Me tratan como enemigo

MEDIOS
EN ASFIXIA
La libertad de prensa
en Venezuela 2008-2010
INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD
DE VENEZUELA (IPYS VENEZUELA)
JUNTA DIRECTIVA
Ricardo Uceda
Mercedes De Freitas
Ewald Scharfenberg
Alfredo Meza
Gonzalo Jiménez
CONSEJO ASESOR
Eli Bravo
Tamoa Calzadilla
Gonzalo Jiménez
Aymara Lorenzo
Alfredo Meza
Alonso Moleiro
Hugo Prieto
Laura Weffer
DIRECTOR EJECUTIVO
Ewald Scharfenberg
COORDINADORA
Luisa Torrealba
Medios en asfixia: La libertad de Prensa en Venezuela 2008-2010
©2011, Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela)
Responsable Área de Monitoreo de Libertad de Prensa: Emily Avendaño
Diseño y Diagramación: Estudio Piso 11
Impresión: Publicidad Gráficas León JM 2010, C.A.
Imagen de Portada: ©2003, Héctor Castillo / Cadena Capriles
Hecho el depósito de ley
Depósito Legal lf4162011070193
ISBN 978-980-12-4791-3
www.ipys.org.ve
Esta publicación se realiza para su distribución gratuita. Prohibida su venta. El contenido
de esta obra puede ser citado y difundido por cualquier medio, siempre que sea sin fines
comerciales. Se agradece citar la fuente.
P r e s en t a c i ó n
¿Por qué medios en asfixia?
Ewald Scharfenberg, Director Ejecutivo- Ipys Venezuela
D
urante el período de dos años que cubre el presente informe, el periodismo venezolano debió lamentar las
muertes violentas de seis trabajadores de la prensa:
Pierre Fould Gerges, vicepresidente del diario capitalino Reporte
de la Economía; el columnista y editor Orel Sambrano, en el estado
Carabobo; el joven fotógrafo freelance, Jacinto López, en la ciudad
de Barquisimeto; el reportero y ancla del canal RCTV Internacional,
Javier García; William Hurtado, conductor de las unidades móviles del diario Las Noticias de Cojedes; y Jorge Durán, fotógrafo
adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.
En al menos dos de los casos de la luctuosa lista, la versión
definitiva de las autoridades descartó alguna conexión entre la
labor periodística de las víctimas y los ataques mortales que sufrieron. En otro, la investigación judicial atribuyó el asesinato
de Sambrano a un encargo de capos del narcotráfico. Pero en
los restantes tres –incluyendo el deceso de Durán en extrañas
circunstancias durante una asignación en una zona selvática al
occidente de Venezuela– las pesquisas efectuadas no han sido
ni oportunas ni suficientes para identificar a autores y motivaciones de los crímenes.
Amén de ratificar la leyenda negra del periodismo como una
de las profesiones más letales, la relación de quienes ofrendaron
su vida a propósito de su trabajo reporteril o de un estilo de vida
asociado a los medios, permite constatar en Venezuela dos condiciones endémicas que alientan el uso de la agresión a la hora del
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ajuste de cuentas con los medios por parte de los poderes constituidos o fácticos que se consideran afectados por su cobertura:
a) El predominio de una atmósfera de violencia general, no
sólo de la retórica política, que incluye a la delincuencia
común y delincuencia organizada, y cuyas exacciones cotidianas podrían perfectamente servir de camuflaje para
atentados de motivación política.
b) La mora por lentitud, incapacidad o desinterés de las autoridades judiciales en el desarrollo de las investigaciones
necesarias para determinar responsabilidades y penas.
Pero las consternaciones ocasionadas por cada una de estas
sentidas bajas no pueden ocultar el hecho de que el grueso de
las acciones contra la libertad de prensa en Venezuela permiten
describir –no sólo en comparación con otros entornos vecinos,
como los de México y Colombia, sino en sí mismo– un cuadro
de guerra continua contra la prensa pero de baja intensidad.
Como se verá más adelante, el período anual 2009-2010 representó el segmento de mayor violencia jamás registrado por
Ipys Venezuela: 147 alertas se emitieron para reportar incidentes, a razón de un ataque cada dos días y medio (o cada tres, si
ampliamos nuestra visión a todo el período bienal que cubre de
mayo de 2008 a mayo de 2010). Casi cuatro de cada diez incidentes correspondieron a la categoría “Ataques o amenazas contra la vida o integridad física del periodista”. Pero, ¿qué tipo de
ataque? Con enorme frecuencia, la reyerta a cargo de granujas
callejeros que actúan ante la tolerancia, cuando no la complicidad, de cuerpos de seguridad. Luego, la propia acción represiva
de grupos uniformados del Estado. A veces, tan sólo la amenaza que promete mayores daños a los reporteros y medios que no
acomoden sus conductas a las exigencias del poder.
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Los números recogidos a lo largo del período por el Área de
Monitoreo de Libertad de Prensa de Ipys Venezuela, junto a los
testimonios personales que ofrecen algunos de los reporteros más
frecuentemente mortificados por el acoso y la agresión, muestran
la agonía diaria del comunicador que sale a la calle con una alta
probabilidad de ser insultado, amenazado, impedido de acceder
a una dependencia oficial o a una rueda de prensa por causa de
un veto que aunque a veces no sea explícito casi siempre se da por
sentado, y hasta probablemente de ser golpeado, secuestrado o
retenido. El miedo y la precaución se hacen pauta.
Las estadísticas también configuran el retrato hablado de la
víctima promedio: hombre, trabajador de un medio televisivo de
Caracas, sobre todo reportero o reportero gráfico. Es un blanco
móvil y ha debido adaptarse a su nueva acreditación. Sus victimarios: grupos en apariencia silvestres de desconocidos que con
frecuencia son simpatizantes del gobierno o se hacen pasar por
tales. O efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Unos
y otros ejercen distintas representaciones del poder establecido
pero seguramente coincidirán en un destino: no serán castigados por sus abusos.
El Estado y sus instituciones también se han convertido en
un azote recurrente, de baja intensidad pero sistemático, para la
prensa. A diferencia de las acciones callejeras, indiscriminadas
por naturaleza, las del Estado se desarrollan de manera selectiva,
buscando dar escarmiento a toda la comunidad de iguales del
castigado. También a diferencia de las acciones, El Estado y sus
instituciones apelan –excepto cuando se trata de impedir el paso
de reporteros “de oposición” a determinados eventos– a gestos
de sofisticación de la llamada censura sutil. Leyes ad hoc para el
control de los medios o consideraciones especiales para los medios
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en leyes sobre materias diversas; apertura de causas interminables urdidas en colusión del Poder Judicial con el Ejecutivo; la
extorsión a medios vulnerables mediante el manejo de la pauta publicitaria de un Estado multimiillonario; la consagración
del Estado como un magnate de medios, desde cuyos soportes
de difusión a menudo se emprenden campañas de desprestigio
contra periodistas y medios independientes; la compra de medios privados poco amistosos por parte de capitales amigos del
régimen; y un discurso de permanente adjetivación pugnaz contra la prensa, entre otros: no son escasos los recursos de los que el
Estado viene disponiendo en su arsenal contra la cobertura independiente de medios. El objetivo es determinar, condicionar y,
por supuesto, orientar esa cobertura hacia una versión unánime,
la proclamada “Hegemonía Comunicacional”.
Un rasgo propio de la situación venezolana de libertad de
prensa está en el enfrentamiento doctrinario, sistemático y avisado de viva voz que el Estado lleva adelante como una Cruzada
contra los medios informativos a los que acusa de mentir e hinchar por la contrarrevolución. En la trinchera contraria, ante un
adversario tan poderoso, el reflejo han sido la cautela y su otro síntoma, la autocensura, para evitar desenlaces como la doble clausura del canal RCTV en 2007 (salida del aire en señal abierta VHF)
y 2009 (salida del aire por servicios de TV por suscripción).
Inevitable protagonismo tuvieron en el período 20082010 el canal 24 horas de información Globovisión y su equipo de reporteros, repetido blanco de vetos y agresiones. La
relación de hechos registrados en el presente informe hace evidente una operación de acorralamiento e intimidación contra esa estación desde el gobierno nacional. Si bien sigue operando y cuenta con una audiencia restringida pero leal, en
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general identificada con la oposición política, resulta difícil
afirmar que su necesaria postura de resistencia y atrincheramiento brinde las mejores oportunidades de desarrollo al periodismo.
Este volumen da testimonio de todo ello. Desde 2002, el
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) alerta
de manera instantánea a la comunidad internacional y a medios
venezolanos sobre incidentes contra la libertad de prensa. Esa
misma cobertura ha servido para presentar periódicamente reportes sobre esa situación. La lectura de esos reportes en secuencia permite identificar una clara tendencia de incremento en la
ocurrencia de limitaciones y agresiones contra la prensa. Si la permisividad y aliento a los ataques llevan consigo una dinámica de
escalada, cabe augurar peores tiempos para la prensa en el país, así
como las ráfagas de viento suelen anunciar una tormenta.
Se puede recurrir a la manida imagen del canario en las
antiguas minas de carbón, cuyo silencio y posterior muerte
por asfixia alertaban a los mineros sobre la presencia de gases
de metano en concentraciones todavía inocuas para los humanos, pero pronto fatales –como lo fueron para la mascota.
De ese mismo modo, el deterioro de la libertad de prensa
es un síntoma claro de una próxima enfermedad orgánica de la
democracia. Las voluntades de control que hoy desde el poder
estrangulan de a poco pero con persistencia las voces libres de
los medios, atándolas con un corsé cada vez más estrecho de
leyes, providencias, amenazas, ataques y sanciones, le van restando el aire de debate y pluralidad que aviva a la democracia.
Sólo un periodismo corajudo y profesional, con el apoyo
de una ciudadanía consciente y de la comunidad internacional, podrá evitar que la asfixia se complete.
9
Visión
desde el
terreno
1
La violencia es la mordaza: Tendencias estadísticas y casuísticas de la libertad de prensa en
Venezuela entre el 3 mayo de 2008 y y el 2 de mayo
de 2010 (por Luisa Torrealba)
2
Una batalla diaria: Encuesta a las víctimas individuales más frecuentes de agresiones durante
el período 2008-2010 (por Gabriella De Santolo y
Franz von Bergen)
3
La lista del miedo: las secuelas de la redada radioeléctrica del 1 de agosto de 2009 (por Emily
Avendaño y ewald scharfenberg)
4
Para registro y optimización: Relación de casos
cubiertos por Ipys Venezuela en el período 3 de
mayo 2008- 2 de mayo 2010
Tendencias estadísticas y casuísticas de la libertad de prensa
en Venezuela entre mayo de 2008 y abril de 2010
La violencia
es la mordaza
El período 2009-2010 fue el más violento jamás registrado por Ipys
Venezuela. La escalada es cuantitativa, y contrario a lo esperado,
siguen siendo los atentados contra la vida o integridad física de
periodistas la causal de mayor incidencia. Televisoras de la ciudad
capital figuran entre las víctimas más frecuentes, y entre ellas, el
canal 24 horas de información Globovisión se destaca. Así mismo
se confirmó el uso de leyes ad hoc, como la de Educación, como
instrumentos de control de la prensa.
Luisa Torrealba - Ipys Venezuela
Los atentados contra la vida o la integridad física de periodistas y trabajadores de medios de comunicación (36,88%), la
confiscación o destrucción de materiales, equipos e infraestructura de medios de comunicación (17,02%) y los impedimentos para la cobertura periodística de hechos de interés público
(16,31%) fueron los principales obstáculos que tuvieron los
medios de comunicación en Venezuela para el desarrollo de su
trabajo informativo, en el período comprendido entre mayo de
2008 y abril de 2010. Estos incidentes afectaron el pleno ejercicio de las libertades de prensa y expresión por parte de periodistas y medios; y el derecho de los ciudadanos a la información.
11
Durante este período el Instituto Prensa y Sociedad de
Venezuela (Ipys Venezuela) emitió 233 alertas de violaciones
al derecho a la libertad de prensa; de las cuales 86 (36,91%) se
registraron entre mayo de 2008 y abril de 2009; mientras que
el período comprendido entre mayo de 2009 y abril de 2010
totalizó 147 casos (63,09%); siendo este segundo período el
que ha registrado mayor número de violaciones a la libertad
de prensa, desde el establecimiento de nuestra organización
en el país, en mayo de 2002 (ver gráfico Nº 1).
Agredir al mensajero, destruirle o despojarle de su material de trabajo e impedirle el libre acceso a las fuentes informativas son las formas predilectas de quienes intentan silenciar
a la prensa libre. Los autores de las violaciones a la libertad de
prensa se suelen esconder tras el cobijo oficial, como personas identificadas como “simpatizantes del Presidente Hugo
Chávez” (15,02%); particulares reunidos bajo la categorías
“otros” (12,45%); o “desconocidos” (12,02%); e integrantes
de la “Fuerza Armada Nacional” (12,02%); generando un
cuarteto en el que la característica común es la actuación impune (ver gráfico Nº 2). Entre quienes se incluyen en las
categorías “otros” están efectivos de seguridad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, estudiantes, integrantes de
cuerpos de seguridad privada, sindicalistas, directivos de medios y hackers, que en su mayoría están involucrados en una
violación a la libertad de prensa.
Los otros victimarios que hemos citado, suelen estar involucrados en tipos de hechos que se repiten de forma sistemática. El desconocido queda protegido por el anonimato, el
militar es resguardado por su jerarquía como hombre de armas y el militante oficial queda amparado por una especie de
12
Gráfico Nº 1
Tipos de violaciones a la libertad de prensa registradas en el período
13
Gráfico Nº 2
Victimarios
inmunidad, que le da su lealtad a quienes ostentan el poder
político. Todo, en un contexto de ausencia de independencia
en los poderes públicos y órganos de justicia.
En la mayoría de los casos registrados hubo más de un
afectado. Algunos los afectados fueron personas naturales,
mientras que en otros los ataques estuvieron dirigidos de forma directa a medios de comunicación, con lo que el número total de víctimas del bienio llegó a 468 (más de dos personas afectados en cada hecho). Del total de víctimas, 369
(78,85%) son “personas naturales”; mientras que los otros 99
afectados (21,15%) fueron medios de comunicación, reunidos bajo la categoría “persona jurídica”. Aunque algunos de
los casos tienen que ver con la destrucción de infraestructura
de medios de comunicación y sus equipos, o con algún tipo
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de ley o sanción dirigida directamente a los medios de comunicación, en el mayor número de violaciones a la libertad de
prensa los afectados fueron los trabajadores de los medios.
Esto guarda relación directa con que la mayor cantidad de
los casos se produjeron en la calle o durante la cobertura periodística en la sede de algún organismo (ver Gráfico Nº3).
En relación con el género de las persona naturales que
resultaron afectadas, se constató que en el mayor número de
casos siguen siendo los hombres (67,21%), los más afectados
(ver Gráfico Nº 3).
Gráfico Nº 3
Porcentaje de casos según tipo de personas
y porcentaje de casos según género de las personas naturales
Encontramos que son los “periodistas/reporteros” los más
afectados (59.89%), seguidos de los camarógrafos (12,74%) y
los reporteros gráficos (12,20%) (ver Gráfico Nº 4).
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Gráfico Nº 4
Ocupación de las personas naturales agredidas
Al analizar las tendencias referidas al género y al tipo de
trabajo que desarrollan las víctimas dentro de sus medios, encontramos que, aunque en el gremio periodístico venezolano
prevalece el género femenino, la mayoría de las veces los camarógrafos, asistentes de cámara e integrantes de los equipos técnicos y reporteros gráficos son hombres y muchas de las agresiones se dirigen contra estos trabajadores, pues al portar equipos
de trabajo visibles como cámaras de video y de fotografía, son
más fáciles de identificar; y por lo tanto son más susceptibles de
ser agredidos físicamente y de ser despojados de sus materiales
de trabajo; de allí que los datos nos revelen que son los hombres
los que resultan afectados de forma más recurrente.
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Este patrón guarda relación con otro hallazgo. Al analizar
el tipo de medio de comunicación en el que trabajan las víctimas encontramos que 49% trabaja en televisoras y le sigue
31% que trabaja en medios impresos (ver Gráfico Nº 5). De
este dato se desprende que mientras más visibilidad tenga un
reportero, camarógrafo o reportero gráfico, más susceptible
es a una agresión.
Gráfico Nº 5
Porcentaje de agresiones según el tipo de medio de las víctimas
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Tras la revisión detallada de cada uno de los casos, se descarta que los tipos de ataques y obstrucciones a la labor informativa de los medios, que se han registrado en este período,
formen parte de eventos ajenos al trabajo periodístico (como
robos por parte del hampa común, o periodistas y trabajadores
de medios agredidos en medio de forcejeos en manifestaciones
públicas). De hecho, la mayoría de los ataques han correspondido a acciones directas contra periodistas y medios. A partir
de este contexto se observa que el propósito de los victimarios
es claro: silenciar a medios de comunicación y a sus trabajadores, mediante agresiones físicas, confiscación o destrucción de
su material de trabajo, o impedimento para la cobertura.
Otro patrón resaltante es que 88% de las agresiones estuvieron dirigidas a medios de comunicación privados o a periodistas
que trabajan en los mismos. Mientras que en un 5% de los casos resultaron afectados medios estatales. 61% de los agresores o
victimarios provienen de organismos estatales (ver gráfico Nº 6).
Esta tendencia guarda relación con el discurso de altos funcionarios públicos, como el Presidente de la República, legisladores y
gobernadores del partido oficial, la Fiscal General de la República
y la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.
De forma reiterada estos funcionarios acusan a los medios de comunicación privados de decir mentiras, distorsionar la realidad,
causar pánico y zozobra en la población y de difundir contenidos inadecuados para niñas, niños y adolescentes. Como consecuencia, estos medios son amenazados con posibles sanciones,
que van desde multas hasta el posible retiro de sus licencias de
transmisión (en el caso de los medios radioeléctricos). Con este
discurso se ha ubicado al sistema de medios de comunicación
privados, como un adversario del gobierno nacional.
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Gráfico Nº 6
Tipo de propiedad de los medios no estatales/ Tipo de victimario
En relación con el sitio geográfico en el que se registraron
las agresiones, se encontró que 105 casos se registraron en el
Distrito Capital; siendo Caracas, la capital de Venezuela y la
ciudad más poblada del país, el lugar en el que se registró el
mayor número. Justamente en la zona capital están asentadas
las sedes de los poderes públicos nacionales, lo que la convierte en el espacio de mayor movimiento informativo. Por otro
lado, Caracas es la ciudad que hospeda al mayor número de
periodistas y medios de comunicación de Venezuela. Todas
estas condiciones guardan relación directa con que en esta
zona haya ocurrido el mayor número de limitaciones para el
ejercicio a la libertad de prensa.
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Los otros estados con el mayor número de casos son Bari­
nas (21) y Anzoátegui (13). Ambos tienen como elemento común: que sus respectivos gobernadores pertenecen al oficial
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y han mantenido un discurso de descalificación recurrente con respecto a
la prensa independiente, acompañado de restricciones para el
acceso de los periodistas de medios privados a sedes de organismos públicos regionales (ver gráfico Nº 7).
Gráfico Nº 7
Número de agresiones estado
A mayor crisis, mayor desprotección estatal
para la libertad de prensa
Los momentos de mayor conflictividad política en el país, siguen
siendo los que concentran el mayor número de ataques contra
los trabajadores de la prensa o los propios medios de comunicación. En relación con las garantías que debe ofrecer el Estado
20
para promocionar, respetar y garantizar los derechos humanos1, la
ecuación en el caso de las libertades informativas es inversamente
proporcional. Así, en momentos coyunturales, cuando los ciudadanos requieren de más acceso a la información de interés noticioso, la ausencia de garantías por parte de Estado ha sido más
notoria, por lo que se han incrementado los ataques contra la
prensa y las obstrucciones para el trabajo informativo.
Un ejemplo de esto es que en agosto de 2009 Ipys Venezuela
emitió el mayor número de alertas del bienio (20 en un solo
mes). El primer día de ese mes Venezuela despertó con la noticia de la revocatoria de las concesiones (licencias) y cierre inmediato de transmisiones, a 32 radioemisoras y 2 televisoras, por
presunta violación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
La decisión la había anunciado la noche anterior (31 de julio
de 2009) el Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado
Cabello. Y apenas un día antes, el 30 de julio, la Fiscal General
de la República, Luisa Ortega Díaz, había presentado ante la
Asamblea Nacional una propuesta de Ley Especial Contra los
Delitos Mediáticos, para penalizar las conductas de dueños y
trabajadores de medios de comunicación que afectaran, con sus
contenidos, la salud mental y la tranquilidad de los ciudadanos,
que ocasionaran sensación de impunidad o alteración del orden
público, y que produjeran falta de credibilidad, por parte de los
ciudadanos, hacia las instituciones del Estado.
1] El artículo 1 de la Convención Interamericano sobre Derechos Humanos (1969) establece
que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social” [Documento en línea]. Disponible en: http://
www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
21
El anuncio del cierre de las emisoras de radio y televisión,
junto a la presentación ante la Asamblea Nacional de la propuesta de Ley Contra Delitos Mediáticos, provocó que en distintos puntos del país se desarrollaran manifestaciones de calle
en repudio a las medidas y en apoyo a los medios afectados.
Estas manifestaciones se unieron a otras que se desarrollaron ese mismo mes, en rechazo a la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Educación que establecía censura previa
para contenidos que pudiesen incitar al odio, a la agresividad,
atentar contra la moral y las buenas costumbres y afectar la salud mental y física, causando zozobra en la población.
En ese contexto de acciones de calle se registraron agresiones violentas contra periodistas y trabajadores de medios de
comunicación, que convirtieron ese agosto de 2009, en uno
de los meses más oscuros para la libertad de prensa en el país.
Los otros meses que concentraron el mayor número de
casos de violaciones a las libertades de prensa y expresión fueron enero de 2009 (19 casos) y marzo de 2010 (19 casos).
En enero de 2009 se realizó en el país el referéndum aprobatorio para una enmienda a la Constitución Nacional, promovida por el Presidente de la República, Hugo Chávez, que
contenía aspectos muy polémicos como la posible reelección
indefinida para quienes detenten cargos públicos. En medio
del calor de la campaña electoral, que incluía manifestaciones
de calle recurrentes, por parte de quienes aprobaban o rechazaban la enmienda, se registraron diversos hechos que afectaron el libre ejercicio del trabajo periodístico.
En el caso de marzo de 2010 se produjo una escalada de
medidas gubernamentales destinadas a silenciar opiniones disidentes que habían sido transmitidas a través de medios de
22
comunicación, que se enmarcan dentro de la categoría “imputaciones, presiones, disposiciones o penalidades derivadas de la
aplicación de leyes de desacato, delitos contra el honor, injuria, difamación o de cualquier otro tipo de medida para preservar la reputación de funcionarios públicos”, y tuvieron gran
impacto ante la opinión pública. Dos casos registrados durante este mes son emblemáticos: El primero fue la detención del
dirigente político Oswaldo Álvarez Paz, desde el 22 de marzo
de 2010, al ser acusado de los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa, luego
de que señaló en el programa “Alo Ciudadano”, de la televisora
privada Globovisión (el 8 de marzo de 2010), que Venezuela
se había convertido en un centro de operaciones que facilita los
negocios del narcotráfico.
El segundo hecho fue la detención temporal e imposición de libertad condicional contra el empresario Guillermo
Zuloaga, propietario de Globovisión (el 25 de marzo de
2010), al ser acusado de divulgación de información falsa y
ofensa al presidente de la República, por haber declarado en
la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
celebrada en Aruba, el 21 de marzo de 2010, sobre el golpe
de Estado ocurrido en Venezuela durante abril de 2002, que
produjo la salida temporal del presidente Chávez de su cargo.
Estos hechos evidencian la vigencia de los delitos de opinión en nuestro país y su uso como mecanismo de castigo,
hacia quienes hacen pública su disidencia frente al poder establecido. En este aspecto, Venezuela se mantiene en un estatus de regresividad, pues, mientras en otros países de América
Latina se han eliminado las penalidades por este tipo de delitos, en el país siguen vigentes (Ver gráfico Nº 8).
23
Después de revisar las principales tendencias de la situación de la libertad de prensa en Venezuela, repasaremos a
continuación algunas situaciones ilustrativas de la agudización de las limitaciones a la libertad de prensa en el país, en
este último bienio.
Gráfico Nº 8
Frecuencia mensual de alertas emitidas por Ipys Venezuela
Julio y agosto de 2009: meses oscuros
para la libertad de prensa en Venezuela
El cierre de 32 emisoras de radio y de dos televisoras, por
decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), constituyó el inicio de una cadena de acontecimientos que lesionaron gravemente la libertad de prensa en
Venezuela, durante los meses julio y agosto de 2009.
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Mientras la mayor parte de los venezolanos se encontraban desprevenidos, disfrutando del período de las vacaciones escolares, en la Asamblea Nacional se aprobó una Ley
de Educación que censura contenidos de los medios de comunicación que se consideren inadecuados para la formación de los niños, niñas y adolescentes. Pocos días antes, el
Poder Legislativo recibió y luego desechó una propuesta de
Ley Especial Contra Delitos Mediáticos, que criminalizaba el
ejercicio de la libertad de prensa. Ambos textos fueron rechazados a través de diversas manifestaciones de calle, en la que resultaron heridos trabajadores de los medios de comunicación.
Esta secuencia de violaciones a la libertad de prensa comenzó el 3 de julio de 2009, cuando el Ministro de Obras
Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello, ordenó a la Comisión
Nacional de Comunicaciones (Conatel), el inicio de un procedimiento para revocar y devolver al Estado las licencias que
permitían transmitir en señal abierta a 240 radioemisoras (154
FM y 84 AM) y a 45 televisoras (10 VHF y 35 UHF). Según
el funcionario estas emisoras no habían cumplido con un proceso de actualización de datos que había abierto el organismo,
un mes antes. Aquí comenzó la zozobra para diversos medios
radioeléctricos, pues no se dio a conocer el listado con los nombre de los medios que serían afectados.
El proceso de actualización de datos fue ordenado por
Conatel a través de la Providencia Administrativa Nº 1.419,
que incluía a todas las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta.
Además, advertía que se aplicarían las penalidades establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones a los operadores que no cumplieran con la actualización de datos.
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El lunes 27 de julio de 2009, Cabello, anunció oficialmente la apertura de procedimientos administrativos a 50 emi­
soras de radio, que no cumplieron con la actualización de
datos. Advirtió que podrían terminar con el retiro de sus concesiones (licencias) y su reintegro al Estado.
Finalmente, el viernes 31 de julio de 2009, en horas de la
noche, el ministro Cabello, anunció la revocatoria de las concesiones (licencias) y cierre inmediato de transmisiones, a 32 radioemisoras y 2 televisoras venezolanas, por presunta violación a
la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, debido al supuesto incumplimiento del proceso de actualización de datos convocado
el mes anterior por Conatel. Explicó que la medida de cierre de
estos 34 medios se aplicó de forma expedita e inmediata, debido
a que se trata de casos en los que hubo fallecimiento o renuncia
del titular de la concesión, vencimiento de la concesión, o improcedencia de solicitudes de cambio de títulos que las emisoras
habían realizado entre los años 2000 y 2002, para adecuarse a la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobada en el año 2000.
De los medios afectados 12 eran emisoras AM, 20 emisoras FM y 2 eran televisoras UHF. Una radioemisora afectada
estaba ubicada en Caracas y los demás medios se encontraban
en el interior del país2. Estas tuvieron que salir del aire inmediatamente sin tener la oportunidad de defenderse.
Las protestas por parte de periodistas y ciudadanos en general no se hicieron esperar; se reclamaba a Conatel que no había seguido el debido proceso y se le exigía la restitución de la
señal de estos medios. Estas protestas se unieron con las movilizaciones de calle en rechazo a la aprobación de la nueva Ley
2] El listado completo de los medios afectados con la medida de cierre se puede ver en:
http://www.globovision.com/news.php?nid=123396.
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Orgánica de Educación. Una de esas manifestaciones fue la que
realizaron el jueves 13 de agosto de 2009, periodistas y trabajadores de los diarios Últimas Noticias, Líder y El Mundo, de la
Cadena Capriles, en la que advertían de las restricciones que el
texto imponía en su artículo 50, para el ejercicio de la libertad
de expresión. En esta movilización nueve personas sufrieron heridas severas y otras tres resultaron con lesiones leves.
Todos los afectados eran periodistas o trabajadores de la
Cadena Capriles y fueron atacados por personas que gritaban
consignas a favor del Presidente Hugo Chávez y que estaban
armados con palos, piedras y botellas. Algunos de los agresores fueron identificados a través de las fotos y videos que se
captaron de la agresión, como trabajadores de la televisora
oficial Ávila TV. Durante la agresión no intervino ninguna
autoridad y los periodistas debieron regresar a pie a la sede de
los diarios para recibir tratamiento médico.
El mismo jueves 13 de agosto ya habían sido heridos tres
reporteros en las adyacencias de la Asamblea Nacional mientras cubrían manifestaciones originadas por la discusión del
proyecto de Ley de Educación.
Cerca de la medianoche de ese mismo jueves 13 de agosto de 2009, la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) aprobó
la nueva Ley Orgánica de Educación que contiene principios
que podrían fomentar la censura y restringir la función informativa de los medios de comunicación.
El artículo 50, numeral 12 de la Ley establece que: “Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de
comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten
al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y
atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral
27
y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población,
en caso de infracción de estos, los órganos rectores en materia
educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate,
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano”. De esta forma le otorgaron al
Estado la posibilidad de censurar los contenidos que se consideren contrarios al referido artículo, a pesar de que la Constitución
Nacional prohíbe expresamente la censura previa.
Durante ese mismo mes de agosto, la Asamblea Nacional
propuso un proyecto de reforma del Código Orgánico
Procesal Penal, en el que se planeaba incluir un artículo que
vulneraría el principio constitucional de la inviolabilidad de
las comunicaciones. Además, algunos diputados asomaron la
posibilidad de reformar la Ley del Ejercicio del Periodismo.
Ninguna de estas dos propuestas siguió adelante.
Violencia de la mano con polarización
La polarización política que afecta a Venezuela, desde hace
varios años, ha tenido un correlato en los medios de comunicación social, que se evidencia en la posición crítica hacia la
gestión del Presidente Hugo Chávez que han asumido buena parte de los principales medios privados del país y en el
uso que le dan autoridades gubernamentales a los medios del
Estado, como herramientas para propaganda. En estos medios estatales, además, se niega el acceso y la participación en
sus programas a actores que difieran del proyecto político del
Presidente Hugo Chávez.
De igual forma, esta polarización se ha hecho manifiesta en simpatizantes del proyecto político del gobierno nacio28
nal, quienes ubican a los periodistas que trabajan en medios
de privados, como opositores; y en simpatizantes de la oposición, que identifican a los periodistas de los medios oficiales
como activistas gubernamentales. Ello ha traído la lamentable
consecuencia de que durante eventos públicos o manifestaciones de calle los periodistas siguen siendo agredidos, al ser
identificados con la línea editorial de su medio.
Así lo demostró la agresión que se registró en agosto de
2009 contra los periodistas de la Cadena Capriles. Otro hecho ilustrativo se registró el 11 de agosto de 2008, cuando
Gui­llermo Torín, operador de audio del canal de la estatal
Asamblea Nacional Televisión (ANTV), fue golpeado por
un grupo de presuntos simpatizantes del alcalde Leopoldo
López, frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al momento de la agresión Torín no se encontraba cumpliendo funciones periodísticas, sin embargo, portaba un chaleco
que lo identificaba como trabajador de la televisora y pasó por
los alrededores del CNE cuando se dirigía a realizar una diligencia personal. Los golpes le ocasionaron la fractura de una
costilla y un codo, y fisura en un pulmón; requirió ser intervenido quirúrgicamente.
En el interior del país también se registraron hechos violentos
contra los periodistas y medios de comunicación.
Un caso emblemático se registró en Valencia, estado
Cara­bobo, el 9 de diciembre de 2008, cuando 13 trabajadores de medios de comunicación fueron agredidos por presuntos seguidores del Presidente Hugo Chávez, que buscaban
impedir el ingreso de los diputados de oposición al acto de
juramentación de la nueva directiva del Consejo Legislativo
Regional, que se realizaría en la sede de este organismo. La repor29
tera María Teresa Guedez, del diario El Aragueño, fue lanzada por las escaleras del recinto, lo que le produjo politraumatismos generales. El reportero gráfico del diario Notitarde,
Héctor Bencomo, recibió un golpe en la cara que le ocasionó una fractura de tabique. El periodista Randolfo Blanco, el
asistente Rafael Rumbos y el camarógrafo Félix Repetto, de
la televisora Venevisión también fueron golpeados y les destruyeron su cámara y micrófono. También resultaron lesionados los periodistas Dayana Querales, del diario La Calle,
Yahimar Pinto, de ANTV, Douglas Arráiz y Jorge Rubí de
RCTV, Am­bar González y José Henríquez de TVS y Cristian
Ojeda y Alexander Flores de Televen.
En este caso la violencia desproporcionada alcanzó a periodistas de varios medios privados y de la televisora estatal ANTV;
lo que demuestra que la violencia y la intolerancia, aunque se
pretendan selectivas, terminan siendo indiscriminadas.
La violencia bajo el amparo de la Ley
Durante el período 2008-2010 se registraron al menos cinco
ataques a sedes de medios de comunicación y a residencias
de reconocidos periodistas, críticos a la gestión del presidente
Hugo Chávez, con artefactos explosivos.
En los últimos meses de 2008 se registraron ataques con
bombas lacrimógenas contra las sedes del canal Globovisión,
del diario El Nuevo País y contra los edificios donde viven
Leopoldo Castillo, conductor del programa “Aló Ciudadano”
que se transmite por Globovisión, y Marta Colomina, conductora de un programa de opinión en Unión Radio y columnista del diario El Universal. La autoría de estos ataques se la
atribuyó el colectivo “La Piedrita”, grupo de un sector popular
30
ubicado al oeste de Caracas, que ha manifestado públicamente
su simpatía por el gobierno del Presidente Hugo Chávez.
En cada uno de los lugares afectados el grupo “La Piedrita”
regó panfletos en los que asumía la responsabilidad de los hechos y catalogaba a estos medios y periodistas como “objetivos militares” y “enemigos”, del proceso político que lidera el
Presidente Hugo Chávez. En ninguno de estos casos hubo una
sanción judicial contra los responsables. Tampoco investigación
alguna sobre el origen de los explosivos, cuyo manejo y distribución se reserva en Venezuela a cuerpos de seguridad del Estado.
Reiterados procedimientos administrativos
contra Globovisión
Entre octubre de 2008 y septiembre de 2009 fueron abiertos
seis procedimientos administrativos sancionatorios, a la televisora privada Globovisión, cuya línea editorial es crítica a la
gestión del presidente Hugo Chávez, que podrían generar sanciones como el cierre temporal o definitivo de la televisora.
El primer procedimiento de parte de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel) contra el canal fue abierto el
16 de octubre de 2008, luego de que la televisora transmitió
la opinión del periodista Rafael Poleo, Director del impreso El
Nuevo País, quien dijo que Chávez podría terminar su gobierno como el dictador Benito Musolini, “colgado, con la cabeza
para abajo”, cuando participaba en un programa en vivo.
Para Conatel, la transmisión de ese mensaje violó el Ar­
tículo 29, Numeral 1 de la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión (Ley Resorte), que sanciona a los medios
que “promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; pro31
muevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden
público (...)”. Por este caso, la licencia del canal podría ser
sus­pendida hasta por 72 horas.
El 27 de noviembre de 2008, Conatel inició el segundo
procedimiento administrativo sancionatorio contra Glo­
bovisión, por supuestamente haber promovido el desorden
público al transmitir, el 23 de noviembre, las declaraciones
del gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Feo, que
instó a sus partidarios a exigir el reconocimiento de su triunfo como gobernador del estado Carabobo, en el proceso electoral que se celebró ese mismo día, frente a la sede regional
del Consejo Nacional Electoral. El organismo nuevamente
consideró que la televisora infringió la Ley Resorte con este
mensaje. La no consignación de los resultados de Carabobo
en el primer boletín del Consejo Nacional Electoral provocó
las declaraciones del todavía candidato Salas Feo, consideradas por Conatel contrarias al orden público.
Si Globovisión es sancionado en ambos procesos, podría
quedar inhabilitado hasta por cinco años, por reincidencia.
Tres días antes que Globovisión fuera notificado del segundo procedimiento, el presidente Hugo Chávez había ordenado
a Conatel investigar a un canal, cuyo nombre no mencionó,
por supuestamente haber adelantado resultados electorales. El
caso resultó discriminatorio hacia esta televisora, pues el mensaje del gobernador fue difundido también por otros medios
de comunicación, que no recibieron ninguna notificación de
parte del organismo.
En 2009 Conatel siguió con la lupa puesta sobre Globo­
visión. El 7 de mayo de 2009, el organismo abrió un tercer
un proceso administrativo sancionatorio contra el canal, por
32
haber informado sobre un sismo ocurrido la madrugada del
4 de mayo, en la zona central del país.
Según Conatel, la información difundida por el canal
pudo ocasionar desconfianza en las autoridades y temor en
la población y violó el artículo 29, numeral 1, de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte),
que fue citado en las líneas anteriores.
El 16 de junio de 2009, la Conatel inició un cuarto proceso
administrativo contra Globovisión, por la presunta difusión de
contenidos que infringen la legislación penal, en algunas ediciones de sus programas y segmentos: “Aló Ciudadano” (13 de
octubre de 2008); “Noticias Globovisión” (el 22 de marzo de
2009); “Usted lo Vio”, “Tres para las Nueve”, “Entretelones de
Juicio” y “Noticias Globovisión” (entre el 3 y el 6 de abril de
2009); “Buenas Noches” (19 de mayo de 2009) y “Aló Vene­
zuela” (el 10 de mayo de 2009). Por este caso la televisora podría
ser sancionada con la revocatoria de su licencia por la coadyuvación en la comisión de delitos, según el artículo 171, numeral 6,
de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
El 3 de julio de 2009, la Comisión Nacional deTeleco­mu­
nicaciones (Conatel), a través de una medida cautelar, ordenó
a los canales Venevisión, Meridiano Televisión, Globovisión
y a las radioemisoras Onda 107.9 FM y Fiesta 106.5 FM, que
dejaran de transmitir las piezas de la campaña “En defensa de
la propiedad”, desarrollada por la organización Cedice, porque supuestamente generaban angustia, temor y zozobra en
la población y podrían incitar a alteraciones del orden público y de la seguridad nacional. El organismo consideró que las
piezas de esta campaña violaban el artículo 29 de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
33
Esta medida cautelar vino acompañada de la apertura de
un procedimiento administrativo sancionatorio que afectó a
todos los medios que difundieron la campaña y contra la organización Cedice.
Este caso resultó muy preocupante para todos los medios,
especialmente para Globovisión, pues además de establecer
una medida de censura constituyó el quinto procedimiento
administrativo sancionatorio que le inició Conatel.
El 5 de septiembre de 2009, Diosdado Cabello, quien entonces era ministro de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) y
jefe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Co­na­
tel), informó sobre la apertura de un nuevo procedimiento administrativo sancionatorio contra Globovisión, por la transmisión en el programa “Buenas Noches” de mensajes de texto
de los televidentes que presuntamente incitaban al “golpe de
Estado” y al “magnicidio”. Los mensajes eran rotados en un cintillo que aparecía en la parte inferior de la pantalla.
Este fue el sexto procedimiento administrativo sancionatorio
que se le abrió a Globovisión en menos de un año, sin que los anteriores hayan tenido alguna resolución. De haber una decisión
desfavorable para el canal podría ser sancionado con la revocatoria definitiva de su licencia. Mientras pasa el tiempo, la falta de
una decisión sobre estos procedimientos sancionatorios se constituye en un mecanismo de intimidación contra la televisora.
Restricciones impuestas desde el poder legislativo
Un caso emblemático de “impedimentos para la cobertura periodística” lo constituyó la decisión de la Asamblea Nacional
de prohibir el ingreso de las cámaras de televisión al palco de
prensa de la sala de sesiones, desde el 15 de enero de 2009.
34
Esta medida que resulta violatoria del derecho que tienen
todas las personas de buscar, recibir y difundir información,
afecta a los periodistas que cubren a diario la información que
se genera en el Poder Legislativo, y a toda la ciudadanía en su
conjunto que se ve impedida de recibir información plural
sobre las decisiones que se toman en la Asamblea Nacional.
Otro agravante es la imposición de un único canal infor­
mativo, para la cobertura de lo que ocurre en las sesiones plenarias. Los camarógrafos de la diferentes televisoras deben
permanecer en el hemiciclo protocolar, una sala más pequeña
ubicada del otro lado del Palacio Legislativo, donde pueden
seguir la transmisión a través de una pantalla que difunde la
señal de la oficial Asamblea Nacional Televisión, única televisora que tiene acceso a la sala de sesiones.
Esta medida restrictiva fue tomada después de que la televisora privada Globovisión difundió imágenes en vivo de una
sesión plenaria del organismo, en el que se observaba al diputado Hugo Márquez viendo fotografías de mujeres desnudas en su computadora portátil. La periodista Beatriz Adrián,
quien estaba haciendo la cobertura, señaló durante su transmisión que el diputado estaba viendo pornografía; por lo que
de inmediato el Diputado subió al palco de prensa para pedir
que le permitieran aclarar la información. Y explicó que las
imágenes que veía correspondían a un e-mail sobre la prevención del cáncer de mama. Pese a que hubo una disculpa de la
periodista por el error y de que el parlamentario pudo ejercer
su derecho a réplica, la directiva del organismo decidió aprobar esta medida restrictiva.
El Diputado Iván Zerpa, quien fue el encargado de anunciar la restricción a los medios televisivos, justificó la decisión
35
como un mecanismo para evitar “el mal manejo y tergiversación que hacen los medios privados al hacer tomas inescrupulosas que exponen a la institución”.
Hasta el cierre del presente informe la restricción seguía
vigente.
Impunidad constante
Tras la revisión de las tendencias de la situación de la libertad
de prensa en el país entre mayo de 2008 y abril de 2010, hemos constatado que, a pesar del progresivo incremento en el
número de violaciones al ejercicio de las libertades de prensa
y expresión, no existe una política gubernamental para la protección de periodistas. El Estado venezolano incumple con
su obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de estos
derechos humanos. De los 233 casos que reportamos a través
de alertas, en ninguno ha habido una medida de reparación a
los afectados o de sanción a los responsables.
En el caso de la agresión contra los periodistas de la Cadena
Capriles (agosto de 2009), el Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) identificó a uno
de los agresores, a quien detuvo; pero fue liberado a los pocos
días. Diversos voceros gubernamentales, como el presidente
Hugo Chávez, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega
Díaz, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y el ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, en lugar
de defender o promover una sanción para los responsables,
acusaron a los periodistas afectados de que estaban actuando
como actores políticos y de ser responsables de lo ocurrido.
Algo similar ocurrió con el caso del ataque con bombas
la­cri­mógenas por unos veinte motorizados armados, contra la
36
sede de Globovisión (agosto de 2009).El ataque fue liderado
liderado por la dirigente de base del oficialismo (UPV), Lina
Ron, quien estuvo en prisión por el caso durante dos meses y
medio y luego liberada, sin que se diera un fallo judicial definitivo. La señora Ron falleció en marzo de 2011.
37
Encuesta a las víctimas individuales
más frecuentes de agresiones
durante el período 2008-2010
Una batalla
diaria
Ipys Venezuela contactó a siete de los trabajadores de medios que
más aparecieron mencionados como víctimas de agresiones o limitaciones en las alertas emitidas durante el período mayo 20082010. Los elegidos, de diversos medios, fueron abordados por dos
jóvenes pasantes de Ipys Venezuela con un cuestionario común.
El propósito era determinar qué podía haber de común en estas
personas, receptoras de ataques, para caracterizarlas. Todos respondieron –dando un testimonio de la agonía diaria en la que se ha
convertido su trabajo para los reporteros venezolanos- al siguiente cuestionario:
1) ¿Cree usted que actualmente los medios de comunicación
en Venezuela tienen acceso a todas las informaciones que
son de interés para los ciudadanos venezolanos y las difunden oportunamente?
2) ¿Considera usted que hay temas u ocasiones en las que es
lícito cerrar el acceso a los medios de comunicación? ¿Por qué?
3) ¿Considera usted que hay temas u ocasiones en las que un
medio de comunicación debe abstenerse de informar? ¿Por qué?
4) ¿Cree usted que a los ciudadanos comunes les afecta cuando un medio de comunicación es impedido de cubrir una
información o decide por sí mismo no cubrirla?
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5) ¿Está usted de acuerdo con la legislación actualmente vigente en Venezuela que supervisa la actuación de los medios
de comunicación?
6) Usted aparece como una de las víctimas más frecuentes
de ataques contra periodistas y medios de los últimos dos
años. ¿A qué razón, propia de su personalidad o de su trabajo, atribuye que usted sea más repetidamente afectado que
otros colegas?
7) A partir de tales ataques, ¿ha cambiado su actitud, cautela
o seguridad al cubrir hechos noticiosos?
8) ¿Denunció los ataques de los que fue víctima ante alguna
autoridad o instancia judicial? ¿Por qué?
9) Incidentes como los que usted sufrió, ¿los considera normales y propios de su oficio? ¿Sí o no? ¿Por qué?
Gabriella de Santolo y Franz von Bergen- Ipys Venezuela
Beatriz Adrián, Reportera de Globovisión:
“En Venezuela se promueve
la agresión con el discurso”
1) En Venezuela se genera información todo el tiempo.
Pero la información pública es muy difícil de obtener cuando
formas parte de los medios privados. Está prácticamente monopolizada por los medios estatales, que simplemente transmiten lo que los representantes de los entes gubernamentales
quieren. Es por eso que los medios privados son importantes,
digamos que tratan de buscar información más allá de la que se
40
quiere hacer promoción en los entes del Estado. Sucede mucho
que no nos quieren responder, porque somos de Globovisión.
2) Tendría que ser una situación en la que el periodista
pueda estar en riesgo, por ejemplo, un incendio al que es peligroso acercarse. Sin embargo, pienso que un funcionario
público tiene el deber de responder a las preguntas de los medios de comunicación social, porque ellos están en esos cargos
representando a un organismo oficial y deben responder las
interrogantes, no las de los medios, sino las que el país exige.
El medio es el que busca la información que los ciudadanos
quieren conocer, casos que no tienen explicación y que necesitan ser aclarados.
3) Yo pienso que las limitaciones han estado en las leyes y cada vez hay más de éstas que limitan el acceso a la
in­formación. Se ha aprendido, por ejemplo, que en el caso
del Caracazo cuando se hizo público que había saqueos, eso
pudo generar más saqueos. En ese tipo de ocasiones, el medio tiene que ser responsable y limitarse a no publicar algo.
Actualmente los periodistas y los medios estamos midiendo
cada palabra que decimos y cada hecho que transmitimos.
Recuerdo que cuando yo llegué al canal, en el año 1998, la
situación no era así. Ahora el canal se cuida de todo por las
múltiples multas y sanciones que existen sobre el medio privado. Siento que los medios no deben dejar de transmitir lo
que es información básica que suceda en el país bajo ningún
motivo, a menos que sea algo justificado como fomentar sensaciones de pánico.
4) La población está dejando de recibir información por
razones diversas que tienen que ver con las sanciones y amenazas del Gobierno, así como porque la información ha dejado
41
de circular. Si el ciudadano no es informado, deja de ver una
realidad completa. Lo correcto sería que el ciudadano tenga
una visión general de todo lo que ocurre para que pueda formarse sus propias decisiones.
5) Han exagerado mucho en la cantidad de normas y legislaciones. Si las leyes se hicieran para que existan más medios de comunicación y estos abran más sus canales al público y puedan recibir más información, sería ideal. Mientras las
normas sean para sancionar y limitar, no estoy de acuerdo con
ellas. Apoyo que se limite la transmisión de ciertas noticias y
novelas a determinadas horas en las cuales hay niños viendo.
6) Creo que lo que lo podría explicar las agresiones a
mi persona es la fuente que me ha tocado cubrir, política
y parlamentaria en la Asamblea Nacional. Es gracioso, porque cuando comencé a trabajar en el llamado Congreso de la
República, más tarde llamado Asamblea Nacional, se me tildaba de amiga de los chavistas. Luego me tocó investigar e ir
más allá para buscar cosas que ocurrían dentro del parlamento. Eso me costó que no fuese muy querida dentro de aquel
contexto. Pienso que la etapa en la que yo me convertí en
una enemiga política del parlamento, fue cuando Cilia Flores
tomó la presidencia. Allí comenzaron las críticas a muchos de
los periodistas de los medios privados. Para tratar de resolver
esta situación, nos unimos y manifestamos públicamente en
contra de esas medidas. La que surgía como voz de nuestra
unión era yo. Me quedé como la que estaba formando alboroto, aunque en cierto modo todos fuimos atacados.
7) Por varios años, el efecto fue el contrario al que querían: me incentivaron a seguir adelante con más fuerza para
seguir cubriendo las informaciones. Pero cuando me di cuenta
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de que me cerraban las puertas y el acceso a la fuente de trabajo, tuve que cambiar y dedicarme a reportear la comunidad
y los partidos políticos que me dejaran entrar. Actualmente,
estoy desarrollando un proyecto que se trata de promover
fundaciones o instituciones que refuercen el bien hacer dentro del país. Esto un poco para alejarme de la dificultad de
mi fuente anterior. Sin duda, los ataques y las constantes limitaciones han cambiado mi vida como periodista, aunque
sí me gustaría continuar investigando casos que han quedado inconclusos.
8) La mayoría de las veces acudí a la Fiscalía y al Ministerio
Público a denunciar, junto con la abogada del canal, los diferentes ataques. Sin embargo, otros incidentes los hemos dejado pasar por la cuestión del diarismo. De todas maneras, a
uno se le quitan las ganas de denunciar, porque no hay respuestas positivas. Hemos pedido medidas de protección. Lina
Ron me ha amenazado y lo hemos grabado como pruebas,
pero siempre hay una negativa hacia nuestras denuncias o solicitudes de protección. A otros periodistas que están a favor
del gobierno se les aprueba protección apenas lo solicitan.
9) Estas agresiones no deberían ser aceptadas, pero ya las
tomamos como normales dentro del oficio. Siempre deberían ser rechazadas y condenadas las acciones violentas ante
cualquier persona, a fin de evitar que suceda nuevamente.
Cuando se es un funcionario público y agredes, le estás diciendo a todo el que te ve que eso está bien hecho. En esos
casos se fomenta lo que se transmite.
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Saúl Uzcátegui, fotógrafo del diario TalCual de Caracas:
“Uno se arma de valor para salir a la calle”
1) Estamos muy limitados, sobre todo en lo que respecta
a la información del Gobierno, que siempre pone una piedra de tranca. Las empresas privadas, por su parte, son más
accesibles y hacen llegar la información de buena forma. Sin
embargo, si se trata de una empresa que tiene relación con el
Gobierno, también se complica el acceso a ellas debido a que
se reservan cosas, por miedo.
2) No, en ningún escenario se debería cerrar el acceso de
los medios de comunicación a la información. Los medios deben poder enterarse de todo para que puedan llevar a los ciudadanos la información. Nada debería esconderse.
3) Los medios deben decir todo, sea bueno o malo.
Actualmente, sin embargo, algunos medios no cumplen
este compromiso, en especial si son cercanos al Gobierno
Nacional. Esto lo sé porque yo he revisado las noticias que
publican de eventos en los cuales coincidimos y siempre dejan por fuera muchas cosas. Me imagino que esto debe ser por
temor o debido a que el Gobierno coloca publicidad en ellos
y no la quieren perder.
4) Claro que los afecta, a todos los ciudadanos y a la opinión pública en general. Se debe tener información para saber, por ejemplo, qué pasa con los funcionarios del Gobierno
y el dinero público. Cuando no se publican todas las informaciones es porque se está escondiendo algo o se tiene temor
a que algo se sepa, y eso no puede ser. En TalCual publicamos
todas las informaciones que manejamos. Una vez, un banco
nos retiró su publicidad y nos vetó porque publicamos que se
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planeaba intervenir a la entidad financiera. A ellos no les gustó, pero nosotros no podíamos hacer nada porque esa era la
noticia y nosotros tenemos el deber de llevar la información.
5) Las leyes que aquí se hacen son un embudo y con todas
se trata de dar la misma vuelta buscando el mismo objetivo.
Tampoco estoy de acuerdo con cómo las aplican, porque lo
hace a conveniencia. A nuestro periódico se le multó con 104
millones de bolívares por violar la Ley Orgánica de Protección
al Niño, Niña y Adolescente (Lopna) por un editorial en el
que Laureano Márquez hablaba de la hija de Chávez. Esa decisión sólo se tomó porque lo quería el Gobierno.
6) Aquí te agreden apenas se enteran de que estás en un
medio de comunicación que critica al Gobierno. No les gusta
que uno tome las fotos que ilustran lo que está pasando en la
realidad, por lo que te violentan para obstaculizar el trabajo.
Los seguidores del gobierno agreden, intentando meter miedo, que es el fin principal.
7) Claro, uno ahora se tiene que armar más de valor antes de salir a la calle. También se es más cuidadoso sobre desde dónde hacer fotos y, cuando se cubre un evento peligroso
como una marcha, se lleva el equipo de seguridad correspondiente. A las demás pautas se va con la indumentaria normal
y se trata de ir con Dios. Yo no he dejado de cubrir ninguna
pauta por miedo. Dependiendo de la situación, sin embargo,
tomo una actitud diferente. Si estoy ante un escenario comprometido, trato de ser lo más discreto posible e inmiscuirme
sin levantar sospechas entre la gente para hacer mi trabajo. Si
me atacan, sin embargo, me resteo.
8) No he denunciado nada, porque considero que aquí
no hay nada de justicia. Nunca he acudido formalmente al
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Colegio Nacional de Periodistas (CNP) tampoco, pero los directivos del CNP siempre me han apoyado mucho y se han
preocupado por mi situación. En el periódico, el apoyo es
también muy bueno y siempre se publica el suceso en el diario. Aquí hay mucha unidad entre los trabajadores.
9) Con este Gobierno se han hecho normales, pues el peligro se acentúa con la actitud de los seguidores del Gobierno,
que es desmedida y fuera de lo normal.
Carlos Arroyo, camarógrafo de Globovisión:
“Nos atacan sólo por tener
el logo de Globovisión”
1) Mientras el Gobierno genera información y también
tiene mayor capacidad de difusión debido a que controla más
canales de televisión y emisoras de radio, son muy pocos los
medios privados que restan y su capacidad informativa se ve
reducida de manera importante, debido a leyes como la de
Responsabilidad Social y por las tensiones y amenazas del
Gobierno nacional.
2) Justamente ayer fuimos a cubrir una pauta en el
Ministerio de Alimentación y nos negaron la entrada sin razón. Nosotros estábamos anotados como uno de los medios
que asistiría, pero eso no importó. Creo que en un país democrático como el que dicen los voceros del Gobierno que es
Venezuela, debería haber igualdad para todos, y esto incluye
el derecho a cubrir todas las fuentes informativas.
3) En el caso de Globovisión, cuando el canal se limita a
sólo decir ciertas cosas, es por el miedo a multas y las amena46
zas continuas de cierre. Pese a esto, considero que cuando una
información no se dice en el momento, se crean problemas.
4) Sí, claro que les afecta. Por ejemplo, en el caso de los
alimentos podridos de Pdval fue de mucha importancia que
la información fuera difundida oportunamente. Si esto no se
hubiese conocido, las autoridades habrían reciclado la comida o la hubiesen llevado a los mercados y los consumidores la
hubiesen comprado. La información es una herramienta muy
útil para la toma de decisiones de los ciudadanos y cualquier
medio que publique verdades es muy importante para que el
público entienda las cosas que ocurren.
5) La Ley de Responsabilidad Social tiene sus beneficios
y sus cosas negativas. Por ejemplo, un beneficio es que se regulan los programas que se pasan en horario infantil, en el
que a veces se colocaban novelas absurdas que no eran acordes para el horario.
6) Ellos van contra la “G” de Globovisión, una empresa
que tiene más de 60 empleados día a día en la calle. Uno ve
esto por la forma en que lo tratan en ciertas pautas. Nos limitan el paso sin razón e intentan sabotear el trabajo. Yo he
cubierto pautas sin el uniforme del canal y se me ha tratado
mucho mejor.
7) Ahora busco resguardar mucho más mi seguridad.
Intento hacer tomas dentro del carro del canal cuando me es
posible e intento no meterme en lugares donde hay problemas y peligros posibles. También voy informando todo lo que
ocurre durante una pauta por medio del Twitter y a través de
mensajes de texto enviados al equipo que se queda en el canal.
8) Todas las agresiones que he recibido las hemos denunciado ante la Fiscalía, específicamente ante la Fiscalía sexta.
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Hemos dado todo tipo de detalles de los agresores, desde las
ropas que llevaban hasta las armas que han usado. Sin embargo, la Fiscalía no ha hecho nada y nunca nos ha contactado
nuevamente tras poner la denuncia.
9) Son ya normales, debido a todo el mensaje que transmite el presidente Hugo Chávez a sus seguidores. Él revuelve
los odios de las personas y luego los que pagamos somos nosotros, pese a que somos gente normal y que no tenemos nada
valioso que no tenga nadie. En un mundo ideal, yo debería
poder hacer mi trabajo sin miedo a que me agredan.
Cecilia Rodríguez, ex reportera gráfica del diario
El Nuevo País de Caracas, ahora exiliada en Panamá:
“Tenía miedo de sacar la cámara”
1) El acceso a la información lleva mucho tiempo restringido. A los periodistas de medios privados no les permiten
entrar a ciertos sitios, tal como me pasó a mí en la Asamblea
Nacional y el Palacio Presidencial de Miraflores, de donde me
vetaron por tomar fotos que no le agradaron al Gobierno. A
ellos les molesta que los periodistas busquen información.
Con los medios oficiales es otra cosa. Ellos tienen acceso a
la información porque son complacientes con el Gobierno.
El problema es que estos medios tergiversan la información.
Por ejemplo, en muchas marchas que me tocó cubrir vi cómo
las fuerzas de seguridad iniciaban la violencia, pero luego los
medios del Estado decían que los manifestantes comenzaron
provocando. Los medios privados, por su parte, tratan de difundir la información lo más oportuna y verazmente posible,
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pero muchas veces no tienen acceso a declaraciones oficiales
necesarias para contrastar sus informaciones, lo que afecta la
objetividad.
2) En ninguna ocasión es lícito. La información debe ser
pública porque es de interés para todos los ciudadanos. Desde
que estoy en Panamá he notado la diferencia con respecto a
Venezuela. Aquí he podido cubrir cosas en la presidencia y se
puede hablar con el propio Presidente.
3) De ninguna manera. Siempre se debe informar, obviando el amarillismo, claro está. Un medio no puede abstenerse de informar nada por conveniencia, pues, en cierta forma, eso es una manipulación. Debe haber más equilibrio en
las informaciones. Por ejemplo, con el caso del programa gubernamental Barrio Adentro hay cosas buenas que no pueden
ser obviadas, pero tampoco se puede dejar de lado lo malo.
4) Sí lo afecta. Esto puede perjudicar los juicios que las
personas se crean sobre ciertos temas, generando a veces juicios falsos. Esto puede incluso afectar la toma de decisiones
a la hora de votar. Lo ideal es informar objetivamente sobre
todos los acontecimientos para que la gente se pueda crear
su propio juicio. En Venezuela se ha perdido la objetividad y
hace falta que los periodistas se descontaminen un poco de
la polarización.
5) Nunca he estado de acuerdo con la Ley Resorte. Está
hecha para acallar a los medios y me parece que crea autocensura, lo que genera que no se informe como es debido
por miedo.
6) Yo me metía donde los demás no, para obtener fotografías. Fui a veces más osada y siempre trataba de buscar
más allá, lo que me llevó a ser más señalada. En el caso de las
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manifestaciones, cuando otros se limitaban a tomar una simple foto de gente corriendo, yo intentaba sacar a los policías
disparando, esto siempre con el objetivo de señalar al funcionario que estuviese obrando mal.
7) Sí cambió. Cuando cubría pautas en Venezuela, exploraba el perímetro y tenía miedo de sacar la cámara. Esto incluso me hizo perder alguna foto, porque gastaba tiempo. De
igual forma, siempre buscaba dónde esconderme y extremaba
todo tipo de medidas de seguridad, lo que hacía que el trabajo
perdiera su esencia. En Panamá ya no debo hacer eso, porque
no se está en riesgo de que a uno lo agredan.
8) Denuncié ante la Fiscalía cuando me golpearon el 20
de enero de 2009 durante una manifestación estudiantil. Eso
quedó ahí y no hicieron nada, ni siquiera me volvieron a llamar. Yo había señalado quién fue mi agresor e incluso fui al
médico forense para acumular pruebas, pero no pasó nada.
Lo peor es que los acosos se incrementaron luego de que denunciara. En una oportunidad, durante una protesta, un chavista me llamó por mi nombre y apellido desde una moto y
me dijo: “Deja de meterte con mi presidente o la pagarás”.
9) No son normales. Desde que estoy en Panamá he podido ver la diferencia. Aquí periodistas y funcionarios pueden
tener controversias, pero no se cortan los accesos a la información ni se arremete. El funcionario también atiende siempre,
le caiga bien o mal el periodista.
50
Carlos Sulbarán, ex periodista de Telellanos de Barinas:
“Me tratan como enemigo”
1) Todo depende de la información en cuestión. Es decir,
si algún activista de algún partido político o del Gobierno de
turno le conviene o no la divulgación de una información,
entonces nos permiten el acceso a ésta o no. Tanto de un lado
como del otro, es igual. Si es una información que tiende a
favorecer o a dañar a la oposición o al gobierno en sus efectos, ellos no van a permitirte el acceso a ésta, más bien tratan
de entorpecer el trabajo del periodista. Tampoco la información es difundida oportunamente, porque se entrega cuando
es conveniente para ambos bandos. Aparte, los dueños de los
medios de comunicación se prestan para esta situación, porque muchas veces el periodista no tiene ningún tipo de apoyo por parte del dueño de medio, sino que ellos responden a
los intereses económicos que tienen que ver con la actividad
política. Si el periodista trata de publicar algo que considera
relevante, el dueño del medio decide si se hace o no de acuerdo a si lo afecta económicamente.
2) No, en ninguna oportunidad es lícito. Se supone que
si la Constitución plantea que todos tenemos derecho a la
información para que sea oportuna y veraz, entonces es totalmente ilícito que nos nieguen el derecho a acceder a la misma.
Si nos prohíben la difusión de la noticia o el cubrimiento de
alguna pauta informativa, se está violando una ley y, por lo
tanto, eso no tiene legalidad alguna.
3) Para nada, independientemente de cuál sea la información, debe transmitirse en el momento que ocurre sin abstenerse. Sin embargo, hay informaciones que deben tratarse
51
con mucha cautela. Por ejemplo, cuando hay saqueos y uno
lo difunde libremente sin miramientos, pudieran generarse
más saqueos y empeorar la situación en otros sectores. La información sí hay que darla, pero hay que saber cómo darla,
porque tampoco podemos generar pánico y generar una onda
expansiva que va a generar más caos. Hay que tener cautela
dependiendo de lo delicado que sea el tema y de los efectos
que pueda causar.
4) Obviamente afecta al ciudadano común cuando una
información no es difundida. El periodista debe hacer su trabajo. El público es el que está siendo coartado de su derecho
de estar informado de lo que ocurre y de lo que le pueda afectar como sociedad.
5) Con lo que no estoy de acuerdo es con la aplicación
de la ley, porque se hace cuando favorece a los que la aplican
y cuando no los favorece, no se aplica.
6) Como no pienso igual que la gente del gobierno, entonces me convierto inmediatamente en un enemigo.
7) Decirte que no ha cambiado es mentira. A raíz de los
ataques que recibí, he actuado con mucha más cautela a la
hora de ejercer mi profesión, sobre todo cuando se trata de
temas políticos. Mi manera de pensar y opinar no cambia,
pero desafortunadamente he tenido que amoldarme por la
necesidad de trabajar y de depender de mi sueldo para poder
vivir. Es ahí cuando uno se ve en la necesidad de aceptar una
serie de condiciones que se te imponen y no ponerte a nadar
en contra de las olas, porque uno siempre se termina cansando de nadar. He tenido que adaptarme a imposiciones de los
dueños de medios en algunas oportunidades, cuando se trata
de temas políticos que son delicados y que hay que tratarlos
52
cautelosamente para no perjudicar al medio. Sin embargo, no
estoy de acuerdo con ese cambio.
8) No acudí a ninguna instancia judicial o a alguna autoridad. Esto principalmente por miedo a que se llevaran a cabo
las amenazas que yo estaba recibiendo luego de los ataques.
Después decidí mudarme de estado (ahora vivo en el Zulia)
y nunca concreté las denuncias oficialmente.
9) Pienso que los incidentes que sufren los periodistas en
Venezuela no deberían suceder. Lo peor de todo es que parece que van a continuar, porque mientras no haya un cambio
de Gobierno o de pensamiento social, seguirán fomentándose las diferencias políticas. Actualmente, los periodistas son
denigrados y desprestigiados por el mismo Gobierno y por la
sociedad promovida por éste, lo que genera un maltrato y humillación hacia nuestro gremio, hecho que no debería permitirse. Los ataques e incidentes están siendo parte del ejercicio
del periodismo, todos los días se vive una lucha para poder
acceder a las fuentes y a los hechos noticiosos.
Krisaura Vital, corresponsal de RCTV Internacional
en el estado Bolívar:
“La gente ve ahora a los periodistas
como enemigos y agentes con intereses”
1) Como corresponsal me toca cubrir fuentes de todo tipo
y la oficial es, sin duda, la más difícil de cubrir, porque se entrega muy poca información. En muchos casos, te dejan esperando por la información y luego no te la dan argumentando que no están autorizados para eso. Esto obliga a buscar los
53
datos por vías distintas, lo que genera dificultades y es muy
negativo, pues muchas de las noticias que cubrimos son de
denuncia y uno recibe la versión del denunciante pero la parte denunciada se niega a hablar, lo cual resta equilibrio. Si en
Venezuela se difundiera la información de la forma debida,
creo que no hubiese tantas protestas como las que se ven actualmente en distintos ámbitos.
2) Creo que no se justifica el cierre de la información a
los medios de comunicación. Si un medio incurre en alguna
falla o ilegalidad, las leyes establecen mecanismos de sanción
que deberían ser aplicados. Estos no contemplan el cierre del
medio o la posibilidad de negarle el acceso a informaciones
futuras. Si se castiga con el cierre de los accesos a la noticia,
se termina afectando a los ciudadanos, que tienen derecho a
informarse por cualquier medio que consideren pertinente.
3) Actualmente, el tema de difundir información es delicado, pues los medios están en peligro de que se les aplique
la ley cuando publican alguna información que no le gusta al
Gobierno. Por esto, los medios de comunicación ponen mucho cuidado y sutileza a la hora de decidir qué publicarán.
4) Claro que afecta, pues el ciudadano no termina de conocer la totalidad de la noticia. Ante esta situación de desinformación, muchos ciudadanos se dejan llevar por los mensajes de las distintas partes políticas. Los periodistas somos
imparciales e intentamos llevar mensajes equilibrados, pero
ahora los ciudadanos no creen esto por la misma falta de información existente y debido a las campañas de desacreditación iniciadas por los medios públicos y el propio Gobierno.
La gente ve ahora a los periodistas como enemigos y agentes
con intereses, lo cual afecta también la cobertura de informa54
ciones debido al riesgo que corre el periodista en la calle. Un
ejemplo de esto se dio durante el caso de la explosión en la minera estatal Ferrominera, que dejó a tres trabajadores heridos.
En la asamblea de obreros, el presidente de la empresa anunció que la explosión había sido culpa de los medios privados,
esto enardeció el ambiente y complicó la situación de muchos
periodistas, que debieron abandonar la pauta por seguridad.
5) En Venezuela siempre han existido leyes que regulan
los medios de comunicación, pero se aplican correctamente.
Las normativas prevén amonestaciones a los medios si estos
quebrantan las regulaciones, pero no se contempla el cierre
de ningún canal o el cese de su concesión, como ocurrió con
RCTV, por ejemplo. Más aún, lo que no se entiende tampoco es por qué se aplican unas medidas contra algunos medios
y a otros, como el canal estatal Venezolana de Televisión, no
se les hace nada.
6) Pienso que es por el medio al que representamos mi
equipo y yo. El Presidente fue siempre muy directo con respecto al caso de RCTV, al que considera un canal de oposición. Estas expresiones del máximo líder hicieron que nos ganáramos enemigos, pues el mensaje caló y los seguidores del
Gobierno comenzaron a agredirnos en cualquier momento.
Lo más extraño es que muchas de las personas que nos agreden lo hacen en unas situaciones y, en otras, más bien nos piden que les difundamos un mensaje. Muchas veces, creo que
si nuestros agresores se detuvieran a pensar en lo que están
haciendo, no nos atacarían.
7) Por supuesto. Cuando vamos a una pauta en la cual
podemos encontrarnos a personajes radicales, tomamos
previsiones e intentamos tomar las imágenes lo más rápido
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posible. También intentamos quitarnos el carnet del canal y
los carteles de identificación. Esto también lo hacemos al cubrir actos oficiales, en los cuales hemos sido agredidos en otras
oportunidades.
8) No hemos denunciado ninguna de las agresiones, porque no tenemos las pruebas suficientes para denunciarlas ante
instancias judiciales. Los ataques que hemos sufrido intentan
inspirarnos temor, por lo que sí hemos acudido a la sede del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en Bolívar para tener
su respaldo. La limitación más grave que hemos sufrido fue al
cubrir una protesta en la acerera Sidor. Cuando nos íbamos,
un convoy de la Guardia Nacional nos rodeó, nos apuntaron
con armas y nos quitaron las cintas de grabación. El CNP nos
respaldó mucho ante esta situación.
9) En Venezuela estas situaciones no pueden ser normales, porque estamos en un país democrático en donde se debería respetar la integridad de los periodistas. El Gobierno
Nacional, sin embargo, ha satanizado la imagen de los medios privados haciendo pensar que estos no dicen la verdad,
lo cual aviva ataques contra los periodistas.
56
Secuelas de la redada radioeléctrica del 1 de agosto de 2009
La lista
del miedo
En una misma noche, 32 emisoras de radio y dos de TV de todo
el país salieron del aire de manera compulsiva. Tan sólo 24 horas
antes el ente regulador, Conatel, les había comunicado su destino,
aduciendo irregularidades de registro en sus concesiones. Pero,
por si fuera poco, ese mismo día las autoridades del gobierno anunciaron que otras 208 emisoras –un tercio del total de las estaciones
en operación- podían correr igual suerte. La siguiente nota ofrece
un panorama sobre la vida provisional de esas habilitaciones “en
remojo” y cómo una misteriosa lista surte efectos aún sin que se
haya consumado una nueva sanción.
Emily Avendaño y Ewald Scharfenberg.- Ipys Venezuela3
P
ara el mes de julio de 2009 el Estado venezolano se decía empeñado en la “democratización del espectro radioeléctrico”, según las palabras del para aquel entonces
ministro de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) e intermitente
Hombre Fuerte del gobierno, Diosdado Cabello. A nombre de
tal propósito, en aquel momento Cabello anunció la apertura de procedimientos administrativos para “recuperar la concesión” de 86 emisoras AM y 154 FM y de 45 televisoras (10
3] Con información de Briceida Morales (Barinas) y Yolimar Duque (Mérida) 57
VHF y 35 UHF). El proceso se concretó con la salida del aire
el 1 de agosto de 2009 de 32 estaciones de radio y dos televisoras; pero a más de un año de la medida aún se desconoce el
estatus de las 208 radios y 43 televisoras restantes.
De acuerdo al informe Democracia y Derechos Humanos
en Venezuela, dado a conocer por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2010, la reserva de los nombres de esas estaciones bajo observación puede
traducirse en un “efecto intimidatorio”, pues podría ser empleado como un mecanismo para ejercer presiones indirectas
sobre los medios de comunicación.
Pero la respuesta oficiosa que al asunto seguía dando la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a la
fecha de edición del presente reporte (diciembre de 2010),
es que se trata de una información de uso exclusivo de esa
Comisión y que no tiene por qué hacerse pública. Una fuente
de Conatel cuyo nombre pidió dejar oculto refirió, en diálogo
con la reportera de Ipys Venezuela, que figurar en ese listado
no les otorga a las radioemisoras ningún estatus oficial y que
corresponde a la Consultoría Jurídica de esa institución analizar caso por caso para tomar las medidas pertinentes.
En Conatel este parece ser un tema delicado o, al menos, no del todo dilucidado para todos los niveles gerenciales.
Cuando se busca concertar una entrevista al respecto con un
vocero oficial se comprueba que, de acuerdo a las respuestas
que se obtienen, este es un asunto sobre el que nadie admite
competencia. Por ejemplo, al ser consultado el director todavía en funciones de Conatel, Pedro Maldonado, recomendó dirigirse a la Gerencia de Seguimiento Regulatorio o a los
funcionarios que estaban en el organismo cuando se tomó la
58
medida. Desde la gerencia aludida, vía correo electrónico, se
dejaba la responsabilidad en manos de otra instancia, esta vez
la “Gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones”,
ya que, rezaba la comunicación, “los registros así como los
procesos de transformación de títulos son exclusivamente su
responsabilidad, es importante que puedas contactar al gerente del área, quien es el Ing. Rubén Arenas para que te pueda
hablar del proceso realizado así como el estado actual del mismo (sic)”. Por último, el referido ingeniero Arenas, también
por vía del correo electrónico, respondió que no es la persona
“calificada ni autorizada” para tratar el tema. Y remitió nuevamente al Director General de Conatel, inicio del ciclo.
De acuerdo al testimonio de diversos representantes de
emisoras que se sienten aludidas por los anuncios de Conatel,
se trata del mismo rizo de silencio con que se encuentran
cuando llevan al organismo sus peticiones de información.
La noche de los cuchillos largos
La declaración exacta del ministro Cabello en julio de 2009
establecía que “a aquellos que no pasaron por Conatel se les
abre de manera inmediata un procedimiento administrativo
para la restitución de todas sus concesiones al Estado. No fueron, no están interesados, quieren mantenerse al margen de
la ley... Quien no está actualizado y no pasó por Conatel que
ahora asuma la responsabilidad”.
Los procedimientos para establecer tal “responsabilidad”
correspondían a distintos tipos de irregularidades: fallecimiento
de la persona a quien le fue otorgada la concesión, vencimiento
de la licencia o renuncia al uso del espectro radioeléctrico. En
caso de que la comisión determinase el uso ilegal de la señal,
59
además de la revocatoria de la concesión también podría decomisar los equipos de la radioemisora, explicó Cabello.
En menos de una semana, el 31 de julio, Cabello informó
de la revocatoria de las concesiones y el cierre inmediato de
transmisiones a 32 radioemisoras y 2 televisoras. El ministro
explicó que la medida de cierre de estos 34 medios aplicaba
de forma expedita e inmediata, debido a que se trata de casos en los que hubo fallecimiento o renuncia del titular de la
concesión, vencimiento de la concesión, o improcedencia de
solicitudes de cambio de títulos.
De los medios afectados por la medida de cierre, 12 eran radioemisoras AM, 20 emisoras FM, y otras dos televisoras UHF.
La imagen que muchos venezolanos vieron la madrugada del
1 de agosto de 2009 desde la consola maestra de la estación en
Caracas del circuito CNB, cerrando sus emisiones con el himno
nacional de Venezuela, pasará a la historia de la comunicación social en Venezuela como uno de sus episodios más desgarradores.
Consumado el primer corte, el 5 de septiembre de 2009,
el mismo ministro Cabello aseguró que las acciones del Estado
para la “democratización” del espectro radioeléctrico no se detendrían por lo que se esperaba el cierre de otras 29 emisoras
de radio –que no identificó- cuyos papeles estarían fuera de regla. “Saldrán del aire dentro de poco”, afirmó durante una marcha en apoyo al presidente Hugo Chávez, a la Ley Orgánica
de Educación y en rechazo a la instalación de bases militares
estadounidenses en Colombia; pero lo cierto es que, a más de
un año de ese vaticinio, la sentencia no se ha hecho efectiva y
los nombres de esas 29 continúan sin ser públicos.
Para Althis Torrealba, directora de Radio Sensacional y
Radio Infinita, que transmiten su señal en el estado Barinas, la
60
estrategia del Estado está en que “no es necesario ver la lista”,
porque allí aparecen quienes no pudieron llegar a la Comisión
a entregar sus papeles y cuando el ministro dice “toda persona
que no ha entregado sus papeles a Conatel’ eso se hace público, a él lo pasaban a cada ratico por la televisión. Entonces tú
lo asumes, él te lo está avisando”, señaló.
De todo lo anterior se desprende que el proceso de “democratización del espectro radioeléctrico” se detuvo. Aunque
una “lista fantasma” continuó teniendo efectos.
Cronología de una espada de Damocles
¿Qué falta podían haber cometido esas estaciones para ser
expulsadas del aire de manera tan ominosa como sumaria?
¿Qué se podía imputar a las otras 208 avisadas? ¿Por qué podía ser tan costoso el “no pasar por Conatel” que reclamaba
el ministro Cabello?
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel), aprobada en el año 2000, establece en su artículo 210 que Conatel
debía encargarse de la transformación de las concesiones y
permisos, vigentes en ese momento, en habilitaciones administrativas, concesiones u obligaciones de notificación o registros establecidos en la Ley. Es decir, debía transformar las
concesiones otorgadas según la legislación anterior en concesiones y habilitaciones acordes a las nuevas disposiciones
de la Lotel. El mismo artículo reza: “La transformación de
los títulos jurídicos deberá efectuarse dentro de los dos años
siguientes a la publicación de la presente Ley en la Gaceta
Oficial, tendrá carácter obligatorio” y se haría atendiendo a
ciertos principios. El proceso debió haber finalizado, pues,
en el año 2002.
61
Nelson Belfort, presidente actual de la Cámara Venezolana
de la Radiodifusión y también presidente del Circuito
Nacional Belfort (CNB) –uno de los emisores afectados–, recuerda que para poder cumplir con esta disposición Conatel
llegó a pedir financiamiento al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para desarrollar un censo de las radioemisoras en funcionamiento. “Se hicieron un par de censos y se entregaron todos los papeles y no hubo ni una objeción de parte
de Conatel. Lo único que le faltó a Conatel fue imprimir el
bendito papel [la transformación] y no lo imprimió porque
no le dio la gana, no le interesaba”, sentencia el empresario.
Pero sería la providencia administrativa 1.419, aparecida
en la Gaceta Oficial Nº 369.391 del 29 de mayo de 2009, la
que vendría a cambiar las cosas. Solicitaba a las personas naturales o jurídicas que prestaban servicio de radiodifusión sonora y televisión abierta, suministrar a Conatel la información
requerida en la planilla “Actualización de Datos”, que debía
ser de inmediato consignada ante esa instancia “sólo y exclusivamente por el titular de la concesión que autoriza el uso y
explotación del espectro radioeléctrico”.
Con su consentimiento o sin él, para bien o para mal,
CNB se convertiría en un emblema de la extinción súbita de
operaciones de radioemisoras el 1 de agosto de 2009. El alcance del circuito y la cobertura que dieron a su caso los medios
informativos independientes resultaría suficiente para ello.
La emisora caraqueña del circuito salió del aire la fatídica madrugada del 1 de agosto. Belfort cuenta que recibieron una carta a
las siete de la mañana. “justo cuando no hay forma de defenderse legalmente porque no hay tribunales, jueces, nada. Llevaron
una carta, ni siquiera una apertura de una sanción administrati62
va, que es lo que corresponde, diciendo que habían expirado todos los papeles que nosotros habíamos llevado, por una decisión
unilateral, por lo tanto usted pasa a ser ilegal, por lo tanto usted
corre el riesgo de ser llevado preso, usted corre el riesgo de tener
una multa milmillonaria, usted corre el riesgo de que sus otras
concesiones corran riesgo, por lo tanto ¡cierre!”.
El Circuito Nacional Belfort poseía diez emisoras, de
las que a cinco se les retiró la concesión: CNB 102,3 FM
Caracas, CNB 96,1 FM Punto Fijo, CNB 100,1 FM Valencia,
CNB 102,1 FM Maracaibo y CNB 94,5 FM San Cristóbal.
Belfort enfatiza que “fueron cerradas las emisoras de Caracas,
Maracaibo y Valencia, que son las tres principales ciudades
del país, y sin eso el Circuito Nacional Belfort no puede sostenerse”. Hasta la fecha han vendido la mayoría de sus equipos
y prescindieron de 230 trabajadores directos.
En cuanto a las acciones legales que han tomado, desestimaron pedir la reconsideración a Conatel y acudieron directamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por cada una
de las emisoras fuera del aire introdujeron un amparo, una
medida cautelar innominada, solicitaron aperturas de juicio y
adelantaron una demanda ya a título personal de Belfort por
violación de los derechos humanos.
De todas estas acciones, sólo ha tenido respuesta la introducida por CNB Punto Fijo ante la Sala Político Administrativa
del TSJ y la misma les impide recuperar la frecuencia 96.1 FM
al considerar que “no constan pruebas que orienten a presumir que la emisión de dicho acto persiguió una finalidad distinta a la de regular la materia de telecomunicaciones”.
La frecuencia de Radio Bonita 1.520 AM, fue otra de las 32
frecuencias radiales que el Estado “recuperó”. El concesionario
63
original, Guillermo Obelmejías, falleció en el año 1995. Según
reseñó el diario El Universal de Caracas, el 3 de agosto de 2009,
sus hijos “solicitaron a Conatel el cambio de la concesión a la
viuda del señor Guillermo, desde entonces han hecho todas las
gestiones que el ente de las telecomunicaciones les ha ordenado: han pagado impuestos, establecido fianzas, presentado documentos, recibido inspecciones, todo en forma infructuosa”.
Otra situación: Órbita 107.5 FM, del estado Anzoátegui, no
asumió la disposición de Conatel de forma inmediata la noche
del 31 de julio de 2009. La emisora se mantuvo al aire hasta el
4 de agosto, con una programación ininterrumpida con las llamadas de los usuarios que se oponían a su cierre. Ese día, funcionarios de Conatel, acompañados por efectivos de la Guardia
Nacional, obligaron, bajo amenaza armada, a que la persona
encargada de la planta transmisora apagara por fin los equipos.
Llegaron sin ninguna orden formal y poco más de una hora más
tarde representantes de la Comisión se presentaron en la radio.
En ese momento, funcionarios de Conatel se llevaron consigo
un amplificador y un equipo de enlace propiedad de la emisora, que actualmente continúan en posesión del ente regulador.
Marcos Figueroa, gerente General de Órbita 107.5, informó que en el año 2002, Abel Cermeño, titular original de
la concesión solicitó la transformación del título, pero hubo
silencio como toda respuesta por parte de Conatel. Por ahora, los propietarios de la radio esperan por la respuesta del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a una solicitud de amparo constitucional. Al respecto, agregó Figueroa: “Nosotros
esperamos que se restablezca el estado de derecho, que exista
una administración de justicia y que la respuesta de Conatel
se corresponda a todos los elementos que les presentamos”.
64
Para Figueroa, “en nuestro caso fue una decisión política, el
gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, se expresaba de este circuito radial como la ‘cloaca radial órbita’ y fue
una promesa del gobernador que nos iba a cerrar, que cumplió”.
Una radio que, en cambio, sí se afanó por acatar la medida de inmediato fue Radio América 106.3 FM, de la ciudad
de Mérida. Luego de la salida del aire, introdujeron una solicitud de reconsideración ante Conatel y Mopvi. Pero en el ínterin, vendieron todos sus equipos. Según Gerardo Montilla,
director de la radio, hace seis meses “sabiendo que eso no iba
a prosperar, decidimos vender”.
En su caso, “el concesionario no llegó al día de la actualización de datos por asuntos de salud. Es una persona mayor y el
día que llegó ya había cerrado el proceso de recepción y ese fue el
motivo por el cual se cierra la radio”, relató Montilla al puntualizar, también, que el cierre ocurrió pese a que se presentaron todos los alegatos que explicaban los motivos de salud por los que
el concesionario no pudo llegar a tiempo. Pero, a diferencia de
Órbita, no atribuye su salida del aire a razones políticas: “90% de
su programación era musical y otro 10% se dedicaba a programas informativos y de opinión a favor o en contra de la gestión”.
¿Y dónde está la lista?
La jornada del 1 de agosto, precedida por un largo silencio
del ente regulador que fue apenas preludio para su furiosa y
selectiva acción, dejó numerosos estropicios en el dial de la radio que el público venezolano reconocía por tradición. Se sa­be
apenas de la apetitosa frecuencia de CNB en Caracas, concedida
a la poco escuchada emisora de la Asamblea Nacional, oficialista. Si de democratizar el espectro se trataba, se puede decir
65
que el proceso no se desarrolla de manera transparente. Pero,
por lo demás, la degollina de aquella madrugada dejó otro legado intangible: la intimidación.
Habla Nelson Belfort: “El precio fue alto fue para las emisoras que cerramos, pero aún más alto para las que quedaron
abiertas, porque hay 208 emisoras que no tienen nombre y
apellido, que pueden pertenecer a cualquiera. La discrecionalidad del funcionario público en este momento es total. Tú
estás corriendo riesgo por cada cosa que dices. Te tienes que
cuidar tanto que sencillamente recurres a la autocensura, que
es la más difícil de medir y la más triste, pero es la que más se
siente y la más efectiva”.
El diputado Manuel Villalba, presidente hasta diciembre
de 2010 de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de
Comunicación de la Asamblea Nacional (en enero de 2011
debía iniciar un período legislativo de cinco años con una
nueva composición de la Asamblea), asegura que él llegó a ver
la lista de concesiones pendientes de posibles sanciones luego
del anuncio de Diosdado Cabello, en julio de 2009.
Para Villalba, representante del gubernamental Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la presunta tardanza de Conatel en dar respuesta a las solicitudes que recibe no
puede ser esgrimida por los radiodifusores para “pretender
evadir su responsabilidad. A ellos se les dio un tiempo, hay
quienes teniendo su concesión vencida, acudieron al llamado que hizo Conatel y les fue resuelto su problema”. Según el
diputado, cuando el gobierno toma una decisión los dueños
de medios, “que han hecho de la comunicación un negocio”,
echan mano de la manipulación, la desinformación y ocultan
el aspecto legal que sustenta cada decisión. Además, sostiene
66
que el gobierno dio un tiempo a los radiodifusores para que
se pusieran a derecho “y no fueron porque creyeron que la situación era embuste”.
Pero, a pesar de esos cargos, son múltiples los ejemplos de
la nociva influencia que ejerce la incertidumbre.
Radio Sensacional y Radio Infinita, son emisoras que operan en el estado Barinas (terruño del presidente Hugo Chávez
y gobernado desde 1999 por su padre y su hermano). Althis
Torrealba, su directora, asegura que para ambas radioemisoras
se estaba solicitando el traspaso de la concesión de los titulares
originales a la compañía Radio Sensacional y Radio Infinita, respectivamente. “El reglamento dice que toda persona que va a
vender tiene que ser autorizado por Conatel”, resume. “Nosotros
hicimos la solicitud, ellos nos dieron hasta el formato de cómo
nosotros íbamos a realizar la venta, firmado con correspondencia, por Diosdado Cabello La firma se hizo con notaría y todo;
se ejecuta y en ese momento Conatel nos debe dar respuesta del
traspaso. La concesión estaba a nombre de Roger Vivas y nosotros solicitamos que pase a nombre de la compañía que es Radio
Sensacional y esa respuesta aún no nos la han dado; ni a mí, ni
a ninguno”. Solamente en Barinas se habla de la existencia de
más de 25 radioemisoras que están al aire sin tener habilitación.
Nelson Belfort afirma que todas las concesiones de las emisoras FM “están vencidas”, mientras que en el caso de las AM, el
mismo día que se venció la licencia de RCTV (27 de mayo de
2007) se vencieron las “concesiones de 157 emisoras de radio
AM y no las fueron a cerrar. Algunas de ellas comenzaron las
transformaciones, pero no lo puedo decir con exactitud porque
no tengo estadísticas, debido a que Conatel no hace pública
esta información, pero yo diría que entre 40 y 50% sí se tras67
formaron. La situación es tan grave, que sencillamente Conatel
ya no publica cuáles son los nombres de los concesionarios o
de las emisoras registradas. Ya tú no sabes quién es legal y quién
es ilegal. Ellos son los provocadores del caos de información”.
Se preserva un ambiente de ambigüedad institucional
donde puede prosperar la discrecionalidad. Y en ese entorno
opaco ocurren incidentes que bien pueden atribuirse al resguardo que los concesionarios todavía operativos se procuran
contra la arbitrariedad. Inocentes cambios de la grilla de programación pasan por vacunas preventivas contra sanciones.
Con razón, a veces, o sin ella.
El 11 de enero de 2010, el espacio radial “Público & Con­fi­
dencial”, que se transmitía a través del dial 90.5 Éxitos de Unión
Radio en Ciudad Guayana (estado Bolívar, al suroriente del
país), salió del aire tras una decisión de la junta directiva del medio de comunicación. Uno de sus conductores, el periodista
Damián Prat, dijo que a pesar de la alta receptividad, excelente sintonía y presencia de anunciantes, la directiva de Unión
Radio les comunicó el cese del programa. En su opinión “era
evidente que estaban recibiendo presiones del gobierno”.
Luego, Unión Radio logró una alianza con una emisora local
con la que abrieron el Circuito Actualidad en el estado Bolívar.
Los directivos se comunicaron con los periodistas para que retomasen el programa. Prat testimonia que para la vuelta del programa no les exigieron hacer modificaciones en su contenido.
En Barinas, entre tanto, salía del aire el programa “Mesa
de Análisis”, conducido por el comunicador social y abogado,
Leonaldi Meza. para la emisora Emoción 98.1. Meza decidió
dejar el espacio –que sólo se emitió durante quince días– luego
de que los ejecutivos de la radio le pidieran “bajar el tono”. Meza
68
dio a conocer que el dueño de la emisora habría recibido una
“llamada de personas del Gobierno, objetando las informaciones y comentarios que eran lecturas de extractos de columnas de
opinión y que son documentos públicos; que además aparecen
en los portales de Internet tanto nacionales como regionales”.
El propietario de la emisora, Servando Ortega Rangel, al ser
consultado, indicó que, hasta ahora, nunca han sido censurados.
En 2010, Conatel inició procedimientos administrativos
sancionatorios “por la presunta prestación del servicio de radiodifusión sonora... sin contar con la debida habilitación administrativa y concesión... y acordó la aplicación de las medidas cautelares con carácter provisionalísimo de suspensión
de actividades presuntamente clandestinas e incautación de
los equipos y materiales empleados en la realización de dicha
actividad”, sobre las emisoras Tropical 88.5 FM, del estado
Miranda; y Ríos 95.3 FM, en el estado Barinas. Se otorgó a las
radioemisoras 15 días hábiles para exponer sus alegatos y defensas. Conatel también declaró “la extinción por vencimiento del Título Administrativo de Concesión de Radiodifusión”
otorgado a la Fundación Comunitaria Fundani (94,7 en el estado Aragua) y a la Fundación Radio Escuela Comunitaria La
Tuyera (102,1 en el estado Miranda). La Comisión informó
a las radios que ante las decisiones podrían ejercer un recurso
de reconsideración ante el Mopvi o un recurso contencioso
administrativo de nulidad ante la Sala Político Administrativa
del TSJ. Pero ninguna de estas iniciativas contribuyó a revelar
cuáles son los medios que en 2009 quedaron caracterizados
como inminentes sujetos de sanción.
69
Relación de casos cubierto
por Ipys Venezuela en el período
3 de mayo 2008- 2 de mayo 2010
Para registro
y optimización
A continuación, el lector encontrará la reseña de cada uno de los
casos de limitaciones de la libertad de expresión y ataques contra
la prensa registrados por Ipys Venezuela durante el período comprendido del 3 de mayo de 2008 al 3 de mayo de 2010.
E
sta relación se publica íntegra con un doble propósito, tanto de incrementar las condiciones de auditabilidad del trabajo de monitoreo de Ipys Venezuela por
parte del público interesado en la materia, como de poner a
disposición de otras organizaciones e investigadores del área
el material en bruto a fin de compararlo con sus propios relevamientos o de complementarlo.
Desde 2002, año de su fundación, así como del inicio de
su seguimiento de los incidentes contra la libertad de prensa en
Venezuela, Ipys Venezuela trabaja consistentemente en la optimización del monitoreo y reporte de esas situaciones. El trabajo de mejora se desarrolla en dos dimensiones, la metodológica
y la logística, hasta llegar al sistema con que hoy se cuenta, aún
sin terminar y con amplios márgenes de perfectibilidad.
El producto regular de monitoreo generado por Ipys Ve­ne­
zuela es la alerta.
71
Como su nombre lo indica, la alerta busca advertir de un
suceso en desarrollo que afecta (en términos negativos, por
lo general, pero también positivos) a la libertad de prensa.
Siguiendo un protocolo prestablecido, la red de corresponsales de Ipys Venezuela en nueve ciudades del país recoge, coteja
y procesa la información sobre eventos contra la libertad de
prensa de los que tiene conocimiento, bien a través de medios
de comunicación o de otras fuentes directas o indirectas. Esa
primera versión de la alerta es editada en las oficinas de Ipys
Venezuela en Caracas y luego en las de Ipys en Lima, Perú.
La alerta está concebida, pues, para generar acción y normalmente se distribuye hacia redes internacionales de seguimiento de la libertad de expresión. En primer lugar, a la red
Ifex (International Freedom of Expression Exchange), que
agrupa a 95 miembros de todo el mundo –entre organizaciones globales, regionales y nacionales de libertad de expresión–
y de la que Ipys Venezuela es miembro interino desde 2010.
Ifex cuenta con un “clearing house” en Toronto, Canadá, desde cuya mesa se hace una nueva revisión y constatación de los
contenidos de la alerta, antes de su difusión final.
Ese sistema garantiza la fidelidad y oportunidad de la información difundida.
En los últimos años el número de alertas emitidas por Ipys
Venezuela ha mantenido un crecimiento sostenido.
La tendencia registrada se explica sólo en parte por una
mejora en los métodos de recolección de información y la
ampliación de la red de corresponsales de Ipys Venezuela, entre otros factores. En realidad, el crecimiento del número de
alertas refleja en primera instancia el aumento de la conflictividad específicamente dirigida contra la prensa.
72
Por tradición Ipys Venezuela ha utilizado estas alertas de
fines informativos, también como unidad básica de registro y
documentación. Por tanto, cada vez que hasta la fecha se ha
dicho que se cometieron determinado números de agresiones
o limitaciones contra la libertad de prensa en cierto período,
puede entenderse que Ipys Venezuela emitió ese mismo y determinado número de alertas.
Esta paridad, sin embargo, tiene sus inconvenientes. Ipys
Venezuela está trabajando para superarlos y ofrecer una metodología cada vez más confiable e inteligible en futuras entregas de este reporte. Entre tanto, se deben advertir algunos de
esos inconvenientes para que el lector tenga una mejor comprensión de los despachos que continúan.
Por ejemplo: algunas perspicacias notarán que el número
de casos narrados (236) no se corresponde al número de alertas emitidas (233), usado por lo demás como referencia para
el cálculo de las tendencias durante el período. ¿A qué se debe?
En primer lugar, a que no todo caso alcanzó a ser alerta, en
medio del laborioso trabajo de edición de tales documentos.
Pero, sobre todo, la brecha también responde al hecho de que
no todas las alertas constituían un caso. Hubo alertas referidas
a agresiones –incluso, asesinatos– que en un primer momento parecían responder a la actividad periodística de la víctima,
cosa que a la larga quedó refutada; así como hubo alertas que
hacían seguimiento a casos iniciados en otros períodos.
Otra aparente discrepancia que llamará la atención es la atinente a la datación de los casos y su orden correlativo. Si bien se
adjudica a cada caso la fecha exacta del evento, la numeración
de los casos no necesariamente expresa la secuencia del calendario. ¿Por qué? Porque a cada incidente se le dio carácter de
73
caso sólo cuando se difundió como alerta. Así que la numeración de los casos refleja el momento o el orden en que, en
tiempos variables, esas informaciones concluyeron su proceso
de constatación, edición y publicación.
Se debe tomar en cuenta que el año de registro para Ipys
Venezuela va desde el 3 de mayo de un año al 2 de mayo
del siguiente. Esto responde a la fecha de fundación de Ipys
Venezuela, en mayo de 2002, y por ser el 3 de mayo el Día
Internacional de la Libertad de Expresión.
74
2008i
5 de mayo
Caso 1
POLICÍAS AGREDEN A REPORTERO GRÁFICO EN LARA
El 26 de abril de 2008, el reportero gráfico Daniel Arrieta, del
diario local El Impulso, fue agredido por varios policías municipales de la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara,
al centroocidente del país, durante la presentación de la candidatura del alcalde de esa ciudad, Henri Falcón, a la gobernación del estado. Arrieta relató al IPYS que fue golpeado cuando intentaba subir a la tarima para fotografiar al candidato.
El Director de Información de la alcaldía, Luis Gómez, quiso
evitar la agresión, pero también fue golpeado por los policías.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1476
5 de mayo
Caso 2
PERSONAL DE SEGURIDAD AGREDE A REPORTEROS
EN UNIVERSIDAD
El 25 de abril de 2008, la periodista Adriana Ciccaglione y el
reportero gráfico Simón Orellana, del diario El Impulso, fueron agredidos por un grupo de vigilantes de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en la ciudad de
Barquisimeto (estado Lara), al centro del país. Los periodistas dijeron al IPYS que los golpearon cuando cubrían una exposición de arte en la galería Rafael Monasterios de la UCLA.
Uno de los agresores fue identificado como Alfonso Romero.
75
Los periodistas se retiraron sin cubrir el hecho. El 29 de abril,
el rector de la UCLA, Francesco Leone, acudió al diario para
disculparse con los periodistas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1475
5 de mayo
Caso 3
POLICÍA INTENTA EVITAR QUE REPORTEROS
CUBRAN DESALOJO
El 23 de abril de 2008, un policía municipal disparó un perdigón contra el piso para evitar que el periodista Oswaldo
Rivero, del canal estatal Ávila TV, cubriera el desalojo que realizaban de un grupo de inquilinos de un edificio en el barrio
de Chacao, en Caracas, y que culminó con el enfrentamiento
entre los uniformados y los inquilinos. Los policías quisieron
impedir que el canal grabara, tapando el lente de la videograbadora. No obstante, los reporteros grabaron el hecho.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1474
8 de mayo
Caso 4
NIEGAN ACCESO DE GLOBOVISIÓN A REUNIÓN DE MINISTROS
Personal de seguridad de la empresa estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA), negó el acceso al equipo periodístico
del canal Globovisión, a la conferencia de inauguración del
“Primer Consejo Energético Suramericano”, que reunió a ministros de varios países de la región.
76
El equipo de canal Globovisión estaba integrado por la
periodista Gabriela Matute, el camarógrafo Ademar Dona y
el asistente Leonardo Hernández.
Gabriela Matute dijo al IPYS que fueron invitados por los
organizadores. Sin embargo, al llegar a la sede de PDVSA, el
personal de seguridad le informó que la conferencia se había
suspendido. Luego les dijeron que la reunión se realizaría en
otro lugar. Posteriormente, los vigilantes les indicaron que debían retirarse de las instalaciones de la petrolera.
Mientras esperaban, los periodistas constataron que el
evento sí se estaba realizando en el lugar. Observaron también que había equipos de transmisión de otros canales, entre
ellos los del canal del Estado Venezolana de Televisión.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1482
10 de mayo
Caso 5
ESTUDIANTES ECHAN A PERIODISTA
DE UNIVERSIDAD
Un grupo de estudiantes que coordinaba una mesa de votación durante las elecciones de nuevas autoridades de la
Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela
(UCV) echó al periodista Luis Enrique Araujo, del Diario Vea,
impidiéndole cubrir las elecciones.
Araujo dijo al IPYS que cuando se disponía a cubrir el
proceso, uno de los miembros de la mesa de votación le ordenó que se fuera aduciendo que no portaba la credencial de la
Comisión Electoral de la UCV; no obstante, según las averi77
guaciones de IPYS, la credencial no era requisito para cubrir
el proceso electoral.
Tras la advertencia, el periodista fue rodeado por un grupo
de estudiantes que, mediante amenazas, lo obligó a retirarse.
El Diario Vea, medio privado de circulación nacional, tiene una línea editorial favorable al presidente Hugo Chávez.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1484
11 de mayo
Caso 6
ABALEAN SEDE DE SEMANARIO EN CARABOBO
Varios sujetos abalearon durante la madrugada la sede del
semanario Dicho y Hecho, de la ciudad de Bejuma, estado
Carabobo, al centro del país.
La directora del semanario, Ximena Escobar, denunció
que diez disparos impactaron en la fachada del edificio destrozando vidrios, mobiliario y una computadora. Escobar aseguró desconocer las causas del atentado.
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Policía de Carabobo
y de la Policía Municipal de Bejuma investigan el hecho.
Dicho y Hecho publica información local sobre economía, política, seguridad, comunidades y otros hechos informativos de interés para los habitantes de Bejuma y de las ciudades aledañas. Fue fundado en diciembre de 2001.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1485
78
19 de mayo
Caso 7
POLICÍA MUNICIPAL GOLPEA A REPORTERO GRÁFICO
El reportero gráfico Víctor Querales Hugas, del Diario Hoy,
fue golpeado por una policía municipal cuando fotografiaba
a un ciudadano que se había encadenado a un poste frente al
municipio en protesta por la presunta corrupción y la demora para solucionarle un problema en dicha entidad. El hecho
sucedió en el municipio Iribarren, ciudad de Barquisimeto,
estado Lara, al centro del país.
Querales relató al IPYS que cuando iba a tomar la fotografía, la policía, de apellido López, lo golpeó en la cara varias
veces exigiéndole que le diera la cámara. Al negarse, llegaron
otros policías que también lo agredieron.
El alcalde Henri Falcón se disculpó con el reportero por
lo sucedido y se comprometió a sancionar a los responsables.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1491
5 de mayo
Caso 8
DENUNCIAN AGRESIONES CONTRA PERIODISTA DETENIDO
El 5 de mayo de 2008, el abogado del periodista Leocenis
García, Fabián Chacón, denunció que su defendido había
sido golpeado y sometido a descargas eléctricas por funcionarios de la Policía del Estado Carabobo (Policarabobo), luego
de que lo detuvieran el 3 de mayo de 2008, acusado de dañar
el mobiliario de la recepción del diario El Periódico y de portar un arma sin permiso.
79
Respecto a la detención, según su abogado, el periodista
sólo fue a El Periódico a cobrar por la propaganda de una empresa aérea (vinculada a un accionista de dicho diario) publicada en el semanario Sexto Poder, que García dirige. Además,
el periodista habría querido entrevistar al vicepresidente del
diario, Ramón Salazar, acerca de la supuesta vinculación de
uno de los dueños del medio con el narcotráfico. García fue
detenido junto a su asistente, Yoandry Rojas, y a su chofer,
Luis Tortoza.
El periodista fue trasladado por orden judicial el 5 de mayo
a la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia
y Prevención (DISIP) de la ciudad de Valencia, estado Carabobo.
En el último año, García había investigado la presunta corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA) y, al momento de su detención, investigaba casos
de narcotráfico.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1495
19 de mayo
Caso 9
ROBAN Y AMENAZAN A REPORTEROS GRÁFICOS
DURANTE MANIFESTACIÓN
Fueron amenazados y despojados de sus cámaras fotográficas
los reporteros Roger Valera, del diario El Informador, y Carlos
Sánchez, del diario La Prensa, cuando cubrían una manifestación estudiantil en el Núcleo Obelisco de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en la ciudad de
Barquisimeto, estado Lara, al centrooccidente del país.
80
Valera informó al IPYS que cuando iban a fotografiar la
protesta fueron interceptados por quince personas encapuchadas. Los reporteros intentaban fotografiar un automóvil
que un grupo de manifestantes estaba incendiando. Los agresores amenazaron a los reporteros con botellas rotas y piedras,
y les quitaron sus cámaras.
Asimismo, Sánchez dijo al IPYS que conversó con miembros del centro de estudiantes de la UCLA para intentar recuperar las cámaras, pero le aseguraron que desconocían a los
manifestantes.
Los reporteros denunciaron el robo en el Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)
del estado Lara.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1496
2 de junio
Caso 10
ASESINAN A VICEPRESIDENTE DE DIARIO
El vicepresidente del periódico Reporte-Diario de la
Economía, Pierre Fould Gerges, fue asesinado de doce balazos por un sujeto que le disparó desde una motocicleta cuando Gerges se encontraba en una estación de gasolina en el
sector de Chuao, en Caracas. El sicario huyó junto al conductor de la moto.
Para determinar las causas e identificar a los asesinos llegaron al lugar del crimen varios funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
A la víctima no le robaron nada.
81
La consultora jurídica del diario, Yisel Soares, dijo a los
medios que Pierre Gerges iba en la camioneta de su hermano,
Tannous Gerges, presidente de Reporte-Diario de la Economía,
que durante el 2007 fue amenazado en varios correos electrónicos y llamadas telefónicas luego que el diario denunciara la presunta corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA). Dichas intimidaciones fueron denunciadas en el
CICPC y en los tribunales 13º y 17º de Juicio de Caracas.
No se descarta que el asesinato esté vinculado con este hecho,
y que el sicario haya confundido a la víctima con su hermano.
En el 2007 también atentaron contra la casa del sacerdote
José Palmar, columnista y actual editor del periódico. En ese mismo año, IPYS reportó la apertura de un juicio por difamación
contra el periodista de ese medio, Leocenis García. En junio de
2008, IPYS denunció la irregular detención del periodista José
Rafael Ramírez, también de ese diario. Los tres periodistas han publicado investigaciones sobre la presunta corrupción en PDVSA.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1501
2 de Junio
CASO 11
DENUNCIAN CANCELACIÓN DE PROGRAMA
POR CRITICAR GESTIÓN DE ALCALDE
El 2 de junio de 2008, directivos de la radioemisora Planeta
98.7 FM suspendieron el programa de entretenimiento e informativo “Vallenatos y algo más”, luego de que su conductor, Yon Espinel, criticara el mal estado de las vías públicas
de la ciudad de Sabaneta, en el municipio de Alberto Arvelo
82
Torrealba, estado Barinas, al suroeste del país. El comunicador denunció que la suspensión del programa se debe a presiones del alcalde, Aníbal Chávez. En su programa, Espinel
también manifestaba su desacuerdo con el uso de las instituciones educativas de la ciudad para realizar las elecciones
internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“El dueño de la emisora me dijo que ya no aguantaba más
las presiones del alcalde, que no quería que le cerraran la radio
ni tener más problemas”, aseguró Espinel al IPYS.
Espinel afirmó que las presiones del alcalde comenzaron en
octubre de 2007, cuando comentaba en su programa los problemas del municipio. Además, aseguró que el alcalde advirtió a los
directivos de la radio que si Espinel continuaba con el programa,
retiraría la inversión publicitaria y luego cerraría la emisora. La
alcaldía invierte por publicidad oficial en la radio casi 4 mil bolívares fuertes al mes (aproximadamente US$ 1 860).
El dueño de la radio, Gilberto Téllez, aseguró al IPYS que
no fue presionado para cancelar el programa, que, explicó, era
de entretenimiento y no de opinión; por ello su desacuerdo
con los comentarios de Espinel.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1512
18 de junio
Caso 12
SOLDADOS IMPIDEN A PERIODISTAS CUBRIR SUPERVISIÓN
DE OBRA PÚBLICA
Soldados del Ejército impidieron al periodista Pablo Ramón Villa,
de la Televisora Andina de Mérida (TAM), cubrir la inspección
83
que el presidente del Sistema de Transporte Masivo Trolmérida,
Jorge Cegarra, realizaría en dicha obra pública. Mérida es la capital del estado andino del mismo nombre, al oeste venezolano.
El periodista se encontraba en la entrada de la obra esperando al funcionario cuando un grupo de soldados intentó
quitarle la videograbadora y le ordenó presentarse ante una
fiscal que inspeccionaba la obra, alegando que no tenía autorización para grabar.
Durante media hora, el reportero y su equipo esperaron
a la fiscal para que les explicara por qué no podían grabar. La
funcionaria les dijo que los atendería tras culminar la inspección. El periodista se retiró del lugar.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1522
25 de junio
Caso 13
DENUNCIAN AMENAZAS CONTRA PRESIDENTE
Y ABOGADA DE DIARIO
El 25 de junio de 2008, la abogada del periódico ReporteDiario de la Economía, Yisel Soares, denunció que recibió amenazas telefónicas y por correo electrónico en las que le advierten
que deje de declarar sobre el caso del asesinato del vicepresidente del diario, Pierre Fould Gerges, ocurrido el pasado 2 de junio. En los mensajes le señalan que si continua declarando, será
la próxima víctima. También le advierten que podrían incendiar la sede del periódico. El hecho ocurrió en Caracas.
Soares comunicó al IPYS que luego de los mensajes presentó su denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Civiles
84
Penales y Criminalísticas (CICPC), por lo que la jueza Leiby
Rojas, del Tribunal 30 de Control de Caracas, ordenó protección policial para el presidente del periódico, Tannous
Gerges, y para Yisel Soares.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1524
6 de julio
Caso 14
ALCALDE AGREDE A PERIODISTA POR DENUNCIAR PRESUNTA
IRREGULARIDAD
El 6 de julio de 2008, el alcalde Orlando Gómez, de la población de Libertad, en el estado de Barinas, irrumpió en la cabina
de radio Llanera 100.1 FM para insultar y agredir al periodista Raúl Chirinos, conductor del programa “Tertulia Vecinal”.
El hecho ocurrió cuando el periodista denunciaba en vivo la
presunta falsedad de una rendición de cuentas hecha por el alcalde sobre la reparación de una escuela de música de la ciudad.
El periodista denunció que el alcalde fue a la radio para
exigir su derecho a réplica que, según Chirinos, fue concedido
de inmediato. Sin embargo, el funcionario golpeó al periodista y dañó la consola de sonido y otros equipos.
El 7 de julio, el alcalde Gómez acudió al Diario de Los
Llanos y manifestó que la denuncia hecha por Chirinos era
falsa y que “sólo hubo algunos empujones y algunas cosas
se cayeron”, según relató al IPYS el periodista de ese diario,
Víctor Faneite, quien entrevistó al funcionario público.
Alerta: http://www.ipys.org/resultadobus.php
85
29 de junio
Caso 15
DESCONOCIDOS HACEN PINTAS AMENAZANTES
CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El 29 de junio de 2008, desconocidos pintaron con aerosol las
fachadas y algunas vallas publicitarias de las emisoras Radio
Pueblo 100.7 FM, Rumbera Network 103.7, Plata 105.7 FM,
Pachanga 99.7 FM, Guarachera 96.1 FM, Sonido 104.3 FM,
Favorita 106.1 FM y Radio San Carlos 920 AM, ubicadas en
las ciudades de Tinaquillo y San Carlos, en el estado Cojedes,
al centro del país.
En las pintas se insulta a los medios, se les dice mentirosos y
se amenaza con atacarlos. En una de las pintas aparece la frase
“Cojedes venceremos”, que corresponde al eslogan de un candidato a la gobernación de ese estado, aunque no se ha podido
establecer su vinculación con este caso.
En Tinaquillo fue derribada una banderola del diario La
Noticia de Cojedes. También fueron pintados algunos kioscos
en los que se vende este periódico y el diario La Opinión, informó al IPYS Marielbis Acosta, jefa de redacción de ese medio.
El 30 de junio fueron lanzados en las calles de Tinaquillo
panfletos que contenían los nombres de los medios de comunicación que fueron pintados el día anterior con insultos y mensajes intimidantes.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1535
86
19 de julio
Caso 16
MILITARES DETIENEN A FOTÓGRAFO E INTENTAN ARREBATARLE CÁMARA
El 19 de julio de 2008, el reportero gráfico del diario El Im­
pulso de Barquisimeto (estado Lara), Jairo Nieto, fue detenido durante 45 minutos por seis funcionarios del Grupo
Antiextorsión y Antisecuestro (GAES) de la Guardia Nacional,
cuando fotografiaba a tres efectivos acusados por el Ministerio
Público de estar involucrados en la desaparición de un productor agropecuario. El hecho sucedió en la sede del Poder Judicial
del estado de Lara, cuando se realizaba la audiencia del caso en
el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal.
Al ver al reportero tomar fotografías, dos miembros del
GAES lo retuvieron y metieron a una camioneta donde cuatro funcionarios más intentaron esposarlo, quitarle la cámara
y borrar las fotos de la audiencia.
Nieto logró comunicarse con su jefe, el periodista Juan
Bautista Salas, quien conversó por teléfono con el general
Luis Bohórquez, jefe de los militares, para que liberaran al reportero, lo cual ocurrió minutos después.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1544
18 de julio
Caso 17
SUJETOS AMEDRENTAN A PERIODISTAS DISPARANDO BALAS AL AIRE
El equipo periodístico del programa “A puerta cerrada”, del
canal RCTV Internacional, fue amedrentado por dos sujetos
desconocidos que dispararon nueve balas al aire desde una
87
motocicleta cuando los periodistas cubrían la denuncia de
un grupo de vecinos sobre la falta de servicios públicos en su
poblado. El hecho sucedió en el sector Quebrada de la ciudad
de Cúa, a 60 km de Caracas.
Los reporteros informaron al IPYS que el copiloto de la moto
tenía cubierto el rostro con una pañoleta y una gorra roja con una
frase alusiva al presidente Hugo Chávez. Luego huyeron.
Según la jefa de informaciones de RCTV Internacional,
María Isabel Arriga, la intimidación intentó evitar que las denuncias de los vecinos se difundieran.
El equipo del canal estaba integrado por la reportera
Laura Castellanos, el camarógrafo Wilson Chacón, el asistente de cámara Michel Echegarai y los productores Álvaro
Algarro y Marian Carvajal.
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1543
17 de julio
Caso 18
SUJETOS DESCONOCIDOS DISPARAN CONTRA SEDE DE RADIO
Sujetos desconocidos dispararon contra la sede de Radio
Marabina 1420 AM del circuito radial Alpha y Omega, ubicada en Maracaibo, estado Zulia, al noroeste del país.
La periodista Sorsiré Rodríguez, directora de la radio, dijo al
IPYS que según versiones de los vecinos, los disparos se habrían
realizado desde un vehículo Toyota Corolla marrón sin placas. El
guardia de seguridad de la radio escuchó cerca de once disparos.
Rodríguez dijo al IPYS que ellos presumen que este hecho
estaría vinculado con algunas informaciones transmitidas en el
88
programa “Libertad de Expresión”, conducido por el periodista
Armando Hernández y que trata temas relativos a la labor periodística. El mismo día del atentado, Hernández comentó en el
programa que recibió un mensaje de texto en el que le decían que
recibía dinero del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales,
opositor al gobierno nacional. El periodista retó al remitente del
mensaje para que vaya al medio a argumentar esa acusación.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1550
23 de julio
Caso 19
FUNCIONARIOS MUNICIPALES AGREDEN A PERIODISTAS EN ZULIA
La periodista Dayana Fernández y el fotógrafo Luis Torres,
del diario La Verdad, fueron atacados por un grupo de funcionarios públicos cuando ingresaron a las instalaciones de la
Fundación para el Saneamiento Medioambiental de la ciudad
de Maracaibo, en el estado Zulia, al noroeste del país.
Fernández dijo al IPYS que entraron al local por invitación del Secretario Municipal de Medio Ambiente, Yoemel
Robles. Sin embargo, luego de ingresar y tomar algunas fotografías, funcionarios no identificados arremetieron contra
ellos. La periodista fue abofeteada, les quitaron a todos sus
teléfonos celulares y al fotógrafo, su cámara. El carro fue abollado en el techo y puertas. También desinflaron las llantas.
Tras dos horas de enfrentamiento, los periodistas lograron
huir del local antes de la llegada de la policía de Maracaibo.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1549
89
25 de julio
Caso 20
POLICÍAS RETIENEN E INTERROGAN A PERIODISTAS
Dimas Medina, periodista del diario local La Prensa y corresponsal del periódico El Nacional de Caracas, fue detenido e
interrogado junto al reportero gráfico Jhonny Camacho. El
hecho sucedió en el aeropuerto de Barinas, ciudad capital del
estado del mismo nombre, al suroeste del país. Los policías
interrogaron a los periodistas respecto de un parte policial que
portaban y que fue entregado a Medina por el abogado Omar
Arévalo, columnista del diario La Prensa, donde se denuncia
un hurto millonario en la residencia del encargado de los programas sociales de esa gobernación, Klébel Chávez.
Medina fue interrogado por diez policías en la oficina de la
Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención
(DISIP) del aeropuerto. Le quitaron el documento.
Los policías exigieron a Jhonny Camacho que entregue
las fotos de la detención e interrogatorio a su colega. También
intentaron quitarle la cámara fotográfica.
Una hora después Medina y Camacho fueron trasladados
a la sede de la Policía del Estado Barinas, donde fueron interrogados durante cinco horas. Allí les quitaron sus teléfonos
móviles y no les permitieron hacer llamadas. Luego fueron
liberados.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1547
90
17 de julio
Caso 21
PERSONAL DE SEGURIDAD DE CANDIDATO A GOBERNACIÓN
AGREDE A PERIODISTA
El 17 de julio de 2008, la periodista Angélica Villegas, corresponsal de Venevisión, fue agredida personal de seguridad
privada cuando cubría un mitin político del partido Proyecto
Venezuela que apoya la candidatura de Saady Bijami a la gobernación del estado de Zulia, al noroeste del país.
La seguridad de Bijani tapó el lente y bajó la cámara de
Venevisión. Ante la protesta de la periodista, los agresores la
empujaron y amenazaron con cortarle los cables de la videograbadora si no se retiraba.
Los periodistas de Zulia denunciaron al IPYS que si bien
todos los medios fueron convocados al acto político, la seguridad del candidato impidió el ingreso de la prensa.
Alertas: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1551
30 de julio
Caso 22
ATACAN SEDE DE RADIO EN ARAGUA
La madrugada del 30 de julio de 2008, la sede de la emisora
de radio Color 99. 5 FM fue atacada por un grupo de desconocidos que lanzó piedras y objetos de metal contra el cristal
de la cabina de transmisión de la emisora, ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua, al centro del país.
91
La jefa de informaciones de la radio, Angelina Rodríguez,
narró al IPYS que uno los objetos lanzados estaba forrado con
panfletos que contenían frases amenazantes. Al momento de
registrarse el hecho sólo se encontraba en la emisora un vigilante, que salió ileso.
La cabina de transmisión tiene un ventanal que da a la calle y los transeúntes pueden ver a los locutores y al personal que
labora en la emisora durante la transmisión de los programas.
Rodríguez presume que la agresión se debe a la cobertura que hicieron el pasado 27 de julio de una actividad donde
varios partidos políticos de oposición se reunieron para elegir
al candidato que los representará en las elecciones de nuevas
autoridades locales, a realizarse el 23 de noviembre próximo.
Además, Rodríguez reveló que Alejandro Ramírez, presidente del Grupo Comunicacional Color, del que forma parte la
radioemisora, ha sido víctima de amenazas telefónicas relacionadas con su actividad como empresario de medios en Aragua.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1555
29 de julio
Caso 23
TRIBUNAL DECLARA IMPROCEDENTE PEDIDO DE RCTV
PARA VOLVER A TRANSMITIR POR SEÑAL ABIERTA
La Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) declaró improcedente la solicitud de medida
cautelar que hicieron abogados, directivos y periodistas de la
televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), en la que solicitaban la reanudación de sus transmisiones en señal abierta,
92
suspendidas el 27 de mayo de 2007 luego que su licencia no
fuera renovada por el gobierno.
En el recurso, presentado por RCTV el pasado 29 de mayo, se
solicitó al TSJ ordenar al Ministerio para las Telecomunicaciones
y la Informática tomar las medidas necesarias para que el canal
reanude sus transmisiones en señal abierta.
El gobierno decidió no renovar la concesión que operaba el canal RCTV, pero nunca fueron establecidas las causas.
RCTV es el canal más antiguo del país y ha criticado la gestión de Hugo Chávez. Actualmente trasmite su señal a través
de operadoras de televisión por suscripción.
No es la primera vez que el TSJ emite una sentencia similar. El 25 de mayo de 2007, la Sala Constitucional del
TSJ ordenó a través de una medida cautelar, que los equipos
de transmisión de RCTV (microondas, telepuertos, transmisores, equipos auxiliares de televisión, equipos auxiliares de
energía y clima, torres, antenas, casetas de transmisión, casetas de planta, cerca perimetral y acometida eléctrica), pasaran
de forma provisional a manos de la gubernamental Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para garantizar la difusión, en todo el país, de la señal del canal público
Televisora Social Venezolana (TeVES), creada por el gobierno
en reemplazo de RCTV. Hasta la fecha, los equipos de RCTV
no le han sido devueltos.
El 26 de julio de 2007, la Sala Político Administrativa
del máximo tribunal de Venezuela declaró improcedente otra
medida cautelar solicitada por el canal para reanudar sus trasmisiones por señal abierta.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1564
93
6 de agosto
Caso 24
AGREDEN A PERIODISTAS PARA IMPEDIR
COBERTURA DE DISTURBIOS EN REUNIÓN
DE PARTIDO POLÍTICO
El 6 de agosto de 2008, el periodista Carlos Sulbarán y
su camarógrafo Carlos Moya, del canal Telellano, así como
la comunicadora social Aida Charitín y el reportero gráfico
Iván León, del diario De Frente, fueron agredidos e insultados
por simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), en el estado Barinas, al suroeste del país.
Sulbarán relató al IPYS que recibieron empujones y manotazos en el rostro. A Moya le taparon el lente de la cámara
para impedir que siguiera cubriendo y a Charitín le tiraron
su grabadora y teléfono celular al suelo.
Las agresiones se produjeron cuando los periodistas cubrían
una rueda de prensa de presentación de los candidatos a la gobernación del estado Barinas y al Consejo Legislativo Regional.
La postulación de algunos nombres provocó el descontento de
un sector de seguidores del PSUV, molestos por la exclusión de
sus candidatos. Algunos protestantes entraron por la fuerza al
recinto y causaron destrozos delante de los periodistas.
Ninoska Grima, Jefe de la gubernamental Oficina Re­
gional de Información, le dijo al periodista Sulbarán que no
grabara los desmanes. Al mismo tiempo, personal de seguridad del PSUV amenazó con agredir a Moya si seguía grabando. También le dijeron que lo habían registrado en fotografías
y que sólo faltaba ubicar su lugar de residencia.
Posteriormente, cuando dieron por terminado su trabajo,
Sulbarán y su camarógrafo fueron al canal y, cuando llegaron,
94
les informaron que la licenciada Grima había realizado una
llamada al presidente de Telellano prohibiendo que se sacaran
imágenes de lo ocurrido. Las imágenes no fueron difundidas.
Como consecuencia de lo ocurrido la periodista Sulbarán
solicitó no cubrir más la fuente del PSUV.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1572
1 de agosto
Caso 25
SEGURIDAD DE SENADORA COLOMBIANA AGREDE A PERIODISTA
Y REPORTERO GRÁFICO
El 1 de agosto de 2008, la periodista de RCTV Internacional,
Jessica Flores y el reportero gráfico del diario El Carabobeño,
Frederick Mills, fueron golpeados por un agente de seguridad
de la senadora colombiana Piedad Córdoba, cuando intentaban cubrir la visita inesperada que realizó la parlamentaria a la
sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo electoral de Venezuela. Flores dijo al IPYS que cuando intentó acercarse a la senadora para preguntarle el motivo de su visita fue
agredida por un guardaespaldas.
Mills relató al IPYS que uno de los efectivos de seguridad
de la senadora también lo empujó y que luego el chofer del
vehículo en el que se trasladaba Córdoba abrió la puerta del
carro y lo golpeó en el brazo derecho.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1571
95
9 de agosto
Caso 26
MILITARES AGREDEN A EQUIPO PERIODÍSTICO
DURANTE PROCESO DE INSCRIPCIÓN
DE POLÍTICOS REGIONALES
El 9 de agosto de 2008, el equipo reporteril del canal Televen
fue agredido por un grupo de militares de la Guardia Nacional
mientras cubría la inscripción de Tarek William Saab, gobernador en funciones y candidato para la reelección a la
gobernación por el oficialista Partido Socialista Unidos de
Venezuela (PSUV). El hecho ocurrió en el estado Anzoátegui,
al noreste del país.
Según un acuerdo previo entre las autoridades del Consejo
Nacional Electoral (CNE) y los representantes de los medios
de comunicación de Anzoátegui, durante la realización de
cualquier acto de inscripción, postulación o información de
resultados de comicios, a la sede del poder electoral sólo pueden ingresar camarógrafos y reporteros gráficos, debido a que
el espacio físico es muy reducido. Pese al acuerdo el acceso de
éstos fue restringido.
Tras el mitin político realizado por el candidato Saab en
las afueras del CNE, fotógrafos y camarógrafos intentaron acceder a la entidad pero un grupo de efectivos de la Guardia
Nacional (GN) se lo impidieron. Un teniente de apellido
Álvarez golpeó y empujó a los reporteros para evitar que éstos ingresen al CNE. En la arremetida rompió el micrófono y
el protector del lente de la cámara de Carlos Rondón, camarógrafo de Televen. El periodista del mismo canal, Jesús Albino,
fue golpeado en el pecho.
96
Albino y Rondón denunciaron el hecho ante el oficial
superior encargado de la coordinación de la seguridad, quien
no les hizo caso.
Ante el reclamo de la prensa, las puertas del CNE fueron
cerradas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1575
12 de agosto
Caso 27
GUARDAESPALDAS DE GOBERNADOR IMPIDEN TRABAJO
DE LA PRENSA
Los guardaespaldas del gobernador Hugo De los Reyes
Chávez –gobernador de la entidad y padre del Presidente de
la República, Hugo Chávez–, negaron el acceso de periodistas de diversos medios privados al estrado donde se presentaba a los candidatos del oficial Partido Socialista Unidos de
Venezuela (PSUV) a la gobernación y a las distintas alcaldías
del estado Barinas, al suroeste del país.
Los escoltas del gobernador que custodiaban la tarima, aseguraron que el único medio de comunicación con autorización
para subir al estrado era el canal estatal Venezolana de Televisión
(VTV), y también le permitieron el acceso a los representantes
de la Oficina Regional de Información (ORI), organismo adscrito al Ministerio de Comunicación e Información.
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1574
97
11 de agosto
Caso 28
AGREDEN A EMPLEADO DE CANAL ANTV
Guillermo Torín, operador de audio del canal ANTV –órgano
de difusión de la Asamblea Nacional– fue golpeado por un grupo de simpatizantes del alcalde Leopoldo López –Municipio
Chacao, opositor– que lo acompañaba a la sede del Consejo
Nacional Electoral (CNE) en Caracas para hacer su inscripción
para las elecciones regionales de noviembre próximo. Al momento del ataque, Torín portaba un chaleco que lo identificaba
como trabajador de ese medio de comunicación.
La productora de ANTV, Nathaly Berazate, informó al IPYS
que Torín salió del canal para hacer una diligencia cuando fue
atacado. ANTV se dedica a la difusión de información legislativa.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1578
19 de agosto
Caso 29
AGREDEN A EQUIPOS PERIODÍSTICOS
DURANTE PROTESTA ESTUDIANTIL
Los equipo periodísticos del diario El Metropolitano, y los
canales de televisión Antorcha TV y TV SUR, fueron agredidos durante la cobertura de una protesta estudiantil que culminó con el saqueo de camiones que transportaban alimentos. El hecho ocurrió en la ciudad de El Tigre, en el estado
Anzoátegui, al oriente del país.
La acción violenta se inició cuando una treintena de estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología José Antonio
98
Anzoátegui protestaban por la falta de cupos en los cursos de
verano. Durante la protesta, un grupo armado –se desconoce
si eran estudiantes de la institución– detuvo tres camiones que
transportaban alimentos, apuntaron con pistolas a sus conductores y los obligaron a desviarse y entrar en el estacionamiento
del centro de estudio. Luego saquearon la carga de los camiones.
Estos hechos eran cubiertos por los equipos periodísti­
cos conformados por Yemmy Jiménez, del diario El Metro­
politano, Manuel Urrutia y Miguel Piñate, de TV SUR, y
Auri­mel González y Darwin Urrutia, de Antorcha TV. Algo
que causó el malestar de los vándalos, que amenazaron a los
periodistas con armas de fuego, les tiraron piedras y obligaron a los camarógrafos a entregar sus equipos, cuyo material
fue destruido.
La policía municipal de El Tigre intervino en la protesta
y colocó avisos en distintos puntos de la ciudad para recuperar la mercancía sustraída de los camiones. Sin embargo, no
se detuvo a ningún sospechoso.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1581
15 de agosto
Caso 30
DISPARAN CONTRA SEDE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en la madrugada contra la sede del grupo empresarial Corporación RR,
en la que funcionan la radioemisora Auténtica 107.5 FM, el canal de televisión TRV y el portal digital Enfoque Regional, en la
ciudad de Maracay, estado Aragua, al centro del país.
99
El gerente de Auténtica, 107.5, Francisco Javier Martínez,
narró al IPYS que dos personas dispararon ocho balazos contra la sede de estos medios de comunicación, de los cuales cinco impactaron en la fachada del edificio.
Denunció que los periodistas que participan en el programa “Primera Hora”, que se transmite de forma simultánea por
Auténtica 107.5 FM y TRV han recibido amenazas de muerte
vía mensajes de texto. Martínez presume que éstos se deban a
las denuncias y críticas hechas en el programa sobre la situación de inseguridad ciudadana en Aragua y la indiferencia de
las autoridades locales para resolver el problema.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1582
22 de agosto
Caso 31
GUARDIA NACIONAL DETIENE A PERIODISTAS
Y DOCUMENTALISTAS FREELANCES
El 22 de agosto de 2008, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a María de los Ángeles Peña, periodista y documentalista freelance; Tomás Becerra, documentalista, estudiante
de comunicación e integrante de la Asociación Nacional de
Medios Comunitarios, Libres y Alternativos; Mariluz Guillén,
periodista y colaboradora de organizaciones de derechos humanos, y Kellys Amundaray, periodista de la Fundación Homo et
Natura, en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, al norte del
país. Los detenidos registraban en video la marcha de los indígenas Yukpas donde participaron además unas 40 personas que
llegaron en caravana desde diferentes regiones del país.
100
El acto público se desarrollaba tras una serie de enfrentamientos violentos entre hacendados e indígenas Yukpas en la
Sierra de Perijá por la defensa de sus territorios.
De acuerdo al testimonio de Kellys Amundaray, la zona
donde se desarrolló la detención está cercada militarmente y
no se permite el acceso al lugar específico donde está asentada la comunidad Yukpa. Según dijo, la noche del 22 de agosto y mientras se realizó la actividad, se escuchó una ráfaga de
balas de uno de los soldados que vigilaba la zona. Luego, un
grupo de soldados golpeó a Tomás Becerra hiriéndolo en la
nariz y el cuello.
Kellys Amundaray y Tomás Becerra fueron trasladados
al Fuerte Macoa, en la población de Machiques, para darles
asistencia médica. Sin embargo, también se les notificó que
estaban detenidos y que serían luego trasladados al Comando
de la Guardia Nacional. Lo mismo sucedió con María de los
Ángeles Peña y Maryluz Guillén, a quienes se les informó que
por órdenes superiores estaban detenidas por desacato al orden público y por romper el cerco de seguridad del Ejército.
Desde el comando de la Guardia Nacional fueron trasladados al Comando de la Policía Regional de Machiques. En
la madrugada del 23 de agosto, un vehículo de la Guardia
Nacional los llevó hasta los tribunales de Maracaibo, donde
finalmente fueron liberados.
Amundaray denunció que los soldados les quitaron una cámara de televisión, una cámara fotográfica y material audiovisual.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1586
101
28 de agosto
Caso 32
DESPIDEN A PERIODISTA POR OPONERSE
A CENSURA DE NOTICIA
La periodista Mairim Unamo, coordinadora de informaciones de los noticieros de Canal I, fue despedida por protestar la censura de una noticia. Según Unamo, el jefe de servicios informativos y de opinión del canal, Dámaso Silvera,
impidió la difusión de la nota en uno de los noticieros que ella
coordina, lo que provocó una discusión entre ambos.
Tras el altercado, Silvera acudió a la oficina de la presidenta del canal, Mari Pili Hernández. Veinte minutos después,
Unamo fue despedida. La carta que recibió del Departamento
de Recursos Humanos decía que la decisión la tomó la presidencia del canal por “maltrato de personal”.
La noticia que provocó el problema trataba sobre la acusación de un fiscal estadounidense ante un tribunal de Florida
contra los venezolanos Franklin Durán y Alejandro Kauffman
por presuntamente sobornar a funcionarios y militares de su
propio país. La nota, conocida como “el maletín de los 800
mil dólares”, había sido publicada originalmente por el diario El Nuevo Herald, de Miami, y difundida por la agencia
de noticias EFE.
Unamo acusó a Silvera de amenazar con despedir a dos redactoras si escribían sobre el tema cuando ya lo estaban haciendo. La periodista increpó a Silvera por su actitud y quiso convencerlo del interés noticioso del caso. Además le ofreció contrastar
los datos y contactarse con los periodistas de El Nuevo Herald.
Silvera aseguró al IPYS que no influyó en el despido de la
periodista y afirmó que el canal es independiente.
102
Canal I es un medio privado, pero su presidenta ha sido
viceministra de Hugo Chávez y jefa de campaña a favor de la
continuidad del mandatario en el poder durante el referéndum de 2004. El dueño del canal es un empresario que ha
apoyado al gobierno.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1593
6 de septiembre
Caso 33
FAMILIARES DE DIFUNTO AGREDEN A PERIODISTA
POR INDAGAR CAUSAS DE LA MUERTE
El periodista Milko Marín, del diario Panorama, fue agredido
cuando cubría una comisión en las afueras de la morgue de la
ciudad de Maracaibo, estado Zulia, al norte del país.
La periodista Nikary González, secretaria general del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP) del estado Zulia, informó que el periodista fue pateado y golpeado en el rostro y el estómago por un grupo de familiares del occiso Jorge Torrealba,
cuando el periodista indagaba sobre los motivos de su muerte.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1600
15 de septiembre
Caso 34
DIARIO DENUNCIA IMPEDIMENTO DE COBERTURA
La periodista Natalie García del diario Correo del Caroní fue
impedida de ingresar a una conferencia de prensa convocada
103
por el Ministerio del Turismo para informar sobre los preparativos de la Feria Internacional de Turismo que se llevará a cabo
en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, al sur del país.
La periodista se disponía a ingresar al evento cuando el personal de seguridad del hotel en el que se realizaba el encuentro le dijo que éste se había suspendido. Luego se le impidió el
ingreso de la periodista Kristy López, también del Correo del
Caroní, aunque se le abrieron las puertas cuando dijo que también era corresponsal en la zona de diario El Nacional.
Ángel Pirela, Jefe de Corresponsalías del Correo del
Caroní denunció que el pasado 11 de septiembre recibió la
invitación a una rueda de prensa del Ministerio de Turismo
que fue suspendida tras hacer esperar por cuatro horas a la
prensa. Natalie García se quejó por la tardanza y el vocero
del Ministerio habló directamente con Pirela para que nunca
más enviara a la periodista a cubrir comisiones de ese sector.
Cuando el 15 de septiembre el Ministerio del Turismo
hizo una nueva convocatoria, Pirela envió a Natalie García
pues ella es la encargada de cubrir esas comisiones. Sin embargo, cuando ella llegó a la conferencia le dijeron que había
sido nuevamente suspendida. Más tarde, el diario se enteró
por Kristy López que la conferencia si se estaba realizando.
IPYS manifiesta su preocupación por la obstaculización de
la cobertura informativa a periodistas del diario Correo del
Caroní, que limita el ejercicio de la libertad de prensa.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1613
104
23 de septiembre
Caso 35
LANZAN PANFLETOS Y BOMBAS LACRIMÓGENAS A SEDE
DE GLOBOVISIÓN
Desconocidos a bordo de un vehículo, que luego se identificaron como integrantes del grupo “La Piedrita” de la urbanización 23 de enero de Caracas, lanzaron panfletos y dos bombas
lacrimógenas en la sede del canal de noticias Globovisión, en
La Florida (norte de Caracas). Al momento del atentado, en
el canal se encontraba parte del personal y su labor fue interrumpida por el humo y la detonación. Este hecho coincide
con el inicio de la campaña electoral para las elecciones regionales previstas para el próximo 23 de noviembre.
En los panfletos se acusa a Globovisión de estar al servicio de Estados Unidos. Además, se amenaza a sus directivos
declarándoles la guerra y señalándolos como objetivos militares por atentar contra el gobierno de Chávez. El atentado se
produce luego de que varias autoridades del gobierno acusaran
al director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, y al editor
del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, de estar involucrados en un plan conspirativo para asesinar a Hugo Chávez.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1619
7 de octubre
Caso 36
ESTUDIANTES INTENTAN IMPEDIR DISTRIBUCIÓN DE DIARIO REGIONAL
Más de medio centenar de estudiantes de la Universidad de
Zulia (LUZ) impidieron por tres horas la salida de dos auto105
buses que iban a distribuir los ejemplares del diario Panorama,
el de mayor tiraje de Maracaibo, capital del estado Zulia, al noroeste del país. El acto fue en protesta al trato injusto que, según
ellos, el diario dio al asesinato del presidente de la Federación
de Centros Universitario (FCU) de esa universidad, Julio Soto,
acribillado la semana pasada por unos sicarios.
El dirigente universitario, Wilfredo Ferrer, pidió al diario
que pruebe las denuncias publicadas contra Soto de manejar
una millonaria cuenta bancaria gracias al negociado ilegal de
los pasajes preferencial estudiantiles, subsidiados por el gobierno. Desde el 2003, la víctima había sido vinculada al caso.
La editora del diario, Marinés Delgado, afirmó que el medio
sólo difunde informaciones y rechazó la actitud de los estudiantes.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1606
15 de octubre
Caso 37
GOBERNADOR ACUSA Y AMENAZA A DIRECTIVOS DE MEDIOS
POR PRESUNTO PLAN PARA ASESINAR AL PRESIDENTE CHÁVEZ
El 15 de octubre de 2008, el gobernador del estado Miranda y
miembro de la dirección nacional del oficial Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó al director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, al director del
diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, y al director del
diario El Universal, Andrés Mata, de conspirar para asesinar
al presidente Hugo Chávez y exigió a la Fiscalía General de la
República y al Tribunal Supremo de Justicia abrir una investigación contra ellos y otros presuntos implicados en el caso.
106
Cabello amenazó y acusó a los directivos de los medios en
declaraciones públicas frente a la sede del Ministerio Público,
donde llegó junto a otros directivos del PSUV, organización
política que apoya a Chávez, para exigir una investigación
sobre el presunto plan de magnicidio en contra del primer
mandatario nacional.
El supuesto plan de asesinato fue denunciado por el canal
del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), en el programa
“La Hojilla” conducido por Mario Silva (candidato a la gobernación del estado Carabobo y miembro de la directiva del
PSUV), quien divulgó la grabación de una conversación telefónica donde militares en retiro hablaban de un presunto plan
conspirativo para asesinar al Presidente.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1610
14 de octubre
Caso 38
AMENAZAN A DIRECTOR DE DIARIO Y LANZAN BOMBAS
LACRIMÓGENAS A SEDE
Dos sujetos lanzaron en Caracas dos bombas lacrimógenas a la
sede del diario El Nuevo País, opositor al gobierno. Los agresores huyeron en motocicletas y dejaron panfletos donde adjudican el atentado al grupo “La Piedrita”, simpatizante del presidente Hugo Chávez. En los panfletos amenazan y declaran
como “objetivo militar” al director del diario, Rafael Poleo, por
supuestamente instigar al magnicidio del mandatario.
El personal administrativo que estaba dentro del diario
fue auxiliado por los bomberos.
107
El hecho ocurrió un día después de que Poleo expresara
en el programa “Aló ciudadano”, del canal Globovisión, que
el presidente Chávez podría terminar como el dictador italiano Benito Mussolini: “Colgado con la cabeza para abajo’’.
El 16 de octubre, la Comisión Nacional de Teleco­mu­
nicaciones (CONATEL) inició un proceso administrativo para
sancionar a Globovisión por haber transmitido en su programa
los mensajes de Poleo que, presuntamente, incitan al magnicidio,
según el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión. Además, dio una medida cautelar que ordena al canal a abstenerse de difundir mensajes que violen dicho artículo.
Ese mismo día, la Asamblea Nacional aprobó investigar a
Rafael Poleo y a Leopoldo Castillo, conductor de “Aló ciudadano”, por la presunta instigación al magnicidio. Algunos parlamentarios anunciaron que vigilarán que la Fiscalía General
investigue a los periodistas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1632
16 de octubre
Caso 39
LANZAN BOMBA LACRIMÓGENA A EDIFICIO
DONDE VIVE PERIODISTA DE GLOBOVISIÓN
La mañana del 16 de octubre de 2008, un sujeto lanzó una bomba lacrimógena al edificio donde vive Leopoldo Castillo, conductor del programa “Aló ciudadano”, del canal Globovisión.
Castillo cree que el atentado es parte de un conjunto de
intimidaciones contra los medios de comunicación privados
ocurridas en los últimos días.
108
Ese mismo día, la Asamblea Nacional acordó investigar a
Castillo y Rafael Poleo, Director del diario El Nuevo País, por
presuntamente incitar al magnicidio luego que el 13 de octubre, Poleo dijera en “Aló ciudadano” que el presidente Hugo
Chávez podría terminar como el dictador italiano Benito
Mussolini: ‘’Colgado con la cabeza para abajo’’.
Además, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) inició el 16 de octubre un proceso administrativo para sancionar a Globovisión por haber transmitido en su
programa los mensajes de Poleo.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1631
5 de octubre
Caso 40
SECUENTRAN POR UNAS HORAS A PERIODISTA
Carlos Farías, conductor del programa “Contacto con la realidad” de Radio Perijá, fue secuestrado durante unas horas
por tres sujetos armados en la Villa del Rosario, Municipio
Rosario de Perijá, en el Estado Zulia. Los agresores lo subieron a una camioneta y le dieron varias vueltas por la zona
mientras lo golpeaban y amenazaban.
La denuncia se presentó ante el Colegio Nacional de Periodistas
Seccional Zulia, en el CICPC y en el Ministerio Público.
El secuestro ocurrió luego que el periodista criticara en su
programa al gobierno regional.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1639
109
21 de octubre
Caso 41
SIMPATIZANTES DE CANDIDATO A GOBERNACIÓN INCREPAN
A PERIODISTAS
Los periodistas Carolina Hoyo, del diario De Frente, y Carlos
Sulbarán, del canal Telellano, denunciaron que recibieron llamadas telefónicas desde la sede del Comando de Campaña
del candidato a la gobernación de Barinas, Julio César Reyes,
que descalifican la información que publican. Reyes también
es alcalde del Municipio Barinas, al sur del país. La prensa
verificó que las llamadas salieron del local del Comando de
Campaña de Reyes.
Hoyo recibió la llamada el 21 de octubre pasado, tras publicar en De Frente una nota en la que un sacerdote desmintió que el candidato Reyes haya donado la imagen de una
virgen a la parroquia. El funcionario que hizo la llamada le
exigió a Hoyo una explicación por la noticia.
Por su parte, Sulbarán, de Telellano, publicó una encuesta realizada a la población de la zona sobre la culminación de
las Ferias de la Virgen del Pilar, donde mucha gente criticó las
festividades. El 21 de octubre Sulbarán recibió una llamada
de parte de uno de los integrantes del Comando de Campaña
de Reyes acusándolo de haber manipulado las opiniones de
los encuestados.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1657
110
18 de noviembre
Caso 42
ESTUDIANTES ATACAN VEHÍCULO DE DIARIO
El 18 de noviembre de 2008, estudiantes de la Universidad
Santa María atacaron con piedras el vehículo del diario De
Frente, en la ciudad de Barinas, capital del estado del mismo
nombre, al suroeste del país.
Los manifestantes protestaban por los secuestros ocurridos en la región, en especial por el rapto de un joven de la universidad que fue liberado tras pagar por su rescate.
El periodista Juan Carlos Rendón y el fotógrafo José Con­
treras, salieron del vehículo tras ser volteado por los estudiantes y ante la amenaza de ser quemado con ellos dentro.
Vigilantes de la universidad intervinieron para impedir agresiones más graves.
Los estudiantes acusaron a los periodistas de De Frente de
ser un medio oficialista. Juan Carlos Rendón respondió que
no era su responsabilidad la línea editorial del diario.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1656
21 de noviembre
Caso 43
GUARDIA NACIONAL IMPIDE COBERTURA
A PERIODISTA DE GLOBOVISIÓN
El 21 de noviembre de 2008, efectivos de la Guardia Nacional
impidieron el ingreso de la periodista Lisette Villafranca, del
canal Globovisión, a una zona del barrio de Santa Cruz del
Este, en Baruta, estado Miranda, al sureste de Caracas, cuando
111
intentaba cubrir los estragos debidos a las fuertes lluvias que
cayeron sobre la ciudad.
Villafranca señaló que en el lugar se encontraban equipos
periodísticos de otros medios de comunicación a los que sí se
les permitió el acceso.
Momentos antes, en otro lugar de Santa Cruz del Este,
la misma periodista intentó obtener declaraciones del gobernador de Miranda, Diosdado Cabello, quien llegó al lugar
para atender los daños causados por las lluvias. Sin embargo, el funcionario dijo a la periodista que no declararía para
Globovisión y acusó al canal de no decir la verdad. Luego,
la periodista fue desalojada de la zona por miembros de la
Guardia Nacional.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1658
1 de diciembre
Caso 44
LANZAN BOMBAS LACRIMÓGENAS EN RESIDENCIA DE PERIODISTA
Y LA DECLARAN “OBJETIVO DE GUERRA”
El 1 de diciembre de 2008, desconocidos lanzaron bombas
lacrimógenas, disparos al aire y panfletos en el edificio donde
vive la periodista Marta Colomina, en Caracas.
Colomina conduce un programa de opinión en Unión
Radio y es columnista del diario El Universal. En los panfletos, que son firmados por miembros del colectivo “La
Piedrita”, declaran a la periodista como “objetivo de guerra” y
la acusan de promover, a través de su programa, el magnicidio
contra el presidente Hugo Chávez.
112
“La Piedrita” es un grupo del 23 de enero, un sector po­
pular ubicado al oeste de Caracas. En los últimos meses se ha
atribuido ataques similares contra las sedes del canal Globo­
visión, del diario El Nuevo País y contra el edificio donde vive
Leopoldo Castillo, conductor del programa “Aló Ciudadano”
que se transmite por Globovisión.
La periodista no se encontraba en su residencia al momento del ataque, pero su hija le avisó de lo que ocurrió.
En marzo de 2002, Colomina recibió medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la OEA, para garantizar su vida, tras recibir amenazas telefónicas.
En junio de 2003, Colomina sufrió un atentado cuando
lanzaron artefactos explosivos contra su automóvil. La CIDH
solicitó al Estado garantizar la integridad de la periodista. Esas
recomendaciones fueron ratificadas en julio de 2006, tras constatar el incumplimiento de las mismas por parte del Estado.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1669
2 de diciembre
Caso 45
POLICÍAS INTIMIDAN A REPORTEROS DURANTE MANIFESTACIÓN
El 2 de diciembre de 2008, el periodista Andrés Astudillo y
el fotógrafo Rafael Salazar, del diario El Tiempo de Puerto La
Cruz, fueron intimidados por tres policías cuando éstos se
percataron que los habían grabado golpeando a un grupo de
manifestantes durante una violenta protesta en la Universidad
de Oriente, en el estado Anzoátegui, noreste del país.
113
Los policías le arrebataron la cámara al fotógrafo para quitarle la tarjeta de memoria. Luego conminaron a ambos reporteros para que abandonaran el lugar, mientras disparaban
balas al aire. Los periodistas no identificaron a los policías.
Los reporteros se resistieron a abandonar la universidad
y le informaron lo ocurrido al comandante de la delegación
policial, mayor Roberth Aranguren, tras lo cual los policías
devolvieron la cámara al fotógrafo, quedándose con la tarjeta de memoria.
El mayor Aranguren dijo al IPYS que la agresión fue un
malentendido y que los policías trataban de proteger a los comunicadores.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1671
20 de noviembre
Caso 46
DESTRUYEN TRANSMISOR DE RADIO COMUNITARIA
TRAS CRITICAR A ALCALDE OFICIALISTA
Desconocidos destruyeron el transmisor principal de la emisora comunitaria Radio Minumboc, ubicada en el Municipio
Carache del estado Trujillo, al oeste del país.
El hecho ocurrió tres días antes de las elecciones regionales celebradas en el país y tras las críticas que en las últimas
semanas hiciera la emisora contra la gestión del alcalde Sogel
Sallam Miranda, candidato a la reelección por el oficialista
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El director de la radio, José Gregorio Torres, informó que
la señal se cortó cuando iban a difundir en vivo un foro con
114
algunos candidatos a la alcaldía local. Los trabajadores descubrieron que la caseta donde estaban los equipos de transmisión había sido destruida y los equipos, dañados. La caseta se
halla en una zona de difícil acceso fuera de la ciudad. Al lado
yacía intacto el amplificador del canal estatal Venezolana de
Televisión (VTV).
José Gregorio Torres no descarta que personas cercanas al
alcalde sean las responsables, considerando que en los últimos
meses varios trabajadores de la radio han sido intimidados por
el personal de la alcaldía.
El 24 de noviembre, el coordinador de la Fundación
Radio Minumboc, Antonio Torres, también presidente de
la Red Venezolana de Medios Comunitarios, denunció el
caso ante el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y
Criminalísticas (CICPC) y la Fiscalía Superior de Trujillo. A
la fecha no ha recibido respuesta.
El 4 de diciembre, Torres denunció el caso ante la Comi­
sión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), entre otras
instituciones públicas. Aguarda que se investigue el hecho y
restituyan el equipo. Por ahora, la radio emite su señal sólo en
Carache, usando un transmisor de corto alcance.
Radio Minumboc transmite desde el 2002 y apoyaba al
gobierno. Sus directivos son conocidos en Trujillo como militantes del “chavismo disidente”, grupo que rivalizó con los
candidatos del PSUV en las últimas elecciones.
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1674
115
27 de noviembre
Caso 47
CONATEL ABRE NUEVO PROCESO ADMINISTRATIVO
CONTRA GLOBOVISIÓN
El 27 de noviembre de 2008, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) inició un proceso administrativo contra el canal Globovisión por supuestamente haber
promovido el desorden público al transmitir, el 23 de noviembre último, las declaraciones del gobernador del estado
Carabobo, Henrique Salas Feo, que instó a sus partidarios a
exigir el reconocimiento de su triunfo electoral frente a la sede
regional del Consejo Nacional Electoral.
La señal de Globovisión podría ser inhabilitada hasta por
72 horas. El canal es opositor al gobierno.
Para Conatel, la transmisión de ese mensaje violó el
Artículo 29, Numeral 1 de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión (Ley Resorte), que sanciona a los medios que “promuevan, hagan apología o inciten a la guerra;
promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público”.
La no consignación de los resultados de Carabobo en el
primer boletín del Consejo Nacional Electoral provocó las declaraciones del todavía candidato Salas Feo, consideradas por
Conatel contrarias al orden público.
Éste es el segundo proceso contra el canal en menos de
dos meses. Desde el 16 de octubre, Conatel investiga al medio
por haber transmitido la opinión del periodista Rafael Poleo
acerca de que Chávez podría terminar su gobierno como el
dictador Benito Musolini. Por este caso, la licencia del canal
también podría ser suspendida hasta por 72 horas.
116
Si Globovisión es sancionado en ambos procesos, podría
quedar inhabilitado hasta por cinco años por reincidencia.
Tres días antes que Globovisión fuera notificado, el presidente Hugo Chávez ordenó a Conatel investigar a un canal
–sin mencionar el nombre–, por supuestamente haber adelantado resultados electorales.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1672
9 de diciembre
Caso 48
FOTÓGRAFO HERIDO DURANTE JURAMENTACIÓN DE ALCALDE
El 9 de diciembre de 2008, el reportero gráfico Hugo Angulo,
que trabaja para la Cámara Municipal de Libertador, en el estado
Mérida, fue golpeado con una piedra en el pecho en medio de
un enfrentamiento entre seguidores del alcalde saliente, Carlos
León, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y simpatizantes del opositor y actual alcalde, Lester Rodríguez, electo
en los comicios del pasado 23 de noviembre. La violencia ocurrió
cuando Rodríguez tomaba posesión de su cargo.
El reportero intentaba proteger sus equipos en medio de
la trifulca. El golpe lo dejó inconsciente. Angulo fue auxiliado por los bomberos de la Universidad de Los Andes y trasladado a una clínica. Según testigos, la piedra que lo golpeó
fue lanzada por un sujeto encapuchado del grupo identificado con el oficialismo.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1678
117
9 de diciembre
Caso 49
MASIVA AGRESIÓN CONTRA REPORTEROS EN CONSEJO
LEGISLATIVO DE CARABOBO
El 9 de diciembre de 2008, un grupo de periodistas fue agredido
cuando se retiraban de la sede del Consejo Legislativo Regional
del Estado Carabobo, en Valencia (centro del país) por presuntos seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
que los acusaron de desinformar. Los reporteros habían ido a cubrir la suspensión de una reunión, debida a los altercados entre
los diputados por los cargos directivos tras las elecciones del 23
de noviembre. La Guardia Nacional no evitó la golpiza. Entre
los periodistas agredidos están María Teresa Guédez, del diario El Aragueño, y el reportero gráfico Héctor Bencomo, del
diario Notitarde. Guédez fue golpeada en la cabeza y echada
al suelo; le quitaron su grabadora. A Bencomo le fracturaron
la nariz. Ambos fueron trasladados a un centro médico.
También golpearon a los equipos periodísticos de
Venevisión (el reportero Randolfo Blanco, el camarógrafo Félix
Repetto y el asistente Rafael Rumbos), de NC TV (el periodista
Douglas Arráiz y el camarógrafo Jorge Rubí) y de Televen (el
periodista Cristian Ojeda y el camarógrafo Alexander Flores).
Además, las periodistas Dayana Querales, del diario La Calle,
Yahimar Pinto, de Asamblea Nacional Televisión y la periodista Ambar González y el camarógrafo Jorge Henríquez de TVS.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la
República. El responsable de las lesiones de Guédez y Ben­
como ya fue identificado.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1686
118
18 de diciembre
Caso 50
13/1/2009 | Venezuela | Alerta
IMPIDEN TRABAJO DE PERIODISTAS EN ASAMBLEA NACIONAL
El 18 de diciembre de 2008, empleados de la Asamblea
Nacional impidieron el trabajo de la prensa interfiriendo con
ruidos en las entrevistas que periodistas y reporteros gráficos
de varios medios hacían a parlamentarios que se oponen a una
propuesta para incluir en la Constitución la reelección indefinida del presidente de la República. Los periodistas cubrían
la sesión donde se discutía dicha propuesta constitucional.
Los afectados fueron Miguel Ángel Piñero, de Televen,
Violeta Rosas, de RCTV, Beatriz Adrián, de Globovisión,
Pedro Peñaloza del diario El Universal, Cecilia Caione del
diario El Nacional y de Unión Radio y los reporteros gráficos
Cecilia Rodríguez, del diario El Nuevo País y Omar Veliz, del
diario El Nacional.
En rechazo a lo ocurrido los periodistas hicieron una pancarta que colgaron en las barandas del palco de prensa, que
decía: “Basta de abusos contra la prensa”. De inmediato efectivos de seguridad de la Asamblea Nacional reaccionaron empujando a los periodistas y arrancando la pancarta.
La presidente de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, acusó a los periodistas de hacer un “show mediático” y de faltar el
respeto a la institucionalidad del organismo.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1698
119
2009i
1 de enero
Caso 51
LANZAN BOMBA LACRIMÓGENA Y PANFLETOS
A SEDE DE GLOBOVISIÓN
En la madrugada del 1 de enero de 2009, dos desconocidos a
bordo de una motocicleta lanzaron panfletos y una bomba lacrimógena contra la sede del canal de noticias Globovisión, en
Caracas. En los panfletos, firmados por el grupo “La Piedrita”,
declaran al canal como “objetivo militar”.
La bomba impactó contra el techo del canal y el humo
se expandió a través de los conductos de aire acondicionado,
afectando a los trabajadores que se encontraban dentro. Ellos
salieron del lugar.
“La Piedrita” es un grupo de un barrio popular, 23 de enero de Caracas, afín al gobierno. En los últimos meses se ha
atribuido ataques similares contra sedes de medios y residencias de periodistas de oposición. Sin embargo, no se ha producido ninguna sanción por parte de las autoridades.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1695
16 de enero
Caso 52
ASESINAN A PERIODISTA EN CARABOBO
El 16 de enero de 2009 fue asesinado el periodista y abogado
Orel Sambrano, de 62 años. Recibió tres disparos cuando lle120
gaba a un local de alquiler de videos en la ciudad de Valencia,
estado Carabobo, al centro del país. Los asesinos no le robaron y huyeron en una motocicleta.
Sambrano era director de Radio América, donde conducía el programa “La nota política de Juan Sebastián”. También
dirigía el semanario ABC de la Semana y era columnista del
diario Notitarde, donde escribía sobre temas de política regional y nacional. Era considerado opositor al gobierno. En
los últimos meses había denunciado casos de narcotráfico y
corrupción.
Se sabe que debido a su trabajo periodístico, era insultado y criticado por teléfono. Sin embargo, nunca había sido
amenazado de muerte.
El 16 de febrero de 2009, funcionarios del Cuerpo de Inves­
tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)
detendrían a Rafael Segundo Pérez Martínez, ex poli­cía de
Carabobo, por la presunta autoría intelectual del asesinato del
periodista Orel Sambrano, perpetrado el 16 de enero pasado
en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, al centro del país.
El 21 de febrero, el jefe del CICPC, Robinson Castillo,
or­denó la captura del policía David Yánez Inciarte, y de Arís­
tides José Carvajal Salgado, alias ’Nene Gallera’, acusados de
cometer el crimen.
Según Castillo, los sospechosos pertenecen a la banda
“Los Piloneros”, encargada de matar a testigos y colaboradores de la investigación por narcotráfico que se le sigue a la familia Makled.
Orel Sambrano había denunciado en sus notas a esa familia y
a “Los Piloneros”, presuntos autores de 18 asesinatos por encargo.
121
En 2010, Walid Makled, sindicado como autor intelectual del crimen, sería capturado en Colombia por las autoridades de ese país.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1703
15 de enero
Caso 53
PROHÍBEN INGRESO DE CÁMARAS DE TV A SESIONES
PLENARIAS DE ASAMBLEA NACIONAL
La directiva de la Asamblea Nacional decidió prohibir el ingreso de cámaras de televisión al palco de prensa ubicado en la sala
de plenarias de esa entidad. La medida fue anunciada por el diputado Iván Zerpa, quien señaló que los canales tendrán que
usar las imágenes de la estatal Asamblea Nacional Televisión
(ANTV), que será el único canal que podrá grabar las sesiones.
Los periodistas y reporteros gráficos sí podrán ingresar al
palco de prensa, mientras que los camarógrafos deberán permanecer en el hemiciclo protocolar, una sala más pequeña
ubicada del otro lado del Palacio Legislativo.
La medida fue tomada luego de que Globovisión difundiera una sesión plenaria en vivo donde se observa al diputado Hugo Márquez viendo fotografías de mujeres desnudas en
su computadora portátil. La periodista que cubrió esa comisión acusó al parlamentario de ver pornografía. El diputado
pidió un derecho a réplica, que le fue concedido de inmediato, donde explicó que las imágenes formaban parte de un email sobre prevención del cáncer de mama. La periodista se
disculpó con el parlamentario.
122
Iván Zerpa señaló que la medida se tomó con el fin de evitar
el “mal manejo y tergiversación que hacen los medios privados al
hacer tomas inescrupulosas que exponen a la institución”.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1702
20 de enero
Caso 54
SIMPATIZANTES OFICIALISTAS AGREDEN A REPORTERA
La reportera gráfica del diario El Nuevo País, Cecilia Ro­drí­
guez, fue golpeada cuando cubría una concentración que
realizaban militantes del partido oficialista Unidad Popular
Venezolana (UPV), junto a integrantes del grupo “La Pie­
drita”, en respaldo a la enmienda constitucional para incluir
la reelección indefinida del presidente de la República. El hecho sucedió en la Plaza Morelos, en Caracas.
Rodríguez señaló al IPYS que estaba fotografiando la concentración cuando fue rodeada por una decena de simpatizantes chavistas que portaban chalecos con distintivos del
UPV. Uno de ellos le arranchó su carné de prensa, mientras
los otros la golpearon en el rostro y registraron su cartera.
En el lugar estaban presentes efectivos de la Policía Metro­
politana, de la Guardia Nacional y funcionarios de la Defensoría
del Pueblo. Una policía que se acercó hasta donde estaba
Rodríguez, escoltó a la reportera para evitar más violencia. Sin
embargo, ninguna de las autoridades sancionó a los agresores.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1709
123
13 de Enero
Caso 55
DESCONOCIDOS DISPARAN A PERIODISTA
Dos desconocidos que se trasladaban en una camioneta hirieron de un balazo al periodista Rafael Finol, del diario El
Regional, cuando se retiraba de la sede del medio tras de cumplir con su jornada de trabajo. El hecho ocurrió en la ciudad
de Acarigua, al centro del país.
La bala impactó en la cabeza del periodista, aunque no le
causó daños graves. Finol se desempeña como redactor de política y es simpatizante del presidente Hugo Chávez.
Si bien todavía no se conocen los motivos del atentado,
Finol, tras recibir atención médica, señaló que el ataque podría tener motivos políticos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1708
19 de enero
Caso 56
LANZAN BOMBAS LACRIMÓGENAS A CASA DE DIRECTOR
DE RCTV INTERNACIONAL
Desconocidos lanzaron bombas lacrimógenas a la vivienda
del Marcel Granier, director general de la televisora RCTV
Internacional, en Caracas. Granier no estaba en casa al momento del ataque. Sin embargo, las bombas afectaron a sus
parientes y vecinos. Granier dijo que el ataque proviene de un
grupo “que está financiado por el gobierno nacional”.
Indicó que este no es el primer ataque que sufre su casa.
Cerca de la celebración de la Navidad de 2008 también fue124
ron lanzadas bombas lacrimógenas contra su vivienda, pero
no lo denunció para evitar alterar la tranquilidad de los venezolanos, aunque indicó que sí hizo la denuncia ante la Fiscalía
General de la República.
RCTV Internacional es un canal que transmite por suscripción, luego que en mayo de 2007 le fue revocada la licencia que le permitía transmitir en señal abierta a la televisora
RCTV, que pertenece al mismo grupo empresarial. Granier
ha mantenido una posición crítica al gobierno de Chávez.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1706
19 de 2009
Caso 57
DIRIGENTE POLÍTICA AMENAZA A PERIODISTA
La periodista Beatriz Adrián, de Globovisión, denunció que
fue amenazada por la dirigente política del partido Unidad
Popular Venezolana (UPV), Lina Ron, durante una conferencia de prensa que ofrecía la dirigente junto al alcalde de
Caracas e integrante del oficial Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez.
La conferencia fue programada como parte de una campaña coordinada por esas organizaciones políticas en favor
de incorporar la enmienda constitucional sobre la reelección
indefinida del presidente de la República y de otros funcionarios públicos designados por votación, que será sometida a
referéndum el próximo 15 de febrero.
La periodista dijo al IPYS que luego de la conferencia,
la dirigente se le acercó y le advirtió: “No te metas más con
125
Cilia o ya verás”, en referencia a la presidenta de la Asamblea
Nacional, Cilia Flores.
Adrián cubre la Asamblea Legislativa. En los últimos meses, ella y otros periodistas han denunciado obstáculos de parte de funcionarios del Poder Legislativo para el desarrollo de
su trabajo. Esto ha provocado descalificaciones en su contra
de parte de la diputada Flores y de otros parlamentarios cercanos al gobierno.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1705
21 de enero
Caso 58
AMENAZAN DE MUERTE A PERIODISTA TRAS CRITICAR
GESTIÓN DE ALCALDE
El periodista Horacio Contreras, director de la emisora Studio
102.7 FM, denunció que recibió amenazas de muerte a su teléfono. El hecho ocurrió en el estado de Mérida, región andina de Venezuela, al suroccidente del país.
El periodista dijo que desde hace un mes recibe mensajes
de voz anónimos, dejados en su teléfono móvil, donde amenazan con atentar contra su integridad física. Entonces no
tomó en serio estos mensajes, hasta que el 14 y el 18 de enero
pasados recibió dos mensajes de texto donde ponían su nombre y apellidos completos y, con insultos, decían que sabían
dónde vivía, dónde se encontraba su familia y que el día menos pensado lo asesinarían.
Contreras investigó a través del sistema computarizado el
origen de los mensajes y descubrió que provienen del núme126
ro de teléfono del guardaespaldas y asistente personal del alcalde del Municipio Campo Elías, de Mérida, Pedro Álvarez.
El sujeto, cuyo nombre no quiso revelar el periodista por
seguridad, es un ex convicto y tiene un expediente abierto por
robo agravado.
El 19 de enero, Contreras solicitó al Cuerpo de Inves­ti­
gaciones Científicas, Penales y Criminalísticas investigar el caso.
Contreras, que dijo temer por su vida y la de su familia,
presume que las amenazas están ligadas a las denuncias emitidas en su programa “Noticiero 102” y que tienen que ver con
la gestión del alcalde oficialista Pedro Álvarez.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1716
9 de enero
Caso 59
MEDIOS DENUNCIAN QUE GOBIERNO REGIONAL SE NIEGA
A REPARTICIÓN EQUITATIVA DE PUBLICIDAD OFICIAL
Representantes de los diarios La Prensa y La Noticia denunciaron el 9 de enero de 2009 que el gobierno regional del
estado de Barinas ordenó no publicar avisos oficiales en sus
medios, catalogados como opositores. Barinas es un estado al
suroeste del país.
Esta acción incluye presiones a los proveedores de instituciones estatales que mantienen publicidad en estos medios.
La jefa de Información de La Prensa, Estela Tamy, infor­
mó al IPYS que la posición del gobierno de no invertir en
pu­blicidad se mantiene desde el día en que Adán Chávez,
127
gobernador de Barinas, catalogó a dichos medios como opositores. Chávez es hermano del presidente de la República,
Hugo Chávez.
Pese a las presiones económicas derivadas del bloqueo de
publicidad oficial, Tamy negó presiones políticas para despedir a periodistas. Dijo además que dentro del gobierno hay
funcionarios en desacuerdo con esta arbitraria medida.
Asimismo se conoció que el gobierno mantiene deudas
por concepto de publicidad con estos medios.
IPYS contactó vía telefónica con Noel Zamudia, Director
de la Oficina Regional de Información (ORI) del estado de
Barinas para consultarle sobre el caso pero éste dijo que el
pedido sea vía correo electrónico. IPYS no recibió respuesta.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1713
21 de enero
Caso 60
UN FOTÓGRAFO HERIDO Y VARIOS PERIODISTAS AMENAZADOS
EN MARCHA CONTRA LA INSEGURIDAD
El 21 de enero de 2009, Rafael Garanton, fotógrafo del diario El Carabobeño, fue golpeado por simpatizantes chavistas
que arremetieron contra un grupo de estudiantes que marchaba, junto con miembros del colegio nacional de periodistas y ciudadanos en general, en protesta por la inseguridad
que se vive en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, al
centro del país.
Garantón fotografiaba los instantes de violencia cuando
fue herido en su mano izquierda y el codo derecho. Los ata128
cantes se llevaron la cámara fotográfica. El periodista fue internado en un centro médico.
En las inmediaciones del Palacio de Justicia, sede donde
los manifestantes entregaron un manifiesto en protesta por
la inseguridad, varios periodistas, fotógrafos y camarógrafos
fueron evacuados por la policía luego de que militantes del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) irrumpieran
en el lugar amenazando con agredirlos. Los periodistas se resguardaron durante una hora el Palacio, y luego fueron evacuados en las patrullas de la policía para evitar agresiones.
Durante la marcha, una explosión de un artefacto pirotécnico afectó el oído de la periodista Charito Rojas, de Radio
Cosmopolita 107.9 FM y columnista del diario Notitarde.
La marcha también buscaba condenar la muerte del periodista Orel Sambrano, asesinado por sicarios el pasado 16 de
enero. El municipio de Valencia firmó un acuerdo de duelo y
realizará un homenaje póstumo al periodista.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1712
21 de enero
Caso 61
PERIODISTA DENUNCIA MALTRATO DE RECTOR
DE UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
La periodista Luciana Balzán, del diario Frontera de Mé­rida,
denunció haber sido maltratada por el Rector de la Universidad
de Los Andes, Mario Bonucci, quien la acusó de no tener ética y la amenazó con hablar con los propietarios del medio para
129
que la despidan. El hecho ocurrió en la ciudad de Mérida, capital del estado del mismo nombre, al suroeste del país.
Según Balzán, la autoridad reaccionó de ese modo luego
de una entrevista que le hizo el 20 de enero, donde se decía
que el Rector estaba a favor de la intervención de la Guardia
Nacional cuando haya protestas.
Tras la publicación, el Rector convocó a una conferencia
para desmentir lo publicado. La periodista no fue invitada,
pero la autoridad le exigió su derecho a réplica. Cuando ella
acudió a la oficina del Rector, éste se negó a declarar. Delante
de otros colegas, le dijo que no confiaba en su trabajo, la acusó
de “tergiversar los datos” (sic) y cuestionó su profesionalismo.
El 22 de enero, la periodista renunció al diario al considerar que no la respaldó. En solidaridad también renunció la
periodista Mariangel Garcés.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1721
1 de enero
Caso 62
ASESINAN A FOTÓGRAFO; SE DESCONOCEN LAS CAUSAS
El 1 de enero de 2009, el fotógrafo freelance Jacinto Elías
López Velasco, de 23 años, fue asesinado de tres tiros en la cabeza y cuatro en las piernas en la ciudad de Cabudare, estado
Lara, al centro del país. Según el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), López fue interceptado por tres sujetos armados que lo encañonaron en su
camioneta estacionada en la puerta de un restaurante.
130
Acompañaba a López el fotógrafo Ricardo Marapacuto, del
diario El Impulso, quien quedó herido al recibir dos balazos.
Los asesinos llevaron a la víctima y su acompañante a un
descampado. Los bajaron del vehículo y les dispararon. Se llevaron sus billeteras y celulares.
Las investigaciones preliminares del CICPC indican que
López habría sido asesinado en venganza por haber atropellado a un sujeto dos años antes. Según una fuente de seguridad, se presume que el autor del crimen es un sujeto apodado
“Chuma”. El Ministerio Público investiga el caso.
La víctima era profesor de fotografía en la Universidad
Yacambú.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1719
14 de enero
Caso 63
IMPIDEN INGRESAR A PERIODISTA A FORO
SOBRE REELECCIÓN PRESIDENCIAL
El periodista Víctor Hugo Zambrano, del diario La Verdad,
fue impedido de ingresar a la sede de la empresa Petróleos de
Venezuela (PDVSA), donde se realizaba un foro sobre la enmienda constitucional propuesta por el presidente Hugo
Chávez y la Asamblea Nacional, que plantea la reelección indefinida de quienes ejercen cargos por elección popular. El hecho ocurrió en Maracaibo, estado Zulia, al noroeste del país.
Según el diario, recibió varias invitaciones para cubrir el evento.
El funcionario de seguridad, identificado como Romel
Villasmil, impidió el ingreso del periodista argumentando
131
que por “órdenes superiores” no la dejaría ingresar. El ponente principal del foro fue Isaías Rodríguez, ex fiscal general y
ex vicepresidente de la República.
El jefe de Redacción de La Verdad, José Gregorio Meza, informó al IPYS que el diario había recibido cuatro invitaciones a
través del correo electrónico de parte de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL) para que el medio cubra
el evento. Tras el incidente, funcionarios de CONATEL se comunicaron con los directivos del diario para disculparse y
anunciar la visita de Isaías Rodríguez a la sede de La Verdad
ese mismo 14 de enero, hecho que nunca sucedió.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1724
7 de enero
Caso 64
DUEÑOS DE MEDIOS CANCELAN PROGRAMAS
PARA EVITAR PRESIONES DE AUTORIDADES
Durante la primera semana de enero de 2009 fueron cancelados dos programas en el canal Telellano y uno en radio Paraíso
Stereo 102.9 FM. Los propietarios de los medios (que pertenecen al mismo grupo empresarial en el estado de Barinas,
oeste del país), señalaron que la medida era una decisión familiar tras recibir una serie de presiones de las autoridades locales, encabezadas por el gobernador Adán Chávez.
Los programas cancelados son: “En Pauta”, de Francisco
Aguilar, y “En Tres y Dos es Noticia”, de Tarquino González
y Carolina Avendaño, ambos del canal Telellano; y “En Pauta
en Radio”, de la emisora Paraíso Stereo 102.9 FM.
132
El periodista Carlos Sulbarán, de Telellano, denunció que
le censuraron seis reportajes sobre temas políticos vinculados al
gobernador. El periodista renunció al canal en enero. Francisco
Aguilar dijo al IPYS que tras la cancelación de los programas de
Telellano, ya no hay espacios de opinión política.
Por su parte, Tarquino González denunció que uno de los
propietarios de Telellano le dijo que su programa saldría del
aire por reprogramación. Luego le confesó que habían tenido
muchas presiones del gobierno regional.
Una fuente consultada por el IPYS, que prefirió mantenerse en el anonimato, denunció que tanto en el canal como
en la radio está prohibido tratar temas que afecten la imagen
del gobierno. Los periodistas tampoco pueden entrevistar a
los excandidatos disidentes Julio César Reyes (a la gobernación) y Wilmer Azuaje (a la alcaldía).
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1734
16 de enero
Caso 65
MILITAR AGREDE A PERIODISTAS EN MARACAIBO
Un funcionario que se identificó como integrante de la
Casa Militar –encargada de la seguridad del presidente de la
República–, empujó a la periodista María Teresa Chourio, del
diario La Verdad y amenazó con quitarle su cámara fotográfica
a la reportera gráfica Ingrid Contreras, del periódico Mi Diario,
cuando intentaban cubrir un accidente de tránsito que ocurrió
en las inmediaciones de la Base Aérea Rafael Urdaneta (BARU)
de Maracaibo, en el estado Zulia, al noreste del país.
133
El militar les impidió ingresar a la zona, con el argumento de que en pocos minutos llegaría a esa Base Aérea el presidente Hugo Chávez. Las periodistas se retiraron del lugar sin
poder realizar su trabajo.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1728
31 de enero
Caso 66
AMENAZAN A REPORTEROS EN BARQUISIMETO
La periodista Adriana Ciccalione y el reportero gráfico Jairo
Nieto, del diario El Impulso, fueron amenazados por un sujeto que, según les dijeron, es familiar de un joven que murió en el sector Las Veritas, ubicado al norte de la ciudad de
Barquisimeto, al centrooccidente del país.
Ciccalione llegó a la zona cuando un hombre no identificado y de civil se les acercó para amenazarlos para que no
informaran sobre el caso. También intentó romper la cámara
fotográfica de Nieto.
Por seguridad, los reporteros regresaron a su vehículo. El desconocido los siguió y continuó intimidándolos.
La nota fue publicada sin créditos para evitar represalias.
Vecinos de la zona dijeron a los reporteros que el agresor
laboraba en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales
y Criminalísticas, pero los periodistas no pudieron corroborar el dato.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1727
134
6 de febrero
Caso 67
GOLPEAN A REPORTEROS TRAS PARTIDO DE FÚTBOL
Al finalizar el partido de fútbol entre las selecciones de Ar­
gentina y Venezuela, el camarógrafo José Belisario, de Telesur,
y el periodista Juan José Sayago, de Televisora Venezolana
Social (TEVES), fueron agredidos por dos miembros de la
directiva del equipo venezolano, en el estadio de Puerto La
Cruz, en el estado Anzoátegui, al noreste del país.
Los periodistas se encontraban en el túnel que lleva del campo de fútbol a los camerinos para grabar a la selección venezolana, que se lamentaba por el empate con el equipo argentino.
Antes de que Belisario encendiera su cámara, Daniel y
Luis Farías, hermanos del Director Técnico de la selección y
miembros de su equipo técnico, se le abalanzaron para arrebatarle el equipo. Luego lo golpearon en el rostro. Sayago trató
de defender a su colega y también fue golpeado.
Sayago dijo al IPYS que en ese momento no se encontraban grabando ni transmitiendo en vivo, pero los hermanos
del director técnico los agredieron.
Belisario denunció la agresión ante las autoridades.
El presidente de la Federación Venezonala de Fútbol (FVF),
Rafael Esquivel Melo, aseguró que asumirá la responsabilidad de
la agresión, pero criticó la presencia de los reporteros.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1737
135
4 de febrero
Caso 68
MILITARES AGREDEN A FOTÓGRAFO DURANTE PROTESTA
El reportero gráfico José González, del diario Mundo
Oriental, fue golpeado por efectivos de la Guardia Nacional
mientras cubría una protesta de conductores de transporte público. El hecho ocurrió en la ciudad de Anaco, estado
Anzoátegui, al noreste del país.
González se encontraba junto a otros periodistas cubriendo la protesta cuando efectivos de la Guardia Nacional llegaron lanzando bombas lacrimógenas y perdigones. Dos de los
militares se abalanzaron sobre él mientras fotografiaba la acción violenta de los militares y lo golpearon con los escudos
antimotines. González aseguró que varias veces se identificó
como periodista, pero ellos continuaron agrediéndolo mientras le exigían que entregara su cámara.
El fotógrafo fue esposado, pero fue liberado cuando uno
de los militares lo reconoció como reportero del diario. El Co­
legio Nacional de Periodistas rechazó las agresiones mediante
un comunicado.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1735
4 de febrero
Caso 69
POLICÍAS Y MILITARES ARREBATAN CÁMARA A REPORTERO
Y BORRAN FOTOS
Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia y del Ejército
Vene­zolano arrebataron la cámara fotográfica del reportero
136
gráfico Wilmer Escalona, del diario Notitarde, cuando cubría
la llegada de 88 menores de edad intoxicados con la comida de
una Escuela Bolivariana a la emergencia del Hospital Central
de Valencia, capital del estado Carabobo, al centro del país.
Tras borrar las fotografías de la memoria del equipo, los
funcionarios le devolvieron la cámara y lo obligaron a salir
del hospital. Durante el hecho, las periodistas Adhara Ojeda,
del diario Notitarde, Alejandra Guevara, del canal Dat TV y
el fotógrafo Wilfredo Hernández, del diario El Carabobeño,
fueron insultados por los efectivos de seguridad y por supuestos seguidores del presidente Hugo Chávez que acusan a los
periodistas de “contrarrevolucionarios” y “golpistas”. Ante la
presión, la prensa se retiró del lugar para evitar ser agredidos
al percatarse que la policía no garantizaba su seguridad.
Es la segunda vez en meno de un mes que reporteros de
Notitarde son víctimas de acoso por parte de seguidores de Chávez.
El pasado 14 de enero unas encapuchadas llegaron hasta el diario,
tiraron piedras al interior del local y rayaron la fachada con consignas a favor del gobierno, insultando a los trabajadores del medio.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1733
29 de enero
Caso 70
HUELGUISTAS AMENAZAN A PERIODISTAS EN ANZOÁTEGUI
Sindicalistas de la empresa MMC automotriz, ensambladora
en Venezuela de los automóviles de marca Mitsubishi, insultaron y amenazaron a periodistas de varios medios de comunicación, acusándolos de cubrir con sesgos una huelga que
137
realizaron en la sede de la empresa, ubicada en la ciudad de
Barcelona, en el estado Anzoátegui, en el noreste del país.
Los periodistas afectados fueron: Lizardo Aguilar y
Marlon Guzmán, redactor y fotógrafo del diario El Tiempo;
Aymara Alfonso, reportera del canal Anzoátegui TV; Enler
García, reportero de RCTV Internacional; y Carlos Alberto
Figueroa, reportero de Globovisión.
Ellos fueron amenazados tras el enfrentamiento entre la
policía y los huelguistas, donde dos obreros murieron. Los
sindicalistas habían tomado las instalaciones de la empresa.
El fotógrafo Daniel Olivares, del diario El Tiempo, fue
golpeado por los trabajadores en la morgue de Barcelona,
cuando intentaba fotografiar uno de los cadáveres.
El 30 de enero, la reportera Katy Jurado y el fotógrafo Arturo Ramírez, de El Tiempo, y la periodista Neulys
Sandoval, del diario Nueva Prensa de Oriente, fueron obligados por los sindicalistas a retirarse de la sede de MMC, donde
los dirigentes realizaban una conferencia de prensa. Los periodistas fueron escoltados hasta sus vehículos e insultados.
El 3 de febrero, los mismos manifestantes que marcharon
hasta los Tribunales de Justicia amenazaron otra vez a la prensa,
sobre todo a los periodistas del diario El Tiempo, exigiéndoles
que se fueran. Toda la prensa que cubría la protesta se retiró.
Tras los hechos, los diarios El Tiempo, Nueva Prensa de
Oriente y El Norte, y las televisoras TVO, RCTV Internacional
y Globovisión decidieron no enviar a sus reporteros a estas comisiones. La cobertura se realiza por teléfono o recurriendo
a otras fuentes.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1760
138
14 de enero
Caso 71
PERIODISTAS DENUNCIAN QUE GOBIERNO
REGIONAL RESTRINGE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Periodistas de varios medios denunciaron que el actual director de la Oficina Regional de Información (ORI) del estado
Barinas, Noel Zamudia, les obstaculiza el acceso a la información pública.
El periodista Walter Obregón, del diario La Noticia, dijo
que los periodistas que piden entrevistar a algún funcionario
del gobierno regional deben de dejar por escrito las preguntas que harán; las respuestas son enviadas por escrito junto a
una fotografía del funcionario, para que no tenga contacto
directo con la prensa.
La acusación fue corroborada por Bernardo Álvarez,
Víctor Faneite y Patricia Uzcátegui, fotógrafo y periodistas
del diario Los Llanos.
Lo mismo denunció la periodista Amaly Ardila del Insti­
tuto Regional de Deportes del Estado Barinas (IRDEB), una ins­
titución autónoma que cuenta con su propio equipo de prensa.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1759
15 de febrero
Caso 72
MILITAR RETIENE A REPORTERO CUANDO CUBRÍA
PROCESO ELECTORAL
El periodista Audy Sánchez, del diario El Expreso, fue retenido por un efectivo del Plan República, órgano militar que
139
resguarda la seguridad de los comicios electorales, cuando cubría el referéndum para la enmienda constitucional que proponía la reelección indefinida del presidente de la República
y otros funcionarios elegidos por voto popular. El hecho ocurrió en el centro electoral de la escuela José Luis Afanador, en
la parroquia La Sabanita de Ciudad Bolívar, capital del estado
Bolívar, al sureste del país.
Sánchez fue retenido al negarse a entregarle a un militar
su libreta de apuntes y su credencial. El periodista estaba acreditado por el Consejo Nacional Electoral para cubrir dentro
de los espacios electorales. Sin embargo, fue conminado por
el militar a quedarse parado en un lugar específico, argumentando que estaba detenido.
La presión de un grupo de reporteros para defender a
Sánchez hizo que el militar revirtiera la orden.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1766
25 de enero
Caso 73
IMPIDEN A PERIODISTA INGRESAR A HOSPITAL
El 25 de enero de 2009, la periodista Ainara Fernández, del
diario Correo del Caroní, fue impedida de ingresar a la emergencia del hospital Uyapar de Puerto Ordaz por una vigilante
que dijo tener órdenes de la dirección para hacerlo. El hecho
sucedió en estado Bolívar, al sureste del país. La reportera se
especializa en la cobertura de información relacionada con
salud, por lo que permanentemente acude a las instalaciones
hospitalarias de la ciudad. Ese día iba a buscar información
140
relacionada con personas que resultaron heridas en hechos de
violencia o a causa de la inseguridad durante el fin de semana.
Fernández denunció a IPYS que, con frecuencia, vigilantes y enfermeras impiden el ingreso de la prensa a hospitales
y centros de salud, sin dar explicaciones claras.
Destacó que durante 2008 padeció una situación similar,
pero tras conversar con la directora del hospital, se le permitió el ingreso.
Según la periodista, en los hospitales sólo hay uno o dos
voceros autorizados para declarar, pese a que son los familiares
de los pacientes quienes hacen la mayor parte de las denuncias.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1768
15 de febrero
Caso 74
MILITARES IMPIDEN A PERIODISTAS CUBRIR PROCESO ELECTORAL
El 15 de febrero de 2009, el periodista Dagoberto Parra Gon­­
zález y el reportero gráfico Carlos Gálviz, del Diario Los An­
des, fueron impedidos de ingresar a los centros de votación
en el municipio Andrés Bello, del estado Táchira, al suroeste
del país, cerca de la frontera con Colombia.
Los periodistas cubrían el proceso electoral de referéndum
para la enmienda constitucional que proponía la reelección
indefinida del presidente de la República y otros funcionarios
elegidos por votación.
Los periodistas dijeron al IPYS que efectivos del Plan Repú­
blica, grupo militar encargado de custodiar el proceso electo141
ral, junto a funcionarios del Consejo Nacional Electoral les
impidieron el ingreso a los centros de votación cuando intentaba entrevistar a los electores.
Los periodistas portaban sus credenciales del medio y del
Consejo Nacional Electoral, que les autorizaba cubrir el proceso. Sin embargo, los funcionarios alegaron que existía una
comunicación de las autoridades que prohibía el acceso de los
medios a las mesas electorales.
La legislación permite que los periodistas puedan ingresar a los centros de votación en procesos electorales y sólo restringe que los medios se acerquen a las máquinas de votación,
para preservar el derecho al secreto del voto.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1767
13 de febrero
Caso 75
GUARDAESPALDAS DE ALCALDE AGREDEN A PERIODISTAS
Jorge Amorín, reportero de Ávila TV, y Pedro Quezada, camarógrafo de Venezolana de Televisión –ambos, medios estatales– fueron agredidos por los guardaespaldas del alcalde de
Maracaibo y dirigente del partido opositor Un Nuevo Tiempo,
Manuel Rosales, cuando intentaban entrevistarlo en Caracas.
Los periodistas recorrían las calles cuando encontraron a
Rosales e intentaron entrevistarlo sobre un problema suscitado en Maracaibo con un grupo de trabajadores del Instituto
Municipal de Aseo Urbano. Mientras lo entrevistaba, uno de
los guardaespaldas de Rosales golpeó la cámara de Quezada y
luego se retiraron del lugar.
142
Los reporteros lo siguieron hasta un restaurante para increparle por la agresión. Entraron al local, pero cuando intentaron abordarlo en un salón privado, los guardaespaldas los
insultaron y luego los golpearon.
El dueño del local les pidió a los reporteros que se retiraran. Algunos comensales se unieron a los insultos contra los
periodistas y les lanzaron vasos.
Los periodistas, a través de Venezolana de Televisión,
mostraron las imágenes de la agresión e denunciaron el hecho en la Fiscalía.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1772
27 de febrero
Caso 76
SUJETOS ARMADOS IRRUMPEN EN SEDE DE RADIO ESTATAL;
SE DESCONOCEN LAS CAUSAS
La madrugada del 27 de febrero de 2009, cuatro sujetos armados irrumpieron en la sede de la emisora Radio Nacional
de Venezuela (RNV), ubicada al norte de la ciudad de Caracas,
capital del país. El Ministerio Público investiga las causas.
La directora de la emisora, Helena Salcedo, informó que los
desconocidos sometieron al personal de seguridad y violentaron
algunas puertas. Revisaron el lugar y preguntaron por los “cestatickets” (bonos de alimentos que se entregan al personal) y las
llaves de las oficinas. Rompieron el monitor de una de computadora y les quitaron a los vigilantes sus celulares. Luego huyeron.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1779
143
4 de marzo
Caso 77
FUNCIONARIA ECHA A GOLPES A REPORTEROS DE CENTRO MÉDICO
La periodista Janeth Carrasquilla, el camarógrafo Saúl Arias y
su asistente, Jesús Baptista, del canal Globovisión, fueron expulsados a golpes por una funcionaria de la Dirección de Salud
cuando intentaban cubrir el asesinato de un estudiante en el
municipio Guacara, al este del estado Carabobo, en la zona
centro norte del país. Se desconoce el nombre de la funcionaria.
Según los periodistas, cuando llegaron al centro de salud la
funcionaria los insultó, golpeó la cámara y los obligó a retirarse.
El equipo permaneció afuera del centro médico, resguardado por la Policía Municipal de Guacara. Pacientes y familiares protestaron por la agresión a los periodistas y exigieron
que se les facilite informar sobre el caso.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1786
11 de marzo
Caso 78
MILITARES RETIENEN A REPORTEROS DE GLOBOVISIÓN
E INCAUTAN GRABACIONES
La periodista Carmen Elisa Pecorelli y el camarógrafo Carlos
Luis Caravallo, de Globovisión, fueron retenidos por una docena de militares cuando realizaban tomas afuera de la finca
“Los Tamarindos”, en el estado Aragua, centro del país, tomada
por autoridades del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y del
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), adscritos
al Ministerio de Agricultura y Tierra, luego de un procedimien144
to administrativo donde se habría demostrado que estas tierras
(explotadas y administradas por el sector privado), pertenecen al
Estado. Militares de la Aviación Venezolana los retuvieron por
una hora para impedir que grabaran el lugar; según ellos, eso
estaba prohibido, a pesar de que hace unos días todos los medios grabaron la finca sin impedimento.
Los militares les exigieron entregar las grabaciones a cambio de ser liberados. Los reporteros se negaron y denunciaron
el hecho por teléfono. Finalmente, accedieron a la exigencia.
Globovisión es un canal opositor al gobierno. Con frecuencia las autoridades obstaculizan la labor de sus reporteros.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1799
11 de marzo
Caso 79
VICEMINISTRO IMPIDE A REPORTERA GRABAR PROTESTA
La periodista Marianna Gómez, de Globovisión, fue agredida
por el viceministro Economía Agrícola, Richard Canán, cuando
ella y otro grupo de periodistas cubrían una protesta estudiantil
contra las medidas del gobierno de ocupación temporal y expropiación de algunas empresas procesadoras de arroz, afuera del
Ministerio Popular de Agricultura y Tierras, en Caracas.
La periodista dijo al IPYS que entre el alboroto, el viceministro le apretó la muñeca para que no grabara la manifestación. Al mismo tiempo, un grupo de funcionarios, sin identificarse, empujó al resto de reporteros hasta echarlos del lugar.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1798
145
26 de marzo
Caso 80
DIRECTIVO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DENUNCIA AMENAZAS
El 26 de marzo de 2009, Ángel Perozo, secretario general del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Carabobo,
denunció que recibió una llamada telefónica por la que un
desconocido lo amenazó con enviar a tres personas para agredirlo si no desistía en sus exigencias de pedir mayor celeridad
en las investigaciones sobre agresiones cometidas contra los
periodistas del estado de Carabobo, al centro norte del país.
Perozo indicó que su reclamo refiere al caso de la agresión
contra la corresponsal de Televen, Ruth Lara Castillo, por
parte del Ministro de Obras Publicas y Vivienda, Diosdado
Cabello; y las agresiones contra 13 periodistas golpeados por
simpatizantes del gobierno en el Consejo Legislativo del
Estado Carabobo en diciembre de 2008, investigación estancada en el Ministerio Público.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1804
2 de marzo
Caso 81
DENUNCIAN CANCELACIÓN DE PROGRAMA DE RADIO
POR PRESIONES POLÍTICAS
Nerio Torres, profesor y conductor del programa “Profesor
Nerio en sintonía con su pueblo”, de radio Éxitos 89.5FM,
denunció que los directivos de la emisora cancelaron su programa en diciembre de 2008 por presiones de miembros del
oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El he146
cho ocurrió en el Municipio Bolívar, estado de Barinas, suroeste de Venezuela.
Torres dijo al IPYS que Antonio Albizú, dueño de la emisora, le informó sobre las presiones del PSUV, de dirigentes
del gobierno y de la Alcaldía de Barinas.
El programa de Torres estaba dirigido a las comunidades
rurales y trataba temas vinculados al sector educativo.
Según el profesor, el director de la emisora lamentó públicamente la cancelación de éste y otros programas, señalando
que se debía a motivos políticos.
Nerio Torres es también secretario regional de la Fede­
ración Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela
(FENATEV). En algunos de sus programas hizo referencia a
deudas salariales de las autoridades gubernamentales con trabajadores de ese sector.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1803
21 de marzo
Caso 82
IMPIDEN A PERIODISTAS CUBRIR LIBERACIÓN
DE JOVEN SECUESTRADO
El 21 de marzo de 2009, el escolta del gobernador José Gregorio
Briceño, del gubernamental Partido Socialista Unido de
Venezuela, exigió a la periodista Alcimar Ortega y al reportero
gráfico Dany Salazar, del diario El Sol de Monagas, desalojar el
Centro de Especializaciones Médicas donde se encontraban cubriendo la llegada de un joven secuestrado. El hecho ocurrió en
la ciudad de Maturín, estado Monagas, al oriente del país.
147
Irama Cabrera, directora del diario, denunció ante el IPYS
la actitud del funcionario de seguridad. El acceso al centro
de salud fue negado también a los periodistas Lewis Barroso
y Kenny Valero, y al reportero gráfico Jesús García, de El
Periódico de Monagas. También al reportero gráfico Eduardo
Freites, del diario El Oriental. Según los periodistas, sólo se
le permitió la entrada al diario Extra, afín a la gestión del gobierno regional.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1807
26 de marzo
Caso 83
PRESIDENTA DE ASAMBLEA NACIONAL
PIDIÓ QUE SE INVESTIGUE A PERIODISTA
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, señaló que
pidió investigar a la periodista Beatriz Adrián, de Globovisión,
al acusarla de cometer un delito al investigar, supuestamente,
de manera fraudulenta el sueldo del diputado Oscar Figueras,
que luego difundió en su medio.
“Denuncié el caso para que se investigue cómo se obtuvo
esa información, porque es un delito sustraer la clave de alguien para tener acceso a sus archivos y obtener información
personal”, señaló la diputada al intervenir en la plenaria de
la Asamblea Nacional. No obstante, la periodista aseguró al
IPYS que “esa información sobre el sueldo del diputado llegó
a mí con pruebas, a través de una persona que está descontenta por los altos sueldos. Yo solamente fui un intermediario”.
148
La periodista denunció al IPYS que Flores dedicó media hora de la sesión de la Asamblea para descalificarla públicamente por los canales oficiales Venezolana Televisión y
Asamblea Nacional (ANTV).
Adrián señaló que a pesar de que está prohibido el ingreso
de canales a las sesiones, VTV no tuvo inconvenientes.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1806
1 de abril
Caso 84
IMPIDEN A PERIODISTA CUBRIR CONFERENCIA DE PRENSA
DE ENTIDAD RECAUDADORA DE IMPUESTOS
Personal de prensa del Servicio Nacional de Administración
Tributaria (SENIAT), impidió a la periodista Roselín Ro­drí­
guez, de Radio Caracas Radio (RCR), cubrir la conferencia
de prensa ofrecida en Caracas por el superintendente del organismo, José David Cabello, sobre el cierre del período de
recaudación del impuesto a la renta.
La periodista narró al IPYS que colocó su micrófono junto
a los demás cuando una comunicadora del SENIAT le ordenó
que lo retirara y que no formulara preguntas, argumentando
que RCR no había sido invitada a la conferencia.
Pese la restricción, la reportera logró escuchar las declaraciones del superintendente y transmitió la información a la radio.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1823
149
29 de abril
Caso 85
AGREDEN Y LE QUITAN CÁMARA A FOTÓGRAFO
CUANDO CUBRÍA PROTESTA EN MÉRIDA
El reportero gráfico Héctor Molina, del diario Pico Bolívar, fue
agredido por un grupo de encapuchados identificado con el
Movimiento Tupamaro (organización afín al gobierno), cuando cubría una protesta de estudiantes en la ciudad de Mérida,
al centro del país. Los agresores le quitaron su cámara.
El reportero intentaba fotografiar la quema de llantas cuando
dos sujetos armados lo reprendieron por su presencia en el lugar,
lo insultaron y lo amenazaron con dispararle en la cabeza si no se
iba. Molina mostró su credencial y explicó a los encapuchados
que estaba cubriendo el hecho para la prensa, pero no fue escuchado. Los sujetos le arrebataron su cámara y lo obligaron a irse.
Molina se comunicó luego con el secretario general del
Movimiento Tupamaro en Mérida, Irán Brito Matute, para
pedirle que le devuelvan su cámara. El dirigente se le devolvió, aunque las imágenes habían sido borradas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1831
27 de abril
Caso 86
SIMPATIZANTES DE CHÁVEZ PERSIGUEN A PERIODISTAS
EN LOS ALREDEDORES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Un grupo de simpatizantes del presidente Hugo Chávez persiguió e insultó a varios periodistas de medios privados cuando
cubrían en los alrededores de la Asamblea Nacional, en Caracas,
150
la visita de los concejales metropolitanos Freddy Guevara y
Alejandro Vivas, que llevaban una carta donde solicitaban participar en la discusión de la Ley de Asignaciones del Distrito
Metropolitano. Los periodistas afectados fueron: Beatriz
Adrián, de Globovisión; Carla Salcedo Flores, de Venevisión;
Carlos Eduardo Sánchez, de Televen; Desiree Parra, de Radio
Caracas Radio; Jennifer Santana, de RCTV Internacional;
Dennys Arenas y Jhorman Acosta, de RCTV Internacional y
Cecilia Rodríguez, del diario El Nuevo País.
Según los periodistas, ante la presión de los manifestantes,
se retiraron para evitar más agresiones.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1830
28 de abril
Caso 87
ESTUDIANTES AGREDEN A REPORTEROS EN BARINAS
Un equipo periodístico de Barinas TV, integrado por el periodista Víctor Virigay y el camarógrafo Arturo Rubio, fue agredido por estudiantes de la Universidad Experimental de Los
Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), que protestaban por el
mal servicio del comedor y la falta de presupuesto en esa casa
de estudio, en la ciudad Barinas, al sur del país.
Virigay dijo al IPYS que los estudiantes los empujaron,
golpearon el vehículo donde se trasladaban y la patearon. Los
periodistas decidieron entregarles el videocassette con que
grabaron la protesta para evitar más violencia.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1829
151
16 de abril
Caso 88
PARTIDARIOS DE GOBIERNO PINTAN MENSAJES EN SEDE DE DIARIO
OPOSITOR. ALCALDE LO ACUSA DE DESINFORMAR
El 16 de abril de 2009, una decena de estudiantes de la Uni­
ver­sidad de Carabobo, identificados como militantes del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llegó hasta
la sede del diario El Carabobeño, pintó mensajes en la fachada del medio como “pitiyanquis”, “digan la verdad” y “cuánto
les están pagando”, e insultaron a los trabajadores. El hecho
ocurrió en la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo,
al centro del país.
El alcalde de la ciudad y miembro del partido PSUV,
Edgardo Parra, acusó también al diario de cobrar por publicar información y de manipular a la opinión pública al criticar al gobierno.
Las agresiones ocurrieron días después de que el presidente Hugo Chávez calificara de “subversivos” a varios medios de
comunicación.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1828
20 de abril
Caso 89
IMPIDEN ACCESO DE PERIODISTAS AL PALACIO DE JUSTICIA
La Guardia Nacional impidió a un grupo de reporteros ingresar al Palacio de Justicia cuando intentaba cubrir la audiencia del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, en Caracas.
Rosales, opositor al gobierno, hoy está asilado en el Perú.
152
Aunque a los reporteros se les permite ingresar a la sede,
los oficiales del Palacio de Justicia les dijeron que por órdenes de la presidencia de la institución, no tenían autorización
para entrar, según informó la periodista Vanessa Gómez, del
diario El Nacional.
Los medios afectados fueron: Globovisión, Rctv Inter­na­
cional, Venevisión, Agencia Bolivariana de Noticias, El Uni­
versal, El Nacional, Notitarde, El Tiempo, Unión Radio, Radio
Caracas Radio, Venezolana de Televisión y Telesur.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1834
6 de abril
Caso 90
PARLAMENTO REGIONAL CREA COMISIÓN PARA “REGULAR”
CONTENIDO DE LOS MEDIOS
El Consejo Legislativo Regional del estado Aragua, al centro del país, creó una comisión que se encargará de revisar y
regular las informaciones publicadas por los medios de comunicación de la región, y así velar con el cumplimiento de
los artículos de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y
Televisión (Ley Resorte), según se informó.
La diputada Teresa Moretty, presidenta de la comisión,
explicó que su objetivo es supervisar si la información difundida en los medios es “verdadera, justa y balanceada”. La legisladora negó posibles sanciones a los medios pero enfatizó
que éstos estarán bajo observación constante.
La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas,
Amira Muci, rechazó la propuesta porque amenaza a la pren153
sa independiente y pretende manipular la información que se
publica en los medios opositores al gobierno.
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1832
6 de mayo
Caso 91
’HACKEAN’ SITIO WEB DE GLOBOVISIÓN
La página web del canal de noticias Globovisión fue ’hackeada’
durante siete horas, quedando inoperativa hasta la madrugada
del 7 de mayo. La autoría del hecho se la adjudicaron los grupos
autodenominados ’Estudiantes en Defensa de la Democracia’
y ’Hackers por la Libertad’, a través de un mensaje que dejaron con su nombre en el portal web, donde rechazaban la gestión del presidente Hugo Chávez. No obstante, se desconoce
la verdadera identidad de los responsables y sus motivaciones.
Globovisión transmite información las 24 horas del día y
actualiza permanentemente su página web.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1839
7 de mayo
Caso 92
ABREN PROCESO SANCIONATORIO A GLOBOVISIÓN
POR INFORMAR SOBRE SISMO
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un proceso administrativo sancionatorio contra el canal
Globovisión por haber transmitido informaciones que, según
Conatel, podrían causar desconfianza en las autoridades y te154
mor en la población, al informar el 5 de mayo último sobre
un sismo de 5,4 grados en la escala Richter ocurrido la madrugada del 4 de mayo en la zona central del país.
Para Conatel, la transmisión del mensaje sobre el sismo violó el artículo 29, numeral 1, de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión (Ley Resorte), que sanciona a los medios
que “promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público”.
Conatel abrió el proceso luego que la Asamblea Nacional
le exhortara a investigar y sancionar al canal por informar sobre el sismo antes que los órganos oficiales.
De ser sancionado, Globovisión no podría transmitir su
señal hasta por 72 horas. El canal es opositor al gobierno y
tiene otros dos procesos iniciados por Conatel. Si es sancionado en los tres, podrían quitarle su permiso de transmisión
hasta por cinco años por reincidencia.
El director del canal, Alberto Federico Ravell, dijo que la
información que difundieron fue recogida de la página web
del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1838
10 de mayo
Caso 93
CHÁVEZ ACUSA A MEDIOS PRIVADOS DE CONSPIRACIÓN
Y ACOSA A DIRECTOR DE GLOBOVISIÓN
El presidente Hugo Chávez, a través de su programa “Aló
Presidente”, acusó a los medios de comunicación privados de
trans­mitir mensajes de odio y conspiración, y les advirtió que el
155
gobierno les aplicaría sanciones previstas en la ley, entre éstas el cierre por la revocatoria de la concesión de licencia de transmisión.
Chávez amenazó e insultó al director de Globovisión,
Alberto Federico Ravell, por la cobertura que hizo del sismo
ocurrido en el país el pasado 4 de mayo, que motivó la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que podría provocar el cierre temporal del medio de comunicación.
Chávez calificó a Ravell de “loco con cañón” que manipula e incita al odio a través de las informaciones que difunde en su medio.
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1841
25 de mayo
Caso 94
RETIENEN A VARGAS LLOSA PARA ADVERTIRLE
QUE NO PODRÁ OPINAR SOBRE POLÍTICA DEL PAÍS
Funcionarios de migración del aeropuerto de Caracas retuvieron por más de dos horas al periodista peruano Álvaro Vargas
Llosa, mientras le revisaban su equipaje y sus documentos de
identidad. Dos días después fue retenido en similares circunstancias su padre, el escritor y columnista Mario Vargas Llosa.
Los funcionarios les advirtieron que podían entrar al país,
pero no opinar sobre la política de Venezuela, toda vez que son
visitantes extranjeros. Ambos llegaron a Venezuela para participar
en el evento internacional: “El desafío latinoamericano: libertad,
democracia, propiedad y combate a la pobreza”, organizado por el
Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice).
156
Días antes del conversatorio, representantes del oficial
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmaron
que apoyarían medidas como la expulsión del país del escritor peruano si desprestigiaba al gobierno con sus opiniones.
En Venezuela no hay normas que impidan a ciudadanos
extranjeros la libertad de expresión; las advertencias contra
ellos vulneran ese derecho.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1855
14 de mayo
Caso 95
IMPIDEN ACCESO DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN
DE GLOBOVISIÓN A ASAMBLEA NACIONAL
Guardias del edificio donde trabajan las comisiones parlamentarias de la Asamblea Nacional impidieron el acceso del equipo de transmisión de Globovisión, canal crítico del gobierno.
La periodista Beatriz Adrián indicó que usualmente ingresan a ese edificio para entrevistar y obtener informaciones
sobre el debate legislativo.
Esta vez los agentes de seguridad les dijeron que había una
orden –aunque no se la mostraron– para impedir la entrada
de equipos de transmisión para grabar dentro del edificio. De
acuerdo a la versión, los únicos autorizados para esa labor son
el canal de la Asamblea Nacional (ANTV) y medios estatales.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1853
157
8 de mayo
Caso 96
ALEGAN PRESIONES POLÍTICAS EN CANCELACIÓN
DE PROGRAMA DE RADIO
Manuel España, educador y conductor del programa “Voz de
la Enseñanza”, afirmó que cancelaron su espacio debido a presiones políticas. Su programa se emitía desde 1999 en Stereo
Rey, 97.1 FM, en el estado de Barinas, al suroeste del país.
España dijo al IPYS que el propietario del medio, Ángel
María Pérez, al anunciarle la noticia, le confesó que si no cancelaba su programa le cerrarían la emisora.
El programa trataba, principalmente, sobre los derechos
de los educadores en la región.
Pérez negó al IPYS presiones políticas; indicó que el programa fue retirado por asuntos internos de la emisora.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1852
13 de mayo
Caso 97
ENCAPUCHADOS OBLIGAN A CAMARÓGRAFO
A QUE LES ENTREGUE VÍDEO DE VIOLENCIA EN PROTESTA
El camarógrafo Jesús Reyes, de Telecaribe, fue cercado por un
grupo de encapuchados que, entre amenazas y empujones,
lo obligó a entregar su cassette de vídeo donde había grabado actos violentos durante una manifestación de estudiantes
en la Universidad de Oriente, del estado Anzoátegui, al norte del país.
158
Reyes y la reportera Silvana Requena se disponían a recoger las opiniones de los líderes estudiantiles cuando los encapuchados, que suelen infiltrarse en las manifestaciones universitarias, los apedrearon.
El camarógrafo grabó la agresión pero los sujetos lo rodearon y amenazaron con golpearlo si no les entregaba el video. Requena se refugió en un vehículo de prensa estacionado
cerca del lugar, pero Reyes quedó atrapado por los agresores.
Tras un forcejeo, el camarógrafo entregó el cassette para
ser liberado. Reyes perdió no sólo las imágenes de la protesta sino también las de otras cuatro pautas que había grabado
previamente.
La policía, que resguardaba la protesta, no pudo recuperar
el material periodístico.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1860
27 de mayo
Caso 98
IMPIDEN A PERIODISTA DE CANAL ESTATAL INFORMAR
SOBRE MARCHA A FAVOR DE MEDIO PRIVADO
Manifestantes que exigían la restitución de la señal abierta del
canal RCTV, impidieron a la periodista Siary Rodríguez, del
estatal Venezolana de Televisión (VTV), cubrir la protesta en
la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas.
Rodríguez preguntó a los manifestantes sobre los motivos de la protesta pero la insultaron. Dos de ellos arremetieron contra la videograbadora del medio e intentaron quitarle
el micrófono.
159
Los manifestantes exigían a la Comisión Nacional de Tele­
comunicaciones que le restituyera a RCTV la concesión para
que transmita por señal abierta, extinguida dos años antes.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1859
28 de mayo
Caso 99
AMENAZAN A PERIODISTAS POR COMENTAR QUEJAS
DE CIUDADANOS POR DESFILE MILITAR
El 28 de mayo de 2009, los periodistas Tarquino González
Concho y Briceida Morales Alburjas fueron amenazados a
través de mensajes de texto y llamadas telefónicas mientras
conducían el programa “Los Periodistas”, de radio Sensacional
94.7 FM., en el estado de Barinas.
En esa semana, el programa recibió llamadas del público
criticando la obstaculización de una de las principales avenidas de la ciudad por la celebración del X Aniversario de la 93
Brigada Caribe Especial de Seguridad de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB), asentada en la región. Los periodistas comentaban las quejas cuando González recibió un
mensaje de texto donde le decían: “cállate, no seas sapo (soplón), deja la alharaca” (sic).
Luego, un sujeto que se identificó verbalmente como teniente coronel pero que no dio su nombre, llamó al celular
de los periodistas y exigió que se callaran.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1858
160
21 de mayo
Caso 100
DIVULGARÁN DATOS PERSONALES DE PERIODISTAS SI JUSTICIA
NO LOS SANCIONA, AMENAZA GRUPO AFÍN A GOBIERNO
El grupo ’La Piedrita’, que organiza actividades políticas a favor del gobierno en el barrio 23 de Enero, en Caracas, emitió
un comunicado amenazando con divulgar información personal de periodistas y propietarios de medios de comunicación privados, si las instituciones encargadas de administrar
la justicia no los sancionan.
Según el comunicado, la información personal sería publicada en respuesta a las supuestas amenazas y ataques sufridos contra líderes del partido de Chávez, que empezaron
luego que los medios publicaran datos personales de funcionarios ligados a Chávez como dirección postal de sus viviendas, números telefónicos, nombres de los colegios de sus hijos, direcciones de oficinas, entre otros.
En el comunicado, firmado por Valentín Santana, líder del
grupo, se pide al Ministerio de Comunicación e Información
(Minci), a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) y al Servicio Nacional de Administración Tributaria
(Seniat), que sancionen a los medios privados, en especial a
Globovisión, al que califican de “golpista y asesino”.
Durante 2008, el grupo ’La Piedrita’ atacó con bombas
lacrimógenas las sedes de varios medios y las residencias de algunos periodistas críticos a la gestión de Hugo Chávez.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1857
161
18 de mayo
Caso 101
IMPIDEN A PERIODISTAS DE GLOBOVISIÓN CUBRIR CONFERENCIA
DE PRENSA DE PARTIDO OFICIALISTA
Agentes de seguridad impidieron al equipo de Globovisión
cubrir la conferencia de prensa del partido político Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), en la sede del partido en Caracas.
La periodista Gabriela Matute dijo al IPYS que acudió a
la conferencia con su camarógrafo y un asistente, pero le impidieron ingresar argumentando que verificarían si estaban
acreditados para cubrir.
Luego, el jefe de seguridad les dijo que no podían pasar
porque no fueron invitados. La periodista aseguró que las
conferencias se realizan todos los lunes y nunca requieren de
acreditación previa.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1856
4 de junio
Caso 102
TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA INCAUTACIÓN DE EQUIPOS
Y MULTA A GLOBOVISIÓN
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) rechazó el recurso de nulidad presentado por
Globovisión contra la medida dictada por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que sanciona
al canal con el pago de 30 mil unidades tributarias (US$ 360
mil 750 dólares) y el decomiso de siete equipos microondas,
por operar en frecuencias no autorizadas.
162
Tras cinco años de juicios, el TSJ dictó sentencia definitiva,
confirmando el decomiso de los equipos y el pago de la multa.
El 5 de diciembre de 2003, CONATEL estableció la
medida amparándose en los artículos 166, 173 y 175 de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones y argumentado que
Globovisión hace “uso clandestino” con sus equipos microondas del espectro radioeléctrico.
El 11 de diciembre de 2003, los abogados de Globovisión
apelaron ante el máximo tribunal del país.
La medida de CONATEL contra Globovisión se tomó luego de que el 3 de octubre de 2003, funcionarios de ese organismo realizaran una inspección al canal para notificar la apertura
de un procedimiento sancionatorio y autorizar la incautación
de los siete equipos de microondas de propiedad del canal.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1864
9 de junio
Caso 103
AGREDEN A CAMARÓGRAFO Y LE QUITAN VIDEOGRABADORA
El camarógrafo José Barrios, del canal Venevisión, fue agredido y despojado de su cámara por un grupo de desconocidos cuando cubría una huelga de hambre de estudiantes de la
Universidad Central de Venezuela, en Caracas, capital del país.
Además fueron insultados la periodista Mariana Puche y
el asistente de cámara, Juan Carlos Albornoz, de Venevisión,
y la reportera Mariana Reyes y el camarógrafo Alejandro
Gómez, de Globovisión. Los hechos ocurrieron cuando la
163
sede de la universidad fue atacada con bombas lacrimógenas
lanzadas por presuntos estudiantes.
En el alboroto, los periodistas corrieron para protegerse
pero fueron alcanzados por los agresores, que patearon a José
Barrios y le quitaron su cámara.
Los periodistas se resguardaron en el vehículo de
Venevisión. En el lugar también se encontraba un equipo del
canal estatal Venezolana de Televisión, que hizo su trabajo sin
contratiempos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1866
2 de junio
Caso 104
IMPIDEN A FOTÓGRAFA INGRESAR A ASAMBLEA NACIONAL
El 2 de junio de 2009, la reportera gráfica Cecilia Rodríguez,
del diario El Nuevo País, fue impedida de ingresar a las instalaciones de la Asamblea Nacional, ubicada en Caracas. Los
guardias de seguridad le informaron que habían recibido una
orden para impedir su ingreso al recinto parlamentario.
La periodista dijo al IPYS que dos fuentes le indicaron que
la orden provino de la presidenta del Legislativo, Cilia Flores.
Rodríguez desconoce los motivos de la medida pero no descarta que sea porque a los parlamentarios del oficialismo les molesta sus fotografías, pues varias han servido para ilustrar portadas
del diario, que critica la gestión de la Asamblea Nacional.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1862
164
9 de junio
Caso 105
IMPIDEN INGRESO DE PERIODISTAS DE GLOBOVISIÓN
A RUEDAS DE PRENSA OFICIALES
La periodista de Globovisión, Adriana Salazar, su camarógrafo, Luis Lara, y el asistente, Ronny Alvis, fueron impedidos
de ingresar a las ruedas de prensa ofrecidas por el ministerio
de Agricultura y Tierras, y la empresa del Estado Petróleos de
Venezuela (PDVSA). En ambos casos les dijeron que no estaban convocados y que no podrían participar.
Adriana Salazar denunció al IPYS que el responsable de
prensa del ministerio de Agricultura y Tierras les indicó que
por orden del ministro Elías Jaua, la conferencia, que trataba
sobre el Plan Nacional de distribución de semillas de maíz,
era sólo para los medios oficiales. Luego, Salazar y su equipo
se dirigieron a Petróleos de Venezuela donde se presentaba el
balance de la asamblea de accionistas y los resultados financieros de 2008. El vigilante les indicó que no estaban en la lista de
medios invitados y que no podían pasar. A esta rueda de prensa
sí pudieron acceder otros medios privados.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1875
25 de mayo
Caso 106
RADIO DENUNCIA QUE ALCALDE AMENAZA CON EXPROPIARLE
TERRENO DE PLANTA DE TRANSMISIÓN
Policías y funcionarios municipales inspeccionaron sorpresivamente los terrenos donde se halla la planta transmisora de
165
la radio Class 98.7, en el municipio Tinaco, estado Cojedes,
centro del país. Según los funcionarios, la diligencia se realizó
por órdenes del alcalde, Teodoro Bolívar, integrante del oficial
Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV). La inspección
se hizo dos días después de que el funcionario amenazara en
su programa de radio “Teodoro con las comunidades” con
sacar del aire a la emisora y expropiarle los terrenos donde se
encuentra la planta de transmisión.
La jefe de prensa de la Gobernación de Cojedes, Rosanny
Mogollón, desmintió que la inspección se haya realizado contra Class 98.7.
El director del medio, Rafael Oviedo Herrera, denunció
al IPYS que las amenazas de Bolívar y la inspección de los terrenos se deben a la línea editorial del medio, vocero de las
comunidades.
Oviedo recordó que Bolívar, en su programa, amenazó con
expropiar los terrenos donde está el transmisor de la radio y que
también señaló que grabarán todos los programas de Class 98.7
para llevarlos a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
para que los analicen y les revoquen la licencia.
La radio funciona desde hace 16 años y su licencia vence
el año 2022.
Oviedo denunció también que el pasado 20 de mayo,
unas cincuenta mujeres seguidoras de Bolívar intentaron tomar la emisora, hiriendo al locutor Alexander Mireles (fractura en dos costillas), y al presidente de la radio, Luis Felipe
Oviedo, a quien le robaron dinero.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1874
166
16 de junio
Caso 107
GLOBOVISIÓN ENFRENTA NUEVO PROCESO ADMINISTRATIVO
QUE PODRÍA REVOCAR SU CONCESIÓN
El 16 de junio de 2009, la Comisión Nacional de Teleco­mu­
nicaciones (Conatel) inició un proceso administrativo contra
Globovisión, por la presunta difusión de contenidos que infringen la legislación penal. Éste es el cuatro proceso contra
el canal en ocho meses.
IPYS constató que la nueva notificación de Conatel entregada al canal (http://imagenes.globovision.com/archivos/119495_oficioConatel.pdf) no consigna cuáles fueron los
contenidos por lo que se le acusa, pero sí las fechas y nombres
de los programas: el 13 de octubre pasado, programa “Aló
Ciudadano”; el 22 de marzo último, programas “Noticias
Globovisión” y “Aló Ciudadano”; entre el 3 y el 6 de abril de
2009, en los programas y segmentos “Usted lo Vio”, “Tres para
las Nueve”, “Entretelones de Juicio” y “Noticias Globovisión”;
el 19 de mayo, en el programa “Buenas Noches”; y el 10 de
mayo, en el programa “Aló Venezuela”.
Conatel se ampara en el artículo 171, numeral 6, de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que revoca la concesión a los medios que sean usados para coadyuvar a la comisión de delitos.
La entidad informó que mientras la Fiscalía General de
la República no establezca la responsabilidad penal del canal, el proceso quedará suspendido. La consultora jurídica de
CONATEL, Roselyn Daher, señaló que si el Ministerio Público
comprueba que Globovisión usó sus programas para actividades
catalogadas como delitos, se le revocará la concesión.
167
Los otros tres procesos abiertos contra el canal desde octubre pasado se basan en la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1877
16 de junio
Caso 108
GLOBOVISIÓN DENUNCIA INCREMENTO INFUNDADO DE TRIBUTOS POR
TRANSMITIR PROPAGANDA DE PARO NACIONAL
El 16 de junio de 2009, Globovisión denunció que el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), encargado de la administración de los ingresos fiscales, incrementó en más de 4 millones de bolívares (US$1
millón 860 mil) el pago que le impuso el pasado 5 de junio,
por impuestos, intereses y una multa por transmitir propaganda política sobre el paro nacional de diciembre de 2002.
Según la notificación, el 5 de junio, Globovisión debía
abonar 5 073 589 de bolívares (US$ 2 359 808,83). Cuando
representantes del canal buscaron las planillas que emite la
entidad para la recepción de los pagos, les dijeron que ahora
debían pagar 9 043 788 bolívares (US$ 4 206 413,02), porque el monto de la unidad tributaria se había incrementado;
explicación infundada para el canal ya que la última variación
de ese valor fue en marzo de 2009.
Este proceso se debe a una investigación que abrió el
SENIAT en marzo de 2003 a los canales Globovisión, Radio
Caracas Televisión y Televen, por las propagandas políticas que
transmitieron entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 sobre
168
el paro nacional, convocado por la opositora Coordinadora
Democrática, la Confederación de Trabajadores de Venezuela
y la cámara empresarial Fedecamaras, para exigir la renuncia
del presidente Hugo Chávez.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1878
2 de julio
Caso 109
ATACAN SEDES DE DIARIOS REGIONALES
En menos de una semana, las sedes de dos diarios regionales
fueron atacadas por grupos de simpatizantes del oficial Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El 1 de julio, una veintena de manifestantes atacó las oficinas de El Carabobeño y
el 2 de julio hizo lo mismo a la sede de Notitarde. Los impresos operan en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, al
centro del país.
Los manifestantes acusaron a los diarios de apoyar el golpe de Estado contra el depuesto Presidente de Honduras,
Manuel Zelaya, exigiéndoles que cambien su línea editorial.
En el caso de El Carabobeño, los manifestantes pintaron
las paredes del diario con mensajes a favor de Hugo Chávez,
contra el golpe en Honduras y con insultos a la prensa que
consideran contraria al régimen. Algunos agresores llegaron
en motocicletas y amenazaron a los reporteros gráficos que
fotografiaban los hechos.
En la protesta también participó el alcalde de Valencia,
Edgardo Parra, quien junto al director de la policía municipal, Chessar López, se entrevistaron con Carolina González,
169
jefa de redacción, y Belén Bellera, gerente de relaciones institucionales de El Carabobeño. Los funcionarios exigieron al
diario cambiar su línea editorial en relación con la cobertura
de la crisis en Honduras.
En la sede de Notitarde, los manifestantes amenazaron a
los periodistas, lanzaron zapatos contra las paredes y rompieron el letrero de identificación ubicado en la entrada del diario.
El 29 de junio pasado, las sedes de Notitarde y El Cara­
bobeño de la ciudad de Puerto Cabello, al norte de Carabobo,
fueron pintadas por simpatizantes del PSUV donde declaraban a los diarios “objetivos políticos”. La manifestación fue
organizada por el alcalde Rafael Lacava, en rechazo a las líneas editoriales de estos medios. En la manifestación los participantes alegaron que los impresos están en contra del gobierno nacional.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1889
8 de julio
Caso 110
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
INTIMIDA A PERIODISTA
La periodista Vanessa Gómez Quiroz, del diario El Nacional,
fue intimidada por la presidenta del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, cuando en una rueda
de prensa en la sede de la Fiscalía General de la República la
magistrada le dijo: “Es peligroso meterse conmigo”, luego de
que la periodista le hiciera una pregunta que la jueza consideró incómoda.
170
Estela Morales le recordó a Gómez lo que le pasó al periodista Eligio Rojas, del diario Últimas Noticias. En 2007,
Eligio Rojas fue separado de la cobertura en el TSJ sin explicaciones, según él, por orden de la magistrada, por haber denunciado que ella le prohibió el ingreso al máximo tribunal a
un grupo de reporteros.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1895
3 de julio
Caso 111
CENSURAN AVISOS SOBRE DEFENSA DE PROPIEDAD PRIVADA
E INVESTIGAN A MEDIOS QUE LOS DIFUNDIERON
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a
través de una medida cautelar, ordenó a los canales Venevisión,
Meridiano Televisión, Globovisión y a las radios Onda 107.9
FM y Fiesta 106.5 FM, dejar de transmitir todas las piezas de
la campaña “En defensa de la propiedad”, por considerar que
dichos mensajes causan angustia, temor y zozobra en la población, alteran el orden público y la seguridad nacional, violando así el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión.
Conatel anunció la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra los medios que transmitieron la campaña y contra los anunciantes y creadores de la misma, las
ONG Cedice Libertad y Asoesfuerzo, por presuntas infracciones contra el artículo 29.
Conatel le otorgó a los medios señalados cinco días para
oponerse a la medida cautelar y 10 días para exponer sus ale171
gatos y defensa en relación con el procedimiento administrativo sancionatorio.
Éste es el quinto proceso administrativo sancionatorio
que le inicia Conatel a Globovisión en nueve meses. A la fecha ninguno ha tenido decisión definitiva.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1894
3 de julio
Caso 112
FISCAL GENERAL ANUNCIA PROYECTO DE LEY CONTRA
“DELITOS MEDIÁTICOS”
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que junto a un grupo de abogados y expertos del organismo preparan un proyecto de ley contra los denominados
“delitos mediáticos”, con el fin de establecer sanciones penales
para periodistas y medios de comunicación.
La Fiscal hizo el anuncio tras rechazar la difusión de una
campaña que promueve una ONG en defensa de la propiedad privada. La funcionaria consideró que la emisión de dicha campaña altera el orden público.
La iniciativa fue anunciada por la funcionaria en su programa radial “En sintonía con el Ministerio Público”. Ortega
justifica el proyecto considerando que los instrumentos legales existentes sólo establecen sanciones administrativas, pero
no tipifican delitos que pueden ser penalizados.
Sin embargo, el Código Penal contempla multas y penas
de cárcel por delitos de opinión. El Código y el proyecto de
ley de la Fiscal contravienen la normativa internacional que
172
promueve la despenalización progresiva de los delitos por los
abusos de la libertad de expresión.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1902
10 de julio
Caso 113
CANAL REGIONAL AFIRMA QUE CERRÓ POR PRESIONES ECONÓMICAS
Y POLÍTICAS
El canal Órbita TV, que opera en la zona norte del estado
Anzoátegui, al nororiente de Venezuela, cesó sus operaciones
alegando dificultades económicas debidas a las presiones ejercidas por el gobierno regional sobre los anunciantes.
El gerente de Operaciones de la estación, Marcos
Figueroa, denunció al IPYS una “guerra abierta” entre el gobernador Tarek William Saab y Órbita TV, acusándolo de
presionar a los anunciantes y también a la empresa de cable
Intercable, que provee el servicio de transmisión, para boicotear la señal del medio de comunicación.
Figueroa recordó que en cuatro meses, Intercable los cambió
a cuatro canales distintos. Califica la medida como un sabotaje.
En junio pasado, el diputado de la Asamblea Legislativa
Regional, Juan Guaramaima, pidió a las autoridades de telecomunicaciones intervenir el circuito de Órbita TV, sindicando a los dueños de conspiradores.
Durante sus intervenciones en el programa gubernamental
transmitido por radio y televisión, Tarek William Saab ha cuestionado en varias oportunidades las líneas editoriales de Órbita
TV y Circuito Radial Órbita, ambos con señal en los estados de
173
Anzoátegui y Monagas. Aún transmiten las estaciones de Órbita TV
en El Tigre, al sur de Anzoátegui y Maturín, en el estado Monagas.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se solidarizó
con el medio. Isbelsy Hernández, secretaria del gremio, rechazó las presiones económicas y políticas que pesan sobre varios
medios de comunicación para, según dijo, imponer una línea
editorial que apoye al gobierno nacional.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1900
21 de julio
Caso 114
EFECTIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL RETIENEN MATERIAL
AUDIOVISUAL A REPORTEROS
Efectivos militares requisaron y retuvieron cintas de video y
tarjetas de memoria de cámaras fotográficas a un grupo de
periodistas que cubrían una asamblea de trabajadores en la
empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor) de Ciudad
Guayana, estado Bolívar, sur del país.
Krisaura Vital, corresponsal de RCTV Internacional, dijo
al IPYS que una decena de militares la detuvo junto a Lorena
Cañas, de Globovisión, Nayleth Marcano, de Orinoco TV,
Henry Prada, del diario Nueva Prensa de Guayana y Gerardo
Harewood, del Diario de Guayana.
Los periodistas fueron requisados uno por uno, revisando los vehículos y sus maletines. Los efectivos, que se encontraban armados, amenazaron con detener al que pusiera resistencia. También exigieron que se les entregue las imágenes
grabadas y las tarjetas de video.
174
Harewood denunció que los militares querían retener sobre todo el material grabado por RCTV Internacional, donde
se registran declaraciones de los trabajadores y vistas del interior de la empresa en mal estado.
Vital dijo al IPYS que agentes de seguridad privada de la
empresa tuvieron un trato hostil con los medios, impidiendo el paso y colocando las manos en los lentes de las cámaras
para impedir que sean filmados.
Vital narró que los equipos fueron trasladados al destacamento 88 de la Guardia Nacional, bajo el argumento de
que las filmaciones son parte de un movimiento de espionaje y saboteo, por lo cual fueron calificadas como material de
inteligencia.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1919
23 de julio
Caso 115
SIMPATIZANTES DE CHÁVEZ PROTESTAN EN SEDE DE CANAL PRIVADO
PARA EXIGIR QUE REVOQUEN SU LICENCIA
Un grupo de simpatizantes del presidente Hugo Chávez se
congregó en la sede del canal Globovisión para protestar contra el llamado “latifundio mediático” y exigir se le revoque la
licencia de transmisión al canal privado.
Los manifestantes portaban pancartas con frases que acusan a la televisora de mentir, ser golpista y no transmitir información veraz sobre los planes sociales que promueve el gobierno nacional. También rayaron graffitis en las fachadas de las
viviendas aledañas al canal con lemas alusivos a estos temas.
175
La manifestación fue custodiada por efectivos de la Policía
Metropolitana.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1917
22 de julio
Caso 116
IMPIDEN INGRESO DE LA PRENSA AL PALACIO DE JUSTICIA
La presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Venicce
Blanco, prohibió la entrada a los medios de comunicación,
tanto privados como estatales, a la sede del Palacio de Justicia.
Mayela León, reportera de Globovisión, señaló que les
comunicaron que dicha medida estará vigente “hasta nuevo aviso”.
Es la tercera vez en lo que va de año que se prohíbe la entrada de la prensa a este organismo. La primera ocurrió el 20
de abril, cuando se iba a desarrollar una audiencia al ex alcalde de Maracaibo, Manuela Rosales. La otra fue el 17 de julio cuando el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga,
tuvo que acudir a los tribunales por el caso de una de sus empresas acusada de acaparamiento.
En esta oportunidad los periodistas cubrían una nueva
audiencia de Guillermo Zuloaga, por el mismo caso.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1916
176
22 de julio
Caso 117
MILITARES IMPIDEN A PERIODISTAS CUBRIR PROTESTA.
LOS AMEDRENTAN E INTENTAN QUITARLES SUS EQUIPOS
Tres periodistas del estado Táchira fueron retenidos por más
de una hora por efectivos de la Guardia Nacional, quienes les
impidieron llegar al lugar de una protesta de trabajadores de
la construcción. Sin razones aparentes los amenazaron con
encerrarlos en los calabozos e intentaron quitarles sus equipos de trabajo.
Los periodistas afectados son Zulma López, corresponsal
de RCTV Internacional y del diario El Universal, su camarógrafo, Jesús Molina; y la corresponsal del Diario Panorama,
Thais Jaimez. Ellos intentaban cubrir la protesta de un grupo de obreros afiliados a la Federación de trabajadores del
Táchira (Fetratáchira), que denunciaban haber sido removidos
de sus labores por no pertenecer al Sindicato Bolivariano de la
Construcción.
Zulma López narró al IPYS que camino a la comisión lograron sortear un primer retén militar. Sin embargo, cuando
pasaron el segundo, los efectivos les impidieron continuar. Los
periodistas insistieron sin éxito. Antes de irse Zulma López
tomó fotos con su teléfono celular para registrar el hecho,
lo que molestó a uno de los militares identificado como el
sub teniente Vázquez, encargado de los Servicio de Seguridad
Urbana del Comando Regional 1 de la Guardia Nacional.
El militar les exigió que le entreguen el celular y la cámara. Ante la negativa del camarógrafo, el funcionario forcejeó
con el periodista rompiéndole el lente de la videograbadora.
177
Según los periodistas, los militares los rodearon y mostraron
sus armas para amedrentarlos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1915
21 de julio
Caso 118
POLICÍAS INTENTAN DETENER A CONCEJAL POR OPINAR EN SU
PROGRAMA DE RADIO SOBRE DENUNCIA DE CORRUPCIÓN
Una treintena de policías llegó hasta la sede de la emisora
Playera 101.9 FM para arrestar al concejal de oposición y
coordinador del partido Primero Justicia, Emilio Guzmán,
quien opinó en su programa “Claro y Raspao” sobre una denuncia de presunta corrupción dentro de la policía de Puerto
Píritu, en el municipio, estado Anzoátegui, al noreste del país.
Según Guzmán, los agentes pretendían llevarlo a la comandancia, para hablar con el comisario Daniel Silva. A su
juicio, los efectivos pretendían amedrentarlo por las denuncias de presunta corrupción comentada en su programa.
Aseguró que los policías no presentaron ni orden de detención ni de comparecencia emitida por la Fiscalía o por los
tribunales de justicia, por lo que se negó a abandonar la sede
de la emisora. El piquete de policías permaneció apostado durante dos horas frente a la radio.
Emilio Guzmán denunció el acoso policial ante la Fiscalía
del Ministerio Público, así como ante la comandancia de la
Policía del Estado Anzoátegui.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1914
178
16 de julio
Caso 119
MINISTRO ANUNCIA QUE ACTIVARÁ MECANISMOS LEGALES
PARA QUITAR “EL 50% DE CONCESIÓN” A CANAL
Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para las Obras
Públicas y Vivienda y encargado de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) anunció que el gobierno activará mecanismos legales para recuperar “el 50% de la concesión” del canal privado Globovisión. El ministro hizo este
anuncio en el programa “Despertó Venezuela”, del canal estatal Venezolana de Televisión, y agregó que si por él fuera cerraría Globovisión.
Según explicó Cabello, la concesión de Globovisión fue
entregada a dos personas, una de ellas ya fallecida, por lo que
el gobierno está activando mecanismos legales para que el
Estado recupere el 50% de la concesión ya que, según dijo,
ésta “no es heredable”.
Cabello describió a Globovisión como “laboratorio de
guerra sucia”, y advirtió que si el canal comete un delito, el
Estado le retirará la concesión.
El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, explicó
que la titularidad de la concesión del canal que en un principio le fue otorgada a dos personas naturales (Luis Teófilo
Núñez y Guillermo Zuloaga), fue traspasada a la empresa
Corpomedios, propietaria de Globovisión, y que dicho traslado fue notificado y aceptado por Conatel tras la muerte de
Núñez. Por lo tanto, la titular de la concesión es la empresa
Corpomedios, y no Zuluaga y el fallecido Luis Teófilo Núñez.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que los
titulares de las concesiones pueden ser personas naturales o
179
jurídicas, y no establece que se pueda quitar un porcentaje de
las concesiones.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1921
28 de julio
Caso 120
DESCONOCIDO LANZA PIEDRA Y HIERE A PERIODISTA
La periodista Cecilia Caione, de la emisora Unión Radio y
el diario Últimas Noticias, fue golpeada con una piedra en
la cabeza cuando realizaba, junto a un grupo de periodistas,
una entrevista a dirigentes del partido político de oposición
Primero Justicia. El hecho ocurrió en una de las entradas de
la Asamblea Nacional, en Caracas.
La piedra fue lanzada por un desconocido, que se encontraba en los alrededores junto a otras quince sujetos que lanzaban insultos contra los dirigentes. La periodista fue traslada
al servicio médico del Parlamento, donde fue atendida.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1924
29 de julio
Caso 121
JUEZA DICTA ORDEN DE PRISIÓN EFECTIVA CONTRA PERIODISTA
La jueza Fanny Yasmina, del Circuito Judicial Penal del Táchi­
ra dictó una orden de prisión contra el periodista Gustavo
180
Azócar, exigiendo su reclusión en un centro penitenciario
por violar el compromiso que le impide opinar públicamente sobre su proceso. El hecho ocurrió en la ciudad de San
Cristóbal, estado Táchira, al oeste del país (http://www.ipys.
org.ve/alertas_azocar2.htm)
Al término de la audiencia, Pedro Rey, abogado de Gus­
tavo Azócar, informó que el periodista fue trasladado a una
cárcel de Santa Ana, en Táchira, junto a otros presos comunes, despistando a la prensa para que no registre la movilización del detenido.
La jueza argumentó su decisión amparándose en el hecho
de que el periodista publicó en su página web www.gustavoazocar.com informaciones y comentarios vinculados a las audiencias que se han desarrollado como parte de su proceso.
Esto, según la jueza, obstruye y viola las normas de la medida sustitutiva que le permitían seguir el proceso en libertad.
Rey señaló la decisión de la jueza como excesiva ya que el
periodista ha cumplido con cada paso legal exigido, ha asistido a todas las audiencias, no existe peligro de fuga y todas
las pruebas y testigos han confirmado su inocencia. También
añadió que lo publicado en el portal web de Azócar no son
opiniones de él sino de usuarios del portal.
A Azócar se le acusa de lucro ilegal, falsedad de documentos privados y estafa vinculada a la contratación de pautas publicitarias entre la estación Radio Noticias 1060 AM, donde
Azócar trabajaba como coordinador general, y la Televisora
Regional del Táchira (TRT), donde el periodista conducía el
noticiario. Azócar sostiene que los delitos por los que se le
acusan son para silenciarlo por su postura crítica en su programa de televisión que se transmite a diario por la TRT.
181
La medida que obligaba Azócar a no emitir información
ante los medios sobre su proceso resulta contraria a las garantías constitucionales que existen en Venezuela para la libertad
de expresión.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1923
30 de julio
Caso 122
FISCAL GENERAL PRESENTA PROPUESTA DE LEY
“DE DELITOS MEDIÁTICOS” QUE PENALIZARÁ
A PERIODISTAS A Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta para penalizar
las conductas de dueños y trabajadores de medios de comunicación que generen alteraciones en la salud mental y la tranquilidad de los ciudadanos, sensación de impunidad o alteración del orden público, causando así falta de credibilidad en
las instituciones del Estado.
La propuesta será incorporada al proyecto de Ley contra
Delitos Mediáticos que está elaborando la Asamblea Nacional
a pedido de Ortega Díaz. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1902
Según la Fiscal existen nuevas formas de criminalidad
producidas por el “uso abusivo” que hacen los medios de comunicación de la libertad de expresión. También afirmó que
“la seguridad de la nación debe estar por encima de la libertad de expresión”, por lo que reclamó límites para el ejercicio
de este derecho.
182
El proyecto de ley contra Delitos Mediáticos lo prepara la
Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación
del máximo ente legislativo del país, y será presentado ante la
Asamblea Nacional la semana próxima.
La propuesta de la fiscal también contempla penas de cárcel desde seis meses hasta cuatro años para periodistas, directivos y dueños de medios, productores nacionales independientes, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona
que se exprese a través de cualquier medio de comunicación y
que dé información que se considere falsa, manipulada o que
vaya en perjuicio de los intereses del Estado.
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1922
3 de agosto
Caso 123
SIMPATIZANTES DEL GOBIERNO NACIONAL
ATACAN SEDE DE CANAL PRIVADO
Alrededor de 30 motoristas atacaron la sede de Globovisión.
Encabezados por Lina Ron, dirigente del partido Unidad
Popular Venezolana (UPV), adepto al presidente Hugo Chá­
vez, y portando boinas rojas y banderas de UPV, los agresores usaron armas de fuego para forzar el portón de entrada al
canal y someter al personal de seguridad. Una vez adentro,
lanzaron dos bombas lacrimógenas, una de éstas dirigida al
estudio donde se emite el noticiario.
A consecuencia del atentado resultaron asfixiadas cuatro
personas: Fabiana Schaell, empleada del canal embarazada
que se desmayó debido a los gases; Emiliana Voss, personal de
183
seguridad; José Peña, supervisor de seguridad de Globovisión;
y Maira Rodríguez, miembro de la Policía Metropolitana, que
fue golpeada con un objeto en la cabeza.
La Policía Metropolitana resguarda el canal en cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Globovisión denunció el atentado ante la Fiscalía General
de la República.
El 4 de agosto de 2009, el presidente Hugo Chávez anunciaría en cadena nacional de radio y televisión la detención
Lina Ron, presidenta del partido político Unidad Popular
Venezolana (UPV), por su participación en este ataque.
Finalmente se le liberaría sin sanción alguna en octubre, por
orden de de la jueza Leonilda Rojas, del Tribunal 18º de control.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1936
31 de julio
Caso 124
VIGILANTES IMPIDEN ENTRADA DE PERIODISTAS
A ORGANISMO ESTATAL
El 31 de julio de 2009, las periodistas Lorena Cañas, de Unión
Radio, y Krisaura Vital, de RCTV Internacional, fueron impedidas de ingresar al edificio de la estatal Corporación Venezolana
de Guayana (CVG) por un grupo de vigilantes de la entidad.
Cañas dijo al IPYS que fueron convocadas a una rueda de
prensa del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos
184
de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep CVG), pe­ro
al llegar los vigilantes les impidieron pasar.
Según las periodistas, la reacción de los vigilantes se debió a que no querían que la prensa grabara el interior de la
entidad pública.
La entrevista se realizó en el estacionamiento del edificio
y no en la oficina del Sindicato.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1935
30 de julio
Caso 125
AGREDEN Y DETIENEN A EQUIPO PERIODÍSTICO
DE GOBERNACIÓN REGIONAL
Entre el 29 y 30 de julio de 2009, efectivos de la Guardia
Nacional y de la policía del municipio Acevedo (Poliacevedo),
en el estado Miranda, agredieron y detuvieron en distintos
momentos a una periodista, un camarógrafo y un fotógrafo
de prensa de la Gobernación del estado Miranda.
El camarógrafo Leonardo Martínez fue detenido el 29 de
julio cuando cubría una protesta vecinal contra la Guardia
Nacional y el Policiacevedo por la toma de un centro de salud
ambulatorio. Cuando los efectivos se percataron que el camarógrafo grababa la manifestación lo golpearon con patada y lo
detuvieron También se llevaron su cámara.
Martínez fue acusado de instigación a delinquir, de alteración del orden público y de toma de propiedad pública. Sus familiares y compañeros no supieron de su paradero sino hasta el
30 de julio, cuando les informaron que estaba detenido en la co185
misaría de Acevedo. Luego fue trasladado a la sede de los tribunales donde se espera que el juez tome una decisión sobre su caso.
El fotógrafo Pablo Villareal y la periodista Aira Maya,
también del departamento de prensa y comunicación de la
gobernación de Miranda, fueron detenidos el 30 de julio en
la ciudad de Caucagua, cuando cubrían un enfrentamiento
entre policías y habitantes del municipio Acevedo, que realizaban nuevas protestas. Fueron acusados de alterar el orden
público. Aira fue golpeada en el rostro y oído por una policía
de Acevedo.
Villareal fue despojado de su cámara fotográfica, que le
fue devuelta posteriormente. Dos horas después fueron liberados, aunque antes un militar que no quiso identificarse, los
amenazó con que seguirían vigilados.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1932
3 de agosto
Caso 126
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ORDENA
CIERRE A 32 RADIOEMISORAS Y 2 TELEVISORAS
El Ministro de obras Públicas y Vivienda y Director de la Co­
misión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado
Cabello, anunció la revocatoria de las licencias y cierre inmediato de transmisiones a 32 radioemisoras y 2 televisoras, por presunta violación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, debido al supuesto incumplimiento de un proceso de actualización
de datos que ordenó Conatel y que realizó en junio pasado.
186
Cabello argumentó la drástica medida señalando que el
cierre de medios se aplica de forma expedita e inmediata, debido a que se trata de casos en los que hubo fallecimiento o
renuncia del titular de la concesión, vencimiento de la concesión, o improcedencia de solicitudes de cambio de títulos.
Los medios afectados son 12 emisoras AM, 20 emisoras FM
y 2 son televisoras UHF. Una de las radios es de Caracas y los
demás medios se encuentran en el interior del país (listado completo: http://www.globovision.com/news.php?nid=123396).
El pasado 3 de julio, el ministro Cabello ordenó a la
Conatel el inicio de un procedimiento para revocar las licencias que permiten transmitir en señal abierta a 240 radioemisoras (154 FM y 84 AM) y a 45 televisoras (10 VHF y 35
UHF) que habrían incumplido con el proceso de actualización de datos convocado por el organismo. El cierre de estos
34 medios es el primer resultado de estos procedimientos. Se
espera que en los próximos días el ministro Cabello anuncie
medidas de cierre para otros medios.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1931
3 de agosto
Caso 127
IMPIDEN A REPORTEROS DE GLOBOVISIÓN CUBRIR RUEDA
DE PRENSA DEL OFICIALISMO
Un equipo periodístico de Globovisión fue impedido de ingresar a la conferencia de prensa que ofrece tradicionalmente los lunes el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
187
fundado por el presidente Hugo Chávez, en su sede principal en Caracas.
La periodista Jannelié Briceño Condado explicó que fueron a cubrir el hecho ante una invitación enviada al canal.
Sin embargo, en la sede del partido les dijeron que dicha invitación era falsa pues la dirección de correo por la cual había sido enviada no corresponde con la dirección de correo
de prensa del PSUV.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1939
5 de agosto
Caso 128
CAMARÓGRAFO Y ASISTENTE DE GLOBOVISIÓN RETENIDOS
POR MÁS DE TRES HORAS EN BASE MILITAR
El camarógrafo Robmar Narváez y su asistente, Jesús Hernán­
dez, del canal Globovisión, fueron detenidos cuando captaban la imagen de un mural cuyos dibujos de varios próceres
regionales habían amanecido con pintas rojas y símbolos de
mordaza. El mural se encuentra en una de las paredes perimetrales de la 13ª Brigada de Infantería del Ejército de la ciudad
de Barquisimeto, en el estado de Lara. Los periodistas fueron
detenidos por orden del general Gerardo Izquierdo, comandante de dicha brigada militar.
Narváez dijo al IPYS que hacía tomas del mural cuando el
general Izquierdo lo abordó para exigir que le muestre su credencial de periodista. Como Narváez no la tenía a la mano le
mostró su cédula de identidad. El general ordenó a tres oficiales
que retuvieran al periodista y lo llevaran a la sede militar. Junto
188
a Hernández, fue sometido a un interrogatorio por agentes de
inteligencia. También les tomaron fotos, escanearon sus cédulas
de identidad y revisaron las imágenes captadas.
Doricer Alvarado, periodista de Globovisión, denunció
que camarógrafos de Televen y Venezolana de Televisión, y el
equipo de prensa de la gobernación del estado Lara también
grabaron el mural pero no fueron detenidos ni interrogados.
Izquierdo desmintió que los periodistas hayan sido detenidos, sino que fueron “invitados” a la base militar para saber
quiénes eran.
La Ley de Seguridad y Defensa de Venezuela no contempla ninguna disposición que prohíba tomar registro gráfico
de las fachadas de las instalaciones militares.
Narváez y Hernández permanecieron más de tres horas en
la sede militar. Fueron sometidos a un chequeo forense, para
dejar constancia de que no fueron maltratados.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1941
5 de agosto
Caso 129
MILITARES IMPIDEN COBERTURA DE MARCHA FRONTERIZA
A PERIODISTAS COLOMBIANOS
El 5 de agosto de 2009, efectivos de la Guardia Nacional
impidieron el paso a Venezuela de un grupo de periodistas
colombianos que cubría una manifestación en la frontera colombo-venezolana.
Los periodistas fueron: Ernesto Duarte y Esneider Me­
doza, del diario La Opinión, Diego De Pablos, de RCN Tele­
189
vi­sión, Carlos Salazar, del canal CMI, Jorge Chamucero, de
RCN Radio y Carlos Galeano, de ATM.
Los reporteros cubrían una marcha de comerciantes colombianos y venezolanos en el puente internacional Simón
Bolívar, que une la ciudad colombiana de Cúcuta con San
Antonio del Táchira, en Venezuela. Los manifestantes exigían
la normalización de la actividad comercial entre ambos países,
truncados tras los problemas diplomáticos entre los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe.
Una vez que la marcha llegó al puente, un efectivo de la
Guardia Nacional indicó a los periodistas colombianos que
no podían seguir sin que desde Caracas se dictara una orden
que lo permitiera, según refirió a IPYS Esneider Medoza.
Los periodistas decidieron quitarse los chalecos que los identificaban, esconder sus equipos y pasar por el puente como manifestantes, debido a que la guardia venezolana no impuso ninguna restricción ni para ellos ni para los periodistas venezolanos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1943
3 de agosto
Caso 130
OFICIALISTAS ARREMETEN CONTRA REPORTEROS
DURANTE PROTESTA
Una protesta convocada por el colegio de periodistas, políticos de oposición y organizaciones de la sociedad civil de la
ciudad de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, dejó
a dos periodistas y un reportero gráfico heridos luego que los
manifestantes se enfrentaran con simpatizantes del gobierno.
190
Los manifestantes protestaban contra el proyecto de ley
de Delitos Mediáticos y por el cierre de radio Órbita 107.5
FM frente a la sede de la emisora. Militantes del partido
Primero Justicia (oposición) extendieron una cadena humana en la avenida que impidió el libre el tránsito de los autos y
provocó la reacción de un grupo de simpatizantes del oficialismo, apostado a pocos metros de la protesta. Ambos grupos se
agredieron. Alrededor de 30 periodistas, entre camarógrafos,
fotógrafos, reporteros y redactores que se encontraban en la
manifestación para protestar y cubrir los hechos, se refugiaron
en la sede de la radio clausurada.
Desde afuera, los oficialistas los apedrearon para impedir que salieran e incendiaron el camión que transportaba
los equipos de audio para la marcha. La policía municipal de
Puerto La Cruz llegó horas más tarde pero sólo para resguardar una estación de gasolina cercana.
Periodistas y políticos refugiados en la sede de la radio llamaron al alcalde Stalin Fuentes, del oficial Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), y al comandante de la policía
Municipal, Antonio Briceño. Éste último les dijo que su personal no tenía los equipos antimotines pero que él mismo escoltaría a algunos políticos.
El periodista Andrés Astudillo, del diario El Tiempo,
huyó del lugar pero fue agredido. Ha denunciado por amenazas a funcionarios de la alcaldía de Puerto La Cruz. También
hirieron a Roberth Aguilar, fotógrafo del diario El Norte, y
a Robert Alvarado, del equipo de prensa del partido Primero
Justicia, a quien golpearon en el rostro.
Los periodistas denunciaron los hechos en la Fiscalía del
Ministerio Público de Anzoátegui y ante la Fiscalía Primera.
191
El alcalde de Puerto La Cruz declaró que fueron los periodistas los provocadores. El gobernador Tarek William Saab
dijo que apoyaba el cierre de la emisora radial y acusó a dueños de medios y periodistas de fomentar la violencia.
4 de agosto
Caso 131
AGREDEN A PERIODISTAS DE MEDIOS ESTATALES
DURANTE COBERTURA
El equipo periodístico del canal estatal Venezolana de
Televisión (VTV), conformado por el periodista Roberto
Tovar y el camarógrafo Emiro Carrasquel; y el periodista
Renzo García, de Color TV –televisora que se encuentra provisionalmente bajo el control de la Gobernación del estado
Aragua–, fueron agredidos cuando cubrían el allanamiento
de la vivienda de la periodista del canal privado Globovisión,
Carmen Elisa Pecorelli, ocurrido en Aragua, al norte del país.
Mientras ocurría el allanamiento, un grupo de personas se
congregó frente a la residencia de la periodista para manifestarle su apoyo, entre ellos líderes de la oposición venezolana.
De acuerdo a Roberto Tovar, reportero de VTV, estas personas agredieron a la fiscal encargada de la diligencia. Pero al
percatarse que el canal del Estado cubría el suceso, empezaron
a hostigar e insultar a los reporteros, gritándoles que se vayan.
Tovar dijo que una de las personas que lo acosó y amedrentó fue María Elena Ferrer, integrante del Comando Nacional de
la Resistencia, grupo creado para hacer oposición al presidente Hugo Chávez. Luego, líderes estudiantiles que el periodista identificó como miembros de la plancha estudiantil “100%
192
UBA” –Universidad Bicentenaria de Aragua–, intentaron qui-
tarle la cámara a Carrasquel para impedir que filme los hechos.
Más tarde, cuando Tovar, Carrasquel y García se retiraban
del lugar, los opositores de Chávez intentaron golpearlos. Uno
de los estudiantes lanzó una piedra al vehículo donde se trasladarían Tovar y Carrasquel, rompiendo uno de sus vidrios.
Los reporteros denunciaron los hechos ante la policía de
Aragua y el Ministerio Público.
El allanamiento a la vivienda de Pecorelli se debió a una
investigación por corrupción que lleva a cabo la policía contra el ex gobernador de esa entidad, Didalco Bolívar. Por estos
hechos se encuentra detenido Alejandro Ramírez, propietario de Color TV, razón por la que esta televisora se encuentra
bajo el control de la Gobernación de Aragua.
Pecorelli informó que los funcionarios policiales desconocían que ella era periodista, que esa era su vivienda y que fuese corresponsal del canal privado Globovisión. Agregó que se
comportaron de manera respetuosa. Le aclararon que el allanamiento se debía a la supuesta vinculación de un familiar de
ella, ex habitante de la residencia, con Ramírez.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1949
7 de agosto
Caso 132
DIRECTORA DE DIARIO DENUNCIA RESTRICCIONES
A SUS PERIODISTAS PARA ACCEDER A INFORMACIÓN
Irama Cabrera, directora del diario El Sol de Maturín, periódico del estado Monagas, al noreste del país, denunció las res193
tricciones que han sufrido periodistas y reporteros gráficos del
medio para acceder a información oficial. Según dijo al IPYS
desde hace tres meses los funcionarios públicos niegan abiertamente información pública a sus reporteros, por ser El Sol
el único periódico que difunde noticias que críticas al gobernador del estado, José Gregorio Briceño, del oficial Partido
Socialista Unidos de Venezuela (Psuv).
Cabrera relató que han aplicado otras medidas de presión
contra el diario. Desde septiembre de 2008 la gobernación
retiró la pauta oficial del medio. También han presionado a
algunos anunciantes para que retiren su publicidad y a las comunidades para que no hagan denuncias a El Sol, alegando
que sólo arreglarán sus problemas si la información no sale
publicada en ese medio de comunicación.
José Antonio Adrián, uno de los dueños de El Sol, tiene
una orden de detención en su contra por desacato, luego que
un tribunal fallase a su favor por un litigio sobre un terreno
invadido y él reclamase a la autoridad municipal la ejecución
de la orden. El gobernador Briceño ha acusado públicamente
a Adrián de ser prófugo de la justicia.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1948
5 de agosto
Caso 133
‘HACKEAN’ SITIO WEB DE EMISORA
Durante la noche del 5 de agosto de 2009, piratas informáticos hackearon la página web www.cnb.com.ve que pertenece
la radioemisora privada CNB 102.3, de Caracas. Página, que
194
mostraba la pantalla en blanco y un mensaje que decía “esta
página ha sido hackeada”. Permaneció así por treinta minutos.
Nadie se ha atribuido la autoría de esta agresión.
Desde el 1 de agosto, CNB 102.3 transmitía su programación vía Internet luego que su licencia fuera revocada por
Conatel (http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1931).
Por ese motivo, este hecho podría ser una intimidación contra
el medio para acallar su voz crítica frente al gobierno.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1947
6 de agosto
Caso 134
CANCELAN PROGRAMA. PERIODISTA DENUNCIA
QUE SE DEBE A SU LÍNEA EDITORIAL
El comunicador social Antonio Di Giampaolo, ex diputado
a la Asamblea Constituyente de 1999, fue informado que su
programa “En el aire” fue cancelado. El programa se emitía
a través del canal privado regional TVS del estado Aragua, al
norte de Venezuela.
Di Giampaolo explicó al IPYS que su línea editorial fue
la razón que argumentaron los directivos de TVS para levantar del aire el espacio periodístico. Se trataba de un programa
de opinión con entrevistas sobre actualidad política, economía y asuntos regionales. También contaba con un servicio
de mensajería para que la audiencia enviara sus comentarios,
donde se daba cabida a personalidades de distintos sectores
de la política. Según el periodista, su programa era crítico con
todos los sectores.
195
“En el aire” llevaba emitiéndose 24 años, primero a través
de la emisora Radio Aragua y, desde hace 15, años por TVS.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1946
13 de agosto
Caso 135
APRUEBAN LEY DE EDUCACIÓN QUE AFECTA
A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley Orgánica de
Educación, que contiene principios que podrían fomentar la
censura y restringir la función informativa de los medios de
comunicación.
El artículo 50, numeral 12 de la Ley establece que: “se
pro­híbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, la agresividad, la indisciplina, deformen
el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental
y física de la población. En caso de infracción, los órganos
rectores en materia educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o
publicaciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano”.
De esta forma se le otorga al Estado la posibilidad de censurar los contenidos que se consideren contrarios al referido artículo,
pese a que la Constitución prohíbe expresamente la censura previa.
Por otro lado, la legislación venezolana, a través de la
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente
196
(LOPNA), ya establece principios referidos a la emisión de mensajes dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, por lo que IPYS
opina que la inclusión de restricciones hacia los contenidos de
los medios en la Ley de Educación resulta innecesaria y guarda relación con los discursos expresados recientemente por representantes del gobierno como el Ministro de Educación, la
Fiscal General y el propio presidente Hugo Chávez, que señalan que los medios causan zozobra, temor en la población y han
visto la necesidad de establecer restricciones legales.
La aprobación de esta Ley se realiza en un contexto en el
que se han emprendido diversas iniciativas legales orientadas
a criminalizar y penalizar a trabajadores de medios de comunicación, como la Ley Especial Contra Delitos Mediáticos
(http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1922).
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1953
13 de agosto
Caso 136
MILITARES AGREDEN A PERIODISTAS CUANDO CUBRÍAN
JUICIO CONTRA COMUNICADOR
Dos periodistas fueron agredidas en las afueras del Edificio
Nacional, sede de los Tribunales en la ciudad de San Cristóbal,
estado Táchira, al oeste del país. Los periodistas cubrían el
traslado del comunicador Gustavo Azócar a la audiencia
del proceso que se le sigue y que lo mantiene detenido en el
Centro Penitenciario de Occidente desde hace 16 días.
La corresponsal Yamilé Jiménez, de RCTV Internacional,
fue golpeada en los brazos por un miembro de la Guardia
197
Nacional. Eleonora Delgado, del diario El Nacional, fue insultada y empujada cuando intentaba acercar el micrófono
a Gustavo Azócar para que diera una declaración. Jiménez
señaló que en cada audiencia del juicio Azócar, la entrada a los
Tribunales es acordonada por al menos por 60 efectivos militares, para impedir la labor de los medios de comunicación. Esta
vez la periodista denunció que los militares la empujaron con sus
escudos y le dijeron frases ofensivas por su condición de mujer.
Al parecer el militar que comandó la agresión es el mismo que en días pasados detuvo a los equipos de prensa de
RCTV Internacional, y los diarios El Universal y Panorama,
cuando intentaban cubrir una protesta de trabajadores de la
construcción.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1952
13 de agosto
Caso 137
AGREDEN A PERIODISTAS MIENTRAS MANIFESTABAN CONTRA
PROYECTO DE LEY QUE AFECTA A LOS MEDIOS
Trece periodistas de los diarios Últimas Noticias, Líder y El
Mundo; y de la Cadena Editorial Capriles, resultaron heridos,
ocho de ellos de gravedad, mientras participaban de la protesta contra el proyecto de la Ley de Educación, discutido en la
Asamblea Nacional. Los agresores, adeptos al gobierno, atacaron a los periodistas con puños y palos. Algunos fueron identificados como trabajadores de la televisora oficial Ávila TV.
Los periodistas agredidos son: Octavio Hernández,
Manuel Alejandro Álvarez, Gabriela Iribarren, Jesús Hurtado,
198
Kaith Holmsquist, Marco Ruíz, Ubaldo Arrieta, Fernando
Peñalver, Marie Rondón, Greasi Bolaños, Glexis Pastran,
César Batiz y Sergio Moreno González.
Los periodistas manifestaban contra el artículo 50 de la
Ley de Educación, referido a los medios de comunicación. Al
periodista Marco Ruíz seis hombres lo patearon mientras estaba tirado en el suelo.
Durante la agresión no intervino ninguna autoridad y los
periodistas debieron regresar caminando a sus medios para
ser atendidos por médicos. Afectados con heridas y politraumatismos generalizados, nueve de ellos están internados en
el hospital.
El 15 de agosto de 2009, sería detenido Gabriel Uzcátegui
Beaumont, uno de los presuntos agresores de los doce periodistas del grupo editorial Cadena Capriles. Y el día 17 se detuvo a otros dos presuntos agresores, sin identificar. A pesar de
ello, no se imputaría a ningún ciudadano por el caso.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1951
13 de agosto
Caso 138
AGREDEN A PERIODISTAS DURANTE MANIFESTACIÓN
Tres equipos periodísticos fueron agredidos en las afueras de
la Asamblea Nacional, dos del canal Globovisión y otro de la
televisora por suscripción Rctv Internacional, mientras cubrían las manifestaciones originadas a favor y en contra de la
aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación, que se
discutía en la plenaria del organismo.
199
El equipo formado por la periodista Adriana Salazar y su
camarógrafo Carlos Arroyo, de Globovisión, fue amenazado
y rodeado por simpatizantes del presidente Hugo Chávez –pre­
suntos miembros del colectivo La Piedrita– quienes mostraban su apoyo al proyecto de ley. Los agresores no les permitían grabar la manifestación bajo amenaza de golpearlos. Pese
a que Arroyo no estaba grabando, lo golpearon en la cara.
Funcionarios de la Policía Metropolitana estaban presentes
durante la agresión y no hicieron nada para evitarla. El equipo
de Globovisión tuvo que retirarse sin cubrir la comisión.
Más tarde, otro equipo de Globovisión, encabezado por
la periodista Nahjla Isaacs, fue agredido mientras intentaban
entrevistar a un dirigente estudiantil que se encontraba en los
alrededores del Palacio Federal Legislativo protestando contra
la Ley de Educación.
Cuando el asistente de cámara, Oscar Graterol, quien llevaba una máscara anti-gas colgada del brazo, se acercó a la camioneta a buscar un micrófono fue interceptado por un grupo de motorizados, quienes le jalaron la máscara intentando
quitársela. En este caso la Policía Metropolitana intervino y
controló la situación.
En el caso de RCTV Internacional, el camarógrafo Simón
Rodríguez recibió un golpe en la nariz con un objeto lanzado
por presuntos simpatizantes de Hugo Chávez a la zona donde estaban congregados todos los periodistas que cubrían la
manifestación.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1957
200
11 de agosto
Caso 139
DIPUTADO DISCUTE CON PERIODISTA Y AMENAZA
CON GOLPEARLO
El diputado Pedro Lander, del oficial Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), discutió con el periodista Pedro Pablo
Peñaloza, del diario El Universal, y amenazó con golpearlo
cuando cubría una comisión en la Asamblea Nacional.
Peñaloza había ingresado, con permiso de un vigilante, a
la sala del pleno del Congreso para recoger copias de proyectos de leyes que el organismo estaba distribuyendo.
El periodista Carlos Guillén, de la emisora Unión Radio,
intentó recoger las mismas copias pero un funcionario de seguridad que se encontraba en la entrada de la sala de plenarias se lo impidió y le indicó que las copias se habían acabado,
pese a que el periodista las podía ver encima de una mesa. El
funcionario le dijo entonces a Guillén que por orden de Pedro
Lander él no podía estar en el lugar.
Guillén contó lo ocurrido a periodistas de otros medios y
Mariana Gómez, de Globovisión, informó del hecho en un
enlace en vivo.
Al ver el enlace de Globovisión, Lander echó la culpa a
Peñaloza, a quien recriminó a gritos por el hecho, amenazó
con golpearlo y le dijo para pelearse. El periodista rechazó la
provocación del parlamentario.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1956
201
13 de agosto
Caso 140
SIMPATIZANTES DE HUGO CHÁVEZ AGREDEN
Y ROBAN A PERIODISTA
La periodista Heidy Maldonado de la radioemisora privada
Radio Caracas Radio (RCR) fue agredida y asaltada por un
grupo de simpatizantes del presidente Hugo Chávez.
Maldonado se encontraba en los alrededores de la
Asamblea Nacional cubriendo una manifestación contra la
nueva Ley Orgánica de Educación, cuando unos quince motorizados vestidos con franelas rojas y portando banderas del
partido político UPV, dirigido por Lina Ron, se acercó a ella
para emboscarla y agredirla.
La periodista corrió y fue seguida por dos motorizados
que gritaban “a ella”. Al alcanzarla, uno de ellos bajo de la
moto, la lanzó al suelo, tomó su cartera y le robó su teléfono.
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1954
20 de agosto
Caso 141
DESCONOCIDOS HACEN PINTAS EN COLEGIO NACIONAL
DE PERIODISTAS
En horas de la madrugada, desconocidos pintaron la sede del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de la ciudad de San
Cristóbal, en el estado de Táchira, al oeste del país.
Los sujetos pintaron con rojo mensajes ofensivos contra
el periodista Gustavo Azócar, detenido desde hace 25 días en
el Centro Penitenciario de Occidente, contra la prensa inde202
pendiente, a favor de Simón Bolívar y con las siglas del oficial
Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV).
Las pintas también fueron hechas en locales donde se
reúnen sectores de la oposición.
Judith Valderrama, secretaria general del CNP, calificó lo
sucedido como un “acto vandálico” y pidió a las autoridades
que tomen las medidas necesarias para evitar actos violentos
contra los periodistas y comunicadores de esa región.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1961
26 de agosto
Caso 142
POLICÍAS AGREDEN A EQUIPO DE REPORTEROS
Daniella Morrel y José Ángel Colmenares, reportera y camarógrafo del canal RCTV Internacional, fueron agredidos por
efectivos de la policía cuando cubrían una protesta de transportistas que reclamaban por la demora en la construcción
de una vía en la población de Timotes, zona rural en el límite
de los estados andinos de Mérida y Trujillo, al oeste del país.
En medio de un enfrentamiento entre manifestantes y policías, los efectivos increparon a la periodista por estar en la
zona, le quitaron su micrófono y destruyeron el identificador
del medio. Al tiempo, otros efectivos hirieron con cuatro perdigones en las piernas a José Ángel Colmenares, que intentaba
proteger a su compañera.
Según denunció la periodista, cuando el transportista
Luis Pérez intentó intervenir en la agresión para protegerla,
203
los policías lo arrestaron, ordenado que sea trasladado a la
ciudad de Mérida.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1967
25 de agosto
Caso 143
EFECTIVOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL ARREMETEN
A GOLPES CONTRA PERIODISTAS
La periodista Yalexis Quero y el fotógrafo Alexis Crespo, del
Diario La Costa, y el reportero gráfico Roberto González, del
diario Notitarde, fueron agredidos por efectivos de la policía
municipal cuando entrevistaban a Jhonny Correa, Secretario
del Concejo Municipal de Puerto Cabello, ciudad costera del
estado Carabobo, al centro del país.
Unos 15 policías rodearon al funcionario e intentaron detenerlo a la fuerza. Correa agarró a la periodista y la puso delante como forma de protección. Los uniformados la tiraron
al suelo y la arrastraron, golpeándose los codos, piernas y espalda. Su libreta de apuntes, grabadora y teléfono móvil quedaron regados en el piso.
Alexis Crespo intentó fotografiar lo que ocurría cuando los policías amenazaron con quitarle su cámara fotográfica. También lo golpearon en la cabeza. El reportero gráfico
Roberto González fue agredido en la espalda.
Yalexis Quero intentó conseguir una declaración del director de la Policía Municipal de Puerto Cabello, comisario Bisis
Meza, para que explique la agresión contra la prensa, pero éste
se negó argumentando que como no estuvo en el lugar no tenía
204
certeza de lo denunciado. Sin embargo, Meza aparece en una
de las fotografías que logró captar Crespo en el lugar.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1971
19 de agosto
Caso 144
ABREN INVESTIGACIÓN JUDICIAL CONTRA DOCTORA
QUE INFORMÓ EN LOS MEDIOS SOBRE VIRUS AH1N1
La doctora Indira Briceño, coordinadora del área de emergencia
del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes
(IAHULA), fue notificada por la Procuraduría General por la
apertura de una investigación en su contra que responde a sus declaraciones en medios de comunicación sobre los casos afectados
por virus AH1N1 en el estado Mérida, al oeste del país.
El 13 de agosto pasado, Alexis Rosas, director del IAHULA,
anunció la investigación contra Briceño porque, según dijo, dio
a conocer a la prensa “información no autorizada”.
La notificación señala que Briceño será investigada por
haber violado disposiciones del Código Orgánico Procesal
Penal, no haber seguido instrucciones del gobernador y por
haber creado alarma pública, zozobra y pánico en la población. En el documento se advierte que podría ser sancionada
civil, administrativa y penalmente.
La investigación contra Briceño se hizo luego que informara a los medios locales sobre la cifra de muertos por el virus AH1N1. En sus declaraciones también cuestionó la falta
de organización del gobierno regional en la atención de la
epidemia y pidió la activación de una campaña de comunica205
ción para prevenir a la población de la pandemia. Sin embargo, en dos oportunidades fue desmentida por Nelly Molina,
directora de la Corporación de Salud de Mérida, quien negó
la ocurrencia de fallecidos por la enfermedad. Las cifras oficiales no reportan fallecidos por gripe AH1N1 en ese estado.
Briceño explicó a la prensa que si bien las muestras enviadas al Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, de
Caracas –único centro autorizado para realizar estas pruebas– arrojaron como negativos los casos sospechosos de gripe
AH1N1, un grupo de médicos del Hospital Universitario dudaron de los resultados pues los pacientes examinados presentaron síntomas del virus y fallecieron de neumonía. Briceño
dijo a la prensa que estaba convencida de que las muertes por
neumonía (nueve hasta la fecha) estaban vinculadas a la enfermedad, aunque las autoridades insistieran en negarlo.
Las declaraciones de Briceño fueron publicadas entre junio y agosto de este año, en los periódicos Diario Frontera,
Pico Bolívar, Cambio de Siglo y Diario de Los Andes.
En entrevista al diario Pico Bolívar, Briceño denunció las
presiones internas para impedir que declare a los medios. La
doctora accedió a las presiones a cambio de que la gobernación
informe sobre el tema. Como esto no sucedió, decidió declarar.
El 25 de agosto último, Briceño y otros cinco médicos
fueron citados a declarar ante el Cuerpo de Investigaciones
Penales, Científicas y Criminalísticas (Cicpc). Briceño decidió no comparecer ante la policía judicial hasta no aclarar su
situación legal.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1969
206
30 de agosto
Caso 145
AGREDEN Y ROBAN A PERIODISTAS DE MEDIO COMUNITARIO
Trabajadores del canal de televisión comunitario Montaña
TV, con señal en el municipio Andrés Bello, del estado
Táchira, al oeste del país, denunciaron que fueron golpeados y
despojados de una cámara de video cuando cubrían una marcha convocada por sectores opositores al gobierno de Hugo
Chávez, que se realizó el 29 de agosto último.
La manifestación pasó frente a la sede de la oficina regional
del Ministerio de Educación, donde se produjo un enfrentamiento entre simpatizantes y opositores al gobierno. Allí resultaron agredidos los trabajadores del medio comunitario.
Los periodistas Franklyn Machado, Greison Chacón y
Cristian Montoya, denunciaron que la violencia en su contra
sucedió por ser un medio que “apoya el proceso revolucionario”. Señalaron que les robaron una cámara Sony de propiedad
del Ministerio de la Comunicación, les quitaron las cintas de
vídeo, los golpearon e insultaron.
Machado, quien trabaja como camarógrafo para la oficina
regional del Ministerio de Educación, indicó que colaboraba para el equipo de Montaña TV cuando se vio rodeado por
una gran cantidad de personas que lo golpearon, causándole
algunas lesiones en el pecho y espalda. Dijo que tras lo sucedido teme por su vida.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1977
207
7 de septiembre
Caso 146
PROHÍBEN INGRESO DE PERIODISTAS DE MEDIOS PRIVADOS
A RUEDA DE PRENSA
Los equipos periodísticos de las televisoras RCTV Internacional
y Globovisión; y de las radioemisoras Radio Caracas Radio
(RCR) y Unión Radio, fueron impedidos de ingresar a una
rueda de prensa ofrecida en la sede de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel), en Caracas, alegando que no
estaban incluidos en la lista de invitados.
Los afectados fueron: el periodista Niomar Oropeza, el
camarógrafo Ronald Pérez y el asistente Manuel Basurco, de
RCTV Internacional; la periodista Katherine Hernández, el
camarógrafo Frank Fernández y el asistente Héctor Sánchez,
de Globovisión; Adriana Rodríguez, de RCR, y Vicente Bri­
ce­ño, de Unión Radio.
La rueda de prensa la ofreció Diosdado Cabello, ministro
y jefe de Conatel, para informar sobre el procedimiento administrativo sancionatorio contra Globovisión y el próximo cierre
de 29 radios que no habrían cumplido con actualizar sus datos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1995
5 de septiembre
Caso 147
MINISTRO ANUNCIA APERTURA DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
CONTRA GLOBOVISIÓN Y CIERRE DE 29 RADIOS
Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda
y jefe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
208
(Conatel), informó sobre la apertura de un nuevo procedimiento administrativo sancionatorio contra Globovisión y
anunció, como parte de las acciones del Estado para “democratizar” el espectro radioeléctrico, el cierre de 29 radioemisoras, que no identificó.
El ministro dijo esto durante una marcha en apoyo a la
Ley Orgánica de Educación y en rechazo a la instalación de
bases militares estadounidenses en Colombia.
El proceso contra Globovisión –el sexto en menos de un
año– se debe a los mensajes de texto que envían los televidentes y
que el canal publica en el cintillo del programa “Buenas Noches”.
Según Cabello, éstos incitan al golpe de estado y al magnicidio.
Cabello indicó que Globovisión es responsable de filtrar los
mensajes y acusó a la televisora de publicar sólo los que “le conviene”. También anunció que 29 radioemisoras saldrán del aire
por no haber actualizado sus datos ante Conatel en junio último.
El 31 de julio pasado, Conatel anunció la revocatoria de
licencias de transmisión de 32 estaciones de radio y 2 televisoras por esta misma causa. (http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=1931).
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1994
9 de septiembre
Caso 148
MINISTERIO PÚBLICO NOMBRA FISCAL PARA INVESTIGAR
A CANAL PRIVADO
El Ministerio Público nombró a Rosa Bueno Monsalve, fiscal
42° del Área Metropolitana de Caracas, para que investigue
209
a Globovisión por la difusión de mensajes de texto enviados
por los televidentes que, según la denuncia, incitan al “desconocimiento de las leyes” y llaman al golpe de estado.
El hecho sucede luego de que el ministro de Obras
Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, instó al Ministerio
Público a abrir un procedimiento penal contra Globovisión.
Según la denuncia, los mencionados mensajes podrían
generar alteraciones del orden público y atentar contra la seguridad de la nación.
Esta misma denuncia fue acogida por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que le abrió al
canal un procedimiento administrativo sancionatorio que,
por ser el sexto, podría culminar con la revocatoria definitiva
de su licencia.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1999
8 de septiembre
Caso 149
ENCUENTRAN PRESUNTO MATERIAL EXPLOSIVO
FRENTE A SEDE DE GRUPO EDITORIAL
Un miembro de seguridad de la empresa editorial Bloque de
Armas, ubicada en el oeste de Caracas, halló dos maletines
que, se sospecha, contendrían material explosivo.
Al lugar acudieron miembros de la División General
Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención
(Disip), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc), los Bomberos del Distrito Capital y
la Policía Metropolitana, que ordenaron el cierre de la avenida
210
donde está la sede del grupo editorial y el desalojo del edificio
con cerca de 400 trabajadores.
Los maletines eran negros y tenían relojes en la parte superior. La Brigada Antiexplosivos de la Disip se llevó el material para analizarlo.
Hasta los momentos ningún grupo se ha atribuido la autoría del hecho. La policía que investiga el caso no se pronunciará hasta el próximo 14 de septiembre.
Bloque de Armas es un grupo editorial que cuenta con
diarios, revistas, televisoras, editoras y distribuidoras de publicaciones. Sus representantes desconocen los motivos del
presunto atentado.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1998
6 de septiembre
Caso 150
MUERE CHOFER DE DIARIO ABALEADO CUANDO REGRESABA
DE COMISIÓN, SE DESCONOCEN CAUSAS
William Alexander Hurtado Rivas, chofer del diario Las
Noticias de Cojedes, murió luego de recibir un impacto de
bala en la cabeza la noche anterior cuando trasladaba al personal del diario a sus hogares. El crimen ocurrió en el sector
Limoncito, del estado Cojedes, al centro del país.
La Policía de Cojedes detuvo a dos sospechosos y buscan a
un tercero. Se desconoce si la agresión fue contra el medio de
comunicación o producto de un incidente por delincuencia común. Sin embargo, semanas atrás otro vehículo del mismo diario
fue apedreado, cerca de donde se registró este acontecimiento.
211
Hurtado conducía el vehículo de prensa cuando se oyeron
varios disparos. Cuatro balas impactaron el automóvil y una
de ellas penetró la cabeza de Hurtado, dejándolo inconciente.
Hurtado fue llevado al Hospital General Doctor Egor
Nucete, y luego trasladado a la ciudad de Valencia, para operarlo. Horas después falleció.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2003
14 de septiembre
Caso 151
SIMPATIZANTES DE CHÁVEZ INSULTAN A PERIODISTAS
QUE PROTESTABAN EN LA FISCALÍA
El 14 de septiembre de 2009, un grupo de periodistas que
protestaba frente a la sede del Ministerio Público, en Caracas,
fue insultado por simpatizantes del presidente Hugo Chávez.
Los periodistas exigían celeridad en la investigación sobre la
agresión que sufrieron los reporteros de la Cadena Capriles,
el 13 de agosto último (http://www.ipys.org/alertas/atentado.
php?id=1951).
Unos cincuenta simpatizantes chavistas les gritaron a los periodistas “lacayos del imperio”, “periodistas basura”, entre otros
insultos. Los agresores se negaron a dialogar con los periodistas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2006
212
17 de septiembre
Caso 152
ASAMBLEA NACIONAL ACUSA A LA SIP DE CONSPIRAR
CONTRA EL GOBIERNO
Mediante un aviso publicado en su página web, el 17 de septiembre
de 2009 la Asamblea Nacional acusó a la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) de desestabilizar y conspirar contra el gobierno
venezolano, por realizar en Caracas el Foro de Emergencia sobre
Libertad de Expresión el pasado 18 de septiembre.
En la reunión, la SIP abordó temas relacionados a las violaciones al libre ejercicio del periodismo en el continente y,
en especial, en Venezuela. El encuentro fue considerado por el
Parlamento como una “intromisión” en la política interna del
país, que busca sembrar dudas sobre la democracia venezolana.
La misiva del gobierno llama a la población a estar alertas
ante la reunión del organismo de prensa.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2012
25 de septiembre
Caso 153
ACOSAN A PERIODISTA CUANDO CUBRÍA MANIFESTACIÓN
Cecilia Rodríguez, reportera gráfica del diario El Nuevo País,
fue insultada y acosada por un sujeto al que identificó como
trabajador de la televisora oficial Ávila TV.
La fotógrafa cubría una manifestación de la Federación de
Trabajadores de la Industria Eléctrica que marchaban hasta la
sede de la Vicepresidencia, en el centro de Caracas, cuando el
desconocido, que portaba equipos de Ávila TV, se le acercó
213
con el micrófono y le increpó sobre su presencia en la marcha,
acusándola de trabajar para un medio “golpista”.
Luego, cuando ella intentaba fotografiara a los manifestantes, el hombre la persiguió y se dirigió a los trabajadores
advirtiéndoles que la fotógrafa tergiversaría la información
por ser de un medio opositor. También acusó a Rafael Poleo,
dueño del diario, de querer asesinar al presidente Chávez.
Los manifestantes sin embargo, defendieron a la periodista y se dejaron fotografiar.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2028
3 de octubre
Caso 154
ACOSAN A PERIODISTAS DE MEDIOS ESTATALES EN COBERTURA
DE MARCHA ESTUDIANTIL
Los periodistas Eliener Rivas y Pedro Carvajalino, de las televisoras estatales Venezolana de Televisión (VTV) y Ávila TV,
fueron insultados y rodeados por un grupo manifestantes que
participaban en una movilización convocada por estudiantes
que se oponen a la gestión de Hugo Chávez.
Los estudiantes exigían la liberación de algunos de sus dirigentes encarcelados por presuntos motivos políticos.
Los periodistas denunciaron que fueron empujados, golpeados, rodeados e insultados por los manifestantes que les exigían que se vayan de la marcha. Rivas añadió que le tumbaron
su micrófono cuando entrevistaba a uno de los protestantes.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2034
214
16 de octubre
Caso 155
NIEGAN ACCESO DE GLOBOVISIÓN A RUEDA DE PRENSA
EN PALACIO PRESIDENCIAL
Al equipo de prensa de Globovisión, integrado por la reportera
Adriana Salazar, el camarógrafo Carlos Arroyo y el asistente de
cámara, José Luis Zambrano, le fue impedido de ingresar a la
conferencia de prensa que ofrecería Jesse Chacón, ministro de
Ciencia y Tecnología, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
Según se les informó en la entrada, sus nombres y datos
no estaban acreditados en la lista de asistentes al evento.
Sin embargo, Salazar dijo al IPYS que ellos habían respondido a la convocatoria que recibieron para la rueda de prensa enviando sus datos hasta en dos oportunidades. Al llegar
a Palacio y comprobar que no estaban en la lista contactaron
con Daymeri Frusella, coordinadora de prensa del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, quien luego de una hora de hacerlos
esperar les ratificó que no podían ingresar.
Según los periodistas de Globovisión, éste fue el único medio impedido de cubrir ese evento, donde el ministro Chacón
rindió cuentas de su cartera.
15 de octubre
Caso 156
CITAN A PERIODISTA A COMPARECER ANTE LA FISCALÍA
El 15 de octubre de 2009, el periodista Francisco “Kico”
Bautista fue citado para comparecer ante el Ministerio Público
en calidad de “entrevistado”. La cita es para el próximo 22 de
215
octubre y está firmada por la fiscal 42º del Ministerio Público,
Rosa Nelly Bueno Monsalve, que señala que de no obedecer
la orden se pedirá a la policía la conducción del periodista por
grado fuerza.
Bautista es conductor del programa “Buenas Noches”,
que se emite por Globovisión, y al que la Fiscalía investiga
desde el pasado 9 de septiembre por la difusión de mensajes
de texto enviados por los televidentes que, según la denuncia, incitan al desconocimiento de las leyes y llaman al golpe
de Estado. (Ver alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.
php?id=1999)
Por este mismo caso se le abrió el sexto procedimiento administrativo sancionatorio a Globovisión.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2038
22 de octubre
Caso 157
NIEGAN ACCESO DE EQUIPO DE PRENSA A FORO
El 22 de octubre de 2009, el equipo periodístico de Goblo­
visión fue impedido de ingresar al foro Tecnología en la Edu­
cación, convocado por el Ministerio de Ciencia y Tecno­logía
y realizado en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV),
en Caracas.
La periodista, Nahjla Isaacs, el camarógrafo, Carlos
Arroyo y el asistente de cámara, José Luis Zambrano, fueron a
cubrir el evento cuando a su llegada personal de protocolo les
dijo que no se encontraban en la lista de medios convocados.
216
Isaacs contactó con la encargada de prensa del Ministerio,
Jazmín Durán, y ésta le dijo que sí estaban acreditados.
Sin embargo y luego de que la periodista insistió tres veces
con Durán, ésta le informó que la situación “escapaba de sus
manos”. Globovisión tuvo que retirarse del lugar.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2051
20 de octubre
Caso 158
ORDENAN CANCELAR PROGRAMA RADIAL EN EMISORA COMUNITARIA
El programa “Prodefensa del Derecho a la Educación”, que
se trasmitía por la emisora comunitaria Cielo 99.3 FM de
Barcelona, capital del estado Anzoátegui, fue levantado del
aire de forma intempestiva.
Según denunció José Urbano, conductor del programa y
director de la ong del mismo nombre, el hecho ocurrió por
órdenes del diputado Irán Aguilera, presidente del Consejo
legislativo Estatal, quien habría presionado al Otman Olivero,
director de la radio, tras la denuncia emitida en el programa
sobre un caso de abuso sexual de parte de un profesor contra una alumna de una escuela de esa ciudad. Urbano dijo al
IPYS que el maestro denunciado sería pariente del diputado.
Urbano relató que el 20 de octubre, junto a otros miembros de la ong, exigieron personalmente a Aguilera una explicación sobre su injerencia en la medida de clausura del
programa. Éste les contestó que el espacio promovía la “contrarrevolución, por lo que él no permitiría que se ventilaran
217
esas informaciones”. El diputado amenazó con un arma de
fuego a Urbano y le dijo que lo golpearía.
El periodista denunció los hechos ante el Ministerio
Público y la Defensoría del Pueblo.
IPYS contactó con Aguilera y preguntó sobre la denuncia
en su contra, pero respondió que desconocía del caso. El director de la emisora no pudo ser ubicado.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2058
29 de octubre
Caso 159
CITAN ANTE LA JUSTICIA A PERIODISTA POR OPINAR
SOBRE DENUNCIAS CONTRA UN ALCALDE
Francisco “Pancho” Pérez, columnista del diario El Carabo­
beño, asistió a la Fiscalía del estado Carabobo, región al centro del país, para comparecer ante la justicia tras ser denunciado de injuria por el alcalde Edgardo Parra.
La imputación deriva de una nota publicada el pasado 30
de marzo en su columna El Secreto, donde opina sobre una
denuncia contra el alcalde de Valencia por nepotismo.
La imputación es un procedimiento en el que la justicia
evalúa si hay motivos para acusar al denunciado. El Ministerio
Público tiene seis meses para tomar su decisión.
El fiscal XI, José Alberto Morillo, no solicitó medidas contra el periodista hasta determinar si hay acusación, sobreseimiento o archivamiento del caso.
Los abogados de Pérez informaron a los medios que el
caso no sería competencia de la Fiscalía por tratarse de una
218
denuncia por delitos de difamación e injuria, siendo una acción privada y no pública.
El periodista, que escribe su columna desde hace 25 años,
se puso a disposición de la justicia y afirmó que sus comentarios no tienen la intención perjudicar la imagen de nadie.
Pérez sería condenado en 2010 a tener casa por cárcel y
con prohibición de ejercer la profesión. Luego, en diciembre
de 2010, se levantaría la sanción.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2056
1 de noviembre
Caso 160
ECHAN A PERIODISTAS DE CEMENTERIO CUANDO INTENTABAN HACER
UN REPORTAJE SOBRE EL DÍA DE LOS MUERTOS
El 1 de noviembre de 2009, Georgely Morín y Saúl Uzcátegui,
periodista y fotógrafo del diario Tal Cual, fueron desalojados
del Cementerio General del Sur, ubicado en Caracas, cuando
hacían un reportaje sobre el tradicional Día de los Muertos,
celebrado en esa fecha.
Morín narró al IPYS que una supuesta funcionaria del cementerio, identificada por otros trabajadores como una “jefa”,
les ordenó que se fueran del lugar pese a que los periodistas
habían conseguido un permiso para hacer su reportaje.
La funcionaria no dio explicaciones sobre su decisión. Los
reporteros optaron por retirarse para evitar problemas mayores.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2061
219
28 de octubre
Caso 161
POLICÍA RETIENE A REPORTERO GRÁFICO
Larry Mejía, reportero gráfico del diario Notitarde, fue retenido por la policía tras negarse a entregar su cámara fotográfica.
El hecho ocurrió en la ciudad de Maracay, estado de Aragua,
al centro del país.
Mejía cubría la detención de dos estudiantes de la universidad El Limón de Maracay, que protestaban por el mal estado de la estructura de sus aulas. Un inspector de la policía
ordenó que le quiten la cámara, causando un forcejeo entre
el reportero y un efectivo. Mejía impidió el hecho y fue conducido en una patrulla hasta la Comisaría de Caña de Azúcar.
Gracias a la acción de periodistas de otros medios que se
comunicaron con altos mandos de la policía de Aragua, el reportero fue finalmente liberado.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2060
18 de noviembre
Caso 162
AGREDEN A PERIODISTA DE RADIOEMISORA ESTATAL
El 18 de noviembre de 2009, Luis Araujo, periodista de Radio
Nacional de Venezuela (RNV), fue agredido por personal de seguridad para impedir que se acercara a la rectora de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, quien daba
declaraciones durante una marcha contra la violencia convocada
por el Consejo Universitario, en Caracas.
220
Araujo denunció que cuando intentó acercarse a García,
en el espacio destinado para la prensa, escoltas de la rectora lo
tomaron por los brazos y se lo llevaron a la fuerza, alejándolo
del lugar y evitando que recogiera las declaraciones de la directiva universitaria.
La marcha se realizó dentro de las instalaciones de la universidad, en repudio a hechos violentos ocurridos dentro del
campus en días pasados.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2072
19 de noviembre
Caso 163
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CIERRA POR HORAS
MEDIOS OPOSITORES AL GOBIERNO
Las oficinas del diario El Nuevo País y de la Revista Zeta fueron cerradas administrativamente. La medida fue dictada por
la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria
(Sumat), ente adscrito a la Alcaldía de Caracas. El cierre se
extendió desde el mediodía hasta el final de la tarde. Ambos
medios mantienen una línea editorial opositora al gobierno
de Hugo Chávez.
Edgar Otálvora, director de El Nuevo País, dijo que durante el cierre los funcionarios del Sumat les solicitaron una
serie de documentos, desde el Registro Único de Información
Fiscal (RIF) hasta las actas de la junta directiva, pasando por
estados de cuenta de las empresas. Como este material se encontraba en la empresa que lleva la contabilidad, ubicada en
otro edificio, los medios fueron cerrados hasta que los docu221
mentos fueran llevados a la Municipalidad. Luego se decidió
la apertura de los medios y la revisión de documentos para el
pasado 20 de noviembre.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2071
9 de noviembre
Caso 164
ORDENAN NUEVO JUICIO CONTRA PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL
DE ASESINATO DE PERIODISTA
La Corte de Apelaciones del estado Monagas, al oriente de
Venezuela, ordenó un nuevo juicio contra José Ceferino
García Fermín, sindicado como el autor intelectual del homicidio del periodista Mauro Marcano, ocurrido en septiembre de 2004.
García fue liberado en 2008, tras un juicio por el mismo
proceso. La Corte de Apelaciones anuló dicha decisión, exigiendo la realización de un nuevo juicio en otro tribunal al
que decidió la libertad del acusado.
Mauro Marcano conducía un programa en la emisora Radio Maturín y escribía una columna en el diario El
Oriental, donde denunció a García Fermín como el jefe del
“Cartel del Sol”, un grupo de narcotraficantes que operaba en
la región.
García Fermín fue detenido en 2006 en Trinidad y
Tobago y encarcelado hasta el 2008, cuando el tribunal 5º de
Juicio de Monagas dictó la sentencia absolutoria a su favor,
pese a que existían pruebas que sustentaban la acusación en
su contra. La decisión fue apelada por el Ministerio Público.
222
Antes de su muerte, Marcano había recibido amenazas
para que no publicara más información sobre el “Cartel del
Sol”. El periodista fue asesinado a balazos por dos sujetos en el
estacionamiento de su vivienda (Ver alerta: http://www.ipys.
org/alertas/atentado.php?id=493).
García Fermín tiene orden de captura y actualmente se
encuentra prófugo de la justicia
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2075
5 de noviembre
Caso 165
MUNICIPALIDAD DE CARACAS EXIGE A GLOBOVISIÓN PAGAR MULTA
DE MÁS DE TRES MILLONES DE DÓLARES
Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas por el oficial Partido
Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), exigió a Globovisión
pagar al municipio 7 millones de bolívares (US$ 3,2 millones) por impuestos atrasados desde 2006.
De no cumplir, la televisora será multada de acuerdo con
las unidades tributarias que correspondan sobre los 46 meses
que adeuda, y a medidas legales como un cierre administrativo hasta de tres días.
Ana Cristina Núñez, consultora jurídica de Globovisión, explicó que el artículo 156 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
vigente desde 2001, señala que los negocios de telecomunicación
no pagan impuestos municipales, lo que se contradice con el artículo 290 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, del 2006,
que señala que estos negocios sí están obligados a cancelar impuestos. Sobre esa ley se ampara Rodríguez para exigir el pago.
223
Debido a esta contradicción, existe una sentencia de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
que ratifica lo establecido por la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, pese a que la Constitución establece que las actividades del sector de las telecomunicaciones son competencia
del Poder Público Nacional, por lo tanto, escapan a la jurisdicción de los municipios.
El 12 de agosto de 2007, Globovisión interpuso un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia para aclarar el tema, que aun no ha recibido respuesta.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2074
21 de noviembre
Caso 166
RETIENEN A EQUIPO PERIODÍSTICO QUE CUBRÍA COMISIÓN
EN PALACIO PRESIDENCIAL
El reportero Niomar Oropeza, el camarógrafo Wilson Cha­
cón y su asistente, Franklin Escalona, de la televisora RCTV
Internacional, fueron retenidos por más de media hora en el
Palacio de Miraflores, en Caracas, por haber entrado a una
zona de seguridad impuesta por la Guardia Nacional.
Los periodistas cubrían la entrega de una solicitud de audiencia con el presidente Hugo Chávez, presentada por estudiantes de varias universidades del país. Efectivos militares del
Palacio también intentaron impedir el trabajo del equipo de
Globovisión, integrado por la periodista Beatriz Adrián y su camarógrafo, José Umbría.
224
Los periodistas entrevistaban a los estudiantes fuera de
la zona de seguridad cuando éstos les pidieron que grabaran
la entrega del documento. Entonces, acordaron ingresar a la
zona y grabar el acto, mas no las instalaciones del Palacio. Las
tomas se hacían desde el vehículo de RCTV Internacional.
Cuando llegaron a la zona, dos oficiales se acercaron al vehículo informándoles que no podían seguir grabando. El equipo de RCTV intentó irse pero, según Oropeza, los militares les
dijeron que debían permanecer allí en calidad de “retenidos”.
Ante lo sucedido, los estudiantes llamaron a más de sus
miembros para que, junto con otros medios, vayan al Palacio.
Sólo así lograron que los periodistas fueran liberados.
Tras lo sucedido, el equipo de Globovisión fue intimado
por funcionarios de la Guardia Nacional cuando entrevistaban
al presidente de la Federación de Centros Universitarios de la
UCV, Roderick Navarro. Los militares se les acercaron armados
y se colocaron detrás del camarógrafo. Cuando Umbría intentó
grabar a uno de ellos, éste le golpeo la cámara en dos oportunidades. Los hechos ocurrieron fuera de la zona de seguridad.
Ambos equipos periodísticos conservaron sus grabaciones.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2077
8 de diciembre
Caso 167
RATIFICAN PRIVATIVA DE LIBERTAD A PERIODISTA
DETENIDO HACE MÁS DE UN AÑO
Fue ratificada la medida privativa de libertad contra el periodista Leocenis García, detenido por los presuntos delitos de
225
porte ilícito de armas, resistencia a la autoridad y daños a la
propiedad privada. La decisión la tomó el juez 23 de control,
Lenín Fernández Duarte, de Caracas.
El periodista, quien era editor de la revista Sexto Poder y columnista del periódico Reporte Diario de la Economía, se encuentra detenido desde el 3 de mayo de 2008, en el Penal del Tocuyito,
ubicado en el estado Carabobo, al centro norte del país.
Pedro Aranguren, abogado del periodista, dijo que interpondrá un recurso de amparo para velar por la integridad
de García, y apelará la medida ya que, según el artículo 243
del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), “toda persona
a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso... La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las
demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las
finalidades del proceso”.
El 7 de diciembre pasado, la defensa del periodista acudió al Ministerio Público para denunciar retraso procesal en el
caso de su defendido, ya que permanece más de año y medio
detenido sin que se hubiese realizado una audiencia.
Antes de su detención, García hizo publicó notas sobre la presunta corrupción en la empresa estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA) e investigaba casos de narcotráfico.
En mayo de 2008, a pocos días de su detención, el abogado y los familiares de García denunciaron que el periodista había sido golpeado y sometido a descargas eléctricas por
funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, en el lugar
donde se encontraba detenido (Ver alerta: http://www.ipys.
org/alertas/atentado.php?id=1495).
226
2 de diciembre
Caso 168
SUPERINTENDENCIA AMENAZA A DIARIO CON SANCIÓN LEGAL
POR OPINAR SOBRE MEDIDA CONTRA BANCA PRIVADA
El diario TalCual recibió una comunicación del Superin­
tendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, en la que
reclama hacer un “mejor tratamiento sobre esa información”
a los columnistas del medio que escribieron, el pasado 1 de
diciembre en la edición digital, sobre la intervención administrativa de un grupo de bancos venezolanos. En la carta se
les indica que su actuación podría estar penada por la Ley
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Dicha ley contempla pena de prisión de 9 a 11 años por la
difusión de “noticias falsas o el empleo de medios fraudulentos, capaces de causar distorsiones al sistema bancario nacional que afecten las condiciones económicas del país”.
Las notas criticadas por el funcionario refieren a declaraciones del ministro de finanzas, Alí Rodríguez Araque, sobre
la reciente intervención y liquidación de bancos pertenecientes al empresario Ricardo Fernández, y una declaración sobre
la colocación de fondos públicos en dichas empresas.
Teodoro Petkoff, director del medio, respondió en su editorial del 8 de diciembre último que la Ley de Bancos debía
ser aplicada a los que están “desfalcando el país”, incluyendo
personas vinculadas al presidente Chávez, en vez de usarla
para intentar censurar a los medios.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2091
227
9 de diciembre
Caso 168
SIMPATIZANTES DEL PARTIDO DE GOBIERNO
AGREDEN A PERIODISTA
Simpatizantes del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) insultaron y agredieron a empujones a Jorge Villet
Salas, periodista del diario Cambio de Siglo y conductor del
programa “De frente a frente”, que se emite por CDR 98.7 FM,
cuando éste cubría una rueda de prensa convocada por el gobernador del estado Mérida, Marcos Días Orellana.
Según el periodista, fue el propio partido que lo convocó a
la rueda de prensa. En el lugar intentó recoger las impresiones
de las autoridades sobre los hechos de violencia suscitados en la
ciudad de Mérida el pasado 8 de diciembre, cuando un grupo de
vecinos quemó una de las oficinas de la empresa estatal de electricidad Corpoelec, en protesta por los constantes cortes de luz.
Jorge Villet narró que un grupo de trabajadores de
Corpoelec, junto a integrantes del partido de gobierno y dos
comunicadores sociales vinculados al oficialismo reaccionaron
insultándolo y acusándolo de ser el incitador de lo ocurrido
contra Corpoelec. Luego, a empujones, lo echaron del local.
El programa que conduce el periodista es crítico con la
gestión del gobierno.
Sus agresores lo acusan de haber usado el programa de
radio para incitar a la violencia sucedida el 8 de diciembre.
Villet desmintió la acusación asegurando que ese día no se
encontraba en la ciudad.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2093
228
9 de diciembre
Caso 169
FUNCIONARIO PÚBLICO AGREDE A PERIODISTA
Y LO ACUSA DE INCITAR A LA VIOLENCIA
Romer Badell, periodista del Diario Extra de Monagas, fue
insultado y golpeado por José Fermín, coordinador de los
Servicios Públicos de la Alcaldía del municipio Ezequiel
Zamora, en el estado Monagas, ubicado al este del país.
Badell cubría la toma de la sede de la alcaldía por parte
de sus trabajadores, que protestaban por sueldos impagos e
impedían el ingreso del alcalde, Ángel Centeno, al local municipal. Centeno decidió ingresar por la fuerza, acompañado de un grupo de funcionarios, entre los que se encontraba
José Fermín.
Centeno y los manifestantes se enfrentaron en la puerta de la alcaldía. Badell cubría desde una zona alta, pegado a
la baranda de las escaleras que permiten la entrada al local,
cuando Fermín lo jaló de los pies y lo golpeó en las piernas,
mientras lo acusaba de que por la culpa de los periodistas estaba sucediendo esta situación.
Grupos antimotines de la Guardia Nacional replegaron
con bombas lacrimógenas la manifestación.
El último 8 de diciembre, en medio de una situación similar, Fermín había declarado públicamente que los periodistas eran responsables de los sucesos violentos en ese municipio, por estar “contra el proceso revolucionario”.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2097
229
14 de diciembre
Caso 170
GUARDIA NACIONAL INGRESA A SEDE DE DIARIO
Y PERMANECE ALLÍ POR TRES DÍAS
La mañana del 14 de diciembre de 2009, unos 15 efectivos de la Guardia Nacional, armados con fusiles y comandados por el Teniente Coronel, Roque Carmona Nieves, el
Fiscal Cuarto de Barinas del Ministerio Público, Arlo Arturo
Urquiola, y un funcionario del Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ingresaron a la sede del diario De Frente para revisar documentos legales de la empresa. El hecho ocurrió en el estado llanero de
Barinas, al suroeste del país.
La acción tuvo como fin investigar los activos del medio
y comprobar si pertenecen al empresario Ricardo Fernández
Barrueco, investigado y preso en la Dirección de Inteligencia
Militar (DIM) por el caso de manejos irregulares en algunos
bancos de su propiedad, recientemente intervenidos.
La inspección al diario se realizó dos días después de que
el General de la Guardia Nacional, Luis Alberto Motta, coordinador del equipo encargado de recuperar empresas pertenecientes a Ricardo Fernández, anunció, en una conversación
pública con el Presidente Hugo Chávez, que sería revisado un
periódico del estado Barinas.
Periodistas del diario informaron al IPYS que entre los actuales dueños del diario figura Rubén Hernández (quien lo
habría adquirido hace un año), un publicista que participó en
la campaña del actual gobernador de Barinas, Adán Chávez.
Los efectivos permanecieron en el diario durante tres días,
dejando la sede el 16 de diciembre último. El medio continuó
230
con sus labores en presencia de los oficiales, que todo el tiempo portaron sus armas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2104
6 de diciembre
Caso 171
ASALTAN EQUIPO DE PRENSA EN PLENA COBERTURA
La periodista Delvalle Canelón y el camarógrafo Felipe Lugo, de
Globovisión, fueron asaltados cuando hacían tomas de apoyo
en una urbanización de Caracas para el programa “Reporteros”.
Les robaron la cámara de video, el trípode y un teléfono celular. Los periodistas estaban identificados con el logo del canal.
El asalto fue perpetrado por una pareja de motorizados
que con un arma sometieron al camarógrafo, le quitaron sus
equipos y huyeron del lugar.
La periodista les gritó y lanzó su micrófono, que golpeó
a uno de los hombres en la cabeza. Sin embargo, los sujetos
lograron escapar.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2101
6 de diciembre
Caso 172
PRESIDENTE INSTA A CONATEL A TOMAR ACCIONES CONTRA
PROGRAMA QUE LO LLAMÓ “MAFIOSO”
El 6 de diciembre de 2009, el presidente Hugo Chávez hizo
un llamado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
231
(Conatel) para que investigue y tome acciones contra un programa de televisión por haberlo llamado “mafioso”. El pedido
lo hizo en su programa Aló Presidente, transmitido desde el
esta­do Aragua, al norte de Venezuela.
Chávez no mencionó el espacio que debía ser sancionado, sólo dijo que se transmite por un canal que “prefiere no
nombrar”. Luego, conminó a Diosdado Cabello, director de
Conatel, a emitir un informe con acciones concretas contra
este programa de televisión.
Se trataba de Aló Ciudadano, de la televisora privada
Globovisión. En noviembre pasado el programa emitió una
edición que empezaba con la música de la película “El Pa­dri­
no”, mientras que el conductor Leopoldo Castillo mostraba
las portadas de algunos medios que informaban sobre la crisis bancaria que vive Venezuela, con varias instituciones intervenidas por el Estado. Castillo añadía, en idioma italiano
y parodiando la película “El Padrino”, que el gobierno era peligroso y que estaba conformado por una banda de mafiosos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2106
8 de diciembre
Caso 173
POLICÍA CIENTÍFICA INCAUTA MATERIAL AUDIOVISUAL
DE TELEVISORA
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Pena­
les y Criminalísticas (CICPC) que investigan la muerte de un
estudiante universitario en las protestas sucedidas en el estado
Táchira, al sur del país, incautaron material fílmico elaborado
232
por la corresponsalía de RCTV Internacional, como evidencia
para el esclarecimiento del crimen.
La periodista Yamile Jiménez, corresponsal de RCTV
Internacional en el Táchira, narró que los funcionarios del CICPC
la llamaron varias veces amenazándola con allanar su despacho
si en 24 horas no entregaba el material. Luego, aparecieron en
su oficina.
Según la periodista, los videos podrían comprometer a personas que dispararon contra la manifestación, que dejó como
saldo un estudiante muerto y al menos 10 heridos. Sin embargo, denunció la forma amenazante con que el CICPC pidió
el material, llegando a su oficina de noche y en actitud hostil.
Cuando los funcionarios incautaban los videos y al percatarse de que la prensa registraba el hecho, éstos exigieron a la
periodista que firme un escrito dirigido al organismo de seguridad, dejando sentado la entrega de lo requerido.
Los hechos ocurren en medio de un clima de protestas
estudiantiles por la falta de combustible, energía eléctrica y
contra la muerte de uno de sus compañeros.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2099
15 de diciembre
Caso 174
CONATEL OTORGA LICENCIA DE RADIO PRIVADA CANCELADA
A ASAMBLEA NACIONAL
Desde el 15 de diciembre de 2009, la que hasta el 1 de agosto pasado fue la frecuencia por la que se escuchaba la señal
de la emisora privada CNB 102.3, en Caracas, está en manos
233
de la Asamblea Nacional de Venezuela. CNB, que pertenecía
al Circuito Nacional Belfort, cuya línea editorial era opositora al gobierno, dejó de transmitir en señal abierta luego que
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le
retirara su licencia debido a una presunta violación a la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones.
El anuncio de la asignación de dicha frecuencia a la Asam­
blea Nacional fue hecho por Conatel el pasado 11 de diciembre y su primera emisión fue con un programa para conmemorar los diez años de aprobación de la actual Constitución
de Venezuela.
Conatel asignó a la Asamblea Nacional una de las cinco
frecuencias que perdió el circuito CNB, cuando fue sacada del
aire junto a otras 31 radioemisoras en agosto pasado
(Ver alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1931).
2010i
7 de enero
Caso 175
TRIBUNAL DICTA ACCIÓN DE AMPARO CONTRA DIARIO
El Juzgado Superior Civil, Mercantil y de Tránsito admitió un
recurso de amparo en contra del periódico Mundo Oriental,
por violentar el derecho al honor y reputación de Tarek William
Saab, gobernador del Estado Anzoátegui, al noreste del país.
Según la denuncia, el diario –con sede en la ciudad de
El Tigre– publicó información que sindicaba al funcionario
público como autor intelectual de un tiroteo suscitado en la
234
plaza España de esa población, el 13 de junio de 2009, y en
el que resultó muerto Jhonathan Rivas, dirigente del partido
de oposición Primero Justicia.
La medida prohíbe la “emisión de cualquier artículo,
opinión, comentario, anónimo o informaciones de carácter
temerario y difamatorio que busquen dañar la imagen y el
nombre del gobernador”.
Nemencio Villalobos, director de Mundo Oriental, dijo
que desconocía la medida pues nunca fueron notificados. El
periodista también aclaró que lo que el medio publicó fueron
testimonios literales, entrecomillados y con nombres propios
de lo declarado por líderes políticos y abogados defensores de
las personas que resultaron detenidas en esos hechos. Señaló
que el medio conserva las grabaciones que corroboran estas
afirmaciones.
Villalobos dijo que esperará los documentos oficiales del
amparo para luego ejercer las acciones de defensa pertinentes.
A través de un comunicado de prensa, Tarek William
Saab informó que emprenderá acciones civiles y penales contra el diario, acusándolo de ser un medio de extorsión y sabotaje en contra de la sociedad.
Este es el segundo recurso de amparo que logra Saab en
contra de un medio regional. El primero fue en 2005 cuando
fue admitida una medida similar contra el desparecido diario
El Nuevo Día, por publicar información sobre una presunta
malversación de fondos públicos en la compra de almuerzos
para funcionarios.
235
12 de enero
Caso 176
INSULTAN A PERIODISTA A TRAVÉS DE PIZARRA
DE ESTADIO DE BEISBOL
Alfredo Villasmil, periodista y columnista de la sección deportiva del diario Últimas Noticias, fue insultado a través
de la pizarra electrónica del estadio de béisbol de la Ciudad
Universitaria de Caracas, sede principal en la capital de los
juegos de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela.
La ofensa fue escrita por James Pérez, encargado de operar
el panel. Según el periodista, Pérez se molestó por una columna que escribió días antes luego de hablar con él y concluir
que la pizarra estaba en muy mal estado.
El mensaje permaneció publicado por un minuto y fue
presenciado por más de diez mil espectadores que acudieron
al juego de béisbol.
El periodista presentará una carta de queja a la Universidad
Central de Venezuela (UCV), que administra el estadio.
22 de diciembre (2009)
Caso 177
APRUEBAN NORMA QUE OBLIGA A TELEVISORAS POR SUSCRIPCIÓN A
TRANSMITIR MENSAJES OFICIALES
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) aprobó la “Norma Técnica de Producción Nacional Audiovisual”
que obliga a ciertas televisoras por suscripción a regirse por
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley
Resorte), obligándolas a transmitir mensajes oficiales pronunciados por el presidente, vicepresidente o los ministros.
236
La norma establece que las televisoras por suscripción
cuya programación semanal cuente con un mínimo de 30%
de producción nacional (incluyendo publicidad), serán consideradas de carácter nacional y, por tanto, sujetas a la Ley
Resorte. La decisión la tomó por unanimidad el Directorio
de Responsabilidad Social, órgano encargado de velar por el
cumplimiento de esta ley y que está adscrito a la Conatel.
De no cumplir con la Ley Resorte, las televisoras estarán
sujetas a sanciones que abarcan multas elevadas e incluso su
clausura, en algunos casos, hasta definitiva.
Las televisoras deberán presentar en enero de este año
a Conatel los documentos de los últimos cuatro meses que
describan su tipo de programación. Luego, el organismo calificará a la televisora y determinará si queda sujeta a la Ley
Resorte.
12 de enero
Caso 178
CONATEL ORDENA CERRAR EMISORA EN BARINAS
Diosdado Cabello, ministro de Poder Popular para Obras
Públicas y Vivienda y director de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), ordenó cerrar la emisora
Ríos 95.3, que operaba en la ciudad de Pedraza, en el estado
Barinas, al oeste del país.
Conatel justificó la medida señalando que el medio operaba sin el permiso administrativo y de concesión que dicta la ley.
Ender Cesareo Ovalles, propietario de la emisora, declaró al diario La Prensa que la decisión de Conatel es un atropello, acusando al alcalde de Pedraza, Yussein Silva, de usar
237
sus influencias para lograr “la injusta medida”, en represalia
porque la radio daba cabida a las quejas de los ciudadanos de
esa localidad.
Ovalles informó que los funcionarios de Conatel que ejecutaron la orden de cierre estuvieron acompañados por más
de 70 efectivos de la Policía del Estado y la Guardia Nacional,
quienes rodearon el local del medio de comunicación.
11 de enero
Caso 179
SACAN DEL AIRE PROGRAMA RADIAL CRÍTICO
A LA GESTIÓN REGIONAL
El espacio radial “Público & Confidencial”, que se transmitía
a través del dial 90.5 Éxitos de Unión Radio, salió del aire tras
una decisión de la junta directiva del medio de comunicación.
El programa era conducido por los periodistas Damián Prat
y Oscar Murillo, en la ciudad de Guayana, estado Bolívar, al
sur de Venezuela.
Prat dijo al IPYS que cuando volvieron de vacaciones
Héctor Bolívar, gerente de la radio, les comunicó que el programa había sido cancelado.
Según Prat, esta decisión fue tomada porque el programa
incomodaba a las autoridades del estado Bolívar, al denunciar malos manejos de las gestiones públicas. El programa tenía altos niveles de audiencia entre la masa obrera y electoral
de la región.
El periodista informó del cierre del programa en su columna que publica en el diario El Correo del Caroní.
238
21 de enero
Caso 180
DIARIO REGIONAL PERMANECERÁ INTERVENIDO
POR EL ESTADO DURANTE TRES MESES
La intervención del diario De Frente, ejecutada el pasado 14
de diciembre de 2009, se mantendrá durante tres meses, según informaron funcionarios de la comisión que realizaron
la medida. El diario circula en el estado Barinas, al oeste de
Venezuela.
Como informó el IPYS en su momento (ver alerta http://
www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2104) el diario,
que fue intervenido por fiscales y miembros de la Guardia
Nacional armados, permaneció vigilado por militares, que
entraban y salían del medio trabajando en las inspecciones. Si
bien actualmente los funcionarios armados ya se retiraron del
lugar, la intervención se mantiene al existir bienes considerados “en custodia”, entre ellos algunos vehículos utilizados para
el trabajo de los reporteros y un montacargas, que no pueden
ser usados hasta que finalicen las investigaciones.
La medida se tomó con el fin de investigar cuáles son los
activos de este medio de comunicación y comprobar si pertenecen al empresario Ricardo Fernández Barrueco, actualmente investigado y detenido en la Dirección de Inteligencia
Militar (DIM) por el caso de manejos irregulares en algunos
bancos de su propiedad.
El personal del diario continúa trabajando con normalidad, sin verse afectada la circulación del medio.
239
21 de enero
Caso 181
IMPIDEN INGRESO DE MEDIOS A CONFERENCIA DE PRENSA OFICIAL
Funcionarios de seguridad del Banco Central de Venezuela
(BCV) negaron el ingreso de la prensa privada a una conferencia de prensa ofrecida por los representantes del Gabinete
Económico de Venezuela. Según los funcionarios, la rueda de
prensa estaba planificada solo para medios estatales.
Los periodistas impedidos de cubrir el evento fueron:
Ginette González, de Unión Radio y Canal i; Beatriz Adrián,
de Globovisión, Rafael Garrido, de Venevisión, María Elisa
González, de RCTV y Óscar Sulbarán, de Televen.
Si bien a los medios privados no les llegó una invitación
oficial para el evento, se enteraron de éste al consultar la agenda informativa de la Agencia Bolivariana de Noticias. El tema
a tratar era la reciente intervención de tres entidades financieras por parte del Estado.
21 de enero
Caso 182
CONATEL PUBLICA LISTA DE TELEVISORAS POR CABLE
QUE DEBERÁN CUMPLIR CON “LEY RESORTE”
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
publicó la lista de los 24 canales por suscripción que deberán apegarse a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión (Ley Resorte), obligándolos a transmitir mensajes
oficiales y apegarse a regulaciones de horario y contenidos.
El anuncio lo dio el director de Conatel, Diosdado
Cabello, en una rueda de prensa en Caracas. El funcionario
240
advirtió que de detectar que alguno de estos canales incumple con las disposiciones de la Ley Resorte deberán someterse
a las multas y hasta su salida de la programación.
Esta disposición se toma luego de que Conatel publicara
el 22 de diciembre de 2009 la Norma Técnica de Producción
Nacional Audiovisual (Ver alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2127)
24 de enero
Caso 183
EMPRESAS DE TELEVISIÓN POR CABLE RETIRAN DEL AIRE
SEIS DE SUS CANALES POR ORDEN DE CONATEL,
ENTRE ELLOS; RCTV INTERNACIONAL
Las empresas de televisión por suscripción sacaron de su programación a los canales RCTV Internacional, América TV, TV Chile,
American Network, Ritmo Son y Momentum, luego de que el
Ministro de Obras Públicas y Viviendas y Director General de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado
Cabello, así se los exigiera por supuestamente incumplir la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión “Ley Resorte”.
Cabello hizo el pedido a las televisoras luego que RCTV
Internacional no transmitiera el último mensaje en cadena
nacional del presidente Hugo Chávez. El Ministro les advirtió
que de no levantar a estos canales de su programación serían
sometidas a procedimientos administrativos sancionatorios.
Conatel publicó una lista de 24 televisoras que transmiten por suscripción que son consideradas como productores
nacionales audiovisuales, obligadas a transmitir mensajes oficiales y acogerse a la “Ley Resorte”.
241
Voceros de RCTV Internacional explicaron que por la
conformación actual de su parilla de programación ésta no califica como productor nacional sino internacional, por lo que
no le corresponde acatar dicha ley. RCTV Internacional, cuya
figura jurídica está registrada en Estados Unidos, comenzó sus
transmisiones a través de las operadoras de suscripción en julio de 2009, luego que el Estado venezolano no le renovara la
concesión que le permitía transmitir por señal abierta.
En el caso de América TV, TV Chile, American Network,
Ritmo Son y Momentum, se trata de canales por suscripción
adscritos a cadenas internacionales y que no figuran en la lista
publicada por Conatel.
El Ministro Cabello aseguró en Venezolana de Televisión
(VTV) que el gobierno no ha tomado ninguna acción para
cerrar las televisoras y que la salida del aire de estos canales ha
sido una decisión tomada por las propias empresas de televisión por suscripción.
25 de enero
Caso 184
HIEREN A REPORTERO GRÁFICO CUANDO CUBRÍA
PROTESTA ESTUDIANTIL
Wilfredo Hernández, reportero gráfico del diario El Cara­
bobeño, fue golpeado con un tubo que le fracturó la nariz. El
periodista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El hecho ocurrió en la ciudad de Valencia, al centro del país.
Hernández cubría una protesta estudiantil contra la salida
del aire del canal RCTV Internacional cuando un estudiante le exigió que se identificara. El reportero le dijo que era de
242
prensa y le mostró su chaleco del diario y su cámara profesional. Cuando el fotógrafo se dio la espalda, el manifestante lo
golpeó con un tubo en el rostro.
Hernández fue trasladado por personal de El Carabobeño
hasta el centro de salud para ser operado.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2140
26 de enero
Caso 185
ESTUDIANTES INSULTAN A PERIODISTA
Un equipo de prensa de Venevisión fue insultado por un grupo
de estudiantes de la Universidad de Carabobo, quienes arremetieron contra los reporteros cuestionando su trabajo y la línea editorial del medio donde laboran. El hecho ocurrió en el rectorado
de dicha universidad, en el estado Carabobo, al centro del país.
Los periodistas afectados son Randolfo Blanco y el camarógrafo Gustavo Ojeda, quienes llegaron hasta la universidad
para cubrir una rueda de prensa que ofrecía la rectora.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2144
27 de enero
Caso 186
CONATEL LEVANTA SUSPENSIÓN A TV CHILE, AMERICAN NETWORK
Y RITMO SON PERO RCTV INTERNACIONAL QUEDA FUERA DEL AIRE
El 27 de enero de 2010, la Comisión Nacional de Teleco­mu­
nicaciones (Conatel) informó que las televisoras TV Chile,
243
American Network y Ritmo Son podrán reintegrarse a la programación de televisión por cable al comprobarse que no califican como Servicios de Producción Nacional Audiovisual.
Conatel tomó esta decisión luego que el pasado 26 de enero, representantes de estas televisoras sustentaran con documentos ante la institución que por ser canales internacionales
no están obligados a cumplir con la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión (Ley Resorte).
Estos canales permanecieron fuera del aire por tres días (ver
alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2137), al
no presentar a tiempo los documentos que los acreditan como
canales internacionales. Según Conatel, ese fue el motivo por
el cual quedaron registrados como canales nacionales y obligados a dar cumplimiento a la Ley Resorte, que determina
transmitir el himno nacional venezolano, cumplir con regulaciones de contenidos y emitir gratuitamente los mensajes
oficiales del presidente y demás funcionarios públicos.
Actualmente continúan fuera del aire RCTV Internacional,
Momentum y America TV.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2143
26 de enero
Caso 187
POLICÍA MALTRATA A PERIODISTA
Gabriela Matute, periodista de Globovisión, fue lesionada en
el brazo derecho cuando cubría una manifestación estudiantil en las afueras del canal estatal Venezolana de Televisión,
en Caracas.
244
La periodista quedó inmovilizada en medio del cordón
policial y los manifestantes que protestaban por la salida del
aire del canal RCTV Internacional. Su brazo se atascó en el escudo de un Policía Metropolitano (PM). Cuando ella y otros
periodistas le pidieron al policía que tuviera más cuidado,
éste no hizo caso y continuó ejerciendo presión sobre el brazo de Matute.
La periodista terminó con varios hematomas y raspones
en el brazo.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2142
27 de enero
Caso 188
AGREDEN A PERIODISTA CUANDO CUBRÍA PROTESTA
El 27 de enero de 2010, atletas y miembros del Servicio Autó­
nomo Trujillano del Deporte (Satrud), agredieron al periodista Jhonathan Raúl Segovia, del Diario de Los Andes, cuando
cubría una manifestación estudiantil en la ciudad de Valera,
estado Trujillo, al oeste del país.
Los agresores exigieron al periodista borrar las imágenes
que había captado de la protesta, donde aparece un presunto
directivo del Satrud con un arma de fuego, haciendo disparos
al aire. Cuando el periodista se negó eliminar las imágenes,
los agresores se le abalanzaron, lo golpearon y destrozaron su
cámara fotográfica.
Segovia logró extraer a tiempo la memoria digital del
equipo y huyó del lugar. Fue perseguido durante varios minutos por un sujeto encapuchado y un atleta, quienes le lan245
zaron piedras y otros objetos. El periodista logró resguardarse.
Sufrió lesiones leves.
Durante estos hechos, los agresores y la policía se enfrentaban
con perdigones y piedras contra un grupo de universitarios que
protestaban contra el cierre de RCTV Internacional, el racionamiento del servicio eléctrico en la ciudad y por el asesinato de un
estudiante cuando participaba en una manifestación en rechazo
a la salida del aire de RCTV Internacional, en el estado Mérida.
Raúl Segovia denunció el hecho ante la Fiscalía 3ra
del Ministerio Público de Trujillo. El organismo ordenó al
Cuerpo de Investigaciones Penales, Civiles y Criminalísticas
abrir una investigación.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2148
27 de enero
Caso 189
DICTAN MEDIDA CATELAR CONTRA PERIODISTA ACUSADO
DE PARTICIPAR EN PROTESTA
Luis Noguera, reportero de la Televisora Regional Venezolana
(TRV), fue sometido a una medida cautelar ordenada por la jueza Adriana Villa, del Tribunal Primero del Circuito Judicial, que
lo obliga a presentarse cada 30 días ante los tribunales del estado
Aragua –al norte de Venezuela– y que le prohíbe su salida del país.
La medida se dictó luego que el periodista fue detenido el
pasado 26 de enero por la Policía Antimotines de Aragua, que
lo apresó al considerar que estaba participando de una protesta. Según el periodista, esta versión es falsa ya que su presencia
en el lugar se debía a que realizaba un reportaje.
246
Noguera estuvo detenido una noche en el Comando
Central de la Policía de Aragua y luego trasladado al Palacio
de Justicia para su audiencia.
Noguera fue acusado, junto a otras doce personas, de resistencia a la autoridad, daños a la propiedad y perturbación
del orden público.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2147
27 de enero
Caso 190
DESCONOCIDOS AGREDEN A EQUIPO DE TELEVISIÓN
El periodista José Gregorio Adames, presidente del Colegio
Nacional de Periodistas y reportero de la televisora Barinas
TV, denunció que él y su camarógrafo, Dixon Coronado,
fueron agredidos por desconocidos cuando salían de la
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel
Zamora (Unellez), en la ciudad de Barinas, estado del mismo
nombre, al oeste de país.
El equipo de prensa entrevistaba a un grupo de estudiantes cuando alrededor de 12 personas no identificadas arremetieron contra el camarógrafo, lo lanzaron al piso junto con su
cámara y le robaron la cinta.
Coronado resultó con lesiones en una costilla y golpes en la espalda. El caso fue denunciado ante el Centro de
Investigaciones Civiles Penales y Criminalísticas (CICPC),
que ya inició las investigaciones.
El pasado 26 de enero, el rector de la Unellez, Miguel Ángel
Henríquez, publicó un comunicado en varios medios denun247
ciando el interés de ciertas personas de crear inestabilidad dentro
de la institución. Hizo un llamado a no caer en provocaciones.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2146
27 de enero
Caso 191
COMANDANTE AGREDE A PERIODISTA Y AMENAZA
CON DESTRUIRLE SU EQUIPO FOTOGRÁFICO
El periodista Leo León, corresponsal del diario El Nacional
en el estado Mérida, al oeste del país, fue agredido verbalmente por el comandante del Destacamento Nº 16 de la Guardia
Nacional Bolivariana, César Gómez Hernández, cuando cubría las incidencias de los disturbios ocurridos en la ciudad,
donde resultaron heridos dos efectivos.
El periodista esperaba en las afueras del hospital los resultados médicos del estado de los heridos, cuando fue abordado por Gómez Hernández que lo empujó e insultó, exigiéndole que no tome fotos de los militares. Luego, le arrebató su
equipo fotográfico y amenazó con destruirlo.
León denunció al IPYS que el comandante le exigió a él y
al periodista Edgar López, también El Nacional, retirarse del
lugar. Tras la intervención de otros militares el funcionario
accedió a devolver el equipo a León, con el material intacto,
que permitió al medio publicar las imágenes del traslado de
los efectivos heridos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2145
248
29 de enero
Caso 192
MINISTRA DE COMUNICACIÓN PIDE ABRIR INVESTIGACIÓN A DIARIO
La ministra de Comunicación e Información, Blanca Eek­
hout, acusó al diario TalCual de encubrir, a través del humor,
“un llamado a la violencia”, por lo que decidió llevar el caso
ante la Fiscalía General de la República para pedir una investigación y una posible sanción contra el medio.
La ministra se refiere a un editorial publicado en el diario
el pasado 29 de enero por el humorista Laureano Márquez.
La acusación la hizo en una rueda de prensa en Caracas y a
través de un comunicado publicado en la página web del despacho que dirige.
Según la funcionaria, en el artículo de opinión se llama a la
violencia, es provocador y no respeta la “democracia venezolana”.
Esta es la segunda vez que el gobierno emprende acciones contra el diario TalCual y Laureano Márquez. Más información en la alerta http://www.ipys.org/alertas/atentado.
php?id=1039
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2151
4 de febrero
Caso 193
ESTUDIANTES AGREDEN A REPORTERA E INSULTAN A PERIODISTA
La periodista Clavel Rangel, del diario Correo del Caroní y
corresponsal del diario El Nacional, fue agredida por estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica
de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa), que vestían cami249
setas con lemas en favor de presidente Hugo Chávez. La periodista cubría un foro realizado en la sede de la Universidad
Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre
(Unexpo), en Ciudad Guayana, estado Bolívar, al sur del país.
Uno de los estudiantes forcejeó con Rangel e intentó quitarle su cámara, al percatarse que la periodista había fotografiado el
momento en que éstos ingresaron a la sala y lanzaron envases de
plástico contra los expositores, para interrumpir el foro.
Este mismo grupo insultó a la reportera de RCTV Inter­
na­cional, Krisaura Vital, que llegaba también para cubrir el
foro y que recibió el respaldo de los asistentes por el cierre de
su medio de comunicación. Le dijeron “fascista” y “loca”.
Según Rangel, ella y Vital fueron fotografiadas por desconocidos cuando se retiraban de la sala.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2162
21 de enero
Caso 194
MINISTRO PIDE A FISCALÍA ABRIR INVESTIGACIÓN PENAL
CONTRA MEDIO, PERIODISTA Y EMPRESARIO
Diosdado Cabello, Ministro de Obras Públicas y Vivienda
y Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), solicitó a la Fiscalía General abrir una investigación
penal contra RCTV Internacional, el periodista Miguel Ángel
Rodríguez, conductor del programa “La Entrevista” –transmitido por ese canal–, y contra el presidente de la Federación
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de
Venezuela (Fedecámaras), Noel Álvarez.
250
La medida se tomó luego de las declaraciones dadas por
Álvarez el pasado 14 de enero en “La Entrevista”. Según Ca­be­
llo, la opinión del empresario sobre que la “solución en Vene­
zuela debía ser militar” era un llamado al golpe de Estado.
Según Álvarez, dijo esta expresión como un juego de palabras,
que refería al verbo “militar”.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Cri­
minalísticas (CICPC, inició en paralelo y por el mismo caso
una investigación contra el periodista y conductor de “La
Entrevista”, Miguel Ángel Rodríguez, por rebelión, insurrección e instigación a delinquir.
Cabello señaló que su obligación ante estos hechos es solicitar una investigación penal al referido programa, al entrevistador y al entrevistado.
El ministro también dijo que “ciertos medios de comunicación” son utilizados para manipular a los ciudadanos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2161
2 de febrero
Caso 195
FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN CONTRA DIARIO
El comandante general de la Guardia Nacional, Freddy
Carrión, solicitó al Ministerio Público que investigue al diario El Nacional por los delitos de difamación y ultraje a la
Fuerza Armada Nacional.
La denuncia se basa en una fotografía publicada el 28 de
enero pasado que mostraba a un funcionario de la Guardia
Nacional utilizando un artefacto de hierro semejante a una
251
garra y unido a una cadena, durante una manifestación estudiantil. El titular de la fotografía decía: “Guardia Nacional
usa garra de hierro para reprimir”.
Tras la publicación, voceros del gobierno aclararon que
ese instrumento se utiliza para despejar de la vía pública los
objetos quemados durante las manifestaciones, y no para dispersar a los manifestantes.
El fiscal Leonardo Bolívar, de Caracas, fue designado por
la Fiscalía para encargarse del caso.
Autoridades del cuerpo militar aseguran que el instrumento fotografiado no se usa para reprimir a manifestantes
sino para recoger escombros y materiales incendiarios.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2159
2 de febrero
Caso 196
DIPUTADO AMENAZA CON EXPROPIAR MEDIOS
Carlos Escarrá, diputado del oficial Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), amenazó con expropiar a los medios
de comunicación que “conspiren contra el Estado”, en una
declaración que realizó en la Asamblea Nacional, en Caracas,
durante una sesión pública.
Esta advertencia la hizo en un momento en el que se han
tomado diversas medidas de orden legal y administrativas desde el gobierno nacional, por medio de las cuales han quedado
fuera del aire medios de comunicación críticos a la gestión del
presidente Hugo Chávez. Por las mismas razones otros medios están siendo investigados.
252
Escarrá, en su condición de diputado, tiene la potestad
constitucional de presentar, junto a otros dos integrantes del
Legislativo, propuestas de leyes diversas, por lo que no se descarta que detrás de su amenaza exista la idea de una ley que
contemplara las expropiaciones de medios de comunicación.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2165
4 de febrero
Caso 197
EFECTIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL IMPIDEN TRABAJO
DE FOTÓGRAFOS
Dos efectivos de la Guardia Nacional (GN) irrumpieron en
el palco de prensa del estadio de béisbol Nueva Esparta de
Guatamare, a las afueras de Porlamar, Isla de Margarita, al
este del país, intentando impedir el trabajo de los reporteros
gráficos. A Saúl Uzcátegui, fotógrafo del diario TalCual, le
quisieron borrar algunas de sus imágenes.
Los militares llegaron al palco de prensa para desalojar
a los fotógrafos que registraban el partido entre Leones del
Caracas y Leones del Escogido, por el torneo Serie del Caribe.
Los periodistas protestaron por la arbitraria medida. Uno de
los militares se percató de que Uzcátegui lo estaba fotografiando, le pidió su cédula de identidad y le exigió que borrara las
imágenes. Ante la protesta de los demás colegas los efectivos
desistieron en su actitud y se retiraron del lugar.
La Serie del Caribe, torneo internacional de béisbol que
cada año reúne a los campeones de las ligas profesionales de
México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela,
253
se celebró este año en la Isla de Margarita, sobre el Caribe
venezolano, y fue resguardado por efectivos de la Guardia
Nacional armados que impidieron el paso de los reporteros
al terreno de juego, dificultando la realización de entrevistas
por parte de los periodistas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2170
4 de febrero
Caso 198
DESCONOCIDOS LANZAN BOMBAS LACRIMÓGENAS
DURANTE RUEDA DE PRENSA
Desconocidos lanzaron bombas de gas lacrimógeno al local
de la Universidad de Oriente, donde se realizaba una conferencia de prensa ofrecida por la agrupación estudiantil 100%
UDISTAS, que expresaban ante los periodistas su rechazo a las
acciones policiales represivas contra las manifestaciones estudiantiles. El hecho ocurrió en la ciudad de Barcelona, estado
de Anzoátegui, al noreste del país.
Los periodistas afectados por el atentado fueron Isamira
Torres y Rubén Brito, de Anzoátegui TV; Alejandra Marcanano
y Juan Gómez, del Diario Extra; Georgette Hernández y Eduard
Alvarez, de Oasis TV; Jesús Albino y Norberto Azuaje, de Televen;
Andreína Brea, de Telecaribe; Nazareth Montilla, del Diario
Metropolitano; y Danuska Maurera, del diario El Nacional.
Según voceros de 100% UDISTAS, la acción fue perpetrada por estudiantes vinculados a movimientos cercanos al
gobierno de la Universidad de Oriente, contrarios al grupo
que convocó a la conferencia.
254
Antes del incidente, desconocidos dijeron al grupo de periodistas que llegaron hasta el local para cubrir el evento, que
no permitirían que se realice la rueda de prensa. También les
exigieron que apaguen las cámaras de televisión.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2171
4 de febrero
Caso 199
PERIODISTAS DENUNCIAN SEGUIMIENTO POR PARTE
DE EFECTIVOS MILITARES
Las periodistas Doricer Alvarado y Atamaica Briceño, corresponsales de Globovisión y RCTV Internacional en la ciudad
de Barquisimeto, estado Lara, al centrooccidente del país,
denunciaron que desde hace semanas están siendo seguidas
durante sus horas de trabajo por miembros de la Dirección
General de Inteligencia Militar (DGIM).
Briceño señaló que cuando se percató del seguimiento
pidió a su camarógrafo que filmara al sujeto. Al ver el vídeo
anotó que el desconocido portaba un carnet de inteligencia
de las Fuerzas Armadas. Dijo que era la misma persona que
la había seguido días atrás.
Alvarado dijo que ella también observó que dos funcionarios de la DGIM la estaban siguiendo y que a uno de ellos lo
conoció en la XIII Brigada de Infantería un año atrás, cuando
su camarógrafo fue detenido por grabar imágenes de héroes
patrios que fueron pintados amordazados en la pared de la
institución militar, en protesta por atentados contra la libertad de expresión.
255
Las periodistas denunciaron sentirse intimidadas, señalando que han reforzado las medidas de su seguridad personal.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2173
27 de enero
Caso 200
EMISORA DECIDE LEVANTAR DOS PROGRAMAS
DEL AIRE PARA EVITAR SU CIERRE
Vladimir Pabón, propietario de la radio Dinámica 102.1 FM,
decidió levantar del aire los programas “Un Nuevo Tiempo
Contigo” y “Conversando con los barrios”, luego de enterarse que
su emisora estaba en la lista de medios que la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel) amenaza con clausurar. El hecho ocurrió en el estado Barinas, al oeste de Venezuela.
La decisión fue tomada junto con el conductor de los programas, César Cadenas, productor y miembro del partido de
oposición Un Nuevo Tiempo. Sus programas eran de corte
social, dando prioridad a las quejas de los ciudadanos frente a
las gestiones públicas de las autoridades locales.
Ovalles fue informado de esta situación por su hermano,
Ender Cesáreo Ovalles, dueño de la emisora Ríos 95.3 FM,
cerrada por órdenes del ministro para el Poder Popular para
Obras Públicas y Vivienda y director de Conatel, Diosdado
Cabello. Ender Cesáreo fue a Conatel para aclarar la situación
de su medio y allí le mostraron una lista de radios que serían
clausuradas, entre las que se encuentra Dinámica 102.1 FM.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2172
256
19 de febrero
Caso 201
AUTORIDADES REGIONALES HACEN CAMPAÑA
PARA EXPROPIAR MEDIOS
Durante enero y febrero de 2010, Santa Obispo, regidora
municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
realizó una campaña mediática para promover la expropiación de los diarios Las Noticias de Cojedes y La Opinión
de Cojedes, y de las emisoras Radio San Carlos y Rumbera
Network, por considerarlos “capitalistas, oligarcas, mentirosos e imperialistas”. Así lo denunció Eligio Elorga, director del
diario Las Noticias de Cojedes. El hecho ocurrió en el estado
Cojedes, al centro del país.
Obispo hizo la campaña a través de su programa radial
en Guarachera 96.1 FM y en entrevistas ofrecidas a la emisora Class 98.7 FM.
En paralelo, el pasado 30 de enero, Teodoro Bolívar, gobernador de Cojedes, amenazó en su programa “Teodoro con
las comunidades”, a un propietario de una radio que no dijo
su nombre pero que todo hace indicar que es Peter Taffin,
presidente de Rumbera Network y presidente del Consejo
Editorial de Las Noticias de Cojedes, para que no se refiera
a su gestión pública. De lo contrario, la autoridad política
mandaría a expropiar un terreno que pertenece al empresario, que aunque no afectaría el funcionamiento de los medios
de Taffin, constituye una presión económica para limitar la
difusión de opiniones contrarias a la gestión de Bolívar en
dichos espacios.
Los medios aludidos por la regidora y el gobernador tienen programas dedicados a las comunidades que muchas
257
veces denuncian sobre las carencias en sus zonas y las malas
gestiones públicas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2180
18 de febrero
Caso 202
NIEGAN ACCESO DE EQUIPO PERIODÍSTICO
A RUEDA DE PRENSA
El equipo periodístico de Globovisión, integrado por la periodista Beatriz Adrián, el camarógrafo Larry Rico, y el asistente William Varguilla, fue impedido de ingresar a una rueda de
prensa en Caracas, ofrecida por el ministro de Obras Públicas y
Vivienda, Diosdado Cabello, y el director nacional de Protección
Civil, Luis Díaz Curbelo, para informar sobre el balance de accidentes de tránsito ocurridos en el país tras el carnaval.
Adrián denunció que miembros de la Guardia Nacional y
del Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitsa), no
los dejaron ingresar a la conferencia ni a ningún otro lugar del
Terminal de Oriente, pese a ser un lugar público, ni tampoco
les dieron argumentos sobre la medida.
Cuando el equipo periodístico intentó filmar desde las
afueras del recinto, también se les llamó la atención. Incluso
no se les permitió captar imágenes de la llegada del ministro
Cabello al Terminal.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2178
258
15 de febrero
Caso 203
PROHÍBEN A REPORTEROS INGRESAR A SEDE MILITAR
Carlos Graterol, camarógrafo de Globovisión, y Rosmary
López, reportera de Somos TV, fueron impedidos de ingresar a una rueda de prensa que se realizaba en la XIV Brigada
Mecanizada del Ejército. Según el militar que les prohibió el
ingreso, la orden llegó “de arriba”. El hecho ocurrió en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, al centrooccidente del país.
La conferencia fue ofrecida por el general Gerardo
Izquierdo y el presidente de la empresa de Energía Eléctrica
de Barquisimeto (Enelbar), Manuel Rivero.
Según los periodistas, otros medios impresos y audiovisuales pudieron ingresar al lugar sin problemas.
Emperatriz Valera, del diario El Impulso, preguntó a las
autoridades durante la conferencia el motivo por el que se les
prohibió el acceso a los equipos de Globovisión y Somos TV,
pero no obtuvo ninguna respuesta.
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2177
26 de febrero
Caso 204
IMPIDEN INGRESO DE EQUIPO DE PRENSA A EVENTO
DEL PODER LEGISLATIVO
El equipo de prensa de Globovisión, conformado por la periodista Jeanelie Briceño, el camarógrafo Luis Lara y el asis­
ten­te Franklin Vega, fue impedido de cubrir un encuentro
entre diputados promovido por la Asamblea Nacional, llevado
259
a cabo en las instalaciones de la Compañía Anónima de Ad­
ministración y Fomento Eléctrico (Cadafe), en Caracas.
Personal de seguridad de Cadafe comunicó a Briceño que
no podían ingresar al evento pues estaba autorizado solo para
medios estatales. Cuando la periodista insistió, el guardia accedió a consultar sobre su ingreso. Luego, una funcionaria
de relaciones institucionales de Cadafe dijo a la periodista
que los dejaría pasar después de que llegase el personal de la
Asamblea Nacional.
Sin embargo, minutos después la seguridad de Cadafe
confirmó al equipo de Globovisión que su ingreso había sido
negado.
Los periodistas denunciaron el hecho ante el IPYS, señalando que se trató de un acto público anunciado a todos los
medios en la página web de la Asamblea Nacional y la agencia de noticias del Estado ABN.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2186
27 de febrero
Caso 205
GOBERNADOR ORDENA EXPROPIAR TERRENO DE PROPIETARIO
DE MEDIOS PARA AMEDRENTARLO
Teodoro Bolívar, gobernador del estado Cojedes, en el centro
del país, firmó un decreto que permite la expropiación de un
terreno de propiedad del empresario Petter Taffin, director
de la cadena radial Rumbera Network. El decreto fue anunciado y difundido a través de su programa “Teodoro con las
Comunidades”.
260
La medida se concreta luego que el 30 de enero pasado el
gobernador, también en su programa, amenazara a Taffin con
la expropiación de su terreno si continuaba hablando de él en
su espacio de opinión en Radio San Carlos (ver alerta: http://
www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2180).
Bolívar solicitó además que el procurador de Cojedes,
Argenis Pérez, inicie una demanda contra Taffin y los medios de
comunicación de su propiedad, debido a la difusión de una parodia donde Hugo Chávez regaña a Teodoro Bolívar por su gestión.
Durante la transmisión de su programa, el gobernador pidió también el desalojo de la emisora Radio San Carlos, que
opera en un edificio de propiedad de la Gobernación, por
el supuesto incumplimiento en los pagos de arrendamiento.
Según los directivos del medio, aún no ha llegado a la
emisora una notificación formal de desalojo. Esta radio también es propiedad de Taffin.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2191
22 de febrero
Caso 205
RCTV INTERNACIONAL INSCRITA COMO PRODUCTOR NACIONAL
AUDIOVISUAL SEGUIRÁ ACOGIDA A LEY RESORTE
Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, a la que
per­tenece el canal RCTV Internacional, anunció que dicho
me­dio tuvo que ser inscrito pero “bajo protesta” como productor nacional audiovisual ante la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel). Así lo anunció en rueda de
prensa ofrecida en la sede de RCTV, en Caracas.
261
Los directivos del canal tomaron esta decisión luego que
el pasado 11 de febrero Conatel ratificara que RCTV Inter­
nacional entraba dentro de la categoría de productor nacional
audiovisual, acogido por tanto a la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión “Ley Resorte”.
Según la información difundida por Conatel, durante los
últimos cuatro meses 94% de los programas, publicidad y
propaganda difundidas por el canal fueron de producción nacional, por lo cual el medio entra al Servicio de Producción
Nacional Audiovisual (PNA).
RCTV salió de programación de señal por suscripción el 24
de enero pasado, por incumplir las disposiciones de la Ley Resorte
(ver alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2137).
Durante la conferencia de prensa, Granier también informó sobre la creación de una nueva planta televisiva: RCTV
Mundo, que tendrá 71% de producción internacional y 29%
de su programación hecha en Venezuela, para evitar entrar en
la categoría de PNA.
Durante la reunión se les negó el acceso a la periodista
Ana Gabriela López, el camarógrafo Carlos Dávila y el asistente Wilber Arocha, de Venezolana de Televisión; al periodista Luis Enrique Araujo, de Radio Nacional de Venezuela
-ambos medios de comunicación del Estado-; así como a los
reporteros Jorge Amorín, Pedro Carvajalino y José Gómez, de
la televisora comunitaria Ávila TV.
Los periodistas denunciaron que el personal de seguridad
de RCTV les negó el acceso al canal alegando que por ser una
empresa privada “se reservaba el derecho de admisión”.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2197
262
3 de marzo
Caso 206
GOLPEAN Y DETIENEN A CAMARÓGRAFO
DE GLOBOVISIÓN
Lender Neira, camarógrafo de Globovisión, fue detenido
frente a la sede de la Policía Autónoma del Municipio San
Francisco (Polisur), cuando cubría una protesta contra el alcalde por ordenar la paralización de una obra pública. El hecho ocurrió en el estado Zulia, al oeste del país.
Neira filmaba unas maquinarias que se encontraban dentro del edificio del organismo de seguridad cuando desconocidos armados lo golpearon, le quitaron su cámara y lo detuvieron. Los hombres iban vestidos de civil pero abordaron al
camarógrafo en una camioneta negra, con el logo de Polisur.
El reportero, que se identificó ante los atacantes, estaba acompañado de la periodista Madelyn Palmar, que verificaba la denuncia de los manifestantes.
El camarógrafo fue llevado con rumbo desconocido.
Luego las autoridades informaron que se encontraba detenido en la sede de Polisur.
La policía aseguró que los periodistas violaron el perímetro de seguridad de la institución. Sin embargo, Palmar afirmó que las imágenes se estaban grabando desde el otro lado
de la calle donde se encuentra la entidad policial.
Neira permaneció detenido poco más de tres horas y luego liberado.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2199
263
2 de marzo
Caso 207
FUNCIONARIO PÚBLICO GOLPEA A PERIODISTA E INFLUYE
PARA QUE SU PROGRAMA DEJE DE TRANSMITIRSE
Edinson Berris, conductor del programa radial “Sin bozal y
sin miedo”, que se transmitía por Temblador Stereo 104.7 FM,
fue golpeado por Heriberto Urquía, presidente de la Cámara
Municipal del municipio Libertador. Tras la agresión, el programa de Berris fue levantado del aire. El hecho ocurrió en la
localidad de Temblador, estado Monagas, al este de Venezuela.
Berris salía de la radio cuando fue interceptado por
Urquía y cinco sujetos de su seguridad personal que lo rodearon para que Urquía lo golpee y patee.
El periodista dijo desconocer el motivo del ataque, aunque señaló al IPYS que en su programa se abría un espacio
para que las comunidades hagan sus quejas y que el día de la
agresión recibió llamadas de varios oyentes que señalaron a
Urquía de forma despectiva como el mayor adulador del alcalde José Figuera.
Cuando Berris fue al hospital a recibir atención médica,
se enteró que su programa había sido sacado del aire. Esto fue
anunciado por el propio Urquía en un programa de la misma emisora. El funcionario público dijo que la decisión de
levantar del aire el programa de Berris fue por acuerdo de los
concejales del Municipio, pese a que Temblador Stereo es una
radio comercial privada.
A Berris se le informó que personal de la emisora se comunicaría con él para discutir la situación de su programa.
Sin embargo, todavía no se contactan con él. Mientras tanto,
el periodista tiene prohibida la entrada a la radio.
264
Berris denunció la agresión ante el Cuerpo de Investi­
gaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el
Ministerio Público, quien designó a la fiscal Ana Conde para
las investigaciones del caso.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2203
5 de marzo
Caso 208
CONATEL RECHAZA PEDIDO DE RTCV INTERNACIONAL
PARA REINTEGRARSE A LA TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), rechazó la solicitud de inscripción en el Registro de Servicios
de Producción Nacional Audiovisual (SPNA) de RCTV
Internacional, considerándola “extemporánea” y, por tanto,
improcedente.
Respecto a la creación de RCTV Mundo, Conatel consideró que los datos de programación presentados son “inexactos e
incompletos”, por lo que no han podido calificar la propuesta.
RCTV Internacional reaccionó mediante un comunicado
señalando que los argumentos de Conatel “son ilegales”, pues
para suspender un procedimiento por extemporáneo, Conatel
debió primero haber notificado a RCTV Internacional, informando que el proceso estaba paralizado. En esta oportunidad
no hubo comunicación ni advertencia alguna.
El medio de comunicación también negó que para RCTV
Mundo los datos hayan sido inexactos, asegurando que presentaron una programación al detalle y sin que la ley así lo
exija. Oswaldo Quintana, asesor jurídico del canal, decla265
ró al diario El Nacional que RCTV Mundo no requiere la
aprobación de Conatel para salir al aire, porque en la Ley
de Telecomunicaciones no existen criterios ni impedimentos
para que un canal internacional se sume a la grilla de programación de las empresas de TV por suscripción.
RCTV Internacional salió de programación de señal por
suscripción el 24 de enero pasado, por incumplir las disposiciones de la Ley Resorte. El 22 de febrero de 2010, Marcel
Granier, presidente de las Empresas 1BC, a la que pertenece
el canal RCTV Internacional, declaró que el medio fue inscrito “bajo protesta” como productor nacional audiovisual.
También anunció la creación de RCTV Mundo (ver alerta:
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2197).
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2202
10 de marzo
Caso 208
RESTRINGEN ACCESO DE PERIODISTAS A HOSPITAL
DONDE SE CELEBRABA EL DÍA DEL MÉDICO
Personal de seguridad del Hospital Vargas, en Caracas, impidió
el ingreso a ese local de los periodistas Beatriz Cruz Salazar, del
diario El Universal, y del equipo de Globovisión, integrado por
la reportera Gabriela Matute, el camarógrafo Ademar Dona y el
asistente Oscar Graterol, donde se celebraba el Día del Médico.
Los funcionarios informaron a los reporteros que la medida respondía a una orden de la dirección del hospital, que
señala que para ingresar al evento había que tramitar un permiso especial con un día de anticipación.
266
Los médicos encargados de la organización de la actividad
intentaron sin éxito mediar para el ingreso de los periodistas.
Finalmente, la celebración se trasladó a otro local donde la
prensa sí tuvo las facilidades para la cobertura.
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2212
12 de marzo
Caso 209
DETIENEN A COMUNICADORES DE ORGANISMO DE DDHH
Y CONFIZCAN SU VIDEOGRABADORA
Efectivos policiales detuvieron a los periodistas Rafael
Uzcátegui, Marcos Ponce y Robert Calzadilla, de la organización defensora de los Derechos Humanos, Provea, y los despojaron de su cámara filmadora, cuando la organización ofrecía
una rueda de prensa en el estado de Aragua, al norte del país.
Los policías lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar
a los asistentes y luego detuvieron a 25 personas, entre ellos los
comunicadores de Provea. La conferencia se realizó luego de
una manifestación organizada también por Provea contra la
criminalización de las protestas sociales. La policía decomisó
la videograbadora con la que los periodistas de Provea filmaron la manifestación y la conferencia de prensa, y trasladó a los
detenidos a la Comandancia General de la Policía de Aragua.
Rafael Uzcátegui es coordinador de Difusión y Monitoreo
de Provea, Marco Ponce se desempeña como investigador de
la organización, y Robert Calzadilla es fotógrafo.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2211
267
12 de marzo
Caso 210
TRABAJADORES MUNICIPALES INSULTAN Y AMENAZAN
A EQUIPO PERIODÍSTICO
El periodista José Pernalete, el camarógrafo Alexander Ozuna,
y el asistente Omaly Sáez, del canal RCTV Internacional, fueron insultados y amenazados por una decena de trabajadores
de la Alcaldía de Las Tejerías, en el estado Aragua.
Ozuna realizaba tomas de la fachada de la Alcaldía cuando un hombre, identificado con un carnet de esa institución,
se le acercó y violentamente le exigió que se vaya del lugar.
Luego se unieron los otros sujetos que rodearon a los reporteros, los insultaron y amenazaron con quitarles sus equipos
de trabajo. También golpearon el vehículo donde se trasladaban los periodistas, quienes finalmente se retiraron del lugar.
Los reporteros cubrían una huelga de hambre llevada a
cabo por ex trabajadores de la Alcaldía en las afueras de esa
institución.
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2210
11 de marzo
Caso 211
MINISTERIO PÚBLICO CITA A CONDUCTORES Y PRODUCTORES
DE PROGRAMA TRAS DENUNCIA DE DIPUTADOS
El Ministerio Público citó a los conductores del programa “Aló
Ciudadano”, transmitido por Globovisión, Leopoldo Castillo,
Sheina Chang Montero, Andreína Fuenmayor y Mariana
Reyes; y a sus productoras Nexy Aldana, María Gabriela Puche
268
y Rosa María Atencio, para atestiguar ante la Fiscalía 21° Na­
cional, en Caracas, a cargo de la jueza Gineira González.
Todos deberán asistir al juzgado el 15 de marzo para declarar sobre las afirmaciones del ex gobernador del estado Zulia,
Oswaldo Álvarez Paz, que el pasado 8 de marzo dijo en “Aló
Ciudadano” que “Venezuela se había convertido en un centro
de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico”.
La citación judicial responde a una denuncia interpuesta
por los diputados de la Comisión de Medios de la Asamblea
Nacional, Manuel Villalba y Pedro Lander, que señala que las
declaraciones de Álvarez Paz podrían constituir una instigación
al odio en contra de las instituciones y de los habitantes del país.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2209
13 de marzo
Caso 212
PRESIDENTE INSTA A FISCAL GENERAL Y A MINISTRO
DE COMUNICACIONES A INVESTIGAR PÁGINA WEB
El presidente Hugo Chávez pidió a la Fiscal General, Luisa Ortega
Díaz, y al director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), Diosdado Cabello, investigar al portal de noticias web
Noticiero Digital por haber difundido información falsa sobre el
presunto asesinato de personas vinculadas al gobierno. El 15 de
marzo, Ortega Díaz anunció la apertura de la investigación al medio virtual, a cargo de la fiscal Linda Montero.
Las declaraciones de Chávez las hizo en un teatro de Ca­
racas, durante el encuentro de los candidatos del Partido
Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional.
269
Chávez hizo esta demanda luego que en uno de los foros
de dicha web se publicaran comentarios sobre el supuesto asesinato de Diosdado Cabello y de Mario Silva, conductor de
un programa afín al presidente que se emite por Venezolana
de Televisión, canal del estado.
El presidente acusó además a Noticiero Digital de publicar “apelaciones al golpe de Estado”.
Chávez señaló que estas páginas web no deben ser libres
pues abren campo para que cualquiera diga “lo que sea”. Ex­
presó además la necesidad de que cada país imponga sus reglas en cuanto al uso de Internet.
Noticiero Digital respondió a las acusaciones del presidente mediante un comunicado explicando que las informaciones sobre el asesinato de Cabello y Silva fueron emitidas
por personas en un foro y que apenas se detectaron fueron
levantadas de la web y sus autores suspendidos del portal.
Además, remarcaron que según los “Términos y Condiciones
de Acceso a noticierodigital.com”, los foristas son los únicos
responsables de sus opiniones.
En su discurso Chávez también se refirió a Globovisión y
las declaraciones del ex gobernador Oswaldo Álvarez Paz (ver
alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2209),
amenazando al canal de ser sancionado por haber dejado que
estas afirmaciones hayan salido al aire.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2215
270
15 de marzo
Caso 213
SECUESTRAN A HIJO DE PRESIDENTE DE TELEVISORA
Cinco sujetos armados secuestraron a Carlos Ignacio Rocca,
jefe de Prensa de Televiza TV e hijo del presidente de ese canal regional, según informó Odalis Caldera, secretaria de
Seguridad y Órden Público de Zulia, estado al oeste del país.
A bordo de un Volkswagen Gol negro, los desconocidos
llegaron hasta la puerta del canal, sometieron a Rocca, lo metieron a la fuerza y bajo amenaza dentro del vehículo y se lo
llevaron con rumbo desconocido.
Odalis Caldera narró que los hombres cubrían sus rostros
con pasamontañas e iban armados con fusiles y armas cortas.
La comisaria indicó que el automóvil abandonado fue localizado horas más tarde por la policía en un sector de la región. También señaló que se ha ordenado un operativo en los
puntos de control de Maracaibo, Mara y San Francisco para
dar con el paradero del joven.
En menos de quince días han ocurrido seis secuestros en
el estado de Zulia. Se desconoce si el secuestro se debió al trabajo periodístico de Rocca.
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2217
9 de marzo
Caso 214
SEGURIDAD DE BINGO AGREDE A EQUIPO DE PRENSA
El reportero Oswaldo Rivero, la productora Rocío Pérez y el
camarógrafo Humberto Oropeza, integrantes del equipo de
271
prensa de la televisora comunitaria Ávila TV, fueron agredidos por personal de seguridad del Bingo de Las Mercedes, en
Caracas, cuando intentaban hacer tomas de la casa de juegos.
Uno de los sujetos tumbó al piso a Rocío Pérez y arremetió a patadas contra Oropeza y su cámara para evitar que filmen las afueras del bingo. Los periodistas cubrían una nota
sobre el racionamiento eléctrico en el país.
Una patrulla de la policía municipal presenció la agresión pero no actuó sino hasta que llegó uno de sus superiores.
Recién allí detuvieron a uno de los agresores.
Los reporteros permanecieron por varias horas en la sede
policial para sentar la denuncia, quejándose de la poca disposición de la policía del sector.
El agresor estuvo detenido hasta el día siguiente que fue
liberado por orden de la Fiscalía, que investiga lo ocurrido.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2226
16 de marzo
Caso 215
ASAMBLEA NACIONAL APOYA MEDIANTE COMISIÓN
UNA INVESTIGACIÓN A PORTAL WEB
La Asamblea Nacional anunció la aprobación de un acuerdo
mediante el cual se creará una comisión encargada de investigar
el uso indebido de Internet por parte del portal web Noticiero
Digital. El grupo estará integrado por las comisiones de Ciencia,
Tecnología y Medios de Comunicación y de Política Interior.
La medida se toma tras la publicación de un comentario en
un foro de Noticiero Digital, en el que se aseguraba la muerte
272
del ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello,
y del conductor del programa La Hojilla, Mario Silva (ver alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2215).
Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Medios,
Ciencia y Tecnología del Parlamento, justificó la investigación
señalando que con ella se espera evitar que Internet se utilice
para “generar zozobra, intranquilidad, atentar contra las instituciones públicas del país e incitar al odio”. Aunque descartó
que desde el Legislativo se esté planteado el control de Internet
y la existencia de alguna legislación destinada a este fin.
Villalba hizo esta aclaración luego que el pasado 15 de
marzo él mismo asomó la posibilidad de crear una norma
para evitar la difusión de falsas informaciones en la red.
http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2221
26 de febrero
Caso 216
ORDENAN A EMISORA DISMINUIR SU ÁREA DE COBERTURA
Los directivos de la emisora Radio Victoria 103.9 FM fueron
notificados por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda
(Mopvi), ordenándoles disminuir su cobertura de cuatro estados a solo tres distritos de un mismo estado. La radio se ubica en La Victoria, estado Aragua, centronorte de Venezuela.
El Mopvi tomó la medida como resolución de un procedimiento administrativo contra la emisora, abierto el pasado 15
de enero, según el cual la radio violó especificaciones técnicas
en cuanto a potencia, antena, cobertura y transmisor. Con esta
decisión la emisora, que con su potencia llegaba a los estados
273
Aragua, Carabobo, Miranda y Guárico, ahora limitará su espectro a tres sectores del estado Aragua. Según la radio, se trataría de una arbitraria medida pues el medio había obtenido
la autorización para transmitir en cuatro estados desde 1997.
Amira Mucci, secretaria del Colegio Nacional de Perio­
distas de Aragua, explicó que aunque la emisora se adapte a
los nuevos parámetros técnicos exigidos por el Mopvi, debido a la forma en la que viaja la onda y el lugar en donde se
ubica la emisora, la señal de Radio Victoria necesariamente
llegará a otros distritos distintos a los que el Mopvi autorizó.
En ese sentido se desconocen las acciones que pueda tomar
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), una
vez que se cumpla el plazo –el 12 de marzo– que el Mopvi
otrogó a la emisora para que se ponga a derecho.
Radio Victoria 103.9 FM funciona desde 1997 y nunca fue
sancionada. En agosto de 2008, Conatel le entregó la licencia
que les permite transmitir en señal abierta por nueve años más,
es decir, hasta el 2017. Se trata de una emisora especializada en
información vial sobre la autopista regional del centro y otras
vías de la zona, por lo que limitar su cobertura atenta contra la
personalidad del medio y la función social que desarrolla.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2227
22 de marzo
Caso 217
DETIENEN A DIRIGENTE POLÍTICO POR SUS OPINIONES
El ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, fue
detenido, acusado de los delitos de conspiración, instigación
274
pública a delinquir y difusión de información falsa, por sus
declaraciones en el programa de opinión “Alo Ciudadano”. La
orden de captura la emitió el Tribunal 25 de Control del Área
Metropolitana de Caracas, a solicitud de la fiscal 21° nacional,
Gineira Rodríguez.
El arresto lo ejecutó el Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin) y la Policía Metropolitana (PM). Al momento de la detención Álvarez Paz se encontraba en su vivienda
de Caracas.
Según reseñó el diario El Universal, de ser declarado culpable, Álvarez podría ser condenado con 8 a 16 años de prisión.
El pasado 8 de marzo, el también ex candidato a la presidencia opinó en “Aló Ciudadano” que Venezuela se había
convertido en un centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico. Por ello debió acudir a la Fiscalía en
calidad de imputado. Luego se dictó su orden de captura (ver
alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2209).
El proceso contra Álvarez Paz se inicia tras la denuncia de
los diputados Manuel Villalba y Pedro Lander, que señala que
las declaraciones del ex gobernador serían una instigación al
odio contra las instituciones y los habitantes del país.
Alerta. http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2230
25 de marzo
Caso 218
DETIENEN A PRESIDENTE DE GLOBOVISIÓN
Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, fue detenido por
funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en el
275
aeropuerto Josefa Camejo de Paraguaná, del estado Falcón, al
oeste de Venezuela. La medida se ejecutó por las declaraciones
que hizo Zuloaga en la reunión de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), el 21 de marzo pasado, sobre los hechos ocurridos
en Venezuela durante abril de 2002, que resultaron con la salida
temporal del presidente Chávez de su cargo.
Los delitos que se le atribuyen a Zuloaga son divulgación
de información falsa y ofensa al presidente de la República.
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, declaró a Venevisión que la orden de captura fue emitida por el
Tribunal 40 de Control de Caracas, luego que se determinara
la prohibición de salida del país del empresario.
Ortega explicó que la medida se tomó para evitar que
Zuloaga evada la investigación abierta por el Ministerio
Público el pasado 24 de marzo, a solicitud del presidente de la
Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación
de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba. El parlamentario dijo que los comentarios de Zuloaga ante la SIP contra
el gobierno son falsos y tienen por objetivo desprestigiar al
Ejecutivo. Por tanto, expresó, “le toca al empresario asumir
la responsabilidad de sus palabras”.
Zuloaga se iba de vacaciones con su familia cuando se
produjo la detención. El empresario señaló desconocer la existencia de una notificación que le prohibiera salir del país.
La noche del pasado 23 de marzo, el pleno de la Asamblea
Nacional aprobó un acuerdo en el que se rechazan y condenan las declaraciones de Zuloaga ante la SIP, al considerarlas
“manipuladoras y falsas”. El Parlamento pidió al Ministerio
Público realizar las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades penales de Guillermo Zuloaga.
276
La propuesta del acuerdo fue presentada al Legislativo por
los integrantes de la Comisión que encabeza Villalba, junto a
un video en el que Zuloaga se refiere, durante la reunión de la
SIP, a los hechos de abril de 2002 y las muertes sucedidas debido a las protestas. Allí, según los diputados, Zuloaga acusa
de los decesos al presidente Chávez.
Según la página web de la Fiscalía General de la República,
“existen suficientes elementos que hacían presumir el peligro de
que el empresario no hiciera frente al proceso penal”. Por ello,
la Fiscal 72° del Área Metropolitana de Caracas, Maricarmen
Fuentes, solicitó al tribunal que emita la orden de detención.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2231
26 de marzo
Caso 219
SENTENCIAN A PERIODISTA Y LE PROHIBEN POSTULAR
A CARGOS PÚBLICOS
El periodista Gustavo Azócar fue condenado a dos años y seis
meses de prisión por el delito de lucro ilegal en actos de la administración pública. La sentencia contempla el beneficio de
libertad condicional. El juicio se llevó a cabo en los tribunales
del estado Táchira, al oeste del país.
El Tribunal primero de juicio, a cargo del juez José
Hernán Oliveros, sentenció a Azócar, quien fue juzgado en
prisión y prohibido de hablar ante los medios de comunicación sobre su caso. El tribunal decidió retirarle la medida sustitutiva de libertad, al considerar que había violado esta norma, por publicar en su página web algunas noticias sobre su
277
caso, difundidas por otros medios (http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=1923).
El periodista deberá comparecer cada 8 días ante el
Tribunal. Además, tiene prohibido cambiar de domicilio y
quedó inhabilitado para postular a cargos políticos, lo cual es
considerado por Azócar como una injusticia pues señala que
no le han podido probar culpabilidad. Acusó también de que
su juicio obedeció a presiones de funcionarios del gobierno
que buscaban silenciarlo. El periodista tenía la intención de
postular a diputado de la Asamblea Nacional en las elecciones
del próximo septiembre.
Azócar ha denunciado en reiteradas ocasiones que su juicio y posterior encarcelamiento obedeció únicamente a presiones políticas, ejercidas por sectores afines al gobierno del
presidente Chávez, por sus denuncias sobre casos de corrupción de funcionarios del oficialismo en el estado Táchira.
El periodista fue enjuiciado por supuesto lucro ilegal, falsedad de documentos y estafa vinculada a la contratación de
publicidad en Radio Noticias 1060 AM, donde era coordinador general, y la Televisora Regional del Táchira (TRT), donde
conducía el noticiero y publicaba sus investigaciones.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2241
26 de marzo
Caso 220
MOTORIZADOS AGREDEN Y AMENAZAN A PERIODISTA
Un grupo de motorizados agredió a Rolando Hurtado, comunicador del municipio Libertador, en la ciudad de Mérida,
278
capital del estado andino del mismo nombre, al oeste del país.
El periodista cubría una protesta callejera en contra de una
resolución vial dictada por la alcaldía local.
Hurtado denunció que fue perseguido y golpeado por
unos 20 motorizados, presuntamente vinculados al oficialismo, quienes lo insultaron e incluso lo amenazaron de muerte.
El periodista, junto al equipo de prensa de la municipalidad, acompañaba al alcalde Léster Rodríguez –opositor
al gobierno nacional–, cuando éste salía del local de radio
CNB Merideña 95.3 FM, luego de transmitir su programa
“Conversando con Léster”.
Un grupo de motorizados rodeó la camioneta que el alcalde se disponía a abordar, en protesta por el uso obligatorio del
chaleco de seguridad, una norma establecida por la Alcaldía
que generó rechazo en un grupo de conductores.
Hurtado fotografió la escena y fue perseguido por un motorizado que intentó atropellarlo. El periodista corrió pero fue
alcanzado por otros conductores que lo golpearon y le exigieron entregar una supuesta arma de fuego que, presumían, tenía guardada. Él les mostró la cámara y el micrófono que cargaba, desmintiendo portar un arma. Uno de ellos le aseguró
que “era hombre muerto”.
Hurtado denunció el hecho ante la Fiscalía Quinta del
Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (Cicpc), que le aseguraron iniciarían
las investigaciones respectivas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2240
279
17 de marzo
Caso 221
DIRIGENTE REGIONAL DE PARTIDO DE GOBIERNO
PIDE INVESTIGACIÓN CONTRA EMISORAS
Noel Zamudia, dirigente regional del gubernamental Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), solicitó al Gobernador
del Estado Barinas, Adán Chávez, y al Consejo Legislativo
Regional, investigar a ciertas emisoras del Municipio de
Zamora que habrían difundido información en apoyo a candidatos legislativos presuntamente apoyados –según la denuncia- por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Zamudia advirtió tener pruebas que sustentan esta información y mencionó como ejemplo el caso de Radio Sideral.
También anunció que en los próximos días hará entrega al
diputado de la Asamblea Nacional, Mario Isea, de un dossier
con los datos que sustentan la referida denuncia.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2235
19 de marzo
Caso 222
DENUNCIAN A PORTAL WEB ANTE LA FISCALÍA
Jorge Amorín, periodista de la televisora comunitaria Ávila
TV, acudió al Ministerio Público para denunciar al portal
web Noticiero Digital y a sus administradores por haber publicado “información falsa” sobre él.
Amorín explicó que en dicha web apareció de forma tergiversada un documento emitido por el Tribunal Supremo de
Justicia sobre unas medidas de protección que él había soli280
citado. También denunció que se publicaron las direcciones
y números de teléfono de varios de sus familiares, lo que originó que tanto sus padres como su esposa fuesen víctimas de
amenazas y amedrentamientos.
Juan Eduardo Smith, administrador de Noticiero Digital,
explicó que el pasado 18 de marzo un forista publicó esa información en el portal, pero aclaró que la nota fue eliminada
y el forista suspendido por un lapso de 60 días.
Smith acotó que Noticiero Digital no practica la censura previa a sus foristas y que ellos son los responsables de sus
opiniones.
Este sitio web está siendo investigado por el Ministerio
Público por comentarios emitidos por otros de sus foristas
que divulgaron datos sobre la muerte de Diosdado Cabello
y Mario Silva, ambos vinculados al gobierno del presidente
Hugo Chávez (ver alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2215)
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2234
25 de marzo
Caso 223
PRESIDENTE DE GLOBOVISIÓN SERÁ ENJUICIADO
POR “OFENDER AL PRESIDENTE”
Guillermo Zuloaga, presidente del canal 24 horas de información Globovisión, deberá enfrentar un juicio por los delitos de divulgación de información falsa y ofensa al presidente
de la República. Así lo decidió el Tribunal 40° de Control de
Caracas, a cargo de Jesús Villarroel, el 25 de marzo último,
281
luego que el empresario permaneciera más de ocho horas retenido por las autoridades venezolanas.
La audiencia de presentación de Zuloaga, realizada en el
Palacio de Justicia, dio como resultado una medida cautelar
sustitutiva de prohibición de salida del país del empresario y la
decisión de juzgarlo en libertad por los delitos mencionados.
Zuloaga fue detenido el 25 de marzo en el aeropuerto del
estado Falcón por efectivos de la Dirección de Inteligencia
Militar trasladado a Palacio de Justicia de Caracas.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2231
28 de marzo
Caso 224
JUSTICIA PROHIBE A DIPUTADO DECLARAR A LOS MEDIOS
SOBRE UNA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió al diputado
Wilmer Azuaje declarar ante cualquier medio de comunicación sobre un caso judicial que se le sigue y en el que se le acusa de haber golpeado a una mujer policía.
La decisión fue tomada por el Tribunal Cuarto de Primera
Instancia en lo Penal en Funciones de Control, Audiencia y
Medidas de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas, con la intención
de resguardar la reputación, integridad y honor de la víctima.
Azuaje fue detenido el 25 de marzo pasado en la sede
de la División de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas, cuando intentaba recu282
perar el automóvil de su madre que había sido robado. Allí tuvo
un altercado con dos policías, una de ellas mujer, por lo que
se le acusó de la presunta comisión del delito de violencia física contra una mujer y ultraje contra un funcionario público.
El diputado desmintió haber cometido el delito, señalando que se trata de una venganza política por sus denuncias
de corrupción contra familiares del presidente Hugo Chávez.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2249
7 de abril
Caso 225
MILITARES RETIENEN A EQUIPO DE PRENSA
La reportera Beatriz Adrián, el camarógrafo Larry Rico, y
William Varguilla, asistente de cámara, miembros del equipo
de prensa de Globovisión, fueron retenidos por efectivos militares en el estacionamiento de una ferretería aledaña al Centro
Comercial Los Próceres, en Caracas. El lugar es administrado
por las Fuerzas Armadas.
Los reporteros entrevistaban a Iván Ballesteros, conductor
del programa radial “Plomo Parejo”, quien horas antes había
acudido a la Fiscalía Militar para declarar sobre una denuncia, emitida en su programa de julio de 2009, respecto de una
supuesta irregularidad con las naves de las Fuerzas Armadas.
Durante la entrevista se acercó a ellos un sargento que
les informó que no podían grabar allí porque se encontraban en una zona de seguridad militar. Luego les pidió ir a la
Gerencia de Seguridad Integral del Centro Comercial, don283
de un funcionario de la Dirección General de Inteligencia
Militar (DIM) revisaría el material grabado.
Ballesteros y su abogado, Guillermo Heredia, decidieron
acompañar al equipo de prensa. Los militares solicitaron la cédula de identidad a todos los retenidos, documentos que luego fueron devueltos, con excepción de a Ballesteros y Heredia.
Dos horas después fueron trasladado a la sede de la DIM
para revisar el material. Después, todos fueron liberados.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2256
6 de abril
Caso 226
TRIBUNAL PROHÍBE A PREFECTO DECLARAR
A LA PRENSA SOBRE SU CASO JUDICIAL
Richard Blanco, prefecto de Caracas, fue prohibido de declarar ante los medios de comunicación sobre el proceso penal
que se le sigue por haber agredido a un efectivo policial durante una manifestación ocurrida en agosto de 2009. La decisión la tomó el Tribunal 23° de Juicio de Caracas, a cargo
de Ingrid Bohórquez.
El Tribunal sostuvo que dispuso la medida para evitar someter al escarnio público al policía vinculado en el caso, y
para evitar que los comentarios u opiniones emitidas influyan
en la decisión de los encargados de las investigaciones.
Por estos hechos Blanco estuvo más de siete meses detenido. En caso de que violase la resolución podría volver a prisión.
Con este son dos casos en los que un funcionario queda
impedido de declarar sobre procesos judiciales seguidos en su
284
contra. El 28 de marzo pasado, esta misma resolución se aplicó al diputado Wilmer Azuaje (ver alerta: http://www.ipys.
org/alertas/atentado.php?id=2249).
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2253
9 de abril
Caso 227
HIEREN A DOS REPORTEROS GRÁFICOS CUANDO
CUBRÍAN PROTESTA
Alexander Hernández, reportero gráfico del diario Frontera,
e Iván Alexander Barrios, fotógrafo del Diario de Los Andes,
resultaron heridos cuando cubrían una protesta en las instalaciones del terminal de pasajeros “José Antonio Paredes”, de
la ciudad de Mérida, en el estado del mismo nombre, al oeste del país.
Ciudadanos y funcionarios del municipio de la ciudad protestaban contra la decisión del gobierno de transferir la administración del terminal de la municipalidad a la
Gobernación. La gestión edil está a cargo de Léster Rodríguez,
opositor al gobierno central.
Cuando la comitiva de la Gobernación llegó al terminal
para hacer efectivo el cambio de directiva hubo un enfrentamiento entre los manifestantes que fue reprimida por el cuerpo antimotines de la policía de Mérida.
Alexander Hernández fue herido por el impacto de perdigón. A Iván Alexander Barrios un grupo de efectivos policiales le dislocaron el brazo derecho cuando, supuestamente,
controlaban el orden público.
285
Barrios fue auxiliado por los bomberos y trasladado al
hospital del Seguro Social.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2258
6 de abril
Caso 228
MINISTERIO AMENAZA A EMISORA CON ACUSARLA DE USO
CLANDESTINO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
La emisora Victoria 103.9 FM recibió un oficio del Ministerio
de Obras Públicas y Viviendas (Mopvi) exhortándolos a cumplir con los lineamientos técnicos que la obligan a limitar
su área de cobertura a cuatro municipios del estado Aragua.
Según el oficio, de no cumplir con esta orden serán acusados
de usar el espectro radioeléctrico de manera clandestina.
La carta fue remitida en respuesta a una solicitud de aclaratoria que hizo la emisora, pues el Mopvi había decidido en
marzo pasado obligar a la radio a disminuir en 90% su potencial. Esto redujo su área de cobertura de cuatro estados a
tres municipios (ver alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2227).
La emisora cumplió con la disposición del ente regulador,
pero existen aspectos técnicos que hacen que Victoria 103.9
FM se escuche en otros municipios más allá de los permitidos.
El oficio del Mopvi le da un plazo de cinco días para que
ajuste su cobertura a los municipios permitidos. Las sanciones incluirían la revocatoria de la licencia para transmitir y la
confiscación de equipos.
286
En un comunicado emitido por Victoria 103.9 FM se
aclara que han hecho estudios técnicos, mediciones y elaboración de mapas de cobertura. Estos resultados, que reflejan que
la emisora se ajusta a los parámetros técnicos exigidos, serán
presentados ante los organismos correspondientes.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2263
10 de abril
Caso 229
RETIENEN A CORRESPONSALES DE CANAL COLOMBIANO
Policías y miembros de la Guardia Nacional retuvieron por
tres horas al reportero Daniel Garrido y al camarógrafo Rafael
García, del equipo de prensa del canal colombiano Caracol.
Ambos cubrían una comisión en la finca La Ponderosa, ubicada en la localidad de Cúpira, en el estado Miranda, al norte de Venezuela.
Garrido, venezolano, y García, colombiano, recababan información sobre un grupo de 12 colombianos detenidos allí el
19 de marzo último, acusados de paramilitarismo. Efectivos de
la Guardia Nacional y policías del municipio Pedro Gual que
resguardaban las instalaciones informaron a los periodistas que
no podían filmar. Entonces, fueron retenidos y tanto sus equipos como el vehículo en el que se trasladaban, fueron revisados.
Tras ser liberados Garrido y García fueron al caserío de
enfrente para recaudar información cuando policías armados
con escopetas los interceptaron, se subieron al vehículo de los
reporteros y los obligaron a ir a la comandancia policial de
Pedro Gual, donde permanecieron dos horas más.
287
Las autoridades volvieron a revisar sus documentos de
identificación y el vehículo. También intentaron decomisar
el material de los reporteros.
La policía justificó su actuar señalando que periodistas extranjeros no contaban con el permiso para trabajar en
Venezuela. Argumento que no se ajusta a la legislación vigente del país. Garrido es venezolano y ambos reporteros tenían
su documentación en regla.
Finalmente los liberaron. Garrido presume que fue gracias a la difusión que ya se le estaba dando a la noticia en los
medios de comunicación.
Garrido denunció también que seis meses atrás fue agredido por un miembro de la Guardia Nacional, quien lo apuntó
con un arma en la cabeza cuando cubría un motín en una cárcel.
En ese momento, Garrido trabajaba para la televisora
Televen, y denunció el caso ante las autoridades, pero aún no
ha recibido respuesta.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2262
22 de abril
Caso 230
EMISORA VETA A SECRETARIO DE COLEGIO DE PERIODISTA
POR NO ASUMIR SU DEFENSA ANTE AMENAZAS DE CIERRE
Rafael Oviedo, director de la radio Class 98.7 FM, prohibió que
se diera cabida en cualquiera programa a Miguel Mundo, periodista y secretario General del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) del estado Cojedes, en el centro de Venezuela.
288
Mundo participó en el programa “Hablando Claro y
Raspao”, transmitido por Class 98.7 FM, para promover una
campaña ecológica por el “día de la tierra”, organizada por el
CNP y el Círculo de Reporteros Gráficos del Cojedes. El periodista denunció que minutos después de su intervención en
el programa Oviedo ordenó vetarlo.
El periodista presume que la decisión se debió a diferencias que tuvieron en mayo de 2009, cuando la emisora fue
amenazada de cierre por el gobernador del estado, Teodoro
Bolívar. Oviedo no se sintió conforme con las acciones del
CNP en torno a la medida (ver alerta: http://www.ipys.org/
alertas/atentado.php?id=1874).
Por su parte, el director de la radio se quejó de la labor de
Mundo frente al CNP-Cojedes, acusándolo de no asumir una
defensa real frente a las agresiones que ha sufrido la emisora.
El 17 de abril último, la alcaldesa del municipio de
Ricaurte, Hylcris Martínez, amenazó a la radio con cerrarla,
agrediendo a Alexander Mireles, conductor de “Hablemos
Claro y Raspao”.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2267
22 de abril
Caso 231
IMPIDEN INGRESO DE PERIODISTA A INSTALACIONES DEPORTIVAS
Jorge Castellanos, reportero gráfico del diario La Nación,
fue impedido de ingresar a las piscinas olímpicas del parque
Metropolitano, en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira.
289
El reportero cubría la preparación de una atleta que entrenaba para una competencia internacional cuando una funcionaria del ministerio del Poder Popular para el Deporte le
dijo que no podía ingresar sin un permiso, emitido por ese
despacho.
Jorge Castellanos dijo que se identificó como periodista
y le explicó la razón de su visita, pero ella le reiteró que no
podía entrar.
Otra mujer que iba con la funcionaria le gritó al fotógrafo que no podía entrar al lugar porque “los periodistas tergiversan la información”.
Según periodistas de varios medios, no es la primera vez
que se les prohíbe el ingreso a instalaciones deportivas en
Táchira. Esto se debería a las denuncias publicadas en medios sobre el deterioro de los complejos deportivos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2270
23 de abril
Caso 232
DECOMISAN EJEMPLARES DE SEMANARIO Y ANUNCIAN
SU CIERRE TEMPORAL
José Pinto Rosario, director de Protección Ciudadana y
Seguridad de la alcaldía de San Fernando, ordenó el decomiso
del tiraje del semanario Notillanos (un total de 4 mil ejemplares) que circula en el estado Apure, al suroeste de Venezuela.
Pinto notificó al medio que deberá cumplir con 180 días
de cierre, que podrían ser prorrogables, debido a un supuesto
incumplimiento en el pago de impuestos municipales.
290
El decomiso fue ejecutado por funcionarios de la alcaldía
que, junto a la policía, interceptaron el vehículo que transportaba los ejemplares y los llevaron a la sede de la municipalidad. La notificación de cierre la enviaron al medio a través
del conductor del vehículo que llevaba los ejemplares.
Previo al decomiso, la alcaldía publicó un aviso oficial para
que los medios de la región acudan a la Oficina de Tributos
de la Alcaldía para ser informados sobre su situación respecto
al pago de impuestos municipales.
Saday Flores, jefa de Redacción de Notillanos, dijo al IPYS
que los abogados del medio acudieron en dos oportunidades
a cumplir este trámite pero no pudieron acceder al expediente del semanario ni a información sobre el monto de la supuesta deuda.
Flores explicó que el medio desconocía a qué tipo de impuestos se refiere la alcaldía, pues en esa entidad los medios no
pagan tributos. La periodista presume que la medida se debe
a una represalia por las denuncias publicadas en Notillanos
sobre presuntas irregularidades administrativas cometidas en
el municipio, cuyo alcalde es Jhon Guerra.
El 22 de abril último, Alberto Morales, abogado de la municipalidad, anunció el cierre de Notillanos en el programa
“Par de dos” de la televisora regional ContacTV.
Morales dijo que no se devolverán los ejemplares incautados y que la decisión de clausurar el medio se mantiene
hasta que se cancele la deuda. Aclaró que no se trata de un
atentado contra la libertad de expresión sino de una medida
contra una empresa que no cumple con la ley. Periodistas de
Notillanos señalaron que el municipio quemará los ejemplares decomisados.
291
Vladimir Hidalgo, dueño del semanario, denunció al
IPYS que el decomiso se hizo sin la orden de un tribunal y
aseguró que los abogados del semanario interpondrán un recurso de amparo para evitar la clausura del medio.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2269
22 de abril
Caso 233
DIARIO PIDE RESGUARDO POLICIAL ANTE AMENAZAS
DE GRUPOS OFICIALISTAS
El 22 de abril de 2010, Estela Tami, jefa de redacción del diario La Prensa, solicitó protección policial para el personal del
medio tras recibir información de posibles agresiones por parte de grupos oficialistas llamados “guerrillas comunicacionales”. El hecho ocurrió en el estado de Barinas, al oeste del país.
Estela Tami señaló que una fuente de las “guerrillas” le informó sobre el interés de algunos de sus miembros de ir al medio para darle “un escarmiento”. Periodistas del diario De Frente,
que recibieron la misma información, también alertaron a Tami.
El 21 de abril último, las “guerrillas comunicacionales”
convocaron a una reunión en la Plaza Bolívar. Allí, Elena
Angulo, diputada y vicepresidenta del Consejo Legislativo
Regional, calificó a La Prensa de “canalla” y “amarillista”, acusando al medio de “malversar informaciones” y “mentir”. Esto
en referencia a una nota sobre las “guerrillas comunicacionales” publicada el pasado 18 de abril. También se refirió con insultos a otra nota que informaba sobre la posibilidad de que
el ex secretario de Estado, Argenis Chávez, no sea candidato
292
a diputado de la Asamblea Nacional. Adán Chávez, gobernador de Barinas, exigió a Tami a que brinde detalles sobre la
fuente que le proporcionó estos datos.
Las “guerrillas comunicacionales” son movimientos chavistas que por orden del mandatario se organizan para realizar acciones de comunicación que contrarresten a los medios cuyas
líneas editoriales se consideran críticas a la gestión del gobierno.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2268
2 de mayo
Caso 234
PRESIDENTE ACUSA DE GOLPISTA A TELEVISORA
El 2 de mayo de 2010, Hugo Chávez acusó a Televén de golpista, luego de que la periodista de ese canal, Adriana Nuñez,
le hiciera preguntas que el presidente consideró impertinentes. El hecho ocurrió en Caracas, cuando Chávez respondía
a la prensa tras haber votado en las elecciones primarias del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Nuñez preguntó sobre la posibilidad de que un “parlamento comunal” sustituyese a la Asamblea Nacional; sobre si
se podría extender el aumento salarial de los militares al resto
de la población, y también sobre la ayuda prestada por ciudadanos cubanos a la Fuerza Armada Nacional.
El presidente rechazó las interrogantes, señalando que éstas
no tenían que ver con el proceso electoral. Luego, acusó a Televén
de haber participado en el golpe de Estado de abril de 2002.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2280
293
30 de abril
Caso 235
SEGUIDORES DEL PRESIDENTE INSULTAN A EQUIPO DE PRENSA
Simpatizantes del presidente Hugo Chávez insultaron e intimidaron al equipo de prensa de RCTV internacional, conformado por José Pernalete, Eduardo Torres y Ronald Suárez. El
hecho ocurrió en la zona de Ruperto Lugo, en Caracas.
Los periodistas cubrían una toma de rehenes. Cuando
estaban por retirarse del lugar siete personas, que Pernalete
identificó como seguidores del presidente Chávez, se acercaron a los reporteros y los insultaron.
Éstos se subieron al vehículo del canal pero los agresores rodearon el auto para insultarlos. El equipo de prensa logró huir.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2278
22 de abril
Caso 236
REPORTERO GRÁFICO MUERE EN EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS
El reportero gráfico Jorge Durán, que trabajaba para el
Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, falleció de un
paro cardíaco mientras cubría una rueda de prensa convocada por el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional
(GN), en una zona de selva boscosa del estado Zulia, al oeste
de Venezuela.
Mario Villegas, vicepresidente de la Comisión Electoral
Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, denunció que
las condiciones en las que ocurrió la muerte del reportero gráfico fueron confusas y que su deceso hubiese podido evitarse.
294
Villegas explicó a IPYS que Durán, junto a periodistas
de la Agencia Bolivariana de Noticias, Reuters, la televisora del Estado Venezolana de Televisión y la televisora privada Venevisión, cubría la conferencia dirigida por el general
Miguel Vivas Landino, Jefe del GN, que mostraba laboratorios ilegales donde se procesaba cocaína.
Sin embargo, dijo Villegas que para cubrir esta comisión los
periodistas no contaban con la debida hidratación, vestimenta,
ni preparación. En el sitio había residuos químicos que causaron desmayos, vómitos y mareos en algunos de los asistentes.
Finalizada la rueda de prensa, los periodistas fueron instados a abandonar el área rápidamente, pues estaba oscureciendo y en la zona abundan paramilitares y narcotraficantes. Los
reporteros debían abordar dos helicópteros para ser llevados
a un poblado cercano.
Durán, de 55 años, se rezagó en el trayecto de regreso,
junto al camarógrafo Julio Uribarrí, de la agencia Reuters, y
un efectivo de la GN, que lo ayudaron a avanzar. Sin embargo, los pilotos de los helicópteros decidieron despegar sin esperarlos, pese a que los periodistas que sí lograron abordar las
naves insistieron en aguardar por ellos.
En esta situación Durán falleció.
El 29 de abril pasado, representantes del Colegio Nacional
de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa, del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela y de
la ONG Espacio Público acudieron a la Fiscalía General de la
República para solicitar la investigación de los hechos.
Alerta: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=2276
295
2002-2009:
TESTIMONIOS
GRÁFICOS
DE ATAQUES
CONTRA LA PRENSA
David Maris (Compilador)
D
urante el período bienal que registra el presente volumen, se cumplieron diez años de la asunción al poder del presidente Hugo Chávez y de la
autodenominada Revolución Bolivariana. En efecto, el 2 de
febrero de 2009 se completó la primera década desde que
el otrora Teniente Coronel del Ejército se juramentó en el
Congreso Nacional ante su predecesor, Rafael Caldera, y sobre una Constitución –la de 1961– que calificó de “moribunda”, en anticipo de lo que a la postre sería el nuevo Proceso
Constituyente.
La Carta Magna no sería lo único en cambiar. En nombre
de la doctrina decimonónica del Libertador Simón Bolívar, y
después de algunos años, también en nombre de un inédito
socialismo del siglo XXI, Chávez y sus administraciones trajeron al campo de lo institucional el sacudón que en otros órdenes de la vida pública venezolana se venía sintiendo como
consecuencia de una crisis socioeconómica y política que data
de mediados de los años 80 del siglo XX.
La remodelación que consigo trajo la Revolución Boli­
variana en lo concerniente a las relaciones entre Estado y
296
Ciudadanía, muestra a la fecha un saldo que puede ser tema
de debate. Fuera de toda duda, sin embargo, queda el hecho
de que medios y periodismo estuvieron y siguen expuestos en
la mitad del conflicto político, no sólo atrapados en el fuego
cruzado de los bandos en pugna, sino considerados ellos mismos como actores del conflicto.
Frente a un Estado ávido de control y dispuesto a construir
una “hegemonía comunicacional”, por una parte, y uno medios comerciales a menudo demasiado permeables a los requerimientos de las partisanías, el periodismo no siempre pudo o
supo conquistar su espacio. El Estado proclamó una pretendida
“Guerra de IV Generación” en uno de cuyos frentes, el mediático, los reporteros no serían más que simples soldados en liza.
Esta valoración tuvo por consecuencia que los reporteros
se convirtieron en blanco tanto de los recursos punitivos del
Estado, como de los ataques físicos, espontáneos o no, contra sus personas.
En el primer caso, la apertura de investigaciones a través
de la Fiscalía o de causas judiciales abiertas al gusto, cuando
no dirigidas a control remoto por representantes del Poder
Ejecutivo, se convirtieron, junto a otras sanciones de carácter
administrativo, en los modos más manidos de intimidación.
En el segundo caso, cuando tales ataques callejeros se produjeron, casi nunca fueron repudiados ni por autoridades ni
por líderes que pudieran desalentar a los agresores, acaso simpatizantes suyos. Los incidentes, de violencia e intensidad
variables, adquirieron la licencia de la rutina, hasta el punto
que sus propias víctimas empezaron a tomar como natural el
veto de acceso a determinadas zonas y eventos y la posibilidad
latente de una agresión en caso de contravenir ese interdicto.
297
En vista de todo ello, Ipys Venezuela quiso incorporar al
reporte la sección que sigue. Se trata de un recorrido fotográfico por los diez años iniciales del proceso revolucionario,
con imágenes de agresiones contra el periodismo ocurridas
en el período.
A tal fin se encargó al reputado fotógrafo, David Maris, hacer la búsqueda y selección de las imágenes. De partida, la asignación tenía sus límites: la exigua disponibilidad de archivos
fotográficos ordenados, uno de ellos; también el predominio
de material capitalino (de cierta manera justificado por las estadísticas, que revelan que en promedio una de cada dos agresiones contra periodistas ocurre en Caracas); y como quiera que
el trabajo de monitoreo y documentación de ataques contra
la prensa fue iniciado por Ipys Venezuela desde su fundación,
en 2002, sólo a partir de ese año habría testimonios gráficos.
A pesar de ello, Maris consiguió como curador una muestra –de la que, a su vez, las imágenes que a continuación se
publican resultan una última selección– quintaesencial del
nocivo clima de acoso e intimidación al que han debido enfrentar los reporteros. En la criba final, otros criterios, como
los valores plásticos de las fotografías, y la ilustración en su
contenido de métodos “endémicos” de limitación del trabajo
periodístico, fueron considerados.
Ipys Venezuela agradece a la Cadena Capriles, y a los diarios El Nacional y El Universal de Caracas, el acceso concedido a sus archivos y la cesión de los derechos de publicación
de sus imágenes.
Las informaciones y comentarios incluidos en las fotoleyendas son exclusiva responsabilidad del Instituto Prensa y
Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela).
298
11 de abril de 2002
Trasladado por agentes de seguridad y civiles, va el cuerpo
inerte del fotógrafo Jorge Tortoza. Ha recibido un disparo en
la cabeza que le quitará la vida. Cubría para el diario 2001 los
disturbios en el centro de Caracas que ese mismo día dejarán
un saldo de 19 muertes, muchas de ellas, producidas por presuntos francotiradores, como lo sugirió la trayectoria descendente de la bala que mató al propio Tortoza. Los sucesos del
11 de abril de 2002 desembocaron en el desalojo del poder
del presidente Chávez, pero sólo durante 47 horas hasta que
se restituyó la institucionalidad en el país; sin embargo, a más
de ocho años de aquella fecha nadie ha sido condenado en firme por la muerte de Tortoza.
Foto: Fernando Sánchez/El Universal
299
8 de julio de 2002
En horas de la noche, un artefacto explosivo es lanzado desde
la calle hacia el estacionamiento de la sede del canal 24 horas de información Globovisión, reconocido por su línea editorial de oposición al gobierno. Dos vehículos de la estación
quedaron destruidos. La mañana siguiente, como se ve en la
foto, el canal trasmite su programación en vivo frente a los
restos chamuscados.
Foto: Carlos Ramírez/ Cadena Capriles
300
11 de noviembre de 2002
Simpatizantes progubernamentales intentan despojar de su
cámara al fotógrafo Héctor Castillo, durante una manifestación en el centro de Caracas.
Foto: Cadena Capriles
301
13 de diciembre de 2002
La Guardia Nacional reprime a manifestantes frente a la sede
de la petrolera estatal Pdvsa en Chuao. La embestida incluye a camarógrafos de TV, como se aprecia en la instantánea.
El incidente ocurre en el marco del paro nacional indefinido
que convocaron la patronal Fedecámaras y la Confederación
de Trabajadores de Venezuela. El paro se extenderá por casi
tres meses.
Foto: Jesús Castillo/ El Nacional
302
3 de octubre de 2003
Autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) y representantes del canal 24 horas de información, Globovisión, se agolpan sobre la azotea de la sede de la
estación en Caracas, durante un procedimiento de incautación de equipos de microondas. Según el órgano regulador,
Globovisión estaba ocupando con esos equipos frecuencias
que no le estaban autorizadas.
Foto: Álvaro Hernández/ Cadena Capriles
303
3 de marzo de 2004
Mientras cubría disturbios antigubernamentales en las cercanías de la Plaza Altamira, al este de Caracas, el camarógrafo
Carlos Colmenares del canal RCTV recibió un disparo en la
pierna izquierda, en primera instancia atribuido a francotiradores desconocidos apostados en la azotea de un edificio
cercano y, luego, según testimonios de colegas presentes, a
la Guardia Nacional. La imagen corresponde al día siguiente, cuando el camarógrafo herido y funcionarios de la Policía
Científica reconstruyen el hecho.
Foto: Luis Vallenilla/ Cadena Capriles
304
4 de junio de 2004
En una acción coordinada, simpatizantes del oficialismo protagonizaron ataques simultáneos en Caracas contra sedes y
activos de distintos medios de comunicación, incluyendo las
sedes del canal RCTV, y de los diarios El Nacional y Así es
la Noticia, así como unidades de transporte de los diarios La
Religión, la Voz de Guarenas y del Bloque DeArmas. En la
gráfica, personal del periódico sofoca un conato de incendio
generado durante el ataque contra Así es la Noticia.
Foto: Carlos Meza/ Cadena Capriles
305
29 de enero de 2005
La Directora Asociada del diario El Nuevo País de Caracas, Patricia
Poleo, observa el desorden dejado en su dormitorio por los funcionarios de la Policía Científica que acaban de allanar su residencia.
Los funcionarios buscaban ejemplares filtrados a la periodista del
expediente sobre el asesinato del Fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. Eventualmente, la Fiscalía abriría una
investigación contra Poleo como presunta autora intelectual del
crimen. La periodista marchó al exilio en Estados Unidos, donde
permanece. En diciembre de 2006, en el mismo evento donde el
Fiscal General pidió el sobreseimiento para otros imputados, el
Ministerio Público aseguró que no podía llegar a un acto conclusivo con respecto a Poleo por encontrarse en ausencia.
Foto: Alex Delgado/ El Nacional
306
16 de febrero de 2005
La reportera Tamoa Calzadilla, del diario Últimas Noticias,
declara a su salida de la Fiscalía General de la República. Allí
fue sometida a cuatro horas de interrogatorio por la Fiscal
36, Mercedes Prieto, quien pretendía conocer las fuentes
que habían filtrado a la periodista documentos del expediente sobre el asesinato del Fiscal Danilo Anderson. A la
larga, Calzadilla ganaría el Premio Latinoamericano IpysTransparencia Internacional por su investigación acerca del
caso. Hoy Calzadilla es Jefe de la Unidad de Investigación de
la Cadena Capriles y forma parte del Consejo Asesor de Ipys
Venezuela.
Foto: Carlos Meza/ Cadena Capriles
307
8 de marzo de 2006
Funcionarios de la policía científica examinan los rastros dejados por tres artefactos explosivos arrojados en horas de la madrugada contra la sede del diario La Región de Los Teques, capital del estado Miranda (al suroeste de Caracas). Las bombas,
de fabricación casera, iban acompañadas con panfletos que
anunciaban “juicio y muerte” para los periodistas del medio.
Foto: Joel Aranguren/ El Universal
308
21 de abril de 2007
Manifestantes convocados por el Comando Nacional de la
Resistencia (CNR), de oposición, rechazan en una calle de
Caracas la decisión anunciada cuatro meses antes por el presidente Chávez de no renovar la concesión de frecuencia abierta
a la televisora RCTV, de línea editorial opositora y la más antigua del país. La medida se concretó el 28 de mayo de 2007.
La estación entonces creó una versión “internacional” para
difundir su programación a través de los servicios de suscripción. Sin embargo, en enero de 2010 el gobierno puso en vigencia una legislación que forzó a las empresas cableras a sacar
RCTV Internacional del aire.
Foto: Marcel Cifuentes/ El Universal
309
1 de mayo de 2007
Así quedó la fachada de la sede del canal RCTV tras el paso de
un grupo de simpatizantes del gobierno que lanzaron piedras
y amenazaron a sus trabajadores. La tensión crecía al acercarse
la fecha prevista para el cese de la concesión de RCTV.
Foto: Félix Gerardi/ El Universal
310
7 de junio de 2007
Un reportero gráfico se protege para seguir los enfrentamientos a tiros entre manifestantes de oposición y un grupo de
empleados gubernamentales atrincherados en la sede de un
organismo estatal, en la avenida Francisco de Miranda, en el
municipio Chacao de Caracas.
Foto: Williams Marrero/ El Nacional
311
14 de junio de 2007
El conductor del espacio Aló,Ciudadano de Globovisión, Leo­
poldo Castillo, es recibido por simpatizantes al llegar a la
sede de la Fiscalía General de la República para declarar sobre la denuncia formulada en su contra por el ministro de
Información y Comunicación, según la cual su programa instigaba al magnicidio.
Foto: Jean Pierre Sánchez/ El Nacional
312
10 de diciembre de 2008
La reportera María Teresa Guédez, corresponsal en Valencia
(estado Carabobo) del diario El Aragüeño de Maracay (estado Aragua), es evacuada en camilla de la sede del Consejo
Legislativo local. Al final de la primera sesión anual de ese organismo, un grupo de simpatizantes del presidente Chávez
irrumpió en el salón e hirió a diez representantes de medios
de comunicación, entre periodistas y reporteros gráficos.
Foto: Edsaú Olivares/ Notitarde-El Universal
313
3 de febrero de 2009
Cara a cara frente a la sede de la Fiscalía General de la Re­
pú­blica, se encuentran el director general de Globovisión,
Alberto Federico Ravell, y su entrevistador, Pedro Carvajalino,
del canal estatal Ávila TV. Ravell acudió a declarar ante el
Ministerio Público como testigo acerca de una reunión de
opositores en Puerto Rico denunciada por el gobierno como
una cita conspirativa. Carvajalino, que había tenido un altercado en otra entrevista con Ravell un mes antes, forma parte
de una camada de reporteros de medios del Estado que, además de información, buscan hostigar, provocar y ridiculizar
a voceros de oposición. A su vez, estos reporteros suelen ser
víctimas de agresiones.
Foto: Omar Véliz/ El Nacional
314
19 de febrero de 2009
Reporteros de la fuente parlamentaria hacen guardia a las
afueras del Hemiciclo de la Asamblea Nacional. Dos días antes, en una decisión inédita, la presidente de la Asamblea, la
oficialista Cilia Flores, prohibió el acceso de cámaras y reporteros a las sesiones, en represalia a una nota en vivo de la periodista Beatriz Adrián (segunda de derecha a izquierda, en la
foto) del canal Globovisión, en la que se captaba a un diputado que revisaba páginas presuntamente pornográficas en la
web mientras las discusiones transcurrían en el parlamento.
Los reporteros debieron entonces seguir las sesiones por la señal del canal del Estado.
Foto: Omar Véliz/ El Nacional
315
3 de agosto de 2009
Invocaciones religiosas dominan la sala de recepción del canal Globovisión, mientras en los monitores se repiten imágenes del ataque realizado minutos antes contra la sede de la
televisora por la dirigente de base del oficialismo, Lina Ron,
y algunos seguidores de su fracción, UPV (Unidad Popular
Venezolana). El grupo intentó entrar por la fuerza al canal y
arrojó bombas lacrimógenas que afectaron al personal. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Foto: Nicola Rocco/ El Universal
316
4 de agosto de 2009
Periodistas de distintos medios protestan ante la sede de la
Fiscalía General de la República, en Caracas, la salida del aire
de 32 emisoras de radio y 2 de TV en todo el país, ordenada
por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
tres días antes. El ente regulador, mediante una acción sumaria, despojó de sus concesiones a distintos medios radioeléctricos, aduciendo diversas irregularidades en sus situaciones.
Además, anunció que se trataba de la primera avanzadilla de
un grupo de dos centenares de medios en examen que podían
correr una suerte similar.
Foto: Fernando Sánchez/ El Universal
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13 de agosto de 2009
Un saldo de 12 lesionados, ocho de ellos de consideración –in­
cluyendo a cuatro con traumatismos craneoencefálicos–,
resul­tó de la agresión de la que fueron víctimas periodistas de
la Cadena Capriles. Dos docenas de ellos habían salido de su
lugar de trabajo, situado unas pocas cuadras al norte, hasta
la céntrica Avenida Urdaneta de Caracas, donde repartieron
volantes en protesta por la recién aprobada Ley de Educación
que contiene algunas restricciones para los medios. De pronto, un grupo de contramanifestantes los atacó, mientras gritaba consignas como “Esta calle es del pueblo”. Según testigos,
algunos de los agresores provenían del contiguo edificio sede
del canal estatal Ávila TV.
Foto: Miguel Gutiérrez/Cadena Capriles
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27 de agosto de 2009
El periodista Gustavo Azócar es conducido dentro de un vehículo de seguridad a la sede de los tribunales de San Cristóbal, estado
Táchira (suroeste de Venezuela) para una audiencia del juicio que
entonces se le seguía por supuestos ilícitos de lucro indebido contra la administración pública. La causa había iniciado nueve años
antes, en 2000, y ya había mantenido al reconocido periodista
opositor algunos días en prisión. En 2009 el caso se reactivó y fue
confiado a otro juez, que dictó medida preventiva de privación de
libertad. Azócar estuvo tras las rejas hasta marzo de 2010, cuando el
juez falló en su contra y dictó pena de dos años y medio de prisión,
conmutada por un régimen de presentación. La sentencia inhabilitó a Azócar para postularse a cargos públicos de elección popular.
Foto: Eleonora Delgado/ El Nacional
319