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La interpelación plebeya
Apuntes para una historia reciente de la democracia en Bolivia
Raúl Prada Alcoreza
La historia reciente de la democracia tiene que ver con la resistencia a las dictaduras militares que
prácticamente se extendieron desde 1964 hasta 1982, desde el golpe del general René Barrientos
Ortuño hasta el inicio del periodo democrático. Aunque tenemos que comprender el lapso, si se
puede llamar democrático, después de las elecciones de 1966, cuando gana estas justas el mismo
general Barrientos, hasta 1968, coyuntura cuando se produce nuevamente un golpe de Estado,
empero esta vez, a diferencia del golpe militar de 1964, con características nacionalistas y
convocatoria popular, retomando la línea de nacionalizaciones abierto por la nacionalización del
petróleo de 1937, continuado con la nacionalización de las minas de 1952. El gobierno del general
Alfredo Ovando Candía nacionaliza la empresa Gulf Oil en 1969 y el gobierno del general Juan José
Torres nacionaliza la mina Matilde. Después viene el golpe del general Hugo Banzer Suarez en
1971, que tiene las mismas características del golpe militar de 1964. Golpe contrapuesto a la
revolución de 1952 y al complicado proceso nacional-popular que se desata durante doce años;
también el golpe de 1971 es perpetrado en contra del curso de nacionalizaciones nuevamente
abierto y contra la Asamblea Popular que buscaba la radicalización del interregno nacional-popular
expedito, en la perspectiva de la revolución socialista. De 1964 a 1966 pasan dos años del
gobierno de facto, cuando se dan las elecciones y el general golpista René Barrientos Ortuño gana
dichas elecciones, asumiendo la presidencia constitucionalmente. A la muerte de este general, el
27 de abril de 1969, asume la presidencia su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, empero dura
poco, hasta 26 de septiembre de 1969, pues sufre el golpe del que hablamos, del general Alfredo
Ovando Candía. Después del golpe de 1971 el general Hugo Banzer Suarez gobierna por siete años,
hasta 1978, cuando se produce la transferencia de mando a otro general, el mismísimo general
Juan Pereda Asbún, que fue el caballo del corregidor, del mismo general Banzer, quien gana
fraudulentamente las elecciones convocadas, declaradas ilegitimas por el mismo dictador, que se
compromete a convocar nuevamente a elecciones.
Esta crisis tienen que ver con las resistencias a la dictadura militar, que comprometen a
universidades y sindicatos mineros; esta acumulación tiene su desemboque en la huelga de las
mujeres mineras, que va a ser apoyada multitudinariamente. Después de estos acontecimientos
los días de la dictadura militar están contados. Hay tres elecciones consecutivas que no logran su
realización constitucional, primero por el fraude electoral perpetrado, después por las resistencias
de la misma institución militar. Sin embargo, la crisis abre un interregno democrático con el
nombramiento por parte del Congreso como presidente a Walter Guevara Arze, que dura poco,
pues afronta el cruento llamado narco-golpe del general García Meza.
En las primeras elecciones convocadas durante 1978, Walter Guevara Arze fungía como candidato
a la vicepresidencia en la fórmula de la alianza MNR, que propuso como candidato a la presidencia
a Víctor Paz Estenssoro. Esta alianza política salió segunda. Sin embargo, esas elecciones quedaron
anuladas debido al flagrante fraude evidenciado. Las segundas elecciones se efectuaron un año
después; en este caso Walter Guevara no fue candidato a los altos cargos de gobierno, estuvo en
las listas como candidato a senador y fue elegido en representación de departamento de
Cochabamba. Después fue elegido Presidente del Senado en la asamblea de senadores. Tomando
en cuenta que ningún candidato presidencial en las elecciones de 1979 había logrado el exigido
50% de los votos, es decir, la mayoría absoluta, recayó en manos del Congreso la elección del
presidente de la república. En principio no hubo acuerdo; de todas maneras se buscó una
alternativa al impasse político, la solución encontrada fue encargar a la Presidencia del Senado,
que recayó en Wálter Guevara, la presidencia interina de Bolivia en agosto de 1979, con el
mandato de convocar a nuevas elecciones en 1980. La presidencia de Walter Guevara fue exigua y
problemática. Tuvo que enfrentar una creciente crisis económica y fiscal; en esas circunstancias el
presidente interino declaró que sería conveniente prorrogar su mandato por un año más, la
justificación para hacerlo era tomar las medidas adecuadas para enfrentar la crisis. Este intento
de prórroga fue aprovechado por algunos oficiales militares para dar un golpe de cabeza.
El general de Alberto Natusch Busch derrocó al presidente Walter Guevara por medio de un
cruento golpe de Estado el 1 de noviembre de 1979, golpe que tuvo que enfrentar la resistencia
popular en las calles. El general Natusch Busch se hizo presidente de facto, dejando un baño de
sangre. Fue declarada una huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana (COB). La
huelga general y movilización popular lo terminaron de derrocar; el general Natusch Busch ocupó
el Palacio Quemado por tan sólo dieciséis días, no pudo permanecer ante la avalancha popular
que lo rechazó; se vio obligado a renunciar. La condición que interpuso el general fue que Walter
Guevara no podría reincorporarse como presidente de la república. Esta condición fue aceptada
por el Congreso y fue nombrada presidente provisional de la república la Sra. Lidia Gueiler Tejada,
que ejercía hasta entonces como presidente de la Cámara de Diputados.
A Lidia Gueiler también se le encomendó la tarea de llevar a cabo nuevas elecciones, las terceras
de este periodo dramático, elecciones que se celebraron el 29 de junio de 1980. En estas
elecciones tampoco hubo mayoría absoluta, situación que obligaba al Congreso a elegir al
presidente de la república. Sin embargo, los parlamentarios elegidos, diputados y senadores, no
pudieron ocupar sus escaños, la presidenta interina fue derrocada por un sangriento golpe de
militar, perpetrado por el general Luis García Meza Tejada.
Un grupo de oficiales del ejército presionó a la presidenta Lidia Gueiler Tejada a nombrar al
general Luis García Meza Tejada comandante de las Fuerzas Armadas. Esta fue la base de la
conspiración militar; se preparó desde ese momento el llamado narco-golpe del 17 de julio de
1980. La resistencia minera, proletaria, de los trabajadores y del pueblo no se hizo esperar, como
en otras ocasiones. Sobre todo en las minas se resistió en forma de lucha armada; el ejército fue
rechazado varias veces, hasta que decidió una descomunal acción bélica, como en tiempos de
guerra, destruyendo campamentos y asesinado a los rendidos. La mayoría de los detenidos por
esta dictadura fueron torturados. Se contó en este golpe con la colaboración del ejército
argentino, concretamente de la unidad Batallón de Ingenieros 601, famosos verdugos de la guerra
sucia que dejó 30.000 muertos y desaparecidos en la Argentina. La CIA también estuvo involucrada
en este golpe anti-comunista. Otros aliados, como el ex-nazi Klaus Barbie, también se implicaron
en este golpe y consecuente dictadura militar, conocida como el gobierno de la cocaína.
En enero de 1981, el Consejo de Asuntos Hemisféricos caracterizó a la dictadura del general Luis
García Meza como el gobierno violador más aberrante de América Latina de los derechos
humanos, después de Guatemala y El Salvador. Se estima que alrededor de un millar de personas
fueron asesinadas por el narco-golpe. La represión tenía una tarea prioritaria, el asesinato de
Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder socialista y candidato a la presidencia por el Partido Socialista
Uno (PS1), que obtuvo notablemente una significativa votación ascendente en las últimas
elecciones. El pecado para los militares de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue llevar adelante el juicio
de responsabilidades del general Hugo Bánzer Suarez, cuando ejerció como parlamentario elegido,
después de las terceras elecciones de 1980. Ya antes, después de 1966, cuando era diputado,
había llevado adelante el juicio de responsabilidades al general Barrientos Ortuño. Entonces tenía
dos pecados para los militares, acostumbrados a gobernar de facto. Los militares se la tenían
jurada.
Después del desmoronamiento del gobierno militar del general Luis García Meza, el presidente de
facto que entrega el bando al presidente constitucional elegido es el general Guido Vildoso, quien
encabezó el gobierno de transición a la democracia. En todo este transcurso hay que anotar
algunos hechos anecdóticos, que ya observamos; el general Banzer pone, como quien dice, al
caballo del corregidor, al general Juan Pereda Asbún, como candidato, quién sólo podía ganar con
un escándalo fraude, procedimiento delictivo que acontece. Sin embargo, ante la evidencia de
este fraude las organizaciones sociales salen a las calles y reclaman elecciones limpias. Las
concentraciones masivas arrinconan a las fuerzas armadas y estas tienen que retroceder. La crisis
dura hasta 1982 cuando la Unión Democrática y Popular, después de ganar consecutivamente tres
elecciones, termina asumiendo constitucionalmente el gobierno, con un Congreso
mayoritariamente de derecha. Sin embargo, también en este caso, como dijimos, hay un
interregno democrático; después de las segundas elecciones que no arrojan una mayoría absoluta,
es el Congreso el que elige como presidente a Walter Guevara Arce, quien dura poco en el
mandato, pues lo interrumpe el cruento narco-golpe del general García Meza.
Como se puede ver, antes de 1982 tenemos diez y ocho años críticos, impregnados por el decurso
de los golpes militares. En este sentido, recién podemos hablar claramente de una temporalidad
democrática desde entonces, una temporalidad que abarca hasta el momento tres décadas. Esta
temporalidad democrática puede ser dividida en tres periodos. El primero que comprende el lapso
de 1982-1984, periodo signado por el gobierno de la UDP, que puede ser caracterizado por la reemergencia de lo nacional-popular, retomando el hilo histórico de la irrupción de los actores y
protagonistas de los sujetos populares conformados en la historia política boliviana. El
proletariado, los campesinos y las clases populares urbanas; los primeros organizados en la COB, lo
segundos en la CSUTCB, y los terceros aglutinados en el frente democrático y popular. El segundo
periodo que abarca el lapso de 1985-2005; periodo signado por la implementación del proyecto
neoliberal. El tercer periodo comprende el lapso de 2006-2012; periodo que arranca del ciclo
semi-insurreccional del 2000-2005, instaura en el gobierno a un presidente indígena, retoma la
tradición política de las nacionalizaciones, aunque lo haya hecho de otro modo, apertura el
proceso constituyente, promulga la Constitución del Estado plurinacional, comunitario y
autonómico, extendiéndose en dos gestiones de gobierno, la de 2006-2009, signada por el
mandato de la Agenda de Octubre, y la de 2009-2012, que no puede cumplir con la Constitución.
En adelante vamos hacer el análisis de estas etapas democrática, de su curvatura histórica, trazada
por los periodos mencionados. Vamos a tratar de comprender la diferencia entre el primer
periodo y el tercero, entre periodo nacional-popular y el periodo indígena-popular, mediados por
el demoledor periodo neoliberal. Aprovechando también la oportunidad de analizar los estilos
democráticos, el ejercicio de la democracia, en los tres periodos. Así mismo consideramos que es
indispensable analizar el carácter de las contradicciones en los tres periodos.
La UDP y lo nacional-popular
No se puede explicar la aparición de la Unión Democrática y Popular sin la tradición nacionalpopular en Bolivia. Esta tradición afinca sus raíces en la guerra del Chaco (1932-1935). En las
tierras del Chaco Boreal se encuentran combatiendo mestizos e indígenas, de tierras altas y de
tierras bajas, del Altiplano, de los Valles, de la Amazonia y el Chaco. Quizás allí, ante la muerte, se
considera que el enemigo no se encontraba al frente, no eran exactamente los paraguayos, de
habla guaraní, a quienes los bolivianos llamaban pilas, pues caminaban pata pilas, sin botas.
Quizás en las largas noches en las trincheras se meditaba sobre el sentido de la guerra, en medio
de recuerdos y nostalgias, se ventilaba la posibilidad de que el verdadero enemigo, se encontraba
atrás, manejando los hilos del gobierno y del Estado; estos eran los “Barones del Estaño”, los
latifundistas y la empresa del petróleo Standard Oil. Cuando regresaron los combatientes,
después de culminadas las hostilidades y firmada la paz, retornaron con esa incertidumbre. La
misma que no tardó en hacerse carne en la nacionalización de la Standard Oil (1937), en los
sindicatos, en los grandes partidos que se formaron, de izquierda, obrero, y nacionalista.
La convicción por la nacionalización se hace carne en los sectores populares, se tiene como la
consciencia de que nos encontramos expropiados en el seno de nuestro propio territorio, de que
el recurso por los que se fue a pelear a la guerra, el petróleo, no está en manos de los bolivianos,
sino en manos de otros, de extranjeros, la empresa trasnacional del petróleo. Lo mismo ocurre con
los minerales, la riqueza mineralógica está en manos de grandes propietarios minero, quienes
acumulan y externalizan el capital logrado. Esta convicción empujó a la mayoría de los bolivianos a
un proyecto que articulaba la nacionalización con la conquista de derechos sociales y de los
trabajadores, consignas ambas democráticas. La nacionalización de la Standard Oil, en el gobierno
del general David Toro, las medidas tributarias intentadas en el gobierno de Germán Busch, que
intentó subir la tributación de las empresas mineras, las medidas sociales y políticas en el gobierno
de Gualberto Villarroel, que convocó al primer Congreso Indígena, eran como un anuncio de lo
que se proyectaba como posibilidad histórica. Paralelamente, los sindicatos de trabajadores,
principalmente mineros, proponían una transición permanente hacia el socialismo. La
nacionalización también era cara para los trabajadores, empero la asumían como parte de las
tareas encaminadas hacia la revolución socialista, desde una perspectiva de transición y revolución
permanente. Se formó un campo político de confrontación; en el centro, los gobiernos
oligárquicos, el llamado super-Estado minero, los aparatos jurídicos de la oligarquía minera y los
latifundistas; a la izquierda, los sindicatos mineros, de los trabajadores, los partidos de izquierda;
hacia el centro los sectores populares urbanos, los artesanos y gremialistas; a la derecha los
partidos de la derecha, sus instituciones y organizaciones; desde ahí hacia el centro, las formas de
organización de las llamadas clases medias altas; y ya casi en el centro, las formas de organización
de las clases altas.
La articulación nacional-popular vinculó la nacionalización con la lucha de los trabajadores y la
reforma agraria. Esto se expresó en los programas del PIR y del POR, también en la Tesis de
Pulacayo. El partido nacionalista, el MNR también incursionó en los sindicatos y en los sectores
medios; se oponía al super-Estado minero y a los gobiernos oligárquicos, sus diputados salieron en
defensa de los trabajadores mineros y denunciaron las masacres mineras. Los tres partidos
crecieron y tuvieron influencia política e ideológica en la sociedad; el POR una influencia ideológica
en el proletariado minero; el PIR en los trabajadores y ciertos sectores medios, sobre todo
académicos; el MNR en el conjunto de las clases populares, con fuerte participación en los
sectores medios populares urbanos. El MNR ganó las elecciones de 1951, empero la oligarquía se
negó a entregarle el poder; conspiró un golpe de Estado para evitar la entrega del gobierno al
MNR. En respuesta el partido nacionalista desde la clandestinidad preparó otro golpe para
restaurar la legalidad. El golpe del MNR se perpetró en 1952, ante el evidente fracaso del mismo,
convocó desesperadamente a los sindicatos, quienes convirtieron el golpe en una insurrección.
Se puede hablar de la configuración nacional-popular conformada en esta revolución nacional, que
destrozó el ejército, consolidó las milicias obreras y campesinas, se constituyó la COB, como matriz
orgánica del proletariado boliviano, se cogobernó durante un año, y se efectuaron las medidas
trascendentales que cambiaron al país, a la sociedad y al Estado; la nacionalización de las minas, la
reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. Estos acontecimientos quedaron
grabados en la memoria popular; fueron actos constitutivos políticos, institucionales y subjetivos.
Lo que haya pasado después con la revolución, su deterioro, su retroceso, su corrupción y su
entreguismo, es otra cosa. Esto ha sido y tiene que seguir siendo analizado; lo que importa ahora,
desde la perspectiva subjetiva, es la memoria constituida, el referente primordial popular para las
posteriores generaciones.
Cuando emerge el frente popular de la UDP lo hace de este referente nacional-popular.
Trabajadores y campesinos recuerdan a su modo el nacimiento nacional-popular, se sienten
convocados contra la dictadura, pero sobre todo se sienten convocados por sus padres milicianos
y sus abuelos combatientes de la guerra del Chaco. Fueron gigantescas las concentraciones de la
UDP, impresionantes conglomeraciones multitudinarias, después de años de denegación y
represión militar. Una masa inmensa colmaba las avenidas en sus marchas, llenaba las plazas en
sus concentraciones. Esto acontecía incluso en el área rural; Coripata fue escenario de una
gigantesca concentración de comunidades campesinas, sindicatos y comandos. Los vecinos del
pueblo, que apoyaron a la dictadura y a la candidatura del general Perada Asbún quedaron
apabullados. Para lo popular era el retorno de la revolución de 1952, empero no ocurría lo mismo
en la cabeza de la dirección de la UDP.
La dirección política de la UDP se inclinó por un programa pragmático y oportunista, descartó toda
nacionalización, mucho más, descartó reivindicaciones radicales de los trabajadores. La UDP, en
los hechos, frenó la avalancha popular y optó por una administración tibia, que derivó en la
calamidad administrativa y política de sus dos últimos años. Hay síntomas alarmantes de este
comportamiento, la ausencia de un programa de nacionalizaciones; el comportamiento
complaciente ante la derecha del Congreso; un manejo improvisado de la economía. Ya antes se
dieron síntomas de este retroceso, cuando los campesinos yungueños de Coripata resistieron al
fraude electoral de la dictadura militar, cuando la mujeres coripateñas arrebataron las almas al
contingente militar de Coroico que fue a intervenir el Comando del pueblo, en busca de los
dirigentes, el gobierno y la prensa acusaron a los campesinos de desatar una guerrilla, la UDP se
desentendió de la defensa de los campesinos de Coripata, también la COB. Juan Lechín Oquendo
en declaraciones aclaraba que la estrategia de los trabajadores no era la guerrilla. Los campesinos
quedaron solos y desamparados. La intervención militar no se hizo esperar; los ranger tomaron el
pueblo, violaron derechos, violentaron las casas, en busca de armas. Sólo se encontraron con
mujeres, ancianos y niños; los hombres adultos y jóvenes huyeron al monte.
La democracia no es una formalidad como creen los cientistas políticos y los juristas, presupuesto
cómodo para las expresiones políticas de derechas y las clases dominantes. La democracia es un
acontecimiento político, forma parte de las conquistas populares y sus luchas reivindicativas y
políticas. La democracia no se reduce al ejercicio electoral y al respeto institucional, como cree
tanto la burocracia estatal como los políticos profesionales. La democracia es la praxis
desbordante de las masas, de las organizaciones sociales, de los trabajadores y los sectores
populares efectuando la materialidad de las transformaciones, poniendo en práctica el postulado
de la igualdad y la representación directa del pueblo. En Bolivia, como en parte de las periferias
del sistema-mundo capitalista, las nacionalizaciones están íntimamente ligadas a la democracia
efectiva, la recuperación de la soberanía a la realización de la igualdad. La UDP rechazó esta
herencia y este mandato histórico y se entrampó en una serie de contradicciones que lo
empujaron al abismo. Sitiado por dos frentes, el frente obrero, en las calles, y el frente de derecha,
en el Congreso, cayó estrepitosamente. El presidente tuvo que renunciar con un año de
anticipación a la culminación de su mandato.
Neoliberalismo: despojamiento y desposesión
El derrumbe de la UDP es un duro golpe al proyecto nacional-popular, proyecto que se enclava en
la historia insurreccional de Bolivia. También va ser un duro golpe al movimiento obrero. El
presidente ungido por el Congreso como ganador de las elecciones es Paz Estensoro; en su tercer
mandato borró con el codo lo que escribió con la mano durante los primeros años de la revolución
nacional de 1952. Inicia su mandato con el conocido decreto 21060 que emprende el camino de
los ajustes estructurales de la implementación del proyecto neoliberal. Como consecuencia se
cierran las minas de COMIBOL, se relocalizan a los trabajadores y se entregan minas y reservas
mineras a la empresa privada, a las empresas trasnacionales y a los cooperativistas. Una marcha
por la vida de los trabajadores mineros intenta detener este decurso de desmantelamiento de las
empresas estatales de la política neoliberal; sin embargo son detenidos en Calamarca por un
aparato militar y policial que parecía dispuesto a la masacre. La dirigencia minera decide
retroceder, convence a los mineros volver a los centros, para evitar el enfrentamiento. Desde ese
momento, los dados están echados, con la derrota proletaria el gobierno neoliberal tenía la
cancha libre para implementar sus medidas.
Aunque cinco gobiernos se turnaron el periodo neoliberal, todos cumplieron con las directrices del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, entidades internacionales que encaminaron
y promovieron el proyecto neoliberal en América Latina, continente de experimentación de este
proyecto. Sin embargo, se puede decir que hay ciertas diferencias en su aplicación; el gobierno de
Paz Estensoro sienta las bases políticas y económicas como para sostener el ajuste estructural; en
esta misma perspectiva, el gobierno de Sánchez de Lozada establece la estructura institucional y
jurídica de las reformas neoliberales con el paquete de políticas llamadas de ajuste estructural,
además de definir una línea de privatización que llama capitalización. No es el gobierno de
Sánchez de Lozada el que sucede al de Paz Estensoro, sino es el gobierno de Paz Zamora; entonces
se produce una intercalación. En cambio el gobierno de Paz Zamora opta por la privatización a
secas, la venta de las empresas estatales. En esta otra línea neoliberal, el gobierno del general
Banzer Suarez, que sucede al primero de Sánchez de Lozada, continúa con las privatizaciones. Con
el último gobierno de Sánchez de Lozada, que es el último de las llamadas coaliciones y megacoaliciones en el Congreso, se intenta retomar la estrategia del ajuste estructural, que es el
ordenamiento más claro de la organización política y económica neoliberal; pero ya es tarde. La
crisis del proyecto neoliberal estalla, el costo social es insostenible por parte del pueblo, que se
rebela. Esta crisis del proyecto neoliberal se devela también como crisis múltiple del Estado; los
movimientos sociales pasan de la resistencia a la ofensiva. La guerra del agua (abril de 2000) es el
comienzo del derrumbe del proyecto neoliberal, pero también de una forma de Estado. Seis años
de luchas semi-insurreccionales van abrir otro horizonte histórico, político y cultural.
Se puede decir que la diferencia entre los gobiernos de Paz Estensoro y Sánchez de Lozada, por un
lado, respecto de los gobiernos de Jaime Paz Zamora y Banzer Suarez, radica en que los primeros
diseñan una estrategia sistemática de implementación demoledora del proyecto neoliberal, en
tanto los segundos improvisan y optan por ventas de empresa estatales de una manera azarosa.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias el proyecto neoliberal se cumple avanzando a sus
propios ritmos durante diez y ocho años, es decir hasta el 2003, cuando Sánchez de Lozada tiene
que huir del país ante el levantamiento popular de magnitud, que podía derivar en una guerra
civil. Se trata de un proyecto de despojamiento y desposesión de los recursos naturales, de las
empresas estatales y del ahorro de los trabajadores. Este proyecto forma parte de la globalización
privatizadora y de las políticas de transferencia de la crisis del capitalismo a los países periféricos,
las clases trabajadores y las clases medias. Se trata, en resumen, de la administración financiera de
la crisis.
La democracia en este periodo se reduce a la formalidad institucional, al espectro de la dispersión
de la votación, que es congregada por colaciones y mega-coaliciones, lo que da una apariencia de
mayoría, que es lograda por la suma de la disgregación. También da la apariencia de
gobernabilidad, por medio de lo que se ha venido en llamar la democracia pactada, efectuada por
los pactos de las coaliciones y mega-coaliciones en el Congreso, aplaudida por la cooperación
internacional. El ejercicio democrático es abstracto, se reduce a las votaciones y a los acuerdos,
también a las transacciones de los partidos. Ocurre lo contrario que el anterior periodo nacionalpopular, donde en el imaginario popular, nacionalización, democracia y derechos sociales van
juntos. En el caso neoliberal, el ejercicio de la democracia se desliga de la nacionalización, al
contrario, opta por la privatización, pone el suspenso los derechos de los trabajadores y los
derechos sociales. Esta democracia es dominada por las nuevas oligarquías de entonces,
propietarios mineros “medianos”, que en realidad son grandes propietarios como Sánchez de
Lozada, banqueros, empresarios privados, burguesía agroindustrial, latifundistas. No dejaron de
haber conflictos, resistencias y movilizaciones a lo largo del periodo, sobre todo en su última fase,
de 2000 al 2005, empero, por lo menos hasta el 2000, los gobierno neoliberales controlaron
efectivamente la aplicación de este modelo de despojamiento y desposesión.
Entre el periodo anterior, la gestión de la UDP, y este periodo, las gestiones neoliberales, el
sentido de la democracia no es el mismo. En el primer caso, la democracia viene del desborde
popular, de la acción directa, de la irrupción de la plebe impoluta, de la efectuación de la igualdad
por el camino de la política, del asumir de la mayoría la representación como pueblo en tanto
totalidad. La democracia define el poder como vacío, no está ocupado por nadie, ninguna
persona, ninguna tradición, lo ocupa cualquiera en forma rotativa. Jacques Rancière dice que la
democracia no es ni un tipo de constitución ni una forma de sociedad. El poder del pueblo es el de
la población reunida, el de su mayoría o el de las clases trabajadoras. Es simplemente el poder
propio de los que no tienen más título para gobernar que para ser gobernados1. Se refiere a que el
poder del pueblo se opone al poder de la aristocracia, a los que tienen títulos nobiliarios, también
se opone al poder de la oligarquía, a los que tienen riqueza, títulos económicos. La realización de
la democracia en Bolivia está íntimamente ligada a estos acontecimientos: las nacionalizaciones, la
irrupción de la plebe, la conquista de derechos sociales y colectivos.
Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que se experimenta en el periodo neoliberal? Ciertamente hay
elecciones, hay sistema de partidos, hay Congreso, están los tres poderes del Estado, el ejecutivo,
el legislativo y el judicial, se ejerce gobierno; ¿empero, todo esto es suficiente como para hablar
de una democracia efectiva? La democracia se encuentra institucionalizada, la mediación de los
partidos ha hecho desaparecer a la masa, el pueblo es convocado a elecciones en forma de su
atomización, en tanto suma de individuos, y se utiliza el gobierno y la sumatoria de los votos del
Congreso para privatizar los recursos naturales, las empresas públicas y el ahorro de los
trabajadores. En todo caso es otra forma de democracia, donde se vive la política como orden,
como policía, según Rancière. Es una democracia vaciada de su contenido inmanente e intenso, es
una forma democrática al servicio de la oligarquía y de la aristocracia de los técnicos y
especialistas. Se trata de una institucionalidad democrática usada para fines desnacionalizadores.
¿Se puede calificar a este estilo de gobierno de democracia?
1
Jacques Rancière: El odio a la democracia. Amarrortu 2007; Buenos Aires. Págs. 70-71.
Periodistas, comunicadores y cientistas políticos se refieren a la historia de la democracia en
Bolivia como si hubiera sido una y continua. Esto es basarse en las apariencias, esto es mirar sólo
las formas, no penetrar en los contenidos y las expresiones. Una genealogía de los contenidos y
una arqueología de las expresiones nos va mostrar las grandes diferencias, las discontinuidades y
las rupturas. Viendo en perspectiva histórica, la democracia neoliberal aparece como la
restauración de la oligarquía liberal, impugnada por la guerra civil de 1949, vencida en las
elecciones de 1951 y derrotada en la insurrección de 1952.
No hay pues una historia reciente de la democracia, lo que hay es una lucha por la democracia
efectiva, por la realización efectiva de la democracia, una lucha nacional-popular en contra de los
que se apoderan de los símbolos y las instituciones democráticas para efectuar por estos caminos
los dominios consabidos de las oligarquías y las aristocracias. Es esta lucha la que tiene que ser
narrada. Una historia apacible de la democracia es para el consumo informativo de anécdotas y
testimonios, así como para el festejo de los que creen que es un gran logro haber alcanzado
treinta años de democracia seguidos.
Nos falta un tercer periodo democrático, el que vivimos todavía, abierto por la movilización
general de los movimientos sociales anti-sistémicos y las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos de 2000 al 2005. Llamaremos a este periodo indígena-popular.
La contradicción latente entre lo indígena-popular y lo nacional-popular
Después del ciclo de movilizaciones de 2000 al 2005, el MAS asume el gobierno en enero de 2006,
avalado por las elecciones de fines del año 2005, cuando gana por mayoría absoluta y, por lo tanto
se habilita directamente a la presidencia. Se nacionalizan los hidrocarburos y se convoca a la
Asamblea Constituyente. Estas decisiones políticas, además de retomar la Agenda de Octubre
como mandato de las movilizaciones, recogen dos tradiciones de lucha en la historia política
boliviana; la nacional-popular, que se remonta a la guerra del Chaco; y la rebelión indígena, que se
remonta a la guerra anti-colonial del siglo XVIII. El sentido de la democracia ya no se circunscribe a
los significados políticos de lo nacional-popular, nacionalización, derechos sociales y de los
trabajadores, sino que se abre a los significados de la rebelión indígena, descolonización,
comunitarismo y territorialidad. El proceso constituyente se encarga de articular ambas
dimensiones de las luchas sociales y anticoloniales; de esta forma la Constitución abre un
horizonte histórico, político y cultural de transformaciones, el Estado plurinacional comunitario y
autonómico.
Hasta la aprobación y promulgación de la Constitución el proceso abierto por las insurrecciones
populares parecía seguir un curso asendente, aunque enfrentando dificultades y obstáculos. Una
vez promulgada la Constitución el gobierno y los órganos de poder del Estado debían aplicar la
Constitución. Para cumplir con el mandato constitucional era indispensable efectuar
transformaciones estructurales e institucionales profundas, construir la base institucional del
Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esto significa conformar el mapa del pluralismo
institucional, del pluralismo administrativo, del pluralismo de gestiones y del pluralismo
normativo, como el espacio y tiempo político de los recursos e instrumentos institucionales en la
realización de las transformaciones pluralistas, comunitarias, autonómicas, participativas e
interculturales del Estado. Nada de esto se hizo; al contrario, se restauró el Estado-nación, se
mantuvo el mismo mapa mono-institucional, mono-cultural y mono-nacional de la administración
liberal. Se promulgaron leyes que asumen la transición como una inercia, repitiendo el mismo
tenor de leyes centralistas, nacionalistas y liberales, evitando la consecución y la consecuencia de
los mandatos constitucionales. Sobre todo llama la atención el carácter anti-indígena de estas
leyes; la Ley Marco de Autonomía no reconoce la territorialidad indígena en las autonomías y
distribuye una serie de requisitos que hace imposible optar por la autonomía indígena. La Ley del
Régimen Electoral desconoce la representación directa de las naciones y pueblos indígenas, sólo
acepta siete circunscripciones especiales para una treintena de pueblos. La Ley del Deslinde
Jurídico termina subsumiendo la jurisdicción indígena originaria campesina a la jurisdicción
ordinaria, quitándole incluso los atributos que había conservado según tradiciones. La Ley Marco
de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien es un instrumento que convierte en
cenicienta a la madre tierra del desarrollo integral, abriendo una legislación a nombre de la madre
tierra para legitimar el modelo extractivista. El gobierno promulga una Ley de Consulta para el
TIPNIS, la ley 222, que viola la estructura normativa y conceptual de la consulta con
consentimiento, libre, previa e informada, establecida en los convenios internacionales y
consagrados en la Constitución. La lista de las leyes inconstitucionales del gobierno es larga; la
pregunta es: ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué el gobierno y los órganos de poder del Estado
se han apartado de la Constitución y han optado por el camino de incursionar y legitimar el
modelo extractivista y restaurar el Estado-nación?
La hipótesis de interpretación que hemos puesto en mesa es que han entrado en contradicción el
proyecto nacional-popular y el proyecto indígena-popular, que formaron parte de la Agenda de
Octubre, y fueron la base de las movilizaciones de 2000 al 2005. El proyecto nacional-popular tiene
su referente en el Estado-nación, el proyecto indígena-popular tiene su referente en el Estado
plurinacional comunitario y autonómico por construir. El Estado plurinacional no se puede
construir sin la abolición del Estado-nación; este es el problema para los gobernantes, para el
campo burocrático, para los órganos de poder del Estado-nación vigente. Las sedimentaciones
administrativas e institucionales están depositadas en la estructura administrativa y política, las
reformas de modernización están arraigadas en los habitus del campo burocrático, el imaginario
del Estado-nación está fuertemente arraigado en sectores populares urbanos, en los sindicatos
obreros y en los campesinos. Ni que decir en lo que respecta al imaginario de la burguesía
intermediaria boliviana. EL MAS tiene como “ideología” un nacionalismo popular. En estas
condiciones, la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, es decir, las
transformaciones estructurales e institucionales requeridas, enfrentan resistencias históricas
ancladas en los campos social, simbólico, cultural, político y burocrático. Se explica entonces que
la Constitución haya quedado como modelo ideal en tanto que el modelo efectivo es la
conservación del Estado-nación y la continuidad en el modelo extractivista. Sólo se usan los
términos de plurinacional, vivir bien y madre tierra, de una manera meramente discursiva y
simbólica, mientras se efectúa la restauración del Estado-nación y se continúa con el modelo
extractivista.
Sin embargo, no es sólo la única contradicción evidenciada; aunque sea la contradicción principal,
hay otras que estallan en la transición del proceso de cambio. Contradicciones que tienen que ver
con las estructuras, las relaciones y los diagramas de poder. Estas estructuras, relaciones y
diagramas no son fácil de demoler y desestructurar, forman parte de matrices históricas
cimentadas en siglos de dominación. Tienen una capacidad de perseverar y reproducirse que
atraviesa a las mismas instituciones y gobiernos. Las estructuras de poder del capital pueden
perseverar y reproducirse soportando cambios de gobierno e incluso de proyectos políticos
diferentes; las relaciones patriarcales de dominación están inscritas en los cuerpos y los han
modelado, afectando sus espesores, constituyendo subjetividades. Los diagramas de poder
disciplinario y de control de la modernidad se convierten en maquinarias abstractas usadas por
unos y por otros. El diagrama de poder de la corrupción, que ha acompañado a distintos
regímenes, vuelve a aparecer desbordante, a pesar que la primera gestión intentó erradicar la
corrosión y la corrupción.
Por otra parte el centralismo administrativo y burocrático, acompañada por la promoción de la
universalidad de valores y conceptos, forma parte de las prácticas, el sentido común y de los
programas institucionales, incluyendo al campo escolar. En estas condiciones es casi imposible la
abolición del Estado-nación y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Hay que crear las condiciones de posibilidad para hacerlo. ¿Cuáles son éstas?
En varias ocasiones hemos dicho que el Estado plurinacional comunitario y autonómico requiere
de transformaciones estructurales e institucionales profundas, estas transformaciones tienen que
ver con el pluralismo institucional, normativo, administrativo y de gestiones, además que la
transición se efectúa a través de transformaciones pluralistas, comunitarias, autonómicas,
participativas e interculturales del Estado. Ahora bien, para lograr estas transformaciones se
requiere trastrocamiento de las prácticas, desplazamiento de las relaciones, transformación de los
habitus, des-constitución y re-constitución de sujetos y subjetividades. Hemos dicho también que
estos trastrocamientos, desplazamientos y transformaciones no se han dado, pues las prácticas,
las relaciones y habitus han permanecido, dando lugar a la reproducción social, política y estatal
tal como se había dado durante etapas y periodos republicanos. Por lo tanto las resistencias a las
transformaciones han sido preponderantes en las estructuras, organizaciones e instituciones
estatales y sociales. Todo esto nos muestra que las transformaciones tienen que producirse en los
campos social, cultural, simbólico, escolar, político y burocrático. Transformaciones que implican
los trastrocamientos en los habitus, transformaciones que no pueden darse sin la creación de un
campo transversal, el campo participativo, campo del ejercicio de la democracia plural, directa,
representativa y comunitaria. En otras palabras, se requiere la transformación del sistema político,
que sigue siendo hasta ahora representativo y delegativo, además de centralizado, hacia un
sistema político participativo. Esto significa quebrar el campo burocrático, el espacio organizativo
del poder y del Estado-nación, hacerlo transitar en su diseminación hacia un campo participativo.
La transformación de las prácticas, de las relaciones y de los habitus necesita de la inteligibilidad
colectiva de estas prácticas, relaciones y habitus, de la comprensión social de los problemas
inherentes a la reproducción social y política. La deliberación sobre estos problemas y la actuación
consciente sobre estas actividades e internalizaciones tienen por objeto el desmontar las
modulaciones sobre los cuerpos efectuadas por estructuras y diagramas de poder que acompañan
al Estado-nación. Antonio Gramsci hablaba de una reforma moral e intelectual, nosotros
hablaremos de una revolución de los comportamientos y conductas, que implican una revolución
ética, simbólica y cultural, que comprenda la integración de los sistemas simbólicos, el diálogo e
interpretación intercultural. Una de las claves para la efectuación de estos desplazamientos es el
trastrocamiento y la transformación del campo escolar, que no ha sido cambiado hasta ahora, diga
lo que se diga de una ley debilitada en sus alcances como la Ley “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”.
Esta ley ha modificado algunos efectos, pero no ha atacado las causas estructurales de la
reproducción escolar. La institucionalidad escolar sigue siendo la misma, disciplinaria, vigilante y
de control. No se liberan las capacidades creativas y plásticas de los cuerpos, no se dejan circular
los saberes, ni se efectúan las formaciones interculturales, salvo materias desarticuladas de
lenguas nativas, que no tienen que ver con una composición integral intercultural.
No sólo se trata de interculturalidad, sino también del abordaje de las ciencias desde la
perspectiva de sus desplazamientos epistemológicos contemporáneos, multidisciplinarios y desde
los paradigmas de la complejidad. Así como el abordaje de la tecnología y las técnicas desde las
perspectivas complementarias de la promoción de la invención y recuperación, el conocimiento de
las tecnologías de punta y el re-conocimiento de las tecnologías tradicionales. Se trata, retomando
estos contextos, de la transformación integral de las formaciones, buscando la formación en
problemas y en problemáticas, a través de pedagogías de la investigación. Las transformaciones y
desplazamientos del campo escolar buscan la creación de un campo formativo, educativo y
pedagógico integral intercultural, científico y tecnológico. Este campo se involucra en las
transformaciones de los campos social, económico, simbólico, cultural y político.
Como se puede ver, se trata de transiciones, de efectuar transiciones que perpetran
desplazamientos y transformaciones en múltiples niveles y planos, de acuerdo a los ritmos
posibles en cada caso, desatando la potencialidad social, dependiendo de los contextos y las
coyunturas. Es posible que la transición del Estado-nación al Estado plurinacional comunitario y
autonómico sea más larga de lo que se había esperado en un principio, empero se trata de
efectuar las transiciones transformadoras, aunque en algunos casos su efectuación sea más
dilatada, pero no renunciar a hacerlo, como se ha hecho, estancándose en la misma reproducción
del Estado-nación.