TESIS 8. EUROPA

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TESIS 8. EUROPA

Una IU para un nuevo país
Tesis 8: Europa: diagnóstico y posición ante el proyecto de integración europeo, y
en concreto, ante el actual modelo de integración definido en la Europa del euro
La Unión Europea realmente existente no es una articulación solidaria de las economías
nacionales, ni menos aún la construcción de una Europa social, sino más bien un tablero de juego
que han diseñado los grandes capitales europeos para fortalecer su posición en todo el mundo.
En particular han sido los grandes capitales financieros los que han dominado el reciente proceso
de construcción europea, diseñando una arquitectura institucional que ha combinado la
globalización financiera y productiva con el acantonamiento de la política fiscal y laboral.
La actual crisis ha puesto al desnudo la cara oculta del proyecto europeo. Pero además, el
ejemplo griego ha certificado que la Unión Europea es irreformable e incompatible con la
soberanía de los pueblos y con cualquier tipo de política social transformadora. Las estructuras de
la UE están diseñadas por y para los intereses del capital financiero, y su integración en la OTAN
la convierte en un aliado del imperialismo que hoy intenta someter a los pueblos de todo el planeta
para apoderarse de los recursos naturales e imponer políticas regresivas y antipopulares.
En este marco la burguesía española ha preferido ser periférica y construir una economía
dependiente a los intereses del capital alemán. Las consecuencias prácticas de nuestra
integración en la Unión Europea han sido el desmantelamiento de la industria, la agricultura,
pesca y ganadería y la reconversión de nuestro tejido productivo en una economía orientada hacia
el sector servicios.
La moneda común, el euro, es un instrumento más en el engranaje de dominación de los poderes
económicos que conforman el entramado de poder del capitalismo financiero mundial. Ahora bien,
décadas de bombardeo ideológico por parte de todos los medios del sistema y la posición
timorata, cuando no cómplice, de gran parte de la izquierda europea, han llevado a las capas
populares a la percepción de que la Unión Europea es la garantía del bienestar pasado, presente
y futuro.
Combatir el consenso ideológico del neoliberalismo no es sencillo y reducir nuestro planteamiento
a una salida unilateral del euro y de la UE sin más, podría llevarnos a caer en una posición
izquierdista y poco comprensible para la mayoría social. No obstante, si algo podemos afirmar es
que el problema de Europa va mucho más allá de una moneda. Las crisis, las desigualdades que
existen entre los distintos territorios de la UE y, sobre todo, entre las clases sociales, no nacen con
la moneda única sino que son inherentes al capitalismo.
Nuestra labor debe tener una importante carga pedagógica, ya que es necesario que expliquemos
a las capas populares lo que supone pertenecer a la Unión Europea y a la moneda común. En
este sentido es necesario que asumamos que debemos llevar a las instituciones europeas al
máximo de las contradicciones que estas permitan, con un programa de gobierno que confronte
de manera incontestable con las políticas de austeridad que dicta la troika. Al mismo tiempo
debemos ayudar a la coordinación de los sindicatos europeos, a fin de luchar contra la
competencia brutal a la baja que se da en el ámbito laboral en materia de derechos y salarios.
Para empezar reafirmamos nuestra propuesta de auditoria de la deuda, negarnos a pagar la
deuda ilegítima y reclamar instrumentos de soberanía económica y monetaria para hacer frente a
cualquier crisis. Debemos establecer varias fases para poner al descubierto las contradicciones de
la Europa del euro, partiendo de la base de que es absolutamente imprescindible que, llegado el
momento, estemos dispuestas a asumir las consecuencias que una política de soberanía
económica y en favor de los intereses de las clases populares pueden acarrear como la expulsión
de nuestro país de la Unión Europea.
Es imprescindible trabajar junto a otros partidos y organizaciones anticapitalistas y rupturistas de
la izquierda europea para realizar propuestas conjuntas y solidarias de integración económica.
Tenemos un enemigo común, necesitamos una lucha común del pueblo y los pueblos europeos.
Frente a la realidad actual el internacionalismo es más importante que nunca, empezando por la
unidad de la lucha de los trabajadores europeos. El enemigo común, esa alianza entre las
diferentes clases dominantes, la burguesía española o portuguesa o italiana, como la griega o las
demás, no sólo acepta sino que comparte en lo fundamental, la política de la Troika. Así pues lo
primero que debemos hacer es delimitar las líneas del frente de esa lucha y posicionarnos, no con
nuestra burguesía sino con nuestra clase.
Lo que los burócratas de la UE llaman “austeridad” es en realidad una política que ha llevado a
cabo una transferencia masiva de recursos sociales arrebatados a los servicios públicos para
ponerlos al servicio del capital privado (el rescate de la banca privada es el mejor ejemplo), y que
ha producido una gigantesca transferencia de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Estas
políticas son inherentes al capitalismo en tiempo de crisis. En un momento de recesión el gran
capital para mantener la tasa de ganancia, de beneficio, necesita aumentar la explotación de la
clase trabajadora y los recursos naturales, necesita nuevas esferas de negocio que está
consiguiendo mediante la privatización de servicios públicos. Y todo esto con unas instituciones
europeas y gobiernos estatales a su servicio, al servicio de la oligarquía.
Junto a esas políticas de austeridad estamos ante una oleada de acuerdos comerciales (TTIP,
TISA, CETA) que son la propuesta capitalista para su salida a la crisis. Todos ellos van más allá
de meros acuerdos comerciales, se trata de establecer nuevas normas que les permitan revertir
los avances sociales conseguidos por años de lucha del movimiento obrero, nuevas normas que
les permitan seguir aumentando beneficios, que les permitan eliminar obstáculos para continuar
privatizando servicios públicos y aumentar la explotación del planeta.
Ahora bien, las grietas que se han comenzado a atisbar en el consenso ideológico construido en
torno a las veleidades de la Unión Europea, provienen de forma mayoritaria de un grito de
soberanía popular frente a las políticas neocoloniales económicas que nos llegan desde Bruselas.
Hemos de ser lo suficientemente inteligentes como para no dejar que todo ese capital de
descontento pueda ser absorbido por opciones de extrema derecha, como ha ocurrido en otros
puntos de Europa.
Entre las capas populares existe, es cierto que de forma aun tímida pero también creciente, un
rechazo evidente a la imposición externa de un conjunto de políticas de austeridad que no
mejoran en modo alguno su nivel de vida sino que, muy al contrario, lo empeoran de forma
sistemática. La crisis económica va a arreciar. Se avecinan tiempos de mayor represión, mayor
pobreza y nuevos recortes. Debemos analizar la situación con inteligencia y ser capaz de
organizar y orientar todo el descontento que ha surgido y surgirá hacia una salida anticapitalista,
popular y progresista de esta crisis.
Es de vital importancia que entablemos relación con todas las fuerzas soberanistas de la izquierda
rupturista del Estado y lleguemos a una alianza de las fuerzas populares, al margen de diferencias
nacionales, para combatir la política imperialista de la Unión Europea e iniciar un proceso
constituyente que trascienda el actual marco y confronte con el poder.
El objetivo es acordar un programa de gobierno, en alianza con los sectores afectados por el
colonialismo económico emanado de la UE, que haga frente a las imposiciones autoritarias en
materia económica y social que nos llegan desde la UE, por ello, en este momento es urgente
abrir un gran debate público europeo para que los pueblos decidan qué tipo de integración
regional desean y sobre qué bases políticas, económicas y sociales.
Para conseguir nuestro objetivo de garantizar a todos los europeos y europeas pan, trabajo, techo,
educación, sanidad, bienestar social, esto solo puede garantizarse si los sectores estratégicos de
la economía están en manos de la sociedad. Solo desde ahí podemos podremos plantear: Renta
básica, reducción jornada laboral, anticipación edad jubilación, salario mínimo decente, salario
máximo, derecho a la vivienda, sanidad y educación públicas universales, servicios sociales,
atención a las personas con discapacidad o personas dependientes.
Evidentemente esto solo se puede conseguir si se declara una moratoria inmediata del
pago de la deuda, y forzar una quita, tras una auditoria. Si no se hace el gobierno estaría
incapacitado para abordar las políticas sociales que son necesarias.
IU, sí; con más fuerza
Un debate sereno y bien preparado sobre la base de la experiencia
Partiendo de un mínimo diagnóstico común –las nefastas consecuencias de las políticas
neoliberales aplicadas en la UE y el déficit estructural de sus instituciones-, hay actualmente un
debate abierto en el seno de la izquierda europea acerca de cuál debe ser la posición más
adecuada a partir de ese diagnóstico.
Una corriente de pensamiento plantea la necesidad de crear un amplio movimiento ciudadano que
coordine, impulse y desarrolle alternativas al modelo de integración definido en la Europa del euro,
partiendo de la necesidad de estructuras políticas, institucionales y económicas regionales
europeas en un mundo globalizado.
La reciente presentación en Madrid de un “Plan B para Europa contra la austeridad y por una
revolución democrática” es la mejor muestra de que esta posición comienza a articularse.
Otras fuerzas políticas en el seno de la izquierda plantean que esta postura es insuficiente y es
necesario ir a una ruptura con la UE, promoviendo la salida de España de la propia UE y del euro.
Creemos que la posición de IU, no debe ser favorable a una ruptura unilateral con el euro, aunque
destacamos que la unión monetaria exacerba las dificultades para salir del marco neoliberal en el
que se configura la política de nuestro Estado. Pero no consideramos que esa salida suponga un
avance inmediato para las demandas e intereses de las clases populares de nuestro país. Por el
contrario, entraña riesgos para la estabilidad de un Gobierno de izquierdas que hiciera de la
recuperación de una moneda propia la herramienta imprescindible para la transformación
económica y social del Estado.
Ello no significa que consideremos que la permanencia en la unión monetaria sea la única
estrategia posible en los países de la Eurozona. En cada país la izquierda es soberana y se
enfrenta a un contexto histórico y un poso ideológico distintos, que determinan también una
distinta capacidad de organización, movilización e influencia, en lo electoral y más allá. Si la crisis
en cada una de las economías periféricas de la eurozona tiene causas y rasgos muy similares, su
resolución admite, en lo concreto, más de un programa posible.
Hay que comenzar reconociendo que la débil capacidad productiva y la tendencia a registrar
déficits de balanza de pagos cada vez que la tasa de crecimiento acelera, anteceden con mucho a
la creación de la moneda única. Ésta debilidad, resultado de un modelo productivo dependiente de
las multinacionales extranjeras y de sectores como la construcción y el turismo, antecede incluso
a la entrada de España en la CEE, en tanto que la integración subordinada en la economía
occidental domina ya la política económica de la dictadura en los '60. También habrá que
reconocer que la vuelta a una nacional “peseta” no altera por sí misma la correlación de fuerzas y
no resuelve ningún problema de nuestra política si no existe otro Gobierno con voluntad política
para hacerlo.
¿Tendría la mera racionalización de la política monetaria un efecto expansivo? No es claro que
una devaluación tuviera un efecto expansivo, debido al diferencial entre las especializaciones de
importación y exportación de la economía española (lo que reduciría el potencial de un efecto
sustitución de las importaciones por productos interiores) y la relativa inelasticidad de las
exportaciones españolas, salvo en sectores como el turismo donde, sin embargo, existen ya
señales de sobreuso y sobreexplotación. La experiencia de las devaluaciones competitivas
anteriores a la entrada en la UE no fue positiva. Más aún, el colosal sobreendeudamiento exterior
de la economía española (con pasivos netos que ya avecina el 100% del PIB) se incrementaría
peligrosamente con una caída brusca del tipo de cambio.
Más aún, estabilizar el tipo de cambio para evitar una carga excesiva del endeudamiento exigiría
tipos de interés muy elevados o una política de austeridad para evitar el desbordamiento de las
importaciones; igualmente o bien una reestructuración de la deuda y controles de capitales que
evitarían el problema de las cargas, pero dificultarían el acceso a nueva financiación en el corto
plazo, lo que igual exigiría políticas relativamente depresoras de la demanda interior.
En este sentido, la penetración de las políticas neoliberales de austeridad (recortes públicos,
precariedad salarial...) tiene una base más profunda que la voluntad política de los partidos
mayoritarios en la competencia exterior con la que el capital financiero disciplina a los estados
periféricos.
A esto cabe añadir los costes adicionales de una salida unilateral: caos monetario en la transición,
cierre -probable- de la financiación exterior etc. La intervención de urgencia del sector bancario
que debería acompañar esta transición se encontraría con la dificultad añadida del hiperdesarrollo
de la burocracia bancaria, como consecuencia de su concentración y fuerte presencia
internacional, lo que retrasaría su toma de control por parte del Estado.
No parece que estos costes fueran asumibles por la población, lo que o bien minaría la base
popular de un gobierno de izquierda que los intentara, o bien imposibilita directamente su elección.
Asumimos, en cambio, que la permanencia en el euro plantea una intervención permanente de
nuestra soberanía en beneficio de los intereses colectivos de los capitales nacionales europeos.
El BCE no es un prestatario neutral de líquidez-de-último recurso para los Estados. Al inicio de la
crisis, cuando resultó evidente la quiebra de las finanzas públicas, permitió que los tipos de interés
subieran a las nubes para luego apretar las tuercas de los estados periféricos, en conjunción
culpable con el FMI y la Comisión. Allí donde esa presión no fuera suficiente, el BCE amenazó -y
sigue amenazando- con dificultar la financiación regular del sector bancario, lo que no es sino el
chantaje de un corralito sobre los Gobiernos que lo desafían. Una posición que no es una mera
amenaza, como se evidenció en Grecia.
Es por ello que el debate ruptura unilateral vs aceptación pasiva de las políticas de la Eurozona
conduce a la misma situación: la continuidad de las políticas neoliberales. Por el contrario,
debemos situar nuestra acción en el espectro ente salida negociada y democratización de la
política monetaria: lo que incluye la adopción de políticas unilaterales para forzar la adopción de
cambios políticos (de la restricción de movimientos de capitales hasta, en casos extremos, una
doble moneda oficial)
Nada se consigue sin luchar. Algunos países del Norte han hecho amago de ofrecer una salida
negociada para el euro, afirmación superficialmente creíble por el relato que pretende que los
"costes" de sostener a una economía periférica -en términos de préstamos con los que cubrir los
rescates financieros, la deuda pública que no encuentra comprador en los mercados etc. Son
excesivos para las economías centrales. Pero lo cierto es que debajo de los gritos y los
aspavientos, el capital europeo sigue teniendo en las economías periféricas un buen negocio -y
aún un buen ejemplo, pour encourager les autres, de la importancia de mantener una economía
"competitiva" si desea evitarse los efectos devastadores de la austeridad.
En cuanto una democratización progresiva de la política monetaria, es evidente que ésta no puede
llegar sin la presión coordinada por adoptar políticas salariales y fiscales más expansivas.
En ambos casos, por lo tanto, y más aún cuando un Gobierno de izquierdas deba avanzar en su
desafío a Europa se requiere organización capaz de movilizar y concienciar de los costes y de la
necesidad de políticas alternativas. Por ello debemos situar el debate del euro en España dentro
de la oposición entre capital y trabajo en vez de reactivar discursos nacional-populares de efectos
desintegradores en un Estado plurinacional y profundamente desideologizantes) en la medida en
que su sustrato -en España- es una ciudadanía a imagen de las frustraciones e individualismo de
las autodenominadas clases medias).
El debate es suficientemente complejo y de largo alcance en el tiempo como para ser
abordado con la conciencia de que no hablamos de soluciones a corto plazo. En cualquier
caso, experiencias de debates anteriores en IU sobre la cuestión europea nos deberían
llevar a abordarlo con la serenidad suficiente como para buscar un amplio consenso que
quizás pueda pasar por impulsar el Plan B como una propuesta de mínimos que pueda ir
ampliándose en el futuro.
Revolución Democrática para una Izquierda Unida
ganadora
La crisis de las personas que solicitan asilo; la gestión del Brexit y la propia gestión de la crisis
económica y sus resultados han puesto de manifiesto el agotamiento del modelo de integración
propuesto desde Maastricht. La UE se ha convertido en parte de los problemas y no de las
soluciones, los estudios demoscópicos ponen de relieve una caída sin precedentes del apoyo al
proceso de integración o la confianza en las instituciones comunitarias. Y por si no fuera
suficiente, una buena parte del rechazo a esta UE lo está capitalizando políticamente la extrema
derecha con un discurso tan peligroso como mentiroso.
No podrá decirse que la palabra crisis es ajena a la Unión Europea. Prácticamente desde su
constitución los avatares de la construcción europea han ido vinculados a situaciones de
estancamiento y/o de incertidumbre en el proceso de integración. Hasta ahora era normal
considerar que esas situaciones se saldaban con algún progreso en el proceso de transferencia
de soberanía nacional y de reforzamiento de las instituciones comunitarias, en una suerte de
teleología del proceso de integración que ha mostrado toda su insustancialidad en estos
momentos. El futuro de la UE no es necesariamente un modelo de estado federal al que
caminamos inexorablemente de la mano fría, pero firme, del mercado único.
No es la primera vez que la idea de crisis sobrevuela Bruselas, proyectando una sombra
amenazante sobre el futuro de Europa. No es que nadie haya propuesto o proyectado un futuro
sin la UE, pero hay dudas más que razonables sobre lo que quedará del famoso modelo europeo
tras la gestión de este tsunami económico y del resto de conflictos que han estallado en la cara de
los dirigentes europeos ante su sorpresa o complicidad.
En lo que hace a la crisis económica y la gestión de la misma, ambas han puesto de relieve hasta
qué punto el “mantra” neoliberal estaba interiorizado en la cabeza y en los corazones de las
principales familias políticas en los estados nacionales. Resumiendo: tanto la tradición
socialdemócrata como la democratacristiana, ambas abanderadas de este proceso de integración,
se han señalado también como defensoras –con mayores o menores dosis de pasión- de la
ortodoxia macroeconómica vinculada al pensamiento económico dominante y de las recetas de
devaluación interna, estabilidad presupuestaria, privatizaciones y auxilio sin límites al sistema
financiero que han caracterizado la salida a la crisis por doquier.
En lo que nos concierne, el resultado es una pérdida llamativa de derechos sociales y de
retroceso de las políticas públicas en toda Europa. La intensidad mayor en la destrucción se la
llevan los países del Sur de Europa, precisamente aquellos a los que los años de prosperidad
sobrevenida solo habían llegado para construir un estado del “medio-estar”. Pero la dinámica
general va en la misma dirección: desmantelar los estados del bienestar. Recientemente en
Holanda, el príncipe llamaba, en un giro político-conceptual digno de ser reseñado, a transformar
el “estado social en un estado participativo” (sic).
Aún en 2010, el Grupo de reflexión sobre el futuro de Europa presidido por Felipe González
destacaba el hecho de vivir “un punto crítico de nuestra historia”, y llamaba a utilizar la crisis como
una oportunidad, así como a resolver dos desafíos relacionados: “garantizar la continuidad de
nuestro modelo social y económico, y desarrollar los medios de apoyar y defender dicho modelo”.
Difícilmente podría seguir defendiéndose eso mismo hoy.
Pero este giro en los objetivos de la UE manifiesta un problema desde varias perspectivas: en
primer lugar, está por ver si esta modificación de los objetivos originales de la UE, toda vez que la
gestión de la crisis se ha llevado o se va a llevar por delante lo que queda de los estados del
bienestar, mantiene el vínculo de las dos grandes familias políticas en relación con el proyecto
europeo. En segundo lugar, obliga a la tradición socialdemócrata a reformular sus objetivos a
corto y medio plazo. En tercer lugar, quiebra una seña de identidad sobre la que se había
construido hasta ahora un icono que singularizaba a Europa frente a la globalización anglosajona,
y con ello una de las razones de legitimación del proceso tecnocrático y despolitizado de
integración.
En ausencia de legitimidad de origen –vinculada a procesos democráticos de decisión- la UE se
había legitimado sobre la base de los efectos prácticos de sus políticas, en la medida en que
parecía que el resultado de las mismas era tanto una mejora del bienestar general como un
incremento del valor añadido específicamente europeo, consistente en un estado social que
ofrecía perspectivas de integración, seguridad y bienestar creciente a la mayoría. Sin esa
perspectiva de integración y bienestar, la UE ha comenzado a ser percibida por su ciudadanía
como parte de los problemas y no como parte de las soluciones. En consecuencia su gestión ha
adquirido naturaleza política, esto es conflictiva y partidaria y su popularidad ha caído a niveles
desconocidos desde que se tiene noticia en los eurobarómetros (1974).
El último estudio demoscópico europeo (Eurobarómetro 85/2015) publicado señala que en España
hemos pasado en 6 años de una valoración positiva de +42 puntos a una negativa de -58 puntos.
Lo que significa que hoy hay un 17% de españoles que confían en la UE frente a un 75% que
desconfía.
Una dimensión problemática más es que también las tradiciones alternativas de izquierda se ven
interrogadas sobre sus propuestas. En este espacio nunca hubo unanimidad ni acuerdo respecto
a qué pensar de la UE y ahora, ocupado el espacio del repliegue nacional e identitario por las
fuerzas de extrema derecha, queda por ver qué harán las organizaciones situadas
tradicionalmente a la izquierda de la socialdemocracia.
Es importante a nuestro juicio, esta articulación de crisis económica, crisis inducida del modelo
social europeo y pérdida de legitimidad del proyecto de integración mismo. En realidad, algunos
de los problemas que hoy se consideran más destacables no son nuevos, pero su notoriedad se
ha acrecentado en este nuevo escenario.
Podríamos destacar, de una parte, el fin de la supuesta relación virtuosa entre Europa y la Unión
Europea, que se han venido utilizando como conceptos equivalentes, en una confusión entre
civilización (si la hubiere) y proyecto político, claramente excesiva. La crisis y la gestión de la
misma han puesto de relieve la existencia de varias Europas que no necesariamente convergen y
se encuentran, rompiendo con ello el mito de que el proyecto de integración acercaba tanto las
economías como las sociedades europeas.
Por otra parte, despojado de esta perspectiva civilizatoria, el proyecto de integración aparece
como lo que realmente ha sido desde el comienzo: un diseño político y económico fruto de
diversas y diferentes correlaciones de fuerza. Construido sin un propósito previo pero sí mediante
un método que hacía de la despolitización y de las servidumbres tecnocráticas el motivo mismo de
su existencia.
La lógica del proceso de integración funcionó mientras ha sido posible mantener la ficción de que
la UE se encargaba de cuestiones que requerían de un saber técnico y la política seguía
residiendo –con sus grandezas y miserias- en el espacio estatal-nacional. La crisis ha puesto
especialmente de manifiesto la naturaleza infundada de esa creencia, y que la UE es un proyecto
político de los pies a la cabeza, con una elevadísima capacidad decisional, pero también con un
severísimo déficit democrático. Esto quiere decir que la UE toma decisiones sobre cuestiones
relevantes y decisivas para la vida de las gentes, pero lo hace a través de procedimientos
insuficientemente democráticos y escasamente controlables por instituciones representativas.
En efecto, desde sus orígenes, la UE cuenta con una asimetría estructural que condiciona su
presente y su futuro. La centralidad acordada a la construcción del mercado único ha habilitado a
las instituciones europeas para llevar a cabo una tarea minuciosa de voladura controlada de los
estados del bienestar. Este objetivo económico es el que ha dado sentido al funcionamiento de las
instituciones europeas y ha contado con el apoyo de los estados mismos, convencidos de la
bondad y pertinencia de esta estrategia. Pronto se descubrió que remover los obstáculos que
dificultaban la construcción del mercado único significaba limitar las capacidades de control de las
administraciones públicas sobre el desarrollo económico; favorecer el empoderamiento de las
empresas en la determinación de los objetivos económicos y desmontar los derechos sociales y
laborales, en el buen entendimiento de que se trataba de privilegios y obstáculos en la búsqueda
de un bien mayor. No pocos sindicatos aceptaron con gusto esta dinámica.
Podrían haberse transferido a la UE las capacidades para reconstruir, en el espacio europeo, las
condiciones de regulación pública del mercado desmontadas en los estados-nación, pero no fue el
caso. O podrían haberse determinado objetivos sociales o laborales que acompañasen,
moderasen o condicionasen la instauración del mercado único. Nada impedía que hubiera podido
hacerse de esta manera, pero tampoco fue el caso. Así, la Comisión Europea y el Tribunal de
Justicia Europeo se convirtieron en motores del desmantelamiento de las políticas públicas de
control del mercado, convertidas en los chivos expiatorios de todos los males de las economías
europeas. Pero los ajustes necesarios para paliar –o intentarlo- los efectos de ese desmontaje
sistemático de los estados sociales quedaron en manos exclusivamente de los gobiernos. No se
transfirieron capacidades de regulación en política social, ni se legisló a nivel europeo para
asegurar umbrales homologables de protección social o indicadores exigibles de gasto social.
La UE despuésés de Maastricht
El Tratado de Maastrich (1992) significó la consolidación de ese proceso histórico, y confundió a
las opiniones públicas europeas, hasta entonces entusiastas del proceso de integración. El apoyo
a la UE cayó por primera vez en más de diez puntos respecto al período anterior y, hasta ahora,
no sólo no se han recuperado los niveles de aceptación previos a Maastricht, sino que se han
deteriorado significativamente.
Las reformas laborales, el fin del sector público, el ataque sin precedentes a las administraciones
públicas y sus funcionarios, el deterioro consciente y deliberado de los servicios esenciales como
educación o sanidad, forman parte de esta estrategia de reconfiguración de nuestras sociedades.
El pacto social que nos proponen está fundado sobre el miedo, la desigualdad y la ausencia de derechos; la
defensa a ultranza de derechos los civiles, sociales y medioambientales, deben definir un proceso de integración
europeo solidario
Ahora parece evidente que la lógica neoliberal, impuesta desde Maastricht, ha encontrado en la
gestión de la crisis una ocasión única para desmantelar los estados del bienestar y reconfigurar
nuestras sociedades. El objetivo es ese nuevo pacto social perseguido tenazmente por las clases
dominantes basado en un desplazamiento sin precedentes de poder político y económico desde
las mayorías sociales a las minorías dominantes.
Nada de lo que ocurre, sin embargo, es particularmente extraño o ajeno a la lógica que las
instituciones europeas venían desarrollando desde hace años. El proceso de integración conoció
una inflexión cualitativa con el Tratado de Maastricht (1992), una afirmación de su orientación
neoliberal y economicista y el fin de cualquier sueño de integración política. Vencieron las tesis
que consideraron el proceso de construcción de la UE como una oportunidad para poner fin a los
estados del bienestar y a la extensión de derechos sociales.
Desde entonces las iniciativas políticas tendentes a mejorar la perspectiva de un proyecto político
integrado o han colapsado o se han plegado a la lógica neoliberal dominante. Ninguno de los
Tratados posteriores a Maastricht solucionó los graves problemas que el proceso de integración
ya abordaba y la no nacida Constitución Europea fue un notorio fiasco que puso fin a cualquier
ensueño de integración. Desde entonces la prioridad de las instituciones europeas ha sido el
desmantelamiento de las políticas sociales.
La gestión de la crisis ha acentuado esa dinámica y ha desplazado el centro de operaciones hacia
el Consejo Europeo, es decir, al motor político de esta Unión Europea y al órgano con menos
legitimidad democrática de cuantos constituyen el entramado institucional de la Unión. En sus
reuniones se toman decisiones al margen de las agendas estatales, fuera de cualquier capacidad
de control de los Parlamentos nacionales y, por supuesto, sin que los compromisos políticos que
llevaron a esos gobiernos al poder a través de las elecciones, cuenten lo más mínimo.
Se ha impuesto una lógica austericida que no soluciona ninguno de los problemas a los que
supuestamente intenta dar respuesta y, eso sí, agrava todos los indicadores económicos. Pero
parece obvio, a estas alturas, que el objetivo de la obsesión por la austeridad tiene muy poco que
ver con las preocupaciones económicas reales y mucho más con una estrategia que tiene al
estado social como obsesión y como víctima.
Un frankestein institucional nada democrático
En este punto, la actual arquitectura institucional de la UE ha revelado sus severas limitaciones
democráticas y sus servicios prestados a la despolitización de decisiones sustancialmente
políticas. El frankestein institucional que conforman la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el
Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo, ha favorecido un marco decisional donde la
participación ciudadana y la capacidad de control misma sobre lo que estas instituciones deciden
están excluidas.
El modelo es ilegible políticamente para la mayoría de la sociedad europea y no existen
condiciones para que instancias ajenas a las mismas instituciones puedan ejercer su capacidad
de control y exigencia de responsabilidad. La arquitectura institucional de la UE hace
prácticamente imposible que puedan materializarse las exigencias de responsabilidad política,
rendición de cuentas, control democrático y capacidad de escuchar a la sociedad, exigibles para
cualquier institución democrática.
Esto permite que las instituciones de la UE –especialmente la Comisión Europea- puedan decir
que no saben nada de las políticas de austeridad, y que los gobiernos nacionales a su vez culpen
sistemáticamente a la Comisión Europea y sus exigencias de las mencionadas políticas. En este
contexto un mero aumento de los poderes del Parlamento Europeo, aunque pudiera paliar
parcialmente el problema, no resuelve la condición no democrática de este diseño institucional.
Sirva como anécdota de este desencuentro entre intenciones y realidades, y como ejemplo (aquí
ya sin consideraciones anecdóticas) de las dificultades sistémicas de la arquitectura institucional
de la UE para ofrecer espacios de participación y control democrático, que el año 2013 fuera
declarado por la Comisión Europea como el año de la ciudadanía europea; y terminado ese
momento señalado para la participación ciudadana, ya en 2016 la ciudadanía concernida no se
haya siquiera enterado de que estaba convocada para algo.
Debemos reconocer que aquí aparece un problema vinculado al tipo de respuesta que la
ciudadanía dé a la pregunta de ¿qué queremos hacer con la UE? Si la respuesta es “marcharse a
toda prisa”, el entramado institucional y sus complejidades serán solo preocupación de
académicos y curiosos. Si la respuesta es “apoyamos la perspectiva del proceso de integración,
pero esto no nos vale”, entonces tenemos que encontrar respuestas a la cuestión de cómo
construir una democracia supranacional. Es decir, el entramado institucional existente hasta ahora
reproduce y amplifica el déficit democrático de manera permanente y, por tanto, no nos sirve si
nos preocupa hacer de la UE un proyecto democrático. Pero tenemos que construir un diseño
democrático supranacional que hasta ahora, carece de modelo. Este diseño debería dar
respuestas a las problemáticas de la participación ciudadana en el espacio europeo y la
construcción de un espacio público europeo, y a la cuestión de si es necesaria alguna identidad
europea para hacer posibles lógicas de participación y empoderamiento; de qué papel deben jugar
los parlamentos nacionales en este diseño, y de cuánta transferencia de soberanía es soportable
sin que se pierda la condición democrática de las decisiones políticas.
Un aspecto más e igualmente importante tiene que ver con la dimensión exterior de la UE. Hay
razones relacionadas con la pérdida de peso y dinamismo económico de Europa en relación con
otras más pujantes. Además de esa dimensión económica, está la proyección exterior de la UE y
su presumida condición de defensora de un nuevo paradigma en las relaciones internacionales.
Hay que decir que la historia de la UE se compagina mal con esa voluntad de proponerse como
un baluarte de los derechos humanos en un mundo hostil y hobbesiano. Lo cierto es que la
política exterior de la Unión Europea ha sido un espacio más caracterizado por los discursos que
por las prácticas. Éstas han quedado en manos de los estados, que a menudo han buscado
complicidades en la UE, no siempre con éxito. La gestión de la UE en la crisis migratoria ha
llenado de vergüenza y tristeza a los millones de europeos/as que confiaban en que la Unión se
comprometiera con sus valores y actuara de acuerdo a ellos.
En conclusión, los desafíos y preguntas que a día de hoy son pertinentes en relación con la UE
tienen un calado sistémico. No son asuntos de matiz o de detalle, no se trata de mejorar una u
otra política. La crisis económica y la gestión de la misma han desnudado el proyecto de sus
ropajes tecnocráticos y despolitizados y han mostrado al emperador desnudo. La cuestión ha
dejado de ser la de “empujar para hacer posible ‘más Europa’”. En realidad, habría que decir que
esa formulación fue, en general, una manera de justificar el proceso de integración realmente
existente eludiendo más preguntas sobre el mismo.
No defendemos ni apostamos el repliegue sobre lo nacional. No defendemos ideas que nos
asemejarían a los neonazis europeos y que hacen descansar su propuesta sobre presupuestos
identitarios: recuperar la soberanía, la dignidad y la legitimidad democrática no significa abandonar
el proyecto de integración europeo. A condición de terminar con la lógica neoliberal que domina el
actual y modificar sustancialmente su estructura institucional. Apostamos por la refundación
democrática y participativa de este proyecto. Sin la ciudadanía europea ningún proyecto de
integración tiene sentido. Con políticas económicas contra la mayoría de la población la idea de la
integración se debilita y se hace tan innecesaria como incomprensible para la población. Hay que
decir que los principales responsables del ascenso de partidos de extrema derecha, neonazis y
populismos xenófobos de todo tipo son las actuales instituciones europeas y sus políticas
suicidas, pero también los gobiernos que las alientan, defienden y promueven y que utilizan, a
menudo, la cobertura del paraguas europeo para justificar sus desmanes.
Su estrategia de enfrentar poblaciones para eludir responsabilidades o ganar tiempo tiene y tendrá
consecuencias perversas y negativas para todos/as.
Aunque es evidente la necesidad de defender la idea de un proyecto de integración supranacional
democrático, social y ecológico, constatamos que esta Unión Europea se aleja a pasos
agigantados tanto de esas demandas de derechos como de sus propios ideales originales. La UE
de hoy se ha convertido en una máquina trituradora de derechos y en un componente esencial de
las políticas de desmantelamiento de los estados sociales en Europa. Pero estamos
convencidos/as que el repliegue nacional, la idea de una vuelta a supuestos valores radicados en
los estados nacionales, es una perspectiva no solo defensiva sino irreal. Somos internacionalistas
y no queremos volver al mundo de las confrontaciones de clase nacionales, cuando podemos y
debemos pensar en reconstruir un modelo de acuerdo, colaboración y negociación supranacional.
El estado nación no es un invento de la clase obrera, nuestra vocación sigue siendo
internacionalista. Nuestra apuesta, desde Europa, es un ‘Nuevo Internacionalismo’ que
combata el imperialismo capitalista y a regímenes derivados del imperialismo soviético
Nos sumamos a la idea de debatir sobre este asunto con profundidad, no podemos eludir
este debate ni mucho menos. Pero debemos hacerlo desde lo concreto, desde agotar las
posibilidades de reforma de lo existente a demandar un “Proceso constituyente para una
nueva Europa”. Creemos que determinadas afirmaciones y giros que, so pretexto de la
responsabilidad de la UE, exculpan, de facto, a los gobiernos nacionales por sus
obligaciones, abona el camino a la extrema derecha o a modelos de integración estilo Gran
Bretaña, tan exquisitamente funcionales al capitalismo financiero internacional.
“IU x LA BASE”
Cualquier proyecto de transformación social, e incluso cualquier alternativa política progresista, ha
de partir del hecho del gran fracaso histórico de la Unión Europea, cuyo núcleo fundamental está
constituido por la unión monetaria surgida de Maastricht y los Tratados y pactos de estabilidad
posteriores.
No hay que recurrir a la tragedia humanitaria de los refugiados para comprender la catástrofe que
ha sobrevenido. Con independencia de si nos encontramos ante un gran fraude político promovido
por las oligarquías europeas o de un desastre derivado de la degeneración de las intenciones de
los impulsores de la integración europea, el caso es que todas las ilusiones que pudieron
suscitarse sobre un espacio de paz, justicia, solidaridad, cooperación libertad y democracia están
hoy enterradas y en su lugar la desolación y una gran decepción recorren al continente europeo.
Frente al avance del bienestar general pronosticado, una profunda crisis económica y social se
extiende por amplios territorios y países de la unión. Frente a la aspiración de eliminar las
desigualdades, en todos los países se han agravado hasta extremos inadmisibles las diferencias
sociales y las discrepancias entre las economías. La mejora del estado del bienestar ha
desaparecido del frontispicio de la Unión para promulgarnos el tenebroso "abandonad toda
esperanza".
Frente al impulso de la democracia, todos los gobiernos están sometidos a los designios de los
poderes económicos y las directrices de las instituciones europeas sin control democrático alguno.
El debate y la confrontación ideológica han dado paso a situaciones en las que sólo se admiten
diferencias mínimas sobre el rigor de la austeridad y la magnitud de los ajustes sociales. Las
libertades asimismo y la solidaridad sufren los embates de los gobiernos dedicados a aplacar las
luchas sociales y la desesperación en que están atrapados capas sociales cada vez más amplias.
El objetivo irrenunciable de la paz ha sido descartado y Europa está hoy comprometida en
conflictos armados, arrastrada por las ilusiones imperialistas de algunos de sus países y la
subordinación irresponsable a los diseños geopolíticos de Estados Unidos, cuyos intereses no
responden a los valores y necesidades de los pueblos europeos. Incluso sin perder la perspectiva
de los acontecimientos bélicos que jalonaron el siglo pasado la historia europea no hay
exageración alguna en valorar la situación europea como extremadamente grave, preñada de
incógnitas, tensiones, conflictos y rémoras que no pueden encontrar solución en el ambiguo
entramado político e institucional en el que ha quedado el proyecto de la integración europea,
paralizado, desgarrado, sin norte y sin poder dominar las contradicciones de sus carencias y su
concepción neoliberal de la convivencia social.
En estas condiciones, si no hay una determinación política clara sobre lo que hacer para remediar
los estragos y superar las secuelas de la crisis europea y cómo afrontar el futuro para evitar
marchar junto al precipicio, todos los debates, propuestas, proyectos y alternativas se convierten
en ficciones políticamente inútiles. Son ejercicios patéticos e impotentes que eluden la realidad,
postergan la hora de la verdad y ocasionan profundas frustraciones susceptibles de alimentar
salidas falsas y desconcierto general en la lucha de los oprimidos por su emancipación.
El caso de Grecia ha existido y está demasiado reciente como para que pueda ser obviado y se
siga queriendo hacer políticas avanzadas socialmente, o defender programas para recuperar los
derechos sociales, sin tener en cuenta la realidad y la crudeza de las exigencias de los poderes
económicos. En definitiva, no habrá cambio social sin derribar el muro de las imposiciones de la
Troika.
Día tras día se formulan respuestas a los problemas económicos y sociales que implican mayores
gastos públicos, y no digamos si se pretenden políticas keynesianas alternativas a la austeridad y
los ajustes presupuestarios como necesidad imperiosa para remediar el desempleo masivo. Sin
embargo, la burocracia europea no deja de recordar que están pendientes recortes del gasto
público para siquiera intentar cumplir los objetivos comprometidos con Bruselas del déficit público.
No es legítimo elucubrar en el vacío en favor de las capas sociales débiles y marginadas, como si
la mejor voluntad política pudiera exonerar de atenerse a la realidad.
No cabe descartar un agravamiento de la crisis europea por los múltiples desgarros potenciales
que sufre la Unión europea, entre otras la sobre anunciada crisis financiera o el abandono del
Reino Unido, el llamado “Brexit”, que pondría fin definitivamente a las magras expectativas de una
solución a la crisis. Incluso sin nuevos acontecimientos que ensombrezcan el actual panorama
hay que constatar que la crisis económica no está superada y que los sufrimientos y la
degradación de las condiciones de vida de una gran parte de la población son el pronóstico más
certero y probable. La lucha legítima contra esta evolución es consustancial con las aspiraciones
de la izquierda, pero los buenos sentimientos, la exaltación de nuestros valores son inútiles si no
se comprende la realidad política sobre la que hay que actuar
De manera positiva hay que afirmar que los problemas económicos y sociales de la sociedad
española sólo pueden ser afrontados y tener solución si se admite que el necesario recuperar la
soberanía popular y, en consecuencia, romper con el yugo de la unión monetaria, los
requerimientos de las instituciones europeas y los pactos por la austeridad.
La necesidad de revisar en profundidad las relaciones y vínculos con la Unión europea es
inexorable para cualquier fuerza política de la izquierda que pretenda realmente cambiar la
sociedad. No es posible levantar ninguna política seria y responsable que no contemple poner fin
a las ataduras con la unión monetaria, que significan sencillamente que nuestra sociedad ha
perdido todos los resortes e instrumentos para afrontar los agobiantes problemas acumulados. Se
ha avanzado en un proceso ciego de cesión de la soberanía mientras que ninguna instancia
supranacional ha asumido las funciones históricas de los estados para redistribuir solidariamente
la riqueza, garantizar el empleo, amortiguar los ciclos económicos y procurar unos niveles de
bienestar e igualdad mínimos.
Este es el marco general del problema, pero hay que acabar concluyendo que la necesidad a la
que nos referimos tiene una urgencia que no se puede despreciar. Son ya muchos años de crisis,
de paro desolador, del retroceso en los derechos laborales, de sobreexplotación de los
trabajadores, de degradación de los servicios públicos, de falta de desprotección de capas
sociales muy amplias, con los parados particularmente agraviados, con las amenazas sobre las
pensiones....
En fin, se ha generado una situación intolerable, irracional e injusta en tantos sentidos que una
mínima política consecuente de lucha contra un estado de cosas tan insostenible como lacerante
exige ya recuperar la soberanía económica y monetaria, derogar el art. 135 de la constitución y la
ley orgánica de estabilidad presupuestaria que lo implementa, y romper el pacto fiscal, a través de
un proceso movilizador de empoderamiento de la ciudadanía.
Hay que impedir, sin más dilación, que los poderes económicos y la burocracia europea, en
nombre de una Unión europea fracasada y descompuesta, siga aplastando y atormentando a los
pueblos del estado español.
(Adhesión a la ponencia de Julio Anguita, Albert Escofet, Javier Bernad, Manuel Colomer Lluch,
Santiago Fernández Vecilla, Ramón Franquesa, Margarita Gonzalez-Jubete, Pedro Montes,
Gumer Pardo i Peiro, Clara Rivas, y Diosdado Toledano).
La construcción de un nuevo modelo de Europa debe hacerse de forma transversal, a través de la
clase trabajadora de todo el continente, embarcándonos en aunar luchas que se llevan a cabo
contra las oligarquías europeas por parte de sindicatos, colectivos, movimientos sociales, y
partidos de la izquierda. Trabajar en la conformación de un frente amplio. Como ha señalado
Marina Albiol, no se trata de una lucha entre países, se trata de una lucha de clases, y las
trabajadoras y trabajadores de Europa tenemos la obligación moral, histórica e ineludible de
derribar el sistema, y propiciar la construcción de un nuevo modelo de Unión Europa, rupturista
con el actual, y el momento es ahora.

TESIS 8. EUROPA

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