Contribución del EDF al debate general del CESCR sobre los

Transcripción

European Disability Forum
Contribución del EDF al debate general del CESCR
sobre los derechos sexuales y reproductivos
octubre de 2010
“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer
efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de
decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con
discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y
colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan.”
Artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas
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Índice de contenidos
1. Introducción ........................................................................................................... 2
2. La esterilización forzada .......................................................................................... 5
3. El aborto coercitivo ................................................................................................. 7
4. El acceso a la salud sexual y los servicios de maternidad ............................................ 9
5. Recomendaciones para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ..... 10
ANEXO .................................................................................................................... 12
A.1. Otros documentos de referencia del EDF ....................................................... 12
A.2 Persona de contacto de la secretaría del EDF ................................................. 12
Contribución del EDF al debate general del CESCR sobre los derechos
sexuales y reproductivos
octubre de 2010
El presente documento está disponible también en formatos alternativos
(PDF).
© Foro Europeo de la Discapacidad 2010. Se concede permiso para citar y reproducir
el presente documento, a condición de que se haga referencia a la fuente original.
Contribución del EDF al debate general del CESCR sobre los derechos sexuales y reproductivos,
octubre de 2010
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1. Introducción
El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, en sus siglas en inglés) es la
organización europea que representa los intereses de 65 millones de
mujeres y hombres con discapacidad en Europa, de los cuales más del
50% son mujeres con discapacidad. La misión del EDF es garantizar que
las mujeres y los hombres con discapacidad disfruten del pleno acceso a
sus derechos fundamentales y humanos a través de su participación
activa en el desarrollo y la aplicación de políticas en Europa. El EDF es
miembro de la Plataforma Social y colabora estrechamente con las
instituciones europeas, el Consejo de Europa y la Organización de las
Naciones Unidas.
El EDF acoge con agrado el hecho de que el debate general del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se centre este año en el
derecho a la salud sexual y reproductiva. Mediante el presente
documento, deseamos poner de relieve la situación específica de las
niñas y mujeres con discapacidad de todo el mundo en relación con estos
derechos. Se pretende demostrar que es necesario tomar medidas
urgentes si se quiere eliminar las barreras que impiden en muchas
ocasiones que las mujeres con discapacidad gocen de estos derechos.1
Las mujeres con discapacidad, al igual que las demás personas, disfrutan
de todos los derechos consagrados en el derecho internacional y por las
costumbres internacionales, y deben ser protegidas de cualquier
violación de estos derechos. No obstante, las niñas y mujeres con
discapacidad sufren discriminación en muchos ámbitos de la vida. Las
personas con discapacidad, y sobre todo las mujeres con discapacidad,
1 Aunque en este documento nos centremos en la situación específica de las mujeres con
discapacidad, el EDF reconoce que los hombres con discapacidad también se enfrentan a
barreras evidentes que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos sexuales y
reproductivos. Algunas de estas barreras son parecidas a las que sufren las mujeres con
discapacidad, mientras que otras son barreras específicas que únicamente sufren los
hombres con discapacidad. Es esencial reconocer los derechos de los hombres con
discapacidad a ser padres, a disfrutar del pleno acceso a la atención sanitaria y las campañas
informativas, etc. Los hombres con discapacidad deben tener el mismo acceso a sus
derechos que cualquier mujer u hombre, tenga o no discapacidad.
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sufren mayores niveles de marginación que pueden traducirse en: mayor
índice de analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad
laboral y/o con puestos de trabajo de menor responsabilidad y peor
remunerados, mayor aislamiento social, más baja autoestima, mayor
dependencia económica respecto de la familia y/o personas responsables
de apoyarlas, mayor dependencia socio afectiva y emocional, mayor
posibilidad de sufrir todo tipo de violencia de género, menor desarrollo
personal y social, desconocimiento de la sexualidad y numerosos y
catastróficos mitos al respecto, mayor desprotección socio sanitaria, baja
autovaloración de la imagen corporal, etc. A menudo las mujeres con
discapacidad viven aisladas y sufren un riesgo importante de pobreza.
La sociedad no está preparada aún para que las personas con
discapacidad sean en padres - y menos aún para que las mujeres con
discapacidad sean madres -, dado que estas situaciones suponen un
conflicto directo con la representación social que se tiene de las personas
con discapacidad como personas “sin rol en la vida” y asexuales, hasta tal
punto que en muchas ocasiones no queda ningún lugar (ya sea físico o en
las actitudes y emociones) para ellas en lo relativo a la reproducción. Los
profesionales manifiestan dudas y cuestionan su presencia en lo relativo
a la reproducción, muestran su desaprobación si se quedan embarazadas
y ponen en duda en voz alta la capacidad de cuidar a sus hijos de las
mujeres con discapacidad. Todas estas acusaciones se dirigen a las
mujeres con discapacidad2.
Los derechos reproductivos incluyen el derecho a la igualdad y la no
discriminación, el derecho al matrimonio y a fundar una familia, el
derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de
manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo
que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, el derecho a una
atención sanitaria integral en materia de salud reproductiva que incluya
la planificación familiar y la salud maternal, la educación y la información,
el derecho a dar el consentimiento informado para la realización de
cualquier intervención médica, y entre ellas la esterilización y el aborto, y
el derecho a la protección contra los abusos sexuales y la explotación3.
2 Disabled Women and Socio-Spatial `Barriers' to Motherhood, Hazel McFarlane, 2004.
3 Consulte http://reproductiverights.org/en/document/reproductive-rights-and-womenwith-disabilities-a-human-rights-framework para un estudio exhaustivo del marco legal
internacional y de los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad.
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En esta declaración, ponemos de relieve las barreras que impiden que las
niñas y mujeres con discapacidad accedan a estos derechos, con especial
atención a la esterilización forzada y el aborto coercitivo.
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2. La esterilización forzada
A la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas4, el EDF considera que la esterilización
forzada supone una forma de violencia que viola los derechos de las
personas con discapacidad a fundar una familia, decidir el número de
hijos que quieren tener, tener acceso a la información sobre la
planificación familiar y la reproducción, y mantener su fertilidad en
igualdad de condiciones con las demás personas.
Dado que en la comunidad internacional se reconocen cada vez más
tanto los derechos humanos de las personas con discapacidad como los
derechos reproductivos de la mujer, es necesario prestar atención a la
intersección que supone los derechos de las mujeres con discapacidad a
la libertad reproductiva.
Sin embargo, existen pruebas irrefutables provenientes de muchos países
del mundo que demuestran que la esterilización forzada sigue
practicándose en el caso de muchas personas con discapacidad. Lo sufren
sobre todo las niñas y mujeres con discapacidades intelectuales y
psicosociales y las mujeres y niñas con grandes necesidades de apoyo, sin
dar su consentimiento o comprender el propósito concreto de la
intervención médica y bajo el pretexto del bienestar de la persona con
discapacidad. Las mujeres y niñas que viven en instituciones se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante esta práctica
inaceptable.
En el caso de muchas de las niñas y mujeres con discapacidad que pasan
por esta experiencia, a la que se ven obligadas a someterse en contra de
su voluntad debido a la intimidación y las presiones, se trata de una
4 La Convención puede descargarse de la página de Enable de Naciones Unidas:
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf. A efectos de la
presente declaración, los artículos más relevantes son el Artículos 12 (Igual reconocimiento
como persona ante la ley), el 17 (Protección de la integridad personal) y el 23 (Respeto del
hogar y de la familia).
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violación de su derecho a acceder a servicios adecuados. Sus derechos
humanos fundamentales, y entre ellos el derecho a la integridad corporal
y a mantener el control de su salud reproductiva, son violados y
denegados, en ocasiones sin que las personas afectadas se den cuenta.
Sin embargo, lo que es más importante aún es que estas prácticas
constituyen una violación del derecho a la igualdad de reconocimiento
como persona ante la ley que consagra el Artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas,
ya que tradicionalmente este tipo de intervenciones médicas “forzadas”
han requerido el consentimiento de los padres o de los tutores, tras la
incapacitación jurídica de la persona.
Las acciones en todos estos casos deben basarse en el respeto de los
derechos humanos y la voluntad de la niña o mujer con discapacidad.
Asimismo, los profesionales sanitarios correspondientes tienen la
responsabilidad de garantizar que a la niña o mujer con discapacidad se
le informe adecuadamente, y asegurar que sepa que la intervención
médica llevará a la esterilización y conozca las consecuencias de este
hecho para su futuro. Además, es necesario que la niña o mujer con
discapacidad tenga acceso a los servicios de apoyo que requiera para
poder tomar la decisión.
Todos los poderes públicos, por lo tanto, deben revisar el marco jurídico
que regula la esterilización forzada y analizar los aspectos relacionados
con el “consentimiento informado” y la “capacidad jurídica”, con el fin de
permitir los ajustes necesarios y cumplir con la filosofía y las obligaciones
que impone la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas. La Convención obliga a los Estados
Partes a introducir aquellas reformas jurídicas que permitan el
reconocimiento del respeto del hogar y de la familia y de la dignidad e
integridad personal de las personas con discapacidad como derechos
fundamentales que no pueden violarse. En la prestación de los servicios
sanitarios a todas las mujeres con discapacidad, el derecho a la atención
médica incluye también el derecho a rechazarla.
Sería importante realizar estudios para sacar a la luz la realidad de la
esterilización de las personas con discapacidad en todo el mundo. Tales
estudios deben incorporar las perspectivas de género, edad y tipo de
discapacidad y aportar datos estadísticos fehacientes sobre la
esterilización forzada y la esterilización terapéutica.
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Hay que tomar las medidas necesarias al respecto de la sensibilización, la
información y la formación tanto de las familias de aquellas niñas y
mujeres con discapacidad más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir la
esterilización forzada, como de los profesionales, en particular de los
profesionales de los sectores sanitario y jurídico, para así garantizar que
escuchen la voz de las niñas y mujeres con discapacidad durante las
investigaciones y los procesos jurídicos. Habría que cooperar
estrechamente con las organizaciones representativas de las personas
con discapacidad en la aplicación de estas medidas.
3. El aborto coercitivo
Al igual que ocurre con la esterilización, el aborto coercitivo supone una
violación grave de los derechos de la mujer. No obstante, sigue siendo
una realidad en el mundo, y las mujeres con discapacidad son
particularmente vulnerables ante esta práctica. Existe un rechazo
habitual de los cuerpos de las mujeres con discapacidad como seres
reproductores aptos, y se niega la capacidad de las mujeres con
discapacidad de ser buenas madres.
En algunos países donde se ha ilegalizado la esterilización terapéutica de
las mujeres con discapacidad, el aborto coercitivo se ha convertido
incluso en la práctica más común si se trata de niñas y mujeres con
discapacidad intelectual o psicosocial, y niñas y mujeres con grandes
necesidades de apoyo. Que estas personas se queden embarazadas y se
conviertan en madres sigue considerándose problemático y, por lo tanto,
se cree que es mejor evitar que se produzcan estas situaciones5.
A veces las mujeres con discapacidad tienen que discutir con los
profesionales sanitarios y decirles que quieren quedarse con sus hijos.
Los testimonios indican también que las mujeres con discapacidad se
sienten presionadas por sus propias familias, por las personas más
cercanas o por los profesionales de las instituciones en las que residen,
que intentan convencerles para que aborten.
5 “Parenthood and intellectual disability, discourses on birth control and parents with intellectual
disabilities 1967-2003”, J. Areschoug, septiembre de 2005.
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A veces existe temor entre los profesionales sanitarios con relación a las
consecuencias de un embarazo en el caso de una mujer con discapacidad.
Consecuentemente y para proteger a la mujer, pero a veces también para
protegerse a sí mismos, el personal sanitario intenta convencer a la
paciente para que aborte. Para cualquier mujer el embarazo es un
periodo emotivo y lleno de retos, pero, debido a las barreras provocadas
por las actitudes y la presión ejercida, a veces de forma violenta, a favor
del aborto, las mujeres con discapacidad caen víctimas de esta práctica
inaceptable con mucha mayor frecuencia que las mujeres sin
discapacidad.
Son cada vez más frecuentes las pruebas prenatales de las mujeres en
general, y a veces las tecnologías procreativas se aplican por defecto y no
por elección. En el caso de las mujeres con discapacidad se realizan las
pruebas de este tipo con mayor frecuencia, pero es esencial contar con el
derecho a negarse a someterse a ellas. Si se detecta que el feto tiene una
discapacidad, la madre tiene también el derecho a llevar a término el
embarazo.
Hacer hincapié en la eliminación de la discapacidad mediante el uso de
las tecnologías reproductivas, sin abordar el contexto social en el que se
impulsan y se aplican, tiene consecuencias desastrosas para las personas
con discapacidad y la sociedad en general. Además, afianza las actitudes y
prácticas negativas hacia la discapacidad6.
Con el fin de reforzar la autoestima y la confianza de las mujeres con
discapacidad a efectos de cambiar la situación, resultan importantes los
programas de apoyo por parte de iguales y los programas que presentan
modelos a seguir que vayan dirigidos específicamente a las mujeres con
discapacidad. La educación sexual para las mujeres con discapacidad es
esencial también, pero de la misma manera es fundamental formar a los
ginecólogos, las comadronas y demás personal sanitario sobre las
necesidades de las mujeres con discapacidad y su situación. Además,
deben realizarse programas de sensibilización acerca de la discapacidad
de todo tipo, comenzando en los colegios.
6 Si desea más información al respecto, consulte “Disability, Feminism and Eugenics: who
has the right to decide who should or should not inhabit the world”, Joan Hume, 1996.
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Asimismo, hay que desarrollar programas que tengan como objetivo
garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad embarazadas reciban
apoyo para que se preparen para la maternidad, y asegurar que las
mujeres con discapacidad que necesitan apoyo para poder cuidar a sus
hijos tengan acceso a la asistencia y los servicios adecuados.
4. El acceso a la salud sexual y los servicios de maternidad
Si se compara su situación con la de los hombres con discapacidad y las
mujeres sin discapacidad, las mujeres con discapacidad se enfrentan a
una serie de barreras específicas a la hora de acceder a la atención
sanitaria y los servicios sociales. Las barreras pueden agruparse en las
siguientes categorías: accesibilidad física, la falta de acceso a la
información en formatos accesibles y la falta de previsión a la hora de
tener en cuenta los modos aumentativos y alternativos de comunicación,
además de las barreras que impone la sociedad y que se basan en los
prejuicios y mitos al respecto del embarazo y la maternidad en el caso de
las mujeres con discapacidad, la falta de sensibilización y la falta de
profesionales con la formación adecuada.
Las barreras a la maternidad y la sexualidad existentes abarcan desde la
falta de accesibilidad física de los servicios de maternidad y ginecología y
las casas de acogida para mujeres, con lo cual las mujeres con
discapacidad que requieren estos servicios cuentan con muy pocas
opciones para elegir, hasta la falta de personal formado que conozca la
situación específica y las necesidades concretas de las mujeres con
discapacidad y la falta de servicios adecuados de interpretación y de
información en formatos accesibles.
Las mujeres y los hombres que quieren evitar el embarazo deben recibir
también información adecuada en relación con los métodos
anticonceptivos, para así poder elegir entre los métodos de manera
informada, siendo conscientes de los posibles efectos secundarios y de
las consecuencias de cada método.
Es necesario investigar y realizar más estudios al respecto de la situación
específica de las mujeres y los hombres con discapacidad. No obstante,
es necesario adoptar una estrategia doble, incorporando la discapacidad
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y el género de manera transversal en cada iniciativa que se desarrolle en
materia de atención sanitaria en general. El EDF pide que se desarrollen
campañas a favor de la atención sanitaria inclusiva y campañas
informativas en materia de sexualidad, paternidad y maternidad.
En la medida de lo posible, se deben proporcionar los tratamientos de
fertilidad, con las adaptaciones necesarias para tener en cuenta la
situación de cada persona, a los hombres y las mujeres con discapacidad
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Asimismo, el EDF
desea que se preste la atención necesaria tanto a la salud física como a la
salud mental, y que se haga hincapié en el vínculo entre los dos tipos de
salud. Aparte de desagregarse por género, las estadísticas y los datos
deben desagregarse también por discapacidad.
5. Recomendaciones para el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
En base a los hechos y la situación de las mujeres y los hombres con
discapacidad expuestos anteriormente, el EDF propone las siguientes
recomendaciones para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales:
- Incorporar la perspectiva de discapacidad, además de la
perspectiva de género, en todas las tareas del Comité, y entre ellas
el trabajo actual y en el futuro en materia de derechos sexuales y
reproductivos, en colaboración estrecha con las organizaciones
representativas de las personas con discapacidad, las
organizaciones representativas de las mujeres y las organizaciones
feministas. En todos los trabajos del Comité en materia de
discapacidad, hay que respetar la perspectiva de género;
igualmente, en todos los trabajos del Comité en materia de género
hay que respetar la perspectiva de la discapacidad.
- Denunciar oficialmente como actos patentes de violencia la
esterilización forzada y el aborto coercitivo en el caso de las
mujeres con discapacidad.
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- Lanzar un llamamiento para que los Estados adopten legislación y
políticas adecuadas a nivel nacional en materia de derechos
sexuales y reproductivos que incorporen claramente las
perspectivas de la discapacidad y el género.
- Lanzar un llamamiento para que los Estados revisen el marco
jurídico que regula la esterilización forzada y el aborto coercitivo y
aborden las cuestiones del “consentimiento informado” y la
“capacidad jurídica”, con arreglo a la filosofía de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas y las obligaciones que impone.
- Pedir a los Estados que realicen las investigaciones y los estudios
pertinentes en materia de esterilización forzada y aborto coercitivo
de las mujeres con discapacidad, tomando las medidas necesarias
en materia de sensibilización, información y formación para poner
fin a esta práctica inaceptable. Las medidas habrán de tomarse en
cooperación estrecha con las organizaciones representativas de las
personas con discapacidad.
- Solicitar a los Estados que desarrollen programas, servicios y
campañas informativas adecuados que garanticen que los hombres
y las mujeres con discapacidad tengan el mismo acceso a sus
derechos reproductivos y sexuales.
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ANEXO
A.1. Otros documentos de referencia del EDF
Declaración del EDF en contra de la esterilización forzada de las niñas y
mujeres con discapacidad, 25 de noviembre de 2009.
Resolución del EDF sobre poner fin de forma deliberada a la vida de los
bebés con discapacidad y el derecho a la vida, aprobada por la Asamblea
General Anual del EDF el 28 de mayo de 2006 en Roma.
A.2
Persona de contacto de la secretaría del EDF
Maria Nyman, Encargada de Políticas: [email protected]
Podrán encontrar más información sobre el EDF en la siguiente página
web: www.edf-feph.org
Si tienen dificultades para acceder al documento, les rogamos que se
pongan en contacto con la secretaría del EDF: +32 2 282 46 00.
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