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DICTAMEN Nº: 208/2011
TÍTULO: Consulta 171/2011, relativa a la reclamación de responsabilidad
patrimonial por los daños sufridos por doña CPT como consecuencia de una
caída en la vía pública.
ANTECEDENTES
1.
Mediante Resolución del día 17 de mayo de 2011, del Alcalde del Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastián, con fecha de registro de entrada en esta Comisión
del día 8 de junio, se somete a su consulta la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por doña CPT, por los daños sufridos por la misma como
consecuencia de una caída en la vía pública.
2.
La reclamante solicita una indemnización global de veintiún mil setecientos
noventa euros y setenta céntimos (21.790,70 €), de los que: (i) tres mil euros
(3.000 €), corresponden a 5 días de ingreso hospitalario, (ii) ocho mil ochocientos
cincuenta y tres euros y noventa céntimos (8.853,90 €) corresponden a 165 días
invalidantes, (iii)seis mil quinientos ochenta y cinco euros con sesenta céntimos
(6.585,60 €) a 245 días no invalidantes y (iv) seis mil veintiún euros y veinte
céntimos (6.021,20 €) a 10 puntos de secuelas.
3.
El expediente remitido consta, además de diversas comunicaciones y justificantes
de las mismas, de la siguiente documentación: (i) reclamación de responsabilidad
patrimonial, acompañada de documentación complementaria, presentada ante el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián con fecha de registro de entrada del
día 27 de enero de 2010, (ii) solicitud de información complementaria a la
reclamante, (iii) remisión de información complementaria por parte de la
reclamante, la cual incorpora informes y documentación médica sobre
intervenciones practicadas y tratamiento de rehabilitación aplicado, (iv) Informes
del Servicio de Mantenimiento y Servicios Urbanos y del Servicio de Proyectos y
Obras, (v) escrito de la interesada remitiendo nueva información documental
sobre intervenciones médicas pendientes, (vi) trámite de audiencia concedido a la
contratista y alegaciones de la empresa, (vii) declaración de un testigo, (viii)
nuevos escritos de la interesada, anunciando alta médica y realizando la
valoración económica de la indemnización, (ix) puesta de manifiesto del
expediente a la contratista y alegaciones de la misma, (x) trámite de audiencia
reiterado y alegaciones por parte de la reclamante, (xi) documentación
relacionada con la contratación de la empresa que estaba llevando a efecto la
obra, y (xii) propuesta de resolución parcialmente estimatoria, declarando la
responsabilidad concurrente de la empresa contratista y de la reclamante.
CONSIDERACIONES
I
4.
INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN
De acuerdo con el art. 3.1.k) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, actualizado por el Decreto 73/2011, de 12
de abril, de modificación del límite mínimo de cuantía en los asuntos sobre
responsabilidad patrimonial que deban ser dictaminados por la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi, es preceptiva la consulta a este órgano consultivo en los
casos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración
cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a dieciocho mil euros (18.000
€).
II RELATO DE LOS HECHOS
5.
El día 26 de enero de 2010, sobre las 8:00 horas, mientras caminaba por la acera
del paseo … del vial de … a …, a la altura de las obras de urbanización de …, del
término municipal de Donostia-San Sebastián, doña CPT, de 68 años de edad,
sufrió una caída al atravesar las tablas de protección de una de las dos zanjas
abiertas transversalmente en una de las aceras del paseo, que formaban parte de
unas obras de urbanización que se estaban llevando a cabo en un terreno
contiguo, y que no presentaban una protección adecuada y carecían de
señalización para el paso de los peatones.
6.
Doña CPT fue atendida el mismo día de la caída en el Servicio de Urgencias del
Hospital …, siendo diagnosticada de fractura de rótula izquierda con
desplazamiento, siendo intervenida para aplicarle un cerclaje de obenque,
posteriormente retirado, habiéndose sometido a rehabilitación y recibido alta
médica de traumatología en fecha 11 de marzo de 2011.
7.
Las obras de urbanización se correspondían con la concesión urbanística del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para la ejecución parcial del Plan
Especial de Reforma Interior del ámbito “…”, y eran ejecutadas por la empresa ….
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III APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
A) Análisis del procedimiento:
8.
Para el examen del expediente instruido ha de estarse a lo que establecen el
Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, LRJPAC) y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el
Reglamento de los Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas (en adelante, el Reglamento).
9.
Antes que nada hay que decir que la reclamación fue presentada por la propia
víctima y dentro del plazo previsto en el artículo 142.5 de la LRJPAC. Los hechos
se produjeron el 26 de enero de 2010 y la reclamación se registró en el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, el 27 de enero de 2010, aunque no
fuera hasta el 21 de marzo de 2011 cuando llegó a completarla con la valoración
de la reclamación solicitada.
10.
El análisis del expediente a la luz del contenido de los artículos 6, 7, 9, 10 y 11 del
Reglamento permite realizar una observación del iter procedimental seguido. Así,
en lo que se refiere a la instrucción, esta Comisión viene reiterando que la labor
instructora ha de ser la adecuada a las específicas circunstancias que presente
cada caso y en éste no se puede afirmar que no lo haya sido.
11.
Se ha cumplimentado lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento citado,
habiéndose recabado el informe del servicio, a cuyo funcionamiento cabría
atribuir el daño, en este caso, los servicios de Mantenimiento y los Servicios
Urbanos y de Proyectos y Obras.
12.
Se ha practicado la prueba testifical de una persona que la reclamante había
solicitado.
13.
Se ha dado traslado del escrito de reclamación a la contratista … que intervino en
las obras de unos terrenos colindantes y, en concreto, con la acera donde tuvo
lugar el accidente.
14.
Asimismo se ha concedido a la reclamante el preceptivo trámite de audiencia,
conforme al artículo 11 del citado Reglamento, habiendo formulado las
alegaciones que ha estimado pertinentes.
15.
Igualmente, se ha otorgado trámite de audiencia a la unión de mercantiles
interesadas, que también formularon escritos de alegaciones.
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B) Análisis del fondo:
16.
El régimen de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas
contemplado en el artículo 106.2 de la Constitución (CE) encuentra hoy su
regulación legal en el artículo 139 y siguientes de la LRJPAC, que resulta también
de aplicación a las entidades locales, en virtud de lo previsto en el artículo 54 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL),
y cuyo reconocimiento por las administraciones públicas conlleva, según
constante doctrina jurisprudencial, los siguientes requisitos: un daño o perjuicio
evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo
de personas; que ese daño sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal —es indiferente la calificación— de los servicios públicos; y que se haya
producido sin intervención de fuerza mayor o elementos extraños que puedan
alterar el nexo causal y sin que quien lo reclama tenga el deber jurídico de
soportarlo.
17.
En cuanto a la noción de servicio público a los fines del artículo 106 CE, la
jurisprudencia viene considerando como tal toda actuación, gestión, actividad o
tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o
pasividad, con resultado lesivo.
18.
Examinado el expediente, se observa en primer lugar que por la propuesta de
resolución se señala que el espacio en donde se produjo la caída estaba afectado
por unas obras de urbanización que se correspondían con la concesión
urbanística del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para la ejecución parcial
del Plan Especial de Reforma Interior del ámbito “…”, y eran ejecutadas por la
empresa ….
19.
La Comisión repara en cuanto a ese punto que, con arreglo a doctrina
jurisprudencial, la obra urbanizadora resulta ser uno de los títulos típicos de
posible atribución de responsabilidad patrimonial (JUR 2003\69847), debiendo
añadirse que las circunstancias de apertura libre como vía pública del paseo al
que afectaban colateralmente dichas obras urbanizadoras, obligan a entender
que sobre dicho espacio resultaban plenamente operativas las competencias
municipales sobre seguridad de los lugares públicos [artículo 25.2 a) LRBRL],
puesto que de facto, al menos la acera parecía encontrarse abierta (JUR
2006\298277), “no viniendo a resultar relevante que las obras de urbanización estuvieran o
no recepcionadas. A este respecto, debe de precisarse que el dato relevante para resolver la
imputación del daño no descansa tanto en si las obras de urbanización han sido ya
recepcionadas por la Administración, sino en identificar la actividad causante de la lesión
antijurídica puesto que, quien haya desplegado la misma o debiendo de haber adoptado
determinadas medidas, nos las haya adoptado, será quien, de darse el resto de los requisitos
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enunciados más arriba, deba de responder del daño causado. Es decir, lo que debemos de
decidir es la Administración con competencias sobre la vía en la que sucedió el daño que sean
relevantes desde el punto de vista de la causalidad.” (Sentencia de 27-6-2005, del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, JUR 2005\217211).
20.
En este sentido, se pueden encontrar en la doctrina jurisprudencial menor
pronunciamientos respecto de la primacía de las normas de rango legal de la
LRBRL sobre las previsiones estatutarias de las entidades urbanizadoras
derivadas de la legislación urbanística, en torno a eventuales confrontaciones de
disposiciones sobre los deberes y consiguientes responsabilidades con ocasión
de accidentes acontecidos ante obras urbanizadoras (JUR 2007\5896,
2007\6126).
21.
Por otra parte, con arreglo al informe de los Servicios municipales y a la
documentación incorporada al expediente (Pliego de Cláusulas Técnicas,
Económicas y Administrativas, folio 67 y ss), se pone de manifiesto que el
Ayuntamiento promovió la ejecución urbanizadora por medio de una concesión
administrativa, encargándose el Servicio municipal de Proyectos y Obras del
seguimiento de dichas obras y asumiendo el ente municipal su parte de
responsabilidad correspondiente en la ejecución de las obras.
22.
Para concluir este subapartado, conviene transcribir el siguiente pasaje
jurisprudencial, ya que resuelve una contienda sobre este punto con ciertos
elementos presentes en el caso: “Podría decir el Ayuntamiento que los daños y perjuicios
reclamados no le son imputables por no ser propietario de los terrenos donde sucedieron los
hechos o no estar ejecutando las obras de urbanización sobre ellos, pero ello constituye la
cuestión de fondo que debe resolverse en el proceso. Procede desde ahora señalar al
respecto que dichos terrenos eran colindantes con una vía pública y estaban sin vallar
correspondiendo al Ayuntamiento la competencia tanto para exigir dicho vallado, como para
adoptar las medidas necesarias y adecuadas para que la vía pública (calle Palazón) y aceras
de la misma, que se encontraba abierta al público, se encontraran en las debidas condiciones
de seguridad (art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 ), así como para controlar y
vigilar que las obras de urbanización referidas (sobre terrenos cedidos de forma obligatoria por
sus propietarios para realizar un parque público), respecto de las que debió conceder la
licencia de obras una vez examinado el proyecto correspondiente, se adoptaran con sujeción
al mismo y con las debidas medidas de seguridad, con irrelevancia de que las obras
ejecutadas por dichos propietarios por el sistema de compensación, hubieran sido
recepcionadas o no por la Corporación. En definitiva constituye dicha cuestión de fondo
determinar teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, si existe título de imputación
frente al Ayuntamiento o en otras palabras si existe un servicio público cuyo funcionamiento
normal o anormal fue el origen de los daños y perjuicios reclamados.” (JUR 2006\298321)
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23.
Ligada a la cuestión preliminar analizada, la propuesta hace hincapié también en
la presencia de un contratista a fin de hacer condicionar la imputación de la
responsabilidad patrimonial reclamada de la Administración municipal —empresa
contratista encargada de la obra urbanizadora en la que se descarga una parte
de la responsabilidad—.
24.
Con arreglo a dicha cuestión resulta conveniente recordar el criterio de esta
Comisión en relación con un supuesto análogo. De esta manera, el DCJA
180/2010 señala que:
“El Ayuntamiento, por su parte, estima que no ha sido probada la relación de
causalidad entre los daños alegados y lo desarrollado por la actuación
municipal, alegando, a modo de cierre, que los daños originados a terceros
como consecuencia de las operaciones que precise la ejecución de un contrato
deben ser resarcidos por el propio contratista, eludiendo así cualquier atisbo de
responsabilidad municipal, salvo que el daño traiga causa inmediata y directa en
una orden de la Administración, o en un vicio del proyecto aportado por ésta.
Ahora bien, en torno a esta cuestión, esta Comisión ha venido admitiendo, a
partir de su DCJA 99/2005 y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(actualmente artículo 198 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público),
la posible imputación de responsabilidad a la empresa contratista en aquellos
casos en los que la actuación pública se desarrolla a través de un contratista
interpuesto. Para ello, debe quedar acreditada en el expediente la ausencia de
toda relación o conexión entre la lesión y la propia actividad de la
Administración,
una
vez
escindidas
y
determinadas
sus
respectivas
responsabilidades, la que le corresponde como titular del servicio y la que
asume la empresa contratista de la obra, atendidos los términos del contrato y
las operaciones que requiera su ejecución, e identificada la causa eficiente y
exclusiva del daño.
Además, la imputación de la responsabilidad a la contratista debe realizarse
siempre que el régimen que para los particulares deriva del instituto de la
responsabilidad patrimonial mantenga su plena virtualidad, de tal suerte que la
imputación a la contratista no suponga una merma de las garantías que dicho
régimen consagra para los particulares, y debe respetar igualmente los
derechos que asisten a la empresa contratista en el procedimiento, dándole
audiencia y manteniéndola informada en todo caso durante la instrucción.
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Para todo ello, ante una reclamación fundamentada en el funcionamiento de un
servicio público, la Administración debe resolver tanto sobre la procedencia de
la indemnización, como sobre su cuantía, antes de fijar la imputación de la
misma sobre un patrimonio u otro. Es decir, cuando, como en este caso, quien
reclama opta legítimamente por dirigirse directamente a la Administración
contratante al amparo de los artículos 106.2 CE y 139 LRJPAC, de acuerdo con
la tesis de esta Comisión, la Administración debe pronunciarse sobre la eventual
existencia de responsabilidad y, sólo en el caso de estimar su existencia,
puede, a su vez, imputar la responsabilidad al contratista.
Conforme a este esquema, esta Comisión debe también pronunciarse sobre la
posible existencia de responsabilidad derivada del funcionamiento del servicio
público concernido, antes de señalar el patrimonio al que corresponde imputar,
en su caso, el pago de la misma”.
25.
En el mismo sentido se pronuncia la Comisión en su DCJA 148/2007, al señalar
que “planteada una reclamación de responsabilidad patrimonial por un particular, es la
Administración la que debe dilucidar en el procedimiento de responsabilidad si ésta ha de
derivarse al contratista, pues ella es la que dispone de medios para hacerlo (el particular no
tiene a su alcance la información necesaria para ello). Dicha obligación no se cumple con
señalar que la responsabilidad no es del municipio: la posible imputación a la empresa
contratista ha de ser analizada y quedar establecida positiva o negativamente en la resolución
que ponga fin al expediente”.
26.
Asentada la necesidad de que la Administración analice la posible
responsabilidad, tanto propia como de la empresa contratista, a través de la cual
lleva a efecto el servicio público —cuestión que cabe indicar que la entidad
municipal ha satisfecho suficientemente en el caso—, deberá examinarse a
continuación la consistencia de la causa de responsabilidad denunciada, así
como la actuación de cada uno de los agentes que han podido intervenir o influir
en la producción del daño.
27.
Conforme indica la reclamante, el fundamento de la reclamación consiste en
imputar la caída al estado de la acera existente en un paseo: “…me caí al tropezar y
resbalar en unos tablones de madera que cubrían unas zanjas existentes en dichas acera. Las
zanjas abiertas en la acera y cubiertas por tablones de madera sin sujeción,…eran trasversales
a lo ancho de la acera y ocupan toda su anchura, por lo que obligatoriamente había que pasar
por encima de ellas.”
28.
Cabe afirmar que el expediente no plantea dudas sobre el espacio concreto en el
que figuraba extendido el paso entablado de las zanjas en donde se produjo el
accidente, al situarse en plena vía peatonal constituida por la acera de un vial
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urbano, aunque dicha acera se situase de forma contigua o adyacente al solar en
el que se realizaban las obras urbanizadoras, viniendo circundadas por un
enrejado fijo de separación.
29.
Atendido, por tanto, el ámbito público al que se remite el análisis del supuesto
sometido a dictamen, para centrar adecuadamente nuestro examen hay que
señalar que, conforme al artículo 3.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio), “son bienes de uso público local los
caminos, las plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes u estanques, puentes y demás
obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de
la competencia de la entidad local”; y, asimismo, que los municipios ostentan
competencias en materia de pavimentación y mantenimiento de las vías públicas
urbanas, tanto calzadas como aceras [arts. 25 2. d) y 26 1. a) LBRL], a fin de
garantizar unas objetivas condiciones de seguridad para el tránsito de vehículos y
personas.
30.
En ese ámbito de la actividad municipal respecto de las aceras y calzadas, cuya
finalidad es precisamente facilitar el tránsito de personas y vehículos, esta
Comisión viene distinguiendo de consuno con la jurisprudencia, las caídas
ocasionadas por traspiés con elementos consustanciales a las vías urbanas
(como semáforos, señales de tráfico, bordillos y demás mobiliario urbano), en las
que, con carácter general, no se aprecia la concurrencia del requisito del nexo
causal con el funcionamiento del servicio público, de aquellas otras caídas
provocadas por otra clase de elementos (tales como baldosas o losetas en
estado deficiente de conservación, agujeros y socavones producidos por esa
misma deficiencia, o por la realización de obras públicas no señalizadas
adecuadamente), las cuales pueden, siempre atendiendo a las circunstancias del
caso, comportar el reconocimiento de una actuación omisiva de la Administración,
determinante de responsabilidad.
31.
Fijada así la doctrina de la Comisión, la cuestión nuclear como sucede en estos
supuestos se ciñe, en realidad, a determinar si, atendidas las concretas
circunstancias concurrentes, el daño alegado ha sido o no consecuencia del
funcionamiento del servicio público, en la relación de causa a efecto que resulta
presupuesto imprescindible para el reconocimiento de la responsabilidad
patrimonial de la Administración.
32.
Cuando el título de imputación –como aquí sucede– es el actuar omisivo de la
Administración, de acuerdo con la más asentada doctrina especializada, la
relación de causalidad reclama la acreditación de una prestación del servicio con
deficiencias relevantes, en el sentido de susceptibles de provocar la lesión por la
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que se reclama. Más en concreto, cuando se reclama por un comportamiento
público omisivo, en general sólo el funcionamiento anormal del servicio resulta
título suficiente de imputación.
33.
Debe también señalarse que es a la parte actora a quien corresponde, en
principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de
la existencia de la antijuridicidad, del alcance y valoración económica de la lesión,
así como del substrato fáctico de la relación de causalidad que permita la
imputación de la responsabilidad a la Administración. Corresponde, por su parte,
a la Administración competente la carga de la prueba referente a la cuestión de la
fuerza mayor, cuando se alegue como causa de exoneración, y sobre la
incidencia, como causa eficiente, de la propia víctima, salvo en el supuesto de
hecho notorio; en el caso de ser controvertido, le corresponde, también, a la
Administración la acreditación de las circunstancias de hecho que definan el
estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones
de riesgo de lesión patrimonial y de las medidas adoptadas para asegurar la
seguridad de los usuarios, así como para reparar los efectos dañosos, en el caso
de que se actúen tales situaciones de riesgo.
34.
Centrándonos en los términos en que se plantea la controversia en el caso
analizado, la Comisión puede considerar, en primer lugar, que ha quedado
acreditada la realidad y certeza de unas lesiones padecidas por doña CPT, al
atravesar las tablas de protección de una de las dos zanjas que figuraban
abiertas transversalmente en una acera del paseo.
35.
Como hace igualmente la propuesta formulada, cabe afirmar que los términos del
informe del Servicio municipal de Proyectos y Obras, —que detecta la incorrecta
protección empleada para cubrir la zanja así como la falta de señalización de las
obras—, resultan determinantes a esos efectos, puesto que el carácter del
informe de los propios servicios municipales, y máxime de uno técnicamente tan
específico como el indicado referido a unas obras, permiten hacer prueba
suficiente de la inadecuación de los medios de protección y de advertencia que se
emplearon en las obras —obras mal tapadas y sin señalizaciones (JUR
2007\4691), y socavón en una calle abierta y sin señalizar (RJCA 2005\1139) —.
36.
A lo anterior es de añadir el testimonio prestado por una viandante —aun
relativizable por causa de reconocer su relación de amistad con la víctima—, que
confirma el estado peligroso de las maderas, resbaladizas al estar mojadas en las
primeras horas del día (8:00 horas de un 26 de enero), afirmando la falta de
protección y de señalización.
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37.
La reclamante aportó también al expediente una nota de prensa (del 11 de
febrero del 2010), que denunciaba las condiciones de paso de peatones en el
punto citado, recogiendo la caída de una persona tres semanas atrás, y el peligro
que representaban las tablas por efecto de las lluvias y de su pudrimiento
posterior.
38.
El testimonio fotográfico muestra así mismo un estado, en efecto, irregular: tablas
de madera de distinta longitud, desalineadas, situadas longitudinalmente y no
transversalmente al paso, con superposiciones entre ellas, alcanzando en
algunos puntos desniveles de altura excesiva.
39.
Por lo señalado, la deficiencia del paso abierto a los peatones parece fuera de
toda duda.
40.
Entra en este punto la propuesta de resolución a considerar que con arreglo a la
legislación de contratos, la regla general de la responsabilidad patrimonial por
daños producidos a terceros por la ejecución de obras mediando un contratista es
que corran por cuenta de éste, a salvo de los dos únicos supuestos de
responsabilidad directa de la administración: cuando sean consecuencia bien de
un vicio del proyecto o haber actuado siguiendo órdenes directas de la
Administración, trayendo a colación las obligaciones sobre seguridad que había
asumido la empresa con arreglo al Pliego de Cláusulas Técnicas, Económicas y
Administrativas de la concesión.
41.
Considera la Comisión que, sin duda, la autonomía organizativa de que gozaba el
contratista a la hora de abordar las obras le haría acarrear las consecuencias de
la forma de abordar el proceso de ejecución de las mismas (JUR 2004\47309); y,
sin duda, se antoja que las contraalegaciones efectuadas por la empresa en el
expediente no alcanzan a exonerarle de total responsabilidad al haber venido a
afectar, en última instancia, por virtud de las obras, en la seguridad del tránsito
peatonal por la vía pública.
42.
Pero estima así mismo la Comisión que la consideración de vía pública plena
─nunca suspendida durante la ejecución de la obra— de que gozaba en todo
momento el lugar donde se materializó el accidente, obliga a concentrar de forma
preferente en la naturaleza demanial del espacio de la caída y en la titularidad
municipal sobre el mismo, la imputabilidad directa de la responsabilidad
patrimonial que se viene a reconocer en este caso.
43.
La Administración municipal deba responder de forma directa en virtud de otros
títulos ajenos al que disciplinan la ejecución de los contratos, como es en este
caso la competencia municipal atrás vista sobre pavimentación de vías públicas,
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que le obliga a desplegar una vigilancia técnica respecto a las actividades
realizadas por la mercantil que pudieran suponer la creación de un riesgo para los
peatones, permitiendo que a la postre ese riesgo hubiera sido tolerado o no
evitado con negligencia de la Administración (TSJPV, sentencia de 2 de marzo de
2001, JUR 2001\176721).
44.
A estos efectos y como ha señalado la Comisión en supuestos análogos (DCJA
62/2010) la Administración Local tiene la inexcusable obligación de mantener las
vías públicas abiertas a la circulación peatonal, en condiciones tales que la
seguridad de quienes la utilicen normalmente esté garantizada, al menos en
cuanto a los aspectos materiales de mantenimiento de esas vías para su fin
específico, sin que sea permisible que presenten dificultades u obstáculos a la
normal circulación peatonal, sin al menos estar adecuadamente señalizados o
con la adopción de las medidas pertinentes para la prevención de posibles
eventos dañosos.
45.
Como se ha concluido más atrás, el mal estado de la acera es fácilmente
apreciable en las fotografías, y así lo reconocen los propios servicios municipales.
Sin embargo, la propuesta, —haciendo caso omiso de dicha apreciación
técnica—, remite la causa del accidente y con ello la responsabilidad, fuera de la
órbita municipal, al círculo exclusivo de la empresa actuante.
46.
Considera la Comisión, al respecto, que las irregularidades materiales que pueda
haber causado en una vía pública el promotor o ejecutor de una obras
determinadas, no exoneran a la Administración municipal de sus funciones de
policía general de las vías públicas urbanas, ni pueden quedar enervadas o, en
todo caso, resultan compatibles con las funciones específicas de policía
urbanística, con intervención en la actividad de los particulares (o, como es el
caso, de los concesionarios o contratistas públicos), que le puedan corresponder
sobre un ejecutor de obras y eventual causante de irregularidades en la vía
pública; funciones éstas que, efectivamente, se habían materializado en este
caso mediante el otorgamiento explícito o implícito de una autorización para la
realización de las dos zanjas con destino a las obras de urbanización que se
abordaban en terrenos colindantes a la calle en donde se produjo el accidente.
47.
A efectos de analizar más en concreto la omisión municipal que se percibe,
resulta claro que el estado de deterioro del relleno de la zanja y de las medidas
adoptadas en su entorno se prolongó considerablemente en el tiempo: la nota de
prensa incorporada al expediente, de 11 de febrero del 2010, que denunciaba las
condiciones de paso de peatones en el punto citado, recogía la caída de una
persona tres semanas atrás, hablando de unas obras comenzadas al menos
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cuatro meses antes. La única detección municipal de la irregularidad de que da
cuenta el expediente se produce con ocasión de la emisión del informe negativo
del servicio municipal sobre el estado del paso, el cual se emite el 28 de octubre
de 2010, es decir, nueve meses después del accidente.
48.
Es significativo también a este respecto el contenido del informe del Servicio de
Mantenimiento y Servicios Urbanos, de fecha 3 de junio de 2010, también emitido
dentro del expediente de responsabilidad, que da cuenta de la afección del paseo
… por las obras urbanizadoras y responsabiliza al Servicio de Proyectos y Obras
del seguimiento de las obras, sin efectuar ninguna consideración respecto al
quehacer del propio servicio en torno al espacio viario afectado.
49.
Se puede concluir, así, ante el riesgo que presentaba objetivamente el estado de
la acera, que la entidad municipal incurrió en una dejación de sus funciones, ya
de policía general de las vías públicas urbanas, ya de las específicas de policía
urbanística; funciones que le hubieran permitido adoptar entre otras medidas
imaginables, al menos las de advertencia y señalización del punto de riesgo; y
desde luego, las de dictar comunicaciones, avisos, u órdenes de ejecución a la
empresa actuante autorizada o para, bajo advertencia, adoptarlas por sí mismo a
su cargo, en fase de ejecución subsidiaria.
50.
La consecuencia que se sigue de ello es que procede reconocer la
responsabilidad patrimonial directa de la Administración municipal por el daño que
se reclama.
51.
Todo ello sin perjuicio, claro está, de que por las razones señaladas antes, el
Ayuntamiento pueda hacer repetir después de la contratista el tanto de
responsabilidad que a ésta le pudiera corresponder por incumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia de adopción y señalización de las medidas
de seguridad correspondientes a la obra.
52.
La propuesta imputa, por otra parte, un cierto grado de corresponsabilidad en el
daño a la propia víctima, señalando que la hora del accidente, las circunstancias
meteorológicas del día y percibilidad de las obras, obligaban a extremar la
precaución en el paso, como lo hicieron numerosas personas, entre ellas, la
testigo.
53.
La Comisión no comparte dicho criterio, teniendo en cuenta la falta de
señalizaciones, inadecuación de las medidas de protección adoptadas y demás
circunstancias que rodeaban el punto en donde se produjo el accidente.
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54.
Aceptando que la ostensibilidad de unas obras, aun sin señalizar, puede servir en
ocasiones para eximir de la responsabilidad patrimonial a la Administración,
haciendo recaer en la víctima conocedora del lugar las consecuencias de un
actuar imprudente (JUR 2004\253269), ello se hace depender de la apreciación
de un falta real de irregularidades evidentes, pero sin llegar al extremo de servir
para, partiendo de una total falta de señalizaciones en la ejecución de unas
obras, permitir además enervar o compensar una deficiente o insuficiente
adopción de medidas de protección, como es el caso.
55.
Teniendo en cuenta a este respecto los diversos factores que son susceptibles de
analizarse en supuestos de similar naturaleza (JUR 2008\103129): —
características de las obras (señalizaciones, preceptibilidad o evidencia), de los
obstáculos (evidencia, peligrosidad), de la víctima (condiciones físicas y
psicológicas), circunstancias concomitantes (hora, estación, climatología)—,
aprecia la Comisión que con arreglo a las circunstancias que se dieron (persona
de cierta edad, en horas tempranas de un mes invernal, con climatología lluviosa,
obligada a atravesar ante la falta de alternativas por el tableado irregular
dispuesto a la altura de dos zanjas abiertas sin vallado de protección lateral en
una acera en pendiente) no es posible hacer recaer en la víctima ninguna cuota
de responsabilidad ni debe resultar obligada a soportar ninguna parte del daño
sufrido.
56.
Reconocida la existencia de responsabilidad patrimonial en el caso, que debe
soportar la entidad municipal, procede pasar a la determinación del quantum
indemnizatorio que se debe realizar a la luz de lo establecido en el artículo 141.2
LRJPAC: “la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos
en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables,
ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado”.
57.
Comparte en este punto la Comisión los términos de la propuesta de resolución
formulada en el sentido de no apreciarse la valoración de las posibles secuelas, al
no venir avaladas por un informe pericial.
58.
En aplicación de las reglas de cálculo que la Comisión viene aplicando (Texto
Refundido de la Ley de responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de
vehículos a motor), resulta procedente tomar como referencia el baremo de
valoración de daños personales que utiliza la reclamante y admite la propuesta,
por ser de la fecha de producción del daño (artículo 141.3 LRJPAC), que se
corresponde con la Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones.
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59.
Por lo tanto, la cantidad que correspondería indemnizar es de quince mil
setecientos sesenta y nueve euros con cincuenta céntimos (15.769,50 €), de los
que tres mil euros (3.000 €), corresponden a 5 días de ingreso hospitalario, ocho
mil ochocientos cincuenta y tres euros y noventa céntimos (8.853,90 €)
corresponden a 165 días invalidantes, y seis mil quinientos ochenta y cinco euros
con sesenta céntimos (6.585,60 €) a 245 días no invalidantes.
60.
La cantidad tendrá que ser actualizada hasta el momento en que se dicte la
resolución que ponga fin a este procedimiento con arreglo al IPC
correspondiente.
CONCLUSIÓN
Existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en
relación con la reclamación formulada por doña CPT, por importe de 15.769,50 euros
y su correspondiente actualización.
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