GENESIS HISTÓRICA DE LOS DERECHOS

Transcripción

GENESIS HISTÓRICA DE LOS DERECHOS
GÉNESIS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Ignacio Aymerich
1. GENEALOGÍA Y VALIDEZ DE LOS DERECHOS HUMANOS
La definición del concepto de los derechos humanos, así como sus primeras formulaciones
jurídicas, pertenece al mundo moderno y a las sociedades de tradición cultural occidental. Sin
embargo, aun cuando hayan visto la luz en unas particulares circunstancias de espacio y
tiempo, como hecho exclusivo de una sociedad determinada, los derechos humanos implican
de suyo una pretensión de universalidad. Y de hecho, esta vocación universal ha sido un signo
distintivo de su evolución histórica entre las declaraciones de derechos norteamericana y
francesa, a finales del siglo XVIII, hasta las de las Naciones Unidas (1948-1966). En
consecuencia, la genealogía de los derechos humanos tendrá por objeto describir este proceso
de desarrollo, partiendo de la conjunción de condiciones sociales características en que
comenzó a formarse en el contexto occidental la idea de los derechos del hombre —de forma
aún incipiente—, y siguiendo su progresiva definición hasta llegar a la situación
contemporánea. Ahora bien, esta pretensión de validez universal de los derechos del hombre
ha sido contestada desde diversas posiciones. Primeramente, y dentro todavía del ámbito
europeo, fue censurada por representar solamente los intereses de una parte de la sociedad.
Así, los derechos humanos no serían otra cosa que la idealización de los valores de la clase
burguesa emergente, pero no los derechos de la generalidad de las personas. También se han
pronunciado críticas desde posiciones que, con diversos matices, coinciden en seguir
básicamente la argumentación del relativismo cultural [Se entiende por relativismo cultural la
tesis que defiende que las normas y valores son propias de cada pueblo, todas válidas y
legítimas de acuerdo con su propio contexto cultural. Por tanto, los juicios sobre las normas y
valores de un pueblo no se hacen desde una supuesta instancia neutral, sino que se hacen
sobre el presupuesto de establecer los propios parámetros culturales como absolutos y medir
los demás por comparación con ellos]. Los derechos humanos se presentan entonces como
valores de la cultura occidental, pero en ningún caso extrapolables a otros ámbitos. Por último,
en un terreno más pragmático, los derechos humanos han sido un medio de crítica de algunos
países hacia otros, y en este caso los gobiernos acusados, interesados en mantener el status
quo interno de su país y apelando al principio de soberanía nacional y la no injerencia
extranjera en sus asuntos internos, han defendido la doctrina de la no universalidad de los
derechos humanos [Así, en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos organizada por la
ONU en Viena en Junio de 1993, la República Popular China encabezó un grupo de países
tajantemente opuestos a la creación de un tribunal internacional de derechos humanos]. Se
trata de una posición donde parecen dominar los criterios de acción política más que la
reflexión sobre argumentos, si bien posteriormente esta posición práctica busca su legitimidad
uniéndose a las razones del relativismo cultural. La perspectiva genealógica aborda una parte
de los problemas plantea-dos en este debate (aun en curso) sobre la universalidad de los
derechos humanos, pero no se basta a sí misma para resolverlo, porque la retrospectiva
histórica no provee leyes exactas e indiscutibles. Lo contrario sería caer en el historicismo. Por
otra parte, la disputa sobre la universalidad no debe enturbiar la capacidad de volver sobre la
historia para comprender de manera ecuánime los hechos en que se originan y desarrollan los
derechos humanos. Por ambas razones se hace necesario diferenciar con precisión los
aspectos implicados en la cuestión. Básicamente son tres las perspectivas, complementarias
entre sí, necesarias para una comprensión plena del problema. La primera es la del derecho
positivo. El criterio de validez, en este caso, está en los requisitos formales que las normas
deben cumplir para tener eficacia legal. Su objeto de estudio son las convenciones y
declaraciones de derechos y los mecanismos de ratificación, las garantías procesales e
instancias judiciales arbitra-das para verificar su cumplimiento, tanto a nivel nacional como
internacional. Una segunda forma de consideración es la referida a los criterios de
legitimación, cuya validez está basada en la capacidad vinculante de los valores y en la
consistencia racional de la argumentación que evalúa la justicia del reconocimiento de los
derechos fundamentales frente a otros posibles modelos de sistema político y jurídico. Por
último, la perspectiva genealógica, como ya se mencionó, tiene por objeto describir el
contexto de circunstancias históricas y sociales en que se formó el concepto de los derechos
humanos. Este tipo de consideración genealógica podría parecer una prueba en favor de la
argumentación propia del relativismo cultural. Efectivamente, al ver los derechos humanos a
través de las condiciones particulares que hicieron -posible su aparición cabría deducir que
sólo en relación con esas particulares circunstancias, específicas de una determinada tradición
cultural, son viables los derechos humanos como valores incontestados. Pero esta conclusión
pertenece a un ámbito de discusión diferente. Precisamente por este motivo es necesario
distinguir los tres aspectos implicados en la cuestión: el derecho positivo, los criterios de
fundamentación y legitimidad y las condiciones históricas y sociales de realización. La validez
universal de los derechos humanos es, por una parte, una cuestión práctica referida a la
ratificación general de la Declaración Universal de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966
de las Naciones Unidas, la eficacia de los mecanismos de verificación de su cumplimiento y la
aplicación interna en los ordenamientos de los diversos países, así como a la movilización
activa en contra de toda forma de discriminación o atentado contra la dignidad de las
personas. Por otra parte, es una cuestión referida a la mayor o menor legitimidad de los
diversos sistemas políticos y jurídicos en función de que estén fundados sobre el respeto a los
derechos humanos o no. Pero la validez universal de los derechos humanos no queda
menoscaba-da por el hecho de que su primera formulación histórica esté condicionada por las
particulares circunstancias de las sociedades occidentales de la Edad Moderna. Resolver ahora
los problemas que plantea esta cuestión llevaría a una argumentación demasiado extensa,
conectada con la historicidad del conocimiento y los valores, argumentación que, por otra
parte, pertenece más a la reflexión sobre los criterios de legitimidad que no a la perspectiva
genealógica. Sin embargo, a través del ejemplo de un caso próximo puede comprenderse
mejor la necesaria diferenciación entre genealogía y validez. El paradigma de las verdades
universalmente válidas se ha puesto muy a menudo en las leyes matemáticas. La invención
simultánea del cálculo infinitesimal por parte de LEIBNIZ y NEWTON en el siglo XVIII, sin que
ninguno de ellos conociese previamente los trabajos del otro, probablemente tenga relación
con la semejanza de circunstancias de ambos, el desarrollo cultural y científico europeo de la
época, la necesidad de calcular con mayor precisión determinados problemas prácticos, etc.
Ahora bien, una vez inventado, el cálculo infinitesimal encierra en sí mismo un tipo de verdad
que no es relativa, cuya validez no puede circunscribirse a las circunstancias en que se originó.
Existen culturas que no han necesitado desarrollar sistemas abstractos de cálculo o de álgebra,
probablemente porque no se enfrentaron a problemas prácticos que así lo demandasen. Pero
eso no significa que los sistemas más desarrollados de cálculo sólo tengan validez en la cultura
que los originó. Sería tan absurdo como suponer que el teorema de PITÁGORAS sólo es
verdadero en Grecia o, más en general, en la tradición cultural occidental. Y esto no impide
tampoco reconocer que la capacidad de desarrollo de la ciencia matemática depende de
circunstancias históricas y sociales, tan particulares como la que comenta ARISTÓTELES de que
haya personas con las necesidades vitales resueltas y puedan dedicar su ocio a la creación
científica. En este sentido, y como habrá de verse, los derechos humanos no siempre
aparecieron desde el primer momento como valores universales e incondicionados. El
principio de igualdad proclamado en la Declaración francesa de los derechos del hombre y del
ciudadano de 1789, por ejemplo, había comenzado a cobrar sentido como un medio empleado
por la burguesía para acabar con los privilegios de los estamentos nobiliario y clerical. Esta
burguesía proclamaba la igualdad para rebelarse contra las desigualdades concretas que sufría
respecto a los estamentos superiores, pero no necesariamente con la convicción de que todos
los hombres, en cualquier época y lugar, eran titulares de iguales derechos. El principio de
igualdad nació así en relación con específicas circunstancias históricas de un determinado
pueblo, pero esto no lo hace relativo en el sentido de que otro pueblo pudiese invocar sus
particulares circunstancias para seguir legitimando la esclavitud.
2. BASES SOCIALES DE LA FORMACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
2.1. Estructura social y personalidad individual
Para comenzar con la cuestión de las condiciones sociales generales que sirvieron de base a la
aparición de los derechos humanos puede ser de utilidad volver sobre la cuestión que, al
comienzo de La división del trabajo social, se plantea EMILE DURKHEIM como motivo central
de su obra: «¿Cómo es posible que, al mismo tiempo que se hace más autónomo, dependa el
individuo más estrechamente de la sociedad? ¿Cómo puede ser a la vez más personal y más
solidario?; pues es indudable que esos dos movimientos, por contradictorios que parezcan,
paralelamente se persiguen» [DURKHEIM, Emile: La división del trabajo social. Ed. Akal.
Madrid, 1982. pp. 45-46. 6 PECES-BARBA, Gregorio y otros: Derecho positivo de los Derechos
Humanos. Ed. Debate. Madrid, 1987. Introducción, p. 11]. Efectivamente, esta afirmación de
DURKHEIM puede resultar paradójica. Intuitivamente, parece más fácil pensar que un
crecimiento progresivo de la autonomía personal de los individuos tendrá como consecuencia
un proceso de desagregación del tejido social. Sin embargo sucede al contrario: la capacidad
de autodeterminación de la persona crece conforme puede integrarse en un marco general de
interdependencia social más fuerte y más abarcador de las diversas esferas de la vida pública.
Este es el principio sobre el que se redefine en la Edad Moderna la posición de la dignidad de la
persona respecto a la totalidad del sistema social y político, como comenta PECES-BARBA: «La
idea central, que podemos encontrar en todos los momentos históricos, será la dignidad
humana. En cada tiempo se realiza de acuerdo con las condiciones económicas, sociales,
culturales y políticas y sólo en el mundo moderno a través de los derechos fundamentales»6.
Este proceso, por tanto, se desarrolla en dos líneas fundamentales, mutuamente relacionadas:
el papel creciente de la individualidad personal y el estable-cimiento de un nuevo marco de
relaciones sociales fundamentado en normas generales con mayor capacidad vinculante. Estas
líneas fundamentales se irán concretando, como habrá de verse, en una pluralidad de factores
concurrentes: el humanismo renacentista y la Reforma protestante, el auge de la burguesía y
el establecimiento progresivo de la economía capitalista moderna, la aportación de la filosofía
de la Ilustración y las teorías del contrato social, la paulatina regresión de los sistemas feudales
y su sustitución por los estados modernos, además de las nuevas posibilidades de
comunicación, los descubrimientos geográficos y el comercio internacional. Pero esta
multiplicidad de aspectos religiosos, económicos, políticos, ideológicos, etc., que forman las
bases sociales de la aparición de los derechos humanos, no deben conducir a la dispersión y
hacer perder de vista el sentido general del proceso. La clave está en el papel que se asigna a
la persona individual en la estructura social.
2.2. Regresión de la estructura social estamental
Como afirma DURKHEIM, la vida general de la sociedad no puede extenderse sobre un punto
determinado sin que la vida jurídica se extienda al mismo tiempo y en la misma relación. En
este caso, la manifestación jurídica en que se sintetiza la pluralidad de factores aludidos es la
transformación de los derechos estamentales en un nuevo marco legal constituido por normas
generales basadas en el principio de igualdad, lo que significa una redefinición del sentido
jurídico de la persona correspondiente al nuevo valor de la individualidad. Siguiendo en este
punto la descripción de MAX WEBER, en la sociedad estamental las cualidades de los derechos
particulares eran...
«...derivadas del nacimiento, de cierta forma de vida o de la pertenencia a una asociación
(«nobles», «caballeros» o «cofrades»); o bien de ciertas relaciones sociales de cosas («feudos
de servicio», «tierras de abolengo»), que indirectamente se hallaban condicionadas, a su vez,
por relaciones estamentales (...). No es que se desconozca la idea de normas dotadas de
vigencia «general»; lo que ocurre es que esa idea no ha podido ser desarrollada. Por eso todo
derecho aparece como «privilegio» de personas o cosas determinadas individualmente, o de
complejos individuales de otras ». [WEBER, Max: Economía y sociedad. FCE. México, 1984, pp.
558-559]
La mención de WEBER a que las normas de vigencia general no podían desarrollarse en la
sociedad estamental —no porque fuesen desconocidas, sino porque no se habían dado aun las
condiciones históricas y sociales que las iban a hacer posibles con posterioridad—, tiene un
doble sentido. En primer lugar, no podían desarrollarse en razón de la pluralidad de
jurisdicciones. Y por otra parte, por causa de lo que Weber llama «personalismo jurídico». La
pluralidad jurisdiccional significa que la vigencia del derecho estaba fragmentada en muy
diversos niveles en función de los ámbitos territoriales, o la estratificación social del clero, la
nobleza, los burgueses y los vasallos, las corporaciones gremiales, etc., cada uno regido por su
propio sistema normativo. «De aquí resultaba en todo caso la existencia de numerosas
«comunidades jurídicas» cuyas autonomías se cruzaban y de las cuales la asociación política —
en cuanto se representaba a sí misma como era una de tantas». [Idem., p. 558] A su vez, el
personalismo jurídico significaba que todo derecho era en el fondo un privilegio detentado a
título personal. En realidad, sólo hay privilegios cuando previamente existe una norma general
que se suspende en un caso para ser sustituida por otra norma referida en exclusiva a esa
situación particular. Pero si no existen normas generales (en razón del pluralismo
jurisdiccional), entonces todos los derechos vienen a ser privilegios, es decir, pretensiones
jurídicas puramente privadas. El individuo no tiene derechos por ser hombre en general, o
ciudadano, sino que los recibe de su pertenencia a una determinada familia o por enmarcarse
en una determinada asociación. En esta época resulta inimaginable la idea de la igualdad de
derechos; por contra, la desigualdad parece tan evidente como a nosotros puede parecernos
natural la desigualdad de carácter, gustos o relaciones de parentesco de las personas. Así lo
describe TRUYOL Y SERRA:
«La sociedad se presenta al hombre medieval y al del Antiguo Régimen como «naturalmente»
estructurada en un orden jerárquico de estamentos con un status desigual, en el que la
desigualdad se asienta esencialmente en el principio hereditario condicionado por el
nacimiento. La pertenen-cia a un estamento, orden o estado (Stand, état) determinaba así cuál
fuera el patrimonio jurídico de cada cual, su situación jurídica en el todo social». [TRUYOL Y
SERRA, Antonio: Los derechos humanos. Ed. Tecnos. Madrid, 1982. p. 12]
La sociedad así estructurada tiende a inmovilizarse alrededor de círculos cerrados de
relaciones que atan al individuo a su status social. Sobre esta base difícilmente puede arraigar
la idea de la libertad individual como valor superior de la vida política, o la libertad de
conciencia, y menos aun el principio de unos derechos fundamentales que todo hombre posee
por ser hombre, por su propia dignidad. Para llegar a este concepto abstracto es preciso que el
individuo se vea a sí mismo como miembro de la comunidad humana en general, lo que sólo
puede ocurrir en una cultura mínimamente cosmopolita, libre de prejuicios localistas. También
las normas de la ciudad-estado griega estaban pensadas para un número limitado de
ciudadanos, al igual que el concepto romano de persona. De la misma forma, la estructura
social medieval no estaba preparada para unos derechos universales. Sin embargo, el primer
signo de un cambio se manifestará en el humanismo renacentista, que vuelve su pensamiento
hacia la dignidad del hombre y su posición preeminente en el mundo. A su vez, las nuevas
técnicas de navegación, los descubrimientos geográficos y los nuevos progresos de las ciencias
producirán un ensanchamiento del mundo conocido que abrirá la mente de los europeos. La
imprenta hará más accesibles los conocimientos y la cultura (a principios del siglo XVI se han
impreso ya en Europa diez millones de libros). Esta tendencia universalizadora no se detendrá,
y así vemos cómo más adelante, en pleno racionalismo, aparece con éxito un estilo literario,
los libros de viajes, en que se narran con aire irónico las impresiones que produce la vieja
sociedad europea en un imaginario viajero procedente de países lejanos. Las Cartas persas de
MONTESQUIEU o las Cartas Marruecas de José CADALSO son un buen ejemplo. También se
describen los viajes, igualmente imaginarios, de europeos que encuentran naciones
sorprendentes, y en comparación con aquella de la que habían partido ésta última sale
siempre perdiendo. Es el caso del Gulliver de Jonathan SWIFT. Comenta sobre esta forma
popular de literatura PAUL HAZARD:
«Delirios de la imaginación, que no hacían olvidar el propósito principal: mostrar qué absurda
era la vida en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en la Provincias Unidas y, en general, en
todos los países que pretenden ser civilizados: qué hermosa podría resultar si se decidiera al
fin a obedecer las leyes de la razón». [HAZARD, Paul: El pensamiento europeo en el siglo XVIII.
Alianza Editorial. Madrid, 1985, p. 18]
Es el signo de una época que se desvincula de sus tradicionales particulares y pretende guiarse
por las leyes universales de la naturaleza racional humana. También MONTESQUIEU trasciende
su nacionalidad francesa y va a estudiar en otras culturas, en la universalidad del género
humano, las leyes naturales racionales del derecho. El contacto con los indios americanos
llevará a VITORIA, SOTO, DE LAS CASAS y SUÁREZ a concebir el derecho de gentes, lo que ya
entraña una primera etapa de universalización del concepto de la dignidad de la persona.
También el iusnaturalismo racionalista y las teorías del contrato social supondrán una base
necesaria para el concepto de unos derechos universales del hombre. El principio de la
soberanía popular de LOCKE, GROCIO y ROUSSEAU se formó en esta corriente intelectual.
Concretamente, el ideal democrático de Rousseau de una sociedad basada en un pacto tal que
los individuos sólo se obedeciesen en última instancia a sí mismos, puede ser una forma
depurada de enunciar los ideales del individualismo liberal. Estas doctrinas sirvieron de guía en
las sucesivas declaraciones de derechos, y por eso dice Tocqueville que «se considera, con
razón, como una de las causas principales de la Revolución la filosofía del siglo XVIII»
[TOCQUEVILLE, Alexis de: El Antiguo Régimen y la Revolución. Alianza Editorial. Madrid, 1989,
p. 57]. En esta nueva cultura, se forma una nueva imagen del papel del individuo en el sistema
social. Como señala NORBERT ELIAS, «las funciones de protección y control que antes eran
ejercidas sobre los individuos por grupos endógenos más reducidos, como clanes o
comunidades rurales, latifundios, gremios o clases, pasan a ser ejercidas por agrupaciones
estatales altamente centralizadas» [ELIAS, Norbert: La sociedad de los individuos. Península.
Barcelona, 1990. p. 143 13 Idem., p. 144], con lo que la cohesión de estos grupos se debilita y
los individuos dependen cada vez más de sí mismos y se encuentran ante un mayor margen de
elección. «Pero también tienen que elegir más por sí mismos. No sólo pueden sino que tienen
que hacerse más independientes. En esto no cabe posibilidad de elección». Además, esta
forma de autocomprensión de la propia independencia se vio poderosamente reforzada por
una transformación de las ideas dominantes en la cultura occidental, como describe DANIEL
BELL:
«El supuesto fundamental de la modernidad, el hilo conductor que ha atravesado la civilización
occidental desde el siglo XVI, es que la unidad social de la sociedad no es el grupo, el gremio, la
tribu o la ciudad, sino la persona. El ideal occidental era el hombre autónomo que, al llegar a
autodeterminarse, conquista su libertad. Con el advenimiento de este «nuevo hombre» se
produjo el repudio de las instituciones (resultado sorprendente de la Reforma, que instauró a
la conciencia individual como fuente del juicio)». [BELL, Daniel: Las contradicciones culturales
del capitalismo. Alianza Editorial. Madrid, 1989, p. 28]
Este nuevo significado de la dignidad de la persona individual se realizará a través de los tres
grandes procesos que fundamentarán la definición de los derechos humanos: la Reforma
protestante, la constitución de los estados modernos y el desarrollo del capitalismo.
3. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FORMULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Una vez perfilado el marco general en que se verifica la transformación social y la tendencia
dominante que hará posible la aparición de los derechos humanos, corresponde analizar con
más detalle la pluralidad de factores que desde ámbitos diversos cooperarán en la formulación
de tales derechos. Aunque ahora se los considere separadamente por razones expositivas, es
preciso tener en cuenta que la historia no transcurre compartimentada y que, por tanto, entre
estos diversos elementos se tienden constantes líneas de entrecruzamiento e influencia
recíproca. El orden en que se los analice no presupone, lógicamente, que exista una estricta
secuencia temporal en que unos sucedan a otros, pues son en su mayor parte procesos
simultáneos. No presupone tampoco que hayan sido dispuestos en un orden de prioridad
según la importancia causal que tienen de cara a la formulación de los derechos humanos.
3.1. La Reforma protestante
Hasta el siglo XVI, cuando aun no se habían constituido plenamente los estados modernos e
imperaba la pluralidad jurisdiccional antes aludida, el elemento que integraba bajo unos
principios comunes e iguales a las sociedades europeas era el catolicismo. La Iglesia contaba
además con una organización propia que garantizaba su uniformidad a través de la diversidad
de territorios en que se asentaba, y tenía también su propio derecho. Pero a partir de este
momento, la capacidad de cohesión social de la Iglesia comenzó a decaer. Es importante
señalar que la conciencia de la crisis religiosa no fue exclusiva de los países septentrionales
donde habría de arraigar la Reforma, sino general, pero en la zona meridional de Europa no
tendría consecuencias inmediatas tan importantes. El motivo concreto que hizo saltar la chispa
en este ambiente ya preparado para la tensión, fue el óbolo de San Pedro; un donativo para la
construcción de la basílica del Vaticano a cambio del cual podían obtenerse indulgencias. En
Octubre de 1517, LUTERO dejó expuestas en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis
contra la venta de indulgencias, que venía causando el escándalo entre los cristianos. Cuando
fue llamado a responder por sus opiniones negó la autoridad del magisterio de la Iglesia
invocando el principio de la libre interpretación de la Biblia, principio este que habría de
convertirse pronto en uno de los pilares del luteranismo, y cuya trascendencia para la
generalización del derecho a la libertad de conciencia da a la Reforma su importancia como
base histórica de los derechos humanos. Otros aspectos de la doctrina protestante, en este
sentido, no han tenido posteriormente la misma relevancia para el derecho y la historia social.
Tampoco puede suponerse que los protagonistas de este cambio persiguiesen la consecución
del principio de la libre interpretación de la Biblia por encima de ninguna otra cosa, pero por lo
que a la génesis de los derechos humanos respecta, esos otros aspectos deben ser dejados
ahora en un segundo plano para destacar lo que verdaderamente afecta a la transforma-ción
social de esta época. Como ha señalado KOLAKOWSKI, toda comunidad humana «exige que se
la remita a valores incondicionados como lugar de confrontación, y permanece conservada
sólo bajo esa condición. El ser humano como comunidad está vinculado intencionalmente a
condiciones que trascienden la experiencia» [KOLAKOWSKI, Leszek: La presencia del mito. Ed.
Cátedra. Madrid, 1990. p. 63. Este es un punto destacado, junto a Kolakowski, por otros
autores, desde Hegel, Durkheim o Weber a Rousseau y el Comte tardío al pensar en las
creencias religiosas como último factor de cohesión de las sociedades humanas]. La ruptura
radical con la tradición y con un sistema de verdades universalmente aceptadas como
absolutas como consecuencia de la Reforma, no fueron sustituidos por otros valores
incondicionados equivalentes, sino por la autonomía de la conciencia individual. El efecto que
de esto habría de derivarse sería, consecuentemente, una creciente proliferación de opiniones
que ya no podían ostentar el rango de absolutas. Las verdades inconmovibles que formaban la
cosmovisión del hombre europeo S-e relativizaron y pasaron a depender cada vez más de la
capacidad de juicio individual. Pronto el luteranismo comenzó a arraigar en diversos puntos de
Centroeuropa, lo que motivó que el entonces emperador Carlos V de Alemania —Carlos I en
España—, siguiendo el juramento de defensa de la fe católica que había pronunciado en su
coronación, declarase la hostilidad a-las comunidades escindidas de la autoridad de la Iglesia.
Sin embargo, lejos de conseguir su sometimiento, la Reforma siguió extendiéndose. Muchos
príncipes alemanes, y con ellos el territorio bajo su jurisdicción, se convirtieron a la nueva fe,
no siempre por motivos exclusivamente religiosos. Hubo lugares en que la escisión en la fe se
emparejó con la autodeterminación política, en un momento de constitución de los estados
nacionales. Por otra parte, la Reforma era un medio de suprimir los diezmos, señoríos
territoriales de las abadías y monasterios y demás privilegios del estamento clerical, o de
expropiar su riqueza. Pero cualesquiera que fueran los motivos, estas nuevas comunidades
comenzaron a ser perseguidas casi desde el comienzo. Ahora bien, el viejo principio de que la
unidad civil y política llevaba consigo también la unidad religiosa, no fue alterado en nada por
los protestantes. Hasta ahora este principio había servido para que la autoridad civil, y no sólo
la religiosa, garantizase la unidad social en la fe, persiguiendo la herejía, discriminando a
judíos, musulmanes o falsos conversos y, en general, manteniendo en una amalgama común al
poder político y al eclesial. Manteniendo este principio, los católicos fueron perseguidos en
aquellos territorios donde el luteranismo triunfaba. También el protestantismo conoció la
inquisición y la caza de brujas, y no en menor medida que el catolicismo. Si a esto se une la
pluralidad de opiniones y grupos, antes mencionada, a que condujo la libre interpretación de
la Biblia, resulta el panorama de una Europa fragmenta-da en comunidades hostiles y las
sangrientas guerras de religión que dominaron esta época. A la doctrina original de LUTERO se
incorporaron novedades como las de CALVINO, ZUINGLIO, BÖHME..., lo que pronto dio lugar a
la proliferación de las sectas en el ámbito protestante. La ruptura con la autoridad papal no
significó inicialmente en Inglaterra una modificación del contenido de la fe católica, pero por
influencia posterior de la Reforma, el anglicanismo derivó hacia un sistema diferenciado de
creencias particulares, con arraigo en el territorio inglés y su colonias, si bien Escocia también
constituyó su propia iglesia. Aparecieron además los anabaptistas, pietistas, puritanos,
cuáqueros, socinianos, arminianos, hugonotes, episcopalianos, etc., multiplicándose la
conflictividad y haciendo cada vez más apremiante una solución que permitiese la coexistencia
de diversas confesiones. Inicialmente, esta solución no se basó en el principio general de
tolerancia, sino que manteniendo la antigua norma que vinculaba la unidad religiosa a la
unidad política y civil, simplemente se permitió la emigración de aquellos que en cada
territorio no profesaban la fe oficial (Tratados de Augsburgo, en 1555, y Westfalia, en 1648).
En otros casos se toleró la existencia de una comunidad religiosa minoritaria en el marco de
una sociedad política de distinta confesión (Edicto de Nantes, en 1598). Donde de manera
plena se reconoció por primera vez el principio de tolerancia, es decir, el establecimiento como
norma política fundamental del derecho a la libertad de conciencia y de culto, fue en las
colonias inglesas de Norteamérica (Cuerpo de Libertades de la Bahía de Massachusetts, 1641.
Acta de Tolerancia de Maryland, 1649. Normas Fundamentales de Carolina, 1669- 70, etc.).
Influyó aquí el hecho de que a Norteamérica emigraron muchas sectas con el propósito de huir
de la persecución en sus lugares de origen, con lo que lo primero que estaban interesadas en
garantizar en su tierra adoptiva era justamente el no ser perseguidos por sus creencias. Es
importante señalar que la libertad de conciencia, pese a todo, no tenía todavía en este
momento el valor que luego ha llegado a tener para nosotros. Puede decirse que su valor era
entonces más de medio que de fin, puesto que las comunidades religiosas la reclamaban como
instrumento para su defensa y supervivencia frente a la hostilidad de otros grupos o de la
autoridad política. Pero de cara al interior cada secta tenía que garantizar necesaria-mente una
lealtad a la ortodoxia por parte de todos sus miembros que, en la mayor parte de los casos,
significaba una uniformidad de las creencias más fuerte que la del catolicismo anterior a la
Reforma (piénsese, por ejemplo, en el sentido de la ortodoxia de los puritanos). De haber
operado el principio de la libertad de conciencia como norma interna de estas comunidades,
no habrían podido mantener su cohesión como grupos, al igual que ellos mismos, ejerciendo
esta libertad, habían roto la cohesión respecto a las confesiones de las que se habían
escindido.
Este derecho, nacido en el ámbito religioso, tenía que generalizarse y extenderse a otros
ámbitos para adquirir el valor de fin y no sólo de medio, y con ello la posibilidad de
universalizarse. En otros términos, tenía que secularizarse porque, en realidad, toda religión
requiere un mínimo de unidad en las creencias. Por eso, el contexto religioso fue la ocasión
histórica en que se formuló, pero una vez nacido podía desprenderse de lo propiamente
circunstancial (las disputas religiosas, en este caso), para definirse por lo esencial: la
autodeterminación de la persona según su propia conciencia y frente a poderes rivales, incluso
el del mismo Estado. Este carácter esencial, ya separado de las circunstancias de su origen,
hará posible el ejercicio de la libertad de conciencia en otros contextos, como el pluralismo
político ola libertad general de pensamiento y de expresión. Incluso, por ser el primero de los
derechos humanos en definirse, esta inviolabilidad de la persona en su conciencia servirá de
apoyo para los derechos definidos con posterioridad. En esto ha insistido también WEBER.
«Brota así del suelo de las sectas consecuentes un «derecho» de los dominados que es
considerado como imprescriptible y, en realidad, un derecho de cada dominado contra el
poder político, hierocrático, patriarcal o de cualquier otra especie. Ya sea o no la más antigua,
esta «libertad de conciencia» es la fundamental, en principio, pues se trata del más amplio
«derecho del hombre», el que abarca el conjunto de las acciones éticamente condicionadas y
el que garantiza la libertad frente al poder, especialmente frente al poder del Estado —un
concepto que en este sentido ha sido tan desconocido para la Antigüedad como para la Edad
Media, lo mismo que para la teoría política de Rousseau con su coacción religiosa oficial—. A él
se incorporan los demás «derechos»: «del hombre», «del ciudadano», «de la propiedad», ante
todo el derecho a la salvaguardia de los propios intereses económicos dentro de los límites de
un sistema de normas jurídicas garantizadas e igualmente válidas para todos y cuyas bases
fundamentales son la inviolabilidad de la propiedad privada, la libertad contractual y la libre
elección de profesión».[ WEBER, Max: Economía y sociedad, p. 937]
Además del efecto principal de la Reforma protestante: la formulación del derecho a la
libertad de conciencia, también hay otros efectos derivados que merecen atención. Son estos
el impulso que el protestantismo significó para la constitución de los estados modernos y la
separación de iglesia y estado, la influencia que tuvo en el desarrollo del capitalismo, la
secularización del derecho, la decadencia del iusnaturalismo de origen teológico y su
sustitución por el iusnaturalismo racionalista moderno. La doctrina teológica luterana partía
del supuesto de la naturaleza pecadora del hombre, naturaleza que no podía reformarse por
las obras. La única base de la salvación estaba en la fe. Por tanto, la emancipación del individuo
que significaba el luteranismo se refería exclusivamente al terreno sobrenatural. La religión
queda así restringida a la convicción subjetiva, y las obras exteriores se desligan de toda
consideración espiritual. El orden civil y político se convierte en el ámbito secular,
independiente de la fe y regido por sus propias leyes, que no pueden ya apoyarse en la
voluntad divina. Inicialmente, esta separación de la iglesia y el Poder civil servirá de apoyo y
legitimación de los estados absolutos, si bien posterior-mente la mutua independencia iglesiaestado fue interpretada por algunas sectas como hostilidad natural entre comunidad religiosa
y comunidad política (los cuáqueros, por ejemplo). Pero salvando los matices, fue
consecuencia general de la Reforma la convicción de que la ley civil y la ley religiosa operan
con plena independencia, buscando a partir de entonces el derecho otros criterios de
legitimidad que la ley natural basada en la voluntad divina, y abriendo la posibilidad del
derecho natural racionalista. Otro aspecto de la doctrina protestante destacable por sus
efectos será la de la predestinación, en la que tuvieron un papel destacado CALVIN() y
JANSENIO. Al no poder salvarse el hombre por las obras, es Dios el que decide quiénes serán
llamados a la vida eterna. Pero se entiende que el éxito en este mundo es signo de
predestinación, lo que excita el afán por los negocios terrenos. Teniendo en cuenta que el
campo de lo mundano se ha descargado de toda significación y norma sobrenatural, se abre
así como la expansión natural de la libre iniciativa individual. WEBER, en La ética protestante y
el espíritu del capitalismo, ha analizado detalladamente esta relación.
3.2. El desarrollo del capitalismo
Por desarrollo del capitalismo debe entenderse la transformación de la estructura social
estamental, propia de la Edad Media, hacia una sociedad de mercado —con la estructura
propia que ello comporta—, la generalización de la industria, el comercio y las finanzas, la
incorporación de nuevas técnicas de producción y, por último, el nacimiento de la economía
política. Propiamente, el capitalismo comienza a desarrollarse ya en la Alta Edad Media y no
puede darse por completado hasta el siglo XIX, lo que abarca un lapso histórico demasiado
extenso como para considerarlo un fenómeno simple. Sin embargo, puede decirse que la
característica que sintetiza todo este desarrollo es la progresiva racionalización de la actividad
económica, en el sentido de que una administración económica moderna se basa en:
— Una contabilidad sistemáticamente organizada y lo más exacta posible.
— Una planificación rigurosa de los recursos materiales, humanos y financieros a emplear
y del modo de su empleo.
— Una estimación lo más objetiva posible de las demandas sociales (o del mercado) a las
que la actividad económica debe responder.
Estas características no necesariamente se limitan a la empresa capitalista con ánimo de lucro
como fin primordial. También una obra benéfica puede guiarse por ellas. En este caso, el fin de
la actividad no es el beneficio económico, pero su administración sí puede responder a
criterios económicos racionales. En cambio, un ritual mágico en una tribu, un grupo de
personas unidas por amistad o la contemplación estética, ni en su fin ni en los medios
responden a criterios económicos racionales, sino a criterios de otro tipo. Lo esencial, por
tanto, es si el conjunto de las actividades sociales se regulan mayoritariamente por este tipo de
racionalidad o no. Y este fue el eje del cambio entre la antigua sociedad estamental y la
sociedad de mercado. Ahora bien, el predominio creciente de los criterios de la economía
racional sobre otro tipo de criterios trae consigo una transformación de las formas de
asociación y de las actividades sociales, del papel del individuo en el conjunto de la sociedad,
del derecho y de las funciones del Estado. Puede decirse que la sociedad de mercado crea un
tipo específico de generalización de las relaciones sociales: la interdependencia creciente de
los individuos en el trabajo y en la satisfacción de las necesidades y los gustos. Esta
interdependencia significa que una sociedad con una economía en desarrollo implica una
diversificación cada vez mayor de las funciones profesionales.
En lo que comúnmente se acepta como la primera forma histórica de asociación humana, la
horda de cazadores-recolectores, se da una mínima diversificación funcional de los miembros
del grupo: prácticamente todos están igualmente instruidos para la caza, la pesca o la
búsqueda de frutos (salvando la diversificación de papeles en función del sexo). Con la
invención de la agricultura y la ganadería, del uso del hierro, de la navegación, de las nuevas
técnicas artesanales, etc., las tareas se diferencian, y cada individuo depende de que otros
cumplan las funciones para las que él no se instruye y no está capacitado. Cuanta más
diversificación de las profesiones, más elaborados resultan los productos, y más que los bienes
que la naturaleza ofrece en bruto, lo que se consume son productos de otros hombres: se
consume el esfuerzo de otros. Así crecen paralelamente una singularización y limitación del
trabajo personal (y con ella un papel más individualizado de las personas) y una dependencia
mayor del grupo al que pertenece el individuo, con lo que el desarrollo económico se convierte
en una fuente de creación de nuevos vínculos de cohesión social. El papel más destacado del
individuo se traducirá, con el desarrollo de la economía capitalista, en el individualismo liberal,
lo que definirá el sentido moderno del derecho a la propiedad, la libertad contractual y la
capacidad individual de emprendimiento en el marco social. Ahora bien, en la medida en que
el capitalismo promueve una mayor individualización, la interdependencia en el trabajo y en la
satisfacción de las necesidades significa también, a fin de cuentas, la creación de nuevas
formas de dependencia antes inexistentes. La vulnerabilidad del individuo cuando esas
dependencias se acentúan crearán la base para la definición de los derechos sociales y
económicos, también propios de la Edad Moderna y consecuencia directa del desarrollo del
capitalismo. Esta vulnerabilidad proviene de que las normas específicas que rigen de manera
autónoma la sociedad de mercado pueden volverse incontrolables y lesivas para el individuo.
Por decirlo de una manera gráfica: también el agricultor está sujeto a la eventualidad de que
una catástrofe natural arruine su cosecha, fatalismo que en sus efectos puede asemejarse a la
depauperación en que puede sumirse un individuo por causa de una crisis bursátil grave como
la ocurrida en 1929. La diferencia está en que el agricultor no puede reclamar sus derechos
frente a la naturaleza, pero el asalariado de una economía capitalista no sufre un destino
natural, sino la acción de otros hombres que, a fin de cuentas, forman parte junto a él de la
comunidad política. Puede reclamar de la autoridad que la ley limite aquellas acciones que
terminen por generar situaciones de miseria. En este sentido, ya HEGEL había señalado [Cfr.
los parágrafos 241-245 de sus Principios de la Filosofía del Derecho] el hecho, después aun más
destacado y analizado en profundidad por MARX, de que la sociedad de mercado, abandonada
a sí misma, conduce a la formación de una plebe que se mantiene en el nivel mínimo de
subsistencia, incapacitando a estos individuos para su desarrollo como personas, y creando las
condiciones para que se concentren en pocas manos riquezas desproporcionadas. Si el Estado
no asume la función de garantizar la dignidad de la persona también frente a estas amenazas,
la sociedad de mercado no lo hace por su propia dinámica. En consecuencia, el capitalismo
será la condición histórica de formulación de los derechos de propiedad y libertad contractual
y el sentido general del individualismo liberal, pero también de los derechos sociales y
económicos. Pero volviendo ahora sobre el proceso general de diversificación de las
profesiones, puede haber varios factores que frenen o incluso impidan este desarrollo. Uno de
los más importantes es la tendencia a las relaciones económicas cerradas frente a otras
relaciones abiertas. Ocurre lo primero cuando una determinada actividad está monopolizada
por una determina-da agrupación de personas e impedida a los que no pertenecen a ella. La
estructuración feudal de la sociedad estaba encaminada a este fin «proteccionista». Los
señores poseían las tierras o los derechos exclusivos de caza, y por ello cobraban a los vasallos,
quienes además estaban obligados a moler su trigo o hacer su pan en el molino y el horno del
señor o del convento asentado en su territorio, los señores cobraban impuestos por las ferias y
mercados, había peajes sobre las vías de comunicación, los puentes o las villas. Los gremios, a
su vez, monopolizaban las profesiones artesanales. El capitalismo, para poder desarrollarse,
tenía que romper todas estos corporativismos cerrados sobre sí mismos, y sólo pudo
expandirse cuando se produjo una nueva forma de asociación humana: la empresa moderna
con fines de lucro, caracterizada por la separación del patrimonio común de la asociación del
patrimonio personal de cada uno de sus miembros.[ Este cambio sólo fue posible gracias a la
nueva distinción entre personalidad física y jurídica. El derecho establece una total separación
entre la esfera jurídica independiente de las asociaciones y corporaciones y las esferas jurídicas
de sus miembros]. Un segundo condicionante son las capacidades de comunicación. En un
primer aspecto se refieren éstas al nivel de desarrollo de las técnicas de transporte o a la
densidad demográfica, que facilita la intensidad de la intercomunicación. Pero además, la
diversificación de las actividades económicas sólo es viable cuando el producto de las
diferentes funciones puede intercambiarse. El medio universal del intercambio es el dinero,
pero para que sea operativo tiene que haber una autoridad capaz de emitir moneda y
garantizar su curso legal en un determinado territorio con una administración política y de
justicia consolidada. Así comienza el capitalismo a ser un acicate para la constitución de los
estados modernos, porque además el cálculo racional en que se basa la empresa capitalista no
puede coexistir con un sistema normativo disperso y sujeto a contingencias. Necesita un
ordenamiento jurídico racionalizado, uniforme y con igual vigencia en todo el territorio.
Modernización económica y modernización jurídica y del Estado corren así parejas.
3.3. La constitución de los estados modernos
Aunque pertenece esencialmente a los derechos humanos la idea de una limitación de los
poderes del Estado frente a la dignidad individual, sin embargo, y por paradójico que parezca,
la propia aparición del Estado, e incluso del Estado absoluto, ha sido una condición histórica
necesaria para la formulación de los derechos humanos, como afirma PECES-BARBA:
«Así, el derecho del Estado Absoluto, será un sistema normativo centralizado, dirigido a todos
los súbditos, superando los privilegios estamentales medievales. El homo juridicus , único,
frente al pluralismo de destinatarios, de ámbitos de vigencia y de jurisdicciones del derecho
medieval, preparará la idea de igualdad ante la ley, de todos los súbditos, después ciudadanos,
y la posibilidad de normas que atribuyen a todos los sujetos posibles unos derechos que se
harán derivar, todavía entonces, de la naturaleza humana».[ PECES-BARBA, Gregorio: Tránsito
a la modernidad y derechos fundamentales. Ed. Mezquita. Madrid, 1982, p. 30]
Por tanto, las etapas que habrán de atravesar los sistemas políticos de las sociedades
occidentales son, en primer lugar, la transición desde el régimen feudal hacia el Estado
absoluto, para pasar más adelante de éste al Estado liberal, terreno donde propiamente harán
su aparición los derechos fundamentales. La primera de estas etapas es paralela al proceso
mediante el cual el capitalismo consigue también una regresión de la sociedad feudal, y se
asemeja también en cuanto a la racionalización de los procedimientos. La cuestión clave es con
quién cuentan las monarquías para auxiliarles en la gobernación. Los reyes comienzan a
arrancar el poder de las manos de la nobleza para entregárselo a funcionarios directamente a
su servicio y que, a diferencia de aquéllos, no ejercían sus cargos como derechos de gobierno
derivados de su estirpe, sino simplemente en virtud de su cualificación profesional. Este claro
paralelismo con el desarrollo de la empresa capitalista es señalado por WEBER.
«En todas partes el desarrollo del Estado moderno comienza cuando el príncipe inicia la
expropiación de los titulares privados de poder administrativo que junto a él existen (...). Este
proceso ofrece una analogía total con el desarrollo de la empresa capitalista mediante la
paulatina expropiación de todos los productores independientes. Al término del proceso
vemos cómo en el Estado moderno el poder de disposición sobre todos los medios de la
empresa política se amontona en la cúspide, y no hay ya ni un sólo funcionario que sea
propietario del dinero que gasta o de los edificios, recursos, instrumentos o máquinas de
guerra que utiliza». [WEBER, Max: El político y el científico. Alianza Editorial. Madrid, 1991. p.
91]
De esta manera, las monarquías europeas progresan en la apropiación del poder de señores
feudales territoriales y cortesanos. La creación de los ejércitos regulares, a disposición del rey,
libera a éste de la dependencia militar respecto a los nobles, quienes en caso necesario
aportaban hombres en armas de su feudo al monarca, pero con la posibilidad cercana de que
empleasen también esta fuerza armada en contra del rey. Al mismo tiempo, la corona está
cada vez más presente en todos los rincones del país por medio de agentes suyos que se
constituyen en poderes paralelos al de la nobleza territorial. En España, Felipe II impone la
administración burocratizada de la nación. Construye el Escorial para poder gobernar desde
un despacho —novedad de este tiempo—, donde está al corriente de todo gracias a los
informes detallados que le suministra una poderosa red de información cada vez más
extendida. Carlos III incrementará notablemente esta administración burocratizada y
centralizada del país. Su consecuencia será que la monarquía adquiere una capacidad de
regulación normativa de la vida social sin precedentes. Como dice TOCQUEVILLE, «en el siglo
XVIII la administración pública estaba ya (...) muy centralizada, era poderosísima y
prodigiosamente activa. Incesantemente se la veía ayudar, impedir, permitir. Podía prometer y
dar mucho. Influía ya de mil maneras no solamente en la marcha general de los asuntos, sino
en la suerte de las familias y en la vida privada de cada hombre» [TOCQUEVILLE, Alexis de: El
Antiguo Régimen y la Revolución. Alianza Editorial. Madrid, 1989. p. 47]. Esta administración
pública centraliza-da no será suprimida posteriormente por las revoluciones liberales. Este
aspecto es común a las formas de organización política desde la decadencia de la sociedad
feudal hasta nuestros días. Con la capacidad legislativa centralizada comienza a desarrollarse
una uniformidad normativa en todo el país y, consecuentemente, á desaparecer la pluralidad
jurisdiccional propia del sistema feudal. El Decreto de Nueva Planta de Felipe V acaba con los
derechos forales territoriales imponiendo el derecho castellano. Por último, las monarquías
absolutas acabaron también con la capacidad de las diversas agrupaciones sociales para
regular autónomamente su funcionamiento interno, y esta centralización, como señala
WEBER, también se continuaría en los estados liberales.
«...el moderno estado principesco y burocrático fue el primero en supri-mir las tradicionales
autonomías corporativas, los ayuntamientos, gre-mios, guildas, comunidades de mercado,
iglesias y asociaciones de toda índole, sometiéndolos a su vigilancia, concesionándolos,
reglamentándo-los, ejerciendo control sobre ellos y anulando todos los derechos que no
derivaban de una concesión (...). Después, en el ámbito de su influencia permanente, la
Revolución Francesa destruyó no sólo todas las corpora-ciones, sino también las asociaciones
de toda índole que no disfrutaban de una concesión para el logro de fines expresos y
claramente limitados y, en general, toda formación autónoma de asociaciones». [Idem. P.
581].
Con este cambio se suprimió la creación individual del derecho privilegiado y se sustituyó por
el establecimiento de facultades jurídicas esquemáticamente concedidas a todos. El efecto
conseguido fue la uniformidad de todos los súbditos frente a la autoridad absoluta del rey, lo
que constituye la base para el principio de la igualdad de derechos. La monopolización estatal
del otorgamiento de derechos significa que en la relación entre el individuo y su
reconocimiento jurídico como persona se interpone ahora, como mediación universal, el
Estado. A lo largo de todo este proceso, y paralelamente a él, el progresivo establecimiento del
capitalismo va a su vez imponiendo su específico modo de nivelación y estructuración social.
Con él adquiere un papel cada vez más importante la burguesía industrial, comercial y
financiera. Esta clase ascendente necesitaba un orden político sólido y un ordenamiento
jurídico uniforme y racionalizado que garantizase una organización social estable y pacífica,
base necesaria para el desarrollo económico. El Estado absoluto se legitima así ante este grupo
y ambos procesos se compenetran bien y sin conflictos graves. Sin embargo, conforme la
reestructuración social del capitalismo desequilibra la importancia relativa de los diversos
estamentos en favor de una burguesía que lleva ya sobre sí una buena parte del peso de cada
país, comienzan las tensiones que harán llegar al Estado liberal. La nobleza, desprovista de sus
funciones de gobierno, mantiene aun sus privilegios, pero sin que estos puedan ya justificarse,
como en la sociedad feudal, por su papel social. Tocqueville sostiene que la división entre
aristocracia, clero y tercer estado era en parte sólo nominal. De hecho, los miembros
preeminentes del tercer estado podían asimilarse sociológicamente a la nobleza, pero por el
corporativismo de ésta y su defensa del honor de la sangre (frente a los méritos profesionales
y económicos de aquéllos), despreciaba a los notables de la burguesía como advenedizos y se
distanciaba de ellos. Así, dentro de la aristocracia de facto (todos los miembros del grupo
social mejor situado, nobles o no), la nobleza de cuna insistía en sus derechos corporativos
como salvaguardia de una división estamental que cada vez se correspondía menos con la
verdadera forma de estratificación social.
«Esta división que existía en Francia entre los distintos elementos aristocráticos, establecía en
el seno de la aristocracia una especie de guerra civil que sólo podía beneficiar a la democracia.
Rechazados por la nobleza, los principales miembros del tercer estado tenían que apoyarse,
para combatirla, en principios útiles en el momento de servirse de ellos, pero peligrosos por su
misma eficacia. El tercer estado era una parte de la aristocracia sublevada contra la otra, y
obligada a profesar la idea general de la igualdad para combatir la idea particular de
desigualdad que se ponía en su contra (...). Todas estas recriminaciones entre las distintas
clases de privilegios revertían en perjuicio de la causa general de los privilegios. El pueblo,
espectador desinteresado del debate de sus jefes, no retenía de sus discursos más que aquello
que podía serle útil. Así, poco a poco se fue difundiendo por la nación la idea de que sólo la
igualdad se conformaba con el orden natural de las cosas, que en ella estaba contenida la idea
simple y general que debía presidir la organi-zación de una sociedad bien ordenada»
[TOCQUEVILLE, Alexis de: op. cit., pp. 22-23]
Surgió así el ideal de igualdad que animó la Revolución y la Declaración de- derechos francesas
y la instauración del Estado liberal. De manera semejante, en las colonias inglesas de
Norteamérica, la burguesía (allí aun más predominante), se sacudió el poder monárquico cuyas
normas contra-decían ya abiertamente el modo de vida imperante. La prohibición real a las
colonias americanas de comerciar libremente salvo con la metrópoli o las otras colonias, por
ejemplo, fue uno de los motivos inmediatos de la Revolución y la Declaración de
independencia. Por tanto, después de la libertad de conciencia nacida con la Reforma
protestante, se imponen ahora los valores de la libertad individual y la igualdad de derechos.
4. GÉNESIS Y PERSPECTIVAS DE LA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
A modo de conclusión sintética, la génesis de los derechos humanos está ligada al proceso de
reestructuración social experimentada en los países de tradición cultural occidental y al nuevo
valor de la individualidad personal -en estos sistemas sociales. Las condiciones que hicieron
posible la formula-clon de los derechos fundamentales fueron la necesidad de tolerancia
resultante de las tensiones surgidas con Reforma protestante, estableciéndose así el principio
de la libertad de conciencia. Por otra parte, la uniformidad social que impondrán los estados
absolutos servirá de base al principio de igualdad de derechos, y el tipo de sociedad apoyado
en la libertad contractual (frente a los precedentes estamentales del feudalismo) que trae
consigo la sociedad de mercado será el campo de desarrollo del sentido individualista de la
libertad.
En 1948, la Naciones Unidas establecían la Declaración Universal de los derechos humanos. A
partir de este momento, las condiciones particulares que en el contexto occidental hicieron
posible la formulación de estos derechos dejan de ser relevantes para pasar a primer plano las
condiciones a nivel universal que hagan posible el respeto a esta Declaración. Sin embargo, si
alguna experiencia puede sacarse de la génesis de los derechos humanos es que las tensiones
que fueron necesarias en el ámbito occidental tal vez constituyan una vía que no puede
ahorrarse del todo en otros contextos culturales, como afirma RAYMONDO ARON:
«Si no es cierto que las fases iniciales de la industrialización determinan (en el sentido de
«hacer necesarios») los despotismos y menos aún los totalitarismos, sí es verdad que las
tensiones inevitables, ligadas a los comienzos de la modernización económica, reducen la
probabilidad de un régimen que entrañase a la vez la rivalidad de partidos, participación de las
masas y libertades personales. En Europa, en fases comparables de desarrollo, el régimen era a
veces parlamentario, pero el parlamentaris-mo era de esencia aristocrática y las masas
populares se hallaban o privadas de derechos políticos o sometidas efectivamente a los privilegiados. Que los paises no occidentales sacrifiquen las libertades políticas y personales para
satisfacer las necesidades, reales o supuestas, de la modernización es algo de lo que no
tenemos por qué asombrarnos»[ ARON, Raymond: Ensayo sobre las libertades. Alianza
Editorial. Madrid, 1974, pp. 93-94].
BIBLIOGRAFÍA
PECES-BARBA, Gregorio y otros: Derecho positivo de los Derechos Humanos. Ed. Debate.
Madrid, 1987. WEBER, Max: Economía y sociedad. FCE. México, 1984. TRUYOL Y SERRA,
Antonio: Los derecho humanos. Ed. Tecnos. Madrid, 1982. TOCQUEVILLE, Alexis de: El Antiguo
Régimen y la Revolución. Alianza Editorial. Madrid, 1989. PECES-BARBA, Gregorio: Tránsito a la
modernidad y derechos fundamentales. Ed. Mezquita. Madrid, 1982.

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