Dossier de los Derechos Humanos 77

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Dossier de los Derechos Humanos 77
27 de junio de 2016
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9.
Nº 77
Preservemos las instituciones, por José Ramón Cossío Díaz
1
En defensa de los valores de derechos humanos, por Ken Roth
2
Colombia: El acuerdo de alto el fuego y cese de hostilidades de manera bilateral es un
avance histórico
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Intentar dar sentido a lo trágico y a las armas luego de Orlando, por Antonio Ginatta
6
Escuelas inaccesibles para millones
7
Necesaria la implementación de normas vinculantes sobre derechos humanos para las
empresas
9
Mujeres, armas, paz y seguridad, por Jody Williams
11
5 ejemplos de lo que es la esclavitud moderna
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En la lucha ambiental se defienden los DDHH en América Latina
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1. PRESERVEMOS LAS INSTITUCIONES, POR JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
En las últimas semanas se ha hecho evidente la crisis financiera por la que atraviesa el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión ha declarado que en julio
despedirá al 40% de su personal y suspenderá las visitas y los periodos de sesiones
programados para este año. La Corte ha considerado que la suspensión a partir de diciembre
de las ayudas noruegas, comprometerá su estabilidad presupuestal e institucional. Lo que en
ambos casos está en juego es el funcionamiento efectivo de los mecanismos de protección de
los derechos humanos en la región y, en el mediano plazo, su sobrevivencia.
Tales noticias han generado diversas reacciones, todas ellas negativas. Pocos Estados
nacionales se han manifestado y muchos han guardado silencio. De entre los manifestados, la
mayoría ha anunciado que sus propias condiciones económicas les impiden aportar mayores
recursos. Los Estados nacionales ajenos al Sistema que durante años hicieron considerables
entregas, han decidido no continuar haciéndolo. Tomadas en conjunto, las declaraciones no
dan la idea de solidaridad ni generan esperanzas de cambio, menos de solución.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido un factor muy importante de
protección de individuos concretos y de racionalización de conductas de autoridades en la
región. Nadie puede negar que debido a las actuaciones de la Comisión y la Corte, algunas
de las más graves violaciones a los derechos humanos hayan sido denunciadas, analizadas,
juzgadas y reparadas. Tampoco puede negarse que las resoluciones de ambos órganos han
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construido mejores prácticas de actuación e inhibido algunas de las peores. Igualmente, es
difícil negar que el escrutinio de ambos órganos es el único medio de revisión de las
conductas de los agentes estatales en contra de la población, ahí en donde los regímenes
políticos se han cerrado en sí mismos y arrollado a sus judicaturas.
Si la Comisión y la Corte son organismos relevantes, ¿por qué llevan años de penuria
financiera y se encuentran al borde de la crisis institucional? Ante todo, pienso que más allá
de retóricas cotidianas, las autoridades estatales no han alcanzado a comprender que los
órganos interamericanos forman parte de sus sistemas jurídicos. La manera de proteger los
derechos humanos de sus poblaciones pasa por la posibilidad de que sus titulares acudan a
ellos para lograr su reparación. Este entendimiento descansa en una peligrosa reconstitución
de las nacionalidades, producto de los complejos momentos de cambio que vivimos, de
regresos autoritarios, la instauración de populismos y de la pérdida de legitimidad de mucho
de lo que se dice y hace políticamente. El desplazamiento y la invisibilización de los centros
de decisión han llevado a la ilusoria construcción de poder y dominio mediante el
fortalecimiento autoritario de los nacionalismos, como si mandar más adentro, compensará lo
mucho que viene dado de fuera.
En este equivocado contexto puede entenderse lo que los Estados americanos están haciendo
con los órganos comunes de protección a los derechos humanos. Si algunos de los problemas
vigentes vienen dados de fuera en una variedad enorme de formas, parecería más sensato y
previsor reforzar el mecanismo de regularidad común. México, por ejemplo, puede dejar caer
a la Comisión o a la Corte por suponerlas poco relevantes o por ajustar cuentas con
funcionarios o actuaciones. Al hacerlo, contribuirá a dejar sin autoridad supranacional a
Centroamérica, con lo cual los problemas de la zona empeorarán y los flujos migratorios
hacia México se incrementarán. Con ellos, la delincuencia, la trata de personas y la presión
en la frontera norte.
Si los Estados de la región requieren más Estado de derecho, la pérdida de los órganos del
Sistema que están tratando de construirlo desde la protección de los derechos humanos, va en
sentido equivocado. Ojalá se reflexione y apoye con recursos a los órganos que llevan a cabo
esa labor, más allá de las contingencias y los disgustos cotidianos que los propios órganos
generan al tratar de imponer racionalidad en países o zonas que poco la tienen.
Fuente: Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. Este artículo de opinión fue
publicado en el periódico español El País, el 30 de mayo de 2016 y se encuentra disponible
en el sitio web: http://internacional.elpais.com/
2. EN DEFENSA DE LOS VALORES DE DERECHOS HUMANOS, POR KEN ROTH
Los bloques de derechos humanos que construyan a toda sociedad democrática deben ser las
ideas, el respeto, la apreciación a las diferencias y el trato cortés con el que queremos que
nos traten a nosotros. Sin embargo, actualmente, estos valores están bajo ataque con una
intensidad mayor que en cualquier otro momento de las últimas décadas.
En Europa, –pese a que Austria parece haber evitado un potencial desastre en sus elecciones
presidenciales– líderes como el húngaro Viktor Orbán y el polaco Jaroslaw Kaczyński
hablan abiertamente de la construcción de una democracia “no liberal”: una que carece de los
mecanismos de control y supervisión del poder ejecutivo, incluyendo la protección de los
derechos humanos. En un país europeo tras otro, la extrema derecha e incluso los partidos
dominantes participan de la intolerancia, la xenofobia, el nativismo y la difusión del miedo.
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El problema también se hace evidente en otros lugares. En Estados Unidos, demagogos
impulsan sus perspectivas políticas apelando a nuestros peores instintos. China y Rusia
promueven un gobierno autoritario como un modelo superior. Los líderes africanos atacan a
la justicia internacional. Gobiernos de todo el mundo tratan de evitar que los ciudadanos se
unan en grupos cívicos para hacerse oír. Y, tal vez en una de las muestras más dramáticas, el
gobierno sirio ha desmantelado los convenios de Ginebra para luchar en una guerra mediante
un ataque deliberado contra civiles en las zonas controladas por la oposición.
Aun así, Europa sigue siendo un foco importante del problema. Allí es donde se cuece la
creciente islamofobia, la discriminación y la marginación de comunidades enteras, la
demonización de los refugiados y los alarmantes esfuerzos por retroceder en el tiempo hasta
un momento en que la sociedad era concebida como algo más uniforme y menos como una
fusión de diferencias.
La inseguridad es una de las principales causas de estas tendencias: inseguridad económica,
debido a que muchas personas sienten que se están quedando rezagadas; inseguridad física,
ya que las personas que salen a dar un paseo por la noche por la ciudad o viajan al extranjero
son tiroteadas al azar; e inseguridad cultural, cuando el significado de ser, por ejemplo,
francés o alemán ya no es tan simple como siempre se había supuesto.
En estos tiempos de inseguridad, hay una tendencia a replegarse, a buscar refugio entre
aquellos que más se parecen a nosotros, a cerrarles las puertas a los demás y a culparles de
nuestros problemas y nuestras decepciones. Ese instinto proporciona la plataforma para las
cada vez más numerosas voces de odio.
Sin embargo, estas tendencias no son inevitables y nuestro papel no debería reducirse al de
un espectador preocupado. Dado que ponen en tela de juicio la propia esencia de nuestras
sociedades, todos tenemos el deber de rechazar este movimiento hacia el odio, la exclusión y
la intolerancia, y cumplir con nuestra parte para revertirlo.
Es posible que piense que esto es más fácil de decir que de hacer. Al fin y al cabo estamos
hablando de grandes tendencias. ¿Cómo puede una sola persona marcar la diferencia?
Si todos hacemos nuestra parte, la tarea no es tan difícil como podría parecer. Nuestra
primera responsabilidad es la de desmontar los mitos y las malas interpretaciones que a
menudo acompañan el argumento a favor de la intolerancia. ¿Acaso alguna vez resolvieron
nuestros problemas en lugar de agravarlos?
Consideremos el discurso público que predomina estos días acerca de las comunidades de
inmigrantes y minorías en Europa, en particular los musulmanes. Durante décadas, la
mayoría de los gobiernos europeos han hecho muy poco por integrar a estas comunidades.
Los residentes afrontan limitadas oportunidades laborales y educativas, un trato
discriminatorio por parte de la policía y una sensación de no ser realmente aceptados por la
sociedad. La mayoría de los residentes hacen todo lo que pueden, dadas las circunstancias,
pero una pequeña minoría se radicaliza y recurre a la violencia. Se trata de un problema
grave pero, ¿es la islamofobia realmente la respuesta? Ahora estas comunidades constituyen
una parte integral de Europa. Si no permitimos que sus residentes construyan una vida
significativa, si continuamos frustrando sus aspiraciones, si no acogemos sus numerosas
contribuciones, su alienación y su desesperación sólo crecerán.
O fijémonos en el problema del terrorismo. Es cierto que la actual amenaza terrorista en
Europa tiene su origen principalmente en la segunda y tercera generación de inmigrantes
musulmanes. Una estrategia antiterrorista inteligente busca alcanzar a las personas que tienen
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más probabilidades de estar al tanto de un plan terrorista antes de que se lleve a cabo: la
familia, los vecinos y los amigos de los cerebros del atentado, muchos de ellos también
musulmanes. Queremos que se sientan parte de la solución y no del problema. Queremos que
se sientan cómodos informando a la policía sobre potenciales actividades sospechosas. Pero
la islamofobia hace lo contrario. Las personas que sienten que no pueden confiar en la
policía, que temen que ellas mismas serán tratadas con sospecha si comparten sus
preocupaciones, permanecerán en silencio.
O tomemos el caso de los refugiados. A medida que personas desesperadas huyen de las
bombas de barril de El Assad y de las atrocidades del Estado Islámico, muchas buscan
refugio en Europa. Ninguno de nosotros quiere ver escenas de caos en las fronteras de
Europa, pero deberíamos alentar a los gobiernos europeos a ayudar a estas personas,
mediante la concesión de una financiación generosa para que puedan educar a sus hijos y
mantener a sus familias en los países de primer refugio, como Turquía, Líbano o Jordania. Y
para aquellos que todavía deseen continuar su travesía hasta Europa, deberíamos estar
pidiendo la acogida de muchas más personas directamente en los países de primer refugio,
sin que primero tengan que arriesgar sus vidas en un peligroso barco para cruzar el
Mediterráneo.
Puede que los lectores no estén de acuerdo con todos estos argumentos, pero hay muchos
más que se pueden plantear para contrarrestar las voces de odio e intolerancia. La clave está
en no dar por hecho que la intolerancia es inevitable, que el odio es un producto natural de
los tiempos difíciles. Estos sentimientos sólo florecen cuando carecen de oposición. Todos
debemos hacer todo lo posible para frenar su crecimiento.
Pero eso lleva a la pregunta: ¿qué podemos hacer para hacernos escuchar? Debe empezar por
prestar atención a cómo se comporta. Trate a los demás como quiere ser tratado. Sea un
modelo que otros emulen. Los ejemplos positivos pueden ser contagiosos. Hablan en voz
alta.
A continuación, hable con sus amigos, familias y comunidades. Cuantas más conversaciones,
mejor. A los populistas les encanta decir que hablan en nombre de la comunidad, que son la
verdadera voz del pueblo, que están defendiendo los valores nacionales de la intrusión
extranjera. Para aquellos que no estén de acuerdo, es importante decir: “No, esas personas no
hablan por mí”.
Además, hoy en día es más fácil que antes participar en el debate público más amplio sobre
la dirección de Europa. A diferencia de hace menos de diez años, las redes sociales como
Facebook y Twitter han democratizado en gran medida el acceso al debate público. Para
hacer oír nuestras voces, ya no dependemos de los medios de comunicación tradicionales, de
acceso más difícil. Todos podemos entrar en la conversación pública desde nuestra
computadora portátil o teléfono móvil. Debemos aprovechar la oportunidad para utilizar ese
megáfono.
Recuerde, cada movimiento político comienza en el ámbito local. Cada comunidad empieza
con un círculo de amigos. Al charlar con amigos o familiares, cuando se comunica en línea,
encuentre un espacio para incluir comentarios sobre el más reciente asalto contra nuestros
valores. Desafíe mitos con hechos. Encuentre maneras de impulsar la conversación. Al
principio puede que se sienta cohibido al hablar de estos temas, pero cuanto más se una a la
conversación, más cómodo se sentirá y mayor será el significado que adquirirá su voz.
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Incluso si comenzamos con sólo unas pocas personas, hay un efecto dominó. Si todos
cumplimos con nuestra parte, las ondas pueden convertirse en olas, e incluso mareas.
Si queremos construir un mundo a partir de los valores de los derechos humanos, no
podemos darlos por sentado. Existe una necesidad urgente de que todos nosotros salgamos
en su defensa. Eso requiere que todos cumplamos con nuestra parte.
Fuente: Ken Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch. Este artículo de opinión,
fue publicado en el periódico español El País, el 27 de mayo de 2016 y se encuentras
disponible en el sitio web: http://internacional.elpais.com
3. COLOMBIA: EL
ACUERDO DE ALTO EL FUEGO Y CESE DE HOSTILIDADES DE MANERA
BILATERAL ES UN AVANCE HISTÓRICO
El acuerdo de alto el fuego y cese de hostilidades bilaterales y definitivas, firmado hoy en
Cuba por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), es un avance histórico en los esfuerzos hacia la firma de un acuerdo de paz entre las
partes, ha manifestado Amnistía Internacional.
Aunque el acuerdo sólo entrará totalmente en vigor cuando se declare la paz, lo que muy
probablemente ocurra en los próximos meses, con el anuncio de hoy se ve cada vez más
próxima la perspectiva del fin de un conflicto de 50 años, caracterizado por la comisión de
delitos de derecho internacional y graves abusos y violaciones de derechos humanos y por el
fracaso a la hora de poner a disposición de la justicia a los presuntos responsables penales de
estos delitos.
El acuerdo establece los mecanismos por los que las FARC se desmovilizarán y desarmarán,
en el plazo de 180 días a partir de la firma del acuerdo de paz, así como las medidas que
adoptarán las autoridades para garantizar la seguridad de los combatientes de las FARC
durante su desmovilización, incluidas las necesarias para combatir a los grupos paramilitares
(calificados de bandas criminales por el gobierno), que continúan activos a pesar de su
supuesta desmovilización hace un decenio.
Se mantiene un alto el fuego de facto desde el año pasado. Sin embargo, todas las partes en
el conflicto continúan cometiendo graves abusos y violaciones de derechos humanos,
especialmente contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y
campesinas. Es motivo en particular de preocupación el aumento el año pasado de los
homicidios y las amenazas contra defensores de los derechos humanos y líderes comunitario,
que ha continuado con la muerte de al menos 19 de ellos en los tres primeros meses de 2016.
La mayoría de estos ataques, muchos de ellos atribuidos a los paramilitares, no se cometen
en el contexto de combates, sino que suelen ser consecuencia de intereses económicos.
Muchas de las comunidades y grupos que corren especial riesgo de sufrir ataques son
precisamente las que luchan contra la explotación de sus tierras y territorios por empresas
mineras, de infraestructura, industriales y agroindustriales.
Por ello, un alto el fuego puede no servir de mucho para detener tales ataques si las medidas
establecidas en el acuerdo no son efectivas para la protección de los grupos y comunidades
expuestos a sufrirlos, para identificar a todos los responsables y para poner a los presuntos
autores a disposición judicial.
La comunidad internacional puede desempeñar una importante función exigiendo medidas
más decisivas de las autoridades colombianas para garantizar la seguridad de estos grupos y
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comunidades. En este contexto, el establecimiento por el Consejo de Seguridad de la ONU
de una misión política de observadores internacionales desarmados para vigilar y verificar el
cumplimiento del alto el fuego y el cese de hostilidades es un paso importante. No obstante,
como es probable que los riesgos para los derechos humanos no provengan
fundamentalmente de posibles violaciones del acuerdo de alto el fuego y cese de
hostilidades, sino de ataques selectivos contra civiles, para ser efectiva, tal misión debe
incluir un componente de derechos humanos y trabajar mano a mano con la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que
debe reforzarse.
Fuente: Nota informativa publicado en el portal electrónico de Amnistía Internacional el 23
de junio de 2016 y disponible en el sitio web: https://www.es.amnesty.org
4. INTENTAR DAR SENTIDO A LO TRÁGICO Y A LAS ARMAS LUEGO DE ORLANDO, POR ANTONIO
GINATTA
A medida que se conocen las cifras de víctimas en Orlando (hasta el momento se han
confirmado 49 muertos y 54 heridos), las personas intentan entender este hecho carente de
sentido, e identificar en las acciones y las palabras del agresor algún indicio de cuál es el
motivo detrás de la masacre. El odio a la comunidad LGBT pareciera haber sido una cuestión
clave; sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de algunos por atribuir la tragedia ocurrida este
fin de semana a un único factor —como el denominado “islam radicalizado”—, es posible
que sus motivaciones nunca se esclarezcan. Momentos antes de los ataques, el agresor, Omar
Mateen, reivindicó su lealtad al autoproclamado Estado Islámico (conocido también como
ISIS), y posteriormente medios vinculados con ISIS se atribuyeron el atentado. Su ex esposa
aseveró que la sometía a golpizas mientras estuvieron casados, y un compañero de trabajo
informó que había sido acosado y acechado por Mateen.
Sin embargo, hay un dato que sí es claro, y es que el ataque armado en el club nocturno Pulse
encaja en un patrón de tiroteos masivos que hoy, tristemente, son comunes en Estados
Unidos: se trata del 176.º incidente en el que cuatro o más personas han muerto durante una
única agresión armada tan solo este año.
Y los peores ataques armados masivos de los últimos años tienen, como elemento común, el
tipo de armas usadas. Desde Aurora hasta Newtown, y de San Bernardino a Orlando, la
principal arma mortal ha sido el AR-15, un fusil de origen militar, cuya versión
semiautomática es apreciada por su alta precisión y capacidad de efectuar varias rondas de
disparos a gran velocidad, y que puede ser adquirida legalmente en EE. UU. Las familias de
los niños asesinados en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut
(donde murieron 20 niños y 6 adultos), han demandado a los fabricantes del AR-15,
aduciendo que este fusil es un arma militar y no debería ser comercializada a civiles.
Pero además del tipo de armas, hay otro punto de contacto: la inacción legislativa. Más allá
de la cantidad de muertos, la edad y la identidad de las víctimas, y las motivaciones y los
antecedentes personales del (de los) agresor(es), los legisladores que tienen la facultad de
regular el acceso a las armas no han tomado ninguna medida. De hecho, incluso han
prohibido al gobierno que financie estudios sobre la violencia con armas, que podrían servir
para adoptar políticas efectivas sobre el tema. Dar por hecho que la eventualidad de tiroteos
masivos es el precio que se debe pagar para vivir en Estados Unidos, es una traición a todos
los que viven en ese país. El gobierno estadounidense tiene la responsabilidad de proteger a
su población de la violencia con armas. Si bien algunos estados están intentando abordar la
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cuestión de las armas, la multiplicidad de leyes, combinada con vacíos legales, tampoco es
una solución eficaz. El gobierno federal debe involucrarse e intentar dar sentido a un suceso
que no tiene razón de ser.
Fuente: Antonio Ginatta es Director de Asuntos Jurídicos, Programa de Estados Unidos de
Human Right Watch (HRW). Este artículo de opinión fue publicado el 14 de junio de 2016 y
se encuentra disponible en el sitio web: https://www.hrw.org
5. ESCUELAS INACCESIBLES PARA MILLONES
La adopción de leyes y políticas discriminatorias, y la falta de voluntad política para dar
cumplimiento a obligaciones básicas en materia de derechos humanos por países de todas las
regiones del mundo, impiden que millones de niños y adolescentes puedan asistir a la
escuela, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Altos funcionarios
gubernamentales del área de educación, responsables de políticas globales y agencias de
financiamiento se reunirán en Noruega del 13 al 16 de junio para adoptar medidas que
mejoren el acceso a la educación de calidad a nivel mundial.
El informe de 89 páginas, denominado “The Education Deficit: Failures to Protect and Fulfill
the Right to Education in Global Development Agendas” [Déficits en materia educativa:
ausencia de medidas de protección y cumplimiento del derecho a la educación en las agendas
globales de desarrollo], sostiene que, dos décadas atrás, los gobiernos de países de distintas
regiones del mundo expresaron el compromiso de eliminar los obstáculos a la educación para
las generaciones venideras. Sin embargo, Human Rights Watch evidenció que, en muchos
países, las leyes y prácticas discriminatorias, los aranceles elevados, la violencia y otros
factores excluyen a niños y adolescentes de las escuelas. El informe se elaboró a partir de
investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch en más de 40 países, a lo largo de
casi dos décadas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, UNESCO, ha informado que 124 millones de niños y adolescentes no asisten a la
escuela.
La totalidad de los 196 países miembros de la ONU han asumido obligaciones jurídicas
frente a todos los niños en su territorio. La Convención sobre los Derechos del Niño, que ha
sido ampliamente ratificada, así como varios otros tratados internacionales y regionales,
estipulan requisitos detallados para proteger el derecho a la educación. En septiembre de
2015, los gobiernos acordaron trabajar conjuntamente con el fin de “garantizar una
educación inclusiva y de calidad para todos” para el año 2030, como parte de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU, y establecieron así como meta global el
acceso a la educación secundaria por primera vez. Los objetivos de desarrollo anteriores, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, procuraron asegurar en forma plena el acceso a la
educación primaria y su finalización, aunque todavía no han sido alcanzados.
A pesar de la obligación de eliminar los aranceles en la escuela primaria y otros costos
asociados, que se encuentra en numerosos tratados internacionales, muchos países —como la
República Democrática del Congo y Sudáfrica— aplican aranceles que las familias no
pueden solventar. Los aranceles y costos asociados de la educación secundaria impiden que
millones de adolescentes en Bangladesh, Indonesia y Nepal, por ejemplo, puedan completar
al menos nueve años de educación.
“Mi último año de escuela fue el primer semestre del primer año de la escuela media.
Deseaba realmente continuar estudiando, pero la verdad es que no tenía el dinero necesario”,
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contó Endah, que abandonó la escuela en Indonesia para emplearse en el servicio doméstico
cuando tenía 15 años. “El arancel de la escuela era de 15.000 rupias (USD 1,10) por mes.
Pero lo que realmente no podía pagar era el ‘arancel edilicio’ y el uniforme. Tenía un valor
de 500.000 rupias (USD 37)... Luego, cada semestre teníamos que comprar libros”.
La violencia en contextos escolares afecta a más de 246 millones de niños, según indica el
organismo de la ONU para la infancia, UNICEF. Los castigos físicos en las escuelas —una
práctica que equivale a tortura y trato degradante, y afecta negativamente la capacidad de
aprendizaje de los niños— es lícita o sigue siendo generalizada en países como Tanzania,
Sudáfrica y muchos estados de EE. UU.
Entre los factores que propician que las jovencitas abandonen la escuela, se incluyen el
carácter extendido de los abusos sexuales y la violencia por parte de docentes y pares,
pruebas físicas de virginidad abusivas e irrelevantes, pruebas de embarazo obligatorias, y
políticas que excluyen a jovencitas embarazadas de las escuelas. Las condiciones insalubres
e inadecuadas en escuelas, incluidas la falta de instalaciones donde atender los cuidados
relativos al ciclo menstrual con privacidad y en forma digna, provocan que muchas
adolescentes, incluidas jóvenes con discapacidad, tengan una asistencia irregular o
abandonen los estudios. El matrimonio infantil es, a la vez, una causa y una consecuencia de
la falta de acceso a educación de calidad en países como Bangladesh, Nepal, Tanzania y
Zimbabue.
Millones de niños con discapacidad en China y Sudáfrica, así como niños de diversos grupos
étnicos, idiomáticos o religiosos en la India, sufren habitualmente discriminación por parte
de funcionarios gubernamentales cuando intentan inscribirse en escuelas. Una vez que
ingresan a las escuelas, muchos de estos niños son asignados a aulas segregadas, donde
reciben educación de calidad inferior. Muchos niños con discapacidad abandonan la escuela
debido a la ausencia de docentes especialmente preparados, falta de apoyo o porque no son
admitidos para pasar a niveles más avanzados de educación. En Rusia y Serbia, por ejemplo,
existe una cantidad desproporcionada de niños con discapacidad confinados en instituciones,
que con frecuencia solo reciben educación de baja calidad, o directamente ninguna
educación.
Una cantidad cada vez mayor de niños que viven en contextos de crisis humanitarias y
conflicto a largo plazo no pueden hacer valer su derecho a la educación, dado que las
escuelas son inaccesibles o inseguras. Los ataques a escuelas y la ocupación de estas
instituciones con fines militares han impedido que millones de niños en Afganistán, Nigeria,
Palestina, Ucrania y Yemen pudieran ir a la escuela.
También en países de ingresos medios y altos se crean obstáculos a la educación, a través de
prácticas discriminatorias contra minorías, refugiados, migrantes y niños LGBT.
Todos los gobiernos deberían garantizar que la educación primaria sea verdaderamente
gratuita y obligatoria, y que la escuela secundaria sea gratuita. Los gobiernos deberían
eliminar las políticas o reglamentaciones discriminatorias que permiten que las escuelas
excluyan a niños y adolescentes, y asegurar que las escuelas atiendan las necesidades de las
jovencitas, los niños con discapacidad, los niños que pertenecen a minorías y los niños
LGBT.
Los gobiernos deberían abolir por ley los castigos físicos y adoptar medidas más rigurosas
para garantizar que los niños estén seguros frente a violencia, abusos y hostigamiento en las
escuelas.
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Los donantes —incluidas las instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial
y la Alianza Mundial para la Educación— y los organismos internacionales que ayudan a los
gobiernos a implementar sus planes educativos, deberían observar los estándares de derechos
humanos y no hacer ningún tipo de concesiones ante abusos que excluyan de las escuelas a
niños y adolescentes.
El Secretario General de la ONU y la UNESCO deberían garantizar que los “países líderes”
—que encabezan iniciativas globales en materia de educación— cumplan sus propias
obligaciones de derechos humanos y pongan fin a los abusos en sus propios sistemas
educativos.
“No debería haber ningún grado de tolerancia ante el incumplimiento de estas obligaciones,
cuando de lo que se trata es de garantizar el acceso a la educación a todos los niños y
adolescentes del mundo”, apuntó Martínez. “Los niños no pueden esperar otros 15 años, ni
tampoco otro año lectivo, para que sus gobiernos garanticen plenamente su derecho a
prepararse para el futuro”.
Fuente: Informe elaborado por Human Right Watch, publicado el 09 de junio de 2016 y
disponible en el sitio web: https://www.hrw.org/
6. NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS VINCULANTES SOBRE DERECHOS HUMANOS
PARA LAS EMPRESAS
Los delegados que asistan a la Conferencia Internacional del Trabajo en 2016 deberían
iniciar un proceso para formular un convenio internacional vinculante que proteja los
derechos humanos en las cadenas de suministro globales, señaló Human Rights Watch en un
informe divulgado hoy. Gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el mundo se
congregarán en Ginebra en la cumbre anual del trabajo, que comienza el 30 de mayo de
2016, para debatir sobre cómo asegurar el “trabajo digno” en las cadenas de suministro
globales.
El informe de 21 páginas, “Human Rights in Supply Chains: A Call for a Binding Global
Standard on Due Diligence” [Los derechos humanos en las cadenas de suministro: un
llamado a favor de una norma global vinculante sobre la debida diligencia], se elaboró a
partir de dos décadas de investigaciones de Human Rights Watch sobre trabajo infantil y
otros abusos de derechos laborales, daño ambiental y violaciones de los derechos a la salud,
la tierra, los alimentos y el agua, en el contexto de las cadenas de suministro globales.
“Millones de personas en todo el mundo sufren violaciones de derechos humanos debido a
prácticas deficientes de las empresas y regulaciones laxas por parte de gobiernos”, indicó
Juliane Kippenberg, directora asociada de derechos del niño en Human Rights Watch. “Las
normas jurídicamente vinculantes son la única manera realista de que las empresas no
exploten a los trabajadores ni contribuyan a los abusos laborales”.
El informe analiza un amplio repertorio de violaciones de derechos humanos en el contexto
de las cadenas de suministro globales, como los abusos de derechos laborales y las tácticas
antisindicales que perjudican a los trabajadores en fábricas donde se produce indumentaria y
calzado de marca para consumidores en todo el mundo; el trabajo infantil riesgoso en
plantaciones de tabaco cuya producción es comprada por compañías internacionales de
cigarrillos; abusos graves de los derechos laborales de trabajadores migrantes en el sector de
la construcción; y accidentes fatales de trabajadores de la minería artesanal que extraen oro
destinado al mercado global.
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Se estima que son cerca de 450 millones las personas en todo el mundo que trabajan en
cadenas de suministro globales. Cada vez es más común que, para obtener sus bienes y
servicios, las empresas utilicen complejas cadenas de proveedores que abarcan varios países.
Human Rights Watch ha observado que los gobiernos a menudo incumplen su obligación de
proteger los derechos humanos reglamentando rigurosamente la actividad comercial, tanto en
el ámbito nacional como en el extranjero. También ha concluido que, debido a que muchas
empresas no realizan controles suficientes de debida diligencia en materia de derechos
humanos, los abusos han proliferado. Los delegados en la Conferencia Internacional del
Trabajo, por lo tanto, deberían allanar el camino para la adopción de una nueva convención
vinculante, mediante la cual los gobiernos exijan que las empresas cuenten con garantías de
derechos humanos, o verificaciones de “debida diligencia”, en todas las instancias de sus
cadenas de suministro globales, señaló Human Rights Watch.
Las empresas tienen la responsabilidad de efectuar inspecciones efectivas sobre aspectos de
derechos humanos, las cuales incluyen una evaluación objetiva de los riesgos para los
derechos humanos que presenta una compañía y medidas eficaces para mitigar o evitar esos
riesgos. Las empresas también tienen la responsabilidad de contribuir a que, cuando se
produzcan abusos a pesar de esas medidas preventivas, las personas afectadas puedan
acceder al resarcimiento correspondiente. En los países que exigen en sus leyes y
reglamentaciones las comprobaciones de debida diligencia sobre derechos humanos, este
requisito ha instado a las empresas a adoptar medidas positivas.
“Las normas sobre derechos humanos de cumplimiento voluntario no resultan suficientes
para el sector empresarial”, señaló Kippenberg. “Aunque algunas compañías aplican estas
normas, otras no les dan importancia y se desentienden de la responsabilidad que les
corresponde con respecto a los derechos humanos. La Conferencia Internacional del Trabajo
es una oportunidad única para cambiar este sistema ineficaz de discrecionalidad absoluta”.
Los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, una norma
internacional no vinculante que estipula las responsabilidades de las empresas relativas a
derechos humanos, define algunos elementos claves de la debida diligencia en materia de
derechos humanos. Los Principios Rectores de la ONU disponen que las empresas debieran
asegurar el respeto de los derechos humanos en sus propias actividades, así como también en
sus relaciones comerciales con proveedores.
En muchos aspectos, los principios rectores representan un marco útil para orientar la
actuación de las empresas responsables, y su legitimidad es ampliamente aceptada por
gobiernos, empresas y sindicatos. Sin embargo, la naturaleza voluntaria de la norma implica
que no se penalice su incumplimiento.
Una nueva norma internacional jurídicamente vinculante sobre debida diligencia en materia
de derechos humanos en las cadenas de suministro globales podría contribuir a superar ese
problema, y debería formularse sobre la base de los Principios Rectores de la ONU.
La catástrofe de Rana Plaza ocurrida en abril de 2013 en Bangladesh puso en evidencia las
condiciones laborales precarias y las violaciones de derechos humanos en el sector de
indumentaria. Más de 1100 trabajadores murieron —y más de 2000 resultaron heridos— en
el derrumbe del establecimiento Rana Plaza. Si bien Bangladesh ha implementado algunas
mejoras concretas en cuanto a la seguridad edilicia y contra incendios, a tres años del
incidente, sigue habiendo graves problemas de derechos humanos en las cadenas de
suministro del sector de indumentaria y calzado. Una representante sindical contó a Human
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Rights Watch en 2016 que era golpeada y recibía amenazas de muerte debido a su rol en el
sindicato.
“La tragedia de Rana Plaza de 2013 dejó al descubierto las nefastas consecuencias de la falta
de suficiente regulación y cumplimiento de las leyes laborales”, dijo Kippenberg. “Se hace
evidente la necesidad de una norma vinculante sobre derechos humanos en las cadenas de
suministro de todo el mundo, para asegurar que las empresas cumplan con sus
responsabilidades en este plano”.
Fuente: Informe elaborado por Human Right Watch, publicado el 30 de mayo de 2016 y
disponible en el sitio web: https://www.hrw.org/
7. MUJERES, ARMAS, PAZ Y SEGURIDAD, POR JODY WILLIAMS
“Hoy es más peligroso ser mujer que soldado en las guerras modernas.” Cuando el general
Patrick Cammaert dijo estas palabras en 2008, era el comandante adjunto de las Fuerzas de la
Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC). Por décadas ese
país ha sido visto como el epicentro de los atropellos contra los derechos humanos de las
mujeres durante la guerra. La violación como táctica de guerra ha aumentado drásticamente
en la RDC en los últimos veinte años, llevando a que el país sea conocido como “la capital
mundial de la violación.” Pero los atentados contra los derechos de la mujeres no son
específicos de la RDC, ni tampoco de la guerra, sino que son un problema global al cual el
ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter llamó “el abuso número uno de los derechos
humanos”.
Sean las armas pequeñas o explosivos usados en áreas muy pobladas, en cualquier lugar
donde existe conflicto, las mujeres – y los niños – son especialmente vulnerables. Y aunque
siempre se reconoció la violación como uno de los horrores de la guerra, sólo recientemente
esta ha sido reconocida como crimen de guerra y crimen contra la humanidad. Si bien esa
clasificación es un avance legal inmenso, las víctimas continúan cargando con el peso de la
vergüenza y el ostracismo en sus comunidades, y la impunidad de los perpetradores sigue
siendo la norma.
Incluso si las mujeres consiguen escapar del impacto directo de las armas de guerra,
continúan sufriendo violaciones a sus derechos. Ya sea en campos de refugiados, o en el
camino hacia el refugio, ellas son vulnerables a la violación y otras formas de violencia de
género, así como a volverse víctimas de la trata de personas.
“Incluso si las mujeres consiguen escapar del impacto directo de las armas de guerra,
continúan sufriendo violaciones a sus derechos”
Las mismas fuerzas de paz de la ONU, en lugar de proteger a las personas, son muchas veces
los autores de la violencia contra mujeres y niños. A pesar de las revelaciones crecientes
sobre abusos de las fuerzas de paz, muchas veces la impunidad continúa siendo la norma.
Reconociendo el impacto de la guerra sobre las mujeres, hace 15 años, en octubre de 2000, el
Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1325,5 junto con varias resoluciones
que siguieron su camino, construyendo el marco para una “agenda sobre mujeres, paz y
seguridad” de la ONU. La página web de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la
Libertad (WILPF) “peacewomen” (mujeresdepaz) resume la importancia, al menos retórica,
de la resolución:
La SCR1325 marca la primera vez que el Consejo de Seguridad abordó el impacto único y
desproporcionado del conflicto armado en las mujeres; reconoció las subvaluadas y
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subutilizadas contribuciones que las mujeres hacen en la prevención de conflictos, el
mantenimiento de la paz, la resolución de conflictos y la consolidación de la paz. También
resalta la importancia de la participación plena e igualitaria de las mujeres como agentes
activos de la paz y la seguridad.
A pesar de los desafíos concernientes a las mujeres y la defensa de sus derechos, muchas se
niegan a ser identificadas como víctimas, y eligen verse como sobrevivientes que quieren
ponerse de pie y actuar para defender y promover sus derechos, incluso durante los conflictos
y una vez terminados. Las mujeres también se niegan a continuar siendo ignoradas en los
asuntos de desarme, control de armas y seguridad, y muchas veces juegan un rol de liderazgo
en los esfuerzos globales de desarme y de control de armas de la sociedad civil.
Mujeres y armas
A la vez que es más peligroso ser mujer que soldado en los conflictos actuales, como expresó
Cammaert, no son las mujeres quienes están generalmente involucradas en el diseño,
producción, venta y uso de las armas que las afectan desproporcionadamente. Hasta hace
poco, las voces de las mujeres no eran escuchadas en relación al desarme y al control de
armas. Las mujeres han siempre sido vistas como promotoras de “paz” en el sentido amplio
de la palabra, pero cuando se trata de las “complejidades” de lidiar con armas, son
ampliamente ignoradas. Esto está cambiando, pero es aún un desafío que es reconocido en
los esfuerzos de la sociedad civil sobre desarme y control de armas, tal como ilustran los
ejemplos a continuación.
“Las voces de las mujeres no eran escuchadas en relación al desarme y al control de armas”
En 1981, las mujeres del grupo galés, “Mujeres por la Vida en la Tierra”, establecieron el
Campamento de Paz de Mujeres Greenham Common fuera de la base aérea británica en
Greenham Common para protestar por la instalación de misiles nucleares de EEUU en ese
lugar. Como escribió el periódico The Guardian en 2013, trece años luego de que el
campamento de paz fuera cerrado, “Greenham fue uno de los teatros occidentales más
estimulantes de las protestas políticas de los 80’s.”7 Margaret Thatcher se oponía
abiertamente al campamento de mujeres y lo llamaba una “excentricidad” en sus esfuerzos
por acallar las voces de las mujeres que protestaban contra las armas. Pero como The
Guardian señaló, el legado de las mujeres de Greenham Common continúa inspirando a las
mujeres a participar en iniciativas para acabar con las armas, a pesar de los esfuerzos de
Thatcher por deslegitimarlas.
Las cuatro personas que han coordinado la Campaña Internacional por la Prohibición de
Minas Antipersonales han sido mujeres. Mujeres de esa campaña de la sociedad civil, así
como diplomáticas involucradas en el movimiento de prohibición, jugaron roles importantes
para conseguir el Tratado de la Prohibición de Minas en 1997, que prohíbe el uso, la
producción, el comercio y el almacenamiento de minas antipersonales. La líder de la vibrante
campaña internacional para Abolir las Armas Nucleares es también una mujer. Asimismo,
otro precedente fue establecido en la negociación del Tratado sobre el Comercio de Armas,
adoptado en 2013 por la Asamblea General de la ONU, que por primera vez en la historia de
un tratado internacional de control de armas incluye palabras que refieren al impacto de las
armas sobre las mujeres y exige que los Estados parte tomen en cuenta dicho impacto en sus
decisiones sobre cómo deberían comerciarse las armas.
Más recientemente, la Campaña para Detener a los Robots Asesinos, lanzada a inicios de
2013, es coordinada por una mujer. A pesar del papel que han jugado las mujeres en todos
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los aspectos de la campaña, el sexismo continúa siendo un problema. Cuando, un año
después del lanzamiento de la campaña, se realizó en Ginebra, en la ONU, en mayo de 2014,
el primer encuentro multilateral sobre el desarrollo de sistemas de armas letales autónomas
(LAWS, por sus siglas en inglés), como les gusta llamarlo a los gobiernos, ni una sola mujer
fue invitada a hablar en los paneles de expertos que aportaban información para las
discusiones.
Parece que los gobiernos no pudieron encontrar ninguna mujer “calificada” para las 18
presentaciones de los supuestos expertos a los que el presidente francés de la sesión sobre
robots asesinos invitó a dar sus puntos de vista sobre las implicaciones de estas armas para la
ética, para las reglas de la guerra, y sobre temas técnicos y operativos. En los bastidores, a
muchos hombres de la campaña se les dijo que el motivo por el cual los “expertos” eran
hombres era porque “no había ninguna mujer adecuada para ocupar los espacios.” ¿Qué es
una mujer adecuada?
La campaña para Detener a los Robots Asesinos se negó a quedarse en silencio frente a la
exclusión de las mujeres expertas y presionó a los gobiernos para incluir a las mujeres en
futuros paneles de expertos de este tipo.8 Los esfuerzos dieron sus frutos, puesto que las
mujeres fueron incluidas en los paneles de los debates diplomáticos sobre los robots asesinos
en 2015. Por el contrario, tanto en las sesiones de Ginebra de 2014 como de 2015, todos los
eventos paralelos de la sociedad civil tenían equilibrio de género.
Finalmente, otro ejemplo del liderazgo de las mujeres en la lucha relativa al impacto de la
guerra sobre mujeres y niñas es la Campaña Internacional para Detener las Violaciones y la
Violencia de Género en los Conflictos, lanzada a inicios de 2012 bajo la coordinación de la
Iniciativa de Mujeres Premio Nobel. Cuando las mujeres en los conflictos son continuamente
vistas y retratadas como víctimas, la respuesta consciente y no tan conscientemente evocada
es que ellas – y esto incluye a sus hijos – necesitan protección y se espera que sean “sus”
hombres quienes las protejan.
Mientras las mujeres sean retratadas como débiles y sin poder, ¿cómo podrán ser tomadas
seriamente como individuos capaces de contribuir a la resolución de conflictos,
negociaciones de paz y reconstrucción post conflicto de una sociedad? Mientras el foco esté
puesto sobre las víctimas de la violencia de los conflictos y no en las depravaciones de los
perpetradores, las mujeres serán vistas como blancos fáciles de guerra y reinará la impunidad
para los crímenes contra ellas.
La Campaña para Detener las Violaciones y la Violencia de Género en los conflictos aborda
todos estos temas. Siguiendo el modelo organizativo de la Campaña Internacional para
Prohibir las Minas Antipersonales, reúne organizaciones de mujeres de todo el mundo que
trabajan para detener las violaciones como arma de guerra. Esta campaña también trabaja
con gobiernos que comparten activamente este objetivo.
Mujeres, Paz y Seguridad: Retórica vs. Realidad
La Resolución 1325 de la ONU, como se expresó anteriormente, es vista como una
resolución histórica que reconoce el impacto dispar de las armas sobre las mujeres, al igual
que el escaso reconocimiento de los aportes de las mujeres para la paz y la necesidad de que
las mujeres sean incluidas plenamente en las acciones sobre paz y seguridad. Hace dos meses
atrás, en octubre, el 15º Aniversario de la resolución fue celebrado con mucha fanfarria. Pero
el tema que continúa presente es que necesita desarrollarse un trabajo mucho más serio para
su implementación plena y significativa, para empoderar a las mujeres y para el
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reconocimiento, como norma, del rol de las mujeres en la construcción y mantenimiento de
la paz y en la seguridad.
Las brechas entre retórica y realidad abundan y continúan eclipsando el progreso, así como
continúa presente el desafío para la ONU y para los gobiernos de actuar según las promesas
que escriben en el papel. La propia ONU, que debería predicar con el ejemplo, tiene más
bien un historial deplorable en cuanto a la inclusión de las mujeres en posiciones de
influencia en toda su burocracia y en sus varias agencias.
El propio secretario general de la ONU, no hace mucho tiempo, dio un ejemplo evidente – y
en última instancia vergonzoso – sobre la desconexión fundamental entre las palabras y la
acción. En octubre de 2014 el Secretario General Ban conmemoraba la Resolución 1325 y el
impacto que estaba teniendo sobre la vida de las mujeres, su empoderamiento político e
inclusión en todos los aspectos de la paz y la seguridad. Pero, casi una semana más tarde, el
31 de octubre, cuando anunció oficialmente quienes serían los miembros de un nuevo panel
de expertos sobre operaciones de mantenimiento de paz, 12 de los 14 nominados eran
hombres. Gran muestra de empoderamiento e inclusión.
Las personas quedaron asombradas y pidieron la disolución de tal panel y su reconstitución
basada en la paridad de género. Luego de atrincherarse en su posición frente a las críticas de
sexismo manifiesto, el Sr. Ban finalmente cedió débilmente a la presión: no designó un
nuevo panel, simplemente sumó dos mujeres al grupo dominado por hombres, y también
nombró a una de las mujeres como vicepresidenta del panel. Cuando la propia dirección de la
ONU no implementa la resolución 1325 empoderando e incluyendo a las mujeres, el mensaje
que continúa enviándose al mundo es muy claro.
Mientras los gobiernos y los órganos internacionales sigan resistiéndose al equilibrio de
género, las organizaciones no gubernamentales y los activistas continuarán demandando
cambios. De hecho, como resultado del sexismo manifiesto de la primera ronda de
conversaciones en Ginebra sobre los robots asesinos, los miembros de la Campaña para
Detener a los Robots Asesinos han sido incluso mucho más activos para acabar con la
discriminación de género en la construcción de políticas globales.
Uno de los miembros fundadores de la campaña, una organización británica conocida como
Artículo 36 – refiriéndose al protocolo de la Convención de Ginebra en relación a las nuevas
armas y métodos de guerra – comenzó a compilar una lista de hombres que trabajan en el
ámbito de la paz y la seguridad y que asumieron el compromiso de no hablar en paneles
relativos a la paz, desarme y seguridad que incluyeran sólo a hombres.
A pocos días de comenzar con la lista, casi cuarenta hombres ya habían firmado y la
iniciativa era compartida más allá de los miembros de la Campaña para Detener a los Robots
Asesinos. A su vez, otros miembros de la campaña han comenzado a compilar listas de
mujeres que trabajan en estas áreas para facilitar la capacidad de los gobiernos de encontrar a
las mujeres expertas “adecuadas”.
Otros se niegan a seguir pidiendo gentilmente que las mujeres sean reconocidas como iguales
y están actuando para presionar a los gobiernos y a los organismos internacionales para que
hagan lo que deberían estar haciendo de cualquier forma – proteger y promover los derechos
humanos de las mujeres a través de acciones y no simplemente con palabras. En septiembre
de 2015, una nueva campaña encabezada por el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) fue lanzada: la Campaña por la paridad de
género en la representación internacional (GQUAL). En sus propias palabras:
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La subrepresentación de las mujeres afecta prácticamente a todos los tribunales
internacionales y mecanismos de supervisión o adjudicación que juegan roles importantes en
el desarrollo del derecho internacional, los derechos humanos, las relaciones internacionales,
la cooperación […] Los organismos internacionales toman decisiones importantes para las
sociedades, incluyendo temas de seguridad y paz, fronteras internacionales, protección
ambiental y el ámbito de los derechos humanos […]. La subrepresentación de las mujeres,
que constituyen más de la mitad de la humanidad, y la falta de diversidad disminuyen la
legitimidad de los tribunales de derechos humanos y de los organismos de supervisión y
limita su potencial e impacto. También creemos que una masa crítica de mujeres puede
sumar diferentes perspectivas y experiencias para dar visibilidad y ayudar a abordar temas
que, de lo contrario, pueden estar ausentes o pueden ser desconsiderados. Sobre todo,
GQUAL promueve la paridad en estos espacios como una medida para la igualdad.9
Los gobiernos y organismos de la ONU necesitan reconocer el rol fundamental que tienen las
mujeres en las discusiones sobre desarme, paz y seguridad, y deben reconocer, solicitar y
promover la experiencia de las mujeres como contribución a nuestra propia seguridad en un
mundo inseguro. Ya pasó suficiente tiempo, y la reacción ante el fracaso de la ONU para
implementar sus propias normas retóricas muestra que las mujeres y los hombres no están
dispuestos a esperar mucho más.
Las mujeres no necesitan ser protegidas/mantenidas en seguridad. Las mujeres necesitan ser
empoderadas y escuchadas en relación a su propia noción de qué es lo que las hace estar
seguras y recibir su merecido lugar en todos los aspectos de la creación de una paz sostenible
con justicia e igualdad.
Conclusión
Mientras las palabras de Cammaert en relación a que es más peligroso ser mujer que soldado
en las guerras modernas siguen siendo válidas, las mujeres – y los hombres que realmente
comparten sus objetivos – cada vez más se niegan a sentarse y esperar, en lugar de ser
incluidas en todos los aspectos de la construcción de una paz sostenible, de la seguridad
internacional, y las deliberaciones sobre desarme y control de armas.
Sentarse y esperar un cambio no es una estrategia efectiva para que el cambio sea realidad.
En la medida en que los gobiernos y los organismos internacionales sigan resistiéndose al
pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, las organizaciones no
gubernamentales y los activistas multiplicarán las iniciativas para garantizar que el cambio
ocurra en años, no en décadas.
“Nada sobre nosotras sin nosotras” suena tan válido para conseguir el pleno reconocimiento
de los derechos humanos de las mujeres como lo hizo el “nada sobre nosotros sin nosotros”
durante los esfuerzos globales para conseguir un acuerdo internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidades. Las mujeres constituyen más de la mitad del mundo. Ya es
más que tiempo de que las “mujeres” y los “temas de mujeres” dejen de ser tratados como un
elemento más de discusiones más amplias – entabladas por hombres – sobre paz y seguridad
global sostenibles.
Fuente: Jody Williams recibió el Premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo para
prohibir las minas antipersonales a través de la Campaña Internacional para la Prohibición de
las Minas Antipersonales. Ella es cofundadora y directora de la Iniciativa de las Mujeres
Premio Nobel, que promueve la visibilidad y el empoderamiento de los grupos de mujeres
que trabajan a nivel global por la paz, la justicia y la igualdad. Este ensayo fue publicado en
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la revista internacional de Derechos Humanos Sur Nº 22 y se encuentra disponible en el sitio
web: http://sur.conectas.org/
8. 5 EJEMPLOS DE LO QUE ES LA ESCLAVITUD MODERNA
Pueden estar sirviendo en barcos de pesca debido a una deuda, sometidas a matrimonios
forzados, detenidos contra su voluntad como empleados domésticos o atrapadas en burdeles
bajo amenazas de violencia.
Estas son algunas de las formas de la llamada esclavitud moderna. Más de 45 millones de
personas viven hoy en día en esta condición.
Aunque casi todos los países la han declarado ilegal, continúa existiendo y en Asia se
encuentra casi el 35% de las víctimas.
El Índice Global de Esclavitud 2016, que publica anualmente la organización de ayuda Walk
Free Foundation en Australia, define la esclavitud como una "situación de explotación a la
que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o
engaño".
Estos son cinco ejemplos de esclavitud moderna.
La industria de pescados y mariscos
Grupos de derechos humanos afirman que miles de personas son forzadas a trabajar en
barcos de pesca, donde pueden permanecer durante años sin ni siquiera poder ver la costa.
Las víctimas aseguran que si te atrapan tratando de escapar pueden matarte o lanzarte por la
borda.
Tailandia, que es el tercer exportador de mariscos del mundo, ha sido acusado de formar las
tripulaciones de sus barcos con birmanos y camboyanos que fueron forzados a trabajar como
esclavos.
Las autoridades están tratando de aplicar medidas enérgicas contra los traficantes de
personas.
Muchas víctimas aseguran que fueron engañadas por intermediarios que les prometieron
empleos en una fábrica y después los llevaron a barcos de pesca donde se les forzó a trabajar.
Un birmano que escapó de sus traficantes indicó que lo forzaron a abordar un pequeño barco
en mar abierto donde tenía que pescar durante 20 horas al día sin recibir un pago.
"La gente decía que a cualquiera que trataba de escapar le rompían las piernas, le rompían las
manos o incluso lo mataban", le dijo a la BBC.
Fábricas de marihuana y salones de uñas
Las cifras sugieren que podría haber entre 10.000 y 13.000 víctimas de esclavitud en Reino
Unido llegadas de varios países, incluidos Albania, Nigeria, Vietnam y Rumania.
Se cree que unos 3.000 niños de Vietnam están trabajando en fábricas de marihuana y
salones de uñas.
A muchas víctimas se les dice que se lastimará a sus familias si se escapan.
Una víctima, Lam, tenía 16 años cuando llegó a Reino Unido esperando ganar dinero para
enviar a su familia.
En lugar de eso se le forzó a trabajar en una "fábrica" de marihuana, una casa donde se
cultivan enormes cantidades de la planta.
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"Recuerdo que le pregunté al hombre que me llevó allí si podía irme porque no me gustaba,
pero me amenazó con golpearme o matarme de hambre", dice Lam.
El joven fue arrestado cuando la policía allanó la casa, y acusado de delitos vinculados a
drogas. Pero eventualmente recibió ayuda del centro de asesoría de tráfico infantil de la
organización de protección a la infancia NSPCC.
Esclavitud sexual
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hay unas 4,5 millones de
víctimas de explotación sexual forzada.
La mujer salió de Indonesia, donde se le prometió trabajar en la industria hotelera en ese
país, pero los intermediaros que la recibieron en el aeropuerto la entregaron a traficantes
armados que la forzaron a llevar a cabo trabajos sexuales.
"Me dijeron que yo les debía US$30.000 y que pagaría la deuda con US$100 cada vez que
sirviera a un hombre", explica.
Eventualmente logró escapar y con ayuda del FBI localizó un burdel donde había otras
víctimas de tráfico.
Mendicidad forzada
El informe destaca que muchos niños en Europa, Asia, África, América Latina y Medio
Oriente son forzados por criminales a pedir limosna en las calles.
Cómo conseguí escapar de una red de traficantes sexuales en Estados Unidos
Una víctima le dijo a los investigadores: "Aunque pido limosna no me pagan nada. Tengo
que entregarles todo lo que gano. Me privan de alimento y no puedo dormir bien. No me
pagan un salario, esto sólo es servidumbre".
Otra víctima afirma: "No puedo decirles nada porque tengo un miedo constante. Mi
empleador me amenazó con no decir nada a nadie o de otra forma me castigaría de forma
severa".
El caso de las Américas
El análisis de la Walk Free Fundation estima que 2,16 millones de personas en los países de
América se encuentran en una condición de esclavitud moderna.
Haití y República Dominicana son las naciones que comparten el porcentaje más alto de su
población (1%) víctima de trabajo forzado, unos 100.000 casos en cada país.
Ese porcentaje pone a esos países vecinos del Caribe en el octavo lugar de las 167 naciones
estudiadas en el Índice Global de Esclavitud.
En el caso de Dominicana, el 25% de los cinco millones de turistas que visitan la isla
participan en el comercio sexual, donde una de cada cuatro víctimas son menores de edad,
según el análisis.
Además, el 65% de quienes viven explotación laboral en el país —entre dominicanos y
haitianos— son víctimas en plantaciones de azúcar de caña, tomates, arroz y en la industria
de la construcción.
Guatemala ocupa el lugar 12 del mundo en porcentaje de víctimas de explotación moderna,
con un estimado de 138.100 personas.
El lugar 18 lo comparten tres países de Sudamérica: Colombia tiene unos 308.200 casos;
Perú, cerca de 200.000, y Venezuela alcanza 198.800.
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De todo el continente, México tiene el más alto número de personas que sufren esclavitud
(376.800), pero el porcentaje respecto a su población es de 0,29%.
El Índice Global de Esclavitud detectó focos rojos en México en la explotación sexual, así
como en los trabajos forzados en la construcción, la manufactura, en las granjas y en las
ventas minoristas.
Detrás de las puertas cerradas
Gran parte de la esclavitud moderna no es visible para el público. Se lleva a cabo en hogares
y en granjas privadas.
La semana pasada, tres individuos de la misma familia en Reino Unido fueron encarcelados
por forzar a un hombre a realizar trabajo forzado por casi nada de dinero.
Michael Hughes, de 46 años, fue forzado a trabajar para la familia durante más de 20 años
llevando a cabo trabajos de construcción.
Hughes dijo que tenía que vivir en un cobertizo de 1,2 metros en el jardín, sin calefacción ni
agua corriente durante dos años.
Y el mes pasado, un británico fue encarcelado por dos años en el primer caso en este país de
un hombre que mantiene a su esposa bajo servidumbre doméstica.
La esposa fue torturada, forzada a hacer todo tipo de labores y no tenía permitido salir de la
casa, indicaron los fiscales.
Fuente: Nota de prensa publicado por el portal informativo BBC Mundo el 02 de junio de
2016 y disponible en el sitio web: http://www.bbc.com/
9. EN LA LUCHA AMBIENTAL SE DEFIENDEN LOS DDHH EN AMÉRICA LATINA
El asesinato de 185 personas defendiendo el ambiente en 16 países en 2015 convirtieron a
ese año en el peor de la historia por el número de ambientalistas que perdieron la vida en el
mundo, concluye el último informe de Global Witness.
Los asesinatos del año pasado, registrados en el informe “En terreno peligroso”, representan
59 por ciento más que los de 2014.
“El ambiente se convierte en el nuevo escenario donde se defienden los derechos humanos”,
dijo a IPS el responsable de campaña para defensores de la tierra y el ambiente de Global
Witness, Billy Kyte.
“A muchos activistas los tratan como si fueran enemigos del Estado, cuando deberían
tratarlos como a héroes”, opinó.
El aumento de ataques obedece, en parte, al incremento de la demanda de recursos naturales,
la que aviva los conflictos entre pobladores de zonas ricas y alejadas e industrias como la
minería y la de madera, así como la agroindustria.
Una de las regiones más peligrosas para los ambientalistas es América Latina, donde
ocurrieron 60 por ciento de los asesinatos en 2015. En Brasil, concretamente, perdieron la
vida 50 defensores del ambiente, el mayor número de víctimas registradas ese año en el
mundo.
La mayoría de los asesinatos en el gigante sudamericano ocurrieron en los estados de la
Amazonia, de gran diversidad biológica y donde la intrusión de las haciendas, las
plantaciones agrícolas y la tala ilegal propiciaron el aumento de la violencia.
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El informe señala que bandas criminales “aterrorizan” a las comunidades locales a instancias
de las “compañías madereras y de los funcionarios corruptos”.
El último asesinato fue el de Antônio Isídio Pereira da Silva. El líder de una pequeña
comunidad agrícola del estado amazónico de Maranhão había sufrido varios intentos de
asesinato y recibido amenazas de muerte por defender su tierra de la tala ilegal y de otros
acaparadores de tierras. A pesar de las denuncias, nunca recibió protección y la policía no
investigó su muerte.
Las comunidades indígenas, que dependen de la selva para vivir, soportan la mayor parte de
la violencia. Casi 40 por ciento de los ambientalistas asesinados pertenecían a algún pueblo
original.
Eusebio Ka’apor, integrante del pueblo Ka’apor en Maranhão, fue aseinado de un disparo
por dos hombres armados y encapuchados que se desplazaban en una motocicleta. Las
razones de su muerte: patrullar e impedir la tala ilegal en sus tierras ancestrales.
Otro líder de ese pueblo dijo a la organización de derechos humanos indígenas Survival
International, que los madereros les habían dicho que era mejor entregar la madera que dejar
que “muriera más gente”.
“No sabemos qué hacer porque no tenemos protección. El Estado no hace nada”, se lamentó
el líder Ka’apor.
Miles de campamentos para la tala ilegal se montaron en la Amazonia para extraer madera
valiosa como caoba, ébano y teca. Se estima que 80 por ciento de la madera de Brasil es
ilegal y representa 25 por ciento de la que circula de forma ilegal en los mercados del
mundo, la mayoría de la cual se vende en Estados Unidos, Gran Bretaña y China.
“Los asesinatos que quedan impunes en las aldeas mineras de difícil acceso o en la selva
profunda aumentan al influjo de las opciones que eligen los consumidores en la otra punta
del mundo”, puntualizó Kyte.
También denunció una “creciente connivencia” entre los intereses corporativos y estatales y
un alto nivel de corrupción como responsables de los ataques contra los defensores del
ambiente.
Un reflejo de ello es el actual caso de corrupción que involucra al megaproyecto de la
hidroeléctrica en la localidad brasileña de Belo Monte, que siguió adelante a pesar de los
reparos por sus consecuencias sobre el ambiente y las comunidades locales que, además, se
usó para generar 40 millones de dólares para los partidos políticos.
Aun frente a la posibilidad de un escándalo público, apuntó Kyte, la legislación ambiental
siguió debilitándose en Brasil.
El nuevo gobierno interino, encabezado por el ex vicepresidente Michel Temer, propuso una
enmienda que reduciría el proceso de otorgamiento de licencias ambientales para
infraestructura y el desarrollo de megaproyectos con el fin de recuperar la atribulada
economía brasileña.
En la actualidad, Brasil tiene un proceso que consta de tres etapas y en cada una de ellas se
puede interrumpir un proyecto por motivos ambientales.
Conocida como PEC 65, la enmienda propone que las compañías solo envíen una
declaración de impacto ambiental preliminar. Una vez cumplida esa etapa, los proyectos no
podrán ser demorados ni cancelados por motivos ambientales.
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El debilitamiento de importantes instituciones de derechos humanos también supone una
amenaza para el ambiente y sus defensores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa un grave déficit
financiero que podría derivar en la pérdida de 40 por ciento de su personal para fines de
julio, con serias consecuencias para la continuación de su labor.
De hecho, ya suspendió las visitas a los países y podría verse obligada a interrumpir sus
investigaciones.
Muchos países de América Latina dejaron de contribuir a la CIDH por discrepancias con sus
investigaciones y sus conclusiones.
En 2011, la comisión solicitó a Brasil “la inmediata suspensión de la licencia” al proyecto de
Belo Monte a fin de consultar y proteger a grupos indígenas.
La respuesta del gobierno brasileño fue romper sus vínculos con la CIDH retirando su aporte
económico y llamando a su embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), en
el marco de la cual funciona la comisión.
“Cuando la CIDH anuncia que tiene que recortar 40 por ciento de su personal y cuando los
estados ya se retiraron de la Corte Interamericana, ¿realmente tenemos una comunidad
internacional?”, preguntó en mayo el alto comisionado de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el Consejo de
Derechos Humanos.
“¿Existe cuando se tira de los hilos que la forman y el tejido, nuestro mundo, se deshace? ¿O
solo son comunidades fragmentadas con intereses encontrados, estratégicos y comerciales,
operando tras bambalinas con fingida adhesión a las leyes y las instituciones?”, insistió.
Zeid Ra’ad Al Hussein pidió a los estados que defiendan y apoyen económicamente a la
CIDH, “una socia estratégica y una inspiración para todo el sistema de la ONU”.
Global Witness urgió al gobierno de Brasil y a los de América Latina a proteger a los
ambientalistas, a investigar los crímenes que se cometen en su contra, a exponer los intereses
corporativos y políticos detrás de su persecución y a reconocer formalmente los derechos de
los indígenas.
Kyte subrayó, en particular, la necesidad de investigaciones internacionales que expongan
los asesinatos de ambientalistas y señalen a los responsables, y destacó el caso de Berta
Cáceres, la indígena ambientalista de Honduras, cuyo homicidio concentró la atención
internacional y generó indignación en todo el mundo.
En marzo, Cáceres, quien se oponía a la hidroeléctrica Agua Zarca, fue asesinada en su casa
por dos hombres del ejército hondureño.
Una persona denunció que la ambientalista figuraba en una lista negra entregada a unidades
del ejército de Honduras y entrenadas por Estados Unidos.
Fuente: Nota de prensa publicado por el portal informativo IPS Noticias el 22 de junio de
20016 y disponible en el sitio web: http://www.ipsnoticias.net/
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Edición a cargo de Rodrigo Fernández Ortiz

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