Narcotraficantes, carteles y otros demonios: violencia e ilegalidad

Transcripción

Serie Policy Briefs
N.º 10, junio de 2010
Narcotraficantes, carteles
y otros demonios:
violencia e ilegalidad en
México y Colombia
Juan Carlos Garzón
Garzón, J. C. (2010). Narcotraficantes, carteles y otros demonios: violencia e
ilegalidad en México y Colombia, Serie Policy Briefs, n.º 10, junio, Consorcio
Global para la Transformación de la Seguridad.
Disponible en: http://www.securitytransformation.org/esp/gc_publications
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Policy Brief
NARCOTRAFICANTES, CARTELES Y OTROS DEMONIOS: VIOLENCIA E ILEGALIDAD EN
MÉXICO Y COLOMBIA
Por Juan Carlos Garzón1
¿Violencia o ilegalidad? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué nos preocupa? Lo sucedido en México y Colombia
ha implicado respuestas distintas a estos cuestionamientos. La ilegalidad no siempre ha equivalido a dosis
altas de violencia, ni la baja en los indicadores de violencia ha implicado que se haya reducido la ilegalidad
(o que haya más estatalidad). En México, la tendencia a la baja de la tasa de homicidios (dolosos) en el
período de 2001 a 2007 no necesariamente se encuentra relacionada con una contracción de la ilegalidad o una
menor actividad de los carteles. De la misma manera, en Colombia habría que preguntarse si la caída en los
indicadores de violencia, especialmente del homicidio en el período de 2003 a 2008, ha sido el resultado de la
menor presencia de estructuras del narcotráfico o un cambio drástico en el comportamiento de las economías
ilícitas. Aproximaciones regionales a lo ocurrido en estos dos países sugieren que los descensos en los niveles
de violencia –acompañados en algunos casos de bajas en los índices de criminalidad– (en ocasiones) se
pueden encontrar ligados a la consolidación de determinadas estructuras criminales y su regulación sobre las
actividades ilegales.
1. Especialista, Departamento para la Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales, Secretaría de Asuntos Políticos, Organización de Estados Americanos (OEA). Las opiniones aquí expresadas comprometen solamente al autor y no a la OEA.
Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado Transnacional
http://www.securitytransformation.org/bli_wg.php?id=50
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El nexo entre violencia e ilegalidad es un punto central para entender la dinámica del crimen organizado
y específicamente del narcotráfico en México y Colombia, así como la relación entre el Estado y las facciones
criminales. De manera frecuente, las comparaciones de lo que sucede en estos dos países se dirigen a estos
dos ejes, estableciendo similitudes entre los altos niveles de violencia y en el crecimiento de las actividades
ilegales (específicamente el tráfico de drogas). Con paralelismos desacoplados, algunos pretenden mirar al
México de hoy a partir de lo sucedido en Colombia en la década de los ochenta y noventa (lo que suele
llamarse la colombianización), y otros sugieren que la Colombia de hoy se configura como un caso exitoso
para dar respuestas a lo sucedido en el país del norte en los últimos años. No obstante, ni México ha llegado
a los niveles de violencia de Colombia,2 ni Colombia ha encontrado una respuesta sostenible a la ilegalidad, y
en algunas ciudades y regiones, tampoco a la violencia.
El objetivo de este artículo es descifrar la relación entre la violencia y la legalidad, en una tarea que
intenta superar el plano teórico y proponer un mapa de navegación que dé claves para el diseño de políticas
en estos dos países. El punto de partida es que tanto la violencia como la ilegalidad tienen sustrato racional
–si se quiere una explicación– que determina su implementación. Desde esta perspectiva, siguiendo a Stathis
Kalyvas, la percepción generalizada de la violencia como un proceso aleatorio, caótico y anárquico o como un
fenómeno que con mayor precisión podría analizarse desde la perspectiva de las pasiones y de las emociones
no tiene validez alguna (Kalyvas, 2001). En este sentido, la violencia, lejos de ser el resultado de problemas
de intolerancia entre los ciudadanos –suponiendo la responsabilidad de muchos agresores– es ocasionada por
unos pocos actores reincidentes con una lógica subyacente y un poder considerable. Como lo afirma Mauricio
Rubio: “La monopolización de los mercados ilegales, una idea recurrente en la literatura sobre mafias y
el crimen organizado, es más consistente (para explicar los niveles de homicidio)… que la noción de una
sociedad en la que el ciudadano promedio es un criminal”. (Rubio, 1998)
2. Colombia comenzó la década de los noventa con una tasa de 79 homicidios con cien mil habitantes, y la tasa permaneció por encima de los 70 homicidios hasta el año 1994, en el marco de la época más intensa en términos de violencia por parte del narcotráfico.
Mientra tanto, México en 2009 tuvo una tasa de 12 por cien mil habitantes, la cual se encuentra por debajo de la tasa máxima de ese
país en los último diez años (14,7 en 2000).
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Esto no solo atañe a los grupos criminales, sino también al Estado y específicamente al gobierno que
debe decidir qué tanta violencia (legítima) aplicar y cuánto de la ilegalidad tolerar. Lo anterior depende del
equilibrio que se establezca entre la delincuencia organizada y gobierno, el cual está directamente vinculado a
sus capacidades y la percepción sobre las estrategias y acciones del contrario. Para el profesor de la Universidad
Georgetown, John Bailey, los grupos delictivos ajustan su comportamiento en función de sus propios objetivos
y recursos, en relación a las dinámicas de los mercados, las políticas públicas y la cooperación/confrontación
con los otros grupos criminales. Mientras tanto, los gobiernos ajustan su comportamiento en función de la
dinámica electoral, las expectativas de otros gobiernos y la valoración que hace de las organizaciones delictivas
(Bailey y Taylor, 2009). El resultado de esta relación (gobierno/grupos criminales y de las facciones ilegales
entre sí) va a determinar la manera en que se combinan la violencia y la ilegalidad.
Violencia e ilegalidad: las combinaciones posibles
Para comenzar a descifrar las relaciones entre violencia e ilegalidad se puede partir de un ejercicio
sencillo: definir las combinaciones posibles. Lo anterior, bajo el siguiente esquema de análisis que servirá como
marco para observar el momento actual de México y Colombia, y la construcción de escenarios posibles. El
modelo se compone de cuatro cuadrantes, producto de las cuatro combinaciones: a) “Ciudadanos violentos”
(mucha violencia, poca ilegalidad), b) “Estado fuerte” (poca ilegalidad, poca violencia), c) “Todos contra
todos” (mucha violencia, mucha ilegalidad), d) “Monopolio ilegal” (mucha ilegalidad y poca violencia). Una
aclaración importante: en este caso por ilegalidad entenderemos la existencia de mercados ilícitos.3
3. En el libro Mafia & Co. La red criminal en México, Brasil y Colombia, hago referencia a la economía criminal, la cual puede
ser definida por el estatus del mercado ilegal – el cual incluye la oferta de bienes y servicios, y el desarrollo de transacciones que
son consideradas como ilegales -, la ausencia de regulación por parte del Estado y la existencia de una organización que sea capaz
de cumplir los “contratos” mediante el uso de la fuerza ilegal-.
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Ilustración 1: Relaciones entre violencia e ilegalidad: las combinaciones posibles
A
Violencia
“Ciudadanos violentos”
(mucha violencia, poca
ilegalidad)
B
“Estado Fuerte”
(poca violencia, poca
ilegalidad)
C
“Todos contra todos”
(mucha violencia,
mucha ilegalidad)
D
“Monopolio de la
ilegalidad”
(poca violencia, mucha
ilegalidad)
Ilegalidad
Fuente: Elaboración propia
A partir de este esquema se intentará responder a las siguientes preguntas: ¿En cuál cuadrante se
encuentran México y Colombia? ¿A qué escenario le apuestan los gobiernos de estos países? ¿Y las estructurales
criminales?
Descartando la tesis de los “ciudadanos violentos”
El cuadrante A de la ilustración 1, corresponde a aquellos postulados que señalan que existe una “cultura
de la violencia”, es decir que señalan como factor explicativo la preponderancia por parte de los ciudadanos
a resolver sus conflictos apelando a la violencia. En este caso, la competencia por los mercados ilegales o la
lucha por su contención por parte del Estado, no aparecen como las causas de las altas tasas de homicidio,
sino la intolerancia y la propensión de los ciudadanos a hacer justicia por cuenta propia. Esta explicación se ve
cuestionada al contrastar las zonas donde se registran altas tasas de homicidios, con la presencia de facciones
criminales, economías ilícitas y rutas del narcotráfico (ver ilustraciones 2, 3 y 4). En México se puede observar
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que los territorios afectados por altos niveles de violencia han aumentado, en correlación con las disputas entre
carteles por las principales rutas hacia Estados Unidos. En Colombia, las zonas donde se encuentran las tasas
más altas, guardan relación con la presencia de grupos armados ilegales y la existencia de cultivos de cosas.
Partiendo de estos puntos, de manera preliminar se puede señalar que: a) Hay una fuerte coincidencia entre
altas cifras de homicidios y existencia de mercados ilícitos, especialmente el narcotráfico; b) La violencia se
encuentra focalizada y c) tiene una alta capacidad de propagación.
Ilustración 2: Mapeo de homicidios relacionados con narcotráfico en México
Homicidios relacionados con el narcotráfico en México
2006
2009
Fuente: Drug Violence in Mexico. Data and Analysis 2001-2009. Trans-Border Institute. Joan B. Kroc
School of Peace Studies. University of San Diego.
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Ilustración 3: Mapeo de homicidios en Colombia
Tasa de homicidios en Colombia
Tasa de
homicidios
2006
Tasa de
homicidios
2008
Fuente: Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República de Colombia. Basado en la
Policía Nacional.
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Ilustración 4: Grupos armados y cultivos ilícitos de coca en Colombia, 2008
Fuente: UNODC, Colombia coca cultivation survey, June 2009
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En el estudio “Dinámica espacial de la muertes violentas en Colombia”, publicado por el Observatorio
de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República de Colombia, se señalan como factores determinantes
del alto número de asesinatos que se continúa registrando en algunos municipios y ciudades: la acción
persistente de estructuras que no se desmovilizaron, el rápido surgimiento de nuevos grupos fuertemente
ligados al narcotráfico en zonas donde actuaron los paramilitares y el creciente interés de la guerrilla en
recuperar zonas que estuvieron bajo el dominio de los grupos delictivos (Echandía y Salaz, s/f). En el caso
de México, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CICAD), tomando como base lo ocurrido en 2008,
señala que son diez las entidades que se elevan inquietantemente de la media nacional. En un solo año las
tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de algunos estados se alteraron dramáticamente: Chihuahua
pasó de 18.5 homicidios por cada 100 mil habitantes a 47.1 en tan sólo doce meses. Sinaloa mantuvo una
tendencia alarmante pasando de 28 a 29.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Siguiendo estas cifras, el
CICAD concluye que las ejecuciones, la mayoría de ellas vinculadas al narcotráfico, transformaron el mapa
de la violencia en México, propagando su influencia territorial (CIDAC, 2009).
El narcotráfico en estos países no solo tiene una función facilitadora de actividades ilícitas, sino que
emerge con una importante capacidad movilizadora de la violencia, la cual aparece ligada a la formación y
consolidación de organizaciones delictivas. Esta situación propicia contextos de ilegalidad en los cuales se
propaga la violencia por vía directa o por encargo. Bajo este marco, la violencia no aparece aislada de las
condiciones existentes, sino que se instala en las tensiones y conflictos individuales y comunitarios, conflictos
barriales, contradicciones de clase, enemistades entre familias, deudas pendientes y competencia entre actores
políticos, entre otros. El crimen organizado incentiva el procesamiento de estos conflictos por la vía violenta,
lo cual repercute en ciudadanos que optan por una solución que transcurre al margen de la institucionalidad,
provocando homicidios, amenazas y secuestros. La intolerancia por sí sola no aparece como un factor
explicativo de incrementos notables en las tasas de homicidio, requiere del crimen organizado para traducirse
en violencia masiva. Como lo menciona Stathis Kalyvas:
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Los individuos que a menudo están dispuestos a denunciar a su vecino (a las facciones ilegales), con
el objetivo de obtener beneficios materiales o de otro tipo, y que hasta llegarían a sentirse felices
de que desaparecieran de su vista, es poco probable que, en condiciones normales lo asesinen, o
bien porque les repugna un acto que transgrede un orden legal establecido en tiempos de paz, o
porque los disuaden los castigos o sanciones que se asocian con el asesinato en tiempos normales
o ambos. Denunciar a los enemigos personales cuando un actor (ilegal), asume todos los costos de
la violencia, deroga las sanciones o llega a reemplazar por beneficios morales y/o materiales, se
convierte, por desgracia, en una opción tentadora (Kalyvas, 2001).
Bajo esta perspectiva, si bien parte de la violencia puede ser entendida a partir de problemas de
intolerancia, el grueso de su implementación requiere de estructuras capaces de llevarle a cabo.
México: “todos contra todos”
Lo ocurrido en México, se podría entender a partir del cuadrante C (“Todos contra todos”, véase
ilustración 1): altos niveles de violencia y altos niveles de ilegalidad. Algunas cifras permiten darle sustento a
esta afirmación. Los más recientes informes oficiales (abril de 2010) señalan que, desde diciembre de 2006,
cuando el entonces recién elegido presidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra el narcotráfico, 22.743
personas han muerto. En 2006, todavía bajo el mandato del presidente Vicente Fox, murieron 62 personas.
En 2007 ya fueron 2.837 y al año siguiente la cifra subió hasta los 6.844. En 2009, en medio de la guerra de
todos contra todos, la cifra subió hasta las 9.635 muertes violentas (El País, 14 de abril de 2010). La tasa de
homicidios de este país se encontraría en alrededor de 12 por cada cien mil, una cifra que en términos relativos
no aparece entre las más altas del continente, pero que significa un incremento sustancial, en comparación
a las tasa de 9 registrada en 2006. Estados como Chihuahua, Sinaloa, Guerreo y Durango, con una notable
presencia de estructuras del crimen organizado presentan tasas por encima de los 20 homicidios por cada cien
mil habitantes (CIDAC, 2009).
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Con respecto a los mercados ilegales, el Informe de estrategia de control internacional de narcóticos
del Departamento de Estado señala que en México “el cultivo de la droga se incrementó de manera significativa
en 2009”. Según este reporte, el cultivo de amapola llegó a niveles de producción jamás calculados en
México.� Adicionalmente, la producción de marihuana se incrementó 35% para alcanzar el nivel más alto
desde 1992. Cómo producto del tráfico de drogas, se calcula que entre 8 y 25 mil millones de dólares anuales
son “repatriados” desde Estados Unidos a México, configurándose como unos de los principales centros de
lavado de dinero.
Por otra parte, el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 2009, da
cuenta del crecimiento del mercado local de drogas ilícitas; el abuso de drogas que solía limitarse a determinadas
zonas de México, se extiende por todo el país. Una encuesta nacional de hogares realizada en 2008, mostró
un aumento considerable del abuso de cocaína en el periodo de 2002 a 2008: la tasa de prevalencia durante la
vida prácticamente se duplicó, llegando a ser del 2,4% de la población de 12 a 65 años de edad y la de cannabis
aumentó de 3,5% al 4,2% (JIFE, 2009).
Esta situación de violencia e ilegalidad se refleja en la percepción que tienen los ciudadanos sobre su
seguridad. Los resultados de la encuesta trimestral “Percepción ciudadana sobre la seguridad en México”,
realizada por Consulta Mitofsky de enero a marzo de 2010, muestran que 4 de cada 5 ciudadanos considera
que las condiciones en las que viven son menos seguras que las que tenían hace un año. La encuesta también
midió la “Cercanía con el Delito”, encontrando que el 27 % de los encuestados dijo haber vivido cerca de un
delito en los últimos 3 meses, esta es la cifra más alta desde diciembre de 2007, cuando los resultados fueron
del 18.8%. En cuanto al “Temor al Delito”, se observa que el 78 % de los mexicanos dijo temer ser víctima
de robo a mano armada y un 72 %, ser víctima de un secuestro (los temores a ser víctima se incrementan en el
norte del país).
Estas cifras reflejan la expansión de mercados ilegales, la competencia entre facciones criminales y la
ofensiva emprendida por las fuerzas de seguridad del Estado. Es un escenario que aparece como caótico pero
que es el resultado de interacciones estratégicas que reflejan la intensión de las estructuras del narcotráfico por
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obtener el monopolio de lo ilegal, mientras que el Estado busca imponer la legalidad. Esta contraposición de
objetivos, no se reduce a una disputa entre “buenos” y “malos”, sino que trascurre a partir de interacciones de lo
ilegal con lo legal y viceversa. Corredores de tránsito de productos ilegales y zonas de narcomenudeo aparecen
como las principales áreas de disputa; bajo este contexto, ya no hay zonas vedadas para las facciones contrarias
y todo territorio es susceptible de ser atacado. La violencia se disemina desde el centro de operaciones de las
facciones criminales hacia las unidades espaciales contiguas, lo que amplía el mapa de la violencia.
Los gatillos que han disparado la violencia son siete:
i)
El proceso de fragmegración (Fragmentación e Integración)�: La interacción de procesos de
fragmentación e integración que se traduce en organizaciones delictivas que buscan aglutinar las
diferentes acciones (ponerlas bajo su dominio) y una dispersión de estructuras que intentan obtener
su independencia. Como ejemplo de fragmentación, se puede citar la disputa vigente al interior del
Cartel de los Beltrán Leyva, tras el asesinato de su principal líder, Arturo Beltrán Leyva. Respecto
a la integración, se encuentran las alianzas (inestables) entre estructuras del narcotráfico, con
la conformación de dos bloques: el primero conformado por los Carteles del Golfo, Sinaloa, la
Familia Michoacana y Los Valencia; el segundo integrado por los Zetas, Los Beltrán Leyva y el
Cartel de Tijuana.
ii)
La competencia por las rutas y el control de los territorios que se encuentran en la frontera con
Estados Unidos.
iii)
La acción estatal, con resultados operacionales que incluyen la captura de importantes líderes,
que se traducen en ausencia de liderazgos y competencia por el predominio al interior de los
cárteles. Adicionalmente, como lo plantea Vanda Felbab-Brown, en el artículo “The Violent Drug
Market in Mexico and Lessons from Colombia” (Felbab-Brown, 2009), la detención de las cabezas
de los carteles de la droga produjo la desestabilización de este mercado ilegal y contribuyó a
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desencadenar la violencia, al dejar vacíos de poder y generar una mayor competencia entre las
facciones que quedan
iv)
La proliferación de estructuras armadas al servicio del narcotráfico, con personal altamente calificado
(ex miembros de grupos élite de las Fuerzas Militares, reclutamiento de militares mexicanos� y
de kaibiles guatemaltecos) y la alianza con grupos delictivos de distinta denominación, como por
ejemplo la participación de las maras centroamericanas y la cooptación de pandillas. Según la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en su informe de 2008, alrededor de cinco
mil pandillas de El Salvador, Guatemala y Honduras actúan en México.
v)
La división de las estructuras armadas, de las estructuras dedicadas al tráfico. El mejor ejemplo,
son “Los Zetas”, un ejército privado al servicio del Cartel del Golfo, que cobró independencia y
que ahora se enfrenta a la estructura que antes protegía.
vi)
La formación de mercados locales de drogas ilícitas (lo que en México se denomina el
“narcomenudeo”), y la competencia por las plazas de distribución.
vii)
La presión sobre las estructuras del narcotráfico por parte del Estado, que ha repercutido en la
diversificación de sus actividades delictivas. Las dificultades para traficar las drogas, producto
de las incautaciones y la mayor vigilancia sobre las rutas, ha llevado a las facciones del crimen
organizado a buscar otras fuentes de recursos como el secuestro y la extorsión.
Bajo estas condiciones, ya no hay marcha atrás: la confrontación solo culminará cuando uno de los
actores involucrados logre imponer un orden, desplazándose al cuadrante B, la consolidación de un “Estado
fuerte” o al cuadrante D, el “Monopolio de la Ilegalidad”, todo depende de quienes sean los vencederos
y vencidos, aunque como lo veremos con el caso de Colombia la victorias son parciales y los desafíos
permanentes.
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Colombia: la triple frontera
Colombia podría definirse en un momento de transición en el cual si bien se ha ganado terreno en el
cuadrante B (“Estado Fuerte”, categoría usada para describir el escenario de menos violencia, menos ilegalidad),
conserva islas entre los cuadrante C y D, con “Monopolios transitorios de ilegalidad” y aumento en los niveles
de violencia. Las evidencias disponibles señalan desplazamientos hacia el cuadrante B: la producción de
drogas ilícitas se ha contraído y en términos globales y la tasa de homicidio ha venido presentando una
tendencia descendente. Sin embargo, la ilegalidad y la violencia en las ciudades continúa siendo un grave
problema (ligada a los niveles de confrontación o predominio entre estructuras ilegales), el microtráfico en las
principales urbes se acentúa y la existencia de grupos de delincuencia organizada, denominadas como “bandas
emergentes”, mantienen vigente la disputa por determinadas zonas del país.
La tasa de homicidios, que registró un aumento notable en el periodo de 1998 a 2005, pasando de 56
a 66 por cada cien mil habitantes, comenzó a caer en 2006 y se situó en 35 en 2009 (tomando en cuenta el
nuevo censo y los datos de la Policía Nacional). Adicionalmente, la baja en la tasa de secuestro extorsivo fue
aún más notoria, descendiendo en forma continua a partir de 2000, cuando llegó a un máximo histórico de
más de 9 por cien mil habitantes, y se situó en 0,4 el año pasado (Montenegro, 2010). Respecto a la economía
ilícita del narcotráfico, 2008 presenta un balance positivo en términos de su reducción. Según la JIFE, en
Colombia, en este año, la superficie total de cultivo ilícito disminuyó a 81 mil hectáreas en 2008 (es decir, el
18%), y la fabricación potencial de cocaína disminuyó de 170 toneladas a 430. Como agravante, se calcula que
la fabricación potencial de heroína fue de 1,3 toneladas en 2008, es decir, un 43% menos que en 2007 (JIFE,
2009).
Sin embargo, falta un largo camino por recorrer: la tasa de homicidios se encuentra aún entre las más
altas de Suramérica, y su decrecimiento parece estancarse. Según los datos de la Policía Nacional, la tasa de
homicidios en 2009 sólo cayó un 2,7% con relación a 2008, con un total de 15.707 homicidios. Pero, según
Medicina Legal, la cifra de 2009 fue de 17.565 homicidios, un 15% más que el año anterior. La mayoría de
los homicidios se concentran en las ciudades, donde las bajas en el número de muertos presentan síntomas
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de reversión. En Medellín, según los datos de la Policía Nacional se pasó de 871 a 1.432 homicidios, lo que
representa un aumento del 64%. Mientras que para Medicina Legal, el alza es aún más alarmante: de 1.044 en
2008, la ciudad habría pasado a 2.178 asesinatos en 2009, para un aumento del 133%. En Cali el incremento
de muertes violentas, según la Policía Nacional fue del 17%, pasando de 1.384 en 2008 a 1.615 en 2009. En
Bogotá, de acuerdo a la información de Medicina Legal, se presentaron 162 homicidios más que en 2008,
llegando a 1.628 asesinatos.
Además, Colombia continúa siendo el mayor productor de cocaína del continente y los volúmenes de
tráfico de drogas ilícitas se mantienen en cantidades altas: en 2008, se incautaron 198 toneladas de clorhidrato
de cocaína, más que el doble de 2007. De otro lado, las denominadas “bandas emergentes” continúan activas,
como principales movilizadoras del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Las disputas siguen vigentes; también las asociaciones entre estructuras criminales en torno al
mantenimiento del mercado ilegal de la droga. Esta dinámica alianzas/disputas tiene una influencia directa en
la violencia. El Décimo Cuarto Informe Trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización
de Estados Americanos (26 de abril de 2010), afirma:
Se ha verificado que las estructuras emergentes postdesmovilización continúan causando una
serie de afectaciones en diversas partes del país. Aunque las dinámicas ilegales asociadas a estos
grupos han sufrido algunas variaciones, se mantienen en la constante que determina la práctica
criminal y las interacciones alrededor de economías ilícitas, traducidas en disputas y asociaciones.
También se ha observado su capacidad de reorganización; luego de que sus líderes son capturados,
se presenta un proceso de renovación en las personas que las integran, el control de actividades
ilegales y su poder corruptivo, lo que representa un desafío constante para el Estado.
En la misma sintonía se encuentra el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (4 de marzo de 2010), que señala que la alianza entre narcotraficantes, delincuentes
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comunes y guerrilleros, ha generado la mayor cantidad de desplazamientos, masacres, reclutamiento de menores
y violencia sexual contra niños y mujeres.4 También se advierte que estas agrupaciones son responsables de la
mayor parte de los homicidios selectivos motivados por venganzas entre sus integrantes.
Según la información de la Policía Nacional (enero de 2010), en Colombia operan al menos siete distintas
organizaciones criminales con uno 3.700 hombres armados, que tienen presencia en 18 de los 32 departamentos.
Según el inspector general de la policía, general José Roberto León, habría una tendencia hacia la expansión,
ligada a la reestructuración, fusión y nuevos reclutamientos de las 16 distintas organizaciones criminales, que
pasaron a convertirse en seis a principios de 2010 (Urabá, Los Paisas, Los Rastrojos, Los Machos, Renacer
y el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombia). Estos procesos de consolidación territorial,
cooptación de estructuras menores, definición de liderazgos y competencia por mercados ilícitos, se traduce
en una escenario de “Todos Contra Todos”, al cual hay que agregarle la ofensiva realizada por el Estado
colombiano, con múltiples bajas y capturas, producto de la confrontación.
Por otra parte, hay islas en el cuadrante “Monopolio de la ilegalidad”.5 Felbab-Brown describe a esta
situación como la regulación interna del mercado, resultado de la emergencia de una estructura capaz de
imponer control en un territorio y proveer seguridad dentro de sus fronteras: su control sería suficiente y estable
como para imponer una regulación que permita reducir costos de las transacciones, facilitar los negocios y
reducir la violencia (Felbab-Brown, 2009). Bajo este marco, los niveles de violencia y la manera como se
despliega la ilegalidad, dependen del control que pueda llegar a ejercer un grupo en un territorio determinado.
Un caso que puede llegar a ilustrar esta situación es la ciudad de Medellín (Antioquia).
4. “En 2009, la Oficina en Colombia recibió una cantidad alarmante de información sobre casos de violencia sexual contra mujeres
y niñas cuya responsabilidad fue atribuida a miembros de las FARC-EP y de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de
desmovilización de organizaciones paramilitares. Estos últimos fueron acusados de cometer actos de violencia sexual y de crear
redes de prostitución, de trata de personas y de esclavitud sexual, en algunas ocasiones con la tolerancia e incluso colaboración de
algunos miembros de la Policía Nacional, particularmente en Medellín”. Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 4 de marzo de 2010.
5. Tres aclaraciones: 1) los monopolios en el mercado ilegal siempre son transitorios e inestables; 2) Son artificiales, es decir, el
actor monopólico se vale de algún medio (la violencia) para impedir que vayan al mercado más productos que los suyos; 3) No
implica necesariamente la ausencia del Estado y las instituciones, sino su cooptación – la cual puede dirigirse a una unidad territorial
concreta o tener un ámbito más amplio.
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Recientemente (4 de marzo), el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Felipe Palau, presentó una
explicación pormenorizada de lo que considera es la razón de la violencia de la ciudad.6 a partir de la cual, se
pueden señalar varias cuestiones que le dan sentido al escenario “Monopolio de la ilegalidad”: i) La violencia
en esta ciudad se explica por los procesos de disputa y consolidación de las estructuras ilegales; ii) La violencia
aparece ligada al desorden y la competencia; iii) Por tanto sus descensos, se encuentran relacionados a la
emergencia de una estructura ilegal capaz de imponer control y no necesariamente con una menor ilegalidad
(o la recuperación de la legalidad estatal). Según el comandante de la Policía Metropolitana (octubre de 2009),
el negocio del narcotráfico en esta ciudad, con el despliegue de alrededor de 350 “casas de vicio”, produciría
mensualmente alrededor de $10.500 millones (US$5.250.000), que muestran vigencia de este mercado ilegal.
Entonces, ¿es posible afirmar que la baja en los indicadores de violencia puede provenir de un mayor control
por parte de las facciones ilegales?
¿El “monopolio ilegal” como una opción para disminuir la violencia?
Volvamos a la pregunta inicial ¿Violencia o ilegalidad? ¿Cuál es nuestra preocupación? Frecuentemente
las políticas de seguridad se trazan como meta la disminución de los niveles de violencia; generalmente los
gobiernos responden cuando la violencia en las calles se convierte en una preocupación para los ciudadanos
6. Para Palau, luego de la política del Gobierno de extraditar a 13 jefes paramilitares (entre ellos alias “Don Berna”) en mayo de
2008, se generó un cambio estructural que significó un cambio en la tendencia. “La muerte de Gustavo Upeguí desencadenaría
la inevitable fractura en un mundo en el que ningún narcotraficante tenía ya suficiente poder para someter a los homólogos y los
objetivos conjuntos se desvanecían”, dijo Palau. Agregó que luego llegaron varios líderes de la llamada “Oficina”, que negociaron
su entrega a autoridades norteamericanas y citó el caso de alias “Yiyo”, quien “inicialmente fracasó, intentando así volver a la
jefatura de la “Oficina”, que terminaría de articular la violencia reciente, cuando recurriría a alias “Valenciano” para lograr retomar
el dominio que usurpaban “Nito”, “Douglas” y “Sebastián” (hombres al parecer de alias “Don Berna”)”. La explicación de Palau,
guarda coincidencia con el análisis realizado por el general de la Policía, Oscar Naranjo, que en una entrevista publicada el 24 de
agosto de 2009 afirma: “Cuando el Gobierno decide extraditar a ‘Berna’ ese aparato criminal entra en crisis de lealtades y de apetito
de poder, que significa enfrentamientos entre ellos. Esos delincuentes que controlaban empiezan a actuar de manera autónoma,
tratando de asegurar las ‘ollas de vicio’…En ciudades como Cali, Medellín y Pereira se ha visto una delincuencia en crisis que
anteriormente estaba al servicio de narcotraficantes y paramilitares. Caídos estos imperios, los delincuentes se han dedicado al
atraco”.
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y las élites presionan al sentirse amenazadas. Pero no siempre el cumplimiento de este objetivo, analizado
desde la perspectiva de los indicadores, equivale a la contracción de la ilegalidad o el debilitamiento de las
estructuras. De hecho, los ciudadanos se pueden sentir “seguros”, en contexto de fuerte presencia de las
estructuras criminales, como sucede en algunos barrios marginales y zonas rurales de Colombia y México
En estos contextos, se da un equilibrio entre las facciones del crimen organizado y el Estado, en el
cual la confrontación resulta costosa para los dos partes: para el crimen genera una exposición innecesaria,
condiciones de inseguridad para sus transacciones y represión estatal; y para el Estado, el incremento de los
índices de violencia, la exposición de las relaciones de corrupción y la vulnerabilidad para sus funcionarios
(solo para citar algunas de las posibles consecuencias). Lo anterior, acompañado como lo ha señalado Edgardo
Buscaglia (profesor de derecho y economía de la Universidad de Columbia en Nueva York y de la Universidad
ITAM en México) de sectores políticos y económicos que se benefician de esta situación.
Jorge Chabat, profesor de Estudios internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) de la Ciudad de México, denomina a esta situación la “paz de los traficantes”, una tregua secreta entre
los carteles de las drogas y el Estado, con grandes dosis de tolerancia. Para Chabat, esta tregua secreta se
mantuvo en México, incluso después de las primeras elecciones abiertamente democráticas en el año 2000,
cuando el Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado por largo tiempo, perdió su supremacía.
Esta situación se dio “Hasta que el presidente Vicente Fox ordenó medidas enérgicas contra el tráfico. A
medida que los señores de la droga iban siendo arrestados, se iba destruyendo el equilibrio entre las mafias, lo
que preparaba las condiciones para una guerra entre los carteles de Sinaloa y el Golfo (los dos más grandes),
que ha generado un enorme nivel de violencia…” (Chabat, 2009).
El “monopolio de la ilegalidad” no necesariamente deriva de un pacto entre políticos y criminales,
sino que además puede emerger como resultado de la debilidad estatal y la débil presencia institucional.
Como lo expone, Felbab-Brawm, en este caso el Estado se retrae, proveyendo seguridad pública solo a un
segmento de la población y en determinadas zonas del país (pone como ejemplo de esta situación lo ocurrido
con Las Maras en Centroamérica, los chimeres en Haití y los comandos en las favelas de Brasil) (Felbab-
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Brown, 2009). No necesariamente se requiere que un grupo predomine sobre las demás facciones criminales
que operan en el país; generalmente lo que se encuentran son estructuras con “monopolios de ilegalidad”
locales, con divisiones territoriales bien establecidas. En estos casos, se dan bajos niveles de violencia con
altos niveles de ilegalidad. Entonces la respuesta a la pregunta planteada ¿es el “monopolio ilegal” una opción
para disminuir la violencia? es sí, pero ¿es una condición deseable? No. ¿Garantiza un entorno de seguridad
estable? Tampoco. No obstante, es un modelo que se mantiene vigente.
The Wall Street Journal tuvo acceso a una evaluación hecha por la Oficina Federal de Investigaciones
de Estados Unidos (FBI) en el 2007, en la cual señala que los gobernadores de los estados de Veracruz
y Michoacán tienen acuerdos con el cartel del Golfo que le permitían realizar sus actividades ilícitas sin
grandes inconvenientes. A cambio, según el informe, el cartel prometió reducir la violencia en estos Estados,
financió una carrera por la gobernación y muchas campañas municipales.7En Colombia, una tregua pactada
entre estructuras criminales que operan en Medellín, impulsada por una Comisión de ciudadanos (denomina
la Comisión por la Vida), ha generado una controversia alrededor del peso que ha tenido el acuerdo, en la
reducción de los homicidios en los últimos meses. Las facciones de Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”,
y Eric Vargas, alias “Sebastián”, anunciaron mediante comunicado público su compromiso de frenar la guerra
sin cuartel que vienen sosteniendo en las comunas de la capital antioqueña desde 2009; como resultado, la
ciudad pasó de 238 homicidios en enero de 2010 a 114 en febrero. Las opiniones se encuentran divididas: la
administración local sostiene que el descenso es el resultado de las acciones de las autoridades civiles y locales;
para los gestores de la iniciativa es producto del acuerdo entre los dos grupos. Como trasfondo, se encuentra la
presencia persistente de estructuras criminales y la relación de altos niveles de violencia con las disputas entre
grupos; así como los descensos con la expresión de “monopolios de ilegalidad” con territorialidades definidas.
Lo anterior, abre un debate que puede ser éticamente incorrecto, pero políticamente necesario. En
contexto de “Monopolios de ilegalidad”, el diálogo o la negociación con estos grupos son una alternativa para
gobiernos locales con capacidades limitadas y contextos de ilegalidad pronunciados, que pueden optar por
7. Citado en el Diario El Mercurio, El narcotráfico extiende sus redes a las elecciones mexicanas. 3 de julio de 2009.
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los acuerdos con estas organizaciones para garantizar bajos niveles de violencia y mínimas condiciones de
operatividad.
Pero los acuerdos suelen ser frágiles, frecuentemente políticos e instituciones quedan rehenes de las
organizaciones criminales, el poder público se privatiza y la seguridad de los ciudadanos depende de un frágil
equilibrio. No hay que perder de vista que el monopolio sobre los mercados ilícitos suele ser transitorio y
dinámico y los conflictos que surgen en su interior generalmente son resueltos por la vía de la violencia. Sin
embargo, para algunas poblaciones no hay más opción que vivir en estos contextos y transferir la lealtad
del Estado a las facciones criminales. Estas situaciones no sólo se dan en localidades remotas con bajas
capacidades y recursos; sino que en ciudades como Medellín y Sao Paulo, se han dado negociaciones dirigidas
a detener ofensivas de gran escala del crimen organizado. Las evidencias señalan que más allá de los discursos
públicos y el rechazo de los gobiernos (nacionales y locales) a pactar con los grupos criminales, en determinada
situación, ésta ha sido una alternativa para bajar los niveles de violencia.
El ex vocero presidencial, Rubén Aguilar y el ex canciller mexicano, Jorge Castañeda, abren una
discusión sobre la estrategia de combate al narcotráfico, considerando diversas opciones, desde la tregua tácita
hasta la guerra frontal, planteando la hipótesis de una negociación con los traficantes para disminuir el poderío
de los grupos criminales. Para Aguilar y Castañeda, el camino a seguir es atacar los daños colaterales del
narcotráfico en México. Según lo expuesto por los autores en el libro “El Narco: La guerra fallida” (Aguilar y
Castañeda, 2009), el problema del tráfico ilegal de drogas y de la violencia asociada al tráfico son dos asuntos
distintos (hasta aquí estoy de acuerdo). Por tanto, México debe centrar su atención en evitar la violencia
(homicidios, secuestros, extorsiones, amenazas) aunque no impida el tráfico. ¿Qué implicaría esta estrategia?
Necesariamente la consolidación de las estructuras criminales y su “monopolio ilegal”, de manera que sean
capaces de garantizar un orden, controlar el uso de la violencia y disuadir los intentos de facciones contrarias
por disputar sus territorios. En otras palabras la aceptación de la ilegalidad, a favor de la reducción de los
índices de violencia.
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¿Hacía dónde vamos?
Pensemos en las alternativas posibles, siguiendo el esquema planteado: a)escenario de disputa
permanente (“Todos contra todos”), b) escenario de predominancia de las estructuras criminales y tregua tácita
con el Estado (“Monopolio de Ilegalidad”), c) escenario de predominancia del Estado (“Estado fuerte”). De
acuerdo con los elementos planteados y pensando en un horizonte temporal de cinco años ¿por cuál escenario
optaría? Más que dar una respuesta, el objetivo es brindar elementos de análisis que puedan ser considerados
en las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos y aportar al debate ciudadano sobre estos temas.
Tanto en México como en Colombia, las acciones de las autoridades civiles, militares y policiales
han tenido un impacto sobre la dinámica del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, el cual ha
generado respuestas diferentes por parte de las facciones ilegales. La captura de una parte considerable de los
principales líderes de estas estructuras, así como las incautaciones de insumos y cargamentos de drogas, han
tenido repercusiones en la dinámica del mercado ilegal. En algunos casos la acción estatal ha generado vacíos
de autoridad en las organizaciones criminales, que han tenido como consecuencia directa la competencia
al interior de las facciones, lo cual se ha traducido en altas dosis de violencia. Esta dinámica, ha estado
impregnada por una disputa territorial, en la cual el control sobre ciertas comunidades, se ha traducido en
amenazas, asesinatos y secuestros de ciudadanos. Bajo este marco, la hipótesis de que las muertes se producen
entre los bandos cobra fuerza y frecuentemente desestima la afectación de las comunidades que se encuentran
en medio de la confrontación. El tránsito de la violencia selectiva a la violencia masiva, es el resultado de la
manera cómo se desarrollan los enfrentamientos. En México, los grupos criminales no sólo han optado por
tener una guerra sin tregua entre ellos, sino confrontar de manera abierta al Estado, lo cual ha expuesto la
dimensiones que han llegado a adquirir las facciones y su capacidad de imprimir temor y difundir la violencia.
En Colombia, ha predominado el bajo perfil. Si bien las facciones ilegales, pretenden no llamar la atención
del Estado, continúan en una lucha inagotable por rutas y territorios estratégicos para el desarrollo de los
mercados ilícitos.
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En México, la acción estatal y la confrontación entre carteles se han traducido en la reorganización
de los bandos y la disputa por los liderazgos internos. En Colombia, el resultado ha sido la fragmentación, en
una suerte de entropía que procura generar orden en medio de un proceso que parece caótico. Esto representa
la crisis existencial de los carteles, los cuales aparecen como el resultado de un viejo modelo, que parece
no adaptarse a las circunstancias: muy pesados, demasiado expuestos e inestables. En México la naturaleza
familiar de las estructuras, se resiste abandonar esta forma de organización (el cartel), aunque la dispersión
de facciones y la autonomía de los aparatos militares, tensionan su continuidad. La interceptación telefónica
de una conversación entre un traficante colombiano y uno mexicano ponen de presente este cambio. El
primero le decía al segundo: “Hermano, dejen de boletearse (de exponerse) y de estar peleándose con el
gobierno. Eso daña el negocio. Vea lo que pasó en Colombia. Ustedes vayan calladitos, no se enfrenten a esos
manes (refiriéndose a las instituciones del Estado) y más bien úsenlos. Se ponen a agarrarse (enfrentarse) y
después todos terminan muertos y ¿quién gana con eso?”.8 De esta manera, el narcotraficante colombiano le
recomendaba a su homólogo mexicano, bajar el perfil de sus acciones, especialmente, los hechos de violencia,
para no llamar la atención de las autoridades.
Dentro de poco los carteles pasaran a ser el mito construido por periodistas y analistas, ante la
emergencia de una red criminal mucho más fluida, con mayor capacidad de adaptación y renovación, menos
dependiente de las jerarquías y más basado en las conexiones. En medio de estos cambios el “monopolio de
la ilegalidad”, será el resultado de la suma de las partes y no de la predominancia de un solo grupo (un mapa
criminal compuesto por múltiples territorialidades). La acción estatal, que busca poner un orden legal, lo que
ha provocado es el desorden ilegal y la manera como se reordenará el crimen ya no será la misma. Esto implica
un desafío para el diseño de las políticas públicas y también para los analistas, especialmente aquellos que
en México insisten que sería deseable retroceder el tiempo y volver a la época de la “paz de los traficantes”,
así como aquellos que en Colombia insisten que el paramilitarismo sique activo. Este cambio viene siendo
acompañado por los siguientes procesos:
8. Fuente: Entrevista del autor con oficiales de inteligencia en México.
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i)
Alianzas fluidas y en algunos casos cooptación del crimen común por parte del crimen
organizado. Estos implica la participación de pandillas, mareros, y delincuencia urbana en la
cadena del narcotráfico, con la propagación de otras actividades criminales como la extorsión y el
tráfico de personas.
ii)
Urbanización de la ilegalidad y la violencia. Las ciudades cada vez más constituirán las zonas de
interés estratégicos para las organizaciones criminales. Las urbes permiten el lavado de activos, la
diversificación de actividades, el microtráfico y el fluido reclutamiento.
iii)
La expansión de la red criminal más allá de las fronteras. La influencia de las facciones ilegales
de México en el sur de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, y de estructuras colombianas
en la región Andina, el Caribe y la costa Este norteamericana.
iv)
La mayor independencia de las facciones armadas ilegales. La ruptura de la relación entre las
estructuras armadas y las estructuras dedicadas al tráfico propiciara que: a) Los aparatos armados
ilegales busquen economías de subsistencia (especialmente el secuestro y la extorsión) e intenten
tomar control sobre las rutas y lugares de distribución; b) Las estructuras dedicadas al tráfico
incentiven la formación de nuevos grupos de sicarios y ejércitos privados.
v)
La emergencia de liderazgos más jóvenes, sin experiencia y con una expectativa de vida corta.
El secretario de Gobierno de Medellín, Juan Felipe Palau, lo expresa de la siguiente manera: “Los
testimonios de los habitantes de los barrios hablan recurrentemente de que el crimen bajó de perfil,
para explicar que los nuevos integrantes que se encargan de labores territoriales de la delincuencia
son más jóvenes, más inexpertos y más drogadictos y que, por lo tanto, son más agresivos. En éste
se observan los afanes de una gran red mafiosa”.
vi)
La imperceptible influencia en la política y la economía. Los grupos criminales desarrollan
formas cada vez más sofisticadas de influir en la política y la economía, buscando espacios no
regulados para cooptar a funcionarios del Estado y a las instituciones. Invertirán en la informalidad,
financiaran proyectos empresariales en momentos de bajo acceso al crédito, sacarán provecho
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del uso de las redes sociales para influir en las campañas políticas, buscarán nuevos mercados
hacia Europa y Asia, aprovecharán la mayor presencia de China en el continente, especialmente
de los creciente flujos de contrabando y explotarán las tensiones migratorias para aumentar el
reclutamiento.
vii)
La propagación de la red criminal, exigirá cambios en la forma de combatirlo. John Arquilla
(2010), haciendo un balance de la estrategia aplicada por Estados Unidos de América en lo que el
denomina la era de la guerra en red, en referencia a las redes terroristas, sostiene que la evidencia
de los diez últimos años muestra que los ejercicios masivos de fuerza no han servido más que
para matar a inocentes y enfurecer a los supervivientes. Bajo este marco, afirma que es necesario
que los Ejércitos cambien su forma de operar, basándose en inteligencia y el despliegue masivo
de unidades pequeñas (lo que denomina la táctica de enjambre). De la misma manera, ocurre con
el combate a la red criminal, la cual desafía la manera de operar de los Ejércitos de los países del
hemisferio y hace ver insuficientes las capacidades de las fuerzas policiales. En 1935, el estratega
Liddell Hart, advertía sobre este cambio, haciendo referencia a las guerras convencionales: ““la
concentración de fuerzas será sustituida por una distribución de fuerzas ubicuas e intangibles,
capaces de ejercer presión en todas partes e imposibles de derrotar en ningún lado”. 9
Estas tendencias comunes entre los países, en el corto plazo para Colombia y en el mediano plazo
para México, no necesariamente hacen que los dos casos sean comparables, aunque sí permiten establecer
interrelaciones y pensar en caminos comunes para el combate a esta grave amenaza. En México, recientemente
(5 de mayo de 2010), el Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, prevé que la guerra
contra el narcotráfico podría durar hasta el 2014 (tomando los casos de Colombia, Nueva York y Chicago,
donde, según García Luna, la curva duro 6 años en promedio), luego de lo cual se espera que el Estado logre
reducir los niveles de violencia y recuperar el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, en el
9 Citado por Arquilla, John. 2010. Ibídem.
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debate interno se pueden encontrar voces que apuestan por el reestablecimiento del anterior equilibrio entre
los criminales y el Estado. En Colombia, los logros de seguridad alcanzados hasta el momento, podrían ser
consolidados por el próximo gobierno, con un mayor esfuerzo en los ámbitos urbanos y el combate al crimen
organizado. Pero también se puede considerar un escenario en el cual se de una progresiva reversión, con la
recomposición de la ilegalidad y el aumento en los niveles de violencia de las ciudades, bajo un contexto de
alianzas y disputas de los grupos armados que se encuentran al margen de la ley. Un escenario intermedio, es
lo que denomina Alfredo Rangel, el “Modelo Japonés”: la consolidación de un Estado fuerte que controla a
quienes monopolizan una ilegalidad marginal pero permitida de hecho (no de derecho), sobre la base de no
tolerancia a la violencia.10 Independiente de la prospectiva que se haga, una pregunta resulta central ¿Cómo
responder al desafío que plantea el crimen organizado?
Cada vez cobra más fuerza la opción de la legalización de la droga. Poniendo esta alternativa en
el modelo planteado ¿Esta propuesta se acercaría más al cuadrante D “Monopolio de la ilegalidad” o al
cuadrante B “Estado fuerte”? Pensémoslo por un momento. Uno de los puntos de partida de la legalización
es que el Estado no cuenta con las capacidades necesarias para combatir al narcotráfico, por lo que resultaría
paradójico que el resultado final nos ubique en el cuadrante B. Pero su ubicación en el cuadrante D también
plantea una contradicción ya que al legalizar lo ilegal, en teoría, el monopolio desaparecería, lo cual supone
un debilitamiento de las organizaciones criminales y la disminución de los niveles de violencia. ¿Deberíamos
pensar entonces en un escenario intermedio? La combinación no parece muy alentadora: i) Mercado ilícito
debilitado, con estructuras criminales activas, y ii) Capacidades estatales inalteradas, lo cual supone conservar
los vacíos de institucionalidad y regulación existentes.
Siguiendo este planteamiento, la legalización supone la respuesta a solo una de las caras del problema:
la ilegalidad. Pero no necesariamente ofrece una solución a la violencia. En el momento en el que nos
encontramos, siguiendo las tendencias descritas, con estructuras delincuenciales con capacidad de adaptación
y poder de fuego e influencia en la economía y la política, el impacto que causaría la legalización de la droga
10 Entrevista con el autor.
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en los flujos de dinero que reciben estas facciones, sería suplido con el fortalecimiento de otras actividades (lo
que podríamos denominar la legalización caótica): el crimen común en las ciudades, la extorsión, el secuestro,
el tráfico de personas, la prostitución infantil, la piratería, entre otras. El éxito de la legalización, supone
entonces la existencia de un Estado fuerte, con la capacidad para contener la proliferación de otras economías
ilícitas, es decir, un Estado capaz de imponer legalidad eficaz (la legalización ordenada), ¿México y Colombia
cuentan con un Estado con estas características? Bajo la perspectiva más optimista, podríamos decir que están
en vías de obtenerlo; sin embargo, el riesgo de que los logros alcanzados sean revertidos y que la guerra contra
la drogas continúe sin mostrar los resultados esperados es aún alto.
En este contexto, los gobiernos nacionales y las autoridades locales, tendrán que tomar una decisión,
teniendo en cuenta las opciones disponibles, y los ciudadanos tendrán la responsabilidad de impulsar un
debate público sobre las decisiones estatales. ¿Violencia o ilegalidad? ¿Cuál es nuestra preocupación?
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Bibliografía
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Narcotraficantes, carteles y otros demonios: violencia e ilegalidad

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