los más marginados de la comunidad. Los más afectados serían aquellos que tienen menos influencia dentro de la comunidad, que por lo general son madres solas, los jóvenes y los ancianos. La ruta a Cantagallo Los shipibo están acostumbrados a vivir en pequeñas comunidades a lo largo del río Ucayali en medio del bosque amazónico. Sus principales actividades han sido la pesca, agricultura y elaboración de artesanías. Sin embargo, desde el auge de la extracción de caucho entre 1880 y 1940, la agricultura de subsistencia se volvió mucho más complicada. No sólo los pueblos indígenas tenían que enfrentar la contaminación de sus ríos y deforestación extrema, también la economía de mercado había ingresado a la remota región de Ucayali y los bosques tuvieron que ceder ante el café, la palma aceitera y otros cultivos rentables. Conforme los habitantes indígenas de la Amazonia se involucraban cada vez más en el mercado laboral, nuevas necesidades aparecieron. La creciente pobreza y discriminación fortalecieron el deseo de muchos indígenas por educación para sus hijos. En consecuencia, muchos hombres y mujeres shipibo (pero también de otros grupos indígenas) migraron a las grandes ciudades en Ucayali para encontrar trabajo que les permitiera mantener a sus familias y pagar la educación de sus hijos. Las mujeres que por lo general aprenden a temprana edad a coser kené, el típico patrón geométrico shipibo, y elaborar pendientes y otras artesanías tradicionales, viajaron a las grandes ciudades como Pucallpa para vender sus productos, pero esas grandes ciudades ya estaban invadidas por los mercados de productos indígenas, mientras que los turistas preferían viajar a otras partes del Perú. Ante la necesidad de mantener a sus familias, algunos hombres y mujeres shipibo decidieron probar suerte en la capital y en el 2000 fundaron la comunidad y asentamiento al que llamaron Cantagallo. Y desde entonces ha crecido. A su arribo a Lima no había muchos lugares libres para instalarse cerca del centro de la ciudad y por eso los shipibo ocuparon una colina que había sido un basurero. Se construyeron sencillas casas de madera y la comunidad creció desarrollando sus propias estructuras sociales y destacando sus orígenes amazónicos. En el 2008, Cantagallo abrió su primera institución educativa intercultural y bilingüe en shipibo y castellano. El megaproyecto y la minoría La reubicación ha sido tema de muchas negociaciones y reuniones en los últimos años, aunque sólo ha circulado información incompleta y difusa sobre el futuro distrito donde se trasladarían y las viviendas. El único hecho era que no había hechos. No había contratos, ni información clara sobre la reinstalación del asentamiento. Los habitantes sabían que tenían que mudarse pero no dónde, cuándo ni cómo. No podían ejercer ninguna influencia sobre la situación. El megaproyecto Vía Parque Rímac es una inversión de US$703 millones firmada en el 2009. A los shipibo de Cantagallo les dijeron que podrían diseñar sus propias viviendas y con ayuda de un arquitecto se elaboró un plano preliminar del nuevo asentamiento con pequeñas casas para las familias. Las viviendas estarían ubicadas a lo largo de una línea representando el cuerpo de una serpiente anaconda, con una plaza principal en la parte que corresponde a la cabeza. La anaconda es un animal sagrado de la cultura shipiba y construir un asentamiento de acuerdo con el cuerpo de esta serpiente sólo expresaría su cosmovisión. El proyecto fue desarrollado hace varios años y desde entonces nadie ha llegado a consultar a los habitantes de Cantagallo sobre sus futuras viviendas, únicamente para anunciar algunas novedades sobre la reubicación. La información con frecuencia era comunicada por personas no identificadas, sin documentos o pruebas. El anunciado traslado a San Juan de Lurigancho debe realizarse de inmediato ya que no solamente el suelo debajo de Cantagallo está siendo extraído por las excavadoras, sino que a partir del 1 de enero del 2015 una nueva gestión ingresará a la municipalidad. La alcaldesa Villarán perdió las elecciones del 5 de octubre frente a Luis Castañeda Lossio, quien gobernó Lima entre el 2003 y el 2010. Los shipibo tienen poco control sobre la situación, pero las cosas podrían cambiar. Los indígenas aseguran que sólo cuando las casas en Campoy estén terminadas podrán abandonar Cantagallo. Y hasta ahora no hay ninguna vivienda construida. Sin embargo, algunos integrantes de la comunidad están muy optimistas: “Lo único que falta ahora es el título de propiedad y entonces tendremos nuevas casas, nos mudaremos allí y todo será mejor”, exclamó Olga Mori Díaz, residente de Cantagallo. El nuevo asentamiento podría llevar a una mayor marginalización y vulnerabilidad social, o a una mejora, dependiendo de cómo los funcionarios resuelvan este asunto e involucren a la propia comunidad en decisiones, por ejemplo, relacionadas con las viviendas. Entonces los shipibo una vez más empacarán sus pertenencias para trasladarse lejos del lugar que eligieron, desplazados por personas que están sobre ellos económicamente, simbólicamente o por la fuerza, tal como ha sido con frecuencia en su historia reciente. No obstante, luego de 14 años en la gris Lima, el optimismo que han traído de Ucayali todavía prevalece. q *Maija Susarina es graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Libre de Berlín y actualmente lleva estudios de maestría en la misma universidad. Hizo su pasantía en Comunicaciones Aliadas durante el segundo semestre del 2013. 9 ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MAPUCHE CHILE El arte al servicio de la causa mapuche se muestra en una puesta en escena del ballet juvenil de la comuna de Renaico. PUEBLO MAPUCHE DEMANDA RESPETO A SUS DERECHOS Representantes indígenas se niegan a ser despojados de sus territorios. Fernando Valdivia Antisolis desde Renaico E l municipio de Renaico, ubicado al sur de Chile, fue escenario del Segundo Simposio Internacional “Desarrollo Endógeno Mapuche”, encuentro de representantes de ese pueblo que se reunieron bajo el manto de la tristeza por el asesinato de José Quintriqueo, un activista por la devolución de tierras de su comunidad, Galvarino, acaecido el 1 de octubre en la localidad de Ercilla. Junto a varios mapuche, Quintriqueo inspeccionaba la laguna del Fundo Nilpe, ubicado a unos 5 km al sur de 10 Galvarino, cuando un tractorista de nombre José Cañete Paredes, que al parecer recibía órdenes por radio, lo arrolló dos veces con su máquina. El simposio, llevado a cabo del 10 al 12 de octubre, abordó tres grandes áreas temáticas: los mecanismos de la institucionalidad actual mapuche; lengua y educación en la sociedad y; desarrollo endógeno: hacia la autogestión. En la primera jornada, diversos historiadores hicieron un recuento de la forma en que el Estado chileno fue apropiándose de las tierras, violando sistemáticamente los acuerdos que se habían establecido, antes de y durante la fundación de la República. Hernán Curiñir, presidente de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, la entidad organizadora del evento, recordó que “inicialmente, nuestras comunidades fueron avasalladas durante la Colonia; sólo la resistencia obligó a los invasores a firmar acuerdos que, posteriormente, fueron desconocidos por el Estado de Chile”. Después de la Guerra del Pacífico en 1879, en la que fue derrotada la Alianza de Perú y Bolivia, las tropas chilenas que retornaban del conflicto se encargaron de invadir territorio mapuche, “para obligar a los pocos que sobrevivieron a la masacre, a firmar acuerdos en los que nos recortaban territorio pero nos reconocían comunidades mediante los llamados ‘títulos de merced’, que a su vez fueron desconocidos por el Estado en la actualidad. Esta apropiación abusiva es conocida como la Pacificación de la Araucanía por la historia oficial”, señaló Curiñir. Como invitada de honor, participó en el simposio Magdalena Cajías, cónsul general de Bolivia en Chile —con rango de embajadora, dado que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas—, quien expresó que las luchas mapuche “son similares a las que sostienen nuestros pueblos indígenas y originarios en Bolivia”. La representante diplomática boliviana fue objeto de múltiples atenciones y recibió un diploma de reconocimiento. Cajías expresó el deseo del gobierno boliviano de que encuentros de esta naturaleza se multipliquen “para hacer realidad la diplomacia de los pueblos, que nos inculca el presidente [boliviano] Evo Morales”, señaló. El Buen Vivir Por su parte, Fernando Huaiquil, alcalde de Galvarino, quién exhibió la huincha roja alrededor de la cintura, una forma simbólica del pueblo mapuche de anunciar que se encuentra en pie de guerra, coincidió con otros expositores en identificar a las grandes empresas madereras de la región como las beneficiarias directas de la política de Estado que les va quitando con subterfugios legales, una a una, las tierras a las comunidades que se resisten a ser despojadas. Hizo homenaje “al hermano Quintriqueo, uno más de los muchos de los asesinados impunemente por las fuerzas represoras que ejercen violencia extrema contra quienes se atreven a protestar”, denunció. Las experiencias de desarrollo endógeno mostraron la amplia potencialidad para que las comunidades adopten formas propias de vida, armonizadas con el Buen Vivir. Abraham Araya, de la comunidad Araya Huiliñir, relató que desde el pasado año ha tenido un sueño reiterado que interpretó a la manera mapuche como un mensaje de sus mayores: retornar a su comunidad y luchar por su histórico derecho a la tierra. Y así lo hizo, dejando de lado sus ocupaciones profesionales en Santiago. Informó de las gestiones por recuperar 1,600 hectáreas en el marco de las leyes del Estado chileno. “Inicialmente, ya han fallado a nuestro favor. Deberían indemnizarnos por toda la riqueza que ha sacado últimamente la empresa maderera Forestal Mininco”, señaló. Como continuidad de los esfuerzos comunitarios, Araya anunció la constitución de una cooperativa que “ofrezca a la comunidad posibilidades y recursos para el desarrollo endógeno, rescatando nuestras propias formas de producción y generando nuevos empleos para la gente; entre otros, la siembra de quinua y ají, además de un parque eólico con administración comunal”. Sobre lengua y educación, Jaime Quilaqueo, presidente de la Asociación de Profesores de la IX Región, consideró que “las condiciones estructurales de la educación en Chile, actualmente privatizada y condenada a favorecer a los ricos en detrimento de los pobres, son el obstáculo número uno a vencer para que las propuestas de educación intercultural bilingüe se transformen en efectivas prácticas transculturales; es decir, que ambas culturas puedan dialogar en similares condiciones”. Educación y cultura mapuche El poeta Leonel Lienlaf, a tiempo de recordar que “pertenecemos al territorio”, criticó los esfuerzos del Estado que, en el mejor de los casos, enseña mapudungun, la lengua originaria mapuche, para hablarla, pero no para reflexionarla. Hizo mención a la cultura ancestral, afirmando que “hay matemática, que explica nuestras eficientes formas de intercambio; hay astronomía, que aún asombra por su precisión desde la noche de los tiempos; hay botánica mapuche, que investiga y estudia el uso medicinal de las plantas; y así, sucesivamente, se puede encontrar muchos ejemplos”. En el encuentro, el ballet municipal de Renaico mostró en forma artística una escenificación de la Conquista; el artista plástico Eugenio Salas expuso cuadros de la mitología mapuche; Lienlaf, considerado por el historiador Vicente Painel como “el más alto exponente de la poesía mapuche contemporánea”, emocionó a los presentes con sus versos; en tanto que Huaiquil anunció que, por primera vez en la historia reciente, un municipio declara al mapudungun como idioma oficial junto. Huaiquil ejerce su autoridad de la mano de la gente: el municipio apoya a más de 300 comunidades que quieren recuperar tierras. Y advierte, mostrando su huincha ancestral, que ya nada detendrá esta lucha. “Debemos unirnos para cambiar la política del país, para que se reconozcan nuestros derechos”, dijo, una unidad que ya empieza a tomar forma y cuerpo, basada en la participación comunitaria que hizo posible este encuentro sin ningún tipo de apoyo financiero externo.q 11 ONIC COLOMBIA Masivo entierro de líderes indígenas asesinados en noviembre en Toribío, departamento del Cauca, por las FARC. INDÍGENAS EN ALTO RIESGO DE EXTERMINIO En menos de dos años, más de 40 indígenas han sido asesinados por grupos armados. Susan Abad desde Bogotá L a cifra es estremecedora. Más de 40 indígenas han sido asesinados en el país entre el 2013 y lo que va del 2014, según denuncia la Organización Nacional Indígena Indígena de Colombia (ONIC). “Han sido años complejos para las comunidades, especialmente para las del departamento del Cauca, donde se vive con intensidad el conflicto armado” dice 12 a Noticias Aliadas el consejero de la ONIC Juvenal Arrieta. Y es que, como reza el informe 2014 de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz de la ONIC: “Pese a las órdenes dadas por el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia, frente a la protección de al menos 64 pueblos indígenas en estado de alto riesgo de exterminio físico y cultural, por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado” las medidas de protección han sido ineficaces, en especial en estos últimos años. El documento precisa que en el 2013 el pueblo indígena Paéz-Nasa fue el más afectado con 13 asesinatos, seguido del Awá de Nariño con ocho. Luego el pueblo Emberá Chamí con cinco personas asesinadas, el Embera Katío con dos, y el Zenú con uno. En febrero del 2013, en el departamento de Arauca una indígena embarazada del pueblo U´wa quedó en medio de enfrentamientos entre la fuerza pública y esta comunidad y perdió su bebé por el efecto de los gases lacrimógenos. Las comunidades indígenas de Arauca realizaban un paro cívico —con bloqueo de carreteras— para exigir al gobierno y a las multinacionales resarcir a la región el daño ambiental por la explotación de hidrocarburos. En lo que se refiere al 2014, el informe sostiene que “el número de víctimas reportadas hasta el mes de setiembre por este hecho [accionar de los actores armados] son 10 personas, como consecuencia de asesinatos selectivos de líderes y lideresas por el accionar de fuerzas armadas, por lo cual, se ven afectados el pueblo Nasa del departamento de Cauca con tres personas, el pueblo Awá del departamento de Nariño, con dos víctimas, el pueblo Emberá Chamí con dos personas asesinadas, seguido del pueblo Emberá Dobida con dos personas asesinadas y pueblo Emberá Eyábida con una persona asesinada”. “El número de víctimas reportadas hasta el mes de setiembre es de 10 personas, como consecuencia de asesinatos selectivos de líderes y lideresas por el accionar de fuerzas armadas”. — ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC). SIGUE > notasbreves • En el Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los países de América Latina y el Caribe la importancia de garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres campesinas. La CIDH llamó la atención sobre las condiciones de pobreza y marginación que viven las mujeres en las zonas rurales, sin acceso a recursos económicos ni servicios sociales básicos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sólo 30% de las mujeres rurales tienen la titularidad de sus tierras. • Alrededor de 12.5 millones de niños y niñas trabajan en América Latina y el Caribe y de ellos 9.5 millones tienen empleos considerados peligrosos, calcula la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con el objetivo de erradicar totalmente el trabajo infantil para el 2020, 25 países de la región firmaron el 15 de octubre la “Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil” en la que se comprometieron además a eliminar las peores formas de explotación para el 2016. Sin embargo, la OIT alertó sobre un estancamiento en la reducción del trabajo infantil que no permitiría alcanzar las metas propuestas. • El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el 14 de octubre la permanencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH) hasta el 2015, aunque con una reducción del personal militar de 5,100 a 2,400. Sin embargo, se sumarán 200 efectivos policiales a los 2,600 que existen actualmente. El objetivo de la decisión es mantener la presencia de la MINUSTAH cuando se celebren elecciones legislativas y presidenciales durante el próximo año. La MINUSTAH llegó a Haití en el 2004 tras el derrocamiento del gobierno del presidente JeanBertrand Aristide (1991, 1994-96 y 2001-2004). • Nueve periodistas han sido asesinados en México entre enero y setiembre del 2014, según un estudio divulgado el 7 de octubre por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERME). Además, desde el 2000, se han producido 138 homicidios de trabajadores de la prensa y 21 se encuentran desaparecidos. El caso más reciente ocurrió el 11 de octubre, cuando Atilano Román Tirado, conductor de radio Fiesta Mexicana, en Mazatlán, estado noroccidental de Sinaloa, fue acribillado cuando transmitía en directo su programa semanal desde el que frecuentemente criticaba a las autoridades locales. • La muerte el 11 de octubre de Loranny Medina, de 20 años y madre de dos niños, a manos de su pareja debido a que se oponía a que ella estudie, ha puesto sobre el tapete la situación de los feminicidios en República Dominicana. Entre el 2000 y el 2013, según cifras de la Policía Nacional, 2,296 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en el país, por lo que 7,480 niños y niñas han quedado huérfanos de madre. Sólo en el primer trimestre de este año 87 mujeres han sido víctimas de feminicidio, informó la Procuraduría General de la República. 13 Acusaciones infundadas “En esta lista no se encuentran los compañeros Manuel Antonio Tumiña Gembuel y Daniel Coicue Julicue, asesinados el 5 de noviembre pasado por las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] en Toribío, cuando trataban de impedir que la guerrilla colocara su propaganda en sus territorios”, informa a Noticias Aliadas el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Eduardo Camayo. Las razones de estas muertes “a manos de los diversos actores armados que se entrelazan en este conflicto” son, según el consejero Arrieta, “señalamientos infundados, negarse a colaborar con los grupos armados presentes en sus territorios, ser señalados de colaborar con alguno de los actores armados o denunciar violaciones a los derechos humanos en los territorios”. El dirigente asegura que sus compañeros “no sólo son víctimas de los grupos ilegales, sino también de las mismas fuerzas militares. Dependiendo de la región, somos víctimas de las guerrillas, bacrim [bandas criminales conformadas por ex paramilitares], narcotráfico. Depende del actor que domine la región”. Añade que es igualmente alarmante “el alto grado de impunidad” en que quedan estos delitos: “alrededor del 85% de estos asesinatos quedan en investigación, sin llegar a ser esclarecidos”. La preocupación crece cuando “a pesar de que la información se hace con trabajo en terreno, con denuncias, con registros presentados por las organizaciones indígenas en las regiones, por datos de la Defensoría del Pueblo y de instituciones que registran la violación de derechos humanos, se mantiene un sub registro [de estos ataques] muy alto. Las causas serían la amenaza y presión que sufren los indígenas por parte de sus victimarios para que no denuncien, o casos muy alejados en frontera o selváticos, donde hay una limitante no solo geográfica, sino lingüística para denunciar”, indica Arrieta. “Paralelo a esta vulneración, se presentaron afectaciones que atentan contra la vida e integridad física de nuestros compañeros, líderes y lideresas indígenas, entre esos siendo el más afectado el pueblo Nasa con un reporte de nueve personas protegidas [por convenios internacionales de Derecho Humanitario] víctimas de heridas intencionales, seguidamente el pueblo Wounaan con una persona herida, el pueblo Awá con un atentado a persona protegida. El pueblo Wiwa reporta una persona por intento de homicidio a persona protegida, igual que el pueblo Emberá Chamí con una persona”, denuncia la ONIC. 14 “Alrededor del 85% de estos asesinatos quedan en investigación, sin llegar a ser esclarecidos”. — EDUARDO CAMAYO Miles de desplazados Además, el organismo informa que “en el orden regional y también nacional se ha registrado cerca de 3,000 indígenas desplazados en los departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca, que son regiones donde está concentrado el conflicto armado”. Y aunque las autoridades tradicionales reconocen la histórica presencia de los grupos insurgentes en varios de sus territorios, “eso no quiere decir que sean los dueños de estos territorios”, dice Camayo. Tras los últimos asesinatos en Toribío, el CRIC demandó a las FARC “que asuman su responsabilidad política y social frente a lo que viene sucediendo” y al gobierno que “permita que una delegación del movimiento indígena se desplace de manera inmediata a La Habana para hablar de la situación que atraviesa los indígenas. Para que escuchen cuáles son nuestras propuestas para la paz”. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, manifestó a Noticias Aliadas la necesidad de fortalecer las medidas de protección de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Asimismo, apoyó la iniciativa de reforzar la presencia de indígenas entre las víctimas que participan en los diálogos de paz que el gobierno mantiene con las FARC desde hace dos años en La Habana. “Si es necesario insistir para que se lleve a un indígena que lleve el clamor y las solicitudes que se le deben plantear a los negociadores, bienvenida sea esa decisión” dijo. Pidió a los negociadores del gobierno y de la guerrilla en Cuba que “desde la mesa de diálogos se exija el respeto al Derecho Internacional Humanitario, pues negociar en medio del conflicto no implica involucrar a la población civil”. q MÉXICO “VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS” Orsetta Bellani desde Chiapas ORSETTA BELLANI Gobierno no da pistas para encontrar paradero de 43 estudiantes normalistas desaparecidos tras ataque de policía municipal. Marcha de zapatistas en solidaridad con estudiantes desaparecidos E n México, las escuelas normales rurales son institutos pedagógicos donde los hijos de agricultores pobres estudian para ser maestros de las nuevas generaciones de campesinos. Hay sólo 15 en todo el país y son reconocidas por el compromiso social y político de sus alumnos, pero para el gobierno son un criadero de guerrilleros. El pasado 26 de setiembre un grupo de normalistas de la localidad de Ayotzinapa, en el estado suroccidental de Guerrero, estaban recaudando fondos en la cercana Iguala para poder viajar a la Ciudad de México a la conmemoración del aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968. De regreso a su pueblo, los normalistas ocuparon tres autobuses y fueron víctimas de un ataque de la policía municipal, que disparó en su contra. En seguida llegó un grupo de civiles equipados con armas en apoyo a la policía local, que a su vez disparó. El saldo de la agresión fue de seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos, dos de ellos fueron secuestrados a pocos metros de una instalación militar, sin que nadie interviniera. “Por fin se pone orden”, tituló el día siguiente el Diario de Guerrero. Fiscalía acusa a responsables Inicialmente abundaban las especulaciones sobre lo ocurrido en Iguala, entre ellas estaba la versión que cuando los estudiantes ocuparon los autobuses se encontraban cerca de un acto público donde María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, estaba presentando un informe de actividad como titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio. Por temor a que los normalistas se acercaran a la plaza y pifiaran a su esposa, el alcalde —quien ahora se encuentra detenido— ordenó a su jefe de seguridad “que los persiguieran, detuvieran y dieran El alcalde [ José Luis Abarca] —quien ahora se encuentra detenido— ordenó a su jefe de seguridad “que los persiguieran, detuvieran y dieran un escarmiento”. 15 un escarmiento”. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el matrimonio es cercano al cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva. Esta versión fue confirmada por la Fiscalía General de México que el 22 de octubre acusó al alcalde Abarca —quien el 17 de octubre fue separado de su cargo por el Congreso del estado de Guerrero—, y su esposa, como presuntos autores intelectuales de los hechos al haber ordenado a la policía municipal que atacara a los estudiantes. La Fiscalía también responsabilizó de los hechos a Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, y ha pedido orden de detención contra Abarca, Pineda y Flores. “Asumieron que el grupo que se aproximaba se dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividad [como titular del DIF, el organismo encargado del bienestar de la infancia y la familia]”, indicó el procurador general Jesús Murillo Karam. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el matrimonio es cercano al cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva. EL SALVADOR El “Libro Amarillo” de las Fuerzas Armadas Documento confidencial del alto mando militar revela persecución contra opositores al gobierno durante conflicto armado. L os nombres, apodos e imágenes de 1,975 personas catalogadas como“terroristas delincuentes”, fueron incluidos en un informe de 270 páginas elaborado en julio de 1987 por el Ejército salvadoreño. La existencia de este documento, llamado “Libro Amarillo”, fue revelada el 28 de setiembre por el National Security Archive (NSA) y el Center for Human Richts, pertenecientes a la Universidad de Washington, y el no gubernamental Human Rights Data Analysis Group. “Es el primer documento militar confidencial salvadoreño en hacerse público”, dice un boletín electrónico del NSA. “Además, es la única prueba proveniente de los propios archivos del Ejército salvadoreño sobre los métodos de vigilancia utilizados por las fuerzas de seguridad y dirigidos a ciudadanos salvadoreños durante la guerra civil que duró 12 años”. El “Libro Amarillo”, preparado por el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Salvadoreña, consiste en una lista sistemática de 1,915 registros, de los cuales 1,857 corresponden a personas identificadas con nombre y fotografía y su supuesto vínculo con organizaciones consideradas sospechosas por los militares, tales como sindicatos, partidos políticos y el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Una nota escrita a mano en la portada del texto, ordenando “que lo usen” y “sacar fotocopias de las fotografías y ponerlo en boletinero para que conozcan a sus enemigos”, indica que el objetivo era ayudar a las fuerzas de seguridad a identificar a la oposición. Ley de Amnistía El conflicto armado que se desarrolló en El Salvador entre 1980 y 1992, que enfrentó a las Fuerzas Armadas con el FMLN, dejó alrededor de 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos. Tras la firma de los Acuerdos de Paz se creó la Comisión de la Verdad para investigar las graves violaciones a los derechos humanos 16 cometidas en esos años y ambas partes se comprometieron a respetar sus recomendaciones. No obstante, la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional cerró la posibilidad de juzgar los crímenes de guerra. La publicación del “Libro Amarillo” —junto con un análisis de su contenido y documentos estadounidenses relacionados a los cuales se les ha levantado el secreto oficial— pone en evidencia que numerosas personas mencionadas en el texto resultaron muertas o desaparecidas, y otras capturadas, torturadas y puestas en libertad. “Los investigadores [estadounidenses] cruzaron los nombres listados en el ‘Libro Amarillo’ con cuatro bases de datos históricos de reportes de violaciones de derechos humanos recogidos durante el periodo 1980-1992. Este proceso halló 273 de los nombres del ‘Libro Amarillo’, equivalente a 15%, emparejados con reportes de muertes o ejecuciones extrajudiciales; 233 o 13% emparejados con reportes de desaparición forzada; 274 o 15% emparejados con reportes de tortura; y 538 o 29% con reportes de detenciones o arrestos. Un total de aproximadamente 43% de los nombres incluidos dentro del Libro amarillo corresponden con estas bases de datos históricos”, explica el NSA. “La aparición del ‘Libro Amarillo’ representa un desafío a años de tácticas obstruccionistas por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad de El Salvador respecto a su papel en la sangrienta guerra civil”, señala el NSA. “La negativa del gobierno salvadoreño a divulgar sus documentos oficiales fue particularmente frustrante para la Comisión de la Verdad. Si bien la comisión tuvo acceso a testimonios de sobrevivientes, pruebas obtenidas de exhumaciones, informes publicados sobre derechos humanos, y miles de documentos estadounidenses a los cuales se les ha levantado el secreto oficial, sus repetidas solicitudes de acceso a los archivos estatales han sido ignoradas por el gobierno salvadoreño”.— NA Dos integrantes del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos —escisión del cártel de los Beltrán Leyva— confesaron el 6 de octubre que la noche del ataque la policía municipal les entregó 17 estudiantes a quienes ejecutaron, quemaron y enterraron en una fosa común. De los demás 26 desaparecidos no hay ninguna noticia. Por lo pronto, han sido detenidos 36 policías y 17 integrantes del cartel, entre ellos su líder Sidronio Casarrubias Salgado. Buenas relaciones con la mafia De acuerdo al libro El Cartel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco, de Diego Osorno, en los años 70 el capo del tráfico de drogas Alberto Sicilia Falcón y un grupo de mandos militares llevaron a Guerrero la siembra de cultivos ilícitos, y las autoridades locales siempre fueron complacientes. Los normalistas de Ayotzinapa habrían sido víctimas de las buenas relaciones entre mafia, política y militares que hace cuadro décadas instalaron las bases de la impunidad, convirtiendo a Guerrero en un estado sumamente coludido con los cárteles criminales. “Lo que el gobierno quiere conseguir con esta agresión es asustarnos, y frente al horror que cometió lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle a manifestar, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo”, dijo a Noticias Aliadas un manifestante que prefirió quedar anónimo, y que participó en una movilización organizada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 8 de octubre pasado. Aquel día, más de 60 ciudades de todo el mundo se movilizaron para pedir justicia para los estudiantes de Ayotzinapa. En San Cristóbal de Las Casas, 20,000 zapatistas marcharon en filas ordenadas atravesando en silencio el centro de la ciudad colonial, enseñando pancartas que decían “su rabia también es la nuestra”, “su dolor es nuestro dolor”, “no están sol@s”. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se sumó también a la convocatoria de movilización nacional en solidaridad con los estudiantes desaparecidos y sus familias del 22 de octubre. Operaciones de búsqueda A un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, nada se sabe sobre su paradero. Ante la inacción gubernamental, el 13 de octubre encapuchados prendieron fuego a la sede del gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, capital del estado, y dejaron escrito en una pared: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. El 4 de octubre se encontraron cinco fosas comunes cerca de Iguala con 28 cuerpos. Peritos oficiales afirmaron que no pertenecían a los estudiantes, mientras que el independiente Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dijo que no tienen aún los resultados de sus investigaciones. Conforme avanzan las operaciones de búsqueda se ha multiplicado el hallazgo de fosas clandestinas. Al momento se han hallado 19 y casi cada día se encuentran nuevas. ¿A quiénes pertenecen todos estos restos? “El padre [Alejandro] Solalinde, director del albergue para migrantes ‘Hermanos en el Camino’, define de forma contundente este país: es una gran fosa común”, comenta a Noticias Aliadas el escritor y periodista independiente mexicano Gaspar Morquecho Escamilla. “En particular, el estado de Guerrero tiene una larga historia de violencia. Hace poco descubrieron lugares donde fueron enterrados guerrilleros de la década de los 70; fue una práctica común desaparecerlos, asesinarlos y enterrar clandestinamente sus cuerpos”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió al Estado mexicano adoptar de forma inmediata “todas las medidas necesarias para encontrar a aquellas personas cuyo destino aún se desconoce” y emprender “una investigación pronta, objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Iguala”. “La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares”, señaló la CIDH. “De igual forma, la Comisión considera fundamental adoptar las medidas necesarias para proteger a aquellos estudiantes que sobrevivieron a estos ataques, así como a los familiares de las víctimas de estos hechos, y de sus representantes. Asimismo, el Estado debe adoptar todas aquellas medidas legales, institucionales y administrativas que sean necesarias para asegurar la no repetición de hechos similares”. q “Lo que el gobierno quiere conseguir con esta agresión es asustarnos, y frente al horror que cometió lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle a manifestar, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo”. — MANIFESTANTE QUE PIDIO EL ANONIMATO 17 AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Noticias Aliadas Persiste vulnerabilidad de migrantes Apertura económica estimula la migración pero países receptores ponen grandes barreras a permanencia de extranjeros. A lrededor de 28.5 millones de latinoamericanos y caribeños, el 4% de los 703.4 millones de habitantes de la región, viven en países distintos a los de su nacimiento, reveló el estudio “Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional”, publicado el 11 de noviembre por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). EEUU, con 20.8% de emigrantes latinoamericanos y caribeños (70% del total), ocupa el primer lugar entre los países receptores, seguido por España con 2.4 millones, señala el documento, que examina las tendencias migratorias en la región. Asimismo, estima la población inmigrante en la región en 7.6 millones de personas (1.1% de la población total), en su mayoría nacidas en otras naciones de América Latina y el Caribe (migración intrarregional). “Los flujos migratorios intrarregionales aumentaron a un ritmo anual de cerca de 3.5% entre 2000 y 2010, lo que muestra una tendencia a la aceleración respecto a los 20 años anteriores, cuando creció a tasas en torno a 1%. Argentina, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana concentran el mayor número de esos migrantes”, indica el estudio. Una de las paradojas que destaca la CEPAL es que “en un mundo más interconectado que nunca, y cuando los flujos financieros, de información y comerciales se liberalizan, la movilidad de las personas se ve fuertemente estimulada pero, a su vez, enfrenta importantes barreras que intentan restringirla, poniendo de manifiesto que la globalización es asimétrica y que profundiza las desigualdades en los niveles de desarrollo”. La crisis económica del 2008 puso en evidencia la desprotección de los trabajadores migrantes, quienes fueron los más perjudicados con la pérdida de empleos y reducciones de salarios. Para evitar afectar el envío de remesas, muchos trabajadores optaron por segundos empleos, en vez de un posible retorno a sus países de origen. Si bien los Estados reconocen y adscriben los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, incluyendo a la movilización, esos mismos Estados regulan el ingreso y presencia de extranjeros en sus territorios, con una tendencia a exacerbar la seguridad y la selectividad, fortaleciendo sus fronteras y haciendo más difíciles los requisitos para la entrada y permanencia. “Aunque las barreras a la migración internacional se han endurecido en los principales destinos migratorios extrarregionales, y en ocasiones en algunos intrarregionales, esto no ha sido impedimento para que la migración continúe. Muchas personas siguen migrando, pero con menos derechos y en peores condiciones, tornándose una población altamente vulnerable”, sostiene el informe. En este sentido, la CEPAL recomendó la construcción de una agenda que incluya la migración en las estrategias de desarrollo posteriores al 2015 y la elaboración de planes regionales para aprovechar los beneficios de los procesos migratorios. Igualmente, avanzar en el diálogo y cooperación internacional sobre migración, derechos humanos y desarrollo en los foros internacionales, y muy especialmente “en la protección de los derechos de todas las personas migrantes, prestando atención a la niñez migrante en general, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores de menores calificaciones, las personas que se desplazan en situación irregular y las que lo hacen forzadamente buscando refugio”. q 18 AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Emigración e inmigración como porcentaje de la población total (alrededor del 2010) País Emigración Guyana 49.2 1.5 Jamaica 29.4 1.1 El Salvador 22.9 0.7 Trinidad y Tobago 22.4 2.6 Santa Lucía 12.4 5.9 Nicaragua 11.7 0.6 Cuba 11.6 0.1 Rep. Dominicana 11.3 4.2 México 10.6 0.9 Paraguay 10.6 2.5 Haití 9.8 0.3 Honduras 8.0 0.3 Uruguay 7.4 2.3 Bárbados 7.0 10.9 Ecuador 6.9 1.3 Bolivia 6.8 1.3 Guatemala 6.4 0.4 Colombia 4.8 0.3 Panamá 3.7 3.5 Perú 3.6 0.2 Costa Rica 2.6 9.0 Chile 2.5 1.9 Belice 1.9 15.0 Argentina 1.8 4.5 Veneuela 1.6 4.2 Surinam 0.7 7.5 Brasil 0.5 0.3 Fuente: CEPAL Inmigración LEANDRO TORCHIO OLIVARES CHILE El fin del subcontrato es una de las principales demandas de los trabajadores sindicalizados. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL Taller sindical impulsa la organización de los trabajadores para defender sus derechos laborales. Arnaldo Pérez Guerra desde Santiago A través del taller sindical La Clase, jóvenes trabajadores y profesionales ligados al ámbito laboral, buscan aportar a la reconstrucción del movimiento sindical, como parte del movimiento popular, tomando las herramientas de la educación popular para “autoformarnos como clase trabajadora”, retomando la tradición obrera que dio origen al sindicalismo en Chile. “Comenzamos el taller sindical La Clase en marzo del 2013, realizando escuelas de formación a trabajadores sindicalizados, con el objetivo de desarrollar conciencia de clase y generar la necesidad de la organización. Debido al auge que ha tenido el movimiento social y popular en el último tiempo, consideramos que los trabajadores son vitales para transformar radicalmente el modelo que estamos viviendo”, dice Santiago, dirigente del taller, quien pidió mantener su apellido en el anonimato. Según los jóvenes de La Clase, desde el 2006 — año en que la presidenta Michelle Bachelet, durante su primer gobierno (2006-2010), promulgó la ley de subcontratación con la que se legitimó una nueva forma de precarización laboral—, se ha producido un aumento de la sindicalización, huelgas y radicalidad de algunos de estos procesos. 19 Entre el 2007 y el 2012 se produjo un aumento de trabajadores sindicalizados, llegando a 940,000, es decir, un 12.2% de la fuerza de trabajo ocupada. Para La Clase, se está retornando incipientemente el valor a la organización del pueblo a través del sindicalismo. Proceso de politización Las movilizaciones en contra de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-90) y el impulso del movimiento de trabajadores permitió que durante los primeros años de los gobierno de la Concertación de los Partidos por la Democracia, el número de sindicalizados fuera en aumento. En 1991 llegaron a ser 701,000 (15.1%), pero lentamente esto comenzaría a disminuir año a año desde 1992, para llegar en 1999 a solo 580,000 mil afiliados (10.7%). La Concertación perpetuó lo elaborado por la dictadura y a medida que avanzaba el neoliberalismo, situación que les acomodaba, los trabajadores fueron disminuyendo en fuerza organizativa. “Resulta paradójico darnos cuenta que la CUT [Central Unitaria de Trabajadores] haya firmado en reiteradas ocasiones ‘Acuerdos Marco’ con los empresarios, ofreciéndoles tranquilidad y cooperación; uno de estos acuerdos se llamó ‘Chile: una oportunidad histórica’, en donde la propiedad privada era lo principal y los trabajadores ‘cooperarían y protegerían la empresa y los empleos’”, señala Francisco, dirigente del taller quien también prefirió no dar su apellido. Dicha situación trajo que en los años 90 se agudizara el nivel de persecución a los luchadores sociales. Los “Acuerdos Marco” tampoco significaron mejoras en las condiciones laborales. Fue una constante hasta el año 2006. “Aunque reconocemos que gran parte de las luchas sindicales [actuales] son economicistas, el hecho de generar un paro de brazos caídos con un contenido más político, busca que se rompa el esquema donde el sindicato descansa sólo en el dirigente”, afirma Francisco. “Claramente las bases tienen que generar un proceso de politización y concientización”, añade. Manual de formación Buscando romper con esos criterios economicistas, organizarse y luchar por “mejoras salariales pero con una perspectiva de clase”, añade Francisco, hace un año el taller La Clase publicó el “Manual de acción sindical: Experiencias y prácticas actuales de la clase trabajadora” (Ediciones Pueblo en Lucha). Dedicado a Rodrigo Cisterna —obrero forestal asesinado en mayo del 2007 en medio de una huelga que fue reprimida violentamente por las Fuerzas Especiales de Carabineros durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010)—, y a Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical baleado en febrero del 2013 en el interior de 20 “Resulta paradójico darnos cuenta que la CUT [Central Unitaria de Trabajadores] haya firmado en reiteradas ocasiones ‘Acuerdos Marco’ con los empresarios, ofreciéndoles tranquilidad y cooperación”. — FRANCISCO, DIRIGENTE DEL TALLER Azeta, empresa contatista de Chilectra —distribución de electricidad—, en la pasada gestión del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), el manual es el resultado de un proceso de recopilación de experiencias de algunos sindicatos, mediante entrevistas a distintos dirigentes. Ha buscado, además, rescatar ciertas prácticas que tuvieran efectividad en un conflicto laboral, y que potenciaran el sentido clasista, según explica Francisco. El manual se define como “un resultado e insumo que esperamos sirva para las nuevas camadas de trabajadores y trabajadoras que han decidido no seguir agachando la cabeza y se han sumado a la lucha popular que se viene masificando en el país”. Para estos jóvenes militantes de la acción sindical, “en la actualidad nos enfrentamos a un Estado hecho a la medida del empresariado; ellos instalaron el plan laboral y nos prohibieron la participación en las negociaciones con otros sindicatos, obligándonos a mirar sólo dentro de lo que acontecía en ‘nuestra’ empresa. Así se fue desmantelando cualquier posibilidad de formar parte de las decisiones políticas a nivel nacional. Hoy pretenden obligarnos a cumplir una ley laboral que sólo los beneficia a ellos”. Según datos recopilados en el manual, existen hoy niveles bajos de sindicalización: 13.9%. Para La Clase esta situación no es casual. “Nosencontramosfrenteaunaplanificaciónproductiva que tiene sustento en la ley: Empresas fragmentadas, con trabajadores subcontratados y con altos niveles de rotación. Cuesta formar lazos y sindicalizarse de forma legal. Abunda el contrato a honorarios, el cual desregula la relación laboral, puesto que no se les aplica el código laboral. Sin embargo, y pese a todo esto, la historia nos demuestra que la ley no es el límite ni el tope para transformar la realidad”, dicen. Una de las demandas que se está instalando con fuerza en términos políticos y judiciales es el fin del subcontrato, que restringe derechos laborales como la estabilidad laboral, condiciones de trabajo dignas y derechos colectivos, entre otros. Según datos del Ministerio de Trabajo, se estima que 35% de la fuerza laboral está subcontratada. Francisco explica que el manual tiene un aspecto didáctico: “Abarca desde la formación de un sindicato, la reacción del empresariado o patrón, también el quehacer del sindicato. Nos detuvimos en eso porque también creemos que está impuesto desde la legalidad. Los trabajadores tienen la responsabilidad como sujetos políticos de generar la vida del sindicato, que vaya más allá de los términos económicos, generar espacios de formación, lazos de solidaridad, lazos territoriales”. El manual también aborda la negociación colectiva, explicando sus procedimientos en términos legales y también cómo se pueden establecer tácticas para lograr mejores resultados en una negociación. Se hablan de las etapas de la negociación reglada, donde los trabajadores pueden incidir, mediante qué forma se puede hacer. Se recogen experiencias, procesos exitosos y también aprendiendo de otros que no llegaron a buen término o fueron fracasos. Los jóvenes de La Clase señalan que seguirán realizado múltiples actividades político-sociales y asesorando legalmente a trabajadores y sindicatos. De los que se trata, dicen, es de construir los caminos necesarios para representar verdaderamente los intereses de los trabajadores, que actualmente no están en la CUT, que se ha convertido en un aparato corporativo del gobierno. “Sabemos de bastantes intentos de articulación, pero creemos que no sirven de nada si se quedan solo a nivel de los dirigentes y no representan a las bases”, concluye Santiago. q notasbreves • Casi 50% de las mujeres de América Latina y el Caribe que trabajan se desempeñan en empleos de baja productividad y con escasa protección social (trabajadoras del hogar, por cuenta propia o en empresas de hasta cinco trabajadores), reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe publicado el 18 de noviembre, que evalúa dos décadas de políticas de género en la región en el contexto del vigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 1995 celebrada en Beijing. El documento señala que “las políticas públicas no han sido capaces de mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral ni de garantizar su permanencia a lo largo de su ciclo vital, lo que resulta en una clara desventaja con sus pares hombres a la hora de tener una trayectoria laboral y acceder a remuneraciones equivalentes a las de los hombres, así como al derecho a una pensión para enfrentar la vejez con dignidad y sin dependencia”. • A principios de noviembre se inició el juicio en Argentina contra el periodista Agustín Bottinelli por la publicación en 1979 de una entrevista falsa a la madre de un desaparecido que se encontraba recluida en un centro de detención clandestino. En ese entonces Bottinelli era redactor jefe de la revista Para Ti, que apoyaba a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Con el título “Habla la madre de un subversivo muerto”, la detenida Thelma Jara de Cabezas fue presentada como una arrepentida que describía cómo la guerrilla había engañado a su hijo Gustavo Cabezas para que tomara el camino de la lucha armada. Sin embargo, la entrevista fue fabricada por Bottinelli y otros periodistas como parte del aparato de encubrimiento y acción psicológica de la dictadura para mostrar que en el país no había secuestros ni desapariciones. • Durante un encuentro realizado el 15 de noviembre en Oventic, Chiapas, con comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y representantes de las Juntas de Buen Gobierno de los municipios autónomos zapatistas, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa denunciaron ser víctimas de hostigamientos y amenazas por demandar a las autoridades la aparición con vida de sus hijos. Los asistentes al encuentro articularon un movimiento nacional para reclamar el paradero de las personas desaparecidas y justicia para los ejecutados extrajudicialmente en México. A dos meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de setiembre por órdenes del exalcalde de Iguala, Guerrero, el gobierno sigue sin dar pistas sobre su paradero. • Global Witness, organización internacional dedicada a investigar y denunciar los intereses económicos detrás de los conflictos, corrupción y destrucción del medio ambiente, consideró al Perú como el cuarto país más peligroso del mundo para defensores ambientales, detrás de Brasil, Honduras y Filipinas. Desde el 2002, 57 defensores ambientales peruanos han sido asesinados, más del 60% en los últimos cuatro años. En su informe“El ambiente mortal de Perú”, presentado el 17 de noviembre, Global Witness cuestiona la falta de compromiso ambiental del país, sede de la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) a realizarse del 1 al 12 de diciembre. • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la sentencia emitida el 4 de noviembre por el Tribunal Constitucional de República Dominicana de declarar inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), suscrito en 1999. La CIDH señaló en un comunicado que “la referida sentencia no encuentra sustento alguno en el derecho internacional” y por lo tanto el país no puede negarse a acatar las sentencias del tribunal interamericano. Además, la CIDH expresó su preocupación frente a la decisión del gobierno dominicano de rechazar una sentencia de la CorteIDH del 28 de agosto en relación a las violaciones a los derechos humanos como resultado de la discriminación estructural que sufren ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana que viven el país. 21 ALBERTO BUITRE MÉXICO Al cumplirse un mes de la masacre de Ayotzinapa el 26 de octubre, comunistas mexicanos rociaron con pintura roja la sede nacional del PRD recordando la culpabilidad de dicho partido en los hechos. UN SOL APAGADO: LA DEBACLE DEL PRD Integrantes del Partido de la Revolución Democrática, la otrora izquierda, responsables de desaparición de estudiantes de Ayotzinapa. Alberto Buitre desde Ciudad de México U n sol de negra silueta resplandece con fulgor amarillo en medio de un valle montañoso, un paraje terroso rodeado de árboles frondosos, en lo que simula ser un camino hacia un nuevo día. Un paraje que 22 bien pudiera ser cualquiera de la sierra del estado de Guerrero. Con esa imagen adorna su cuenta de twitter Carlos Navarrete, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En un vado similar al fondo utilizado por el dirigente perredista, fueron encontrados restos calcinados de cadáveres que, según especulaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), podrían pertenecer a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Un crimen ocurrido al amparo de dos militantes del PRD: el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre, cuya responsabilidad directa en la masacre tiene en crisis al tradicional partido de la izquierda electoral mexicana, el llamado “Sol Azteca”. Una “crisis” reconocida como tal por Navarrete, quien, además, enfrenta dos golpes más. Primero, la renuncia del fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano —hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, considerado el último de la estirpe de Generales de la Revolución Mexicana de 1910— quien renunció a su militancia perredista el pasado 25 de noviembre, a dos meses de la masacre de Ayotzinapa, argumentando que el partido político que fundara en 1989 está en “franco declive” y que “ha perdido autoridad moral frente a la sociedad”. La segunda, una deuda de más de 800 millones de pesos (US$60 millones). De esos, más de 211 millones de pesos adeudados por impuestos al SIGUE > PERÚ Noticias Aliadas Corrupción como ideología política Mayor desconfianza ciudadana en la política tras elecciones regionales y locales. L os resultados de los comicios regionales y municipales llevados a cabo el 5 de octubre no sorprendieron. Los partidos políticos nacionales han continuado en su ruta a la desaparición y la corrupción ha ingresado de lleno en la política. Un total de 20.6 millones de electores eligieron entre 106,058 candidatos representando a 475 organizaciones políticas que postularon a 25 gobiernos regionales, 195 alcaldías provinciales y 1,843 alcaldías distritales, y lo que ha quedado claro en estas elecciones, según el analista Fernando Tuesta, es que “el fraccionamiento partidario se ha acentuado”. Desde 1990 se ha producido una fuerte dispersión partidaria. Los llamados “partidos históricos” —Acción Popular, Partido Aprista, Partido Popular Cristiano y la Izquierda Unida— fueron perdiendo espacio frente a “partidos emergentes”. Para Tuesta, estos últimos son “organizaciones políticas, sin anclajes ideológicos, con poca maquinaria organizativa y altamente personalizados, que se inscriben como partidos nacionales, ganan elecciones presidenciales o parlamentarias, pero su penetración subnacional es muy baja o nula”. “El principal rasgo de estas organizaciones es su desarrollo personalista y endogámico”, agrega Tuesta en su blog Politika que publica la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A esto se suma que los partidos nacionales han sido desplazados por organizaciones regionales que no tienen ningún vínculo entre ellas y que son elegidas para un solo periodo. Ejemplo de ello son movimientos como Alianza Renace Ayacucho, Puro Ancash, Kausachun Cusco o Pasco Verde, cuyas propuestas son meramente reivindicativas. Sólo en seis gobiernos regionales ganaron candidatos de partidos políticos, en los 19 restantes el triunfo fue de organizaciones regionales. “Esa alta rotación, dispersión y falta de vínculos partidarios hace que los presidentes [de gobiernos regionales] elegidos provenientes de organizaciones regionales constituyan una caja de sorpresas”, señalaTuesta. Sin un compromiso ideológico, “la mayoría transitará por el camino del pragmatismo”. Y el resultado es que terminan siendo elegidos personajes altamente cuestionados. De acuerdo con el portal Útero.pe, 1,395 candidatos tienen sentencia penal o civil, incluyendo siete sentenciados por homicidio, 13 por narcotráfico y cinco por terrorismo. Además, el Ministerio Público informó que 127 candidatos estaban siendo investigados por lavado de activos. La Asociación Civil Transparencia, que trabaja en la consolidación de la democracia, señaló en un comunicado el 6 de octubre que “la multiplicación de listas —expresada una vez más en estas elecciones— impide la consolidación de un sistema de partidos estable y representativo. Dificulta también la fiscalización de las finanzas electorales que corresponde realizar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”. “Roba pero hace obra” La corrupción ha sido un tema que ha cruzado toda la campaña electoral. Una encuesta realizada a fines de setiembre por Ipsos Perú reveló que 59% de los entrevistados votaría por un alcalde “que roba pero que hace obra”, lo que indicaría la elevada permisividad del electorado peruano con el enriquecimiento ilícito. El caso más emblemático de este tipo de autoridades municipales es Luis Castañeda Lossio, quien fue elegido alcalde de Lima con más del 50% de los votos aunque pesan sobre él graves acusaciones de corrupción durante sus anteriores gestiones en la Municipalidad de Lima entre el 2002 y el 2010, incluyendo el llamado “caso Comunicore” que involucró la compra de una deuda de US$13 millones que tenía la Municipalidad de Lima por una empresa vinculada con el narcotráfico. Un sondeo de la empresa Datum reveló que 49% de los encuestados consideraba que Castañeda robaría pero haría más obras. Transparencia hizo un llamado de atención “por cuanto —de acuerdo con los informes de la ONPE— apenas un tercio de organizaciones políticas cumplió con reportar sus gastos de campaña en los plazos exigidos por la ley. En un contexto en que el crimen organizado, en especial el narcotráfico y la minería ilegal, intenta penetrar la política, el control de las finanzas de campaña adquiere mucha mayor importancia”. En tanto la actual legislación electoral no contempla restricciones para que personas que han cometido delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo o violación sexual postulen a cargos de gobierno, Transparencia recomendó “elevar la valla para participar en la competencia electoral. Tenemos que abrir el debate para establecer restricciones o incluso impedimentos para quienes cometieron delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo o violación sexual, así como para quien se niega a cumplir con las obligaciones alimentarias con sus hijos o quien debe reparaciones civiles al Estado por la comisión de algún delito”. “La participación de candidatos con sentencias o procesos penales por delitos de especial gravedad incrementa la desconfianza ciudadana en la política y afecta la calidad de la representación democrática”, precisó. Transparencia considera como urgente modificar la actual Ley de Partidos Políticos que incluya exigencias e incentivos para que las agrupaciones políticas, a fin de recuperar su representatividad, tengan actividad efectiva y permanente en todo el país. Esto permitirá “reducir la alta fragmentación” que hace que hoy “la mayoría de gobiernos regionales y locales esté en manos de organización de alcance territorial limitado”. q 23 Servicio de Administración Tributaria; más de 52 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) por multas; 25 millones de pesos en deudas generales arrastradas de su dirigencia pasada, y por si fuera poco, el empresario Carlos Ahumada reclama para sí unos 520 millones de pesos por haber financiado a ese partido entre los años 2003 y 2004. Partido desprestigiado Pero no todos en el PRD son pesimistas. Su líder en Guerrero, Carlos Reyes Torres, niega que el “Sol Azteca” haya fracasado durante la gestión de Aguirre y defiende los “buenos gobiernos” perredistas en la localidad, según declaraciones recogidas por el periódico El Sur de Guerrero. En contraste, el secretario general del Partido Comunista de México (PCM), Pável Blanco Cabrera, recuerda que durante los gobiernos perredistas en esa entidad fueron asesinados cinco militantes comunistas, incluido su líder local, Raymundo Velázquez Flores, quienes se suman a una larga lista de más de 260 crímenes políticos registrados en ese estado desde 1998. Los últimos, los normalistas de Ayotzinapa. “El PRD es un partido del capital, no es un partido de izquierda. Aunque los medios en su campaña goebbeliana han repetido tantas veces que la izquierda en México está representada por el PRD, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y ahora MORENA [Movimiento de Regeneración Nacional], nosotros pensamos que la izquierda en México está representada por los luchadores sociales, por el socialismo, por quienes tengan una “El PRD se ubicó en una zona de confort y desde ahí fue encontrando espacios de poder. Han sido intereses personales los que lo han llevado a esta crisis”. — ENRIQUE LÓPEZ RIVERA 24 posición claramente anticapitalista.”, declara el líder comunista en entrevista con Noticias Aliadas. De hecho, el 2 de diciembre el PCM renunció a su silla en el Foro de São Paulo —que agrupa a partidos políticos de izquierda y centro izquierda de América Latina— por la inclusión del PRD en su Grupo de Trabajo y al considerar que este organismo internacional protege al perredismo en su culpabilidad en la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa. “No cabe duda que el Grupo de Trabajo no tiene la menor idea de lo que Ayotzinapa significa, ni de lo que puede pasar en México, pues cierra filas con un partido tan desprestigiado como el PRD, un partido que protege criminales, un partido al servicio de los monopolios, un partido en profunda crisis interna”, afirma Blanco Cabrera. “Izquierda cómoda al sistema” Al respecto, Enrique López Rivera, doctor en ciencias políticas y catedrático del Instituto Tecnológico de Monterrey, afirma que el PRD se ha convertido en un partido “de izquierda cómoda al sistema, colaborador y consentidor del discurso oficial”. En entrevista con Noticias Aliadas, define el actual momento del PRD como una “crisis fuerte” que “pone al descubierto que todos los malos políticos están en todos los partidos. En México no hay partidos impolutos”. “El PRD se ubicó en una zona de confort y desde ahí fue encontrando espacios de poder. Han sido intereses personales los que lo han llevado a esta crisis. Tocar fondo te hace reconstruirte. Y aunque sí es posible reconstruirse, es poco probable. Sus voces están ancladas a viejos priístas [militantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI)], y se ha creado ambición por ganar espacios”, opina el académico quien apunta que un partido como este, emanado de los movimientos sociales, deberá asumir su responsabilidad por la masacre de Ayotzinapa. En tanto, se encuentran a la vera las elecciones federales del 7 de junio del 2015 en las que se renovarán los 500 diputados al Congreso federal, 903 presidencias municipales (incluida Iguala), 639 diputados locales y nueve gubernaturas. Un proceso que el Instituto Nacional Electoral ya arrancó de manera oficial, y ante el cual se especula el impacto que tendrá la crisis de Ayotzinapa y las crecientes protestas sociales, no sólo sobre el PRD, sino contra todo el sistema político mexicano.q AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN BOLIVIA Presidente Evo Morales es reelegido masivamente para un tercer mandato. ELECCIONES RATIFICAN RUMBO DEL PROCESO DE CAMBIO Presidente Evo Morales asegura un nuevo mandato gracias a políticas que han logrado mejorar el nivel de vida de la población boliviana. Fernando Valdivia Antisolis desde Santa Cruz S in sorpresas, las elecciones generales del pasado 12 de octubre en Bolivia culminaron con la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera para un nuevo periodo que se iniciará el 22 de enero del 2015 y se extenderá hasta el 2020. Al 95% del conteo, se confirma el triunfo electoral con 60% de los votos del Movimiento al Socialismo (MAS), el sui generis y poderoso partido de los movimientos sociales bolivianos que motoriza el proceso de cambio desde el 2006, cuando Morales fuera elegido como el primer mandatario indígena del país.. Tras conocer los primeros resultados, Morales agradeció “por ese nuevo triunfo del pueblo boliviano”. “Ha ganado la dignidad y la soberanía del pueblo boliviano y [este triunfo] está dedicado a todos los pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo”, dijo el mandatario. Lo significativo de estos comicios ha sido la masiva participación del pueblo boliviano —más del 80% de los casi 6 millones de electores acudió a votar—, junto a una alternancia de género (un varón y una mujer, para cada cargo electivo en la Asamblea Plurinacional, regla aplicable a la selección de suplentes del candidato) que garantiza la efectiva elección de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El voto no sólo es un derecho, sino también un deber establecido por ley, pero el entusiasmo ciudadano resultó desbordante, tal 25 como ocurriera en los eventos electorales anteriores. A esta masiva asistencia a las urnas se han sumado 270,000 migrantes inscritos en diferentes países. Las fuerzas opositoras se presentaron divididas en dos opciones: la centroderechista Unidad Democrática (UD) del empresario del cemento Samuel Doria Medina —que obtuvo 25% de los votos— y el derechista Partido Demócrata Cristiano, que le prestó su sigla al exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), quien se aproximó a un modesto 10% de los votos. Mucho más abajo, con porcentajes cercanos al 3%, se ubicaron Juan del Granado, exalcalde de la ciudad de La Paz y líder del Movimiento Sin Miedo, y Fernando Vargas, del Partido Verde de Bolivia. Detrás del triunfo Pero, ¿qué está detrás de estos porcentajes que grafican las preferencias electorales de los bolivianos? Sin duda alguna, es la decisión de continuar con un proceso de cambio que ha transformado radicalmente a un país cuya viabilidad había sido puesta en tela de juicio por diferentes organismos internacionales. Aunque disimulada en la presunta necesidad de ampliar las relaciones del país, la oposición propuso un acercamiento e integración con la Alianza del Pacifico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, que promueve el libre comercio. Por el contrario, el frontal cuestionamiento a toda la política neoliberal de antaño, ha sido la punta de lanza del discurso de Morales. La nacionalización de los hidrocarburos, concretada en su primer año de gobierno (2006), es hoy base económica de la bonanza por la que atraviesa el país. La clave de la victoria electoral del MAS radica en el cumplimiento de las demandas de los sectores populares, que se ha traducido en un sostenido crecimiento económico —4.9% anual en promedio entre el 2006 y el 2013— con sistemáticas medidas orientadas a promover una redistribución equitativa. Así, la economía es la más estable de la región y resulta paradigmática incluso para La nacionalización de los hidrocarburos, concretada en su primer año de gobierno (2006), es hoy base económica de la bonanza por la que atraviesa el país. 26 La clave de la victoria electoral del MAS radica en el cumplimiento de las demandas de los sectores populares, que se ha traducido en un sostenido crecimiento económico —4.9% anual en promedio entre el 2006 y el 2013—. el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo Informe sobre la Evaluación de la Transparencia Fiscal emitido en febrero pasado también destaca los significativos avances de Bolivia en transparencia fiscal con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). El crecimiento previsto para este año (5.7%) coloca a Bolivia en la vanguardia de éste y otros indicadores macroeconómicos. La infraestructura del país, particularmente en lo referido a vías carreteras e industria estatal, se ha multiplicado y continúa creciendo. Las políticas educacionales, que erradicaron el analfabetismo, han apresurado la descolonización, que incluye internet al alcance de todos en las áreas rurales gracias al lanzamiento del satélite Túpac Katari. La descolonización es entendida como “el reconocimiento de los derechos colectivos y de la presencia indígena”, tal como lo señala el vicepresidente García Linera. La salud recibe un creciente apoyo estatal y ahora abarca todos los confines de un país acostumbrado a considerar sus servicios como un lujo. Registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) revelan que, en términos porcentuales, la reducción de la extrema pobreza fue de 17.2% entre 2001 y 2012. La lucha contra el narcotráfico, luego de la expulsión del país de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense en el 2008, ha mostrado ser más eficaz que nunca, particularmente en lo que se refiere a la erradicación de cultivos ilícitos. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ha señalado recientemente que el gobierno superará ampliamente la meta de 5,000 Ha anuales de erradicación de cultivos excedentes, y esta vez se pretende superar las 12,700 Ha hasta fin de año. Una política internacional coherente ha convertido a Bolivia en referente de la lucha antiimperialista en el mundo entero, y su demanda histórica de reivindicación marítima ha logrado, finalmente, una aprobación interna y externa abrumadora; en lo interno, con la aprobación de expresidentes y excancilleres de los últimos años y, en lo externo, con diversas resoluciones de apoyo de varios países de América Latina y de organismos internacionales como la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR). Riesgo de retroceso La ratificación de rumbo expresada en las urnas cierra, al menos por un largo tiempo, las posibilidades de que la oposición de derecha imponga sus políticas regresivas. El espaldarazo popular recibido se convierte en el principal obstáculo para políticas desestabilizadoras promovidas de manera sistemática y constante por el gobierno de EEUU. En lo interno, la oposición se ve reducida al papel de fiscalizador y, si se confirma el porcentaje electoral obtenido por unos y otros, la composición parlamentaria le daría al MAS los dos tercios en ambas cámaras, indispensable para aprobar nuevas leyes fundamentales. Empero, el futuro de Bolivia no está garantizado. Muchos analistas coinciden en afirmar que el gobierno de Morales —y, por ende, el proceso de cambio— tuvo a su favor el alto precio de materias primas de las que Bolivia es un nato exportador. La recesión mundial de la economía, con la consiguiente reducción de la demanda, puede ser un factor adverso. De igual manera, cambios políticos en países aliados como Brasil y Venezuela, podrían eventualmente afectar la solidez del gobierno boliviano. Así, por ejemplo, el analista cruceño Hugo Siles afirma que “un eventual retorno del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a la presidencia de Brasil, podría significar un cambio de 180 grados en la política exterior del coloso sudamericano”, con fuertes efectos para Bolivia. Sin embargo, el mayor desafío de la gestión que se inicia luego de estas elecciones es armonizar las propuestas desarrollistasqueponenénfasisenlaexplotacióndelasriquezas naturales renovables y no renovables, con los postulados del Vivir Bien (o Buen Vivir), que demandan constantemente un respeto por la Madre Tierra y por la aplicación de políticas que no siempre van del brazo del crecimiento económico. q BRASIL Sorpresivos resultados en primera vuelta Camino a la reelección se complica para presidenta Dilma Rousseff. D urante las semanas previas a las elecciones del 5 de octubre, las encuestas daban por segura una segunda vuelta entre la presidenta Dilma Rousseff, que postula a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), y la ambientalista Marina Silva, a la cabeza del Partido Socialista Brasileño (PSB). En un lejano tercer lugar en la intención de voto se encontraba Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Sin embargo, las indecisiones de Silva —que accedió a la candidatura presidencial luego que el titular de la fórmula del PSB, Eduardo Campos, falleciera en un accidente de aviación el 13 de agosto— y sus opiniones ultraconservadoras sobre el aborto, el matrimonio homosexual y la lucha contra la homofobia, le pasaron la factura y en los días previos a los comicios quedó relegada al tercer lugar. De acuerdo con resultados oficiales, Rousseff obtuvo 42% de los votos, mientras que Neves logró captar el 34%. Ambos se enfrentarán nuevamente el 26 de octubre, pero será Silva, que quedó con 21% de la votación, quien decida para qué lado se inclinará la balanza. Por el momento Silva sólo ha afirmado que “Brasil señaló claramente que no está de acuerdo con lo que hay”, en referencia al gobierno del PT, pero el PSB todavía no ha tomado una decisión oficial sobre a quién apoyar y al parecer dejará en libertad a sus votantes. Tras conocer los resultados, Neves hizo un llamado a Silva “a unir fuerzas” para derrotar a Rousseff, mientras que la presidenta manifestó que “el pueblo brasileño ansía más avances y dice que ve en el proyecto que yo represento la más legítima y confiable fuerza de cambio. La lucha continúa y será victoriosa”. Campaña corta e intensa Esta es la sexta vez que el PT y el PSDB se enfrentan en segundas vueltas presidenciales. El PSDB ganó en 1994 y 1998 al resultar electo Luiz Henrique Cardoso (1994-2002). El PT se impuso en el 2002 y el 2006 con Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010), y en el 2010 con Rousseff. Aunque Neves es catalogado como socialdemócrata, es defensor de las políticas económicas más liberales aplicadas por el expresidente Cardoso y sus propuestas son antagónicas a las del PT. De hecho, intentará convencer al electorado, especialmente a los seguidores de Silva, de que recuperará el rumbo de la economía que se encuentra estancada. Rousseff tiene a su favor los grandes avances en el área social, fruto de los programas implementados por los sucesivos gobiernos del PT, además de haber colocado a Brasil como la séptima economía del mundo. Para los próximos cuatro años, la mandataria propone impulsar la industria local, proteger el empleo, promover la inversión en infraestructura y ampliar la cobertura de los programas sociales. Diversos analistas han coincidido en señalar que Rousseff y Neves tienen las mismas posibilidades de llegar a la presidencia. “Aécio Neves renació de las cenizas y llega con mucha fuerza a este segundo turno. Creo que Rousseff y Neves tienen 50% de posibilidades de ser electos. Será una campaña muy corta y muy intensa”, declaró a la prensa el analista André César, de la consultora brasileña Prospectiva. Los 143 millones de votantes también eligieron a los gobernadores de los 27 estados del país, 54 de los 81 senadores y 513 diputados federales.— NA 27 COLOMBIA Negociadores del gobierno y las FARC debaten en La Habana. Susan Abad desde Bogotá “ La circulación de versiones y rumores” que pretendían “desinformar y crear desconfianza” entre los colombianos fue —a decir del jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle— la razón que impulsó, a fines del mes pasado, al presidente Juan Manuel Santos a revelar los acuerdos a los que se ha llegado en los diálogos de paz que desarrollan en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) desde noviembre del 2012. “Ha habido filtraciones de los acuerdos que han contribuido a confundir aún más a la opinión”, denunció De La Calle, añadiendo que por eso decidieron “coger el toro por los cuernos” para que los colombianos “comparen lo que hemos informado con los textos auténticos que hoy entregamos y que comprendan la totalidad de lo pactado. Verán que hemos informado lealmente. Deberán concluir que no hay nada oculto”. De esta forma, las 65 páginas que contienen lo pactado en tres de los cinco temas de la agenda: agro, participación política y drogas ilícitas, fueron relevados de su confidencialidad inscrita desde sus inicios en el llamado “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 28 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ “Nada está acordado hasta que todo esté acordado” Tres de los cinco puntos de agenda de negociaciones de paz entre gobierno y FARC ya han sido aprobados. En el primer punto denominado “Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” destaca la creación de un fondo de tierras para distribuirlas de forma gratuita a aquellos campesinos que, o no tienen tierra o les son insuficientes. El gobierno facilitaría a los Las 65 páginas que contienen lo pactado en tres de los cinco temas de la agenda: agro, participación política y drogas ilícitas, fueron relevados de su confidencialidad inscrita desde sus inicios en el llamado “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. beneficiarios créditos, asistencia técnica y apoyo para la comercialización. Paralelamente, se actualizará el catastro para propiciar que quien más tenga más pague. También se acuerda la protección del medio ambiente y programas especiales de desarrollo territorial. “Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación”, dijo el jefe negociador. Asimismo, se pacta la creación de un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional, para lo cual se fortalecerán los mercados locales y regionales, así como programas especiales contra el hambre. Apertura democrática En lo que respecta a la “Participación Ciudadana para Consolidar la Paz”, las partes esperan el surgimiento de una nueva apertura democrática, basada en la creación de nuevos partidos políticos que no dependan de la obtención de un umbral —que en la actualidad es de 3% de los votos válidos— para conservar su personería jurídica. Para permitir que las zonas más afectadas por el conflicto armado tengan mayor representación en el Congreso, se establece la creación de Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz. Además se creará una Ley de Garantías para fortalecer la transparencia del sistema electoral y promoción de la tolerancia en el ejercicio político. Destaca en este segundo acuerdo la búsqueda de que “nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política”, como dijo De La Calle. Para ello se creará el Estatuto de la Oposición y se establecerá un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, que garantizaría a quienes dejen las armas, a líderes de movimientos sociales y defensores de derechos humanos, de que no serán objeto de la violencia una vez se reincorporen a la sociedad civil. En el tema de drogas ilícitas destaca la puesta en marcha de un Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo y el compromiso en la prevención y tratamiento del consumo de drogas. También se acordó una estrategia para ampliar la lucha contra el crimen organizado que tiene nexos con el narcotráfico. Las FARC por su parte se comprometieron a poner fin a cualquier relación con el narcotráfico que “se hubiese presentado”. Lo extenso de los acuerdos ha generado que analistas y partidos políticos se tomen su tiempo para estudiarlos. Sin embargo, aclarando que sólo ha realizado una rápida revisión, la experta en Ciencias Políticas Martha Parra comentó con Noticias Aliadas que, “los textos en general coinciden con lo que, a “Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación”. — HUMBERTO DE LA CALLE grandes rasgos, informaron los negociadores en mayo y noviembre del 2013 en lo que concierne al agro y la participación política, y en mayo de este año el tema de las drogas ilícitas. No hay nada que indique que se esté llevando al país a un régimen castro-chavista como afirma la oposición”. Puntos críticos pendientes El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), adelantó también su opinión y asegura que para reparar a los campesinos sin tierras bastaba con hacer uso de la ley de extinción de dominio y que las primeras emplazadas a devolver tierras son las FARC quienes, afirma, “están entre los principales despojadores de tierra del país”. El ministro de Agricultura Aurelio Iragorri salió en defensa de los acuerdos y destacó que lo novedoso de lo hasta hoy acordado en el tema agrícola, es que los campesinos recibirán las tierras para generar riqueza y que no pase lo mismo que en otras épocas que quedaron improductivas y fueron aprovechadas por el narcotráfico. Destacó el compromiso de formalizar las tierras y reveló que en Colombia hay 4 millones de predios y sólo el 21% de estos tienen escrituras. Añadió la importancia del impulso a la seguridad alimentaria y la búsqueda de la autosuficiencia del país en este tema. Parra precisa que “en cierta manera estos son pre acuerdos” y recuerda que los negociadores siguen sosteniendo que “nada está cordado hasta que todo esté acordado”. Asegura que, además de dos temas de la agenda —reparación de víctimas y dejación de armas—, “faltan los puntos críticos: ¿Devolverán tierras las FARC? ¿Pagarán los guerrilleros penas en cárceles? ¿Podrán ser congresistas los guerrilleros responsables de secuestros, asesinatos y masacres? ¿Terminarán extraditados algunos guerrilleros? El verdadero pulso aún está por darse”. q 29 BRASIL PTARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT) ROUSSEFF ENFRENTARÁ DIFICULTADES EN NUEVO MANDATO Presidenta propone reforma política dirigida a ampliar representación ciudadana y que afectaría intereses rurales y empresariales en el Legislativo. Dilma Rousseff y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva celebran reelección presidencial. José Pedro Martins desde São Paulo C on 51.6% de los votos válidos, la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), fue reelegida en la segunda vuelta electoral llevada a cabo el 26 de octubre. Y en la primera semana después de su elección la mandataria ya se hizo una idea de lo difícil que será la gobernabilidad en los próximos cuatro años, teniendo en cuenta que el próximo Congreso Nacional tendrá una composición mucho más conservadora. Rousseff obtuvo 54.5 millones votos contra los 51 millones otorgados a Aécio Neves, senador por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), equivalentes al 48.3% de la votación. Fue la elección presidencial más disputada de la historia brasileña, 30 en una campaña marcada por muchos cambios en las preferencias de los electores. En los primeros sondeos electorales la presidenta Rousseff siempre aparecía con holgura a la cabeza, pero el margen empezó a disminuir a principios del 2014, con el avance de las candidaturas de Neves y de Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileño (PSB). Campos, exgobernador del estado de Pernambuco, murió el 13 de agosto en un accidente de aviación en plena campaña electoral. Con su muerte, la exsenadora por el estado de Acre, Marina Silva, quien integraba la fórmula de Campos, asumió la candidatura presidencial y pronto apareció en primer lugar en las encuestas, superando a Rousseff y a Neves, que prácticamente estaba fuera de juego. Hubo luego una fuerte reacción de las campañas de Rousseff y Neves para “deconstruir” la candidatura de Silva, quien había mostrado grandes inconsistencias en algunos debates. El resultado fue que, en la primera vuelta el 5 de octubre, Rousseff y Neves quedaron en primer y segundo lugar, respectivamente, y debían competir en una segunda vuelta. Fortaleza de los programas sociales En las primeras encuestas tras la primera ronda, Neves superaba a Rousseff. Una vez más se produjo una fuerte reacción. La presidenta exhibió y reiteró la importancia de los programas sociales desarrollados durante los gobiernos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010) y de ella misma, ambos del PT. Son programas que, según numerosos organismos internacionales, han sacado a millones de la pobreza en Brasil. De acuerdo con la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares, el número de personas consideradas en situación de pobreza extrema —con ingresos menores a US$1.25 diarios y que no pueden satisfacer necesidades básicas para vivir como alimentación, acceso a agua potable y sanidad, vivienda y servicios de salud— disminuyó en 65%, pasando de 15.2% en el 2003 a 5.3% en el 2012. Con una tasa media de crecimiento anual de 3.5% entre 2003 y 2013, también han aumentado la inclusión social y el número de miembros en la llamada nueva clase media. Se estima que unos 40 millones de brasileños han emigrado de las clases D y E hacia la clase C. Por su parte, Neves destacó los logros del gobierno del expresidente Fernando Henrique Cardoso (19952002), del PSDB, como una fuerte caída de la inflación. Poco a poco, Rousseff fue recuperando la delantera y, en las últimas encuestas ya aparecía por delante de Neves. De todos modos, se esperaban resultados muy estrechos y la presidenta Rousseff acabó reelecta por muy pequeño margen. Una explicación de su victoria fue el gran desempeño electoral que tuvo en el Nordeste, la región más pobre de Brasil y la más beneficiada por los programas sociales del PT. Otra explicación fue la derrota de Neves en su estado natal, Minas Gerais, donde incluso fue gobernador por dos mandatos, entre el 2003 y el 2010. En su discurso de victoria, Rousseff hizo muchas referencias a su mayor paladín electoral, el expresidente Lula, que ahora se convierte en un fuerte candidato para sucederla en el 2018. La mandataria anunció que una de sus primeras medidas sería un compromiso con una reforma política, lo que podría ocurrir a través de un plebiscito o referendo. La reforma política incluye la propuesta de financiamiento público a los partidos y sus campañas, la revisión del sistema electoral, la formación de coaliciones partidarias, suplencias de legisladores y el voto secreto en las decisiones del Legislativo. Pero no pasó una semana para que se produjese una reacción por parte del Congreso, que teóricamente sería La reforma política incluye la propuesta de financiamiento público a los partidos y sus campañas, la revisión del sistema electoral, la formación de coaliciones partidarias, suplencias de legisladores y el voto secreto en las decisiones del Legislativo. el más afectado por la reforma política. El 28 de octubre, la Cámara de Diputados anuló un decreto firmado en mayo por la propia presidenta Rousseff y que establecía la Política Nacional de Participación Social que regula los mecanismos de participación y audiencias públicas. Cámara de Diputados exhibe fuerza Para los analistas, fue un mensaje claro del Congreso de que no perdería el control y no aceptaría una reforma política profunda. El analista político Antônio Augusto de Queiroz, director de Documentación del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), señaló que una reforma política amplia, que incluya una Constituyente exclusiva, no les interesará, por ejemplo, a las nuevas organizaciones políticas con representación en el Congreso, incluyendo los partidos Social Democrático, Solidaridad, Republicano del Orden Social, Social Demócrata Cristiano, Ecológico Nacional, y del Trabajo Nacional. “A los nuevos partidos una reforma que cambiase las actuales reglas del juego no les interesaría”, dijo el analista del DIAP. En su opinión, una reforma con Constituyente exclusiva [para la reforma política] sólo tendría oportunidad de ser implementada con tres condiciones: Tener “el compromiso del Ejecutivo”, lo cual debe de ser difícil, porque la presidenta electa tendrá mayores dificultades en negociar con el Congreso; tener “una fuerte presión popular sobre los parlamentarios”; y que las nuevas reglas sean “generosas”, no aplicándose en la elección subsiguiente. Y los cambios en el texto constitucional, observa De Queiroz, dependen de 308 votos en la Cámara, “lo cual nunca es una tarea fácil”. 31 Para el filósofo Roberto Romano, profesor de la Universidad Estadual de Campinas, la reforma política tendrá muchas dificultades para su implementación. “En nuestra historia política, cuando no se quiere cambiar nada, se habla de eso todo el tiempo. Y ahora se está hablando mucho de reforma política”, destaca. Una verdadera reforma, resalta Romano, debería comenzar “por un cambio completo en la actual estructura partidaria, y los partidos brasileños son cualquier cosa menos democráticos”. Además del voto presidencial, fueron elegidos los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y 54 de los 81 senadores, y los gobernadores de los 27 estados del país. Si bien la coalición que reeligió a la presidenta Rousseff, llamada “Con la fuerza del pueblo” y que incluye a los partidos Movimiento Democrático Brasileño, Social Democrático, Progresista, de la República, Democrático Laborista, Republicano Brasileño, Republicano de Orden Social y Comunista de Brasil, obtuvo 300 diputados —el PT logró 70 diputados, y sigue siendo la primera bancada en la Cámara, pero son 18 legisladores menos que los actuales—, lo que indicaría una cierta holgura en la Cámara, pero resulta que siempre hay disidencias y realineamientos de acuerdo con el asunto que se examine y se vote. Muchas veces predominan los bloques de interés por encima de los colores partidarios. Habrá, en fin, mucha negociación en los próximos cuatro años, con grandes dificultades para la gobernabilidad. A menos que los proyectos sociales del PT se amplíen y fortalezcan aún más, que la economía retome el crecimiento de la época del gobierno de Lula y los primeros años del gobierno de la misma Rousseff, y con ello el gobierno federal tendría un apoyo consolidado en el Congreso Nacional. q URUGUAY Presidencia se decidirá en segunda vuelta Izquierdista Frente Amplio tendrá mayoría parlamentaria. T abaré Vázquez, candidato por el izquierdista Frente Amplio (FA), se impuso en la primera ronda electoral realizada el 26 de octubre por 47.8% de los votos válidos. Sin embargo, al no haber superado el 50% de la votación tendrá que disputar la presidencia con Luis Lacalle, del derechista Partido Nacional (o Blanco), quien logró 30.9%. En tercer lugar quedó Pedro Bordaberry, del derechista Partido Colorado, con 12.9%, seguido por Pablo Mieres, del Partido Independiente, con 3.1%. Unidad Popular, Partido Ecologista Radical Intransigente y el Partido de los Trabajadores sólo sumaron en conjunto el 1.9% de los votos. Tras conocer los resultados, Vázquez —médico oncólogo de 74 años que gobernó Uruguay entre el 2005 y el 2010— expresó su “profundo agradecimiento a todo el pueblo uruguayo. Una vez más dio muestras de respeto. También quiero agradecer al pueblo del Frente Amplio, los gestores de que esta fuerza sea la más votada en todo el país”. “El pueblo uruguayo sabe cómo expresarse y es nuestra responsabilidad interpretar lo que el pueblo elige. Esta fuerza política se ha votado mayoritariamente, pero tendremos que ir a ballotage”, afirmó. “Las campañas largas son tediosas, pero así lo exige la Constitución”. Lacalle, de 41 años e hijo del expresidente neoliberal Luis Alberto Lacalle (1990-95), se mostró sorprendido por los resultados —una encuesta de la empresa Interconsult del 14 de octubre lo daba como ganador en la primera vuelta con 47% de la intención de voto— y admitió que será “difícil” derrotar al FA. “Tenemos una posibilidad más para que nuestro proyecto sea compartido”, manifestó. “El 52% votó 32 distinto al gobierno. No hubo un respaldo de más de la mitad de la ciudadanía al gobierno. Vamos a convocar especialmente a ese 52%”. Derecha se agrupa Bordaberry —hijo a su vez del expresidente de facto Juan María Bordaberry (1972-76) quien en 1973 dio inicio a la dictadura militar que gobernó Uruguay hasta 1985— anunció su apoyo a Lacalle para la segunda vuelta. “Trabajaré cada hora de los próximos 34 días para que el Dr. Lacalle Pou gane el balotaje”, dijo. “Lo haré convencido de que es lo mejor para mi patria, para los uruguayos todos”. El Partido Independiente, por su parte, decidió no respaldar a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta y dejó en libertad a sus electores. Además de la votación presidencial, también fueron elegidos los 30 senadores (más el vicepresidente electo, quien presidirá el Senado) y los 99 integrantes de la Cámara de Representantes. El FA tiene asegurados 15 senadores, a los que se sumaría el vicepresidente Raúl Fernando Sendic —hijo del emblemático exguerrillero tupamaro Raúl Sendic— en caso que gane la segunda vuelta. Y tendrá 50 escaños en la Cámara de Diputados. Desde el 2005, cuando el FA llegó al poder por primera vez, ha tenido mayoría parlamentaria que le ha permitido aprobar reformas fiscales y de la salud, y leyes como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la regulación del mercado de marihuana. En la votación también se incluyó un plebiscito para rebajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, promovido por el Partido Colorado. La iniciativa no obtuvo el respaldo ciudadano para ser aprobada al obtener sólo 46% de los votos.— NA AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Noticias Aliadas Avances en lucha contra el hambre Región logra alcanzar meta de reducción a menos de la mitad de personas en situación de subalimentación. A mérica Latina y el Caribe es la región que ha mostrado el mayor progreso en la reducción del hambre, disminuyendo su prevalencia en casi dos tercios desde principios de 1990. Esto ha permitido alcanzar en conjunto la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la proporción de personas en países en vías de desarrollo que sufre subalimentación antes de cumplirse la fecha límite establecida para el 2015, asegura el informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014”, publicado el 16 de setiembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Raúl Benítez, representante regional de la FAO, señaló en la presentación del informe en Santiago de Chile que “el compromiso político es fundamental para la erradicación del hambre y América Latina y el Caribe es un ejemplo para el resto del mundo de este compromiso”. Ejemplo de ese compromiso han sido los esfuerzos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como de organismos subregionales como la Unión de Naciones Suramericanas, el Mercado Común del Sur, la Comunidad del Caribe, que convirtieron la lucha contra el hambre en una de sus prioridades. Si bien la proporción de personas que sufre subalimentación en la región bajó de 15.3% desde 1990 a 6.1% actualmente, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo y son las mujeres en zonas rurales y los pueblos indígenas quienes enfrentan las más elevadas tasas de pobreza e inseguridad alimentaria. Benítez precisó que los gobiernos de la región, conscientes de que el crecimiento económico no iba a resolver los problemas de la desigualdad, implementaron políticas dirigidas a los sectores menos favorecidos, incluyendo programas de transferencias monetarias condicionadas, alimentación escolar y apoyo a la agricultura familiar. Brasil fue presentado como ejemplo para el mundo en la erradicación de la inseguridad alimentaria con la implementación de programas sociales como Hambre Cero y Bolsa Familia que han permitido que entre el 2002 y el 2013 redujera en 82% su población en situación de subalimentación, la pobreza bajara de 34% a 15% y la pobreza extrema de 15% a 5.2%. Bolivia también fue incluido entre los países que destacan por sus esfuerzos en luchar contra el hambre al establecer políticas de seguridad alimentaria focalizadas particularmente en los pueblos indígenas, que han logrado que el hambre se reduzca en 7.4% entre el 2009 y el 2014. Además, la desnutrición crónica en niños menores de tres años bajó de 41.7% en 1989 a 18.5% en el 2012. “Este año celebramos los logros regionales”, dijo Benítez. “El reto por delante es consolidar los avances, redoblar los esfuerzos en los países rezagados a través de la cooperación regional, y aprender de las experiencias que han dado los mejores resultados para construir el camino que nos llevará a ser la última generación en tener que convivir con el hambre en América Latina y el Caribe”.q AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Suministro de energía alimentaria promedio 2012-2014* País % Cuba 140 Argentina 139 Brasil 134 México 129 Venezuela 126 Honduras 125 Chile 123 Barbados 123 Belice 122 San Vicente y Granadinas 122 Trinidad y Tobago 120 Panamá 120 Uruguay 120 Colombia 119 Guyana 119 Perú 119 Nicaragua 118 Guatemala 117 Jamaica 116 Surinam 116 Costa Rica 115 El Salvador 112 Ecuador 111 Paraguay 108 Rep. Dominicana 107 Bolivia 105 Haití 89 *El indicador expresa el suministro de energía alimentaria (kilocalorías per cápita diarias) como porcentaje del requerimiento promedio de energía alimentaria en cada país. Fuente: FAO 33 PERÚ ASOCIACIÓN BARTOLOMÉ ARIPAYLLA “CRIANZA” DE LAGUNAS Mediante faenas comunales, comunidad andina crea lagunas. Reconocen práctica de siembra y cosecha de agua de lluvia. Noticias Aliadas L a práctica “Siembra y cosecha de agua de lluvia frente a la reducción de humedad del suelo y de la recarga hídrica de acuíferos en cabecera de cuenca”, impulsada por la Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA) y la comunidad campesina de Quispillaccta, en el departamento surandino de Ayacucho, ha sido reconocida con el primer puesto del Concurso Buenas Prácticas frente al Cambio Climático en el medio rural, en el marco del Premio Nacional Ambiental 2014, organizado por el Ministerio del Ambiente (MINAM). La premiación sé realizó el 2 de diciembre en el auditorio Platinum Garden, del Encuentro Voces por el Clima —espacio de exposición e intercambio promovido 34 por el gobierno para sensibilizar al público sobre la importancia del cambio climático— donde recibieron de manos del ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal el merecido reconocimiento a su importante labor. El Encuentro Voces por el Clima se realizó en el marco de la 20ª Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Lima del 1 al 12 de diciembre. Mediante faenas comunales, hace 20 años la comunidad campesina de Quispillaccta, ubicada en el distrito ayacuchano de Chuschi, entre 2,800 a 4,600 m.s.n.m., inició la crianza de lagunas impulsando la práctica de siembra y cosecha de agua de lluvia. Con esta práctica los comuneros de Quispillaccta buscan responder al problema de escasez de agua en las comunidades adyacentes a las cuencas de los ríos Pampas La comunidad de Quispillaccta promueve un enfoque de desarrollo basado en la regeneración del Vivir Bien, o Buen Vivir, (Sumaq Kawsay) de toda la colectividad viva (humana, naturaleza y deidades). y Cachi-Mantaro, provocado entre otros factores por las bajas tasas de recarga hídrica y la rápida desaparición de los nevados que alimentan sus fuentes primarias como efecto del cambio climático, que también trae como impacto negativo el aumento de la agresividad del granizo y severidad de las heladas. Entre los otros factores que influyeron en la resequedad generalizada de la pradera comunal con pérdida de la cubierta vegetal de los cerros y en la disminución del caudal de los ríos y casi desaparición de los puquiales, destacan la violencia política armada, que se inició en el distrito de Chuschi en 1980 y que asoló al país hasta el 2000, ocasionando destrucción de protecciones de manantes y abandono del campo por los comuneros (asesinatos, desapariciones y migraciones forzadas); la pérdida de “cariño” y respeto al agua de un sector de la población que ha desatendido las festividades y rituales; la desvalorización del saber y la cosmovisión local en la crianza del agua y del paisaje por la academia y las instituciones públicas. Es por ello que ABA —creada en 1991 por las ingenieras agrónomas Magdalena y Marcela Machaca—, que presta asesoría técnica y apoyo económico para el proceso de recuperación del agua en la comunidad de Quispillaccta, promueve un enfoque de desarrollo basado en la regeneración del Vivir Bien, o Buen Vivir, (Sumaq Kawsay) de toda la colectividad viva (humana, naturaleza y deidades), en tanto califican como “Vida armoniosa y digna” de las mismas, en su propia manera de criar la vida centrada en la chacra (agricultura). Este enfoque implica reconocer el valor económico y social de la agricultura campesina andina, es decir, el cambio hacia la agroecología y la soberanía alimentaria, así como el desarrollo de fiestas y rituales agrarios, y una educación basada en diálogo de saberes. La siembra y cosecha de agua de lluvia (criar agua) se realiza adaptando las hoyadas naturales para almacenar aguas de escorrentía hasta lograr la formación de “lagunas artificiales”, construyendo diques con piedras, arcillas y cenizas. También se siembra plantas nativas para incrementar el caudal de los manantes y perennizar el agua de los puquiales y bofedales, a las cuales se les llama “madres del agua”. Se construyen cercos naturales y alambradas alrededor de los ojos de agua, bofedales, puquiales y manantes, para evitar que los animales las depreden y puedan recuperar su recarga hídrica. Todo ello con participación activa de los comuneros y autoridades de la comunidad de Quispillaccta. “Es hacer agua donde no hay agua, con la planta madre que llama agua y haciendo la cosecha de lluvia en vasos naturales. Hasta ahora tenemos 71 lagunas estabilizadas y 10 en proceso de formación, en total 81 lagunas”, dice Magdalena Machaca, directora ejecutiva de ABA. A partir del año 2000, ABA amplía las actividades hacia las comunidades vecinas y se empieza a utilizar maquinaria pesada con participación comunal para mejorar diques de lagunas de agua de lluvia o en la construcción de otras nuevas. Su meta es ampliar a 200 las lagunas creadas. Pero ABA no solo cosecha agua, también cosecha reconocimiento público por su labor. Preguntada sobre lo que significa para ella esta premiación, Magdalena Machaca afirmó: “Es una experiencia linda porque se trata del reconocimiento a esos saberes milenarios que aún conviven en nuestras comunidades… Muchas veces nuestros pueblos han sido relegados al atraso… les llaman pueblos arcaicos y no es cierto, sino que estamos en manos de esas sabidurías para afrontar ese problema del cambio climático. Por eso mi sentimiento es enorme y [es sentir] que vale mucho nuestra sabiduría como la siembra y cosecha de agua de lluvia”. q “Es una experiencia linda porque se trata del reconocimiento a esos saberes milenarios que aún conviven en nuestras comunidades. Muchas veces nuestros pueblos han sido relegados al atraso,les llaman pueblos arcaicos y no es cierto”. — MAGDALENA MACHACA 35 AMÉRICA LATINA/EL CARIBE LARED21 Cumbre climática caliente Delegados a COP20 deben aprobar borrador de nuevo acuerdo para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Urge nuevo acuerdo vinculante que obligue a países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Cecilia Remón desde Lima E l calor es tan intenso en la sede de la 20ª Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se lleva a cabo en Lima, Perú, que a decir de una corresponsal extranjera “es un buen ejemplo del efecto invernadero. ¿Será a propósito para tomar más conciencia del calentamiento global?. Año a año las cifras han ido creciendo, y de acuerdo con Los representantes de 195 países que asisten a la COP20, también llamada cumbre climática, tendrán como tarea entre el 1 y el 12 de diciembre elaborar el borrador de un nuevo acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global, y evitar el aumento de la temperatura más allá de los 2ºC. Este acuerdo deberá ser aprobado en la COP21 a realizarse en Paris, Francia, en diciembre del próximo año. Aunque en el 2012 se amplió la vigencia del Protocolo de Kioto —único instrumento legalmente vinculante que obliga a los países desarrollados a reducir sus emisiones de GEI, firmado en 1997— hasta el 2020, algunas naciones industrializadas anunciaron que no cumplirán con ese mandato . Tratado legalmente vinculante Desde el 2007, en la COP13 realizada en Bali, Indonesia, se planteó la necesidad de un nuevo acuerdo global vinculante que reemplazara al Protocolo de Kioto, que expiraba el 31 de diciembre del 2012. En esa conferencia se aprobó la Hoja de Ruta de Bali que establecía un programa de trabajo para el 36 periodo posterior al 2012. Pero durante la COP15 (2009) en Copenhague, Dinamarca, la insistencia de que el Protocolo de Kioto fuera el marco de un nuevo instrumento vinculante generó resistencias de los países desarrollados. Delegados de los 29 países considerados como los mayores emisores de GEI se reunieron fuera de la cumbre oficial y aprobaron los llamados Acuerdos de Copenhague que admitía la necesidad de reducir drásticamente las emisiones mundiales para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC. Pero al ser un pacto informal, debió ser discutido en la COP16 de Cancún, México, en el 2010. En Cancún fueron aprobados acuerdos que incluían mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2ºC pero sin adoptar medidas concretas para la reducción de GEI. Igualmente se decidió la creación de un Fondo Verde para el Clima, destinado a ayudar a los países en desarrollo en la mitigación y adaptación al cambio climático, para lo cual se recaudará US$100 millardos para el 2020. En la COP17 (2011), en Durban, Sudáfrica, se aprobó una plataforma que propone una “acción reforzada” que permitiera arribar a un nuevo compromiso que involucre a todas las partes de la CMNUCC, no sólo a los países desarrollados como ocurría con el Protocolo de Kioto. En la COP18 (2012), en Doha, Qatar, se amplió la vigencia del Protocolo de Kioto hasta el 2020, año en el que debe estar en vigencia un nuevo acuerdo global. El año pasado, en la COP19, en Varsovia, Polonia, no se produjeron mayores avances en el compromiso de los países desarrollados de reducir sus emisiones de GEI, ni en cumplir ni menos incrementar sus aportes al Fondo Verde para el Clima. Si bien en Lima se juega mucho, expertos como Hugo Cabieses, exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente que representó al Perú en la COP17, consideran que “ya todo ha sido negociado desde antes y lo único que se está discutiendo ahora son asuntos de dinero”. De hecho, EEUU y China, responsables del 45% de las emisiones GEI del mundo, anunciaron el 12 de noviembre sus compromisos de reducción de emisiones. EEUU afirmó que para el 2025 recortará sus emisiones entre 26% y 28% con respecto a los niveles del 2005. China, por su parte, informó que recién en el 2030 empezaría a reducirlas. La Unión Europea (UE), por su parte, aprobó a finales de octubre su compromiso de reducir sus emisiones para el 2030 en 40% con respecto a los niveles emitidos en el 2005. Compromisos insuficientes Una fuente europea que participa en las negociaciones, señaló que el borrador que se apruebe en Lima “debe ser ambicioso y contener compromisos, además de ser vinculante y aplicable a todos los países”. No obstante, “es posible que los compromisos que se aprueben en Paris no sean suficientes para lo que el planeta necesita”, agregó. Organizaciones no gubernamentales peruanas que participan en el espacio para la sociedad civil y pueblos indígenas de la cumbre climática, manifestaron que hay buenas señales para lograr un acuerdo consensuado. Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), indicó que si bien “es muy difícil vaticinar lo que va a salir de esta reunión, hay una situación más esperanzadora que en otras COP”. Sin embargo, el Perú no es un buen ejemplo en términos de defensadelambiente.Conelfindeimpulsarlasinversiones,elgobierno ha aprobado medidas que recortan las atribuciones del Ministerio del Ambiente, particularmente el decreto ley 30230, promulgado en julio, quereducelacapacidadsancionadorayfiscalizadoradelosorganismos ambientales, elimina los procesos de ordenamiento territorial, restringe los estudios de impacto ambiental, dificulta la creación de zonas reservadas e incluye criterios económicos no técnicos para establecer estándaresdecalidadambiental,entreotros. Voceros peruanos de la Cumbre de los Pueblos Frente al Cambio Climático, evento paralelo a la COP20 a realizarse del 8 al 11 de diciembre, señalaron la incoherencia del gobierno peruano que organiza la más importante cumbre ambiental pero a la vez aplica medidas que van contra la protección del ambiente. “Existe un doble discurso de parte del gobierno en torno a la agenda climática”, dijo Ibis Fernández, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú. “Vemos una faltadevoluntadpolíticaparafortalecerlaautoridadambiental.La Ley 30230 representa un ‘paquetazo’ de normas que flexibilizan las inversiones sin tener en cuenta el impacto climático”. q notasbreves • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la violencia generalizada contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), así como por la falta de recopilación de datos por parte de los gobiernos sobre este colectivo en América Latina y el Caribe. En un comunicado publicado el 17 de diciembre, la CIDH señaló que entre enero del 2013 y marzo del 2014, al menos 594 personas LGBTI, o percibidas como tales, fueron asesinadas y 176 fueron víctimas de ataques contra su integridad física supuestamente relacionados con su orientación sexual, su identidad o expresión de género, en 25 países de la región. Según la CIDH, la mayoría de víctimas fueron hombres gay y mujeres trans. • En mensajes simultáneos transmitidos el 17 de diciembre, los presidentes Raúl Castro, de Cuba, y Barack Obama, de EEUU, anunciaron el inicio de un diálogo inmediato para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 1961. Ambos líderes confirmaron, asimismo, la liberación de un contratista estadounidense preso en la isla y tres cubanos detenidos en EEUU acusados de espionaje. Ambos mandatarios manifestaron haber coordinado telefónicamente el acuerdo que tuvo como mediador al papa Francisco. El gobierno cubano espera que con el reinicio de las relaciones diplomáticas a nivel de embajada —actualmente se mantienen a nivel de una sección de intereses y un consulado— EEUU ponga fin a más de medio siglo de embargo económico. • GruposindígenasyafrodescendientesdeNicaraguasolicitaron el 5 de de diciembre medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que se inicie la construcción del canal interocéanico que atravesará sus territorios ancestrales hasta quenoselleveacabounaconsultaprevia.DeacuerdoconelCentrode AsistenciaLegalaPueblosIndígenas(CALPI),elproyectode278kmque unirá el litoral del Atlántico con el Pacífico, causará“daños irreparables a los derechos a la vida digna, y propiedad ancestral así como al debido proceso”.Un52%delarutasetrazaráentierrasindígenas,cuyosprocesos de titulación han sido retrasados para hacer realidad el proyecto, afirmó el CALPI. Fuentes gubernamentales han asegurado que la obra se iniciará el 22 de diciembre. • La Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó la nueva legislación laboral juvenil en el Perú, promulgada el 16 de diciembre, que no reconoce derechos laborales a jóvenes entre 18 y 24añosalsuprimirelpagodeindemnizaciónportiempodeservicio, gratificaciones, reducir el número de días de vacaciones y acceso a la seguridad social. La medida, que supuestamente favorecería el ingreso de unos 260,000 jóvenes al mercado de trabajo formal, no reducirá necesariamente la informalidad laboral que alcanza al 70%, señaló Julio Gamero, especialista en empleo de la OIT para los Países Andinos. Organizaciones sindicales anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la norma a la que calificaron como“neoesclavista”. • Tabaré Vázquez, candidato del izquierdista Frente Amplio, ganó holgadamente la segunda vuelta electoral el 30 de noviembre en Uruguay. Vázquez, quien gobernó entre el 2005 y el 2010, compitió con Luis Lacalle Pou, del derechista Partido Nacional o “Blanco”. El ex mandatario, quien asumirá la presidencia el 1 de marzo para un mandato de cinco años, logró 53.6% del total de votos emitidos frente a 40.4% obtenidos por Lacalle Pou. Vázquez estará acompañado en la vicepresidencia por Raúl Sendic, quien además presidirá la Asamblea General, conformada por las cámaras de Senadores y de Representantes. El oficialismo tendrá mayoría en ambas cámaras, con 16 de los 30 senadores y 50 diputados de un total de 99. 37 AMÉRICA LATINA SERVINDI Por la sostenibilidad con justicia e igualdad Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático continuará lucha en defensa de la vida, por un mundo justo y democrático. Mujeres hacen frente al cambio climático con demandas y propuestas. Elsa Chanduví Jaña desde Lima “ Construir la sostenibilidad de la vida como una alternativa al modelo extractivista”, fue en resumen la propuesta de mujeres indígenas, campesinas, trabajadoras, feministas que participaron en el Foro Internacional Mujeres y Cambio Climático por la Sostenibilidad de la Vida, realizado en Lima, Perú, el 11 de diciembre. El foro tuvo lugar en el marco de la Cumbre de los Pueblos por el Cambio Climático, evento realizado del 8 al 11 de diciembre, que se constituyó en un espacio de reflexión sobre el impacto del cambio climático en las poblaciones y el medio ambiente y de propuestas alternativas desde la sociedad civil a los gobernantes reunidos en la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20). Se requiere de un modelo sostenible para un “desarrollo propio” frente el modelo capitalista extractivista que priorice la producción agroecológica como garantía de la soberanía alimentaria, señalaron las participantes. 38 Mujeres, las más afectadas “El cambio climático tiene un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, siendo las mujeres, por el rol social asignado, las más afectadas. Su posición de desventaja en la sociedad y menor acceso a recursos y oportunidades, obstaculizan su desarrollo y ejercicio ciudadano, lo que muchas veces se agrava por situaciones de violencia”, señalaron las mujeres integrantes del Grupo Perú COP20 — colectivo de la sociedad civil peruana articulado para hacer propuestas a la COP20— en un documento dirigido a la Cumbre de los Pueblos. “Son ellas quienes viven en forma desproporcionada los efectos de sequías, inundaciones y otras catástrofes, especialmente quienes se encuentran en las zonas vulnerables de los andes y la amazonia, y las áreas peri-urbanas de las ciudades”, remarcaron. En esa misma línea se pronunció la Cumbre de Mujeres de Celendín celebrada del 28 al 30 de noviembre en Cajamarca, región norandina peruana, lugar escogido en honor a la lucha de las guardianas de las lagunas afectadas por la empresa minera aurífera Yanacocha que busca desarrollar el proyecto Conga al que se opone la población porque destruirá lagunas y bofedales. “Somos las encargadas de provisionar los alimentos y el agua para las actividades cotidianas en todos los espacios donde estamos, hasta en las organizaciones. Encargas de cuidar a las niñas, niños y desvalidos, y de sostener las economías familiares campesinas. Además somos responsables de resguardar las semillas, la biodiversidad y nuestras culturas, por lo tanto tenemos la responsabilidad de enfrentar las condiciones críticas del clima, como cuando agotan o contaminan las fuentes de agua o los bosques”, señalaron las cerca de 120 mujeres lideresas, campesinas, indígenas y ronderas de diversos territorios del país. “Con todo, el trabajo de cuidado que hacemos cada vez es mayor, muchas veces sin familiares con quienes compartirlo porque migran, muchas veces sin ser reconocidas y con el efecto de vivir cada vez más precariamente”, añadieron en el documento final de la cumbre de Celendín, el que titularon “No somos gotas, somos un río de mujeres tejiendo el Buen Vivir”. Demandas y propuestas La salvadoreña Martha Benavides, del Llamado Global para la Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés),sostuvoenelforointernacionalque“nuestrosgobiernos deben demandar financiamiento para el desarrollo sostenible”, para “construir el mundo sustentable que necesitamos, que es vida plena, Buen Vivir”. Los conocimientos de cuidado del medio ambiente son la base de la sostenibilidad de la vida, añadió. Por su parte, Denisse Chávez, integrante del Grupo Perú COP20, hizo mención al manifiesto “Mujeres y Cambio Climático: un enfoque necesario para la sostenibilidad con justicia e igualdad”, elaborado en el marco del XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado del 22 al 25 de noviembre en Lima. “Proponemos canalizar las respuestas al cambio climático bajo la perspectiva de sostenibilidad de la vida, donde el cuidado y la protección de la gente y la naturaleza sean las prioridades de cualquier solución al cambio climático. Sostenemos que las soluciones parciales y economicistas, muchas de ellas instrumentalizando el trabajo de las mujeres, “No somos gotas, somos un río de mujeres tejiendo el Buen Vivir”. — MUJERES PERUANAS: LIDERESAS, CAMPESINAS, INDÍGENAS Y RONDERAS “Es necesario transitar hacia otra división social del trabajo, que elimine la subordinación del trabajo femenino, que no invisibilice el trabajo del cuidado –que hace posible la reproducción social– ni lo subordine a los mandatos del mercado”. — DECLARACIÓN DE LIMA no contribuyen ni a la igualdad ni a la sostenibilidad. Que requerimos de respuestas integrales y sistémicas, donde cambiar las condiciones que generan el cambio climático y las condiciones que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres formen parte de una misma respuesta”, señala el manifiesto. La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, que tuvo como lema “Cambiemos el sistema, no el clima”, emitió el documento Declaración de Lima que recoge las conclusiones de los debates realizados en el evento y que fue entregado el 11 de diciembre por la Comisión Política organizadora de la cumbre al ministro peruano del Ambiente y presidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal. “Denunciamos el sistema capitalista-patriarcal que sostiene la opresión y control sobre el cuerpo, el trabajo y la vida de las mujeres, promueve la violencia sexual y la trata, las margina de diversos ámbitos de la vida social y pública”, señala la Declaración de Lima. Ante ello, plantea: “Es necesario transitar hacia otra división social del trabajo, que elimine la subordinación del trabajo femenino, que no invisibilice el trabajo del cuidado –que hace posible la reproducción social– ni lo subordine a los mandatos del mercado. Exigimos un cambio radical que reconozca el trabajo reproductivo como la base de la sustentabilidad humana y de las relaciones entre las personas y comunidades”. Para las numerosas organizaciones y miles de activistas de los cinco continentes que participaron en la cumbre alternativa a la COP20 ninguna acción para enfrentar el cambio climático será eficiente o viable si no se promueve con políticas públicas efectivas a favor de la pequeña agricultura familiar y campesina, la reforma agraria, la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos, la producción auto sustentable, con base agroecológica, autóctona y libre de transgénicos y agrotóxicos, orientada al consumo humano y a la preservación de nuestra biodiversidad. Losmovimientossocialesdelmundoreunidosenlacumbre alternativa —que se replicará en diciembre del 2015 en París, Francia— se comprometieron a dar continuidad a las luchas desde sus territorios en defensa de la vida, hasta que sus exigencias sean atendidas, hasta “cambiar el sistema, no el clima”. q 39 AMÉRICA LATINA/EL CARIBE COP20: ¿UN FRACASO MÁS? Cecilia Remón desde Lima L MILAGROS ANAYA A última hora se logró aprobar “Llamado de Lima para la Acción Climática” que deja grandes vacíos, enormes incertidumbres y nulos compromisos. Miles de personas marcharon por las calles de Lima el 10 de diciembre demandando justicia climática. a acción mal calculada por Greenpeace para llamar la atención sobre el cambio climático durante la 20ª Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se llevó a cabo en Lima, Perú, del 1 al 12 de diciembre, eclipsó las actividades y demandas de la sociedad civil de los países más afectados por el calentamiento global. Activistas de Greenpeace colocaron el mensaje “Time for change! The future es renewable!” (¡Tiempo para cambiar! ¡El futuro es renovable!) en letras amarillas en uno de los espacios más delicados y protegidos del Perú: las líneas de Nazca, que se encuentran a unos 300 km al sur de Lima. Sin ninguna autorización oficial, los activistas ingresaron furtivamente en horas de la noche al lugar arqueológico donde se encuentra la emblemática figura del colibrí. Las protestas no se hicieron esperar, obligando a los responsables de la organización ambientalistas a pedir disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Fotos aéreas mostraron las huellas dejadas sobre las líneas y que nunca se borrarán. Si bien funcionarios del Ministerio de Cultura anunciaron que se tomarían medidas contra los activistas, lo cierto es que el Perú tampoco puede 40 mostrar su voluntad política para proteger la herencia cultural ni menos ambiental. Recientes disposiciones legales dirigidas a reactivar la economía han relajado los estándares ambientales y de protección del patrimonio cultural. En ese marco se llevó a cabo la COP20, a la que asistieron negociadores y representantes de la sociedad civil de 195 países para discutir un documento que incluyera acuerdos para reducir emisiones. Aunque la ciencia ha demostrado fehacientemente que el cambio climático que está experimentando el planeta a consecuencia del calentamiento global por el uso indiscriminado de combustibles fósiles, todavía hay naciones que no están dispuestas a comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La protesta de los menores ha sido un nuevo y desesperado intento de los kukama para poder ser escuchados por las autoridades políticas. La iniciativa fue ideada por Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón, dos infatigables sacerdotes agustinos españoles que viven entre los kukama en la localidad de Santa Rita de Castilla, y que desde hace años luchan en cuerpo y alma por los derechos vulnerados de ese pueblo. Desarrollan sus acciones en estrecha colaboración con la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), que forma parte de la organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT). Camino a la COP21 Tras 13 días de negociaciones y 36 horas después de lo previsto, la madrugada del 14 de diciembre fue aprobado el “Llamado de Lima para la Acción Climática”, que establece los elementos del nuevo acuerdo que reemplazará al Protocolo de Kioto, cuya vigencia fue ampliada en el 2012 hasta el 2020 y que deberá ser refrendado en la COP21, a llevarse a cabo en diciembre del 2015 en París. Las naciones “se pusieron de acuerdo en las reglas básicas sobre cómo todos los países pueden someter sus contribuciones al nuevo acuerdo durante el primer trimestre del año próximo”, señala un comunicado oficial de la COP20. Si bien el texto reconoce una responsabilidad común y diferenciada para reducir los GEI, lo cierto es que quedará a criterio de cada país la reducción de sus emisiones, no resuelve la fiscalización de esos compromisos, ni incluye planes inmediatos para hacer frente a los daños y pérdidas causados por el cambio climático. El presidente de la COP20, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, resaltó “la importancia no sólo de que se haya logrado en Lima el borrador de acuerdo global que deberá firmarse en París en el 2015, sino el éxito en términos de imagen que significa para el país haber tenido una organización impecable en el evento más grande que se ha llevado a cabo en el Perú”. Entre los acuerdos logrados se incluyen superar la meta destinada al Fondo Verde del Clima, al sumar Las naciones “se pusieron de acuerdo en las reglas básicas sobre cómo todos los países pueden someter sus contribuciones al nuevo acuerdo durante el primer trimestre del año próximo”. — COP 20 “El acuerdo dejó pendientes muchos problemas y unas cuantas incertidumbres. Se mantuvo el concepto de responsabilidades diferenciadas entre los países, persiste la intención de un nuevo acuerdo donde las naciones deberán contribuir a reducir las emisiones de gases invernadero”. — EDUARDO GUDYNAS compromisos por US$10.2 millardos anuales hasta el 2020, reforzar los Planes Nacionales de Adaptación para que cada país se comprometa a generar acciones que respondan a una adaptación planificada, y se incluyó un Plan de Trabajo sobre género para promover la participación efectiva de las mujeres en la CMNUCC y fortalecer su empoderamiento en relación a la adaptación y mitigación. “La decisión de Lima es sólida no sólo porque cumplió los mandatos que le estableció la COP19 de Varsovia, sino porque a su vez aprobó en Lima el borrador que contiene los elementos para la negociación, cosa que nunca antes había ocurrido. A su vez, fortaleció la adaptación en las contribuciones nacionales —que son los programas que los países deben presentar el próximo año— y también los mecanismos de financiamiento, tanto en el documento aprobado como en otras decisiones”, destacó Pulgar Vidal. Para el especialista uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de de Ecología Social (CLAES), “el acuerdo dejó pendientes muchos problemas y unas cuantas incertidumbres. Se mantuvo el concepto de responsabilidades diferenciadas entre los países, persiste la intención de un nuevo acuerdo donde las naciones deberán contribuir a reducir las emisiones de gases invernadero, y se sumaron los efectos de pérdidas y daños por el cambio climático. Pero no existen mayores precisiones y el lenguaje de la resolución está repleto de términos como ‘solicitar’ o ‘invitar’ a los Estados, lo que deja planteadas toda clase de incertezas”. 41 Como señala Gudynas, los gobiernos dieron vueltas en círculos, cada uno a su manera, para evitar los compromisos y costos de atender el cambio climático. De hecho, la palabra “vinculante” no estuvo presente en el acuerdo. Visión desde los pueblos Mientras tanto, la sociedad civil mantuvo su presión sobre los delegados gubernamentales, demandando acciones concretas. El 10 de diciembre se llevó a cabo una marcha por las calles de Lima en la que participaron miles de personas de todas partes del mundo. Los medios locales relegaron la cobertura de la multitudinaria movilización, mostrándose más interesados en golpear la acción de Greenpeace. La marcha fue el punto culminante de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, espacio alternativo de diálogo y acción abierto, democrático y horizontal de la sociedad civil y pueblos originarios para compartir experiencias, problemas y propuestas frente al cambio climático, llevado a cabo del 8 al 11 de diciembre de forma paralela a la COP20. En la Declaración de Lima, los asistentes a la Cumbre de los Pueblos demandaron a los gobiernos del mundo respetar “nuestros territorios, derechos y modos de vida, nuestras culturas, costumbres y cosmovisiones sobre la vida y el mundo que habitamos”. “Denunciamos la explotación de nuestros recursos naturales y territorios por parte de las industrias extractivas que afectan nuestras formas de sustento, nuestra fuente de identidad y la relación armoniosa de nuestras comunidades con la Madre Tierra. Demandamos el reconocimiento de la propiedad territorial de las comunidades que tradicionalmente han vivido en sus tierras. No aceptamos el control externo de los territorios, ni los procesos de negociación “Denunciamos la explotación de nuestros recursos naturales y territorios por parte de las industrias extractivas que afectan nuestras formas de sustento”. — DECLARACIÓN DE LIMA 42 “Los delegados de países siguen empecinados en hacer de las negociaciones climáticas unas negociaciones comerciales en donde lo principal no es la defensa integral de la vida, sino la defensa de las economías nacionales y sus demandas de crecimiento insostenible”. — CLIMATE ACTION NETWORK LATIN AMERICA e implementación de falsas soluciones al clima. Los gobiernos deben tener como eje central el respeto de nuestras formas de vida ancestrales y el reconocimiento a nuestra autodeterminación como naciones y pueblos originarios”, dice la Declaración de Lima. Aunque Pulgar Vidal intentó mostrar el éxito del acuerdo, la red internacional Climate Action Network Latin America (CAN-LA) calificó de “fracaso” el resultado de la COP20. “Los delegados de países siguen empecinados en hacer de las negociaciones climáticas unas negociaciones comerciales en donde lo principal no es la defensa integral de la vida, sino la defensa de las economías nacionales y sus demandas de crecimiento insostenible”, señaló CAN-LA en un comunicado. “Los resultados de la COP 20 no establecen ninguna cifra de reducción de emisiones, quedando al arbitrio de los países ‘la comunicación’ de sus aportes voluntarios antes de octubre del 2015. Y aunque el texto señala que tales compromisos deben ser ‘cuantificables e importantes’ no existe un mecanismo de medición acordado, ni mucho menos un criterio de consenso para decidir lo que se juzga como ‘importante’, con lo cual el pretendido acuerdo de París, que reemplazará al Protocolo de Kioto, se plantea desde ya con menor ambición que éste”, agrega CAN-LA. Finalmente, CAN-LA hizo un llamado a los países latinoamericanos a asumir un mayor protagonismo y marcar su independencia de los países industrializados. q AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Empresa minera aurífera Yanacocha, la más importante de Sudamérica, además de arrasar con el medio ambiente, ha dejado de pagar millones de dólares en impuestos al gobierno del Perú. Noticias Aliadas E ntre 1970 y el 2011, US$2 billones provenientes de América Latina y el Caribe se depositaron en paraísos fiscales. Se trata de dinero que se mueve a espaldas de los Estados a través de los flujos financieros ilícitos (FFI): transferencias transnacionales de fondos provenientes de tres fuentes ilegales: corrupción (sobornos), lavado de dinero (contrabando, tráfico de drogas, de armas, de personas, etc.) y de los flujos comerciales de las grandes empresas (evasión y elusión fiscal y facturación fraudulenta). Año a año las cifras han ido creciendo, y de acuerdo con estimaciones de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), los FFI en el 2011 representaron $947 millardos en los países en desarrollo y de ese monto, $116 millardos corresponden a América Latina y el Caribe. Siete países de la región —Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Venezuela— están entre las 25 naciones con mayores montos de fuga de capitales entre el 2002 y el 2011. Estas cifras fueron reveladas durante la conferencia anual de International Transparency Coalition (ITC), titulada “Dinero oculto, recursos ocultos: Financiando el desarrollo con transparencia”, organizada junto con LATINDADD en Lima, Perú, el 14 y 15 de octubre. “Los FFI permitieron que del 2002 al 2011 los países en desarrollo pierdan $5.9 billones, de los cuales el 20% corresponde a actividad criminal y LATINDADD Capitales en fuga Países de la región pierden miles de millones de dólares por flujos financieros ilícitos. de corrupción, mientras que un 80% corresponde a actividades comerciales, según estudios realizados por la Global Financial Integrity (GFI)”, señaló LATINDADD . Paraísos fiscales Una de las claves para entender los FFI son los paraísos fiscales donde están escondidos billones de dólares. Se trata de jurisdicciones que aplican regímenes tributarios favorables a empresas y personas no residentes, aplican el secreto bancario y no cooperan con otras administraciones tributarias ni con la justicia extranjera. En el índice de secreto financiero elaborado por la Red de Justicia Fiscal —red de investigadores y activistas que trabaja en los impactos negativos de la evasión tributaria—, que incluye a 81 países del mundo, se encuentran numerosos países del Caribe, tanto independientes como colonias estadounidenses, británicas, francesas y holandesas, entre ellos Islas Caimán, Bermuda, Islas Vírgenes, Barbados, Bahamas, Aruba, Curaçao, Anguilla, San Vicente y Granadinas, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves, y Montserrat. Igualmente la lista incluye a Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Según la Red de Justicia Fiscal, “el dinero que se desvía a través de los FFI pasa en la mayoría de casos por 43 los paraísos fiscales. Estos territorios o jurisdicciones de alta opacidad financiera albergan entre $21 y $31 billones, cifra que equivale a la suma de los productos internos brutos (PIB) de EEUU y Japón”. Una de las formas para evadir impuestos que tienen las filiales locales de las multinacionales es con la creación de empresas fantasma en paraísos fiscales a las que hacen las transferencias y de allí son enviadas a las sedes principales. Jorge Gaggero, director de la Red de Justicia Fiscal de América Latina, manifestó que en Argentina, la fuga de capitales en el 2012 fue de $28 millardos, monto que “equivale al 4.7% del PIB del país o a 20% de la inversión anual del Estado”. LATINDADD dio a conocer una investigación sobre el caso peruano que reveló que “revisando la actividad comercial, la Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que entre el 2007 y el 2012 las operaciones por precios de transferencia (precio que pactan dos empresas relacionadas para transferir, entre ellas, bienes, servicios o derechos) llegaron a $370 millardos, de los que el 65% corresponden a operaciones internacionales”. “Según la SUNAT, en el 2013 la renta omitida gracias a la manipulación de los precios de transferencia representan $350 millones, lo que implica una omisión en el impuesto a la renta de $105 millones”, agregó la organización. Evasión tributaria Un informe elaborado por el periodista Raúl Wiener y el contador Juan Torres Polo, publicado en el marco de la reunión de la ITC, encontró que sólo en el 2013, la minera Yanacocha —de propiedad de la transnacional estadounidense Newmont Mining y la peruana Buenaventura—, en dos décadas de operaciones dejó de pagar $1.2 millardos en impuestos. Además, sólo en el 2013 evadió tributos por $136 millones. Yanacocha, considerada la principal minera aurífera de Sudamérica, impulsa el cuestionado proyecto Conga en el norandino departamento de Cajamarca, que es duramente resistido por la población por los impactos ambientales que generará. “Yanacocha habría inflado sistemáticamente sus costos contables con la finalidad de reducir su Noticias Aliadas ofrece información y análisis sobre el acontecer de América Latina y el Caribe con énfasis en los temas que afectan a las poblaciones excluidas de la región. Versión en inglés: Latinamerica Press. Producido por Comunicaciones Aliadas, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que desde hace 50 años produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos de las poblaciones excluidas y menos favorecidas de América Latina y el Caribe. 44 “Yanacocha habría inflado sistemáticamente sus costos contables con la finalidad de reducir su contribución tributaria en el período en el que los precios del oro llegaron a los más altos picos en el mercado internacional”. — RAÚL WIENER Y JUAN TORRES POLO contribución tributaria en el período en el que los precios del oro llegaron a los más altos picos en el mercado internacional”, sostiene el informe. “La inversión y gastos referidos al proyecto de Conga (inversión nueva), han sido cargados a las operaciones de Yanacocha y contabilizados antes de las utilidades e impuestos, lo que quiere decir que el Estado y la región han estado dejando de percibir una parte de sus impuestos para financiar el controvertido proyecto”. El año pasado, la minera declaró pérdidas por $562 millones sobre ingresos de US$1.5 millardos y para sustentar este resultado consignó fuera de sus costos considerados “normales” un gasto excepcional de más de $1 millardo —que afectaba el 70% de los ingresos— bajo el rubro “Deterioro de activos de larga duración”, que no puede ser otra cosa que la depreciación en un solo año de los activos de Conga, ya que Yanacocha no tiene activos nuevos y está en fase de agotamiento de la veta, precisaron Wiener y Polo. Tanto ITC, como LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal coinciden en que para enfrentar la fuga de capitales y la evasión tributaria es necesaria una mayor fiscalización, así como políticas regionales conjuntas para presionar ante los países desarrollados medidas más drásticas contra los paraísos fiscales y empresas fantasma. q Directora y editora general: Elsa Chanduví Jaña ([email protected]) Editora: Cecilia Remón Traducción: Dana Litovsky Stephanie Larsen Victoria Macchi William Chico Colugna Editora Gráfica: Graciela Ramirez Ramirez Comunicaciones Aliadas Calle Comandante Gustavo Jiménez 480, Lima 17, Perú. Apartado 18-0964, Lima 18, Perú. Telf.: (511) 4603025 / 4605517 www.noticiasaliadas.org www.latinamericapress.org Comunicaciones Aliadas es una asociación sin fines de lucro, con Registro de Personas Jurídicas de Lima, Perú, Ficha Nº 646 y continuada en la Partida N°01965549. Hecho el depósito legal Nº 99-4052.