Se hundió proyecto de privatización de la ETB/ 11 Valerosa lucha

Transcripción

¡Trabajo humano! / 9
El desempleo juvenil supera dos
veces la cifra general, 22,6 por
ciento de los jóvenes colombianos,
técnicos, bachilleres y universitarios
deambulan por las calles y campos
de la patria sin esperanza alguna.
Esta sí es en verdad una cifra alarmante en un país como Colombia.
La creación de Sintracntv
y los 20 años del desmonte
de la Constitución de 1991 / 22
Simultáneamente con la creación de Sintracntv,
los trabajadores hemos dolido la tristemente
célebre conmemoración de los 20 años del
calculado y sistemático desmonte del pacto de
paz que fue la Constitución Política de 1991.
Impunity: un testimonio
de época / 23
Como el pincel de artista o la pluma de escritor,
la cámara bajo la dirección de Hollman Morris
y Juan José Lozano, nos llevan por los tiempos de la seguridad democrática de Fernando
Londoño, Ernesto Yamhure, José Obdulio
Gaviria y organizaciones neonazis y ultranacionalistas católicos y la mano negra.
Nº 82 Valor $500
Triunfo de los trabajadores
Bogotá, Colombia
Julio de 2011
En Puerto Gaitán (Meta)
Se hundió proyecto de
Valerosa lucha de los
privatización de la ETB / 11 obreros petroleros / 17, 18 y 19
Dice la CUT:
Ascontrol siempre contigo
En la DIAN
la legislación nacional”. / 2
Durante los últimos días los medios de
comunicación han adelantado una muy
fuerte campaña de desprestigio contra la
Dian y sus trabajadores. Se denuncia una
corruptela en la Dian, dicen, en el terreno
de las devoluciones del IVA. Pero también
se habla de otras mafias y de otras posibles asociaciones delictivas. / 16
Los trabajadores
Once años de
Cómo debe
exigen respeto
ser el nuevo lucha y compromiso
“Los permisos sindicales no causan detrimento patrimonial”. “Planteamientos
Ministerio
en sentido contrario pueden afectar el
de tratados internacionade Trabajo / 3 cumplimiento
les suscritos por Colombia y normas de
2
sindical
Nº 82, julio de 2011
Once años de lucha y compromiso
E
l 21 de julio de 2000, hace
once años, 96 compañeros
de todo el país unimos nuestras voluntades en un nuevo
proyecto sindical. Un proyecto
que recogió las inquietudes y
expectativas de los de trabajadores y trabajadoras del control fiscal. Un proyecto sindical
propio de la Contraloría General, de nuestra
entidad, de nuestros intereses, de nuestras
visiones de vida y de lucha.
No desconocemos la importancia política y
organizativa del sindicalismo de rama, de
industria o por actividad económica, pero en
ese momento, año 2000, la valoración de lo
actuado nos llamaba a la insatisfacción. Por
ello, de manera respetuosa pero decidida
gritamos: ¡Independencia! y le dimos vida a
la organización sindical que ha marcado la
senda de la lucha social, política y sindical de
la Contraloría General de República en estos
once años. Fundamos Ascontrol, Asociación
Sindical de Trabajadores de la Contraloría
General de la República. Hemos sido actores principales en la definición y adopción de
soluciones a los ingentes problemas administrativos, laborales, prestacionales, salariales,
de capacitación y de bienestar, de los trabajadores de la CGR y sus familias.
Han sido once años de existencia en los que
hemos sido actores principales en la defensa
de la institucionalidad, en la defensa de la estabilidad de la CGR como máximo órgano de
control fiscal, en defensa de la estabilidad laboral, en la búsqueda constante de mecanismo
y políticas de fortalecimiento del control fiscal
ejercido por la CGR. Han sido once años de rechazar decisiones y acciones administrativas,
Sobre permisos sindicales
a empleados públicos
“Los permisos sindicales no causan
detrimento patrimonial”.
políticas y legislativas que atentaban contra el
control fiscal, que buscaban su debilitamiento
o su paralización, que la convierten en algo
inane. Hoy nos encontramos comprometidos
en defender la existencia misma del control fiscal, de la CGR, en rechazo a la improvisación,
a la falta de planeación, a la contratación sin
sentido y sin resultados. Hoy, nos encontramos
comprometidos en la defensa del Estado social
y de derecho, en defensa de la democracia, en
defensa de la soberanía nacional, en defensa
del patrimonio público. Estamos comprometidos en construir una Colombia sin guerra, sin
violencia, sin secuestros, sin chantajes, sin
boleteos, sin falsos positivos, sin pobreza, sin
desempleo, sin exclusión social.
Han sido once años de compromiso y lealtad
a los intereses del control fiscal, a la CGR, a
los trabajadores y sus familias. Han sido once
años de compromiso y lealtad a los interese
de la sociedad y la nación.
La Junta Directiva Nacional de Ascontrol en la sala de juntas de la Contraloría General de la Nación, momentos
antes de una reunión con la Doctora Sandra Morelli Rico, Contralora General. El presidente de Ascontrol, compañero Carlos Saavedra Zafra, haciendo la V de la victoria rodeado de los miembros de la Junta Nacional la cual
está conformada por las siguientes personas: Carlos Ramírez del Castillo, Javier Fernando Barriga Couot, Víctor
Hugo Pinzón Castellanos, Luis Fernando Arevao Téllez, Alan Dixon Pinzón Bautista, Bolivia García Salazar,
Luis Carlos Pichón Gómez, Édgar Rojas Pastrana, Olga Lucía Rodríguez Mossos, Salvador Moreno Vásquez,
Alexander Franco Montoya, Javier Alberto Cogollo Padilla, Tulio Enrique Gómez Gómez, Hernán Vicente Maya
Benavides, Carlos Alvey Valencia Rozo, Liz Mercedes Casaling Wilches, Martha Lucía Quinto Mosquera, Rocío
Margarita Pallares Ortiz, Maureen Mireya Robles Vega, Lucía Marina Gil Ladino, Germán Gutiérrez Fandiño,
Jaime Hernán Gaviria Gómez, Oswaldo Enrique Alvear Mogollón, Jairo Restrepo Cáceres, Sandra Edith Ñuste
Castro, Fernando Godoy Bustos, Rodolfo Díaz Carvajal, Betty María García García, Luis Orlando López Loaiza,
Sara Helena Toro Aguilar, Sandra Lizbeth Mujica Pérez, Héctor Emilio Bustamante Ramírez.
“La Contraloría General de la República
se permite aclarar que el ejercicio
legítimo de los permisos sindicales,
no puede considerarse como causa
de detrimento patrimonial”.
“Planteamientos en este sentido pueden
afectar el cumplimiento de tratados
internacionales suscritos por Colombia
y normas de la legislación nacional”.
M
uy gratificante resulta para
Ascontrol el pronunciamiento de
la señora Contralora General,
Sandra Morelli Rico, publicado
en la página web de la entidad. En épocas en
las que aún se persigue y se asesina sindicalistas por doquier en el país, es muy grato
saber que nuestra Jefe tiene la claridad suficiente sobre el ejercicio legítimo del Derecho
de Asociación y sus consecuencias.
que en el más alto órgano de control fiscal
en el país.
Es cierto. Colombia ha suscrito tratados
internacionales que buscan el respeto a
estos derechos y garantías, propias de un
verdadero Estado de derecho y es un hecho
ejemplar que este se reconozca y se ratifi-
Ascontrol recibe esta noticia con mucho
entusiasmo en el día de su cumpleaños
número once.
Los 10 años de la fundación de Ascontrol.
El ejercicio sindical cuenta, por virtud de esta
ratificación, con el respeto de la alta dirección
de la entidad, en cabeza de la Contralora
General, por ello es importante que esta
noticia se irradie hacia toda entidad, en la
seguridad de que no en todas las dependencias de la entidad y organismos del Estado,
se aplica la norma a cabalidad.
Junta Directiva Nacional
IX Asamblea de Delegados de Ascontrol.
Gran plantón por la dignidad del control fiscal.
3
página editorial
A manera de EDITORIAL
Cómo debe ser el nuevo
Ministerio del Trabajo
opinión
Marchas y protestas
Álvaro Cuadra*
Tomado de Generación 80, Chile
Bogotá, 6 de julio de 2011
Doctor
Mauricio Santa María
Ministro de la Protección Social
Ministerio de la Protección Social
Bogotá, D.C.
Señor Ministro:
Teniendo en cuenta el documento entregado por
ese despacho, sobre la creación del Ministerio del
Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores de
Colombia, CUT, se permite presentar las siguientes sugerencias:
1. En varias reuniones realizadas con el Gobierno
anterior y éste, hemos expresado nuestro interés
para que la restitución de este ministerio, se ajuste
a los retos laborales y sociales que hoy tiene el
país y, en especial, el mundo del trabajo.
2. Con la experiencia y el conocimiento obtenida
en nuestra actividad sindical, le manifestamos al
Presidente de la República y a su señoría, que
éste no puede ser un organismo más para crear
una burocracia o darle cumplimiento a compromisos electorales, que en nada beneficiarían al
país y a los trabajadores.
3. Ante la crisis que hoy vive el país por la corrupción y desconocimiento de los derechos laborales y convenios ratificados por Colombia, se
hace necesario que este ministerio esté en el
marco del cumplimiento de esta normatividad,
para restablecer la confianza y el desarrollo de
una democracia real, con justicia social.
4. La Organización Internacional del Trabajo ha
hecho unas recomendaciones, sobre el restablecimiento de este ministerio, el cual compartimos
y solicitamos que sean tenidas en cuenta, pero,
además, presentamos unas sugerencias al documento:
a. S
e hace necesario dejar claro lo correspondiente a la integralidad de la seguridad
social, lo cual no está dentro de la estructura
presentada por el Gobierno.
b. La precisión para el desarrollo del trabajo decente y el desmonte real de cualquier política
de flexibilización laboral, que afecte el trabajo
digno de los trabajadores colombianos. No
se recoge el criterio de la formación profesional, sino de formación por competencia
c. Fortalecer las funciones de la inspección del
trabajo en las diferentes regiones del país.
d. El derecho a la libertad sindical y demás
garantías para el ejercicio de ésta, dándole
estricto cumplimiento a los convenios de la
OIT y ratificados por Colombia.
e. Se ratifique los convenios aprobados por
la OIT y que no han sido ratificados por
Colombia, caso Convenio 102, entre otros.
f. Eliminar del texto las palabras flexibilización
e intermediación laboral.
g. Expedir el Estatuto del Trabajo en el marco
de los Artículos 53 y 93 de la Constitución
Política Nacional, en concertación con el
movimiento sindical.
h. D
efinir criterios que nos permitan el desarrollo de políticas de empleo, salariales, en una
forma más estructural por parte del Estado.
i. La situación del sector agrario y los indígenas
requiere que este proyecto tenga en cuenta
las sugerencias que a este respecto se han
presentado. Igualmente, lo correspondiente a
las propuesta sobre el tema mujer, la niñez y
el adulto mayor.
Frente a las representaciones
1. El movimiento sindical ve con preocupación que
en organismos que hoy definen relaciones laborales, prestacionales y demás, no hay la representación en cada una de ellos, y las reglamentaciones
que se han hecho han disminuido la presencia
nuestra, creando una gran inconformidad en el
sector.
Migración
1. El documento no expresa el respaldo a los derechos de los trabajadores migrantes, originados
por los factores económicos y conflicto interno y
ante el tema de la globalización económica, es
importante que el Gobierno le dé plenas garantías
a los trabajadores que hoy están en otros países
para su seguridad social integral.
Derechos humanos
1. Tampoco está claro la articulación de la política
de derechos humanos, entre el Ministerio del
Interior, la Vicepresidencia de la República y el
futuro Ministerio del Trabajo.
Diálogo social
1. La deficiencia que hemos venido sufriendo sobre el diálogo social y el papel de la Comisión de
Concertación para definir los temas de política
salarial y demás conflictos salariales, no vemos en
el proyecto con precisión, que el nuevo Ministerio
genere criterios que puedan resolver el estancamiento que hoy existe.
Presupuesto
1. Para el desarrollo de un Ministerio del Trabajo
que atienda los nuevos retos que hoy requiere la
sociedad colombiana, se necesitan unos recursos
suficientes para garantizar que la inspección,
sus funcionarios, las campañas, la capacitación,
etc., que permitan, de verdad, el cumplimiento de
sus objetivos y fines. Creemos que es necesario
que en el proyecto se establezcan criterios para
fortalecer anualmente este Ministerio en lo económico.
Atentamente,
Tarsicio Mora Godoy
Presidente
Domingo Tovar Arrieta
Secretario General
Boris Montesdeoca Anaya
Director Dpto. de Negociación Colectiva
L
as marchas y protestas son
parte del paisaje urbano, en
las sociedades democráticas modernas. Una marcha
es la expresión de una protesta
ciudadana, protagonizada –las
más de las veces–, precisamente,
por quienes no han tenido otras
vías para manifestar sus puntos
de vista. La marcha y la protesta
es la voz de los sectores sociales
más alejados del poder. Marchan
y protestan los ciudadanos de a
pie: trabajadores, estudiantes, minorías étnicas y sexuales. En una
democracia marchan y protestan
todos los ciudadanos que sienten
vulnerados sus derechos.
Desde los balcones del poder y los
privilegios resulta casi imposible
comprender lo que significa una
marcha y una protesta. De manera
invariable, este tipo de manifestaciones son tenidas por amenazas,
ante las cuales –por tanto– solo
cabe la represión violenta. Este
prejuicio es alimentado, casi de
inmediato por las voces esclavas
y serviles de muchos medios que
hacen de la mentira su negocio
y rasgan vestiduras contra el
“vandalismo” y la “delincuencia”,
olvidando de paso las dolorosas
razones de quienes protestan en
las calles. Cuando los estudiantes
claman contra el lucro en la educación, por una educación gratuita o por un papel protagónico del
estado en el ámbito educacional,
están conquistando su propio pasado, están recordando decenios
de luchas sociales que lograron
avances significativos en esta materia en nuestro país. No estamos
ante una quimera, estamos ante
un reclamo moral frente a una situación vergonzante e inaceptable
en un país que se reclama civilizado. Las marchas estudiantiles se
instalan en un presente que nos
trae la memoria de un otrora para
restituir un principio de equidad y
justicia social.
Las protestas y marchas actuales
resultan ser una trama compleja de
signos que acusan y reclaman. Ni
parada militar ni carnaval, la marcha
callejera posee la impronta de la
comunicación no regimentada. Una
marcha, habla y lo hace desde abajo, desde la vida común. Hablan,
desde luego, las consignas que
como un “mantra” urbano resuenan entre los edificios, hablan las
pancartas que sintetizan en una
palabra o en una frase tanta indignación contenida, hablan los
rostros de quienes manifiestan
juntos. Cuidado, en el paso de
los miles subyace tenue y sutil
el espíritu, el anhelo de justicia:
Vox populi. Vox Dei. Diríase que
el avance de la multitud por las
avenidas de la ciudad resulta ser
la metáfora inquietante de una
historia siempre vigilada por las
“fuerzas del orden”.
En la historia de las sociedades
contemporáneas, las marchas y
protestas suelen ser el preámbulo de un nuevo clima cultural que
lucha por hacerse visible. Así,
las protestas en París, Praga o
Ciudad de México en los años
sesenta, así en Madrid o El
Cairo hace muy poco. Ante las
marchas y protestas en las calles
conviene no olvidar jamás que,
finalmente, se trata de “nuestros”
estudiantes, hijos, nietos, hermanos, “nuestros” trabajadores, en
fin, “nuestros” ciudadanos que
anhelan y reclaman una vida
mejor. No olvidar este precepto
básico es ya comenzar a desentrañar la dosis de verdad que
se lee en tantas improvisadas
consignas y pancartas, la dosis
de futuro que se esconde detrás
de cada grito apasionado, la dosis de libertad que se adivina en
cada gesto.
* Investigador y docente de
la Escuela Latinoamericana
de Postgrados. Elap. Arena
Pública. Plataforma de Opinión.
Universidad de Arte y Ciencias
Sociales. ARCIS. Chile
Especial para G80 (Movimiento
Generación 80)
4
derechos humanos
Señor Presidente: ¡Reconstruir Toribío
y Corinto, no destruirlos!
Tras los crímenes de guerra de las
Farc, el Gobierno ordena cometer
más crímenes de guerra
Trabajadores carboneros de Norte
de Santander encadenados
en Plaza de Bolívar de Bogotá
Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca
Santander de Quilichao, 11 de julio 2011
L
a Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca (ACIN, CXHAB
WALA KIWE) rechaza de manera
contundente la orden del presidente
Juan Manuel Santos respecto de destruir las
casas de los indígenas, campesinos y pobladores urbanos de Toribío, Jambaló, Corinto y
Caldono, donde la guerrilla se ha escudado
y desde donde presuntamente dispara sus
armas y lanza artefactos explosivos. Resulta
totalmente inaceptable que luego de que la
guerrilla de las Farc en un ataque demencial
destruye y afecta cerca de 330 casas en
el área urbana de Toribío y 150 casas en
Corinto, el señor Presidente de la República
ordene destruir las casas que han quedado
en pie y seguidamente ordene la construcción de un batallón de alta montaña en el
Corregimiento de Tacueyó, es totalmente
absurdo todo esto.
Respecto a las casas,
señor Presidente
Esta medida no es un acto militar, sino que
de realizarse constituye un crimen de guerra.
El ataque y las represalias contra bienes civiles están totalmente prohibidos por el DIH
(Artículo 3 del IV Convenio IV de Ginebra,
Artículo 52 de Protocolo Adicional I). Lo que
ordena el derecho internacional humanitario
es exactamente lo contrario: si un actor armado, violando las normas de la guerra, utiliza
un bien civil y sobre todo una vivienda como
escudo, el actor enemigo debe abstenerse
de atacarlo. Y cuando haya dudas, se debe
presumir que se trata de bienes civiles protegidos que no pueden ser atacados.
El presidente Santos dice que la medida se
aplicará luego de comprobar que efectivamente las casas hayan sido usadas para
propósitos militares. Nosotros ya sabemos
cómo es que los actores armados (legales
e ilegales) comprueban: disparan primero y
preguntan después. El Gobierno es consciente de que una orden de este tipo, en un
contexto de hostilidades cotidianas como el
que se presenta en la zona, donde se reportan más de 600 actos bélicos en los últimos
10 años, con una fuerza pública paranoica y
sedienta de mostrar resultados, terminen todas las viviendas en la mira de ser destruidas
por considerarlas una amenaza latente.
Es contradictorio que cuando las comunidades están a la expectativa de la reparación
de sus viviendas destruidas por la acción
bélica, el Gobierno, en cabeza del Presidente
–enceguecido por la obsesión de la guerra–
Hernán Durango
solo piense en terminar de destruir lo poco
de la infraestructura civil. Señor Presidente,
de manera respetuosa pero firme le decimos:
¡se trata de reconstruir Toribío y Corinto, no
destruirlos!
Respecto al batallón
de alta montaña
Igualmente, rechazamos esta medida, señor
Presidente, sin pretender rechazar la presencia del Estado en el país. Como están las
cosas, consideramos que este batallón es
contra la comunidad, no contra la guerrilla.
Estas instalaciones solo sirven como objetivo militar de la guerrilla, y no aportan para
nada a la seguridad de las comunidades,
ahora la guerrilla tendrá un argumento más
para cargarla contra Tacueyó y su población.
Le queremos recordar al Gobierno que la
Declaración de la ONU sobre los derechos
humanos de los Pueblos Indígenas –que es
fuente indiscutible de derechos en Colombia–
establece que cualquier operativo y proyecto
de infraestructura de tipo militar en territorios
indígenas debe contar con el consentimiento
libre, previo e informado de las autoridades
y comunidades.
Señor Presidente: la guerra no se termina
con más guerra; eso ya está suficientemente
demostrado en más de 50 años de confrontación armada en Colombia. Señor Cano: su
guerra popular hace rato se convirtió en una
guerra contra el pueblo. Es hora de dialogar
para encontrar una solución política a este
conflicto que nos extermina.
U
Bogotá, 16 de julio 2011
na de las locomotoras que impulsa el gobierno de Juan Manuel
Santos en Colombia deja en el
departamento Norte de Santander
a más de mil trabajadores discapacitados y
abandonados a su propia suerte, sin que
exista autoridad u organismo que responda
por su salud o sus pensiones. Es una de las
denuncias que hacen miembros del grupo de
trabajadores carboneros que se encuentran
desde el lunes 11 julio encadenados en el
costado occidental de la Plaza Bolívar de la
capital de la república para llamar la atención
de los poderes centrales y recabar solidaridad de las centrales obreras y el movimiento
popular colombiano.
Los trabajadores dieron sus energías laborando para las empresas que explotan
carbón en la frontera con Venezuela y hoy
están enfermos y abandonados. Reclaman
al presidente J. M. Santos que haga que
las ARP y EPS cumplan con la Ley 776 del
2002 que garantiza sus derechos en seguridad social.
Las Aseguradoras de Riesgos Profesionales
(ARP) y las Entidades Promotoras de Salud
(EPS) no cumplen con lo pactado con los
trabajadores carboneros santandereanos.
Es una situación que se repite en otras regiones colombianas, denuncian los líderes
sindicales.
Las AP y las EPS se comprometieron a
vincular a los empleados de ese sector a
los tratamientos médicos requeridos por su
actividad laboral, así como a expedir y pagar
las incapacidades en el tiempo estipulado por
la Ley 776 del 2002, que dicta las normas
sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales, señalan los manifestantes en
la plaza de Bolívar.
En ese sentido, las ARP y las EPS deben
certificar a los trabajadores que están en
capacidad de laborar, para que se reintegren
de inmediato en el puesto que ocupaban o
reubicarlos en uno similar. También están
obligadas a ofrecer el tratamiento médico a
tiempo y a pagar las prestaciones derivadas
de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional, explican los encadenados en la
Plaza de Bolívar.
La Ley 776 del 2002 dice que estas prestaciones asistenciales y económicas serán
reconocidas y pagadas por la administradora
en la que se encuentre afiliado el trabajador
en el momento de ocurrir el accidente o,
en el caso de la enfermedad profesional,
al momento de requerir la prestación. Esta
obligación, según los mineros nortesantandereanos, no se está cumpliendo, ya que son
varios los trabajadores que están teniendo
problemas con la atención médica, con las
incapacidades y con las certificaciones, las
cuales no son reconocidas por las entidades
a las que están afiliados.
Los trabajadores exigen que el Gobierno
investigue a fondo el incumplimiento de
entidades como la ARP Positiva y las EPS
Saludcoop, Coomeva y Salud Total.
Las peticiones de los mineros de Norte de
Santander fueron escuchadas luego de que
18 de ellos viajaran a Bogotá la semana pasada para encadenarse en la Plaza de Bolívar y
reclamar sus derechos en salud. La mayoría
son de San Faustino, Sardinata y El Zulia.
laborales
5
Boletín sobre situación de derechos humanos en Colombia de la Coordinación
Colombia-Europa-Estados Unidos (tomado de Recalca) (Apartes)
L
El plan de acción laboral de EE.UU.
para el TLC con Colombia
a exclusión de temas estratégicos y
sectores vulnerables de los condicionamientos del plan de acción para el TLC
con Colombia propicia mayor vulneración a las violaciones de derechos humanos
1. Introducción: Las dificultades del Gobierno
de los Estados Unidos para salir de la crisis
económica que arrastra desde el año 2008, han
llevado a la búsqueda desesperada de nuevos
mercados para su sector de manufacturas y
servicios. Esta búsqueda de una salida de crisis
por la vía de la expansión de sus exportaciones y
de nuevas áreas para sus inversiones ha estado
acompañada por nuevas presiones al Gobierno
de ese país para acelerar la celebración de
Tratados de Libre Comercio, particularmente
con Corea del Sur, Panamá y Colombia. El
Tratado Bilateral con Colombia, estuvo originalmente condicionado a una mejora sustancial en
la vigencia de los derechos humanos en nuestro
país, considerando en especial, además del
tema de los ataques a los sindicalistas, a el fin de
las ejecuciones extrajudiciales y la superación
de su impunidad, la cesación de la persecución
a opositores políticos, periodistas, magistrados
y defensores de derechos humanos, cese del
favorecimiento y de los vínculos con los grupos
paramilitares y la protección efectiva a defensores de derechos humanos, líderes campesinos,
afrocolombianos e indígenas.
Además de implementar un Plan de Alivio a
los afectados en EE.UU. por el tratado (TAA),
el Gobierno de Obama exigió al Gobierno de
Colombia la implementación de un Plan de
Acción Laboral. Este Plan considera algunas
mejoras parciales en ámbitos de la regulación
laboral y la protección a los sindicalistas. Pero
deja por fuera temas y sectores importantes
gravemente afectados por vulneraciones a los
derechos humanos.
Este enfoque parcial, restringido y excluyente
de varios temas y sectores antes considerados,
ha mandado una mala señal a sectores comprometidos con la violaciones a los derechos
humanos en Colombia que habrían tomado nota
del mensaje, ha debilitado de la capacidad de
contención de la política exterior de ese país
sobre las conductas propicias a la vulneración
de los derechos humanos y podría desde ya
estar propiciando algunas prácticas y medidas
que ponen mayores riesgos y vulneración de
derechos de sectores y temas que ahora se leen
como exentos de las anteriores preocupaciones.
Sin haber entrado en vigencia el tratado, estas
señales son indicativas que lo que podría acontecer una vez ya puesto en práctica.
2. El Plan de Acción Laboral. Mejoras importantes pero insuficientes: Las intenciones
de mejorar la protección de los trabajadores
sindicalizados en Colombia, de avanzar en el
combate a la impunidad de los crímenes sistemáticos cometidos en contra de los sindicalistas
y las reformas a algunos aspectos de las formas
precarias de contratación laboral que se realizan
a través de las mal denominadas Cooperativas
de Trabajo Asociado expresan preocupaciones
legítimas por detener los graves ataques a los
derechos y garantías laborales y sindicales en
el país, que podrían generar un mejor ambiente
para la vigencia de estos derechos.
El establecimiento de indicadores de voluntad
precisos y fechas concretas para la implementación de las medidas propuestas constituye una
novedad en este tipo de recomendaciones. Sin
embargo, notamos con preocupación que temas que hasta ahora habían sido tenidos como
prioritarios a la hora de evaluar las condiciones
requeridas para avanzar en la negociación
del Tratado bilateral de Libre Comercio entre
Colombia y Estados Unidos no fueron considerados con ocasión del Plan de Acción entre los
presidentes Obama y Santos.
3. Los temas que ahora no son objeto de preocupación mandan una mala señal: La exclusión
de condiciones concretas para avanzar en la
protección de los líderes campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes, lo
mismo que omisión de temas estratégicos y que
continúan marcando con su dolorosa vigencia
la gravedad de la situación de derechos humanos tales como la impunidad persistente de las
ejecuciones extrajudiciales, las agresiones y
persecución por parte de los servicios de inteligencia a los opositores políticos, magistrados,
periodistas y líderes sociales, lo mismo que la
reorganización y fortalecimiento del paramilitarismo y los ataques persistentes a los defensores de derechos humanos constituyen un giro
lamentable en los niveles de compromiso y en la
actitud vigilante y solidaria que Estados Unidos,
han sostenido hasta hoy frente a estos temas
y sectores. Este viraje de la política exterior del
gobierno de Estados Unidos no se compadece
con la crítica situación que afrontan las organizaciones y líderes sociales y los ámbitos de
vulneración de derechos que han sido dejados
al margen en el mencionado Plan de Acción
ideado para abrirle paso a la ratificación del
Tratado de Libre Comercio con Colombia. En
efecto, fenómenos como las ejecuciones extrajudiciales en su censurable modalidad de “falsos
positivos” perpetrados por las fuerzas armadas
del Gobierno Colombia que habían disminuido
desde el año 2008 volvieron a incrementarse en
el año 2010 en un 58% en el número de casos
y en un 69,5% en el número de víctimas, con
relación al año 2009.
En este último año, un elevado número de niños
han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales,
precedidas en ocasiones de brutales actos de
violencia sexual, tal y como se constató en la
violación de dos niñas y el asesinato de una de
ellas con sus dos hermanitos por miembros del
Ejército, el pasado mes de octubre de 2010.
(...) Más allá de estas consecuencias, es claro
que los avances que pueda propiciar la implantación del Plan de Acción Laboral no están en
condiciones de contrarrestar ni siquiera en
mínima medida, los enormes estragos que un
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
EE.UU. va a generar en la estructura productiva de nuestro país, en la pérdida previsible
de puestos de trabajo en la agricultura, en la
pequeña y mediana industria y en el deterioro
de las condiciones para el acceso a la salud, a
los medicamentos, a la seguridad alimentaria
para millones de campesinos y en la capacidad del Estado para trazar de manera soberana hacia el futuro sus propias prioridades de
desarrollo.
Las protección de los líderes campesinos y de
los miembros de las comunidades indígenas
y afrocolombianos, de los periodistas, líderes
religiosos, opositores políticos, funcionarios judiciales que luchan contra estos crímenes y de
los líderes sociales y defensores de derechos
humanos deben también ser objeto de consideración en cualquier agenda o Plan de Acción
que se proponga con el fin de superar la grave
de situación de vulneración de los derechos
humanos actualmente imperante.
Para la Coordinación Colombia-Europa-Estados
Unidos, Red de 220 organizaciones sociales y
de derechos humanos de todo el país, el Plan
de Acción Laboral, a pesar de los avances parciales que postula en algunos temas laborales
y sindicales, no da cuenta de la gravedad de la
situación de vulneración a los derechos humanos ni de las situaciones de vulneración y riesgo
en que se encuentran diversos sectores sociales
y defensores de derechos humanos, ni logra
superar ni compensar las grandes asimetrías
económicas y los impactos económicos adversos que se generarían con la implementación
del Tratado Bilateral de Libre Comercio entre
Colombia y los Estados Unidos. La preocupación y las premuras por anteponer intereses
comerciales a las consideraciones de derechos
humanos integralmente tendrá como consecuencia el debilitamiento de la democracia, de
la lucha contra la exclusión y las desigualdades, y el agravamiento del conflicto armado y
las vulneraciones sistemáticas y persistentes
de los derechos humanos en perjuicio de unas
relaciones bilaterales centradas en el respeto
mutuo y la justicia en las relaciones económicas
y comerciales entre las dos naciones.
Con el apoyo de:
Diakonia, Coordinación Suiza por Colombia,
Miseror Das Hilfswerk, Oxfam Intermon y Brot
Fur Die Welt.
6
laborales
La 100a Conferencia de la OIT fue el escenario para los
derechos de trabajadores y trabajadoras domésticas
Lina Paola Malagón
E
Comisión Colombiana de Juristas
l 16 de junio de 2011, en medio de
aplausos, fue aprobado el Convenio
189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y una recomendación
que lo complementa. Después de la discusión dada en las últimas dos
Conferencias Internacionales
del Trabajo, finalmente se
pudo llegar a un acuerdo entre gobiernos, empleadores y
trabajadores sobre las normas
mínimas de protección al trabajo doméstico.
396 votos a favor permitieron
la adopción del Convenio.
Entre estos votos afirmativos estuvo el voto de los
trabajadores y el gobierno
de Colombia. Otros gobiernos de países emisores de
trabajadoras y trabajadores
domésticos, como Rumania, Bolivia, Costa
Rica, Honduras y Guatemala, también votaron a favor de su aprobación. Igualmente
dieron su voto afirmativo gobiernos de países receptores de trabajo doméstico, como
Estados Unidos, Emiratos Árabes, Guatemala
y España.
Los empleadores colombianos se abstuvieron
de votar el Convenio. Su delegado, Alberto
Echavarría, explicó a la 100 Conferencia
Internacional del Trabajo que la legislación
colombiana era muy avanzada respecto del
convenio, y que quería plantear una reflexión
sobre el bajo número de ratificaciones de los
convenios aprobados en la OIT. Con estas
aclaraciones, los empresarios colombianos
cerraron los ojos frente a la realidad precaria
del trabajo doméstico en Colombia, y frente a
la gran cantidad de trabajadores/as migrantes
que salen de nuestro país a buscar oportunidades que no tienen en Colombia. Se apartaron
de construir medidas para la superación de la
situación de trabajadores y trabajadoras domésticas en el mundo, muchos de ellos en situación casi de esclavitud; y bajo un argumento
formalista fomentaron el debilitamiento de los
mecanismos normativos de la OIT. También
se abstuvieron otros miembros empleadores
como los de Emiratos Árabes, Argentina,
Chile, Salvador, Estados Unidos, Honduras,
Guatemala y Japón.
trabajadores del mundo en pro de la defensa
de los derechos de un grupo tan significativo
de trabajadores y trabajadoras.
El trabajo doméstico es realizado por millones
de personas en el mundo, especialmente mujeres. Estos trabajos son mal pagados y su reconocimiento como trabajo es casi inexistente. En
muchas partes del mundo el trabajo doméstico
no es valorado frente al aporte que hacen estas
personas al desarrollo de familias y niños. El
apoyo y reconocimiento de las
y los trabajadoras y trabajadores domésticos se convierte
en un elemento fundamental
para el bienestar de la sociedad en general.
El grupo de trabajadores de
la Conferencia y muchos
sindicatos de trabajadoras
del hogar de todo el mundo
se reunieron a buscar especialmente 5 propósitos: a)
reconocimiento del trabajo
doméstico como contribuyente a la economía nacional y
mundial, por lo cual es un trabajo formal y quienes lo realizan tienen iguales
derechos que los demás trabajadores; b) el
establecimiento de un horario de trabajo, que
se respeten las horas tal como se hace frente
a otros trabajadores, e incluso se cuenten sus
horas de espera sin trabajo asignado como
horas reales de trabajo; c) regulación sobre
el uso de agencias temporales de empleo; d)
un marco que permita garantizar la seguridad
social, así como la salud y seguridad en el
trabajo; y e) un marco para la protección de
las y los trabajadores migrantes.
Todos estos propósitos fueron obtenidos
de forma exitosa y están contenidos en el
Convenio y complementados en la recomendación. Otra importante previsión que trae el
convenio es la posibilidad de hacer inspección
del trabajo a los hogares donde se encuentran
los y las trabajadoras. Esta norma impone a
los Estados la obligación progresiva de implementar métodos de inspección para proteger
de manera contundente los derechos de la trabajadora o trabajador en el sitio de trabajo.
Y en contra del Convenio votaron los empleadores de la India, Venezuela y Reino Unido.
El único gobierno en contra fue el de Suiza,
país donde reside la OIT y cuyos niveles de
recepción de trabajadoras y trabajadores domésticos es muy grande. El total de los votos
en contra fue de 16.
El grupo de trabajadores no llegó a obtener
una norma totalmente completa en lo referente al salario en especie. El mínimo deseable
sería establecer la existencia de un salario
mínimo en moneda, de forma que los salarios
en especie estarían por encima. Sin embargo,
esto no fue posible y el Convenio establece
que el salario en especie debe ser limitado
razonablemente y debe estar valorado monetariamente. Si bien no es una garantía completa, establece un piso admisible que debe ser
desarrollado e implementado por la legislación
interna de los países, para poder así proteger
verdaderamente la equidad salarial respecto
de otro tipo de trabajo.
Resultó sumamente significativo que el gobierno de la India, e incluso gobiernos de la
región árabe que tendrían tradiciones culturales contrarias frente a este asunto, aceptaron, después de un año, la postura de los
Alguna parte de la legislación, y especialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional
colombiana, han tenido un papel importante
para reconocer algunos derechos de las trabajadoras y trabajadores del servicio domés-
tico. Sin embargo, tras este debate mundial
queda claro que falta mucho por hacer: la
formalización del trabajo doméstico, la existencia de contratos escritos de trabajo, la
garantía de la seguridad social en materia
de salud y pensiones, la definición de horarios de trabajo, vacaciones, disfrute de la
licencia de maternidad y consecuentemente
la protección a través de la inspección del
trabajo.
En todos estos temas se requiere definición,
ampliación, promoción o protección por parte
de Colombia. Además, siendo un país del que
emigran cientos de trabajadoras y trabajado-
res domésticos se requiere de una política de
protección a la población migrante.
Esperamos que el voto positivo del gobierno
de Colombia se traduzca en la ratificación del
Convenio. De esta manera, complementaría otras medidas existentes como la Ley de
Economía de Cuidado, que es una herramienta
útil y necesaria para medir y valorar el aporte
que hacen estas trabajadoras en la sociedad
colombiana; e implicaría iniciar una fuerte campaña por parte de todos los actores sociales
para que se identifiquen, exijan y cumplan los
derechos laborales y sindicales de las trabajadoras y trabajadores domésticos.
opinión sindical
7
La CUT y la negociación en Codensa
Preservemos la esencia del sindicalismo
Wilson G. Rincón G.
E
Fiscal Asociación de Pensionados
de EEB, Codensa y Emgesa
s de verdad preocupante la actitud
asumida por el Comité Ejecutivo
de la CUT en el proceso de negociación colectiva adelantado entre
Sintraelecol y Codensa. Para
ubicar el problema debemos
hacer un poco de historia.
El Sindicato de industria del
sector eléctrico (Sintraelecol) representa en la Seccional BogotáCundinamarca a los trabajadores
de las empresas de Energía
de Bogotá (EEB), Codensa,
Emgesa y Electrificadora de
Cundinamarca, y sus órganos
de dirección son la Asamblea
Seccional, conformada por los afiliados de
las cuatro empresas y la Junta Directiva
Seccional.
En 1991 se aprobó en Sintraelecol la presentación de un pliego único nacional al
gobierno (Ministerio de Minas y Energía)
y a cada empresa, pliego al que adhirió
Sintraenergia-Bogotá, que luego, en 1992,
se fusionó a Sintraelecol aportando cerca
de 4.000 afiliados. Por diversas razones
que bien merecen un análisis profundo por
parte del movimiento sindical, no fue posible el desarrollo pleno de la negociación
por rama industrial, y hoy Sintraelecol ha
retrocedido de nuevo a la negociación por
empresa.
Lo que sí prevalece es el concepto usado
entonces de “negociación atípica”, esto es
sin cumplir requisitos legales establecidos,
como la denuncia de las convenciones colectivas, presentación de pliegos de peticiones a cada empresa, ceñirse a los tiempos
y términos establecidos; lo que impedía la
denuncia de puntos convencionales por las
empresas, la presentación de contrapliegos,
la convocatoria de tribunales de arbitramento y, a la vez, garantizaba la negociación
centralizada.
Es importante destacar este aspecto porque
en la seccional Bogotá-Cundinamarca se ha
interpretado la “negociación atípica” como
algo válido para imponer criterios de camarilla, desconocer la democracia sindical y los
estatutos, quebrantar la disciplina y no acatar
decisiones de organismos superiores.
El proceso de negociación
En las últimas convenciones firmadas con
las empresas se ha venido aceptando la
tesis patronal de la “flexibilización laboral”
y se han perdido conquistas importantes, a
tal punto que principalmente en Codensa y
Emgesa hay grupos de trabajadores con diferentes prestaciones y derechos, a algunos ya
prácticamente no les queda nada de lo que
se logró durante muchos años de lucha. Esto
ha dificultado la unidad de la base sindical y
ha facilitado la manipulación por los patronos
y sus aliados en la dirección sindical, partidarios de la “flexibilización”.
Este año, 2011, se decidió negociar en las
cuatro empresas, que tenían las convenciones vencidas desde el 2007, pues para evitar los efectos de una posible aplicación del
Acto Legislativo 01 de 2005 en
lo referente a pensiones, se había orientado no negociar. De
todas maneras las negociaciones se afectaron, ya que desde
agosto de 2010 la EEB, invocando dicho Acto Legislativo,
desconoció dos puntos convencionales a los pensionados y,
como veremos luego, también
en las otras empresas se busca
su aplicación.
Con procedimientos antidemocráticos y violatorios de los estatutos (ver documento de denuncia suscrito por los directivos Luis Piñeros
e Ibeth Herrera) y la manifiesta intención de
algunos de conseguir un plan de retiro favorable, y de otros de consolidar el contrato
de administrar el servicio médico familiar
establecido en convenciones colectivas, el
resultado no podía ser más negativo.
En la EEB, Codensa y Emgesa se ponen en
venta los puntos de servicio médico a familiares (punto estrella de las convenciones) y
el uso centro vacacional; además se congelan los auxilios educativos para familiares
de pensionados. Para los actuales y futuros
trabajadores lo significativo –para lamentar– es la pérdida de antiguas conquistas a
cambio de algún dinero; y en cuanto a los
pensionados, dichos acuerdos ayudan a la
aplicación del Acto Legislativo y ponen en
mayor riesgo nuestros derechos al desaparecer los puntos convencionales.
Para resaltar lo siguiente: La Asamblea
Nacional de Delegados de Sintraelecol, del
mes de marzo de 2011, dejó expresó en sus
conclusiones que los procesos de negociación llevados a cabo en la seccional BogotáCundinamarca debían ser revisados en sus
alcances y contenidos antes de ser firmados,
y en segundo lugar fue clara y precisa la prohibición de cambiar puntos convencionales
por sumas de dinero. Ya en Codensa se
desconoció este mandato, lamentablemente
avalado con la firma del presidente nacional
de la CUT, Tarsicio Mora.
Desde el principio la Dinal del Sindicato,
en cabeza del presidente recién elegido,
se opuso a la firma de estos acuerdos por
considerarlos contrarios a las políticas que
debe implementar Sintraelecol y a los principios básicos del sindicalismo de clase,
lo que se reafirma en la última Asamblea
Nacional de Delegados. Por mantener esta
posición de respeto por los trabajadores y
pensionados este compañero presidente ha
enfrentado acciones de tutela y citaciones a
inspecciones de trabajo para presionar su
firma como representante legal y único autorizado para firmar convenciones colectivas
en Sintraelecol.
Intervención de la CUT
Ante la negativa de la Dinal de firmar convenciones nocivas para los trabajadores y
pensionados, los interesados recurren a
la CUT nacional, que expide un concepto firmado por el presidente encargado,
Rafael Molano, quien con una argumentación nada clara termina justificando la
firma de la convención de Codensa por
el presidente seccional; aunque seguidamente le da a la controversia su propia caracterización de “un conflicto de carácter
político y que la solución está en manos
de los sindicatos...”
En este caso no hay nada de “político”, solo
que se confrontan el interés de quienes defienden a los trabajadores y pensionados
contra quienes, incluso conservando su
posición de dirigentes, han renunciado a la
razón de ser del movimiento sindical. Y si la
solución “está en manos de los sindicatos”
no se entiende por qué se interviene en un
campo que no le corresponde.
El 8 de julio se firma la convención de
Codensa, entre otros, por el presidente de
la CUT. Con antelación nuestra Asociación
había enviado un oficio a la CUT resaltando
lo inconveniente de la firma y después, también por escrito, se solicitó ser escuchados
en el Comité Ejecutivo, en ningún caso hubo
respuesta. Tampoco se tomó en cuenta lo
expresado por un representante de los cinco
directivos seccionales que se han opuesto a
la firma de este tipo de convenios.
Los pensionados
Quienes estamos pensionados pero que tiempo atrás fuimos partícipes de la fundación, consolidación y desarrollo de la CUT y Sintraelecol,
nos sentimos obligados a expresar una opinión
en defensa de nuestros propios derechos y los
de quienes nos sucedieron.
Dejamos unas conquistas y derechos que hacen parte del legado para las siguientes generaciones de trabajadores, luego nos interesa
que prevalezcan y que haya organizaciones
y dirigentes capaces de preservarlos.
En la EEB aún no se firma la convención.
Allí, en una asamblea semiclandestina
convocada con apoyo logístico de la empresa, veinticuatro trabajadores presionados y con la ilusión de recibir algún dinero,
aprobaron por mayoría desaparecer de la
convención colectiva el servicio médico
para 1.900 familias de pensionados, la
congelación de auxilios educativos y la
aceptación de la vigencia plena del Acto
Legislativo para desconocer los derechos
de los pensionados.
¿Firmará también el presidente de la CUT
esta barbaridad? Algo parecido puede suceder en la Electrificadora de Cundinamarca.
De concretarse esta situación en las empresas, serán perjudicados más de 2.600
pensionados y jubilados.
De mi parte, quiero creer que los compañeros
de la CUT tomaron una decisión apresurada,
sin conocimiento del asunto y quizá asaltados
en su buena fe. Pero a la hora de la verdad, lo
que aparece es el hecho consumado de avalar
una acción que es contraria al verdadero interés de los sectores que se dice favorecer y de
paso se benefician las políticas del Gobierno
y las empresas multinacionales.
No es nuestro interés como Asociación hacer
crítica destructiva o desconocer los múltiples
y valiosos aportes de la CUT, organización
que hemos respetado y acatado, pero también consideramos una obligación la crítica
franca y honesta que aporte al debate, sirva
para evaluar, corregir si es necesario y prevenir futuras equivocaciones. También dejamos clara nuestra decisión de adelantar las
acciones necesarias y acompañar de manera
activa y decidida al numeroso grupo de trabajadores que se oponen a que se concrete
este nuevo despojo.
8
sindicales
Sigue en veremos decreto de negociación colectiva acordado
entre Gobierno y federaciones sindicales del sector público
Inquietud por la demora en la firma del decreto
Agencia de Información Laboral
E
Bogotá 12 de julio de 2011
l pasado 25 de mayo se logró un importante acuerdo entre el Gobierno
y las organizaciones sindicales
del sector estatal, que representa un avance en el derecho de asociación
y negociación colectiva de los empleados
del Estado; un derecho consagrado en los
Convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados
por las Leyes 411 de 1997 y 524 de 1999,
pero que hasta ahora no han tenido ninguna
aplicabilidad.
En el acuerdo, por parte del sindicalismo,
participaron las 4 federaciones de trabajadores estatales: Fenaltrase (CUT), Unete
y Utradec (CGT) y Fenaser (CTC), más la
Internacional de Servicios Públicos (ISP),
que también tiene asiento en el Comité
Sectorial del Sector Público, escenario en el
que durante más de tres meses se discutió y
se logró consensuar el acuerdo, que quedó
plasmado en un proyecto de decreto para
la firma del Presidente de la República, el
cual reglamenta el Artículo 416 del Código
Sustantivo del Trabajo y deroga el Decreto
535 de 2009.
Se trata de un decreto que tendrá impacto
positivo para los trabajadores estatales y
sus organizaciones (de cada 100 sindicalizados en el país, 53 son del sector público)
y beneficiará a unos 900 mil servidores del
Estado, excepto los miembros de la policía
y las fuerzas armadas. Además contribuirá
a incrementar la cobertura de la negociación colectiva en Colombia, una de las más
bajas del mundo, y obligará a los sindicatos
estatales a fusionarse, o al menos a lograr
mayor articulación en la negociación de sus
pliegos; en un sector caracterizado por la
proliferación y atomización sindical. Hoy en
Colombia hay 513 sindicatos estatales, un
número muy alto.
Sólo que ya ha pasado mes y medio y todavía el Presidente Santos no lo ha firmado,
lo cual ha generado una natural inquietud
y preocupación en el movimiento sindical.
Incluso no faltan quienes ven el riesgo de que
el Gobierno, después de presentar el proyecto
de Decreto en la 100ª Conferencia de la OIT
como un gran avance en negociación colectiva en el sector estatal, ahora quiera introducirle reformas que no fueron acordadas.
Sin embargo, en diálogo con la Agencia de
Información de la ENS, el Viceministro de la
Protección Social, Ricardo Echeverri, desestimó estos temores. Señaló que el Decreto
consensuado ya tiene la firma del Ministro
Mauricio Santa María y de la directora de
la Función Pública. Aclaró que hay “unos
temas menores” que están siendo revisados
por la Secretaria Jurídica de la Presidencia,
y confió en que muy pronto será firmado por
el presidente Santos.
“Hay unos ajustes en términos jurídicos porque cada abogado redacta con su criterio el
texto. Pero lo que me han informado es que
está avanzando dentro de los tiempos normales de la agenda de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia. Hay unos temas del Decreto
que se han discutido con Presidencia dentro
del debate normal que tiene todo decreto, y
que en este caso está relacionado con lo del
Tribunal de Arbitramento”.
William Reyes. Presidente
de Fenaltrase (CUT)
Carlos Castañeda. Presidente
de Sintraestatales, sindicato CUT
Fenaltrase, Federación que agremia 73 sindicatos y representa más de 50 mil afiliados,
por boca de su presidente destacó como un
avance el Decreto acordado con el Gobierno,
porque recoge reivindicaciones que desde
su nacimiento, hace 50 años, Fenaltrase ha
reclamado en materia de estabilidad laboral
y derecho de asociación y negociación colectiva de los servidores públicos.
Este sindicato tiene 2.800 afiliados en
entidades de los municipios del país.
Conjuntamente con Sinalserpub está en
un proceso de unidad para formar un solo
sindicato de rama para empleados públicos
de la CUT.
Asimismo, consultamos la visión que sobre
el espíritu y las bondades del Decreto tienen
los líderes de las federaciones sindicales y
algunos sindicatos representativos del sector
público, así como su opinión sobre la demora
en su firma por parte del Gobierno:
Francisco Maltés. Responsable
de Asuntos Estatales de la CUT
“El Acuerdo logrado, que esperamos que el
gobierno cumpla a cabalidad, es un avance
para el movimiento sindical estatal, toda vez
que permite el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos. Introduce
cambios sustanciales al Decreto 535, y le
quita a las entidades públicas el poder de
decisión que tienen en algunos aspectos.
No hay restricción a ninguna petición de los
empleados públicos en la negociación, y los
desacuerdos serán dirimidos por un Tribunal
de Arbitramento, constituido por un vocero
de los trabajadores, otro de los nominadores
y un tercero de común acuerdo. Será éste
quien en últimas decida sobre los puntos en
los que no hubo acuerdo, y su decisión tiene
carácter obligatorio para las partes. Significa
esto que el Tribunal de Arbitramento puede
quitarle algunas facultades a los nominadores estatales, y ese elemento lo diferencia
sustancialmente del Decreto del 535, donde
el poder de decisión siempre recae en los
negociadores del empleador”.
Sobre la demora en la firma del Decreto por
parte del presidente Santos, Maltés señaló:
“Lo que observamos es que en el Ministerio
de Hacienda pude haber un temor a perder la
capacidad de maniobra que siempre ha tenido, lo mismo que las secretarías de hacienda
en las regiones, que son quienes terminan
definiendo qué acuerdos laborales se hacen
o no, con base en lo que se ha llamado la ‘dictadura fiscal’. Nos encontramos en una disputa
entre quienes consideran que la dictadura
fiscal debe mantenerse vigente, y quienes
aspiramos a que haya plena negociación en
el sector público”.
“Hemos luchado por impulsar la aplicación de
los Convenios 151 y 154 de la OIT, que ya están integrados al bloque constitucional del país.
Pero nada hemos ganado con eso porque los
gobiernos no los han querido aplicar. Ahora
tenemos un Decreto consensuado entre las federaciones de los trabajadores, los Ministerios
de la Protección Social y de Hacienda y el
Departamento de la Función Pública, que expresa la voluntad política de este gobierno para
avanzar en el derecho de negociación colectiva;
una voluntad que sin embargo tiene que convertirse en acto administrativo con la firma del
Decreto. Pero inexplicablemente éste todavía
no se ha firmado. Entendemos que tal vez el
gobierno está esperando hacer un acto protocolario para firmarlo, cuando lo pudo hacer el
mismo día que lo concertamos. En ese momento
estaba próxima la 100ª Conferencia de la OIT, a
donde se llevó para mostrarlo como un avance
del Gobierno. Pero más que mostrar el Decreto
lo que queremos es que se haga efectivo”.
Su presidente opinó:
“El Decreto acordado representa un avance en
varios aspectos importantes. En primer lugar
permite abordar temas que con el Decreto
535 no se podían negociar. Borra el término
concertación y lo pone en términos de negociación; introduce la posibilidad del Tribunal
de Arbitramento para dirimir los desacuerdos
entre las partes. A nosotros en principio no
nos guste mucho el arbitramento, porque
siempre lo mejor son los acuerdos directos.
Tiene como debilidad que no menciona la
huelga. Hubo consenso entre las organizaciones sindicales en que era complicado meter
ese tema”.
Sobre las dificultades que tiene, señaló:
“Esperamos que al Decreto no le cambien
nada de su estructura sustancial, porque
entonces estarían es desconociendo el
acuerdo, y ese sería un mal precedente
para todo lo demás. Si le hacen ajustes,
que éstos sean puramente formales. Los
analizaremos y sopesaremos en su justa
medida”.
9
opinión sindical
Ante el desempleo, la informalidad y la inestabilidad laboral:
¡Trabajo humano!
Yezid García Abello
H
Ingeniero civil y asesor sindical
ace pocos días el presidente
Santos, el director del Dane y,
paradójicamente, Luis Carlos
Villegas, representante de los
industriales, celebraban con mucho optimismo las cifras al mes de
mayo sobre el desempleo
en Colombia, al tiempo que
anunciaban a los colombianos la posibilidad de reducir
la tasa de desocupación a
un dígito.
Todas las semanas se
producen noticias de la
restricción y persecución
por leyes y autoridades al
trabajo informal. Represión
y desalojo de vendedores
callejeros, prohibición del
mototaxismo y el bicitaxismo, restricciones a la pesca
y la minería artesanales,
limitantes a los negocios
de esparcimiento popular, embestida de las grandes plataformas
comerciales contra las tiendas de barrio y
una tendencia oficial a privilegiar la monopolización, por grandes inversionistas, del
comercio y los servicios.
En Puerto Gaitán, miles de obreros contratados irregularmente por multinacionales
petroleras, violentando las mínimas normas
laborales señaladas por la OIT, realizaron,
bajo la dirección de la USO, una trascendental lucha por salarios, jornada de trabajo,
condiciones laborales dignas y respeto a la
soberanía nacional.
Desde el 5 de junio y hasta el 5 de julio el director del Sena, padre Camilo Bernal Hadad, por
medio de la circular 1-1010, reglamentó una
convocatoria abierta para casi 15.000 vacantes de instructores y empleos administrativos,
autorizando a cada ente regional y centro de
formación la creación de particulares esquemas de selección de la contratación civil de
servicios personales o contratistas, como los
llaman de manera eufemística.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante comunicado expedido el 14 de julio,
desconoce y malinterpreta los alcances y el
espíritu del Acto Legislativo 04 de 2011, por
medio del cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política de Colombia, que
busca garantizar la estabilidad laboral de más
de 120 mil empleados públicos en provisionalidad. Pretensión duramente batallada por los
sindicatos del sector estatal de la CUT.
En Bogotá, los sindicatos de empleados y
trabajadores siguen a la espera del cumplimiento, por parte de la Administración
Distrital, de acuerdos pactados años atrás
sobre la ampliación de plantas de personal,
que corrijan la anómala forma de contratación
por órdenes de prestación de servicios, OPS,
provisionalidad, outsoucing, cooperativas de
trabajo asociado y agencias temporales. Estas
modalidades de contratación someten a los
trabajadores al servicio de la ciudad a una
cruel inestabilidad laboral, les escamotean sus
prestaciones sociales, los amarran a horarios
desaforados, les birlan gran
parte de su salario en los
meses que tienen que esperar para ser contratados
de nuevo, su permanencia
está en manos de jefes y
secretarios de despacho
con intereses de clientela
política, en fin, los someten
a unas degradantes relaciones laborales.
Si se analizan en conjunto
las últimas cifras de ocupación sistematizadas por
el Dane no son para armar
jolgorio. El 11,3 por ciento
de desempleo sigue manteniendo a Colombia con
una de las mayores tasas de desempleo del
continente. Si bien cedió el desempleo lo
hizo en beneficio de la informalidad, en 50,9
por ciento se sitúa esta cifra en el país. Con
una política contradictoria en esta materia,
además, ya que a la vez que se promulga
la ley de formalización laboral, limitada y en
veces errónea, se promueve como política
de empleo la promoción de la microempresa,
que forja mayor informalidad. Ninguna de las
cinco “locomotoras” de la prosperidad genera
masivos puestos de trabajo. La política de
industrialización nacional no aparece en el
repertorio económico de Palacio y el “jefe”
de los industriales (Andi) aparece como el
principal promotor, junto con el Gobierno, de
los TLC que atentan contra nuestra golpeada
industria y el empleo de calidad. La industria
crece a paso de quelonio.
El desempleo juvenil supera dos veces la
cifra general, 22,6 por ciento de los jóvenes
colombianos, técnicos, bachilleres y universitarios deambulan por las calles y campos
de la patria sin esperanza alguna. Esta sí es
en verdad una cifra alarmante en un país,
que según el mismo Dane, tiende al envejecimiento de su población. La meta sería,
esa sí, reducir el desempleo juvenil, en poco
tiempo, a menos de un dígito.
El tratamiento a la informalidad y al rebusque
no puede ser represivo ni policivo. Mientras
no se pongan en práctica soluciones reales
de vigorización del mercado interno, que jalone la industrialización profunda del país (ver
Coalición para la Promoción de la Industria
Colombiana) y produzca gran oferta de empleo de calidad, debemos proteger y amparar
el trabajo informal y propender por su mejoramiento y escalonamiento hacia el trabajo
formal. No podemos seguir permitiendo “durísimas condiciones de trabajo, carencia de
protección social y sanitaria, de seguridad
social, de pensión en la vejez, de derechos
en el trabajo y que en muchos casos encubre nuevas formas de semiesclavitud.” (Foro
sobre el Trabajo Informal OIT Bogotá 2002)
Nos solidarizamos con el movimiento petrolero de Puerto Gaitán en la reclamación
de “una mejor redistribución de la riqueza
y mejoramiento de las condiciones de vida
de los trabajadores, así como un bienestar
para las comunidades asentadas en la región
donde se explota el hidrocarburo negro.”,
cual lo solicita la USO. Decenas de miles de
asalariados al servicio de multinacionales y
grandes empresas, atraviesan por análoga
situación. Apoyarlos en sus causas es parte
de nuestra visión de trabajo humano. Lo que
para lo OIT representa trabajo decente.
Y definitivamente las atrocidades y aberraciones legales en boga en la contratación de
los entes estatales a todo nivel, que violan
la legislación vigente, la normatividad laboral
nacional e internacional y las sentencias de
la Corte Constitucional (C-614) a plena luz
del día y con el beneplácito o silencio de todas las autoridades, deben ser combatidas.
Las situaciones descritas del Sena, de la
Administración Distrital, en especial de los
sectores de educación y salud, frente a sus
servidores mal contratados, que representa
ya casi el 80 por ciento de sus funcionarios,
no pueden seguir siendo toleradas. Una acción de organización, movilización, trabajo
jurídico y político de sindicalistas y demócratas transformará este estado de cosas.
¡Vamos por trabajo humano!
Comité Ejecutivo CUT
Bogotá-Cundinamarca
Héctor Bermúdez Rojas (Presidente); Maria Doris González (Vicepresidenta, Responsable de Asuntos de
Salud y Seguridad Social); Carlos Arturo Rico Godoy (Segundo Vicepresidente, Responsable Relaciones
Internacionales); Manuel Téllez González (Secretario General); Miguel Ángel Delgado Rivera (Fiscal); José
Meyer Álvarez (Departamento Tesorería y Finanzas), Winston Francisco Petro (Departamento de la Juventud y
Menor Trabajador); Raúl Alfonso Soto Ariza (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos); Óscar Gustavo
Penagos (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente); Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento
de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva); July González Villadiego (Departamento de la Mujer, Derechos
Humanos y Solidaridad); Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Educación, Formación, Capacitación,
Investigación y Proyectos); Alfredo Manchola Rojas (Departamento de Organización y Trabajadores Informales
y Relaciones con Organizaciones Sociales); Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Departamento de Comunicaciones,
Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda); Fraydique Alexander Gaitán (Departamento de Asuntos
Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial).
Consejo Editorial
Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Director del Departamento de Comunicaciones),
Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva);
Miguel Ángel Delgado (Fiscal), Óscar Penagos (Dept. Recursos Naturales y Medio Ambiente ),
Nohora Bulla (Dep. de Educación), Jorge E. Charry (asesor editorial).
Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402
Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432
Bogotá D.C. Colombia
Email: [email protected]
[email protected]
ISSN: 1900-0898
Diseño y diagramación:
Éditer estrategias educativas, [email protected] / 2329558.
Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Manuel A. Mora, Manuel Télles
y tomadas de Internet.
Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez.
Edición: 20.000 ejemplares.
Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.
Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva
responsabilidad de sus autores.
10
educaciòn
Defendamos la esencia
del Decreto 2277 de 1979
Miguel Antonio Lasso Muñoz
Exdirectivo CUT Bogotá Cundinamarca y Adec
A
propósito de las negociaciones del
Estatuto Docente Único, no son
tan fructíferas respecto al Pliego
Nacional de
Peticiones entre Fecode y
el MEN, sólo se logro acordar una mesa tripartita conformada por representantes
del Gobierno Nacional, del
Congreso de la República y
del sindicato de los maestros para la concertación de
un Estatuto Docente Único;
sin embargo, la negociación
de los acuerdos colectivos
que se celebran entre las
organizaciones sindicales
de empleados públicos y
las entidades públicas del
orden nacional, departamental, distrital y municipal
a la luz del Decreto Nº 535 de 2011, por el
cual se reglamentó el artículo 416 del Código
Sustantivo del Trabajo, no es prenda de garantía debido a que el decreto en mención
no garantiza la negociación colectiva en el
sector estatal, un derecho consagrado en la
Constitución de 1991 que se ha venido desconociendo de manera sistemática, pese a
que en 1997 Colombia ratificó los Convenios
de OIT, incorporándolo en la legislación con
la Ley 411, que nunca fue reglamentado por
el Congreso de la República.
Además, y mucho más grave, la concertación a la presuntamente se llegue no tiene
efectos jurídicos para las partes, pues la
autoridad competente tendrá que expedir
actos administrativos, y esa misma autoridad
podrá dejar de expedirlos dando razones
motivadas del porqué no se cumple, o sea se
crea un procedimiento de concertación que
puede ser incumplido unilateralmente por el
Gobierno Nacional.
En el punto tres del Pliego de Peticiones,
Fecode solicita la constitución de una comisión conformada por representantes del
Congreso, el Ministerio de Educación y
Fecode, para concertar un proyecto de ley que
defina el Estatuto Docente Único y su régimen
disciplinario. Fecode plantea la derogatoria
del Decreto 2277 de 1979 y el Decreto 1278
de 2002 por un Estatuto Único de la profesión
docente, pero éste no es más que una mezcla de las dos cosas de naturaleza diversa o
contraria, por eso es incompatible que a los
docentes antiguos les apliquen u obliguen a
aceptar la evaluación de desempeño, así sea
diagnóstica y formativa, de todas maneras es
sancionatoria (artículo 93 proyecto Fecode).
Dice la dirigencia de Fecode que debemos
ponernos a tono con las nuevas realidades.
A los nuevos docentes del Decreto 1278 de
2002 les han impuesto la Ley 100 de 1993,
les han quitado el régimen prestacional especial y los han sometido a la evaluación
de desempeño y la congelación salarial
con la evaluación de competencias. ¿Será
que Fecode pretende que los maestros del
Decreto 2277 de 1979 sean
evaluados, se coloque en
entredicho su estabilidad
laboral, el derecho al ascenso en el escalafón docente y en consecuencia la
congelación salarial?
Estamos de acuerdo con
quienes pregonan que el
Decreto 2277 de 1979 es
una conquista y el Decreto
1278 de 2002 es una derrota. Por tanto, es necesario defender en esencia
el Decreto 2277 de 1979
por tratarse de nuestra
“Convención Colectiva de
Trabajo”. La propuesta del magisterio colombiano debe ser la defensa del espíritu
del Decreto 2277 de 1979, por supuesto que
debemos ajustarlo para recuperar lo que nos
han conculcado e incluir los derechos salariales y prestacionales, políticos y sindicales
que sean menester.
Manifestamos nuestro rechazo al artículo
114 del proyecto de Estatuto docente, presentado por Fecode, sobre la aplicación de
principios e integración normativa, debido a
que concilia que todo lo no contemplado en
el proyecto de régimen especial disciplinario docente, se regirá y aplicará el Código
Disciplinario Único. Lo que faltaba, Fecode
sirve de alcahueta en la aplicación de la regresiva Ley 734 de 2002.
Fecode liquida definitivamente
nuestro régimen disciplinario
especial
El proyecto del nuevo Estatuto docente
presentado por Fecode establece un nuevo
régimen disciplinario desde su objeto en
el artículo 1. E incluso en el artículo 103.
Aplicación supletiva, pregona que los aspectos sustantivos o adjetivos no contemplados
o no regulados en el régimen especial disciplinario docente se regirán por lo dispuesto
en la Ley 734 de 2002 “en lo que sea compatible con la naturaleza del régimen especial
de los educadores vinculados al servicio
educativo oficial”.
Fecode acepta que dentro de las sanciones
por infracción de deberes, prohibiciones e
inhabilidades haya la exclusión del escalafón y retiro del servicio, así lo preceptúa el
numeral 6 del artículo 120. “La exclusión del
escalafón nacional docente produce como
consecuencia inmediata el retiro del servicio.
El educador que haya sido sancionado con
suspensión en el ejercicio del cargo hasta
por treinta días sin derecho a remuneración
y cometiere otra falta disciplinaria, será excluido del escalafón y retirado del servicio”.
Asimismo las sanciones por mala conducta
implican en el numeral 3 del artículo 121, la
exclusión del escalafón que determina su
destitución.
Como si fuera poco, Fecode, en consonancia
con el artículo 130. Ineficiencia profesional.
El educador que muestre serias deficiencias en la transmisión de los conocimientos
de su especialidad, o en el ejercicio de las
funciones y responsabilidades inherentes al
cargo estará sometido a las sanciones por
mala conducta previstas en el artículo 121;
es decir, podrá ser excluido del escalafón
que determina la destitución del cargo, por
ineficiencia profesional, como si el título universitario, el ingreso y concurso no fueran
prenda de garantía y signo de idoneidad
ética, pedagógica y profesional.
Finalmente, Fecode respalda la evaluación sanción al proponer en el artículo 90.
Competencia para evaluar. Los docentes
y docentes directivos serán evaluados por
el Consejo Directivo Institucional conforme
a un instrumento elaborado por el Comité
Nacional de Evaluación Docente, o sea que
Fecode reafirma que tanto los docentes antiguos como los nuevos docentes seamos
evaluados institucionalmente.
Cuando el resultado final sea de nivel insatisfactorio o sea menor a 60%, se considera que
la evaluación se ha perdido o improbado, si
el docente de aula perdiere por segunda vez
consecutiva la evaluación anual de la labor
docente será sancionado con el aplazamiento por un año en el ascenso del escalafón
docente; sin detrimento que le sea aplicada
la ineficiencia profesional que podrá generar
la exclusión del escalafón que determina la
destitución del cargo.
En consecuencia, Fecode en lugar de defender los elementos esenciales que consagró el
Decreto 2480 de 1986, que fueron la columna
vertebral del Decreto 2277 de 1979, a nivel
del régimen disciplinario especial, se coloca
en contravía de los intereses del magisterio
colombiano y da el golpe de gracia a nuestro
régimen laboral y disciplinario al pretender
derogar en el artículo 153 el Decreto-ley
2277 de 1979.
Lamentamos el fallecimiento de
la señora María Luisa Caballero
La Central Unitaria de Trabajadores
de Colombia, CUT, lamenta el fallecimiento, el pasado sábado 16
de julio, de la señora María Luisa
Caballero, madre del compañero
Jorge Enrique Gamboa Caballero,
Director del Departamento de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente de nuestra Central.
la CUT, expresan sus más sinceros sentimientos de condolencia
apoyo y solidaridad en estos difíciles momentos para la familia
Gamboa Caballero.
Los miembros del Comité Ejecutivo
Nacional, los y las funcionarias de
18 de julio de 2011
Paz en su tumba, y nuestra solidaridad con su familia, compañeros
y amigos.
Tarsicio Mora Godoy
privatización
11
No se vende ni se venderá la ETB
Héctor I. Bermúdez R.
Presidente CUT Bogotá Cundinamarca
S
aludamos con satisfacción la decisión tomada el día domingo 24 de julio en la
Comisión de Gobierno
del Concejo de la Ciudad, de
hundir el proyecto de acuerdo
sobre la venta de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá,
patrimonio de los capitalinos.
Si los administradores de la
ciudad que, el 16 de octubre
de 1940, decidieron comprar al
propietario privado la Empresa
de Teléfonos, para convertirla en estatal y
propiedad de la capital, estuvieran hoy en
este debate frente a la venta de la ETB al
sector privado, no sé qué calificativo nos
pondrían, pues es un absurdo que una
Empresa que se ha desarrollado y modernizado y que constituye un patrimonio de
los bogotanos y una fuente importante de
recursos para el Distrito, sea enajenada.
Patrimonio que gerentes de la ETB, designados por las administraciones distritales
en las últimas décadas, se han se han dedicado a desprestigiarla, planteando que
no es viable desde el punto de vista técnico
y financiero con el ánimo de regalársela a
las trasnacionales de las comunicaciones
y expropiar a sus verdaderos dueños, el
pueblo bogotano.
Resuelto, por la vía del Concejo, el peligro
de la inminente venta, compartimos y respaldamos la propuesta hecha
por la CUT, Sintrateléfonos y
otros sectores sociales y políticos, para que de forma inmediata la Alcaldesa Designada
cambie la administración de la
ETB y nombre una dirección empresarial que no esté al servicio
de los intereses del gran capital,
sino que se ponga al servicio de
la ciudad y sus gentes, en lugar
de dedicarse a feriar la empre-
sa, construyan un plan estratégico que les
permita unificarse para su fortalecimiento
con otras empresas del sector de carácter
estatal.
Nos queda la tarea de levantar con fuerza la
lucha contra las privatizaciones en nuestro
país y continuar con tesón en la defensa de
lo público.
Avances en la contratación
colectiva en el Frigorífico San Martín
E
n la primera semana de julio del
presente año se firmó Convención
Colectiva entre Sintracarne y la
Empresa Frigorífico San Martín
(Frigorífico BLE), en la cual después de
agotadas las etapas de ley, podemos destacar avances importantes:
1. Mantener la plena estabilidad parta sus
trabajadores.
2. Incremento en un día en el tiempo de
disfrute de las vacaciones y se adicionó
un día en la remuneración de la prima
de vacaciones.
3. Se aumentó el fondo de vivienda en
cerca de un cuarenta por ciento.
4. Los rubros de educación para trabajadores y/o sus hijos se incrementaron en un
diez por ciento.
5. Se acordó una bonificación por productividad para el mes de diciembre de
cada año equivalente a $200.000 por
trabajador.
6. Se aumento en tres días la prima de
antigüedad para los trabajadores de salarios más bajos y que hayan ingresado
después del 2001.
7. Salarios: Para la vigencia 2011 se acordó un incremento del 5,2% para los salarios más altos y 5,7% para los salarios
más bajos. Para el 2012 el incremento
se acordó en el IPC más 1,5%.
En la Asamblea realizada el 9 de julio los
trabajadores consideraron importante el
acuerdo, según lo expresó su presidente,
compañero Enrique López, quien destacó
el papel de asesoramiento realizado por la
Subdirectiva de la CUT en cabeza de su
presidente, compañero Héctor Bermúdez.
12
Nº 82, julio
El río Amazonas: un futuro incierto
¡Paremos el desastre
Es extraordinaria la biodiversidad de la selva
amazónica en cuanto a la fauna. Una quinta
parte de las aves del mundo se encuentran
en ella, existen más de dos millones de especies de insectos y unas dos mil especies de
aves y mamíferos. Nos encontramos desde
los insectos más pequeños hasta los grandes
mamíferos como el jaguar, el puma... Hay así
mismo todo tipo de reptiles, tortugas, caimanes... El mayor mamífero del río Amazonas
es el manatí, con apariencia de hipopótamo
flotante, que llega a pesar unos 500 kg.
Destaca también el delfín rosado amazónico. Posee el mayor pez de agua dulce del
mundo, el pirarucú, que alcanza los cuatro
metros de longitud y los 200 kg.
Edmundo Fayanás Escuer
Profesor de Historia en Secundaria
Tomado de Rebelión
E
l Amazonas es el río más caudaloso y largo del mundo, con más
de 6.800 km. Su cuenca hidrográfica también es la mayor del
planeta. Nace en las faldas del
monte Nevado del Mismi, en Arequipa (Perú)
a unos 5.170 metros de altitud.
Recorre Perú, Colombia y Brasil. Sin embargo su cuenca abarca nueve países: Brasil,
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,
Guyana, Guayana francesa y Surinam. Su
cuenca de drenaje es de 7.050.000 km2,
que supone casi el 40% de América del
Sur. El primer europeo, que navegó por el
Amazonas, fue Américo Vespucio en el año
1499. Posteriormente Vicente Yánez Pinzón
y Diego de Lope exploraron las islas que forman su gran estuario. El primer descenso del
Amazonas desde la cordillera de los Andes
fue realizado por Francisco de Orellana en
el año 1541. El primer ascenso fue en el año
1638 por parte del portugués Pedro Teixeira,
quién siguió la ruta de Orellana y alcanzó
Quito a través del río Napo.
Su volumen de agua dulce es enorme, teniendo un promedio anual de 230.000 m3/s,
pero en épocas lluviosas alcanza hasta los
300.000 m3/s. El Amazonas vierte la quinta
parte de toda el agua dulce de los ríos del
planeta en el océano Atlántico. Es tal el
caudal de agua que vierte en el océano que
durante cientos de kilómetros mar adentro
el agua sigue siendo dulce. La salinidad del
océano Atlántico es notablemente inferior en
un radio de varios miles de km alrededor de
la desembocadura del Amazonas.
La pluviselva amazónica se caracteriza por
sus casi constantes lluvias convectivas. El
gran caudal de agua que el Sol evapora desde la superficie de la cuenca del Amazonas
asciende a gran altitud, precisamente por las
corrientes térmicas, hasta que, al llegar a zonas altas de la atmósfera, más frías, se condensa en gotas y éstas casi inmediatamente
se transforman, sobre la misma cuenca, en
copiosas lluvias, lo cual forma un ciclo natural
de retroalimentación hídrica.
Las lluvias estacionales provocan grandes
inundaciones a lo largo de su cauce y la de
sus afluentes. La profundidad media en épocas lluviosas es de 40 metros y su anchura
media es de 40 km. Está época de lluvias
comienza en noviembre y llega hasta junio.
Algunos de sus afluentes se rigen por su
propio sistema climático, así en el río Negro,
su estación de lluvias no comienza hasta
finales de febrero o inicios de marzo. En el
río Madeira también su época de lluvias comienza dos meses más tarde que en el río
En la selva amazónica existen más de 4.000
especies de mariposas, más de 3.000 clases
de peces de agua dulce. Bajo su gran frondosidad conviven diferentes hábitats y la mayor
diversidad genérica del mundo animal. La
riqueza biológica se explica porque durante
millones de años el ecosistema amazónico
ha permanecido inalterado.
Amazonas. El sistema fluvial del Amazonas
tiene más de mil afluentes importantes, veinticinco de los cuales superan los mil kilómetros de longitud. La red fluvial supone más de
100.000 km de ríos que conforman la cuenca
amazónica de la que depende la existencia
de la selva. El 50% de las precipitaciones
en esta región se producen a causa de este
sistema forestal.
La mayoría de los pobladores de la región
amazónica se concentran en la riberas del
Amazonas: Iquitos, Leticia, Manaos y Belem
do Pará, que al mismo tiempo son puertos
y tienen una gran actividad económica. La
mayoría de sus pobladores son colonos y
sus descendientes de origen blanco, mestizos e indígenas.
Las principales actividades económicas que
se dan en la cuenca son; la exportación de
caucho y madera en cantidades ingentes,
que están provocando una gran deforestación y que si no se termina con ella, tendrá
consecuencias medioambientales irreversibles en todo el planeta.
Se construyó la carretera transamazónica que
discurre un poco al sur del río, casi de forma
paralela. Tiene un recorrido de más de 5.000
km, y que ha provocado grandes destrozos.
La pesca también es una actividad muy importante. La agricultura exporta fundamentalmente la yuca, el plátano, el maíz y frutas
típicas de la región.
El Amazonas tiene la mayor selva del mundo con un gran valor ecológico para todo el
planeta, siendo definida como el pulmón de
la Tierra. Su biomasa es capaz de absorber
inmensas cantidades de dióxido de carbono, esto es vital para el clima mundial. La
conservación de la selva amazónica se ha
convertido en un tema de extrema urgencia
en todas las reuniones mundiales sobre la
conservación de la Tierra.
La deforestación es uno de los grandes peligros que acecha al Amazonas. Está amenazado por actividades como la explotación
maderera, la construcción de carreteras por
la que se sacan todas sus riquezas, los incendios y por la roturación de la selva para
la ganadería extensiva y la agricultura de tipo
industrial, principalmente para el cultivo de la
soya destinada para los biocombustibles.
Desde el año 1992, la selva amazónica ha perdido hasta el año 2004 más de 230.000 km2
por actividades humanas. La deforestación y
los incendios en el Amazonas son las principales fuentes de emisiones de CO2 en Brasil.
El río Amazonas y todo su entorno juegan
un papel muy importante en nuestro sistema climático y en el ciclo del agua, ya que
almacen
como un
del mun
continua
casez m
mismo t
ye al ca
consecu
se toma
se irá co
La tala
finalidad
como o
de mue
de otras
dera co
(aglome
masiva
de la pa
contami
sumo de
Los gan
de terren
para el
bajo nive
el suelo
dera que
Se calc
nico es
de grad
se extin
consecu
de cultiv
es la pr
soya qu
de los b
La zona
debido a
quía que
la vida d
habitant
Por otro
largo de
el año 2
de selva
Como co
tación s
hace qu
provoca
llovió el
del caud
metros.
descend
provoca
paisajes
los past
Como e
debía a
toras y
eléctrica
del Cre
Lula Da
13
o de 2011
e!
na grandes cantidades de carbono, así
na parte muy importante del agua dulce
ndo. De ahí que Estados Unidos intente
amente su control, ante un futuro de esmundial de agua dulce. El Amazonas es al
tiempo víctima y verdugo, pues contribuambio climático por la deforestación y en
uencia, sufre también su impacto: Si no
an medidas ya, esta impresionante selva
onvirtiendo en praderas y desiertos.
de árboles tropicales es continua y su
d es la exportación (caoba, teca...). Así
otros árboles utilizados en la fabricación
ebles. Este hecho viene acompañado
s industrias relativas al uso de la maomo materia prima, la industria papelera
erado, cartonaje...), que precisa de una
cantidad de árboles para la elaboración
asta papelera y que provoca una gran
inación atmosférica y un excesivo cone agua.
naderos exigen cada vez mayor cantidad
nos para apacentar su ganado. Las tierras
pasto se degradan rápidamente dado el
vel de gradientes que naturalmente posee
o amazónico y la sobreexplotación ganaue se produce en ellos.
que el río Madeira corriente abajo carezca
de los nutrientes que hoy fertilizan las tierras
agrícolas que contribuyen a la gran biodiversidad de la zona. Al mismo tiempo, toda
esta acumulación de ricos sedimentos, lo
que provoca es la putrefacción de las aguas
retenidas en la presa.
cula que sólo el 10% del suelo amazóapto para la agricultura. Su bajo nivel
dientes está en la causa de que la tierra
nga después de tres o cuatro cosechas
utivas, así como la carencia de prácticas
vo sostenible. El cultivo que se plantea
roducción industrial a gran escala de la
ue después se utiliza para la producción
biocombustibles.
a del Amazonas vive una situación límite,
a dos circunstancias, por un lado, la see sufre la Amazonía que pone en riesgo
de la fauna y flora y de los doscientos mil
tes que viven de sus recursos naturales.
o lado, la deforestación continuada a lo
e los años. Sirva como ejemplo que en
2004 fueron quemadas unos 26.000 km2
a amazónica.
onsecuencia de este proceso de deforesse está provocando un cambio climático y
ue las lluvias sean cada vez más escasas,
ando largas sequías. En el año 2004, sólo
l 40% de la media anual. El descenso
dal del Amazonas es una media de dos
. Muchos afluentes del Amazonas han
dido su caudal de forma alarmante, lo que
a la muerte de millones de peces, produce
s desérticos, y se han empezado a pudrir
tos lo que contamina las aguas.
El Amazonas y las presas
era de esperar, un río como el Amazonas
abrir el apetito de las grandes construcde las multinacionales de la energía
a. Dentro del Programa de Aceleración
ecimiento propuesto por el gobierno de
a Silva, ha previsto la construcción de una
El gobierno brasileño está intentando construir la presa de Belo Monte, con una capacidad generadora de electricidad de 11.182
MW. Esta sería la primera de una serie de
presas diseñadas en el río Xingu. También
se prevé la construcción de la presa de Sao
Luís, en el río Tapajo, con una capacidad
de 9.000 MW. Al mismo tiempo, se está
diseñando la utilización hidroeléctrica de
los afluentes del Amazonas, Araguaia y
Trombetas.
serie de enormes embalses, con lo que pretende
estimular el crecimiento económico del país, mediante la construcción de carreteras y de presas
en la Amazonía brasileña. Se prevé la construcción de 60 presas a lo largo de toda la cuenca
del Amazonas.
El tamaño de estos embalses amenaza con dañar y destruir amplias extensiones de la selva.
Provocando un gran coste social a los pueblos
indígenas. Los proyectos hidroeléctricos son los
responsables de inundar grandes extensiones
de selva. La descomposición de la madera de la
selva hace aumentar los gases invernadero de la
atmósfera. Esta inundación de las presas produce
fuertes procesos de migración en el hombre y la
fauna, provocando una gran deforestación.
Los peces que están adaptados a la zona deben
ahora readaptarse a las nuevas condiciones acuáticas o perecer. Las presas interrumpen las migraciones de especies que se trasladan río arriba o
abajo. En el río Madeira, uno de los principales
afluentes del Amazonas, se están construyendo
dos grandes presas: Jirau y San Antonio. Estas están situadas en la región occidental del Amazonas
y tiene un coste de 15.000 millones de dólares. Sus
obras comenzaron en 2008 y se prevé que la presa
de San Antonio comience a funcionar en 2011 y la
de Jirau en 2012. Entre las multinacionales europeas
que participan está la francesa GDF Suez y el Banco
de Santander, Estos proyectos, tienen por finalidad
represar los principales afluentes del Amazonas para
obtener un gran beneficio privado.
Este hecho causa cambios dramáticos en la ecología
de los ríos, afectando a miles de personas. Cada
presa tiene una capacidad productiva de energía
de 6.540 MW.
Un factor importante en el río Madeira es que lleva
una carga extremadamente importante de sedimentos, transportando millones de toneladas de barro,
cañas, arena que proviene de las laderas de los
Andes. Los estudios confirman que la presa de Jirau
se llenara de sedimentos y que provocará que se
desborde hacia la selva boliviana. Al retener estos
sedimentos, tras los muros de ambas presas, hará
Otro factor que tiene un gran coste es la
contaminación cada vez más importante
que sufre el Amazonas. El envenenamiento
por derrames, la contaminación debido a los
procesos industriales mineros y de papeleras
y las aguas residuales sin tratar, producen
una gran contaminación que empieza a afectar a la biodiversidad y al ser humano. En la
década de 1980 se desató la fiebre por el oro
en Brasil, con su descubrimiento en Sierra
Pelada, que atrajo a 250.000 mineros. Las
prácticas de la industria minera requieren
liberar toneladas de mercurio al medio ambiente, causando un daño irreparable a los
ríos Amazonas y a su biodiversidad.
Como vemos, el Amazonas es imprescindible
para la vida del ser humano en nuestro planeta y debemos luchar para que se acabe de
una vez para siempre con la deforestación,
las presas y las practicas mineras, volviendo a regenerar y dar esplendor a la cuenca
amazónica para que vuelva a hacer la función esencial del mantenimiento del planeta.
Paremos el desastre del Amazonas.
14
sector salud
Comunicado a la opinión pública
Conmemoración Día Nacional de la Salud
y la Seguridad en el mundo del trabajo
H
Antecedentes
ace 28 años, un 28 de julio de
1983, pasadas las 7 de la noche,
se presentó un desprendimiento
de más de 1.000 metros cúbicos
de tierra en un cerro en las inmediaciones
de la zona de trabajo del proyecto hidroeléctrico del Guavio, en el momento en que se
empalmaba el turno diurno con el nocturno,
causando la muerte a cerca de 200 trabajadores, vinculados mediante sistemas de
contratación flexible.
Son muchos los casos que se deben recordar
que por su gravedad se reseñan: 86 mineros que fallecieron el 14 de julio de 1977, en
la mina Industrial Hullera, y los 73 mineros
que murieron recientemente en la mina de
Amagá, Antioquia. Igualmente, en este espacio los trabajadores deben analizar que
son innumerables los casos de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales que
no se reportan, como también de los que se
informan y no se reconocen; lo anterior por el
incumplimiento de las responsabilidades de
los empleadores en esta materia, apoyados
por los procesos de intermediación laboral
y por el negocio que gira alrededor de las
Administradoras de Riesgos Profesionales,
ARP, sistema de aseguramiento instaurado
por la Ley 100 de 1993.
A partir de estas tragedias y con el fin de
reflexionar sobre la responsabilidad y el compromiso del Estado, de los empleadores, las
organizaciones sindicales y el Comité Paritario
de Salud Ocupacional, sobre la protección y
las medidas de seguridad que deben ejecutarse en los lugares de trabajo, se ha programado este evento para demostrar que el trabajo
debe ser un factor de progreso y no de muerte
o desgaste prematuro de la salud.
Exigimos
1. La derogatoria de la Ley 100 de 1993 y la
expedición de una norma que elimine la
intermediación de las ARP, que traslade
la administración del sistema de riesgos
profesionales al Estado y extienda los
beneficios de la salud ocupacional a los
trabajadores independientes y de la economía informal.
2. La ratificación del Convenio 155 de 1981
de la OIT, que establece el compromiso
de formular, en consulta con los trabajadores, una política nacional de salud y
seguridad en el trabajo.
3. La adopción de mecanismos de inspección, vigilancia y control, que garanticen
el reconocimiento efectivo de las enfermedades profesionales y los accidentes
de trabajo.
Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
Subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca,
Anthoc, Sindess, Sintrahosmil,
Asontragaseosas, Sintraime, Anec,
Sintrateléfonos, Sintraemsdes Bogotá,
ADE, Adec, Ascontrol, Sintraestatales.
¡La salud y la seguridad en el trabajo deben ser un derecho y no un negocio!
¡Por lugares de trabajo seguros!
¡La salud en el trabajo no se vende se defiende!
¡Solo la unidad y la organización de los trabajadores reivindicarán
sus condiciones de salud y seguridad en el trabajo!
15
sector salud
Carta de Sindess y demás organizaciones
del sector salud al Presidente de Colombia
Bogotá, D.C., julio de 2011
Doctor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño.
Ref. Petición de medidas cautelares para
proteger derechos fundamentales, el erario
e interés público de los colombianos; solicitud de audiencia para presentar y sustentar,
desde la óptica de las víctimas y estamentos
básicos del sector salud, una salida que supere la crisis y favorezca a los destinatarios
del derecho a la salud y la seguridad social.
Colapso y parálisis a la vista.
Respetado señor Presidente:
Quienes convocamos a las víctimas del actual
sistema de salud a la movilización el pasado
24 de mayo y demás organizaciones sociales
firmantes, acudimos ante la primera autoridad de la nación para solicitarle, tomar las
medidas cautelares necesaria para proteger
derechos fundamentales, el erario y el interés
público de los colombianos, en inminente y
grave peligro, de seguir la prestación de los
servicios y la administración de los recursos
de la salud en manos de quienes los han manejado de manera tan perversa y reprochable,
que el señor Presidente y los organismos de
control han calificado el hecho de “concierto
para delinquir”, “desfalco superior a los 4,5 billones de pesos”, lo encontrado es “apenas la
punta del iceberg”, expresiones respaldadas
por los siguientes hechos:
1. Investigación de la Universidad Nacional
con escandalosos hallazgos de recobros
por medicamentos y procedimientos ya
pagados, por estar incluidos en el POS y
sobrecostos superiores al 4.000% de su
valor real en el mercado.
2. Investigación de la Superintendencia de
industria y comercio donde demuestra
que las EPS cruzaban informaciones y correos y se ponían de acuerdo para ocultar,
retardar y alterar datos, cobrar más de lo
debido, o lo no debido. Por este hecho la
superintendencia le sigue investigación a
más de 15 EPS.
3. La Superintendencia de Salud sancionó a
Saludcoop con seiscientos cincuenta mil
millones de pesos ($650.000), por actos
que atentan contra el sistema, sanción
que levantó el actual superintendente
para conciliar, la que fue negada por
el Tribunal Administrativo de Bogotá y
Cundinamarca.
4. Utilización de los recursos de la salud en
usos diferentes a su destinación específica, tales como colegios, campos de golf,
hoteles, equipos de futbol y empresas en
el extranjero.
5. Hay cinco funcionarios públicos detenidos
por actos dolosos contra el sistema de
salud e intervenciones y allanamientos
a EPS.
Acciones inmediatas:
medidas cautelares
La connotación de los hallazgos y hechos
señalados, posibles punibles, además de
afectar gravemente la prestación de los
servicios de salud y el erario público, violan y han puesto en riesgo permanente el
derecho fundamental a la vida y, quienes
han defraudado la buena fe y la confianza
que el Estado y los ciudadanos depositaron
en ellos y son responsables de esta lamentable situación, no están en condiciones
éticas ni jurídicas para seguir manejando
la prestación de esos servicios y/o la administración de sus recursos; este riesgo
no se puede correr, hacer lo contrario sería como poner el ratón a cuidar el queso
y evidenciaría una enorme incongruencia
entre lo dicho por el alto gobierno y su
posterior decisión.
En medio de tan mefítica atmósfera, generada por la corrupción, posibles dolos y desaciertos del modelo, es obligación del Estado
proteger el derecho humano fundamental y
el patrimonio de sus administrados, tomando medidas urgentes que blinden lo uno y
lo otro de sus devastadores, es lo mínimo
que podemos esperar, por ello solicitamos
al señor Presidente:
•• No permitir a las EPS la prestación de los
servicios de salud, porque no han respondido con transparencia a esta responsabilidad estando obligadas, causado daños
irreparables a la población.
•• Suspender los giros directos a las EPS,
evitando mayores garantías a quienes
mantienen en crisis a la red pública hospitalaria por las altas e injustificadas deudas
y glosas.
•• No permitir que los recursos de los programas de salud pública (promoción
y prevención-atención primaria) y/o la
prestación de este servicio esté a cargo
de quienes tienen por negocio la enfermedad. En ninguna parte del mundo el
Estado entrega esta responsabilidad a
particulares, así se disfracen de entidad
sin ánimo de lucro.
•• Entregar la administración de los recursos
y prestación de los servicios de salud pública a la red pública hospitalaria, ya que
esta tiene infraestructura y experiencia
necesarias.
•• Para evitar traumatismos en el régimen
subsidiado se debe entregar, transitoriamente, la administración de los recursos a
las secretarías departamentales y distrital
de salud, a este mecanismo se recurrió
antes del experimento perverso con las
EPS y se obtuvieron resultados importantes. Sería un plan emergente de seguridad
y blindaje, con mecanismos especiales de
fiscalización, control y seguimiento.
•• Tomar posesión de los bienes que se han
adquirido con evidente desviación de los
recursos de salud.
•• Embargar los bienes de aquellas EPS
que se les haya demostrado un desfalco, mal uso, cobros inexistentes, sobrecostos, etc., por un monto igual al daño
causado.
Acciones mediatas
En el “carrusel de la salud” han salido a flote
fallas estructurales del sistema, que deben
corregirse con celeridad, de lo contrario,
cualquier medida resulta inocua, tales como
la intermediación, el manejo de los recursos,
el carácter mercantil de la salud, el equivocado énfasis de lo curativo sobre lo preventivo,
la descentralización a ultranza con el mismo
rasero en el territorio nacional, sin consultar particularidades y desigualdades de las
regiones, etnia, grupo o raza; la calidad del
servicio, la autonomía médica, la salud como
derecho fundamental, el carácter especial
del recurso humano, entre otras, pensiones;
razones suficientes para iniciar el cambio
de un modelo que ha demostrado más retrocesos que avances en la protección de
tan importante y vital derecho, proceso que
debe construirse a través de la concertación
con los actores básicos e interesados de la
sociedad.
Por lo anterior solicitamos al señor Presidente
de la República facilitar el espacio correspondiente para que los firmantes de esta solicitud hagamos y sustentemos las propuestas
correspondientes.
Justificado temor
Para lo pertinente, informamos al señor
Presidente el justificado temor que nos invade al presentir que las medidas a tomar,
antes que sancionar a los responsables de
la debacle en salud, puedan fortalecerlos, se
tienen los antecedentes del 4 por mil.
Colapso a la vista
Además de lo anterior, bastante complejo,
pero sin opción diferente a la obligación de
proteger el patrimonio público y derechos
humanos del llamado “cartel de la salud”,
debe conjurarse el colapso que se avizora
en el horizonte de la red pública hospitalaria
y demás prestadores por:
•• Falta de giros directos a los prestadores,
situación que mantiene a los primeros en
una especie de paro forzado, susceptible
de empeorar ya que las EPS comienzan
a declararse insolventes.
6. Cumplimiento inmediato del Decreto 2025
y Leyes 1429 y 1450 de 2011 que prohíben la prestación de servicios misionales
permanentes a través de cooperativas,
precooperativas, etc. El incumplimiento
de la norma se sanciona con multas y
destituciones.
Estas últimas situaciones, sin que nadie
las aliente, paralizarán por sí solas en los
próximos días a las entidades de salud en
todo el territorio nacional, ello hace que la
audiencia y espacio solicitados se resuelva
sin dilaciones.
Del señor Presidente
(Firmado): Mesa Intersectorial de la Salud;
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad
Social, Sindess; Asociación Colombiana de
Empresas Sociales del Estado y Hospitales
Públicos de Colombia, Acesi; Federación
Médica Colombiana; Colegio Colombiano de
Médicos Generales; Sindistritales; Asmedas
Nacional; Grupo Guillermo Fergusson;
Asmedas Cundinamarca; Anir, Asociación
Nacional de Internos y Residentes; Asociación
Nacional de Enfermeras de Colombia, Anec;
Asociación Nacional de Trabajadores de
Hospitales, Clínicas y Consultorios, Anthoc;
Asociación de Pacientes de Alto Costo;
Movimiento Nacional por la Salud; Líderes
Sector Salud Valle del Cauca; Copacos;
Asociación de Usuarios de los Hospitales
de Bogotá (Asoaranda, Asouhtunal, Bosa
II nivel, Rafael Uribe, Centro oriente, la
Victoria, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito,
Pablo VI Bosa, Meissen); UNI Global Unión,
CUT Bogotá Cundinamarca; Confederación
de Trabajadores de Colombia (CTC);
Central Unitaria de Trabajadores (CUT);
Colombianos inconformes.
Aldo Enrique Cadena Rojas
Presidente Nacional Sindess
Olga Lucía Zuluaga
Directora Ejecutiva de la Asociación
Colombiana de Empresas del Estado
y Hospitales Públicos, Acesi
16
dian
Luchar contra la corrupción no es denigrar de la Dian ni de sus trabajadores
¡Exigimos respeto!
Sintradian Hacienda Pública
D
urante los últimos días los medios
de comunicación han adelantado
una muy fuerte campaña de desprestigio contra la Dian y sus trabajadores. Se denuncia una corruptela en la
Dian, dicen, en el terreno de las devoluciones
del IVA. Pero también se habla de otras mafias y de otras posibles asociaciones delictivas. Se ha hablado de múltiples y billonarios
valores de defraudación, de capturas, de la
participación de funcionarios, exfuncionarios
y exdirectivos, de operativos policiales en
Bogotá, Bucaramanga y Pereira.
Tras haberse activado la sensibilidad ciudadana sobre el tema, el presidente Santos
señala que lo conocido hasta ahora es uno
de los brazos de un pulpo, menciona cómo
el viaje del director general, a comienzos de
año, a Noruega, y las proximidades al club
de la Ocde, posibilitó conocer las experiencias de las administraciones tributarias de
Francia e Inglaterra respecto de la toma por
mafias de ingentes recursos de las mismas,
así como contar con la asesoría de un grupo
de Inglaterra en la orientación e investigación
que comienza a arrojar resultados.
También hoy, se conoció en la página web de
El Espectador el pronunciamiento del exdirector de la entidad, doctor Néstor Díaz, en el que
informa haber relacionado en el empalme con
su sucesor, hace aproximadamente un año,
la existencia de dicha “problemática” y de las
actuaciones institucionales para derrotar esas
“estructuras criminales” de su interior.
Nuestra postura acerca de la corrupción en
general, y de investigaciones en particular,
es la misma que manifestamos hace mucho
rato. En diciembre de 2005 nuestra Asamblea
declaró: “(...) manifestamos nuestra preocupación por las crecientes denuncias de corrupción que gravitan en la Dian sobre funcionarios
y altos directivos y abogamos porque las
mismas sean esclarecidas prontamente con
la aplicación de un debido proceso. La corrupción en la Dian parece la cara oculta de la luna,
que aun cuando no la podamos ver en forma
directa, nadie pone en duda su existencia. Se
debe enjuiciar a todo funcionario público de
cualquier nivel, que actúe fuera de la Ley”. Y
respecto de su reflejo en la política disciplinaria interna dijimos “(...) Que se investigue lo
que sea de investigarse y se sancione cuando
los funcionarios sean vencidos en juicio, sea
quien sea”1. Desde luego, el punto de partida
tiene que ser la presunción de inocencia.
La corrupción de las buenas prácticas en y
para cualquier organización, son expresiones
degeneradas de concepciones que se oponen
a la razón de ser de dicha organización y, por
lo mismo, aparecen asociadas a comportamientos no sólo inaceptables para ésta, sino
también inaceptables para la sociedad.
1 “Declaración Política. Continuaremos luchando
sin desmayo por la Reclasificación y Ampliación
de la planta y por la Recomposición Salarial”.
Diciembre 5 de 2006.
Aunque la campaña alentada desde la dirección
de la Dian, finalmente, hoy, hizo salvedad “de la
inmensa mayoría” de los funcionarios y destaca
su “honradez” y hasta su colaboración para esclarecer el defraude que no saben en cuanto tasar
y que esperamos sean probados judicialmente,
para el ciudadano medio los trabajadores de la
Dian, aparecemos como unos maleantes. Le
corresponde a la entidad combatir los casos de
corrupción sin desmedro de la buena imagen de
sí misma ni mucho menos de sus trabajadores.
Las entidades no son corruptas.
mente el IVA; ni sobre la reiterada intención de
privatizar lo que queda de la función aduanera
que soberanamente deben ejercer los países
para resguardar su mercado interno, como el
bien más preciado del desarrollo económico;
o sobre las pretensiones de apropiación, para
el ejercicio bastante dudoso, de las más diversas actividades públicas de la vida nacional
por parte de la policía auspiciada desde hace
años por la embajada de Estados Unidos en
Colombia. De todo esto es que se cuestionan
los trabajadores en los pasillos.
Desde antes de posesionarse en septiembre
pasado, por doquier, directa e indirectamente,
el director de esta entidad, se ha dado a la tarea
de señalar un fuerte nivel de corrupción en la
Dian y de acusar de corruptos a sus funcionarios. A Sintradian Hacienda Pública nos tocó en
enero de este año rectificar versiones dadas al
noticiero CMI, atribuidas a directivos, según las
cuales nuestra voz contra el despido de más
de mil trabajadores y nuestras actividades en
pro del cumplimiento del “Acta” de concertación
firmada en diciembre de 2009, obedecían era
a una mancomunidad de intereses con el contrabando y la corrupción en abstracto.
¿Para echar más trabajadores? ¿Para prolongar y acentuar la actual precarización laboral a
través de la planta temporal, en vez ampliar la
planta y alcanzar la estabilidad laboral pregonada en la Constitución Política? No lo sabemos. Pero la campaña de desprestigio contra
los trabajadores podría contener un propósito
tan torvo y torpe como el procedimiento.
¿Cuál es la lucha contra las concreciones
de la descomposición social al interior de la
Dian? Nos preguntamos. No puede reducirse
a acusaciones abstractas, sin individualizar a
los presuntos autores o para que éstos terminen siendo unos cuantos de bajo rango para
parecer que se lucha contra el fenómeno. No.
Nosotros y la sociedad esperaríamos una acción de verdad del Estado, como un todo, no
para que se inicie una cacería de brujas o caigan unos cuantos estafetas de la operación,
ni para que se aplacen los reclamos justos
de los trabajadores por mejorar su condición
laboral y especialmente para que funcione
cabalmente la carrera administrativa que
siempre ha sido negada y saboteada desde
la dirección del Estado.
Precisamente cumplimos veinte años con
trabajadores de nombramiento precario, llamados supernumerarios en la Dian a los que
se les niega la estabilidad laboral como una
condición clave del empleo y de la carrera. Y
de salario al que con el nombre de incentivo,
se le ha escamoteado sus correspondientes
prestaciones y su participación en la liquidación pensional. Y eso se hizo en su momento
sobre la base de luchar ‘contra la corrupción’
y en defensa de la eficiencia, en otra reestructuración, la de César Gaviria. Hoy estamos a
la espera de la expedición de un decreto que
parcialmente corrige el asunto.
El procedimiento con frecuencia habla más del
objeto buscado que cualquier proclama.
No vamos a hacer cábalas sobre el posible
papel de este escándalo en relación con las
facultades de la Ley 1444 para reestructurar
las entidades de la rama ejecutiva del orden
nacional; o sobre el interés del capital de reducirse el pago de impuestos y cargárselos más
a la llamada renta de los asalariados, y del
procurar más recursos de impuestos desde
capas cada vez más amplias de la población
por vía de la tributación indirecta y especial-
Ayer por la tarde el doctor Ortega envió a
directores y subdirectores a tranquilizar a los
trabajadores del nivel central y otro tanto se
nos informa en direcciones seccionales, con
el mensaje de que hubo una filtración de la
Fiscalía hacia los medios y éstos, son los responsables de la algarabía. Que no es cierto
que hubiese detenidos y que desde luego,
se adelanta una investigación en la que hay
involucrada gente de dentro y fuera de la
entidad, incluidos exfuncionarios, en una defraudación a la Dian. Tranquilo doctor Ortega,
quedaron bastante calmados los trabajadores,
sólo hay muchos ojos de la sociedad que nos
miran inculpándonos, pero los responsables
siempre son otros, en este caso la Fiscalía y
los noticieros de los medios.
Por lo pronto, cumplida y sobrepasada la meta
de recaudo, esperamos se liquide y pague el
200 por ciento del incentivo nacional y esperamos, –como verificaron en la seccional de
impuestos de Bogotá esta mañana el señor
ministro y el doctor Ortega– que se expida
cuanto antes el decreto que traslada los 26
puntos del llamado ‘incentivo’ grupal hacia el
básico, eso sí es fundamental en el mejoramiento del ambiente laboral y en la vida de
los funcionarios.
Bogotá D.C., 14 de julio de 2011
Rafael Acevedo Suárez (Presidente)
Luis Ramiro Torres Luquerna
(Secretario General)
minería / laboral
El comportamiento del gobierno nacional
en Marmato y las declaraciones
del primo del presidente Santos
Comité Cívico Prodefensa
de Marmato, Caldas
H
ace unos días, un equipo de periodistas de Fault Lines, programa de la cadena internacional
de noticias Al-Jaazera, se hizo
presente en Marmato para hacer un documental relacionado con esa población y con
lo que Al-Jaazera llama “la fiebre del oro en
Colombia”. En el programa aparece una entrevista con el señor Juan Carlos Santos quien
es Mánager Corporativo de la Compañía
Medoro Resources y primo del presidente
Juan Manuel Santos.
Y que sea primo del Presidente no hubiera
tenido significado alguno, a no ser porque
en las declaraciones que da a Al-Jaazera,
hace unos comentarios tenebrosos para los
intereses de los mineros y de la población de
Marmato que se opone al desplazamiento de
su municipio.
Como el reportaje es en inglés, presentamos
las opiniones en español advirtiendo que
es una traducción, lo más fiel posible, de lo
expresado por el primo del Presidente. El siguiente es el texto:
“JC Santos: quiero decir, hay presiones del
gobierno, si quieres llamarlas de esa manera,
que pueden ayudarnos, etcétera, es decir,
podemos negociar, podemos compensarlos
con nuestro... básicamente con nuestra chequera, no quiero sonar prepotente o arrogante,
pero, quiero decir, es una cuestión de dinero
básicamente, también historia y otras cosas,
pero básicamente dinero.
Periodista: Juan Carlos Santos es el director corporativo de la compañía canadiense
Medoro, y familiar del presidente de Colombia
Juan Manuel Santos. Él nos explicó cómo la
compañía estaba comprando todas las minas en Marmato para una explotación a cielo
abierto y el plan para restauración ambiental
cuando acaben.
JC Santos: simplemente la compañía saca la
chequera y le dice a todo el mundo: bueno,
¿hay 30 familias en este lugar? ok, ¿Cuánta
plata quiere cada familia?
Periodista: ¿qué pasa si no quieren compensación, si solo quieren vivir en la montaña?
JC Santos: bueno, eso sería un gran problema. En español hay una frase famosa: “El bien
común prima sobre el bien privado”. Quiero
decir, cuando un país como Colombia necesita
explotar áreas y nuestro país está lleno de indígenas y afrocolombianos, a veces tenemos
que pensar en un panorama más grande..."
Entonces, según lo que afirma el primo del
Presidente el “bien común” es el de Medoro
y “el bien privado”, el de los pobladores de
Marmato. Y, como el interés público prima
sobre el privado, ¿los pueden sacar de sus
tierras, casas y minas porque la multinacional extranjera –que no el país– las necesita
para desarrollar su proyecto a cielo abierto?
Acaso, ¿todo Marmato se puede comprar con
su chequera? y ¿si no acceden a venderles
hacen uso de las presiones del gobierno?
La multinacional pretende que las armas del
Estado estén al servicio de capitales extranjeros y en contra de un pueblo históricamente
pacífico y trabajador que durante siglos le ha
aportado mucho al país.
Ahora sí muchos marmateños entienden
lo que está sucediendo en su pueblo. De
una parte, una filial de Medoro presenta en
Ingeominas de Medellín más de 100 amparos administrativos para que le reconozcan
propiedad sobre los títulos mineros e intentar
quedarse con las minas de Marmato. Con
todas. Con las de Echandía, Cien Pesos y
Chaburquía que trabajan legalmente los mineros, hace más de quince años, y con las
que trabajan y explotan legítimamente los
“guacheros” desde hace más de cuatro años,
cuando la multinacional las compro, cerró y
abandonó, dejando en la miseria a 833 trabajadores mineros.
Ahora la multinacional pretende quedarse con
las minas para, más adelante, cerrarlas y proceder a adelantar el proyecto a cielo abierto y, de
ahí su interés, por llegar a “acuerdos” y “hacer
convenios con los mineros” que, de manera
legítima, explotan las minas sobre las que la
Medoro, así presente amparos administrativos,
no tiene derechos de explotación –de acuerdo
con el código de minas– porque dejo de explotarlas sin justificación más de seis meses.
Otra situación grave es la que se presenta
con la pretensión de la compañía de ejercer
dominio sobre Marmato entregando “donaciones” para algunas obras públicas que, como
el hospital, son obligación del Estado construirlas. Con estas “ayudas” la multinacional
pretende lavarse el rostro y ganar respaldo
para asegurar una votación que la favorezca
en la consulta previa.
También es extraño para los habitantes de
Marmato lo sucedido la semana pasada
cuando llegaron al municipio varias decenas
de policías y soldados a respaldar la multinacional para que abriera un par de minas que
le habían obligado a cerrar en el sector de
“Cien Pesos” por atentar contra los intereses
de los mineros nativos.
Y más extrañeza causa que la fuerza pública
requise pobladores, incluyendo enfermeras,
buscando dinamita, dicen. O se trata de una
campaña para meterle miedo a la población,
tradicionalmente pacífica, o lo que quieren es
ejercer presión para que los mineros no puedan trabajar las minas por la falta de dinamita
que, como es conocido, no se las vende la
industria militar pero, la compañía dice, que
ella se las puede vender, siempre y cuando le
acepten que las minas son de ella. ¿Es esta
una de las presiones a las que se refiere el
primo del Presidente? ¿Y, es una de las que,
da orden el primo para que se ejerzan? 12
de julio de 2011
17
Preacuerdo laboral entre
la USO y Pacific Rubiales
E
l conflicto laboral entre los trabajadores petroleros del área de Rubiales
liderados por la Unión Sindical Obrera
(USO), con la multinacional canadiense
Pacific Rubiales y empresas contratistas,
desatado el pasado 18 de julio de 2011 ha
entrado en una etapa de acercamiento entre
las parte llegando a un preacuerdo.
Entre las exigencias de los trabajadores que
motivaron la asamblea permanente en el
área de Rubiales se encuentran los temas
de salario, jornada laboral, seguridad social,
salubridad en los campamentos, seguridad
industrial entre otros.
Rodolfo Vecino, presidente nacional de la
USO, manifestó que a pesar del preacuerdo
firmado entre las partes, los directivos de la
organización sindical determinaron salir del
área de influencia porque la multinacional
Pacific Rubiales y las autoridades locales y
nacionales no garantizan el derecho a la libre
asociación y el desarrollo de huelgas, además
la administración de la empresa condicionó las
futuras negociaciones a la salida del sindicato
y sus líderes de la zona.
Para el preacuerdo, la multinacional Pacific
Rubiales se comprometió a ejercer ningún tipo
de retaliación disciplinaria, penal o civil contra
los manifestantes, los trabajadores y la organización sindical, asimismo reconocerá salarialmente los días no laborados por la protesta.
Ante la intransigencia de Pacific Rubiales con
los líderes de la USO, el sindicato sostendrá
en Bogotá una reunión con el Vicepresidente
de la República y el presidente de la multinacional canadiense el próximo 21 de julio
a las 7 de la noche, para defender la libertad
sindical, y hacer efectivo el derecho de asociación para velar por el cumplimiento de la
normatividad laboral.
La USO hace un llamado a todas las organizaciones sociales del orden nacional e internacional a solidarizarse con el movimiento
petrolero de Puerto Gaitán, el cual reclama
una mejor redistribución de la riqueza y mejoramiento de las condiciones de vida de los
trabajadores, así como un bienestar para las
comunidades asentadas en la región donde
se explota el hidrocarburo negro (Prensa USO
jueves, 21 de julio de 2011).
VIII Seminario Nacional Sindicatos
de Empresas Multinacionales
C
onclusiones y tareas del VIII Seminario
Nacional de Sindicatos de Empresas
Multinacionales “Coyuntura nacional
2011: sector minero (carbón y oro) y los acontecimientos político-económicos (IED y TLC)”,
Barranquilla, 8 y 9 de julio.
impactos que sus operaciones le causan a
nuestro medio ambiente. Todo, en el afán
del gobierno nacional de obtener buena calificación y patente internacional en política
de confianza inversionista que se concede
Colombia.
Con la participación de 60 delegados en
representación de 16 organizaciones sindicales nacionales vinculadas a empresas
multinacionales, de las Subdirectivas CUT
de Antioquia, Boyacá y Nariño; de delegados del Comité Ejecutivo Nacional; de
la ENS-FNV y la valiosa participación de
los facilitadores: Senador Jorge Robledo;
Ingeominas; Dr. Ricardo Bonilla (Universidad
Nacional), Francisco Ramírez e Igor Díaz
(Sintracarbón), se realizó en la ciudad
de Barranquilla, durante los días 8 y 9 de
julio del año en curso el VIII Seminario
Nacional de Sindicatos de Empresas
Multinacionales.
Con relación a los trabajadores colombianos
y sus organizaciones sindicales, la suerte no
puede ser más dramática. Violación permanente a sus derechos laborales, sindicales
y de derechos humanos (flexibilización del
contrato de trabajo, persecución a la afiliación sindical, negación al derecho de negociación colectiva, atentados y asesinatos de
sindicalistas) es su realidad cotidiana, al igual
que los perjuicios ambientales y de contaminación de la biodiversidad, y el desplazamiento forzado que sufren las comunidades
y el pueblo colombiano.
El Seminario analizó la coyuntura nacional
en materia laboral y de inversión extranjera directa (IED) vigente en Colombia, –con
énfasis en el sector minero– caracterizada
por la presencia de numerosas empresas
multinacionales en todas las áreas de la economía de nuestro país, igualmente, la firma
de una serie de Tratados de Libre Comercio
(USA, Canadá, UE, Corea, Suiza, etc.) en
condiciones exageradamente garantistas
en materia jurídica, arancelaria, laboral, etc.,
en detrimento de los intereses soberanos de
nuestro país, del desarrollo de la industria
nacional y del campo. Sumado a los graves
En el recaudo de las “regalías” provenientes
de la explotación minera energética a que
están obligadas las multinacionales a reconocerle a Colombia, encontramos una serie
de anomalías y de tratamientos blandos por
parte del Estado y el gobierno colombiano.
Se supone que el Estado y la nación son
los dueños soberanos del subsuelo. Las
regalías no son dineros que las EMN pagan
por los daños y perjuicios ambientales generados, sino para pagar el recurso del cual
se beneficia el empresario transnacional.
Aquí encontramos una grave iniquidad entre lo que le reconocen al país y los grandes
dividendos en ganancias que se llevan las
multinacionales.
18
petroleros
INFORME ESPECIAL AGENCIA DE INFORMACIÓN LABORAL ENS
L
En el Meta la protesta laboral y social se extiende
de Puerto Gaitán a Campo Rubiales
a explotación laboral y el abuso de
las multinacionales petroleras y sus
empresas contratistas, por un lado; y
el abandono e indolencia del Estado,
por el otro, son en resumen los motivos que
están de fondo en las protestas sociales y
laborales que hoy sacuden al departamento
del Meta.
Para el presidente de la Unión Sindical
Obrera (USO), Rodolfo Vecino, el drama que
hoy vive el Meta combina lo laboral con lo
social. Por un lado confluye la precariedad
de los salarios y las condiciones laborales en
las empresas contratistas de las petroleras,
lo que ha provocado que los trabajadores de
manera espontánea, o sea sin organización
sindical de por medio, se hayan levantado
para reclamar sus derechos. Pero por otro
lado está el incumplimiento de los compromisos que el Estado y las multinacionales
hicieron con las comunidades y las organizaciones sociales, situación que no sólo se
da en el Meta sino en todos los territorios
donde ejecutan proyectos de explotación y
producción petrolera.
El directivo sindical denunció, además, que
una asamblea permanente que tenían los
trabajadores este martes en la mañana en
el Campo Rubiales fue reprimida de una
manera salvaje por la policía, con saldo de
tres trabajadores y un indígena gravemente
heridos, al punto que uno de ellos debió ser
trasladado en helicóptero a Villavicencio.
Todo este clima de confrontación se inició
hace exactamente un mes en el campo
Caracara de Puerto Gaitán, donde 1.100
trabajadores contratistas de Montajes JM,
agencia que presta servicios laborales a la firma Cepcolsa, pararon actividades para exigir
condiciones salariales correspondientes al
promedio de la industria petrolera, petición a
la que Montajes JM respondió con el despido
de los 1.100 contratistas, lo que atizó más el
conflicto, que el jueves pasado fue reprimido
por los escuadrones del Esmad de la policía,
con saldo de varios heridos.
Y ayer lunes, en momentos en que ya se había logrado un principio de solución a la situación en el campo Caracara, en el marco de
una mesa de diálogo que propició el vicepresidente Angelino Garzón con la participación
de representantes del Gobierno Nacional y
del Meta, la CUT, la USO, delegados de los
contratistas y empleadores, y personas representativas de la vida económica y social
de Puerto Gaitán, estallaron otras protesta
laborales y comunitarias en Barranca Utría,
Cristalinas y Campo Rubiales, pozo que
explota la multinacional Pacific Rubiales y
que, con una producción diaria de 177 mil
barriles de petróleo, es hoy el campo más
importante del país.
En Campo Rubiales suspendieron labores
siete mil trabajadores contratistas, que exi-
gen lo mismo que vienen exigiendo desde
hace un mes los de Cepcolsa: mejores condiciones salariales y laborales; paro al que
se sumó la población y otras organizaciones
sociales, y que fue duramente reprimido por
la fuerza pública. Con el agravante de que
este hecho impidió que se concretara el preacuerdo logrado en la Vicepresidencia para
el reintegro de los contratistas despedidos
por Montajes JM y la negociación del pliego
laboral presentado por éstos. Las conversaciones se rompieron cuando el Gobierno
condicionó este acuerdo a que se levantara
el paro en Campo Rubiales, condición que
los representantes sindicales no pueden
garantizar, porque si bien son conflictos que
tienen el mismo origen, ambos obedecen a
dinámicas distintas.
Habla la CUT
Tarsicio Mora, presidente de la CUT, confederación de la cual es filial la USO, dijo
que el “boom” petrolero no ha mejorado las
condiciones de vida de las comunidades, lo
que ha traído es precariedad laboral, graves
daños ecológicos, destrucción de fincas y de
recursos hídricos. “Si una empresa viene a
invertir en Colombia, debe por lo menos cumplir con las normas laborales. Pero a través
de la subcontratación logran evadir estas
normas, y eso está en el origen del conflicto
que hoy se vive en el Meta”, dijo.
Para el presidente de la CUT una gran falla
en el sector petrolero, es que la política estatal de otorgar licencias a las multinacionales sin ninguna exigencia de orden laboral,
y sin control alguno. Son como repúblicas
independientes.
Insistió en que la CUT siempre está dispuesta a dialogar para solucionar todas estas
situaciones, pero no un diálogo en el que
simplemente acepten las propuestas del
gobierno y los empleadores, con acuerdos
que sólo beneficien a éstos, y no los trabajadores, que son quienes producen la
riqueza nacional.
Por su parte Gustavo Triana, directivo de
la CUT experto en el tema petrolero, en su
condición de expresidentes de la USO, dijo
que el origen del conflicto está en el modelo
de intermediación laboral usado en la explotación del petróleo y el carbón. “Ninguna multinacional que explota petróleo en Colombia
–explicó– tiene trabajadores operativos o de
mantenimiento con vinculación directa. Los
únicos en esta condición son los del staff de
dirección, el resto son contratistas, sujetos
al Código Sustantivo, sólo que no reciben
los salarios convencionales de la industria
petrolera sino salarios arbitrarios. A los trabajadores de obras civiles sólo les pagan el
salario mínimo, y un obrero especializado
puede ganarse $2 millones, pero en otro país
ganaría muchísimo más. Y aparte de eso,
son salarios erosionados por el alto costo
de vida de las zonas petroleras, donde todo
es más caro”.
Opinión del vicepresidente
Angelino Garzón
Este martes el vicepresidente Angelino
Garzón emitió un comunicado en el que
reitera su voluntad de Diálogo para buscar
solución a los conflictos y protestas sociales,
pero “en un ambiente favorable de tranquilidad y convivencia ciudadana”. Invitó a los
trabajadores de las empresas contratistas
de la Pacific Rubiales a suspender el paro y
la protesta, a fin de adelantar las gestiones
para encontrar soluciones a las demandas de
los trabajadores y las quejas de la población.
También solicitó a las empresas contratistas
a que “si los trabajadores, la USO y la CUT
suspenden las protestas y facilitan el retorno
a las actividades, no se tomen represalias
laborales contra los mismos”.
Vale recordar las palabras que sobres este
conflicto dijo Angelino Garzón el viernes pasado, al calificar como indolente, soberbia y
prepotente la actitud de las empresas con-
tratistas de las multinacionales petroleras.
“En lugar de sentarse a dialogar con los
trabajadores, quieren desconocer el legítimo derecho de éstos a ser escuchados, a
presentar peticiones y que éstas sean negociadas... No pueden existir personas que
en pleno siglo XXI se resisten a aceptar que
los trabajadores tienen derechos y los miran
como si fueran esclavos. Es momento que
algunas empresas petroleras y contratistas
entiendan que no están en una República
Bananera. El 'boom' del petróleo que vive el
país no se puede basar en la miseria de los
trabajadores”, señaló Garzón.
Las demandas laborales
de los trabajadores
Rodolfo Vecino, presidente de la USO, dijo
que las exigencias de los trabajadores contratistas a la Pacific Rubiales tienen tres
componentes. Uno es el salarial: que se paguen salarios acordes con el promedio de la
industria del petróleo. “Le hemos propuesto
al Gobierno unificar criterios para que las
multinacionales sigan una sola línea de comPasa a la página siguiente
Viene de la página anterior
portamiento en el tema salarial, de acuerdo
con una sola tabla. Pero la propuesta de
Ecopetrol no consulta la realidad económica
de los trabajadores”.
Otro componente es la revisión de las jornadas laborales. Vecino explicó que lo usual
es que los trabajadores laboren 21 días
seguidos por 7 libres. Pero en Rubiales hay
gente que trabajaba hasta 30 o 40 días sin
descanso. No les aumentaron el salario, pero
sí las horas de trabajo. Y el tercero tiene que
ver con la mejora de las condiciones en los
campamentos donde viven, que son muy
precarias; y con el tema de la salud ocupacional y la seguridad industrial. “Hay una alta
población de trabajadores lisiados a quienes
las multinacionales y los contratistas no les
han querido solucionar el problema. Es más,
esconden los índices de accidentalidad porque ese es indicador negativo”, dijo.
Un asunto de soberanía
nacional
Para el presidente de la USO, la operación
de las multinacionales petroleras encarna
un tema de soberanía nacional, pues son
ellas las que ejercen la soberanía en las
zonas donde operan, nadie que se les
atraviesa.
“No hay ninguna autoridad del gobierno que
vigile la situación, y la autoridad municipal
tampoco se preocupa, porque de una u otra
manera está cooptada por las multinaciona-
19
petroleros
CSICSICSI
Confederación Sindical Internacional (CSI) En línea
L
os sindicatos reclaman al Consejo de
Estabilidad Financiera subir el listón
regulador para los bancos mundiales que se han vuelto demasiado grandes
para caer
Bruselas, 18 de julio de 2011 (CSI EnLínea):
Al tiempo que la sesión plenaria del
Consejo de Estabilidad Financiera (CEF)
se reúne hoy en París, las organizaciones
sindicales internacionales han presentado
sus prioridades para el actual programa de
acción del CEF, tal y como lo encomendó
el G20.
Los sindicatos consideran que los bancos
mundiales global que son “demasiado gran-
les. No hay siquiera una oficina del Ministerio
de la Protección Social. La más próxima
está en Villavicencio, a tres horas de Puerto
Gaitán... Han corrompido a los miembros de
las juntas de intermediación laboral, cuya
tarea es facilitar las cosas para que las multinacionales puedan seguir haciendo lo que
des para caer” –las "instituciones financieras
globales de importancia sistémica”, con relación a las cuales la supervisión y regulación
son clave para el orden del día de la sesión
plenaria de hoy– plantean una amenaza real
e inmediata para el estado de las finanzas
públicas y, por tanto, para los contribuyentes y las familias trabajadoras a través de la
Ocde y las economías emergentes.
Los sindicatos apelan a que el nuevo programa del CEF sobre la protección financiera del
consumidor implique a los empleados de las
instituciones de créditos y seguros.
Según los sindicatos, es también hora de que
el CEF aborde la cuestión de la Tasa sobre
les dé la gana. Hay acuerdos incumplidos a
las comunidades desde hace 5 y 10 años”,
señaló.
Por otra parte, dijo que la responsabilidad
social de las multinacionales petroleras se
reduce a inversiones muy pobres, que no
corresponden a los daños ambientales y
sociales que causa esta industria en las
regiones donde actúa. Los caños y los ríos
están afectados, lo mismo que las tierras
de muchos finqueros y de las comunidades
indígenas, tanto que hay siete resguardos
indígenas que se están preparando para la
movilización, porque han sido desplazados
y han perdido territorio ancestral.
Ecopetrol, responsable
de persecución sindical
“Frente al conflicto Ecopetrol ha dicho que
no tiene nada que ver. Pero no puede decir
eso porque resulta que tiene el 30% en la
empresa Cepcolsa, y es socia con el 60%
de la propiedad en el campo de la Pacific
Rubiales”, señaló el presidente de la USO.
las Transacciones Financieras (TTF), dado
que muchos Gobiernos del G20 ya han expresado su apoyo al respecto. La Comisión
Europea está considerando la TTF como
una opción importante, y tanto la Ocde
como el FMI han indicado a presente que
la TTF podría ser parte de una estrategia
efectiva para el sector financiero.
Los sindicatos también han hecho comentarios sobre el oligopolio de las agencias
de calificación de riesgo, sobre la necesidad de que el nuevo marco prudencial
de Basilea III promueva las inversiones a
largo plazo y la regulación de los derivados
extrabursatiles.
Pero también Ecopetrol –añadió– ha perseguido el derecho de asociación sindical.
A la USO no le ha permitido llegar a las
empresas de su grupo empresarial, y las
instruye para que se nieguen a negociar
los pliegos de peticiones que presente
el sindicato. En Rubiales hace 10 días
despidieron 19 trabajadores porque les
encontraron boletines del sindicato, y el
lunes los trabajadores que lideraban el
movimiento fueron perseguidos por la
policía y les decomisaron los boletines
en los que invitaban a los trabajadores a
afiliarse al sindicato, como si esa fuera
una acción subversiva.
Rodolfo Vecino también mencionó el caso de
Cartagena, donde, por afiliarse al sindicato,
el 30 de junio pasado despidieron 126 trabajadores de Pomai y Propilco, dos empresas
filiales de Ecopetrol.
Masiva afiliación a la USO
En los siete años de explotación que lleva
el Campo Rubiales, es la primera vez que
se hace un paro, entre otras cosas porque
nunca habían permitido que los trabajadores se afiliaran a un sindicato, la USO
estaba vetada. Pero ahora los trabajadores, animados por el paro de sus pares de
Cepcolsa, no sólo decidieron protestar y
parar para exigir sus derechos, sino que
se están afiliando masivamente a la USO.
En los últimos dos días se han afiliado
cerca de 4.000 trabajadores contratistas.
En el último año la USO ha afiliado más
de 16 mil trabajadores contratistas en
todo el país.
Es de destacar entonces el importante papel
que está cumpliendo la USO en el sector
petrolero, no sólo impulsando la lucha de
sus propios afiliados sino acompañando y
liderando procesos de afiliación entre los
trabajadores contratistas. Esa es una ruta
segura y correcta para el movimiento sindical
en los tiempos que corren.
cundinamarca
El desarrollo humano es mucho más que el
crecimiento o caída de los ingresos de una nación. Busca garantizar el ambiente necesario
para que las personas y los grupos humanos
puedan desarrollar sus potencialidades y así
llevar una vida creativa y productiva conforme
con sus necesidades e intereses.
Esta forma de ver el desarrollo se centra en
ampliar las opciones que tienen las personas
para llevar la vida que valoran, es decir, en
aumentar el conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así el
desarrollo es mucho más que el crecimiento
económico, este es solo un medio –uno de los
más importantes– para expandir las opciones
de la gente.
Para ampliar estas opciones es fundamental
construir capacidades humanas. Las capacidades más básicas para el desarrollo humano
son: llevar una vida larga y saludable, tener
acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad
de participar en las decisiones que afectan a
su comunidad. Sin estas capacidades muchas
de las opciones simplemente no existen y muchas oportunidades son inaccesibles.
Por esta razón, la gente es el centro del desarrollo, pues son las mismas personas las que
pueden construir las condiciones para que el
desarrollo humano de todos y todas sea posible: El desarrollo de la gente, por la gente
y para la gente.
El desarrollo humano comparte una visión común con los derechos humanos. La meta es
la libertad humana. Las personas deben ser
libres de realizar sus opciones y participar en
las decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los derechos humanos se
refuerzan mutuamente, ayudando a afianzar
el bienestar y la dignidad de todas las personas, construyendo el respeto por sí mismos y
el respeto por los demás.
Girardot es conocida como una ciudad turística en el centro del país, con gran afluencia de
turistas de estrato 3, 4, 5 y 6, que evidencia
una profunda crisis de desempleo, pobreza
y falta de oportunidades, que si no se atiende por parte de los gobernantes, en menos
de lo que se cree, explotará, pues se vienen
Preocupante si de desarrollo humano se trata, el nivel de formación de los girardoteños,
pues pese a que ha aumentado la presencia
de universidades en la ciudad, la mayoría no
pasa de técnicos y bachilleres. Pero sobre
todo, preocupa que en pleno siglo XXI, todavía haya presencia de población iletrada.
Algo hay que hacer y urgente.
Laboralmente, el panorama no es más alentador. La mayoría de trabajadores son independientes o personas dedicadas al hogar,
lo que implica vivir el día a día sin mayores
posibilidades. Esto evidencia pobreza, pues el
nivel de ingresos de ellos oscila entre el salario
mínimo y menos del mínimo. ¿Qué calidad
de vida podrá tener la población? El nivel
socioeconómico de la mayoría de las gentes
se ubica en estrato uno, dos y tres. No hay
fuentes de empleo, las fábricas se fueron de la
ciudad (Bavaria, Postobón, Cocacola, Glacial,
Progral). Las que eran del Estado, ahora de
capital privado, solo contratan por intermedio
de cooperativas, que en su mayoría abusan
de los trabajadores y les pagan cuando quieren y lo que quieren (gráfico 1).
Ni qué decir del costo de los servicios públicos, queja generalizada de todos los estratos
en la ciudad, aunque la mayoría los paga
para no dejárselos cortar y, además, no ser
castigados con el pago de la reconexión.
Eso no significa que dejen de atender otras
necesidades primarias por satisfacer la voracidad de las Espd.
En fin, el objeto del estudio de los estudiantes
de Formación Complementaria es sensibilizar a los gobernantes, y a quienes aspiran
a gobernar, para que tengan en cuenta en
sus propuestas y programas las verdaderas necesidades del pueblo. Pero también
es un llamado al pueblo para que participe
más activamente, se informe y esté atento
a lo que tiene que ver con todos, para que
hagan valer sus derechos y cumplan con sus
deberes como ciudadanos.
E
l pasado 13 de julio, en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores
Oficiales de Zipaquirá, la central
unitaria de trabajadores CUT y el Sindicato de
Trabajadores de la Empresa
de Acueducto de Zipaquirá,
Sintraeaz, realizaron el primer foro, en esta ciudad,
sobre los riesgos profesionales en Colombia. Contamos
con la presencia del secretario general de la CUT regional, compañero Manuel
Ángel Téllez y del compañero
Guillermo Alfonso, presidente
del Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Distrital,
miembro del Comité Nacional de Salud
Ocupacional del Ministerio de la Protección
Social, y con la mayoría de los compañeros afiliados a Sintraeaz; también contamos con los compañeros del Sindicato de
Trabajadores de Cristalería Peldar.
En dicho seminario se trataron diferentes
temas sobre cómo se creó y se desarrolló
la Ley 100 de 1993, y cómo el Estado colombiano, a través de varias reformas a la
salud y a nuestra Carta Magna, ha querido
acabar con los derechos de los trabajadores
en el país.
El compañero Guillermo Alfonso realizó
una cronología de la Ley 100 de 1993, la
Constitución Nacional de 1991 y la Ley 33
de 1985; asimismo, dio un pequeño pero
amplio análisis de cómo se está acabando
Tenemos que agradecer a
los compañeros y compañeras de nuestra organización
sindical que participaron activamente en este nuestro primer foro, también agradecer
inmensamente al presidente
de nuestra organización sindical el compañero Delfín
Triviño Bernal, y a los compañeros Raúl Mora, Omar
Villarraga, Edgar Camargo, Germán Rincón,
Wilson Gómez, Carmen Elisa Forero, Elías
Bejarano y Wilson Fajardo por su colaboración en este primer foro, que dejo muchas
expectativas para un próximo evento.
De igual manera agradecimiento enorme al
compañero Manuel Ángel Téllez, de la CUT,
y al compañero Guillermo Alfonso por todos
sus valiosos aportes a este foro.
En este importante foro se realizó la entrega de nuestra compilación de la convención
colectiva de trabajo que para nosotros es
nuestra carta magna, este trabajo fue realizado con la colaboración de los compañeros
Humberto Polo Cabrera de Sintraemdes
Nacional, y a Gonzalo Muñoz Guevara, de
la CUT Bogotá Cundinamarca, a los que
agradecemos todos sus aportes.
Gráfico 1. La población según sus ingresos (salarios mìnimos)
140
39,66%
120
100
80
24,35%
60
40
17,66%
11,33%
6%
20
1%
0
Pensión
Primero es preciso conocer
el concepto de Desarrollo
Humano planteado por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud):
Directivo de Sintraeaz
con los derechos de los trabajadores en
nuestro país que ha sido golpeado por la
violencia, la corrupción y el asesinato de varios de nuestros líderes sindicales. También
nos indico las sentencias que ha proferido
la Corte Suprema de Justicia a favor de los
trabajadores. Por último se analizaron diferentes inquietudes de los
compañeros de Sintraeaz y
de Sintravidricol.
Más de dos salarios
Qué pasa en Girardot, que cada
día aumenta más el desempleo y la
inseguridad? Esa es una pregunta
que surge muchas
veces en conversaciones
de diferentes grupos humanos de la ciudad. Por ello, y
como docente de la Escuela
Normal de Girardot, con los
estudiantes de Formación
Complementaria quimos buscar, desde la comunidad
normalista, las causas y las
razones por las que el panorama no se ve como se
desea.
Javier Cortés
Un salario
¿
Presidenta Adec Girardot
dando señales que podrían verse como
una alerta amarilla. Eso fue lo que arrojó el
estudio realizado desde el núcleo temático
Desarrollo Humano. El que fue elaborado a
partir de encuestas aplicadas a 300 familias
pertenecientes a la comunidad normalista y
analizó diferentes tópicos sobre el desarrollo
humano en “la ciudad de las
acacias”, donde se corrobora
la problemática de la ciudad.
Girardot, otrora puerto y paso
obligado entre el norte y sur
del país, tiene problemas
serios que ameritan atención
urgente de fondo y de forma.
¡Ah! Pero como dijo alguno
de los entrevistados, “aquí
todo se ha ido quedando en
la historia, ya ni acacias hay
en las soleadas calles de la
ciudad de las acacias”. Se
refería a ese hermoso árbol
emblemático de la ciudad,
que también ha sido reemplazo por especies foráneas.
Foro sobre riesgos profesionales
Menos de un salario
María Cristina Orozco L.
En Zipaquirá
Sin salario
En Girardot urge trabajar
por el desarrollo humano
Más de tres salarios
20
21
laborales
Declaración del Seminario Nacional
Ajecolombia (Big-cola): explotación, de Combate contra la Tercerización
atropello y violación (Apartes)
(Apartes)
Sinaltraimbec. Denuncia pública
Carlos Bustos Patiño
Sinaltrainbec
E
n cuatro años de haber ingresado a
nuestro país esta multinacional peruana, solo ha generado en la población de Funza, Cundinamarca,
problemas de orden social, violación de los
derechos humanos de los trabajadores, despidos, sanciones, secuestros, persecución
sindical, amenazas. Su administración y su
política ha sido nefasta, no genera confianza,
los trabajadores no tienen el sentido de pertenencia debido al trato que esta les da, no
cuentan con el respeto de sus derechos, el
trato es denigrante, arbitrario y esclavista.
Todos los trabajadores, han sido sometidos
a la persecución y represión de esta multinacional, que lo único que ha hecho en nuestro
país es obtener riqueza, a costa del esfuerzo
y sacrificio de los trabajadores que tienen que
trabajar excesivas jornadas de trabajo por
encima de las establecidas legalmente, en
condiciones de insalubridad y antihigiénicas,
recibir a cambio una remuneración salarial
paupérrima, la dotación que les entregan
no es la adecuada para la labor que desarrollan, no existen instalaciones adecuadas
para tomar los alimentos, hay sitios donde se
labora a temperaturas entre 40º y 60º sin los
implementos necesarios, y sin el suministro de
los líquidos que se requieren en estos casos
para su hidratación, no existe un reglamento
interno de trabajo, pues el que tiene fijado en
la cartelera lo averiguamos en las oficinas de
trabajo en Facatativá, y Bogotá y no aparece
el número de resolución en el archivo, no se
les paga el auxilio de transporte establecido
por la ley, argumentando la existencia de rutas, que no dejan ni recogen a los trabajadores
en sus casas, teniendo que tomar transporte
para llegar al sitio donde los recoge la ruta
de la empresa.
Además, las violaciones de los derechos
humanos son rutinarios, violación a las garantías constitucionales, al debido proceso
y al derecho a la defensa, más de 400 despidos en los cuatro años de existencia en
Colombia, sanciones arbitrarias en contra
de los compañeros afiliados y directivos
sindicales de nuestra organización sindical,
proceso de levantamiento de fuero contra el
compañero Hugo Iguarán, argumentado con
calumnia e imputando obligaciones que no
son de su cargo como auxiliar de almacén
montacarguista, presión a los trabajadores
sindicalizados para que renuncie al sindicato, e incluso les ofrecen dinero y mejores
puestos, agresiones físicas y verbales a
dirigentes sindicales como el caso del compañero Javier Sandoval Feo y Ómar Ospina
por parte de compañeros con el beneplácito
de la administración.
Igualmente, el día 16 de marzo se presentó
a la administración de esta empresa para su
estudio y discusión un Pliego de Peticiones
Coordinador de la Icem-Colombia / Tomado
de Rebanadas de Realidad - IcemBogotá, 15/07/11.-
Denuncia
pública
y hasta la fecha se han negado a iniciar las
conversaciones, exigiendo la denuncia de
la Convención Colectiva, apoyados en conceptos de la oficina jurídica de la Protección
Social, cuando el sindicato no es firmante de
ninguna Convención Colectiva y la que existe
es la transcripción de los derechos legales.
Por lo anterior hemos interpuesto acciones
de tutela, por violaciones de los derechos
fundamentales, denuncia ante la Fiscalía
por secuestro y amenaza contra la asesora
jurídica y a otros funcionarios de la empresa
y hasta el momento hay un silencio de las
autoridades judiciales y administrativas.
Frente a todos estos atropellos que viene
ejecutando la administración de esta multinacional, llamamos al movimiento social y sindical a rechazar y denunciar públicamente,
las violaciones de los derechos humanos que
vienen siendo objeto los trabajadores y exigir
mejores condiciones de trabajo y la negociación y solución al Pliego de Peticiones.
De las autoridades, exigimos de manera
inmediata, iniciar las investigaciones de la
denuncia y demanda de los trabajadores y
se condene a los responsables si es el caso
por los delitos cometidos y puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación
y las sanciones sobre las violaciones de los
derechos fundamentales, además de exigir
a la administración de esta empresa el cese
de todos estos atropellos y el respeto de los
derechos sindicales y fundamentales.
A los Trabajadores de esta multinacional a
no dejarse amedrentar y ejercer libremente
el derecho de asociación sindical afiliándose
a nuestra organización para unidos lograr el
respeto de sus derechos.
De la comunidad internacional solicitamos la
solidaridad denunciando ante los trabajadores de sus países, a esta multinacional violadora de los derechos humanos y sindicales
y exigir al gobierno colombiano el respeto de
los derechos fundamentales de los trabajadores, hacer responsable a la administración
de la empresa y al gobierno de lo que acontezca con la vida e integridad física de los
dirigentes amenazados e impulsar el boicot
de no consumo de este producto. Bogotá, 14
de julio de 2011
L
os miembros de las juntas
directivas de los sindicatos miembros de la IcemColombia, reunidos en
Bogotá del 6 al 8 de julio de 2011,
luego de abordar de manera estratégica el tema del combate a
la tercerización en los sectores
de la minería, el vidrio, el papel,
la química, el sector energético y
las industrias diversas, manifiesta
ante la opinión pública lo siguiente:
En Colombia se diagnostica el siguiente
estado de cosas sobre el agudo problema
de tercerización laboral, causante de la
transgresión de derechos laborales que lindan con la directa violación de los derechos
humanos:
1. La estrategia del gobierno nacional y las
multinacionales han apuntalado al desconocimiento de la contratación laboral,
la dignidad en el trabajo, los derechos
humanos, la explotación de los recursos
naturales y la afectación al medio ambiente y comunidades.
2. La tasa de contratación directa formal
promedio en estos sectores (minería, vidrio, papel y energía) alcanza solamente
el 35%, en tanto que los procesos de
tercerización cubren el 65% de la fuerza
laboral empleada en Colombia.
3. Las condiciones laborales y sociales de
este porcentaje de trabajadores tercerizados son paupérrimas, evidenciando:
salarios por debajo del umbral del mínimo vital, ausencia de seguridad social,
jornada laboral extendida sin retribución,
violatoria al máximo permitido por la ley;
sistemas de contratación por obra y labor
al destajo por horas y una clara maquilización de contratos de trabajo ...
4. La mayoría de empresas que tienen
asiento en estos sectores cuentan con
programas de responsabilidad social empresarial, sin embargo obligan de modo
contractual a las empresas tercerizadoras
a asumir dicha responsabilidad social...
5. El gobierno nacional viene siendo responsable y permisivo de los atropellos
que en materia de tercerización se han
implantado en el país...
6. Las prácticas de tercerización apuntan
seriamente a violentar el derecho de
asociación...
La tercerización en Colombia se ha convertido en un modelo de explotación y una
forma moderna de esclavitud. Por tanto, determinamos como propuestas de solución,
lo siguiente:
a. Rechazar el modelo de tercerización implementado en el país por parte del gobierno
nacional y las empresas del sector.
b. Proponemos la presentación
de un proyecto de ley que elimine
la tercerización en Colombia.
c. Generar conciencia nacional
de los efectos negativos de la
tercerización laboral.
d. Fomentar un acuerdo marco
con el gobierno nacional que
permita el desarrollo del derecho
de asociación en todas las empresas del sector y las empresas
tercerizadoras.
e.
Desarrollar una campaña
internacional y nacional en contra de la
tercerización en Colombia.
f. Crear de manera conjunta garantías para
que a los trabajadores tercerizados se les
aplique de manera integral la legislación
laboral...
g. La creación de un comité conformado por
Ministerio de Protección Social, empresarios, sindicatos nacionales y federación
internacional de los trabajadores que haga
seguimiento al desarrollo de la contratación laboral.
h. Poniendo como escenario el Seminario
Internacional contra la tercerización a
celebrarse del 26 al 28 de julio, se plantea
como propuesta que en el país se implemente una "7ª papeleta" en contra de esta
forma de contratación salvaje...
Así que, pronunciamos un rechazo rotundo
a cualquier forma de tercerización, manifestamos: que, cambiando nuestra mentalidad
y rompiendo los paradigmas empresariales y
económicos actuales, el trabajador sea valorado en su grandeza humana y productiva.
Organizaciones participantes: Sintracarbón,
Sintravidricol, Sintracarcol, Sintraelecol,
Fenaltec y la USO.
22
opinión sindical
La creación de Sintracntv y los 20 años
del desmonte de la Constitución de 1991
“Los pueblos han de tener una picota para
quien les azuza a odios inútiles; y otra para
quien no les dice a tiempo la verdad”.
quienes ahora fungiendo como reformadores
del sector, pretenden avergonzar delante de la
comunidad internacional, a Colombia y al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, con la
implementación de injustificadas restricciones
institucionales y legales para el ejercicio de la
libertad de expresión y de medios en Colombia.
Aguardamos a que el presidente-periodista
Santos pronto comprenda la terrible contradicción y encrucijada institucional en que las que
está metido por la improvisación regulatoria de
algunos de sus tecnócratas.
José Martí
Juan Carlos Garzón Barreto
S
Presidente de Sintracntv
imultáneamente con la creación de
Sintracntv, los trabajadores hemos
dolido la tristemente célebre conmemoración de los 20 años del calculado
y sistemático desmonte del pacto de paz que fue
la Constitución Política de 1991.
En efecto, en el país sin memoria, se olvida
prontamente que en los exitosos procesos de
paz celebrados entre el Estado y los movimientos insurgentes (M-19, EPL, PRT, Mrql y la
CRS), en los años 90, se recogieron buena parte
de las demandas sociales nacidas en los deseos
de apertura democrática en Colombia.
Una de esas reiteradas demandas, fue la ampliación del acceso a los medios de comunicación social, entre ellos la televisión, por parte
de aquellos sectores políticos y sociales que
habían sido tradicionalmente excluidos por
el modelo frentenacionalista de la televisión
nacional.
Las aspiraciones nacionales frente a los medios,
entonces se hicieron sentir con mayor fuerza en
“la subcomisión 0403 Libertad de Información
y Medios de Comunicación”, de las Mesas
Preparatorias de la Asamblea Constitucional,
la cual sesionó entre el 2 de octubre y el 27 de
noviembre de 1990, y evidenció la presentación
de veintinueve ponencias sobre el derecho a la
información, el acceso, y la regulación y control
especial y autónomo de los medios, como un
imperativo para el fortalecimiento de la democracia en Colombia.
Esta demanda democrática se concretó en reivindicar el reconocimiento y respeto a la libertad
de información, y la creación para la regulación
de la televisión de un ente autónomo que siendo
parte de la estructura del Estado, no estuviera
bajo el control de los demás poderes públicos,
en especial el poder ejecutivo presidencial de
turno, ni bajo el control de los poderes económicos dominantes.
Así, la Exposición de Motivos de la Propuesta
Constitucional –entonces– presentada a los
miembros de la Asamblea Constituyente, por
la “Subcomisión de Libertad de Información y
Medios de Comunicación”, integrada por sectores políticos, intelectuales, comunicadores,
periodistas y los trabajadores de los medios, se
concretó en lo siguiente:
“Los medios de comunicación representan un
incuestionable poder en la sociedad moderna,
poder que se acrecienta paulatinamente. En
los medios de comunicación de regulación
estatal existen en nuestro país entidades
administrativas a las que compete la potestad reguladora de los medios masivos que
utilizan las ondas radioeléctricas del Estado,
hecho que justifica la capacidad reguladora
estatal. Pero estos organismos reguladores
de la televisión y la radio son organismos dependientes del poder ejecutivo y es entonces
el Gobierno el que finalmente detenta el poder
El autor en una entrevista sobre la Cntv.
sobre estos medios electrónicos, ya sea para
adjudicar las concesiones a los particulares o
para intimidar con esta dependencia ciertas
informaciones como las que formulan críticas
al propio gobierno. Se produce un fenómeno
inconveniente de concentración de poder: el
poder informativo y de comunicaciones queda sometido al poder ejecutivo y queda en
las manos del Presidente de la República y
sus agentes el gobierno de un poder como el
informativo que por su naturaleza debe estar
separado absolutamente de otros poderes.
Se impone esta separación de poderes para
cumplir la filosofía y objetivos de la teoría de
Montesquieu: para garantizar la libertad es
necesaria la separación de los poderes. Por
tanto para garantizar la libertad de las opiniones, las informaciones y las noticias, el poder
de los medios electrónicos debe separarse
de los tres poderes clásicos. Esta independencia de los organismos reguladores de la
televisión y la radio surge, entonces, como un
mecanismo esencial de garantía del derecho
a la información”1.
En el debate sobre la regulación de los medios
en Colombia, que no fue nada fácil en una
Asamblea Constituyente que contó con 72
miembros, se utilizó como en ningún otro tema,
la votación secreta en siete oportunidades.
En su primer debate, el 18 de junio de 1991,
los constituyentes aprobaron con 38 votos
la creación de un sólo organismo autónomo
para la regulación de la radiodifusión y la televisión. En el segundo debate, el 29 de junio,
y en el marco de la intervención de los grupos
económicos y empresariales, la Constituyente
creó el organismo autónomo, pero sólo para
la regulación y control de la televisión, con 56
votos a favor.
En ese sentido, la Constituyente aprobó los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución, mediante
los cuales creó el organismo autónomo para la
regulación y control de la televisión. Con fundamento en estos artículos, el Congreso de la
República expidió la Ley 182 de 1995, dispuso
la reglamentación del servicio de televisión, y la
conformación y funciones de la Cntv.
Por tal razón, para reestructurar la Cntv, y acabar con la actual situación de captura de esta entidad del Estado por parte de sus “Stakeholders”
con interés e intereses en el sector de la televisión, mitigar el control de la entidad por parte de
todos los gobiernos de turno, desterrar la lujuria
administrativa, y el manejo de la entidad a través
del “Manual de Urbanidad de Carroña”, así como
para promover la convergencia tecnológica,
regulatoria e institucional del sector de las TIC
y la televisión, no era necesario que el actual
gobierno dispusiera amputar de la Constitución
el organismo autónomo de regulación y control
de la televisión.
Dicha decisión, constituye un retroceso democrático supremamente grave para el sistema constitucional de frenos y contrapesos
al ejercicio del poder público en Colombia,
pues como hace 20 años, la televisión volverá
a estar bajo el control absoluto de un poder
ejecutivo presidencial, hoy, con la vocación y
la posibilidad de reelegirse inmediatamente
en las urnas.
“Sin duda, los principios propuestos por el actual
gobierno en el sentido de acuñar un nuevo “organismo de regulación y vigilancia de contenidos
para el sector de la televisión”: “independiente”,
“técnico” y con “eficiencia administrativa”, pero
sin autonomía constitucional, resultan en lo
absoluto insuficientes para evitar que delante
de la comunidad internacional, Colombia le dé
la espalda, a los “Diez desafíos claves para la
libertad de expresión en la próxima década”,
documento recientemente adoptado por los
Relatores Especiales de la ONU, la Osce, la
OEA, la Cadhp, con el apoyo de Article 19 Global
Campaign for Free Expression, y el Center for
Law and Democracy”2.
“Estos Relatores Especiales para la Libertad
de Expresión, entre otros, consideran como
prácticas indeseables: la “Influencia o control
político sobre los medios de comunicación públicos”, y “el control directo del gobierno sobre el
otorgamiento de licencias o la regulación de la
radiodifusión, o la supervisión de estos procesos
por un organismo que no mantiene, tanto en la
ley como en la práctica, una real independencia
respecto del gobierno”3.
Esta es justamente la receta antidemocrática
que para el país tienen en vía de aplicación
Ciertamente, la reforma constitucional adoptada
mediante el Acto Legislativo 02 de 2011, promulgado el pasado 21 de junio de 2011, el cual
elimina de la Constitución el ente autónomo para
la regulación de la televisión, tiene como efecto
inmediato retornar al poder ejecutivo presidencial en Colombia, el control absoluto en materia
de: i) Acceso al espectro, ii) Otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación del servicio,
iii) La regulación de la competencia empresarial,
iv) La regulación y fomento de contenidos, v)
El recaudo, administración y distribución de los
recursos públicos de los canales regionales, vi)
El control sobre el acceso a la televisión y réplica
al gobierno por parte de los partidos políticos y
grupos minoritarios.
Los efectos de dicha decisión constituyen medidas regresivas, antitécnicas y antidemocráticas,
que incrementan el riesgo país para la inversión
nacional y externa necesaria para el desarrollo
de la industria de Tic, de televisión y de medios
en Colombia, y entorpecen el ejercicio de la
actividad periodística y de fundar medios, la
protección de los derechos de las audiencias,
así como ponen a la intemperie la estabilidad y
derechos laborales de los actuales trabajadores
de la Cntv.
Esta reforma constitucional que, por sus altas
implicaciones técnicas, ha pasado silenciada
y desapercibida para la opinión pública nacional, guardadas las proporciones, es tan grave
para Colombia como si la sociedad norteamericana, defensora institucional de la libertad
de expresión, con la disculpa de promover
la convergencia tecnológica, hubiera decidido eliminar de la Constitución de Estados
Unidos la Primera Enmienda que le prohíbe
a su Congreso hacer normas que restrinjan la
libertad de expresión.
En este contexto, andan embolatados los derechos laborales de los cerca de cincuenta
trabajadores de base de la Cntv, y sus familias,
asociados en Sintracntv, quienes con el apoyo
de la Subdirectiva Bogotá Cundinamarca de
la CUT, y desde el propio ciberespacio, http://
sintracntv.blogspot.com/ levantamos nuestra
voz digna, por cuanto como trabajadores de la
comunicación y la libertad de expresión, no tenemos por qué asumir la responsabilidad política
por este descalabro institucional.
Notas
1 Propuestas de las Comisiones Preparatorias de
la Asamblea Constitucional. Bogotá: Imprenta
Nacional, 1990. p. 245-246.
2 http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.
asp?artID=784&lID=2.
3 Ibíd.
cultural
23
La confrontación armada que vive nuestro país en un documental
de Hollman Morris y Juan José Lozano
Impunity: un testimonio de época
Óscar Murillo Ramírez
Historiador, Universidad Nacional de Colombia
/ [email protected]/ Twitter: @oscarmur
U
n telón rojo aparece mientras vemos
el rostro de una mujer que nos relata momentos dolorosos de su vida.
Como todo el círculo vicioso que ha
producido el conflicto armado –que por fortuna
ya se reconoce que existe–,
nos encontramos ante una
de las muchas Antígonas que
tiene este país. Su relato no
es otro que el de la desaparición, la muerte, la destrucción
de un proyecto de vida.
Al final de su relato se escucha tras la cámara la voz
inconfundible de Hollman
Morris, quien le pregunta a la
mujer de tez afro qué pediría.
Su respuesta es contundente:
¡Justicia! Un plano secuencia
recorre posteriormente lo escarpado y espeso de la selva
por encima de las montañas. Una voz en off
pronuncia todos los adjetivos con los que propios y extraños caracterizan, o creen hacerlo,
la confrontación armada que vive nuestro país
y el largo recorrido de violencia durante la
segunda mitad del siglo XX.
“Amenaza terrorista”, “conflicto armado”, “conflicto de baja intensidad”, palabras comunes
con las que en la pasada década tuvimos que
crecer las últimas generaciones de jóvenes
en Colombia, pronunciadas por oficialismo y
oposición durante los dos gobiernos de Álvaro
Uribe Vélez. Adjetivos y denominaciones con
los que otros nos heredaron una guerra fratricida que nunca pedimos.
Y es que todo lo que en política hemos tenido
que ver las últimas generaciones ha tenido
una indisoluble ligazón con la violencia. En mi
cabeza aún está el recuerdo de adolescencia
frente a la pantalla de un televisor: un hombre
en camisa blanca de manga corta se abraza a
otro que viste camuflado en un lugar remoto
de la geografía nacional. Prometiendo la paz,
el hombre vestido de civil gana las elecciones
e inicia un proceso de paz con el hombre de
camuflado que, según decían, era tan octogenario como la guerrilla de la que hacia parte.
Uno decía que me gobernaba bajo el imperio
de la ley, el otro decía que me defendía de
las injusticias sociales. Si los hubiese tenido
frente a mí en alguna oportunidad les diría:
¡No me representan! Entre sillas vacías que
simbolizan desplantes, secuestros que se
realizaron en medio de un presunto proceso
de paz y una parte del territorio despejado,
otro hombre capitalizó los desaciertos del
gobierno y la negligencia de la insurgencia
bajo un eslogan bien particular: “Mano Dura,
Corazón Grande”.
El utillaje de la vida rural, apelaciones religiosas constantes y un uso desmedido de
los símbolos patrios, escenificaron la nueva
puesta del poder. En días recientes conocemos más los grados de corrupción, chuzadas,
asesinatos extrajudiciales, subsidios a reinas
que resultaron ser pujantes “empresarias
agrícolas” y actos de ilegalidad con el que se
construyó este “teatro”. El autoritarismo lo dábamos por descontado. Era una obviedad.
Sin embargo, algo más se tejía bajo ese telón
de fondo. El 22 de junio de 2005 se aprobó la
denominada Ley de Justicia
y Paz (975/2005) en el congreso de la república. Bajo
el amparo de otro proceso
de paz, esta vez con los paramilitares, se prometió la
llegada de la “verdad, justicia
y reparación”. Se aspiraba, o
eso decían, a realizar un modelo de “alternatividad penal”
o “justicia transicional” para
aquellos miembros de las
autodefensas que decidieran
dejar las armas.
Como el pincel de artista o la
pluma de escritor, la cámara
bajo la dirección de Hollman Morris y Juan
José Lozano, nos llevan por los tiempos
de la seguridad democrática que Fernando
Londoño, Ernesto Yamhure, José Obdulio
Gaviria y unos jóvenes agrupados en organizaciones neonazis y ultranacionalistas católicos y la mano negra de todas las pelambres
quisieran volver a ver.
El documental, un género cinematográfico que
tiene grandes posibilidades en nuestro país,
se convierte en un testimonio de época. La
misma que consolidó la cooptación del poder
político local y nacional a manos de un personal latifundista emergente que se gestó bajo
el impulso del narcotráfico, la apropiación de
recursos naturales, el desplazamiento forzado
y el asesinato de millones de campesinos que
según cifras sumarían más que las perpetradas bajo las dictaduras del Cono Sur.
En Impunity podemos ver los “actores” en
unas “escenas” que nos mueven las pasiones de la indignación, el dramatismo y la
risa. Quizás ese es uno de los más valiosos
elementos del documental: activarnos la
memoria con tan encontrados sentimientos
en un mismo relato. Versiones libres en las
cuales los jefes paramilitares presuntamente
darían alguna pista sobre el paradero de sus
víctimas, terminan perdidas en los laberintos
de una extraña amnesia que invoca el perdón
pero sin verdad. Nada más indignante.
En otra sala se proyectan las imágenes de los
verdugos. Las víctimas, en su gran mayoría
mujeres, encuentran respuestas evasivas en
medio de la pérdida de aliento que les produce
formular la pregunta que les permita encontrar
los restos de sus seres queridos. Algunas no
lo soportan y la asistencia médica se hace
inútil ante el dramatismo. Ni qué decir de la
asistencia sicológica que le presenta la muerte
de un ser querido a una víctima de El Salado
como designio divino.
Avatares políticos durante el contexto de formulación y aplicación de la Ley de Justicia y
Paz muestran un plano general de la esquina del Capitolio Nacional a la caída del día.
En voz en off se escucha la intervención de
Gustavo Petro. El siguiente plano es en la
Comisión Primera del Senado, y en tan acalorada diatriba contra el Ministro del Interior,
Holguín Sardi, vemos pasar a una señora del
servicio general con una hamburguesa de
Mac Donalds que desata la risa generalizada
del público.
En el entretanto, aparece el vicepresidente
Francisco Santos, para quien este modelo de
justicia transicional podía convertirse en un
ejemplo para el mundo. El cerco total de impunidad que gestó la ley fue cerrado con la última
de una serie de extradiciones. Esta vez era Éver
Velosa quien tendría que rendir cuentas ante la
justicia norteamericana dejando a las víctimas
sin la verdad. Mejor seguir hablando de campesinos decapitados que de políticos, empresarios
y multinacionales que apoyaron el paramilitarismo, sentenció el propio alias ‘HH’.
Como un testimonio de época podemos ver
las fosas comunes recorridas por el fiscal
Mario Iguarán junto a Baltasar Garzón, luego
de las extradiciones de los principales jefes
paramilitares. La incomodas voces de las
pocas versiones libres que empezaron a evidenciar el engranaje institucional y económico
que sostuvo al paramilitarismo, señalaban
hacia Rito Alejo del Río y otros tantos que
auspiciaron las masacres en Colombia.
Quizás lo único reconfortante de aquel pasado
lunes 20 de junio, día del estreno de Impunity
en Colombia, fue la multitud de asistentes al
teatro México del centro de Bogotá, que alcanzó para dos funciones en dos auditorios
distintos, las cuales reunieron gran cantidad
de jóvenes. De eso queda como lección que,
pese a que nos tocó vivir una época oscura
de violencia, muerte e impunidad institucionalizada, aún tenemos memoria y mientras que
ella exista, existe la esperanza.
24
La constitución del estado nacional
NÚMERO 11
Guerras civiles en el siglo XIX: la luchas por el control
del Estado y la legitimación del uso de la violencia
Miguel Ángel Urrego
L
Instituto de Investigaciones Históricas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
as guerras civiles azotaron la vida de
la nación durante el siglo XIX. Ocho
grandes conflagraciones y un número
amplio de conflictos locales definieron
una característica de la cultura política
colombiana: el uso de la violencia como un recurso legítimo.
Las guerras civiles –entendidas como la existencia
de dos proyectos de nación que pugnan militar y
políticamente por el control del Estado– se iniciaron en el contexto de la crisis del virreinato de la
Nueva Granada y se prolongaron durante todo
el siglo XIX. Inicialmente dos fuerzas emplearon
durante la “Patria Boba” las armas para definir la
supremacía política: el centralismo y el federalismo. No obstante, lejos de reducirse la diferencia
a un modelo de república, ésta se amplió con la
consolidación de una postura independentista
que radicalizó el conflicto y realizó la ruptura con
España.
El triunfo militar sobre España no canceló las diferencias internas. Por el contrario, le dieron un
nuevo impulso con la gestación de dos formas
de organización de la nueva república: una que
se identificó con el general Francisco de Paula
Santander, y que retomaba el modelo estadounidense e inglés; la otra se congregó en torno
al Libertador Simón Bolívar, y unificó al clero y
a los sectores conservadores de la política y el
ejército. Las discrepancias llegaron a lugares insospechados con el atentado septembrino contra
la vida de Bolívar y la posterior retaliación contra
quienes se identificaban con el liberalismo y el
general Santander, a quien se acusó de estimular
al magnicidio. Con ello quedó planteado el recurso de la violencia extrema, pues confundió a las
personas con las ideas.
La ausencia de una unificación política y militar
de las regiones permitió la posibilidad de que
jefes locales, que ascendieron con la guerra de
Independencia, irrumpieran en la confrontación
política reclamando mayor poder. Una ley del presidente José Ignacio de Márquez, que eliminaba los
conventos con menos 8 religiosos, dio el pretexto
para el levantamiento de estos jefes dando lugar a
la “guerra de los supremos”, que se extendió por la
naciente republica entre 1839 y 1842.
Aunque el levantamiento de los “supremos” se
presentó en las provincias del sur del país, especialmente en Pasto que llegó a proclamar su
anexión a Ecuador, pronto fue seguido por otros
caudillos que incluso sitiaron a Bogotá y sólo el
oportuno arribo de los generales Pedro Alcántara
Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera pudo con-
tener la debacle. Para 1840 el gobierno de Márquez quedó arrinconado y con un apoyo prácticamente limitado a Neiva y algunas pocas
provincias de la costa Pacífica. Al año siguiente Herrán reorganizó el
ejército gubernamental e inició una lenta toma de las zonas rebeldes,
finalmente, en enero de 1842, terminó la guerra.
Posteriormente estalló la guerra civil en 1854 debido al golpe del
17 de abril del general José María Melo contra el presidente José
María Obando. En esta ocasión el movimiento artesanal de Bogotá
respaldó la acción del militar y tomó la ciudad. La reacción de las
élites liberales y conservadores contra el movimiento popular fue inmediata, en un rápido movimiento unificaron sus ejércitos y tomaron
la capital del país. El movimiento popular fue duramente reprimido,
muchos artesanos fueron encarcelados e incluso desterrados a inhumanas cárceles.
Al comenzar la década del sesenta nuevamente se produjo un levantamiento militar, esta vez originado en el deseo de los liberales
radicales de imponer su proyecto. Las armas le dieron la victoria al
general Tomas Cipriano de Mosquera y gracias a dicha victoria se
impuso un variado conjunto de reformas políticas y sociales, dentro
de las cuales hay que destacar la Constitución de 1863.
A pesar del predominio liberal, que dio origen a un período conocido como el Olimpo Radical, el partido se dividió entre radicales e
independientes, y no pudo enfrentar exitosamente el levantamiento conservador de 1876, que se dio con el pretexto del rechazo a
una reforma educativa. La victoria correspondió en 1877 al sector
Independiente del liberalismo que sin embargo abrió las puertas al
conservatismo e inició una alianza que lentamente fue minando el
poderío radical.
La pretensión de los liberales de detener el ascenso conservador
y tomar nuevamente el poder los llevó a decretar la guerra en
1885. Sin embargo, ya era muy tarde y no tuvieron ni la capacidad
política ni militar. La derrota significó el inicio de La Regeneración
y del largo período de ostracismo conocido
como la Hegemonía Conservadora. Posteriores
proyectos insurreccionales, como el de 1895,
fracasaron rápidamente. La guerra de los
Mil Días fue un proceso distinto a los demás
levantamientos, tema al que le dicaremos el
próximo artículo.
Las guerras civiles del siglo XIX se caracterizaron,
con notables excepciones, por la inclusión del pueblo en un papel secundario, generalmente como
carne de cañón de los dueños de haciendas que
imponían el reclutamiento forzoso y en muchos
casos repetían en las guerrillas las estructuras verticales de poder de los latifundios. En segundo lugar, se adelantaron con el reclutamiento de niños y
con violencia extrema contra los no combatientes.
En tercer lugar, las guerras se financiaron con la
confiscación de las propiedades de los opositores
o vencidos, y en ciertas circunstancias con emisiones de los bancos. En cuarto lugar, las guerras
culminaron en pactos entre élites, sin pueblo, y
con acuerdos que contemplaban amnistías pero
que nunca culminaron en hegemonía, por lo que
el vencido, nuevamente, ejercía el derecho a la
insurrección. Finalmente, el uso de la violencia extrema fue reclamado como un “derecho legítimo”
por los partidos políticos Liberal y Conservador.
De manera que nadie cuestionó sus implicaciones políticas o morales. En el siglo XX esta idea
prevalecerá en la cultura política colombiana,
aunque llegó a extremos inimaginables, pues se
radicalizó con la adopción del terrorismo por parte
de los actores armados.

Se hundió proyecto de privatización de la ETB/ 11 Valerosa lucha

Transcripción

Documentos relacionados

www.respect4workers.org

Presentación de PowerPoint - Universidad La Gran Colombia

Comunicado 01_16_Final

Introducción - UPCN Digital

P E R S P E C T I V A S P R O G R E S I S T A S

Manufacturing and Repairing of Carbide Burs

Informe de Accion