recurso de revisión - Tribunal Electoral de Sinaloa

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recurso de revisión - Tribunal Electoral de Sinaloa
023/2004 REV
RECURSO DE REVISIÓN
EXPEDIENTE: 023/2004 REV
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL.
PROMOVENTE:
PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL.
TERCERO
INTERESADO:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: LIC. SERGIO
SANDOVAL MATSUMOTO.
SECRETARIO: LIC. DIEGO FERNANDO
MEDINA RODRÍGUEZ.
Culiacán de Rosales, Sinaloa, a 18 de diciembre de dos mil cuatro.
VISTOS: para resolver los autos del expediente citado al rubro,
integrado con motivo del recurso de revisión promovido por el Partido Acción
Nacional, por conducto de su Representante Propietaria María Serrano
Serrano, en contra de la declaratoria de que la denuncia presentada por el
Partido del Trabajo en contra de la señora Rossy Camacho Rojas de
Aguilar, había quedado sin materia en virtud del desistimiento hecho por el
representante del Partido del Trabajo, dictado por el Consejo
Estatal
Electoral de Sinaloa, el día diez de diciembre del año en curso, y
RESULTANDO
1. En sesión de diez de diciembre del año en curso, el Consejo
Estatal Electoral, con sede en el municipio de Culiacán, Sinaloa, emitió la
declaratoria, que al dicho del actor dice:
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“LA DECLARATORIA DE QUE LA DENUNCIA PRESENTADA POR
EL PARTIDO DEL TRABAJO EN CONTRA DE LA SRA. ROSSY
CAMACHO ROJAS DE AGUILAR, HABÍA QUEDADO SIN MATERIA
POR VIRTUD DEL DESISTIMIENTO HECHO POR EL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO”.
2.- Con fecha trece de diciembre de dos mil cuatro, a las
veintidós horas con cincuenta y un minutos, ante el propio Consejo, el
Partido Acción Nacional, interpuso Recurso de Revisión en contra de la
declaratoria que ha quedado precisado en el resultando que antecede.
3.- Con fecha quince de diciembre del actual, a las veintidós
horas con treinta y ocho minutos, el Partido Revolucionario Institucional,
presentó escrito como tercero interesado ante el Consejo Estatal Electoral,
argumentando que el recurso interpuesto es manifiesta y notoriamente
improcedentes, por las razones que en ese documento expone.
4.- El día dieciséis de diciembre del año en curso a las diez
horas con tres minutos, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, se
recibió el medio de impugnación referido en puntos anteriores, junto con el
expediente remitido por el
Consejo
Estatal
Electoral, el
informe
circunstanciado mediante el cual expresó que el promovente del recurso
tiene acreditado su personería ante esa autoridad Electoral, el escrito de
tercero interesado del Partido Revolucionario Institucional y así mismo
remitió las demás constancias relativas al trámite del recurso de referencia.
En la misma fecha, el Presidente de este Órgano Jurisdiccional, turnó la
documentación recibida al Secretario General para que efectuara la
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certificación prevista por el artículo 222 de la Ley de la Materia, el cual
realizó, y admitió el recurso bajo el expediente número 023/2004 REV.
5. - El Instituto Político enjuiciante, ofreció las siguientes
pruebas:
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente ésta en la copia
debidamente certificada expedida por el Consejo Estatal Electoral
en el que se certifica que la suscrita es la Representante
Propietaria del Partido Acción Nacional ante dicho órgano
electoral, con lo que de muestro la personería jurídica con la que
me vengo ostentando.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente ésta en la copia
certificada del Proyecto de Acta de la Décima Quinta Sesión
Ordinaria de fecha 10 de Diciembre de 2004, en el que se aprecia
la determinación del Presidente de declarar sin materia el punto
Sexto de la Orden del día, que por esta vía impugnamos.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente ésta en la copia
certificada de la Denuncia Penal presentada por el C. EZEQUIEL
REYNOSO ESPARZA representante del Partido del Trabajo, en
donde se narra la conducta al parecer delictuosa en que incurrió
la Sra. Rossy Camacho Rojas de Aguilar, cuyo nombre real es
ROSA MARIA LOURDES CAMACHO BRUFAU DE AGUILAR.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente ésta en copia certificada
de los Acuerdo de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Estatal
Electoral, celebrada con fecha diez de Diciembre de 2004, en la
que se aprecia la inexistencia del acuerdo al Punto Sexto de la
Orden del Día propuesto para la sesión.
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente ésta en la copia simple
del Dictamen que presenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral,
la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, respecto a la
solicitud de presentación de una denuncia penal del Partido del
Trabajo en contra de la Sra. Rossy Camacho Rojas de Aguilar por
posible comisión de delitos electorales.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente ésta en el original de la
convocatoria a la Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 10 de
Diciembre de 2004, recibido por el Instituto Político que
represento, en la que se aprecia el orden del día de dicha sesión.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente ésta en
todas y cada una de las actuaciones que se practiquen con motivo
de la presentación del presente recurso y es trámite respectivo.
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PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente ésta en
todas y cada una de las presunciones en su doble aspecto, en lo
que beneficien a mi representado y perjudicado a la contraria.
6.- Mediante proveído de la misma fecha, el Presidente de este
Tribunal, turnó el expediente en que se actúa a la Sala Centro, para que
formule proyecto de resolución y lo someta a consideración del Pleno, y:
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno, es competente para
conocer y resolver del recurso interpuesto por el Partido actor, de
conformidad con el párrafo sexto del artículo 15 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y los numerales 48, 201, 205 Bis
fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa y los numerales 1°, 4°,
inciso d) del Reglamento Interior de este Tribunal.
SEGUNDO.- Atento a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley
Electoral del Estado de Sinaloa, sus disposiciones son de orden público y
reglamentan las normas constitucionales relativas a las instituciones
políticas y la función estatal de organizar las elecciones. Por otra parte, de
acuerdo con lo que establece el artículo 48 de la mencionada legislación,
corresponde al Tribunal Electoral de Sinaloa, revisar los actos y
resoluciones de las autoridades electorales como el órgano encargado por
mandato Constitucional, a través de la resolución de los recursos, de dar
definitividad a las distintas etapas del proceso electoral, garantizando que
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las actividades desarrolladas en las mismas, se sujeten invariablemente al
principio de legalidad.
TERCERO.- El partido político actuante, en su escrito de
interposición del recurso, expresó ad litteram los siguientes agravios:
AGRAVIOS.
FUENTE DEL AGRAVIO. Lo constituye la determinación unilateral
del Presidente del Consejo Estatal Electoral, de dejar sin materia el
punto 6 del orden del día, en el que se analizaría y aprobaría, en
su caso, el dictamen elaborado por la Comisión de Organización y
Vigilancia Electoral, relativo a la denuncia presentada por el
Partido del Trabajo en contra de la Sra. Rossy Camacho Rojas de
Aguilar, cuyo nombre real es ROSA MARIA LOURDES CAMACHO
BRUFAU DE AGUILAR.
PRECEPTOS VIOLADOS. Lo constituyen el artículo 15 de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y los artículos 1, 2, 47,
49, 56 fracción I y XIV y demás relativos de la Ley Electoral del
Estado de Sinaloa, y 361 del Código Penal del Estado de Sinaloa.
CONCEPTO DEL AGRAVIO. Nos causa agravio que el Presidente
del Consejo Estatal Electoral, en la sesión celebrada con fecha 10
de Diciembre de 2004, determinara dejar sin materia el punto
sexto de la orden del día de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, en
el que se analizaría y aprobaría, en su caso, el Dictamen que
presentaba al Pleno la Comisión de Organización y Vigilancia
Electoral, respecto a la solicitud de presentación de una denuncia
penal de parte del Partido del Trabajo, en contra de la Sra. Rosa
Maria de Lourdes Camacho Brufau de Aguilar, esposa del
candidato a gobernador del estado del Partido Revolucionario
Institucional SR. JESÚS AGUILAR PADILLA, solicitud que realizara
por escrito recibido con fecha 14 de noviembre de 2004, por el
mismo Consejo.
Tal determinación conculca los principios de legalidad y certeza, ya
que al tener conocimiento el Consejo Estatal Electoral, de hecho
que no solamente constituye una conducta delictuosa, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 358, fracción VI, del
Código Penal de nuestro Estado, también constituye una violación
a los artículo 22, 23 segundo párrafo y 117 fracción VIII de la Ley
Electoral del Estado de Sinaloa, así como los artículos 1 y 3 del
Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la Propaganda
Electoral, lo anterior en base a que la presunta responsable de los
hechos, realizó proselitismo electoral el día de la jornada electoral
a través de un medio de comunicación masiva como resulta ser
RADIO UAS.
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La conducta desplegada por la Sra. de Aguilar encuadra dentro de
las violaciones a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, por lo que
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 56 fracción I y XIV
del ordenamiento legal citado, debió de haber iniciado un
procedimiento necesario para determinar el grado de
responsabilidad en que había incurrido, tanto el particular como el
Partido Revolucionario Institucional, a efecto de ejercitar las
acciones coercitivas administrativas y penales.
Igualmente la determinación del presidente de dejar sin materia la
denuncia presentada, rompe con el principio de legalidad, ya que
el mismo al tener conocimiento
de actos presuntamente
constitutivos de un delito electoral, perseguible de oficio, debió de
haber encausado la denuncia hacia la autoridad que le compete
conocer de dichas conductas, tal y como lo establece el artículo
361 del Código Penal.
El Consejo Estatal Electoral al tener conocimiento de conductas
presuntamente constitutivas de delito, debió de proceder a la
inmediata presentación de la denuncia respectiva, por ser éstos
perseguibles de oficio, independientemente del desistimiento
formulado por el denunciante.
El Código Procedimientos Penales, es muy claro cuando dispone
que todos los ciudadanos están obligados a denunciar los hechos
de que tengan conocimiento y que constituyan un delito de los
considerados de oficio.
Cabe señalar que a pesar de haber sido agendado en el Punto
Sexto en el Orden del Día de la sesión, sobre dicho, no recayó
ningún acuerdo del pleno del consejo, como debió de haber
ocurrido por haberse sometido a su determinación, rompiendo
nuevamente con el estado de derecho que debe de regir en todos
los actos en que participa una autoridad, en el este caso la
electoral.
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 244 de la Ley
Electoral del Estado de Sinaloa, se le da valor probatorio plena a las
pruebas documentales públicas ofrecidas por el partido político actor.
QUINTO.- El partido político recurrente medularmente señala
en su escrito de recurso le causa agravio el hecho de que el Presidente del
Consejo Estatal Electoral, en la sesión celebrada con fecha diez de
diciembre de dos mil cuatro, determinara dejar sin materia el punto sexto
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del orden del día de la décima quinta sesión ordinaria, en el que se
analizaría y se aprobaría en su caso, el dictamen que sometiera la
Comisión de la Organización y Vigilancia Electoral al pleno del Consejo,
respecto a la denuncia penal promovida ante esa instancia por parte del
Partido del Trabajo, en contra de la SRA. ROSSY CAMACHO ROJAS DE
AGUILAR, esposa del candidato a Gobernador del Estado del Partido
Revolucionario Institucional, SR. JESÚS AGUILAR PADILLA con fecha de
presentación catorce de Noviembre de dos mil cuatro; agrega el
promovente que con esa determinación del Presidente del Consejo de
dejar sin materia la denuncia presentada, se rompe con el principio de
legalidad ya que al tener conocimiento de actos, presuntamente
constitutivos de un delito electoral, perseguible de oficio, debió de haber
encauzado la denuncia hacia la autoridad que le compete conocer de
dichas conductas, tal y como lo establece, según dice el partido,
el
artículo 361 del Código Penal, independientemente del desistimiento
formulado por el denunciante.
Ahora bien, respecto de lo argumentado como agravio por el
partido actor, este juzgador considera infundado el concepto de
impugnación que se analiza, toda vez que ya se ha establecido por este
Tribunal en otras resoluciones, que respecto a los llamados delitos que se
persiguen de oficio, como lo es el caso de los delitos electorales, cualquier
persona que tenga conocimiento de hechos presuntamente delictivos
puede formular la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio
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Público en turno o por conducto de la Policía Ministerial, según lo señalado
en la fracción I del artículo 3° del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de Sinaloa; sin embargo, en tratándose de la materia
electoral y específicamente de las denuncias que puedan presentarse
específicamente por los partidos políticos, el artículo 361 del Código Penal
para el Estado de Sinaloa, modifica la regla general y señala que los
partidos políticos deberán pedir a los organismos electorales que
formulen las denuncias por presuntos hechos delictivos electorales.
El precitado artículo 361 del Código Penal en vigor establece:
“Los organismos electorales, a petición de los partidos
políticos, formularán ante las autoridades correspondientes las
denuncias a que se refiere este capítulo que procedan”.
La disposición penal en estudio requiere como principio
primordial, para que los organismos electorales formulen denuncias ante
la autoridad correspondiente, que exista la petición de los partidos
políticos y que esa petición se refiera a delitos electorales.
Por tanto, al haberse desistido de la petición que hiciera
valer respecto de la denuncia presentada por el Partido del
Trabajo, con fecha catorce de noviembre de dos mil cuatro le había
solicitado al Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que éste
formulara ante las autoridades correspondientes la denuncia de hechos
que había presentado, el organismo electoral ya no se encuentra en el
supuesto establecido por el referido artículo 361 del Código Penal toda vez
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que ante la ausencia de petición de los partidos políticos, el organismo
electoral no está legitimado para actuar de mutuo propio, esto es, al
margen de ese derecho que asiste a los institutos partidistas, y ante tal
circunstancia, dado el retiro del original pedimento a cargo del Partido del
Trabajo, es claro que el organismo electoral no está obligado a continuar
el tramite previo a la formulación de una denuncia que técnicamente dejó
de producir consecuencias legales.
De lo que se colige que la argumentación del recurrente cuando
se duele de la determinación del Presidente del Consejo de dejar sin
materia la denuncia presentada es infundada, ya que la obligación de
actuar en los delitos perseguibles de oficio que establecen las leyes
penales se reservan tanto para el Ministerio Público como para la Policía
Ministerial, lo cual encuentra su fundamento en los artículos 112 del
Código de Procedimientos Penales y 128 del mismo ordenamiento penal y
no para la autoridad administrativa electoral como lo argumenta el
recurrente ni para cualquier ciudadano común.
A mayor abundamiento, es dable manifestar que este tribunal
ha sostenido respecto al texto del artículo 361 del Código Penal para el
Estado de Sinaloa que:
I.-
Consagra
un
derecho
de
petición
específico
porque
únicamente pueden ejercerlo los partidos políticos, consistente en solicitar
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a los organismos electorales la formulación de denuncias en materia penal
electoral;
II.- Contiene un mandato legal, para que los organismos
electorales formulen las denuncias respectivas, a petición de los partidos
políticos y;
III.- Confiere a los organismos electorales la facultad de calificar
si procede o no formular la denuncia.
Por lo tanto, para efectos de que al Consejo Estatal Electoral se
le obligue a formular una denuncia ante la autoridad correspondiente este
Tribunal ha considerado que se deben cumplir con los siguientes
presupuestos:
1. Debe de existir petición específica de un partido
político, a través del o los representantes acreditados ante el
órgano electoral respectivo.
2. Que los hechos señalados por el o los representantes del
partido político peticionario, sean precisos en cuanto a las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que hayan sucedido los hechos denunciados o
se haya incurrido en la omisión
considere
hayan
intervenido
punible, señalando las personas que
en
la
comisión
del
ilícito
penal
correspondiente;
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3. Que los hechos señalados encuadren dentro de cualesquiera
de los tipos delictivos expresados por la legislación penal como delitos
electorales;
4. Que el partido peticionario aporte o, al menos señale las
pruebas a las que eventualmente pudiera acudir el ministerio público; y
5. Que los presuntos ilícitos tipificados como delitos electorales
hayan sucedido dentro de la jurisdicción del órgano electoral ante el que
se presentó la petición.
Por lo que no le asiste la razón jurídica al partido recurrente, en
razón de que no se cumplen a cabalidad los presupuestos asignados para
la aplicación del multicitado artículo 361 del Código Penal Estado, pues
como ya se dijo dicha petición dejó de tener efectos jurídicos a partir del
desistimiento efectuado por el Partido del Trabajo.
Asimismo, cabe puntualizar que tal evento de ninguna manera
puede considerarse una situación insalvable ni deja en estado de
indefensión al partido recurrente, pues en el caso de la existencia de
hechos delictuosos cualquier partido político puede hacer la petición al
organismo electoral, para que sea éste, previo cumplimiento al artículo de
referencia, el que determine el poder formular o no una denuncia penal
ante la autoridad competente; es decir, una vez analizadas las denuncias
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que se presenten por los institutos políticos y que éstas contengan en
forma suficiente las circunstancias de tiempo, modo, ocasión, así como los
elementos del cómo, cuándo y dónde se realizó la supuesta conducta
típica electoral, ello coloca al Consejo Estatal Electoral no en un simple
órgano receptor, de automático derivador de denuncias penales, sino en
un auténtico organismo de credibilidad por encontrarse fortalecidos los
hechos denunciados con pruebas suficientes, que permitan dar lugar al
inicio de una averiguación previa, presupuestos que en el caso a estudio
no se surten por las consideraciones vertidas con antelación.
Por ultimo no escapa para este juzgador que la declaratoria del
Presidente del Consejo Estatal Electoral de dejar sin materia la denuncia
del Partido del Trabajo, constituye una irregularidad puesto que tal
cuestión debió de haber sido sometida a consideración del Pleno del
Consejo Estatal Electoral para que fuera éste quien se pronunciara sobre la
misma. Sin embargo, independientemente de tal irregularidad, resultaría
ocioso reenviar a la responsable para que resuelva tal circunstancia, pues
ante el desistimiento que hace el Partido del Trabajo, sobre la denuncia
formulada finalmente se llegaría a la misma determinación, y la resolución
de este Tribunal quedaría inalterable.
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Por lo anteriormente expuesto, con apoyo en los preceptos
legales invocados y además en los artículos 2, 208, 220, 222, 223, 225,
226, 237, 240, 241 y 245 de la Ley Electoral de Sinaloa, éste recurso se
falla conforme a los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO: Es procedente, por haberse agotado en el tiempo y
vía oportunos, el recurso de revisión promovido por el Partido Acción
Nacional.
SEGUNDO: Es infundado el agravio hecho valer por el Partido
Acción Nacional, según se razonó en el considerando quinto de la presente
sentencia.
TERCERO: En consecuencia, se confirma la determinación del
Presidente del Consejo Estatal Electoral de dejar sin materia la petición
que hiciera valer el Partido del Trabajo, en relación con la
denuncia penal de mérito,, por las razones expuestas en el
considerando quinto de esta resolución.
CUARTO: Notifíquese esta resolución a los Partidos Acción
Nacional y Revolucionario Institucional, así como al Consejo Estatal
Electoral, en los domicilios que señalan en sus ocursos, anexándoles copia
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certificada de este fallo, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones
I, II y III del artículo 240 de la Ley de la Materia.
Así lo resolvió por MAYORIA de Votos, el Pleno del Tribunal
Estatal
Electoral, integrado por los Magistrados Numerarios, Francisco Xavier
García Félix (Presidente); Jesús Manuel Ortiz Andrade, José de Jesús Jaime
Çinco Soto, con la abstención del Magistrado Javier Rolando Corral
Escoboza y Sergio Sandoval Matsumoto, Titular de la Sala Centro
(ponente), con la presencia de los Magistrados Supernumerarios, Luisa
Manuela Cárdenas Ochoa, Marisela Monjaraz Arteaga, Miguel Ángel Pérez
Sánchez y Fausto Fidencio Partida Luna, ante el Secretario General, que
autoriza y da fe.
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