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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
1
FÉLIX ARCADIO MONTERO MONGE
(1850-1897)
La historia la hacen los pueblos, pero la escriben los que tienen el poder, y la manipulan a
su antojo y nos cuentan verdades a medias, que son entonces mentiras a medias.
De la historia construida por el pueblo costarricense, la historia “oficial” ha borrado
hechos y personas. Una de éstas ha sido Félix Arcadio Montero Monge. Por algo será.
Veamos.
Don Félix Arcadio, que nace en Santo Domingo de Heredia en 1846, estudia Derecho en
la Universidad de Santo Tomás, en Costa Rica y en la Universidad de San Carlos, en
Guatemala.
Como dirigente del movimiento obrero-artesanal, se suma al Partido Constitucional
Democrático (fundado por Rafael Iglesias), con el que llegó a ser diputado en el período
1890-1894. Crítico del Gobierno de turno -el de José Joaquín Rodríguez-, y a sólo cinco
meses de ser diputado, renuncia a aquél y funda el Partido Independiente Demócrata. En
1895, el ya Presidente Iglesias lo encarcela y destierra. Muere en 1897 en dudosas
circunstancias al intentar regresar al país.
Dirigente del movimiento obrero, diputado crítico, fundador de un nuevo partido. Era
evidentemente un tipo incómodo para los poderosos.
Y sí, lo era. Como diputado presenta al Congreso un proyecto de reforma constitucional
que entre otras cosas plantea:
 Que el sufragio indirecto atenta contra el derecho del pueblo. En aquel momento
votaban sólo los hombres mayores de 20 años, y para ser elegido en segunda
votación, se requería, además, saber leer y escribir y poseer un capital no inferior a
500 pesos. Estas condiciones dejaban por fuera al 80% de la población. Montero
propone, entonces, la participación directa del pueblo en la elección de sus
representantes, porque, nos dice:
“los derechos y deberes políticos esencialmente prácticos no se
aprenden sino
ejecutándolos, ni se ejercen bien, sino por el mismo que siente
arder en su pecho el
fuego del patriotismo que lo impulsa a buscar el
bienestar y felicidad de su Patria”
De manera que los servidores públicos así elegidos rindan cuentas a los electores, no a los
gobernantes, como era la práctica de la época: “Estos así servidores de los pueblos que los
eligen y no aduladores del gobierno que los nombra.”
 Que cada cantón debe tener su propia Municipalidad. En ese momento solo
existían en las cabeceras de Provincia.
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 Eliminar la “Comisión Permanente”, que era un órgano que podía aprobar leyes
propuestas por el Gobernante de turno, sin pasar por el Congreso, tan solo con que
tuviera carácter de “urgente”.
 Eliminar el ejército en tiempos de paz.
 Dejar solo un vicepresidente, y no 3 como figuraba en la constitución.
 “Otra reforma que debe hacerse a nuestra Carta Fundamental que será de gran
trascendencia social y política pero que demanda la civilización moderna y el
avance de los principios democráticos es hacer extensivo el derecho del sufragio a
las mujeres”.
No fue hasta 1953 en que las mujeres ejercieron este derecho, por primera vez, en
elecciones nacionales, 63 años después de haber sido propuesto por Montero.
Este Proyecto de reformas constitucionales, sobra decirlo, no fue aprobado por el
Congreso.
Fundado entonces el Partido Independiente Demócrata (PID), era “…el único partido que
exigía participación efectiva de sus adherentes…que debían participar en las decisiones”.
Tenía el PID su principal apoyo en el Valle Central y en Limón, y llamaba a la
organización de los trabajadores agrícolas y artesanos como único medio de lograr un
frente de lucha contra la oligarquía. Ésta última decía de los dirigentes del nuevo partido:
“Visitan de continuo los talleres de trabajo, y sin parar mienten con su
propaganda retroceden nada menos que un siglo, seducen al laborioso
artesano y le hacen alistarse en las filas que combaten contra la aristocracia,
contra la supuesta aristocracia, contra la fortuna que jamás existió en este
suelo; y ofuscados en su empeño no ven que sus trabajos dejan en la clase
obrera infiltrado el germen de las demagógicas doctrinas que actualmente
ponen en terror y espanto en las sociedades de la vieja Europa”.
Aunque la propuesta de gobierno del Independiente Demócrata es de corte liberal,
proponen medidas que reducen el fuerte presidencialismo existente y que acrecentarían la
democracia, debilitando por tanto el poder de la oligarquía.
De entre los autores que han estudiado al PID se dice:
“Fue un verdadero movimiento popular”, “es el primer partido que representa a la clase
obrera”, “siembra las primeras semillas socialistas en el seno de los trabajadores”,
“defensor de las clases proletarias”, “primer partido que se
organiza para disputar
el poder a la oligarquía”.
Y de don Félix Arcadio Montero que tenía “…conciencia clara de lucha de clases”,
“fundador del socialismo en Costa Rica” o “…líder de artesanos y obreros, pero no
socialista”.
Socialista o no, Montero introduce una concepción visionaria y nueva en el contexto
liberal de la época en que los caudillos usurpaban el poder sin pensamiento o doctrina.
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Era, el Partido Independiente Demócrata, una organización de principios y de amplia
participación.
Desde el exilio seguía siendo incómodo. En una de sus cartas a su amigo y dirigente, don
Albino Villalobos, de cara a las siguientes elecciones, leemos:
“…estar preparado a la lucha, caso que la haya, pues que creo que no la va a
haber, sí contrario una nueva farsa para hacerse reelegir al final como
desenlace del drama, o elegir a alguien ministro, o al suegro para cumplir con
el principio de alternabilidad en el Poder, esto es, estar alternando entre el
suegro y el yerno, verificando el juego que los muchachos llaman de la burra,
que mientras uno sube el otro baja, y viceversa, y, que burra tan lechera! Les
da leche para curar a mas de cien tísicos, toda la familia Iglesias y Tinoco
estaba tísica, y vistas a hoy ¡qué pulmones y que cachetes y más robustas que
se pondrá si sigue tomando la leche de esa burra!. ¿No lo creé Ud.? Pues fíjese
que no es el primer caso de tísicos que esa burra o mejor dicho, que la leche de
esa burra cura. Ud. recordará lo dañada que estaba del pulmón nuestro
insigne colega don M I en tiempo de la administración Soto, y con unos cuantos
vasos de esa leche, no solo se curó sino que quedó sano y robusto para toda la
vida.”
A pesar del aliento e ideas que enviaba desde el destierro, el PID desaparece después de la
muerte de don Félix Arcadio Montero.
Es don Félix de las personas que la historia oficial obliga a olvidar. Hoy, es de las
personas que nos proponemos recordar. Si la historia la hacen los pueblos… ¡que los
pueblos escriban la historia! Don “Billo” Zeledón, autor de nuestro Himno Nacional,
dedicó estas palabras a Don Félix, en 1909:
Fue de los eternos locos, visionarios cuyo verbo sigue de espacio en espacio sobre las tristezas del
proletariado como una caricia revoloteando
Fue de los que nunca la cerviz doblaron, de los que sucumben sin pedir amparo.
¡Viva su memoria como ejemplo grato, orgullo de propios y asombro de extraños!;
y ante su recuerdo jamás olvidado, lloren los humildes tiemblen los tiranos.
Las principales lecturas sobre el Partido Independiente Demócrata y sobre don Félix
Arcadio Montero Monge, son, de Vladimir de la Cruz, “Las luchas sociales en Costa
Rica”; de Arnoldo Mora, “Los orígenes del pensamiento socialista en Costa Rica”; y de
Orlando Salazar, “El apogeo de la República liberal en Costa Rica, 1870-1914”. Pero este
resumen se basa en un documento de Consuelo Arce Benavides, domingueña y estudiosa
de don Félix, elaborado en el contexto de su Maestría de Teoría Política de América
Latina, en 1995.
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PRESENTACIÓN
¿Cuántos años tiene usted hoy, en este momento, 20 de febrero de 2009, día de la apertura
oficial de noveno Congreso Nacional de la ANEP?... ¿Cuántos años tenía usted hace 15,
en 1994?... Pues bien, saque cuentas. Parece mucho tiempo y, efectivamente, lo es.
Sí, desde el año 1994, desde que usted tenía quince años menos a lo que es su edad de
hoy, la ANEP no desarrollaba una actividad como la que estamos inaugurando en este día,
viernes 20 de febrero de 2009.
Fue hace quince años, la última vez que la ANEP hizo una reflexión profunda, a nivel de
congreso, sobre su papel en la sociedad y sobre su rol en cuanto sindicato que lucha por
los intereses de la clase trabajadora costarricense.
Aunque los Estatutos actuales (por cierto que bastante desactualizados en no pocos
aspectos), indican que este tipo de eventos hay que hacerlos, cada ¡3 años!; el último lo
hicimos hace 14. Son muchas las circunstancias que lo han impedido y de eso podríamos
hablar bastantes horas. Pero bueno, lo importante es que estamos ya en el IX Congreso
Nacional de la ANEP y usted es parte fundamental. Es más, sin usted, ¿para qué?...
Ahora usted, con su presencia y con su participación en el IX Congreso Nacional de la
ANEP, tiene el honor y la responsabilidad de ayudar a definir el futuro político de nuestra
organización, hoy por hoy, una de las de mayor incidencia en el escenario sociopolítico
del país.
Lo que usted defina, en compañía de las otras personas afiliadas que toman parte en este
evento, marcará el camino de la ANEP en los próximos, ¿3 años?; ¿5 años?; ¿10 años?;
¿tal vez, 15?... No lo sabemos. Por lo tanto, las definiciones que adoptaremos durarán
para un buen tiempo.
Según el artículo 26 de los actuales Estatutos de la ANEP, “el Congreso Nacional
constituye la instancia intelectual, de análisis y estudio de los aspectos ideológicos del
sindicato...”. Efectivamente, este IX Congreso Nacional es profundamente políticoideológico y por eso le agradecemos haber aceptado la invitación que se le formuló para
participar, dada la altísima responsabilidad que implica insertarse en discusiones de tanto
calibre para la vida de una organización sindical de carácter sociopolítico como es la
ANEP de hoy en día.
El IX Congreso Nacional de la ANEP lleva el nombre del ilustre costarricense Félix
Arcadio Montero Monge. Le contamos que gran parte de quienes conformamos el equipo
central de la ANEP, ni siquiera sabíamos quien fue ese ciudadano. Lo descubrimos y fue
tan importante su vida, que la Junta Directiva Nacional de la organización, acordó honrar
su memoria de esta forma. Así que no se preocupe porque no sabía usted quien fue don
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Félix Arcadio Montero Monge.
Leyendo la breve reseña de su vida, que está incluida en la presente documentación, usted
también descubrirá un episodio bastante oculto de la historia nacional. ¿Por qué habrá
sido? La obra de don Félix Arcadio lo explica por sí mismo.
Este IX Congreso Nacional de la ANEP tiene una metodología de participación que,
también, se la estamos dando a conocer en esta documentación. Es necesario que la
estudie para que la maneje. Al hacerlo, usted obtendrá una gran satisfacción participativa
y, por tanto, enriquecerá el debate de este evento.
Recuerde que, como la de hoy, habrá dos fechas fundamentales en este proceso: la de
viernes 24 de abril y la del viernes 21 de agosto (plenaria II y plenaria III,
respectivamente; hoy, viernes 20 de febrero, es la plenaria I). Entre una sesión plenaria y
otra hay trabajo por hacer, así que, como le indicamos, hay que estudiarse la metodología
participativa.
Las deliberaciones se centrarán en los temas que seguidamente se detallan; aclarando que,
en general, las temáticas expresan síntesis de discusiones generales, sistemáticas, a través
de los últimos tiempos y con la participación notoria de compañeros y de compañeras que
han tenido y que todavía tienen serias responsabilidades en la conducción general de la
organización.
Tema 1: “Evolución de la organización sindical en Costa Rica: ¿cómo y por qué
llegamos hasta aquí?”. Su elaboración fundamental corrió a cargo del compañero
Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la
ANEP y Asesor Político de la Secretaría General de la organización. Se entrega, además,
una especie de subtema, o tema 1-A: Síntesis de la memoria histórica de la ANEP. El
Exsecretario General de la ANEP (1985-90), MSc. Adalberto Fonseca Esquivel,
historiador graduado en la Universidad de Costa Rica (UCR), elaboró la memoria
histórica de los primeros 50 años de vida de la ANEP, próxima a publicarse. Aquí tiene
usted una apretada síntesis de esa memoria. Valga indicar que el compañero Fonseca tiene
en preparación otro libro, la historia oficial de la agrupación.
Tema 2: “Hacia la construcción de una Costa Rica inclusiva y solidaria” . El ya
mencionado compañero Mauricio Castro Méndez; junto al compañero Secretario General
Adjunto de la ANEP, Edgar Morales Quesada; y el compañero Directivo Nacional de la
ANEP, Romano González Arce; son los responsables de esta ponencia, formulada a partir
de la experiencia y de la documentación arrojada, subsiguientemente, por la intensa
actividad de la organización en la construcción de pensamiento alternativo, a lo largo de
los últimos años.
Tema 3: “Sindicalismo Ciudadano”. El compañero Albino Vargas Barrantes, actual
Secretario General de la ANEP, formuló el documento respectivo, enriquecido con los
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aportes generados por parte de la compañera María del Milagro Gómez Araya, actual
integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la organización; lo mismo con el
compañero integrante de esa JDN, Guillermo Keith Bonilla. El joven Luis Diego Alfaro
Méndez, sociólogo, integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), de la
ANEP, dio su valioso aporte, igualmente.
Tema 4: “Economía Social: el nuevo horizonte sindical”, corrió a cargo de los
compañeros Gustavo Adolfo Fernández Quesada, actual Presidente de la Junta Directiva
de la Seccional ANEP-Infocoop; y Martín Rodríguez Espinoza, de la Unidad de
Formación, Información y Comunicación (UFIC), de la ANEP.
Luego de haber concluido el análisis de los primeros cuatro temas, se abordará el
siguiente eje de trabajo: Organización del trabajo de la ANEP. Este es el último tema
del IX Congreso Nacional de la ANEP, en el cual, a partir de las conclusiones obtenidas
en cada uno de los ejes anteriores, se debe hacer un análisis de las modificaciones
orgánicas, organizativas, metodológicas, estatutarias, procedimentales, etc.; que debe
hacer la ANEP, para poder enfrentar y desarrollar las conclusiones y líneas de trabajo
acordadas sobre cada eje.
Un evento de este calibre, no sería posible sin el apoyo anónimo y silencioso de otro
numeroso grupo de compañeros y de compañeras que laboran en los diferentes niveles
organizativo, administrativo y logístico. Podríamos cometer injusticias si la cita, una a
una, de esas personas, dejase a alguien por fuera.
No obstante lo anterior, la rigurosidad registral en la confección del padrón de los y de las
congresistas y la tramitación de los permisos, es obra de la compañera María Laura
Sánchez Rojas, cuya meticulosidad en estas importantes tareas, da enorme impulso al
éxito en este tipo de eventos.
Sin el esfuerzo motivante hacia la participación, desplegado por quienes integran la
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), de la ANEP, quizás usted no estaría aquí,
hoy, participando en el IX Congreso Nacional de la ANEP. Los compañeros y las
compañeras de la UDO (“los promotores” en nuestra jerga interna), son fundamentales
para el logro de los objetivos que nos proponemos con estas deliberaciones.
Por otra parte, el aporte logístico del personal de la Unidad de Economía, Finanzas y
Administración (UEFA); particularmente el de la Secretaría de Finanzas y de
Administración, resulta vital. También lo agradecemos mucho. Su responsable, el
compañero Lic. Luis Rivas Quirós, tuvo la sensibilidad política suficiente para entender la
histórica trascendencia de este IX Congreso Nacional de la ANEP, buscando recursos
económicos para su financiamiento.
Igualmente, agradecemos al compañero Directivo Nacional, el Lic. Juan Carlos Paniagua
Soto, su gestión para que pudiéramos reunirnos en este lugar, aprovechando estas
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hermosas instalaciones; economizándole así a la organización una importante erogación
en cuanto a pago de alquiler.
Para terminar, es preciso indicar que, indudablemente, sin la voluntad política de la actual
Junta Directiva Nacional de la ANEP, período 2007-2009, no habría habido congreso
alguno. Recordemos su integración:
Barrantes Moya Ronald
Carrillo Azofeifa Douglas
Delgado Castro Inés
Durán Carrillo Teresita
Elizondo Araya Carlos Alberto
Gómez Araya María del Milagro
González Arce Romano
Keith Bonilla Guillermo
Lacayo Mena Lydia
Martínez Vargas María Eugenia
Monestel Corrales Flor de Lis
Morales Quesada Edgar
Murillo Castillo Guillermo
Paniagua Soto Juan Carlos
Portuguez Quesada Isabel
Ramírez Zamora Gerardo
Rivas Quirós Luis
Vargas Araya Sonia
Vargas Barrantes Albino
Ahora sí, ¡a participar de lleno!
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Período 2007-2009
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ANEP
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METODOLOGÍA DEL CONGRESO
Población participante: Únicamente participarán en las sesiones del IX Congreso
Nacional de la ANEP, las personas afiliadas a la organización que hayan sido inscritas,
debidamente, en el padrón levantado al efecto.
Temas iniciales: El IX Congreso Nacional de la ANEP se desarrollará con la discusión
sobre cinco ejes fundamentales; de los cuales se trabajará sobre los primeros cuatro,
inicialmente; y sobre el quinto, al final del evento. Los primeros cuatro ejes son los
siguientes:
1. “Evolución de la organización sindical en Costa Rica: ¿cómo y por qué
llegamos hasta aquí?”- Memoria histórica: Dirigida hacia comprender la
violencia socialmente aprendida en contra del sindicalismo en Costa Rica; y la
conformación de características diferenciadoras de ANEP en torno a la visión
política y la unidad.
2. “Hacia la construcción de una Costa Rica inclusiva y solidaria”: Incluye la
discusión sobre nuestra propuesta alternativa de país, a partir de las necesidades
concretas de la gente; así como la construcción de un nuevo sujeto sociopolítico.
3. “Sindicalismo Ciudadano”: Involucramiento sindical en la vida social, a partir de
intereses ciudadanos y métodos diversos.
4. “Economía
social: el nuevo horizonte sindical”: Participación en
emprendimientos de Economía Social a partir de la autogestión, de la incidencia
política y de las alianzas con otros sectores.
Tema final: Luego de haber concluido el análisis de los primeros cuatro temas, se
abordará el siguiente eje de trabajo:
5. Organización del trabajo de la ANEP: Este es el último tema del congreso, en el
cual, a partir de las conclusiones obtenidas en cada uno de los ejes anteriores, se
debe hacer un análisis de las modificaciones orgánicas, organizativas,
metodológicas, estatutarias, procedimentales, etc.; que debe hacer la ANEP para
poder enfrentar y desarrollar las conclusiones y líneas de trabajo acordadas sobre
cada eje.
Sesiones Plenarias: el Congreso tendrá tres sesiones plenarias durante el 2009: la
primera, el 20 de febrero: la segunda, el 24 de abril; y, la tercera, el 21 de agosto.
Metodología:
a) Documentos base: Cada uno de los primeros cuatro temas del IX Congreso
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Nacional de la ANEP, tendrá documentos base de reflexión y propuesta, incluidos
en las carpetas del congreso.
b) Primera sesión plenaria: En esta sesión, se buscará un doble objetivo: lograr una
primera reflexión sobre los primeros cuatro temas del IX Congreso Nacional de la
ANEP; y lograr claridad de la metodología de trabajo del mismo.
c) Trabajo posterior a la primera sesión plenaria: Luego de la primera sesión
plenaria, las seccionales, regionales, sectoriales y las personas delegadas, tienen la
obligación de promover y dar seguimiento al análisis de los documentos; así como
procurar mecanismos que permitan atender cualquier dificultad de comprensión.
Igualmente, se tendrá como misión sistematizar la reflexión colectiva que se
realice en el respectivo grupo de estudio.
Para tal efecto gozarán del
acompañamiento de las personas promotoras de la Unidad de Desarrollo
Organizacional (UDO).
d) Actividades entre sesiones plenarias: Entre cada una de las sesiones plenarias, los
diferentes grupos de análisis podrán realizar actividades como miniforos, debates,
sesiones de reflexión colectiva y otras actividades, que deberían ser calendarizadas
para que la ANEP pueda brindar el apoyo que corresponda.
e) Segunda sesión plenaria: En esta sesión, los diversos grupos de reflexión que
participan en el IX Congreso Nacional de la ANEP, deberán plantear su análisis
crítico de los documentos base; así como las propuestas que estimen pertinentes
dentro de cada uno de los ejes temáticos. Estas propuestas y análisis deberían ser
enviados, a más tardar, el día 17 de abril por vía electrónica, al correo
[email protected], de forma tal que iniciemos el trabajo con la sistematización
de esos aportes. El objetivo fundamental de esta segunda sesión plenaria, es la
retroalimentación de las diversas personas participantes del IX Congreso Nacional
de la ANEP, a partir de la reflexión realizada luego de la primera sesión plenaria.
f) Tercera sesión plenaria: Las personas participantes en el IX Congreso Nacional de
la ANEP, podrán enviar sus propuestas concretas y análisis de cara a la tercera
sesión, a más tardar el día 14 de agosto por vía electrónica al correo
[email protected] El objetivo fundamental de esta sesión plenaria, es llegar a
conclusiones definitivas en cada uno de los ejes temáticos y propuestas de trabajo
para desarrollarlas.
g) Posible sesión final de trabajo: Existe la posibilidad, de ser necesario, que a partir
de la reflexión desarrollada en la tercera sesión plenaria, se requiera la realización
de una última sesión plenaria, la cual garantice la adopción de todas aquellas
decisiones fundamentales sobre el quinto tema (organización del trabajo de ANEP),
que es lo que en definitiva permitirá operacionalizar las conclusiones del IX
Congreso Nacional de la ANEP.
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LA HOJA ESTRATÉGICA DE LA ANEP
HORIZONTE UTÓPICO
La transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e
incluyente en todas sus dimensiones: económica, ambiental, política y
sociocultural.
MISIÓN
Promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho equitativo e
incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos y del medio ambiente, a
través de la reflexión, la propuesta y participación social, y el desarrollo de nuestra
capacidad organizativa.
VISIÓN DE FUTURO
Interna:
Somos una organización político-sindical de carácter clasista y democrática,
honesta y transparente cuya membresía ostenta una elevada conciencia social y de
género. Nuestro accionar se basa en la solidez financiera y administrativa, el
trabajo planificado y la eficiencia y eficacia de su equipo humano.
Externa:
ANEP es parte de un dinámico movimiento social de reconocida capacidad de
interlocución e incidencia en la toma de las grandes decisiones nacionales y con
una propuesta alternativa de desarrollo equitativo e incluyente.
ESTRATEGIA PRINCIPAL
Interactuar y construir alianzas con diferentes actores políticos y sociales que
coincidan con nuestros fines y valores, incluyendo opciones político-partidarias o
personalidades relevantes de la vida nacional, si las exigencias del momento
histórico así lo determinan.
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TEMA 1: EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
SINDICAL EN COSTA RICA: ¿CÓMO Y POR QUÉ
LLEGAMOS HASTA AQUÍ?
¡Quién no sabe de donde viene, no sabe adonde va!, si
quieres robarle a una persona su futuro, róbale la
memoria, esa es la estrategia de los sectores
dominantes con nuestro pueblo.
Mario Devandas Brenes
I. INTRODUCCIÓN.
1.
El presente documento pretende abordar una de las cuatro líneas de discusión en el
marco del IX Congreso Nacional de ANEP: Una interpretación histórica del
antisindicalismo en Costa Rica.
2.
Creemos que sólo en la medida que comprendamos de dónde venimos, y cómo se
construyeron una serie de prejuicios y estereotipos alrededor de la organización
sindical en nuestro país, podremos comprender buena parte de las claves sobre la
situación de la libertad sindical y de la tolerancia y hasta la “justificación”
antisindical que socialmente observamos, día a día, en nuestra vida cotidiana.
3.
Este documento se complementa con el documento de Memoria Histórica de la
ANEP y que también forma parte de los documentos elaborados para el presente
congreso.
II. SURGIMIENTO DEL PRIMER ESTIGMA: “EL SINDICALISMO ES
ANTIDEMOCRÁTICO”
Algunos antecedentes
4.
Antes de los años cuarenta del siglo pasado, diversas organizaciones de trabajadores
dieron luchas importantes, como la lucha por la jornada de 8 horas. Ya antes, en los
años treinta, con la organización sindical de orientación comunista, se alcanzó un
nivel importante de organización que se reflejó en la huelga de las bananeras de
1934. En la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron sociedades de socorro
mutuo.
5.
“No se conocen bien las actividades de estos organismos. Pero no se registra ninguna huelga
hasta el año de 1921 202 cuando, bajo la influencia de anarquistas españoles, los panaderos
202
Selligson. Mitchell A. 1984. Con la excepción de la huelga de los trabajadores italianos en 1888 durante la construcción del
ferrocarril.
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obtuvieron un aumento de salario de un 35 por ciento a un 40 por ciento y la reducción del trabajo
a ocho horas diarias. Un paro de verdadera importancia no se produjo en Costa Rica sino cuando
se sintió la depresión económica. En 1930, cuando su trabajo fue reducido a tres días por semana
y su salario fue rebajado, 400 zapateros se declararon en huelga. Un 98 por ciento de los
zapateros de San José suspendieron sus labores y se inició una lucha enconada de cinco días, que
ganaron los obreros. De esta huelga nació la formación del “Sindicato Nacional del Calzado. En
1933, en lo más severo de la depresión, se votó una ley de salario mínimo (…) y se estableció una
comisión reguladora de salarios, gracias a los esfuerzos de Jorge Volio y de su Partido
Reformista.” 203
6.
El movimiento obrero nacional, junto con intelectuales del Centro de Estudios
Sociales Germinal, logró la conformación de la Confederación General de
Trabajadores (CGT), en enero de 1913. El 1 de mayo de 1913 se conmemoró, por
primera vez, los sucesos del 1 de mayo de 1886, en Chicago. Fruto de estos
movimientos, primero se emite un decreto reconociendo un aumento salarial de 20
% y la jornada de 8 horas, pero las compañías extranjeras no lo aplican. Las
medidas de presión se mantienen hasta que el 19 de diciembre de 1920 se dio la
aprobación de la ley No. 100, que reconoce el derecho de la jornada de 8 horas,
pero con enormes vacíos por lo que no implicó una transformación real.204
7.
En 1932 se produce la huelga de zapateros que genera gran represión y Carlos Luis
Fallas Sibaja (“Calufa”), es detenido y enviado al “destierro” en la zona sur, donde
se convierte en líder sindical de las bananeras.205 Entre agosto y septiembre de 1934
se registran numerosas huelgas, siendo la más importante la sucedida en la United
Fruit Company, en la que se exigía una jornada de 6 horas para trabajos más
difíciles, salario mínimo, pago quincenal en efectivo, viviendas dignas,
medicamentos, eliminación de trabajo a destajo y el reconocimiento del Sindicato
de Trabajadores del Atlántico. La compañía no reconoce ninguno de esos extremos,
pero el Estado firmó un acuerdo con los miembros del comité de huelga y el Partido
Comunista, estableciendo la jornada de 6 y 8 horas, salario mínimo de pago
mensual en efectivo, construcción de viviendas dignas y botiquín de primeros
auxilios, lo que marca el inicio del estado liberal con intervención estatal.206 El
desarrollo del movimiento sindical, en ese momento, tanto a nivel nacional como
internacional, representa una íntima vinculación con los partidos comunistas.
8.
En el siglo XIX y en la primera mitad de siglo XX, Costa Rica era una economía
agroexportadora dominada por la oligarquía cafetalera y las transnacionales
bananeras que, políticamente, se expresaba por medio de partidos sin ideología
clara, más allá de la inspiración liberal de principios de siglo. Estos partidos tenían
Selligson. Mitchell A. El Campesino y el Capitalismo Agrario de Costa Rica. Editorial Cosa Rica, 1984, p. 102
Montanaro Mena, Ana Marcela, citada por Calderón Devandas, Paula. La Flexibilidad Laboral y su repercusión en el derecho
al descanso de las personas trabajadoras del sector privado costarricense. Tesis para optar por el grado de Licenciada en
Derecho. UCR. 2008.
205
Keith Bonilla, Guillermo. 2007. Dirigente sindical ex integrante del Comité Central del Partido Vanguardia Popular.
Entrevista. San José.
206 Acuña Ortega, Víctor Hugo, citado por Calderón Devandas, Paula. Ibíd.
203
204
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una clara representación de los intereses de la clase dominante. Durante el siglo
XIX los liberales promulgan leyes anticlericales: expropian tierras de la Iglesia,
limitan el diezmo así como la educación católica en la primaria. En ese contexto se
produce una reacción importante del arzobispo Thiel, quien es expulsado del país
por agitar a las masas en contra de la oligarquía. Sin embargo, el desarrollo
movimiento comunista internacional a partir de Revolución Rusa (1917) y de los
partidos comunistas, implicó para la Iglesia Católica un reacercamiento a la
oligarquía a la cual pide caridad para los pobres.207
9.
El Partido Reformista de Volio y el intento de reformas desarrollado por Alfredo
González Flores, con su respectivo derrocamiento de manos de los hermanos
Tinoco, requieren una mención puntual, por representar intentos de ruptura con la
hegemonía oligárquica.
10.
En ese contexto, el partido dominante durante la década de los 30, era el Partido
Republicano que llevó a la presidencia a León Cortés Castro, en un marco de claro
y decidido anticomunismo. En su administración, incluso, se llegó a elaborar un
“...Proyecto de ley enviado por el presidente Cortés Castro a la cámara legislativa para impedir la
circulación de la literatura de izquierda a través del correo nacional. Este proyecto fue defendido
por los diputados Ernesto Martín, Teodoro Picado y Rafael Ángel Calderón Guardia. (...) Muestras
de esas actitudes (autoritarias) del señor Cortés Castro, se dan en acciones como la destitución de
maestros militantes y simpatizantes del Partido Comunista, como Luisa González, Carmen Lyra,
Carlos Luis Sáenz, Arnoldo Ferreto y otros. Se lesiona seriamente la pureza del sufragio, cuando
se destituye el Consejo Electoral que había declarado electo al escritor Carlos Luis Sáenz como
diputado del Partido Comunista, ya que esta elección no fue del agrado del señor Cortés.” 208
11.
207
208
209
La sucesión presidencial por parte del Partido Republicano, es asumida por el Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia, a partir de 1940, quien llega al poder como
católico y conservador apoyado por la oligarquía, por León Cortes y por la Iglesia
Católica; obteniendo 93 mil votos frente a los 13 mil del Partido Comunista y los 7
mil de la Confraternidad Guanacasteca. Dentro de sus primeras medidas (1941),
está la concesión energética y de manejo de la gasolina a transnacionales de EEUU,
lo que, en un primer momento, lo mantiene distanciado del Partido Comunista.
Funda la Universidad de Costa Rica, el 26 de agosto de 1940, la cual inició sus
actividades académicas en marzo de 1941. Su condición de médico para los pobres,
formado en la Universidad de Lovaina (Bélgica), bajo los principios de justicia
social cristianos, le dio gran popularidad entre sectores populares. Decididamente
impulsa el desarrollo de la seguridad social con la creación de la CCSS, en 1942,
que ya era una aspiración planteada por el Partido Comunista desde su plataforma
programática del año 1932209, así como por la Organización Internacional del
Schifter, Jacobo. La fase oculta de la guerra civil en Costa Rica. 1985. EDUCA, p. 45
Contreras, Gerardo. Algunos elementos para comprender la política de alianzas del partido comunista de Costa Rica en los
años cuarenta. Artículo publicado en la Serie Pensamiento Actual de la Coordinación de Investigación de la Sede de
Occidente de la Universidad de Costa Rica, 1989.
Plataforma programática del Partido Comunista, 1932, en Salas, Ady. Con Manuel. Devolver al Pueblo su Fuerza. Editorial
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
14
Trabajo (OIT), que venía promulgando diversos convenios internacionales en esa
dirección. Esto significaba un salto enorme ya que, hasta ese momento, la salud
dependía de empleadores lo que generaba no sólo gran poder, sino condiciones de
vida miserables en algunas áreas de la producción como las plantaciones bananeras.
Esta orientación le lleva, además, a derogar las leyes anticlericales promulgadas por
los liberales reinsertando a la Iglesia Católica en la educación primaria, lo cual
evidentemente genera un acercamiento muy importante con el obispo Víctor
Manuel Sanabria Martínez.
Una alianza táctica propia de su tiempo.
12.
A nivel internacional, estamos en presencia de la Segunda Guerra Mundial (19391945), con un consecuente impacto económico a nivel mundial. “Cuando el Dr.
Calderón Guardia asume la Presidencia de la República, la Segunda Guerra
Mundial ya se había iniciado y ello marca una nueva situación en Costa Rica. Esta
situación internacional favorece el ambiente nacional para propiciar una alianza,
orientada a la formulación de un conjunto de reformas y garantías sociales, primero;
y luego en alianza electoral del Gobierno, la Iglesia y los comunistas para
consolidar dichas reformas en beneficio del pueblo costarricense. Durante los años
de 1940 a 1942, el Partido Comunista fue el principal opositor parlamentario y
extraparlamentario del Gobierno de Calderón Guardia. (...). En el marco del
conflicto bélico internacional, el gobierno de Costa Rica toma posición contra el
llamado Eje Nazifascista, cuando los japoneses llevan a cabo el ataque a Pearl
Harbor, en diciembre de 1941, motivo por el cual le declaró la guerra a Japón,
alegando que "no hacía más que cumplir con los tratados firmados con las conferencias
Internacionales de Buenos Aires, Lima, Panamá y La Habana... en esas conferencias se había
pactado la solidaridad americana en términos precisos e indudables".
13.
Esto convierte al gobierno costarricense, por lo menos nominalmente y
políticamente, en un aliado de los Estados Unidos y la Unión Soviética en la guerra
antifascista. Igualmente, le declaró la guerra a Alemania y a Italia y Costa Rica,
formalmente, se incorporó a la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados
antinazis. No obstante esta postura internacional, el Gobierno tenía una política
interna conservadora y anticomunista. Hay que apuntar que después de las
elecciones de medio período (...1942...), el partido de gobierno no obtuvo la victoria
política en las dimensiones que requería para seguir manteniendo su cuota de poder,
tal y como lo había venido haciendo; el gobierno había venido perdiendo su base
social de apoyo, y hasta ciertos círculos de la oligarquía lo repudiaban por su
alineamiento en la política internacional. Así tenemos entonces que el Gobierno se
encontraba en una encrucijada; por un lado divorciado con una parte de la
oligarquía que lo había llevado al poder; y, por otro, divorciado de los sectores
populares. Algunos opinan que esas contradicciones tienden a resolverse en la
UCR. 1998
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
15
medida en que se desarrolla el conflicto bélico a nivel internacional (Contreras,
Gerardo. 1989).
14.
Un sector de la oligarquía se siente cada vez más amenazado. Esta amenaza se
produce no solamente por la creación de la CCSS, sino porque el gobierno de
Calderón Guardia no sólo había creado campos de concentración en los que fueron
recluidos ciudadanos alemanes e italianos; sino que se desarrolló una política de
confiscación de propiedades y bienes de estos sectores, que en muchos casos
pertenecían a la oligarquía nacional. En ese contexto, la oligarquía llega, incluso, a
proponer una alianza al Partido Comunista para derrocarlo. Sin embargo, Manuel
Mora se desmarca, bajo el entendimiento de Calderón como figura política cada vez
más autónoma del sector oligárquico y le propone una alianza que él acepta
(facilitada por la alianza de la URSS con EEUU contra Alemania). La única forma
de defender reformas y profundizarlas, era aceptar una alianza con Calderón, ya que
de lo contrario Picado, de seguro, perdería las elecciones en 1944. “Para este
entonces, el Partido Comunista tiene claro que el fin último es aglutinar a la mayor cantidad de
fuerzas populares, cuyo objetivo primario sea la defensa del régimen democrático ante las
posiciones fascistoides de ciertos grupos económicamente fuertes de la sociedad costarricense.”
(Contreras, Gerardo. 1989). A partir de ese momento comienza a resolverse la
contradicción entre la política internacional y la política interna, y desde ese
momento se da inicio a una alianza que va a jugar un papel importantísimo en la
vida política e institucional del país. En ese contexto, el Dr. Calderón Guardia
representa una primera ruptura de la hegemonía liberal, a pesar de haber sido
representante de la oligarquía.
15.
El miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Arnoldo Ferreto, afirma
al respecto: "Cada vez la guerra nos une más -diría yo. Uno se sentía- lo digo porque viví esos
días y esos momentos, uno se sentía cerca del gobierno, con el gran dilema mundial de la guerra
entre los dos grandes bandos, y se sentía enfrentado por los problemas, de política interna.”
(Contreras, Gerardo. 1989). Esta situación originó, si se quiere un fenómeno lógico.
Poco a poco se fueron estableciendo vínculos, contactos, entre el Partido Comunista
y el Gobierno. Dichos contactos se dieron, en un inicio, a través de personalidades.
Por un lado, don Francisco Calderón (hermano del Presidente) y don Manuel Mora.
Esas pláticas condujeron la discusión de una plataforma común en materia social.
En esos primeros contactos, el Partido Comunista plantea, como cuestión de primer
orden, que el gobierno debe dar un viraje radical en su política social. Después de
todo un proceso de conversaciones se llega al acuerdo de conformar esa plataforma
programática y dentro de ella se plantea, promover la reforma de la Constitución
Política, incorporándole el capítulo de las Garantías Sociales, la promulgación del
Código de Trabajo y el apoyo a la creación de la Caja Costarricense del Seguro
Social (Contreras, Gerardo. 1989).
16.
La redacción propiamente dicha del Código de Trabajo y las garantías sociales
estuvo a cargo de una comisión, sin participación sindical ni del Partido Vanguardia
Popular. Por el contrario, su redacción ha sido reivindicada por Oscar Barahona
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
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16
Streber, al señalar que de una conversación suya con el Dr. Calderón Guardia “...
salieron dos decisiones... la primera fue la de crear una comisión redactora del Código de
Trabajo, que jamás operó bien, pues consumió su tiempo en escarceos preliminares. Y otra la de
que yo debía hacer un esbozo de la reforma constitucional intitulada de las Garantías Sociales,
tarea que cumplí a satisfacción del Presidente, quien se empeñó, con mi beneplácito, en que la
respectiva exposición de motivos se fundara solamente en las encíclicas papales Rerum Novarum y
Quadragesimo Anno, pasó como en el Código Social de Malinas, iluminantes textos totalmente
opuesto a la ideología marxista leninista que siempre profesaron los líderes comunistas
criollos...”.210
17.
En el ámbito colectivo, legalmente se tuteló y fomentó la organización sindical. Sin
embargo, la ausencia del fuero sindical permitió el libre despido a voluntad de
empleador con el pago de una indemnización predeterminada. La ley limitó la
organización sindical y la estructura de la negociación colectiva al nivel de empresa,
y se siguió el criterio de extender los beneficios de la negociación colectiva tanto a
las personas afiliadas al sindicato, como a las no afiliadas. Todo esto,
conjuntamente con el libre despido y la estabilidad limitada para las personas
trabajadoras, hasta hoy ha dificultado y desincentivado la organización y la
extensión de derechos laborales. La promulgación del derecho de huelga fue un
claro avance, pero se establecieron requisitos excesivos (como el agotamiento
previo de prolongados procedimientos judiciales, o la exigencia de un 60 % de
apoyo entre los trabajadores implicados), que han limitado su ejercicio. Desde los
años 40, todas las huelgas, excepto cinco, han sido declaradas ilegales; siendo que
hubo 182 huelgas entre 1972 y 1983; y 159, entre 1990 y 1998 (Rojas y Donato, 1987;
Estado de la Nación, 2001). No se concede titularidad al sindicato para representar a los
trabajadores en conflictos colectivos, y se limita enormemente la participación
política de los sindicatos, así como su participación en la economía nacional. Si
bien es cierto el Código representó un claro avance, pareciera que, en lo que tiene
que ver con la materia colectiva y particularmente la libertad sindical, hay una
enorme desconfianza hacia los sindicatos en su texto.
18.
Todo este proceso político genera una reacción de liberales conservadores y del
empresariado nacional que inician un boicot socioeconómico. A este boicot se suma
el Centro para Estudio de Problemas Nacionales, que representa a un sector de clase
media de tendencia socialdemócrata. Tal oposición es, además, apuntalada por el
discurso radial (8 de julio de 1942), pronunciado por un finquero hasta entonces
desconocido de nombre José Figueres Ferrer, quien acusa al gobierno de corrupto,
elitista, ineficiente e incapaz para impulsar desarrollo nacional. “Lo que el gobierno
debe hacer es irse”. El discurso es interrumpido por la policía y días después Figueres
es expulsado del país. Manuel Mora declaró, tiempo después, que en una
conversación confidencial con el Dr. Calderón Guardia, este le manifestó que la
expulsión fue fruto de la presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos
210
Barahona Streber, Oscar. Memoria y Opiniones. Aspectos de la verdadera historia de la reforma social en Costa Rica y
Guatemala; y del pasado, presente y futuro de la situación económica y fiscal de Costa Rica. Eitorama. 1996. pág. 11
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17
de América, lo que hizo ineficaces los esfuerzos de Mora y de otras personas para
que Figueres no fuera expulsado. 211
19.
En ese marco resulta determinante el arzobispado de Víctor Manuel Sanabria
Martínez, quien a pesar de haber tenido un pasado anticomunista, fue capaz de
establecer un nuevo relacionamiento con Manuel Mora y con Calderón, a partir de
la derogatoria de las normas anticlericales y el apoyo a la reforma social a partir
de Doctrina Social de la iglesia. Monseñor Sanabria estima, además, necesario
incidir en el gobierno restando protagonismo al Partido Comunista y evitando que
las futuras garantías sociales fueran capitalizadas exclusivamente por los
comunistas y sus sindicatos. Como producto de la negociación que permitió crear
las condiciones para esta alianza, en junio de 1943 se extingue el Partido Comunista
y nace el Partido Vanguardia Popular, con el apoyo de Víctor Manuel Sanabria
Martínez, permitiendo a los católicos participar en ese partido a diferencia de lo
dicho en el pasado con relación al Partido Comunista. La reacción no se hizo
esperar y se empezó a llamar a Sanabria como el “arzobispo comunista”. Se perfila
el Bloque de la Victoria: calderonismo, comunistas, Iglesia, burocracia, empresas
beneficiadas con contratos públicos. Esta alianza se traduce en las Garantías
Sociales, en abril de1943 que es aprobada en julio; y en el Código de Trabajo
aprobado en agosto del 43 y que entró a regir el 15 de septiembre. Por primera vez
en Costa Rica, estos cuerpos normativos, reconocen a las organizaciones sindicales,
a pesar de establecer enormes limitaciones para su desarrollo.
20.
Desde el inicio de los 40, monseñor Sanabria se había propuesto desarrollar el
sindicalismo católico, con el objetivo del mejoramiento socioeconómico de los
trabajadores, para generar una alternativa al sindicalismo comunista y para asegurar
que la legislación social que se estaba desarrollando no fuera propiedad de un solo
bando político, y, por lo tanto, no pudiera ser revertida en el futuro. Para asumir esa
tarea, el padre Benjamín Núñez, es enviado a EEUU a formarse en ciencias
sociales, lo cual hace en la Universidad Católica, de Washington D.C. Núñez
regresa anticipadamente para hacer frente a ese proceso, sentando las bases de un
sindicalismo católico y apolítico, ya que el Código de Trabajo y la doctrina papal
así lo establecían212. De la mano del padre Núñez se desarrolla una vertiente
sindical católica, autodenominada sindicalismo democrático. Sin embargo, los
acontecimientos políticos fortalecen el sindicalismo comunista, haciendo que
trascienda de los enclaves bananeros al Valle Central y que ya en 1943 había creado
la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR). Por su parte, el padre
Núñez, para el 15 de septiembre del 43, habían formado 15 sindicatos y ese día
constituyeron la Central de Sindicatos Costarricenses Rerum Novarum, eligiendo a
Núñez como su presidente y a su hermano, el padre Santiago Núñez tesorero. Esta
central se transformó en el 45 en Confederación (CCTRN), íntimamente ligada a la
211
212
Volando bala... citado por Forja, Semanario Universidad. 2008
Núñez Vargas, Santiago. Benjamín: siempre y ante todo sacerdote. EUNA, 2000.
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18
iglesia, en términos ideológicos, económicos, de liderazgo y propagandísticos.
21.
Hubo un rápido crecimiento del sindicalismo durante los 40, por diversas razones,
entre ellas la necesidad de los trabajadores de expresarse en un ambiente político
sumamente tenso. El crecimiento fue tanto de la CCTRN, como de la CTCR. El
sindicalismo comunista y Vanguardia Popular tenían cada vez más incidencia en los
gobiernos de Calderón y luego en el de Teodoro Picado (44-48), lo que se
expresaba en la redacción de legislación y su ejecución, en cargos en el Ministerio
de Trabajo y en la CCSS, así como en aumentos salariales por medio de huelgas que
hicieron negociar incluso a la United Fruit Company. Las relaciones entre ambas
confederaciones fueron de cooperación, en buena medida propiciadas por las
buenas relaciones entre Mora y Sanabria, aunque la CTCR levantaba ya la crítica
contra la confusión de roles entre sacerdotes y dirigentes sindicales. Sin embargo,
poco a poco, esa colaboración se transformó en una relación neutra, y finalmente en
hostilidad.
Una nueva alianza disputa el poder en el marco de la “Guerra Fría”
22.
Durante el gobierno de Picado, crece la oposición de la oligarquía, sobre todo
cuando el calderonismo utiliza la reforma social electoralmente. Adicionalmente,
existían tres crecientes disconformidades de la oposición: el gobierno era acusado
por el manejo de política económica, por falta de planificación, corrupción y
presión económica de la Segunda Guerra Mundial; también era acusado de fraudes
electorales sistemáticos y de tener una actitud antidemocrática; y, finalmente era
clara la incomodidad por la alianza Calderonismo-Partido Republicano-Vanguardia
Popular. En 1945 inicia la Guerra Fría213, y la ruptura del Bloque Aliado que
incluía a EEUU, a Inglaterra y a la URSS se transforma en una polarización entre
esas potencias, que se expresa en un creciente y visceral anticomunismo; y, con ello,
un creciente antisindicalismo, que había iniciado ya con la creación de la figura del
sindicalismo democrático en oposición al sindicalismo de izquierda 214. Esto, desde
luego, incluye a nuestro país.
23.
En 1940 se había creado el Centro para los Estudio de los Problemas Nacionales.
Para ellos “... y para el ala figuerista del Partido Cortesista... (Acción Demócrata encabezado
por Figueres)... el gobierno era incapaz de producir ninguna transformación social, ya que había
abierto las puertas al imperialismo yanqui en áreas vulnerables de la economía tales como la
Los límites temporales de la Guerra Fría son un punto de desacuerdo entre los historiadores, pues para momentos de inicio
se proponen bien 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial) o bien 1948 (fin de la posguerra). Para otros había iniciado ya en
1919 con la III Internacional y la proclamación del "internacionalismo proletario” de Lenin. Mientras que para el final 1985 (inicio
de la perestroika), 1989 (caída del Muro de Berlín) o 1991 (disolución de la Unión Soviética).
214 Sin embargo, para algunos historiadores como Luis Guillermo Solís, el rechazo al sindicalismo podría incluso tener raíces
más antiguas, ligadas al papel que juega el "anarcosindicalismo" a finales del siglo XIX y principios del siglo XX (incluso en
Costa Rica aunque de manera muy incipiente), y del impacto en el imaginario que esto tuvo en una sociedad tan conservadora y
dominada por los valores del liberalismo antes de que se produjeran los movimientos reformistas de los años 1920.
213
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electricidad y la distribución de gasolina. Lo consideraban incapaz de una administración fiscal
responsable (la deuda pública había aumentado de 2.097.304 de colones en 1940 a 30.515.000 en
1944) y corrupto en su manejo de las elecciones y los contratos del Estado. Pero lo más
importante para ellos era que lo consideraban incapaz de invertir la tendencia hacia la
concentración de la tierra (latifundio). Esto era interpretado por el Centro como uno de los peores
obstáculos a la diversificación y el desarrollo agrícolas. Para este Partido Social Demócrata,
núcleo fundamental de los revolucionarios de 1948, las opciones de una alianza con el régimen
parecían inexistentes desde un principio”.215 Tanto el Centro como Acción Demócrata
(Figueres), tenían una posición anticapitalista, antioligárquica, antiimperialista y
transformista, así como Estatal intervencionista. El Centro y Acción Demócrata se
unen el 19 de marzo de 1945 y declaran la búsqueda de la segunda república antes
del 48. Desde que Figueres fue expulsado, se inició, sistemáticamente, la creación
de la idea de que el Gobierno de Calderón era dictatorial, aún cuando sus prácticas
no se diferenciaban en mayor medida de las administraciones anteriores, aunque sus
alianzas sí.216 El Centro colaboró con la CCTRN en asuntos técnicos.
24.
Cuando el Centro se vuelca contra los republicanos y calderonistas, suma en su
anticomunismo al sindicalismo católico que partía de la idea del “sindicalismo
democrático”, en contraposición al sindicalismo de izquierda. El Partido Acción
Demócrata se acerca a la clase media. Además la CCTRN se sentía en una posición
de desventaja frente a la influencia que la CTCR tenía frente al gobierno. Figueres
señala claramente: “Yo no tengo ninguna objeción que oponer a la filosofía marxista, ni
siquiera a los de orden espiritual que a Usted y a Rosendo les hace rechazarla, pero no cometo la
torpeza de Manuel Mora (dirigente comunista costarricense) de darle combate frontal al Yanqui y
al capitalismo. Yo lograré reformas económicas más radicales que Mora y todo su partido, y le
ganaré más batallas al imperialismo yanqui en breve tiempo del que esa gente ha logrado en
veinte años, sencillamente por cuestión de táctica. Como bien dice con frecuencia el Padre Núñez
“man fears words”, el hombre teme a la palabra: Yo me haré amigo de capitalistas y del
Departamento de Estado yanqui para ganarles la batalla por dentro y no me importa bajo qué
título tenga que circular para ganarme la confianza de ellos. Cuando ya se confíen de mí, sabré
qué hacer”.217
25.
En 1945 el Presidente recién electo por el Bloque de la Victoria, Teodoro Picado,
promulga, por primera vez en Costa Rica, el impuesto sobre la renta, tarea intentada
anteriormente por Alfredo González Flores, lo que incrementa la oposición de la
oligarquía. Adicionalmente, en 1946, impulsa la reforma electoral que por primera
vez establece la autonomía de las entidades electorales del Poder Ejecutivo (tanto el
registro electoral encargado de hacer el padrón, como del Tribunal Supremo de
Elecciones).
26.
De cara a las próximas elecciones de 1948, en agosto de 1947, se produce la
“huelga de brazos caídos” que, en realidad, fue un paro patronal de los sectores
215 Schifter, Jacobo. Ibid. Págs. 67-68
216 Solís, Manuel. La institucionalidad Ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo. Editorial UCR. Instituto de Investigaciones
Sociales. 2006
217 Carta de Figueres a Edelberto Torres en: Aguilar Bulgarelli. Oscar. Los hechos políticos del 48. 1969, pág. 265.
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capitalistas que se oponían al gobierno. La huelga (paro patronal), se realizó para
exigir elecciones limpias en febrero del 48. Lo cierto es que existió un gran
impacto, sobre todo en la distribución de alimento. La CCTRN, desde una
perspectiva humanitaria, pero además para evitar el pillaje y mantener la huelga
pacífica, logró negociar con el gobierno para asumir el establecimiento de estancos
para repartir comidas a todas las personas, sin distinción política, asumiendo incluso
la insignia de la Cruz Roja. Esto lo hicieron con el apoyo económico de la Iglesia.
En el fondo, la CCTRN estaba apoyando el paro patronal. Muchos sindicalistas
católicos fueron encarcelados durante el paro. Esto incrementó el enfrentamiento
entre las dos confederaciones. Como fruto del paro se produce un acuerdo entre el
presidente Teodoro Picado y el líder de la oposición Otilio Ulate (Partido Unión
Nacional –PUN-), para que este último nombrara el Tribunal Electoral y el director
del Registro Electoral para garantizar la pureza del sufragio.
27.
El acuerdo que permitió levantar la “huelga” de brazos caídos lo explica claramente
Manuel Mora: “... Nosotros habríamos podido parar la huelga sin perjudicar a nadie, sin
romper las libertades públicas, los derechos individuales, pero no se pudo por las razones que he
explicado. Pues bien, don Teodoro Picado nos llamó y nos dijo que había llegado a un
entendimiento con la oposición, don Otilio Ulate. El entendimiento era que la huelga se iba a
terminar y se iban a dar las garantías electorales a don Otilio Ulate. Yo le dije que nuestro grupo
era el más interesado en que hubiera garantías electorales y que el gobierno nunca le había
negado garantías a don Otilio y que entonces, ¿qué sentido tenía todo esto? Nos dijo, Ustedes
quieren unas elecciones puras, sí le dijimos el Dr. Calderón y yo. Pues vamos a hacer un
experimento. El gobierno va a garantizar la libertad electoral y la oposición va a garantizar la
pureza del sufragio. Para eso la oposición va a manejar el mecanismo electoral y nosotros vamos
a manejar la fuerza pública. ¿Pero cómo va a manejar la oposición el mecanismo electoral?, le
preguntamos. Pues, yo me he comprometido, nos dijo, a integrar el Tribunal Electoral con
personas designadas por don Otilio o de la confianza de él. Advierto, que aquél era el primer
Tribunal Electoral que se iba a integrar en Costa Rica porque el nuevo Código Electoral iba a
aplicarse por primera vez en esas elecciones que venían. Advierto, que ese Código Electoral que
está vigente todavía fue hecho por nosotros los comunistas y prácticamente impuesto por nosotros.
Fue hecho con la experiencia nuestra, pues habíamos sufrido muchas arbitrariedades electorales
en los años anteriores de nuestra lucha política y queríamos garantizar a nosotros mismos el
futuro y por eso nos empeñamos en que se diera un Código Electoral, capaz hasta donde fuera
posible, de impedir una serie de fraudes de los que nosotros habíamos sido víctimas. De manera
que ese Código Electoral es obra nuestra, pero no sólo en cuanto a que nosotros lo redactamos, lo
redactó el Lic. Luis Carballo, y luego de que nosotros tuvimos que luchar para que nuestros
aliados lo aceptaran. Entonces se iba a entregar por primera vez el Tribunal Electoral, y don
Teodoro se comprometió con don Otilio a integrarlo de acuerdo con él. El Dr. Calderón cuando
oyó esto protestó y dijo que él no aceptaba. Pero inmediatamente se produjo una situación de
choque y yo intervine para calmarlos. El Dr. pensó un poco el asunto y luego le dijo a don
Teodoro que cómo era posible que el partido del señor Ulate donde militaban gentes
acostumbradas a hacer fraudes en todas las elecciones pasadas en Costa Rica, cómo se les iba a
entregar el Tribunal Electoral. Yo le dije a don Teodoro que nosotros estábamos de acuerdo en
garantizar la pureza porque en Costa Rica el fraude electoral ha venido a ser una especie de
deporte. Nuestros políticos lo llevan a cabo con toda naturalidad, aquí hay una escuela de fraude
como no lo hay en ningún otro lugar de América. Le dije a don Teodoro que francamente nosotros,
los comunistas, sabemos que sólo podemos garantizar la pureza. Si Ud. quiere que hable con
claridad, nosotros no creemos ni en ustedes, nuestros aliados. De manera que no estamos de
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
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21
acuerdo. Entonces, don Teodoro completó la explicación y nos dijo que el compromiso era que los
diputados que apoyaban al gobierno debían firmar, desde ahora, un pliego comprometiéndose a
aceptar el fallo que dé el Tribunal, que se va a nombrar. Yo también protesté de eso. Nos
disolvimos en esas condiciones pero más tarde don Teodoro me llamó de nuevo y me dijo que ya el
Dr. Calderón había aceptado y yo le manifesté que había consultado con los compañeros de
partido y no aceptamos eso. No firmamos ese pliego...”218
28.
El mismo Teodoro Picado señala que: “El programa de Gobierno que expuse a la
consideración del país en la campaña que me llevó al poder, contenía como punto fundamental de
las reivindicaciones políticas establecer el servicio civil y reformar la ley de elecciones,
suprimiendo todas aquellas disposiciones que de acuerdo con la experiencia podían prestarse para
la burla del sufragio (...). Con ese antecedente y contando para ello con el apoyo de los jefes y los
diputados del Partido Republicano Nacional y del Partido Vanguardia Popular dije en mi mensaje
inaugural de Gobierno: -Estamos dispuestos a que se promulgue un Código Electoral o que se
reforme la ley existente; y a que el proyecto respectivo sea redactado por una comisión integrada
por representantes de los tres partidos que intervinieron en la última lucha, a fin de que el derecho
del sufragio de los costarricenses alcance el máximo de garantías por parte de los poderes
públicos y por parte de quienes intervienen en las lides electorales.- Poco después de haberse
instalado, el Congreso nombró una comisión integrada por los diputados Lic. don Francisco
Fonseca Chamier (del Partido Republicano Nacional), Lic. don Luis Carballo (del Partido
Vanguardia Popular) y Lic. don Víctor Manuel Elizondo (del Partido Demócrata), para que se
encargasen de la redacción del Código Electoral. Por otra parte, el Poder Judicial designó una
comisión formada por distinguidos magistrados licenciados don Víctor Guardia Quirós, don José
María Vargas y don Alfredo Zúñiga Pagés, Secretario de la Corte Suprema de Justicia, que se
encargó de preparar un proyecto de ley del Registro Cívico, o Registro Electoral, como se llamó
más tarde. La comisión redactora del Código incorporó después en él, en el lugar
correspondiente, el capítulo o capítulos que habían redactado los señores jurisconsultos ya
mencionados.”219
29.
Los socialdemócratas habían generado una percepción internacional de Calderón y
Picado como comunistas. Logran que en la disputa, incluso intervenga Haya de la
Torre: “La intervención de Haya de la Torre -dice Facio-, cambió completamente el panorama.
En esos días los comunistas checos, infiltrándose en el Gobierno, habían terminado con la
democracia en Checoeslovaquia. La opinión pública estaba apasionada con el suceso que
consideraba un duro golpe para los Estados Unidos. De allí que cuando el tres de marzo de 1948,
desde la elevada de la Universidad de Yale, Víctor Haya de la Torre afirmó que Costa Rica era la
“Checoeslovaquia de América” se produjera un inusitado interés por saber lo que pasaba en
nuestro país”.220
El 48: la culminación de un proceso
30.
En un ambiente de tensión se producen las elecciones del 8 de febrero de 1948, las
cuales gana Otilio Ulate (candidato de la oposición), frente a Calderón. Se producen
varios actos de fraude electoral; el más grave fue el incendio de material electoral.
Con intervención de notables y gran presión, el Tribunal Nacional Electoral declara
Schifter, Jacobo. Ibíd. Págs. 77-78.
Picado Michalsky, Teodoro. Memorias. Manuel Formoso Herrera, Editor. EUNED, 2007, Págs. 4-5.
220 Schifter, Jacobo. Ibíd. Pág. 133.
218
219
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
22
ganador a Ulate, pero al no ser unánime pidió la aprobación final del Congreso. El 1
de marzo se discutió el asunto en el congreso, con las barras llenas de calderonistas
y con una mayoría en el congreso, se anularon los resultados. Los sucesos
relacionados con las votaciones continúan siendo polémicos. La historia oficial ha
indicado un fraude de manos del congreso por no reconocer la victoria de Otilio
Ulate. El tema pareciera ser más complejo. Los estudios realizados por el
historiador Iván Molina, permiten hacer preguntas realmente incómodas: ¿cómo
explicar que la elección presidencial la ganó Ulate, pero que en la misma votación,
las votaciones a diputados fueron ganadas por Vanguardia Popular y el Partido
Republicano?; ¿es posible pensar en un quiebre de voto en ese contexto?; el director
del Registro Electoral pasó a militar en las filas de Figueres, a pesar de que existían
denuncias de que la “depuración” del padrón no solo había excluido a militantes de
izquierda, sino que se había modificado sus lugares de votación; el magistrado
Koberg del Tribunal Supremo de Elecciones que decide no avalar las votaciones, lo
hace porque el resultado preliminar se había obtenido con base a los telegramas
oficiales del Partido Unión Nacional, de Ulate, y su verificación posterior no fue
posible por haberse quemado el material electoral; etc.221
31.
Un grupo de notables, encabezados por monseñor Sanabria trataron de frenar las
hostilidades, pero el 10 de marzo, Figueres declaró la “Guerra de Liberación Nacional”.
La guerra continuó hasta mediados de abril cuando se rindieron las fuerzas
calderonistas. Jacobo Schifter elabora la siguiente hipótesis: el autoritarismo
corporativo transformista de Figueres requería: que el Tribunal y el Registro
Electoral detuvieran a Calderón; y que el Congreso detuviera a Ulate. Esto les daba
posibilidad de gobernar por medio de las armas.222 Figueres había levantado la tesis
de la lucha armada para tomar el poder desde principios de los cuarenta, en el marco
de la denominada Legión del Caribe, que tenía la finalidad de derrocar las diversas
dictaduras de la región. Figueres equiparaba a Calderón Guardia y a Teodoro
Picado con Anastasio Somoza y otros dictadores de la región. Además, es indudable
que los odios acumulados luego de ocho años de asesinatos, golpizas y acusaciones
mutuas, atentados terroristas y, en general, fomento del odio para con el otro, así
como de justificación de los “excesos” cometidos por “mi bando” en respuesta a las
arbitrariedades del otro, habían generado el caldo de cultivo necesario para la
violencia desenfrenada que estaba por venir durante la guerra civil.223
32.
Oficialmente, la CCTRN permaneció neutral. Sin embargo, en la realidad Núñez se
transformó en figuerista y varios de los dirigentes asumieron un papel paramilitar o
de apoyo logístico, incluidos los Núñez. Núñez funcionó como cura, sindicalista y
político. Su papel enfrió las relaciones entre Núñez y Sanabria. Por su parte,
centenares de militantes sindicalistas tomaron las armas y se incorporaron a la lucha
Molina Jiménez, Iván. Votos más, votos menos. El fraude electoral en Costa Rica en la década de 1940.
Shcifter, Jacobo. Ibid. 84
223 Solís, Manuel. La institucionalidad Ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo. Editorial UCR. Instituto de Investigaciones
Sociales. 2006
221
222
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
23
armada, dirigidos por figuras fundamentales como Carlos Luis Fallas Sibaja. Esto
sucede luego de que el Comité Central del Partido Vanguardia Popular, en contra
del mismo criterio de Manuel Mora, decide apoyar la anulación de las elecciones
por parte del congreso, tal y como lo quería el Dr. Calderón Guardia. Para ese
momento, Otilio Ulate había garantizado a Mora, no sólo respetar las garantías
sociales y la legislación social en general; sino respetar las elecciones de diputados,
en las cuales la representación de Vanguardia Popular podría haber pasado de los
diez diputados y el Bloque de la Victoria tendría mayoría parlamentaria, pudiendo
incluso hacer el nombramiento de designados a la presidencia.224
33.
Calderón y su hermano (Paco Calderón), así como Picado, negociaron la
finalización de la guerra civil con las fuerzas de Figueres, cuando se garantizaron
vidas y haciendas. Mora negoció cuando se garantizó el respeto a la legislación
social y a la existencia de la CTCR y del Partido Vanguardia Popular. Además,
existía información de que el dictador nicaragüense Anastasio Somoza ya había
invadido el norte de Costa Rica, en buena medida porque se sentía amenazado,
tanto por los comunistas, como por la Legión del Caribe impulsada por Figueres.
Asimismo, existía información sobre la posible invasión desde Panamá por parte de
marines de los EEUU, si los comunistas se mantenían en el poder. Todo esto
provocó la negociación en lo que se denominó el “Pacto de Ochomogo”, entre José
Figueres, Manuel Mora y Benjamín Núñez, fruto de conversaciones que se habían
iniciado y continuaron en la Embajada de México.
34.
El 19 de abril de 1948 se firma el Pacto de la embajada de México, que materializa
el “Pacto de Ochomogo”, y al cual se anexa un documento específico sobre el tema
de las garantías sociales, que textualmente dice: “El Ejército de Liberación Nacional
presenta al Partido Vanguardia Popular, parte de su programa social de Gobierno, cuya
realización promete a todos los trabajadores de Costa Rica:
Las Garantías Sociales existentes no sólo serán respetadas sino también aplicadas en forma
efectiva en todos aquellos aspectos en que no lo han sido todavía.
1. El Código del Trabajo no sufrirá modificación negativa a los intereses de los
trabajadores; por el contrario, será perfeccionado en favor de ellos. Entre esas mejoras
consideramos esencial el reconocimiento del derecho de huelga para los trabajadores del
país.
2. Observaremos el principio de libertad y organización para la clase trabajadora; se darán
garantías para la existencia y las actividades de las Centrales Sindicales existentes en el
país: Rerum Novarum y la CTCR (Confederación de Trabajadores de Costa Rica). El
Gobierno les garantizará apoyo económico y moral sin preferencias para ninguna de
ellas.
3. A fin de dar mayor seguridad al trabajador desde la cuna hasta la tumba, el sistema de
seguros sociales no sólo será respetado, sino estructurado en forma tal que todos los
riesgos profesionales incluyendo los accidentes de trabajo, quedan incorporados a un
organismo único. Se extenderán los beneficios de la seguridad social a todos los
trabajadores y a todo el país.
224 Aguilar
Bulgarelli, Oscar. Costa Rica y sus Hechos Políticos de 1948. Problemática de una década. EUNED, 2004.
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
24
4.
Será preocupación constante la ejecución de un plan de viviendas baratas para todos los
trabajadores de la ciudad y del campo.
5. Haciendo los esfuerzos que sean necesarios en la producción de artículos de consumo
popular y en el control de su distribución, se procurará asegurar el alimento adecuado
para la población.
6. Se guardará absoluto y efectivo respeto al sistema democrático republicano, asegurando y
respetando las libertades de pensamiento, de conciencia, de palabra, de reunión y de
organización, de todos los partidos políticos que existen o puedan establecerse en el país.
7. El impuesto sobre la renta no sólo no será suprimido, sino que se le darán bases técnicas
más serias aun, asegurando además, dentro de la honestidad administrativa, su
aplicación a la solución de las necesidades fundamentales del pueblo.
8. Se procederá a robustecer y a ejecutar un programa de distribución de tierras,
complementado por los medios crediticios y técnicos que el estado pueda aportar.
9. Las familias de todas las víctimas de la Guerra Civil y las víctimas incapacitadas,
recibirán, sin distinción de partidos políticos, indemnizaciones adecuadas. El gobierno
hará las gestiones necesarias para que todos los trabajadores que hayan participado en
la guerra, sin distinción de partidos políticos, puedan volver a sus trabajos sin que los
contratos de trabajo respectivos puedan considerarse rotos.
SAN JOSÉ C. R., DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO”
35.
Este aspecto es de enorme relevancia, y será abordado posteriormente en la
Asamblea Nacional Constituyente, al abordar el capítulo de las Garantías Sociales.
Se discute, en ese momento, sobre si se debía aprobar el capítulo de Garantías
Sociales tal y como estaba en la Constitución de 1871, archivando todas las
mociones presentadas; o si se debía dar una discusión completa y libre sobre él. Al
efecto, luego de una prolongada discusión, se acepta el respeto a todas las garantías
sociales existentes como parte del acuerdo antes mencionado, aunque se acuerda
discutir, una a una, para hacer los ajustes que correspondan. El Representante Acosta
Jiménez señaló que “El propio señor Ulate, en varios de sus discursos, manifestó que no estaba en
lucha contra las Garantías Sociales. La oposición, de llegar al poder, no sólo las respetaría, sin
menoscabar ninguna de ellas, sino que las mejoraría, para que cumplieran en una forma más eficiente
su misión Social. De todo esto desprende el señor Acosta Jiménez, la obligación moral en que se
encuentran los miembros de lo que fue la Oposición Nacional para cumplir la promesa empeñada en
aquella ocasión ante el pueblo de Costa Rica.” 225
36.
El representante Facio Brenes señaló “(...) nosotros estaríamos en la mejor disposición de
retirar las mociones que tenemos planteadas, con el propósito de asegurar, desde ahora, que se
conserve intacto el capítulo de las Garantías Sociales, que hasta ahora ha servido en el país de base
para el desarrollo del Derecho Social; nos mueven también, en el mismo sentido, las últimas
declaraciones hechas en la prensa por el señor Presidente Electo, según las cuales él no cree que la
Asamblea Constituyente, electa después de la campaña que él jefeó, pueda echar marcha atrás en esta
materia. Para darle esa seguridad, desde ahora, al Presidente Electo y a las amplias mayorías
populares que él representa y, en general, al país como un todo, para evitar que el día de mañana se
pueda decir que por intransigencia de quienes propugnamos mayores avances en el campo social, se
dio la oportunidad para que se echara marcha atrás en ese campo, en ese campo que nosotros
consideramos constituye un derecho adquirido fundamental del pueblo de Costa Rica (...).” 226
225
226
Actas. Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 114.
Actas. Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 114.
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37.
25
El Diputado Chacón Jinesta señaló que “(...) es imposible que una Asamblea Constituyente, tan
bien escogida e integrada como ésta, en forma que podemos considerar ampliamente satisfactoria
para el país, pudiera llegar a hacer desaparecer, o siquiera menoscabar, reducir las Garantías
Sociales de que ha venido disfrutando la clase trabajadora de Costa Rica; pero si hubiera diputados
que pretenden eso, si Costa Rica por medio de nuestra representación de su pueblo, manifiesta que no
tiene deseos de mantener algo que en el mundo se considera necesario, allá los diputados que lo
hagan, que asuman su responsabilidad, pero que tengan la oportunidad de llevar sus ideas a la
Constitución; (...)”.227
38.
Otros diputados se inclinaron por hacer los ajustes que fueran necesarios, indicando
inclusive que: (...) “Lo único que se desea es que se discuta el capítulo de las Garantías
Sociales. Si el interés nacional -que para él está por encima de cualquier otro- lo demanda, está
dispuesto, no sólo a conservar el texto actual de la Carta del 71 en materia social, sino ampliarlo y
perfeccionarlo acomodando las instituciones a la realidad costarricense. Insistió en la necesidad
del estudio de las Garantías Sociales, promulgadas intempestivamente. En otra ocasión se afirmó
que se habían copiado de las legislaciones chilena y mexicana. No es posible, entonces, ahora que
se presenta la oportunidad, aprobarlas globalmente. Añadió que para aprobar íntegro el capítulo
de las Garantías Sociales, como se pretende, no está obligado políticamente con las promesas
hechas durante la campaña de la oposición. No se siente ligado a ninguna de las promesas
empeñadas por parte de los dirigentes políticos en la campaña pasada, que dio al traste con el
régimen de Picado. De ahí que el argumento expuesto por el licenciado Acosta Jiménez en ese
sentido, no lo acepta ni es capaz de hacerlo variar de opinión.” 228
39.
El diputado Acosta Jiménez “declaró enfáticamente que él no enajenaba su conciencia en
aras de líneas de partido, ni le hace entrega de su adhesión incondicional a una tesis política. Se
ha referido a un compromiso moral adquirido por lo que fue la oposición, la cual, a través de sus
dirigentes más connotados, le dijo al pueblo que su lucha no era contra las conquistas sociales del
pueblo costarricense, como mañosamente lo decían los caldero-comunistas. Si eso fue lo que la
oposición le prometió al pueblo de Costa Rica -continuó el señor Acosta-, no podemos ahora proceder
en otra forma, pues de otro modo pasaremos a la historia como un partido que no cumplió sus
promesas empeñadas. Lo único que ha presentado a la Asamblea es una sugerencia en el sentido de
que se apruebe el capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución de 1871, para evitar
discusiones acaloradas, así como para salvar la buena armonía de la cámara.” 229
40.
“El Representante Arroyo nuevamente intervino en el debate para volver sobre varios de sus puntos de
vista anteriores. Aclaró que había propulsado la tesis de la discusión del capítulo de las Garantías
Sociales, pero no con el ánimo de desmejorarlas. Al contrario, piensa que muchas de ellas pueden
mejorarse y ampliarse. Lo único que no acepta es que se dé por bueno un capítulo que precisamente
mereció muchas críticas cuando fue promulgado. Así como se combatió la tesis de la aprobación
íntegra del capítulo de las Garantías Individuales, también debe combatirse la sugerencia del
licenciado Acosta. Lo que he criticado -concluyó el señor Arroyo-, es que se adopte el camino fácil y
cómodo de aprobar globalmente un capítulo, el más importante de nuestra Constitución, por el temor
de afrontar la realidad. En estos casos, yo no acostumbro eludir la responsabilidad que me cabe.” 230
41.
Finalmente, la moción correspondiente fue retirada, discutiéndose el capítulo de
Garantías Sociales, artículo por artículo. No obstante, quedó claro que la intención de
227
228
229
230
Actas. Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 114.
Actas. Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 115.
Actas. Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 115.
Actas. Asamblea Nacional Constituyente. Acta No. 115.
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la asamblea nunca fue desmejorar las Garantías Sociales, sino respetarlas, tal y como
se pacto con los vencidos en la guerra civil, así como perfeccionarlas y si fuera del
caso, adaptarlas a las necesidades nacionales. Es decir, el acuerdo que posibilitó el fin
de la guerra civil fue, casualmente, el mantenimiento, perfeccionamiento y
aplicación real de toda la legislación social a todas las personas trabajadoras,
incluyendo el Código de Trabajo, las Garantías Sociales constitucionales y la
Seguridad Social. Sin embargo, esta discusión refleja claramente el desmembramiento
de la coalición victoriosa en la guerra civil, lo cual es central para comprender la
discusión y las implicaciones de la incorporación del capítulo sobre el servicio civil y
sus limitaciones temporales.
La traición de los acuerdos y la destrucción de las alianzas
42.
La Junta de Gobierno liderada por Figueres asume el poder por 18 meses, y, a pesar
de que formalmente se había insistido en que la guerra civil se había producido por
la violación del sufragio universal al no reconocer el triunfo de Otilio Ulate;
Figueres no entrega el poder al presidente electo Ulate, del Partido Unión Nacional.
Además, desconoce la elección de diputados que había ganado el Bloque de la
Victoria (Partido Republicano -Calderón y Picado-, y el Partido Comunista).
Inmediatamente después la coalición vencedora inicia su desmembramiento. El
mismo Figueres señala: "Aún antes de dejar Cartago, para trasladarme a San José y vencidas
ya las acechanzas de la guerra, percibí las intrigas politiqueras, de quienes por servir a sus
intereses momentáneos, no les importaba desgarrar la unidad del espíritu victorioso. Se abría otra
batalla que casi no ha podido conocer fin... es otra Lucha sin Fin. Aún con el eco de los últimos
disparos flotando en el aire, llegaron a visitarme a Cartago, representantes del periódico La
Nación, es decir, de los intereses conservadores y reaccionarios del país. Don Ricardo Castro
Beeche, Francisco Jiménez, don Fernando Lara Bustamante y don Sergio Carballo, que ya
partieron de este mundo, llegaban a saludar al soldado victorioso. Entonces, envuelta en frases
equívocas y sibilinas, me hicieron una propuesta, que en el fondo era muy simple: que eliminara
las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y el Seguro Social. Llegaron hasta decirme, sin
ambages, que comprendían que en nuestra propaganda de guerra, hubiéramos estado mintiendo,
en cuanto al mantenimiento de las llamadas conquistas sociales. Pero que ahora, ganada la
guerra, debiéramos tener en cuenta que la guerra se había hecho para eliminar todas esas leyes
sociales. Las fuerzas que ellos representaban, me darían todo el apoyo que podría suministrar el
gran capital y la prensa, para que me quedara con la Presidencia de la República, desconociendo
la elección de don Otilio Ulate. Con firmeza rechacé como antipatrióticas las proposiciones que
me hacían, como si yo fuera un politiquero dominado por la lascivia del poder. Les manifesté que
yo tenía ya en mente los mecanismos por los cuales iba a proponer al país, la transición necesaria
del régimen caldero-comunista a un gobierno institucional, presidido a su hora, por quien el
sufragio libre había escogido como gobernante: don Otilio Ulate". 231
43.
Podemos sintetizar las principales medidas de Junta de Gobierno de la siguiente
forma:
a) Deroga la Constitución Política de 1871, manteniendo vigencia de garantías
individuales y sociales.
231
Figueres Ferrer. José. El Espíritu del 48, págs. 288 y 289.
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27
b) Disuelve al Partido Vanguardia Popular, al Partido Republicano y a la CTCR a pesar
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
del “Pacto de Ochomogo” y el de la embajada de México.
Despide a empleados públicos sin compensación para limpiar de comunistas y
calderonistas al Estado.
Autoriza a empresarios privados a despedir a trabajadores identificados con la
administración anterior o considerados peligrosos.
Se crea el Tribunal de Sanciones inmediatas y el Tribunal de Probidad para juzgar
actuaciones en gobierno y durante guerra civil, así como Tribunal de Ética para
funcionarios de la docencia.
El número de refugiados políticos asciende a unos 7.000.
Aunque no por orden de la Junta, se tolera el ajusticiamiento de líderes sindicales y
políticos por parte de las fuerzas de policía en el “Codo del Diablo”.
Continúa el proceso de agrupación obrera y campesina organizada desde arriba,
bajo una estrategia de cooptación por parte de la naciente socialdemocracia y de la
Iglesia Católica.
Se establece el impuesto al capital por una única vez para pagar los gastos de guerra
y se mantiene impuesto a la renta.
Se nacionaliza la banca.
EL ASESINATO DEL CODO DEL DIABLO (Fragmento)
Por: Trino Barrantes Araya
La lucha de clases que se vive en esta fase desembocó, precisamente, el 12 de marzo de 1948 en la Guerra
Civil, con José Figueres Ferrer al frente del “Ejército de Liberación Nacional”; y, por otra parte, las fuerzas
proletarias conducidas en una histórica política de alianzas conocida como el “caldero-comunismo”. Gerardo
Contreras refiere este momento de la siguiente manera: “Este episodio militar concluyó con la victoria del señor
Figueres, quien instauró la Junta Fundadora de la Segunda República. Y fue por medio de esta Junta Fundadora
que se emitió, en julio de 1948, el Decreto No.105 que puso fuera de Ley al Partido Vanguardia Popular
(comunista) y a la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, enviando a la cárcel (Penitenciaría Central) a
sus máximos dirigentes, entre ellos, Rodolfo Guzmán, Gonzalo Sierra Cantillo y Álvaro Montero Vega. En
diciembre del mismo año, fueron fusilados en el lugar denominado “El Codo del Diablo” (línea férrea en
Siquirres) los dirigentes políticos y sindicales Alfredo Picado, Tobías Vaglio y Lucio Ibarra” (Contreras,1993)
Dentro de este marco de análisis, Eduardo Mora Valverde, escribe en su libro: “70 años de militancia
comunista”, lo siguiente:
“El más doloroso golpe recibido al iniciarse el período de persecución, a partir del fin de la guerra civil, fue el
asesinato en El Codo del Diablo. El 13 de diciembre de 1948 sacaron de la cárcel de Limón a los dirigentes
comunistas Tobías Vlagio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado (quien acababa de ser electo diputado
a la Asamblea Legislativa y los montaron en un motocar que se dirigía, supuestamente, a la capital. Los
llevaron esposados en parejas, después de pasar Siquirres, al llegar a un lugar conocido como El Codo del
Diablo, los bajaron y los asesinaron, dejándolos tirados sobre la línea del tren. A 15 miembros de la Juventud
del Partido los fusilaron en Quebradillas; a 60 militantes en El Tejar, y a dos, liberados de la Penitenciaría
Central por orden de un juez, los llevaron hasta La Cangreja, en Cartago, y allí los mataron. Uno de ellos fue
Edwin Vlagio, hijo de Tobías Vlagio.
La Benemérita de la Patria, Carmen Lyra, la más grande escritora nacional, se encontraba al borde de la muerte,
en México, rogando que la dejaran volver al país pues quería morir en su patria, con su familia y con su Partido.
No lo logró. Le permitieron regresar a Costa Rica, pero cuando ya no tenía vida.”(Mora, 2000:189).
“A Manuel Mora tampoco le permitían volver a su patria, a pesar de los insistentes reclamos de personalidades
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28
extranjeras y del pueblo costarricense. Cuando al fin lo logró, el 4 de abril de 1950, el recibimiento popular fue
muy grande, a pesar de la difícil situación política que vivía el país” (Mora, 2000:190).
“Todos los cuadros dirigentes del Partido, muy conocidos por supuesto por su actividad diaria, éramos
perseguidos y una buena parte detenidos y enviados a las cárceles. El periódico “La Hora” consideró que ya
estaba el Partido definitivamente liquidado, y así lo expresó publicando el retrato de Manuel Mora en la
primera página…”(Mora,2000:190).
II.- EL MOTOCAR ROJO 156: Una aproximación desde la óptica del cuento narrada por Omar Orozco.
Don Omar Orozco, siguiendo el juicio histórico que reconstruyó Enrique Benavides, nos lleva a una
aproximación histórica de los acontecimientos. Sin embargo, en honor a la verdad, el capítulo histórico del
asesinato de El Codo del Diablo, no ha sido trabajado históricamente desde la perspectiva de izquierda.
Pequeñas pinceladas se recogen en una basta bibliografía alternativa, pero no se ha dedicado lo suficiente,
metodológicamente, en el tratamiento de uno de los puntos del libro negro de la historia nacional. Por el
contrario, ha sido la historiografía tradicional la que ha dedicado más atención a este punto focal. Tal vez el
texto que con mayor rigurosidad analiza este evento, es el trabajo que realizó Enrique Benavides. En el libro en
referencia leemos, respecto al asesinato de El Codo del Diablo lo siguiente, con el subtítulo de: EL
MOTOCAR ROJO 156, lo siguiente:
En los patios de la cárcel, cundía el miedo, pues, se decía que la fatídica lista era de 14 reos que esa noche,
como ya se sabía, saldrían hacia San José. Por fin, a las siete y media de la noche, el capitán, el criminal
MANUEL ZUÑIGA JIRÓN, llamó a su despacho al ayudante Ulises Arias y le dio la lista de reos políticos,
trabajadores reconocidos todos como buenos hijos del pueblo. Ulises Arias se arrimó a las rejas de la celda y
empezó a cantar los nombres de lo que viajarían…
Tobías Vaglio Sandí: 63 años, pequeño empresario y dirigente comunista más tarde de Siquirres.
Iván Thompson: Ayudante.
Clarencio Auld Alvarado: Encargado de conducir el Motocar Rojo 156
Federico Picado Sáenz. Recién electo como diputado por el Partido Comunista
Narciso Sotomayor Ramírez
Lucio Ibarra
Álvaro Aguilar Umaña
El capitán Zúñiga Jirón se encargaría de formar el equipo militar que acompañaría a los reos políticos que
viajarían en el Motocar 156:
Luis Valverde Quirós, Subteniente e investigador del Departamento de Extranjeros, nativo de Juan Viñas, de 46
años de edad. Clarencio Auld Alvarado y Hernán Campos Esquivel.
III.- ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO LA MASACRE?
Los presos políticos, seis en total, ya se encontraban sentados en el Motocar 156, más los ayudantes que para
ese efecto se habían asignado, armas en mano. Serían las 7.30 p.m., del 19 de diciembre de 1948. Clarencio
Auld Alvarado, llevaba al cinto un revólver 38 largo especial. Luis Valverde Quirós llevaba una ametralladora
tipo “Reisem” y una pistola automática marca máuser. El propio capitán Zúñiga Jirón, portaba una
ametralladora de pecho “Niehausen” y una pistola automática calibre 45, con sus respectivos magazines de
tiros; y el ayudante Hernán Campos Esquivel un revolver 38 largo especial.
Los reos, esposados de dos en dos, sosteniendo en silencio sus bolsas y sus cosas, mancornados, ni una
protesta, ni un gesto de cobardía; pero si pensativos en algo fatal. Más tarde, al llegar a Siquirres, el ayudante
se bajó y preguntó al despachador, si había alguna orden, contestando éste que no.
A la altura de la milla 41, donde la línea del ferrocarril comienza a bordear por su base el empinado cerro de El
Diablo, el motorista Auld Alvarado menguó la velocidad conduciéndolo más lentamente, hasta detenerlo en el
punto más profundo de la curva en forma de herradura, que se conoce con el nombre de “El Codo del Diablo”.
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Campos creyó que había fallado la chispa y se bajó para examinarla, por detrás del vehículo. No tuvo tiempo
de examinar el aparato, pues Zúñiga Jirón había dado orden a los reos que se bajaran y entonces dio orden al
motorista, para que se adelantara un poco con el motocar, los reos quedaron a unos cuantos metros del
vehículo, luego el capitán Zúñiga Jirón, estando esposados en parejas, abrió fuego con su ametralladora,
siguiéndole Valverde. Campos horrorizado y a distancia, contemplaba la escena mudo, desorbitado, sin atinar a
moverse de su sitio. Pudo ver seguidamente como Valverde remataba los cuerpos de Federico Picado y el
cuerpo de Octavio Sáenz, con su revolver.
Ocurrió, no obstante, algo que más adelante serviría para descubrir el crimen. Sotomayor y Aguilar cayeron
muy cerca del guindo y el segundo quedó prácticamente guindando, sostenido apenas por el primero. Valverde
y Auld Alvarado corrieron a sostener a Sotomayor, pero las esposas cedieron y el cuerpo de Aguilar rodó
guindo abajo, perdiéndose en la maleza y llevando en la muñeca de su brazo inerte, la evidencia del asesinato.
El capitán Zúñiga Jirón ordenó a sus compañeros que bajaran a rescatar el cadáver, pero la oscuridad del lugar,
lo empinado de la gradiente y las culebras frustraron el intento y el cuerpo de Aguilar quedó ahí como testigo
mudo de la masacre.
Una vez que despojaron a todos los cadáveres de sus esposas, el capitán pidió a sus compañeros que hicieran
varias descargas al aire para simular así el imaginario combate de que luego darían informe a sus superiores.
Regresaron después a Siquirres y ahí Zúñiga pidió al comandante de Limón un tren para repeler un ataque del
cual habían sido víctimas en “El Codo del Diablo”. Cuando el tren llegó a Siquirres la versión estaba
preparada. No se les permitió a los maquinistas de la Northern y sus andantes conducir el tren hasta el lugar de
los hechos. Esto no era prudente, por lo que Clarencio Auld tomó el mando de la máquina y el carro motor
siguió detrás del tren, ocupado por los operarios de la compañía.
Los cadáveres fueron recogidos y llevados a San José. Al día siguiente, el parte oficial del Estado Mayor
informaría que habían muerto a consecuencia de un ataque del enemigo a la altura del lugar conocido como “El
Codo del Diablo”. Las heridas mortales de cada uno de los presos constan en los dictámenes médico/forenses
que se incluyen en dicho parte de guerra. Lo particular de esto, es que solo consta uno de los seis dictámenes
en dicho expediente. Dicho expediente, dice a la letra:
“Sr. Juez Primero Penal
S.D.
El suscrito Médico Forense de esta ciudad certifica haber reconocido, el día 20 de los corrientes, el cadáver de
Federico Picado en la Morgue del Hospital San Juan de Dios, habiendo encontrado las siguientes lesiones: Una
herida causada por proyectil de arma de fuego, de 1 cm de diámetro en la región auricular izquierda que
destruyó parcialmente el pabellón de la oreja. No se veía orificio de salida de este proyectil. También
presentaba cuatro pequeños orificios de proyectil de arma de fuego, en la región submaxilar derecha. Las
lesiones descritas produjeron la muerte de Federico Picado.
De ud. Atentamente. Dr. Leonidas Poveda E. Médico Forense”.
Los autores intelectuales de este horrendo crimen político, con la complicidad de la prensa y los órganos de
Poder Judicial, permanecieron en el silencio. Aunque, nuestro Partido Comunista dirigió toda una campaña por
estos crímenes de lesa humanidad, señalando con nombres y apellidos algunos de los involucrados en estos
eventos, ningún juez tuvo el decoro de abrir la causa penal. El fardo legal y moral era muy grande y llevaba
implícito un golpe contundente a la doble moral que ha exhibido la oligarquía nacional de este país.
44.
En septiembre del 48 se realizan elecciones para la Asamblea Constituyente sin el
Partido Republicano ni el Partido Vanguardia Popular, por lo que no resulta electo
ningún calderonista ni ningún comunista. De los 45 constituyentes, el Partido
Unión Nacional, de Ulate, elige a la mayoría de constituyentes (34 titulares); el
Partido Constitucionalista elige 6 titulares; Confraternidad Nacional, 1; y, el
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
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30
Partido Social Demócrata recibe apenas 6.000 votos con lo que logra elegir a tan
solo 4 diputados constituyentes (Luis Alberto Monge Álvarez, sindicalista de la
CCTRN; Rodrigo Facio Brenes, integrante del Centro para los Estudios de los
Problemas Nacionales; Fernando Fournier Acuña y Rogelio Valverde Vega)232. El
congreso es dominado por la oligarquía que rechaza el proyecto de Constitución de
la Junta de Gobierno, que no sólo respetaba las Garantías Sociales, sino que era
decididamente transformador desde el punto de vista económico y productivo. Por
el contrario, la constituyente conservadora asume la constitución de 1871 como
base de discusión. Incluso se produce el denominado “Cardonazo”, cuando el
militar Edgar Cardona, quien había sido lugarteniente de Figueres, lidera un intento
de golpe de Estado, claramente provocado por la oligarquía que no solo se veía
amenazada por el proyecto económico transformador de Figueres; sino que había
luchado por la derogatoria de la reforma social. Queda en evidencia la pérdida de
apoyo de la oligarquía a Figueres y el resquebrajamiento de la alianza. De nuevo
Schifter elabora la siguiente hipótesis: “las opciones de Figueres eran dos: i. deponer el
poder sin que hubiera expirado todo el plazo concedido a la Junta, y entregarlo a Ulate,
reservándose para participar en elecciones del 53, donde participaría sin un objetivo de
transformación radical; ii. Disolver la constituyente y gobernar por la fuerza armada. Figueres
opta por la primera opción pero antes disuelve el ejército como institución permanente”.233
Significado de guerra civil del 48 y el nacimiento del estigma antidemocrático
45.
232
233
A fines de los 40 los sindicatos tenían un alto grado de organización en el sector
Privado. Incidían a nivel de empresas, principalmente en las bananeras y sectores
artesanales, en reivindicaciones gremiales colectivas, y en la política nacional. Eran
principalmente sindicatos de izquierda, aunque existía otro sindicalismo, menos
fuerte, autodenominado “democrático”, que buscaba hacerle frente y que era
fomentado por la Iglesia Católica y por la naciente tendencia socialdemócrata. No
obstante, este desarrollo del sindicalismo no es autónomo, sino que está
íntimamente ligado al Partido Comunista (luego Vanguardia Popular, -PVP-), y al
bloque político de oposición que luego se articula en el movimiento figuerista y
posteriormente en el Partido Liberación Nacional (PLN). La guerra civil enfrentó
esos dos proyectos progresistas, uno de izquierda y otro socialdemócrata, cada uno
aliado a distintas fracciones de la oligarquía y a diferentes sectores sindicales. La
guerra la ganó el segundo grupo y junto con la proscripción del partido comunista,
en 1948, el sindicalismo de izquierda fue reprimido, estuvo ilegalizado, sufrió exilio
y actuó clandestinamente hasta inicios de los 70 (Schifter, 1985). Paralelamente, el
autodenominado sindicalismo democrático, afín al ahora gobierno, también se
debilitó. En la década de los 50 su principal organización desapareció y sus líderes
más importantes abandonaron la actividad sindical y tuvieron papeles protagónicos
en el gabinete. Probablemente el proceso de cooptación del partido sobre el
sindicato influyó en la desaparición de la CCTRN. Otras hipótesis ensayadas por
Castro Vega, Oscar. Fin de la Segunda República: Figueres y la Constituyente del 49. EUNED, 2007, págs. 91 a 93.
Schifter, Jacobo. Ibid.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
31
Baker señalan que la organización era de carácter caudillista, construida alrededor
de la figura de Benjamín Núñez, con lo que, al transformarse de sindicalista en
ministro, la organización empieza a debilitarse.234
46.
La historia oficial que se ha asentado a través de los años, plantea la Guerra Civil
del 48 como fruto del fraude electoral de ese año, cuando en realidad es claramente
fruto de un proceso de creciente polarización geopolítica y nacional, y cuyo
disparador final fue lo acontecido en torno a las elecciones del 48. No obstante, el
imaginario costarricense ha asumido la historia construida por el bloque vencedor,
que instituyó el primer gran estigma en torno a la organización sindical
costarricense. En efecto, la historia oficial nos dice que con la Guerra Civil del 48
se consolidó la democracia costarricense, mediante la defensa del sufragio
universal, todo lo cual se hizo no sólo en contra sino a pesar de los sindicatos
comunistas entre otros. Debemos recordar que, incluso dentro del Bloque de la
Victoria, personas como el Dr. Calderón Guardia y don Teodoro Picado venían de
una posición anticomunista y antisindical gestada durante de la década de los años
veinte y treinta.
47.
En julio del 48 se declara ilegal el Partido Vanguardia Popular (PVP), y en el 49 se
inicia el proceso de disolución de la CTCR por haber participado en política
electoral y por ser comunistas, el cual culmina el 9 de septiembre de 1951. Incluso
el padre Benjamín Núñez, ya como Ministro de Trabajo de la Junta Fundadora de la
Segunda República, personalmente amenazó con la violencia ante huelga bananera.
Hay pues un fuerte impacto que entrañó la derrota del año 1948 y sus consecuencias
inmediatas en términos de desarticulación y desmovilización del importante
movimiento de raigambre popular que encabezó Manuel Mora235.
48.
La CCTRN con posterioridad, prácticamente desapareció, a pesar de que se podría
haber esperado lo contrario. Su proceso de desintegración se prolongó durante los
50 y principios de los 60. Se había conformado como organización alrededor de
una persona, que además dependía del apoyo de la Iglesia. La confusión de roles de
Núñez impactó a la CCTRN, al igual que el distanciamiento de Sanabria con
Núñez.
49.
Se mantiene durante dos décadas un sindicalismo ligado al desarrollo del modelo
socialdemócrata y el desarrollo del Estado de Bienestar, ligado a la Iglesia y ligado
al Partido Liberación Nacional (PLN)236: “Al mismo tiempo que la CCTRN estaba
Baker, James. 1978. La Iglesia y el Sindicalismo en Costa Rica. Editorial Costa Rica; Schifter, Jacobo. 1985. La fase
oculta de la guerra civil en Costa Rica. Educa; Castro Méndez, Mauricio; Martínez Franzoni, Juliana. "Un modelo social
exitoso en la encrucijada: Límites del desencuentro entre régimen laboral y de bienestar en Costa Rica", en Latinoamérica:
modelos sociales en la encrucijada, Lydia Frayle (editora). Ginebra: OIT. En preparación;
235 Rovira Más, Jorge. Costa Rica en los años 80. Editorial Porvenir. 1987
236 Blanco Vado, Mario A. El modelo económico y las relaciones laborales colectivas: apuntes sobre la organización sindical y el
ajuste estructural, en "el sindicalismo frente al cambio: entre la pasividad y el protagonismo" Vladimir de la Cruz (et al)
editorial D.E.I./ Fundación F. Ebert. 1 edición, San José C.R. 1997
234
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
32
desintegrándose, solidificó una alianza entre la Confederación el Partido Liberación Nacional.
Pero dentro de la alianza el Partido era dominante y esta situación debilitó a la CCTRN aún más.
Primero, la alianza subyugó los intereses de la clase obrera a los intereses del Partido. Segundo,
por ser un partido de la clase media, al PLN, no interesaron mucho las necesidades y deseos del
sindicalismo. Por la desconfianza de la clase media hacia la clase obrera, la alianza dañó mucho
a la CCTRN.” 237. Otros líderes sindicales se trasladaron a la estructura partidaria:
Luis Alberto Monge, Armando Arauz, Luis Armando Gutiérrez. Esta en realidad fue
la práctica sistemática de relacionamiento del Partido Liberación Nacional para con
los movimientos sociales: el enfrentamiento o la cooptación por parte del partido.
Así sucedió con la CTCR y la CCTRN en los cuarenta y cincuentas. También
sucedió así con las Juntas Progresistas, organizaciones de barrio que se
desarrollaron en los cincuenta con una buena cantidad de militantes de izquierda, y
que rápidamente fueron cooptadas mediante el desarrollo de las llamadas
asociaciones de desarrollo comunal y la promulgación de una estructura orgánica a
partir del Estado como lo fue DINADECO. Otro tanto sucedió con el movimiento
cooperativo, tradicionalmente cooptado por la dirigencia liberacionista y que llega,
incluso, a implicar una confrontación abierta con motivo de la discusión del TLC
con los EEUU y que implicó el desplazamiento de toda la dirigencia que se oponía
a ese tratado comercial.
50.
Es en ese marco que nace la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP),
en 1958; inicialmente como sindicato del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
y, posteriormente, como sindicato del sector Público en general, dentro del ámbito
del sindicalismo funcional al modelo impulsado por el PLN, al menos en su primera
etapa de existencia. En palabras de Rovira, esta funcionalidad y cooptación, se
debe en buena medida a “...la paulatina concreción del proyecto político de las fuerzas
sociales emergentes de la guerra civil de finales de los años cuarenta, que fue tornándose
hegemónico al mismo tiempo que no se constituía en excluyente; valga decir, se ha tratado de un
proyecto que ha favorecido, de variadas maneras, a numerosos grupos de la población,
derramando sobre ellos una parte de los beneficios del crecimiento económico, lo que ha
contribuido a la legitimidad del ordenamiento social de postguerra. Debido también a las
consolidaciones de un sistema político y de una institucionalidad jurídico-política, en estas últimas
décadas, muy porosa y permeable a las demandas de los distintos grupos sociales.”238 “...los
líderes políticos de todos los partidos (excepto el comunista) son empresarios, y han preferido
conceder ciertas reivindicaciones tales como salarios, en lugar de alentar la organización de la
clase obrera para demandar esas concesiones. Este paternalismo político y estatal ha sido
aparentemente aceptado por muchos líderes de la clase obrera que no son comunistas,
especialmente por aquellos con estrechos lazos con los partidos políticos tradicionales. Mientras
coopta y en forma paternal protege a los trabajadores, el Estado de acuerdo a Alfonso Carro, el
Ministro de Trabajo de Orlich, nada ha hecho para prevenir la persecución contra los líderes más
activos de la clase obrera. (…) En varios aspectos, los gobiernos del PLN han seguido políticas
antisindicales. Por un lado, la Junta de Figueres proscribió no solo el Partido Comunista, sino
también a la confederación comunista de trabajadores, la cual era ese tiempo la única fuerza. En
muchas otras ocasiones posteriores, particularmente respecto de los trabajadores bananeros, el
anticomunismo del PLN se convirtió, ya fuera con intención o sin ella, en antisindicalismo. En lo
237 Baker, James.
238
La Iglesia y el Sindicalismo. Editorial Costa Rica, 1978, p. 160
Rovira Más, Jorge. Costa Rica en los años 80. Editorial Porvenir. 1987
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
33
que tiene que ver con los sindicatos, los gobiernos del PLN han preferido tener líderes
“domesticados. Entonces, a través de su pertenencia, los gobiernos de Figueres continuaron
dando activo apoyo político y financiero al sindicato socialdemocrático y anticomunista (Rerum
Novarum). Presumiblemente este arreglo no sólo fortaleció la Rerum Novarum contra los
comunistas, sino que también fuera de la zona bananera, los gobiernos del PLN no hicieron
ningún intento por prevenir la persecución de los líderes laborales de la clase obrera. Aunque
muchos líderes liberacionistas se sientan molestos por esta gran discrepancia entre los principios y
las prácticas, sus gobiernos parecen haber sido muy influenciados por presiones antisindicales
mientras mantenían apenas una apariencia de pro-sindicalismo.”239
51.
En términos de estructuras organizativas confederales del sindicalismo funcional,
ante la virtual desaparición de la CCTRN, se funda en 1966 la Confederación
Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD), liderada por Luis Armando
Gutiérrez, quien llegó a ser diputado por el PLN. En 1971, se funda la
Confederación Auténtica de Trabajadores Democráticos (CATD) que se separa de la
CCTD. En 1979, se funda la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) cuyo
sindicato principal era SITRAPEQUIA, y que se separa de la CCTD.
Posteriormente, la CATD y la CNT se unen y conforman la Confederación de
Trabajadores Rerum Novarum (CTRN). Complementariamente, en 1964, se funda
la Central de Trabajadores Costarricenses (CTC), socialcristiana, que
posteriormente se transforma en la Central Movimiento de Trabajadores
Costarricenses (CMTC).
52.
A partir de 1949, la definición de los salarios mínimos se llevó a cabo en el Consejo
Nacional de Salarios (CNS), órgano técnico-político dentro del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La iniciativa de las principales
transformaciones laborales provino del gobierno. Por ejemplo, en 1959, desde el
Ministerio de Trabajo y con la central participación de Luis Alberto Monge como
diputado, se promulgó la ley del aguinaldo en el sector Privado. La participación
sindical se produjo después, debido el rechazo de las transnacionales bananeras a
remunerarlo, lo que desencadenó la huelga bananera de 1960. Ésta terminó con una
extensión gradual del aguinaldo en las plantaciones, inicialmente pagado por el
Estado.240 “Es posible decir que con el asesinato de los mártires de El Codo del Diablo, en
diciembre del 48, se inicia una política brutal de persecución que cambia un poco después de la
huelga de 1959-60, pues en realidad la huelga del aguinaldo, como la llamamos, inició el 19 de
diciembre de 1959 y terminó el 12 de enero de 1960, justo cuando se producía la revolución en
Cuba. Hay algunas anécdotas que dicen que los trabajadores de United Brand, escuchaban en la
radio las noticias de Fidel Castro en Sierra Maestra y esto los llenaba de apoyo pues ellos decían
Fidel ganó ya en Cuba después del primero de Enero y nosotros en Costa Rica le ganaremos a la”
Yunai”, aquí en las plantaciones, cosa que sucedió con el triunfo de la misma.” (Gilberth
Bermúdez. 2008)
53.
Otro ejemplo fue la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en 1965.
Bodenheimer, Susanne Jonas. La ideología Social Demócrata en Costa Rica. Editorial Universitaria Centroamericana,
1984. p. 49-51.
240
Keith Bonilla, Guillermo. 2007. Dirigente sindical ex integrante del Comité Central del Partido Vanguardia Popular.
Entrevista. San José.
239
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
34
Cuando la iniciativa surgió de la organización sindical ésta fue tramitada y
acreditada al gobierno de turno, como sucedió con la ley de riesgos del trabajo, de
1982 (ley 6727). “Esta conquista fue uno de los frutos del auge sindical de los años setentas,
pues la Confederación General de Trabajadores (CGT), presentó ese proyecto a la Asamblea
Legislativa en el período de gobierno 1978-1982, el cual contó con el apoyo de varios diputados,
especialmente con el de los miembros de la fracción de Pueblo Unido, representantes
parlamentarios de la izquierda”.241
60 años sin libertad sindical y el reforzamiento del estereotipo
54.
El sindicalismo de izquierda inicia su recomposición a partir del 53, con la creación
de la CGTC. Sin embargo, lo hace en un contexto de enorme represión,
anticomunismo e ilegalización continua. Esta corriente sindical alcanza su mayor
expresión hasta finales de los 60 y 70, fundamentalmente ligado al sindicalismo
bananero. En 1973 se transforma en la CGT y, posteriormente, en 1980 se disuelve
para unirse a la FENATRAP y crear la CUT, en el marco de la búsqueda de
procesos unitarios.
55.
Antes de los setenta, fundamentalmente, el sector sindical en el sector privado se
limitó a los sectores bananeros, algo en el industrial (sobre todo artesanal) y un
poco en los servicios. El sindicalismo en el sector Privado, sobre todo bananero,
crece durante la década de los 60 (luego de la Revolución Cubana), se fortalece con
la legalización del Partido Vanguardia Popular, en 1976, fruto de la reforma
constitucional de ese año que permitió de nuevo la inscripción de partidos de
izquierda, y llega a su clímax a principios de los 80. También se desarrolla un
movimiento sindical campesino importante, ligado a tomas de tierras y a
reivindicaciones productivas (FENAC, UPAGRA y otras organizaciones).
56.
La recomposición de este sindicalismo autónomo del proyecto socialdemócrata, se
produce de la mano de la Guerra Fría, con lo que se refuerza el estigma de
“antidemocráticas”, calificativo despectivo de las organizaciones sindicales, sobre
todo al estar íntimamente ligadas con diversas expresiones político-partidarias de la
izquierda. A partir de la década de los 70, crece aceleradamente el sindicalismo en
el sector Público y se estabiliza entre el 50 y el 60 % de los empleados del sector
Público. En este sector hay una paulatina pero creciente organización plasmada en
la negociación colectiva (Rojas, Donato. 1987), así como una consolidación de la
organización sindical. Un hito fundamental es “la huelga ocurrida en el Instituto
Costarricense de Electricidad, en 1976. A la par de este suceso y tras la crisis de 1975, se
incrementó la efervescencia sindical en el país en el segundo lustro de los años setenta, y empezó a
hacerse patente la fuerza potencial de los trabajadores del Estado, aunque no puede perderse de
vista que la tónica de sus demandas ha estado muy concentrada en derredor de reivindicaciones
fundamentalmente económicas.”242 En los 70 la sindicalización creció rápido, pasando del 3% en
241
242
Aguilar Hernández, Marielos. Costa Rica en el siglo XX: luchas sociales y conquistas laborales. Serie Cuadernos de
Historia de la Cultura. Editorial UCR, 2004, pág. 54
Rovira Más, Jorge. Costa Rica en los años 80. Editorial Porvenir. 1987. Pág. 36
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35
1963, al 11% en 1973 y al 16% en 1984243, ayudada, entre otros factores, por la expansión del
sector Público y la legalización del partido comunista. Los sindicatos consolidaron, además, su
presencia en las plantaciones bananeras y se desarrollaron marginalmente en el sector Privado
asalariado industrial y de servicios. A principios de los 80, este sindicalismo tenía relativa fortaleza,
en un contexto de gran conflictividad laboral en la producción bananera que culminó con el retiro
de la United Fruit Co., del Pacífico Sur del país, en 1984.244
III. LA ERA DEL CONSENSO DE WASHINGTON, EL SURGIMIENTO DEL
SEGUNDO ESTEREOTIPO Y EL NACIMIENTO DE LA
“ALTERNATIVA SOLIDARISTA”
57.
243
Las “décadas perdidas”: los 80’s y los 90’s fueron las décadas en las que se impulsó
en América Latina el llamado “Consenso de Washington”. La crisis de 1982 partió
aguas en el modelo de desarrollo. Fue detonada por el alza en precios del petróleo y
la abrupta caída de los precios del café, pero también reflejó limitaciones
estructurales propias. Y es que la sustitución de importaciones en una economía
agroexportadora dependiente de dos principales productos, demandaba un creciente
endeudamiento externo. La crisis generó el espacio político para virar hacia una
economía basada en la diversificación de las exportaciones, la reducción de
aranceles y la atracción de inversiones, tal como lo habían reclamado
agroexportadores, importadores y otros sectores empresariales descontentos con el
intervencionismo estatal de la década previa245. Entre 1981 y mediados de la década
tuvo lugar un primer momento, corto, de ajuste de la economía, y se inició uno más
largo de cambio estructural. La estabilización frente a la aguda crisis de principios
de los 80 tardó poco, en gran medida porque coincidió con guerras civiles en El
Salvador y en Guatemala y la Revolución Sandinista, en Nicaragua. El escenario
geopolítico puso a Costa Rica en una situación excepcional de cara a los intereses
de los EEUU en la región, permitiéndole recibir una gran cantidad de ayuda
internacional. En los años inmediatos a la crisis, sólo la ayuda de los EEUU superó
un tercio del gasto público y alcanzó el 10% del PIB 246. A cambio, la USAID
promovió la privatización de empresas públicas, la creación de la banca privada y
otras medidas de índole financiera, así como la creación de instituciones como la
oficina de promoción de exportaciones. Los EEUU promovieron la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe (ICC), para permitir el ingreso de productos de países de esta
región a su mercado sin pagar impuestos, siempre y cuando no tuvieran gobiernos
comunistas. La estrategia de crecimiento económica impulsada a partir de la
Molina y Díaz en Donato, Elisa y Manuel Rojas Bolaños. 1987. Sindicatos y política económica, 1972-1986. San José:
Alma Mater.
244 Castro Méndez, Mauricio; Martínez Franzoni, Juliana. "Un modelo social exitoso en la encrucijada: Límites del desencuentro
entre régimen laboral y de bienestar en Costa Rica", en Latinoamérica: modelos sociales en la encrucijada, Lydia Frayle
(editora). Ginebra: OIT. En preparación;
245 Rovira Más, Jorge. Costa Rica en los años 80. Editorial Porvenir. 1987
246 Rovira Más, Jorge. Costa Rica en los años 80. Editorial Porvenir. 1987
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
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36
promoción de exportaciones tuvo lugar, en parte, en el marco de la ICC247.
58.
En síntesis el modelo implicó lo siguiente:
 El tránsito de un modelo seguido desde el 48, que si bien había sido antisindical y
autoritario, había sido transformador y pro trabajo, hacia a un modelo que continuó
siendo antisindical y autoritario, pero que dejó de ser pro trabajo, para pasar a ser
un régimen de ajuste estructural neoliberal, de estancamiento salarial y
flexibilizador.
 El modelo pasó del apoyo sistemático a la producción para el mercado interno
hacia la promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera y apertura
comercial, generando un impacto importante en la concentración de la riqueza, en
el crecimiento del sector informal, el deterioro del sector productivo nacional y el
fortalecimiento de los grandes exportadores, los grandes importadores, los
inversionistas extranjeros y el sector financiero como ganadores del modelo.
 Se pasó de un modelo que tenía como preocupación central la distribución de la
riqueza mediante el trabajo, a un modelo centrado en la estabilización
macroeconómica con crecimientos económicos irregulares, en lo que se ha
conocido como la teoría del goteo o del derrame.
 Del Estado de bienestar, intervencionista y empresario, se pasó a asumir el nuevo
paradigma de la privatización y la disminución del Estado, partiendo de la idea de
que se debía privatizar todo lo que fuera posible, bajo la concepción de que el
sector Público es ineficiente por naturaleza y el sector Privado es eficiente por
naturaleza.
 En términos político-partidarios, la convergencia en materia de política económica
entre el PLN y el PUSC reemplazó la beligerancia previa. Sus diferencias se
restringieron a la política social: el PUSC tendió hacia la focalización,
privatización y descentralización de servicios; y el PLN hacia la universalización
con focalización complementaria. Ambos coincidieron, sin embargo, en promover
una mayor contratación privada de servicios y lidiaron con la dificultad de
reformar un Estado hasta entonces exitoso y con respaldo ciudadano, explicándose
así por qué finalmente las distintas administraciones de gobierno preservaron su
modus operandi con transformaciones graduales248 (Rovira, 2000).
59.
Como respuesta inmediata a la crisis económica, el gobierno de Luis Alberto
Monge Álvarez puso en marcha un plan de compensación social que contenía varios
instrumentos de política salarial: canasta básica salarial, escala móvil de salario
revisable cada 6 meses, escala salarial única para el sector Público, sobresueldo para
profesionales públicos con dedicación exclusiva, y decretos de salarios mínimos.
247
248
Castro Méndez, Mauricio; Martínez Franzoni, Juliana. "Un modelo social exitoso en la encrucijada: Límites del desencuentro
entre régimen laboral y de bienestar en Costa Rica", en Latinoamérica: modelos sociales en la encrucijada, Lydia Frayle
(editora). Ginebra: OIT. En preparación;
Castro Méndez, Mauricio; Martínez Franzoni, Juliana. "Un modelo social exitoso en la encrucijada: Límites del desencuentro
entre régimen laboral y de bienestar en Costa Rica", en Latinoamérica: modelos sociales en la encrucijada, Lydia Frayle
(editora). Ginebra: OIT. En preparación;
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37
Entre 1983 y 1986 esta política permitió una recuperación salarial. Además, en el
marco del INA, se crearon talleres públicos destinados a mejorar la empleabilidad
de las personas249.
60.
Tras un primer período de recuperación salarial, fruto del plan de compensación
social, se produjo el estancamiento en el sector Público y una ligera caída en el
Privado hasta 1993, cuando hubo un ligero crecimiento, mayor en el sector Público
que en el Privado (gráfico 1). Desde 1998, los salarios promedio permanecen
básicamente estancados en el sector Público y muestran una ligera caída en el
Privado. El salario mínimo, por su parte, permanece básicamente estancado desde
1985250.
200.000
Gráf ico 1
Salar io pr om e dio m e ns ual s e gún s e ctor y m ínim o de le y, 1980-2006
(en colones del 2000)
Fuente: propia en base a INEC y MTSS.
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Público
61.
249
250
251
Privado
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
-
Salario Mínimo Minimorum
Además, la evolución de los salarios no se corresponde con la evolución de la
economía. Desde inicios de los años 90, el PIB ha crecido sustancialmente mientras
la masa salarial ha tendido a distanciarse sistemáticamente de dicho crecimiento
(gráfico 2). 251.
Trejos, Juan Diego. 1993. “Costa Rica: la respuesta estatal frente a la pobreza: instituciones, programas y recursos”, en
Dagmar Raczinsky (editora).Estrategias de combate a la pobreza. Santiago de Chile: CIEPLAN/BID.Castro Méndez,
Mauricio; Martínez Franzoni, Juliana. "Un modelo social exitoso en la encrucijada: Límites del desencuentro entre régimen
laboral y de bienestar en Costa Rica", en Latinoamérica: modelos sociales en la encrucijada, Lydia Frayle (editora). Ginebra:
OIT. En preparación;
Castro Méndez, Mauricio; Martínez Franzoni, Juliana. "Un modelo social exitoso en la encrucijada: Límites del desencuentro
entre régimen laboral y de bienestar en Costa Rica", en Latinoamérica: modelos sociales en la encrucijada, Lydia Frayle
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Castro Méndez, Mauricio; Martínez Franzoni, Juliana. "Un modelo social exitoso en la encrucijada: Límites del desencuentro
entre régimen laboral y de bienestar en Costa Rica", en Latinoamérica: modelos sociales en la encrucijada, Lydia Frayle
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38
62.
Ya no sólo el sindicalismo de izquierda, sino también el sindicalismo funcional al
modelo, asumen una fuerte reacción por los impactos de la crisis económica y los
impactos del ajuste estructural de los sucesivos gobiernos (del PLN y del PUSC).
La reacción no se hace esperar, no sólo frente al sindicalismo del sector Privado,
sino también contra el sindicalismo del sector Público, que son tildados de
sindicalismo que no permite “modernizar” el Estado, conforme a las exigencias del
nuevo paradigma del Consenso de Washington.252 Se empieza a configurar,
entonces, el segundo estigma del sindicalismo en Costa Rica, que entonces ya no
sólo es concebido por las sucesivas administraciones como antidemocrático, sino
que ahora también es concebido como un obstáculo para el desarrollo por centrarse
en “la defensa de la corrupción, la vagabundería y los privilegios”. El periódico
La Nación y diversos sectores han asumido, sistemáticamente, esta bandera desde
ese momento.
63.
La combinación de ajuste económico y repercusiones de la Guerra Fría en América
Central aumentó la conflictividad y conllevó cambios en las relaciones entre
gobierno, empresarios y organizaciones sindicales. La administración Carazo tiene
una primera etapa de arbitraje en el 79 que recoge las expectativas de los
trabajadores, aunque luego se distancia de los sindicatos. Durante el gobierno de
Rodrigo Carazo (78-82), se da una fuerte política antisindical, tanto el sector
252
El Consenso de Washington se promulgó en la década de los ochenta y es el resultado del trabajo de un grupo de
economistas nombrados por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en el que se “acordó” cuáles
deberían ser las políticas públicas, sobre todo en el ámbito económico y con relación al “nuevo” papel del Estado, que todos
los países del tercer mundo, incluidos los latinoamericanos deberían ejecutar. El resultado del Consenso de Washington se
ha aplicado en toda Latinoamérica, incluyendo a Costa Rica, por medio de los programas de ajuste estructural y otros
mecanismos, incluyendo los préstamos otorgados por medio de entidades financieras internacionales (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Interamericana para el Desarrollo, etc.).
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39
Privado con un férreo anticomunismo, como en el sector Público (ver más
adelante). Desde 1978, también se produjeron fuertes enfrentamientos entre
sindicatos y gobierno en el marco de un resurgimiento del anticomunismo asociado
a la guerra en América Central. En 1979, la Ministra de Trabajo señalaba que “los
líderes sindicales comunistas y pro-comunistas, han sacado ventaja en Costa
Rica… Esta dirigencia afecta a la filosofía comunista... ha provocado alteraciones
en las relaciones laborales que ligan a los trabajadores empresarios, y a los
trabajadores asalariados...”253. Su política inicial de arbitraje no puede ser
sostenida en el marco de la crisis económica y política en 1980, donde desata la
represión, incluso con un trabajador asesinado, además de otras formas de represión
y amenazas.254
64.
En el gobierno de Monge (82-86), se da un fuerte apoyo de EEUU que se refleja en
vínculos oficiales (embajada) y sindicales (AFL-CIO), con un impacto enorme. En
ese marco se producen las siguientes declaraciones de Monge como precandidato:
“En los Estados Unidos he dicho que Costa Rica no solicita armas, asesores militares ni otra
asistencia bélica para contener aquí la ofensiva del expansionismo cubano-soviético. Nosotros nos
encargaremos de aplastar electoralmente al comunismo, pero sí requerimos ayuda económica
masiva para hacer frente al desempleo, el hambre y todas las consecuencias nocivas de la
catástrofe económica que vivimos (…) necesitamos que los mercados de los Estados Unidos se
abran a nuestra producción exportable (…).255 “A Monge se le aseguró comprensión y ayuda
para Costa Rica y se le solicitó colaboración para que influyera sobre los sindicatos
norteamericanos con el fin de procurar que estos no se opusieran a la Iniciativa del Presidente
Reagan para la Cuenca del Caribe.” 256 La ICC dice, desde entonces, que será posible
exportar sin impuestos a los EEUU una serie de productos, siempre y cuando los
países no tengan gobiernos comunistas. La negociación entre Monge fue compleja:
por un lado, a pesar de la Declaratoria de Neutralidad Perpetua hecha por su
gobierno, se admitió la intervención de los EEUU desde suelo costarricense por
medio de la “Contra” en contra de la Revolución Sandinista, y se apoyó la
promulgación de la ley de la ICC para desestimular comercialmente la
“propagación” del comunismo en la región.
65.
Por su parte, el gobierno de Monge no sólo recibió una multimillonaria ayuda
económica, sino que además fue respaldado en su impulso al fomento del
solidarismo como instrumento para atacar y contrarrestar el sindicalismo en el
sector Privado.
Incluso Monge envió una carta al entonces presidente
estadounidense Reagan, el 18 de abril de 1986, solicitándole apoyo directo para
desarrollar el movimiento solidarista: “Mi querido presidente: Como presidente y ciudadano
de Costa Rica, me gustaría expresar mi admiración por el Movimiento Solidarista en Costa Rica.
Lo que pueda hacerse para promover y consolidar la armonía en las relaciones obrero-patronales,
tiene mi completo apoyo y goza indudablemente del respaldo del pueblo de Costa Rica. El
253
Donato, Elisa y Manuel Rojas Bolaños. 1987. Sindicatos y política económica, 1972-1986. San José: Alma Mater.
Obreros de la Yunai. Foro Emaús. 2005.
255 La Prensa Libre, 14 de agosto de 1981, citado en Rovira Mas, Jorge, Costa Rica en los 80. Editorial Porvenir. 1987. Pág. 59.
256 Rovira Más, Jorge. Costa Rica en los años 80. Editorial Porvenir. 1987, pág. 60
254 Abarca Vásquez, Carlos.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
40
Movimiento Solidarista se basa en el espíritu de cooperación y armonía en las relaciones
laborales, es uno de los factores determinantes en la defensa de la paz, la libertad y la democracia
en nuestro amenazado sistema democrático. El Movimiento Solidarista, a través de sus programas
y logros, se ha probado a sí mismo por medio de la promoción del bienestar general de los
trabajadores y en el apoyo de la lucha del país por la justicia y la prosperidad. El Movimiento
Solidarista ha demostrado que el único camino revolucionario es el fortalecimiento de la libertad
individual y colectiva, orientada hacia los objetivos nacionales, y no hacia el conflicto armado.
Creo que la Unión Solidarista ha jugado un papel importante en los esfuerzos nacionales para
estimular la inversión, aumentar las exportaciones y reactivar nuestra economía. Por favor acepte
mi consideración personal y mis buenos deseos. Sinceramente, Luis Alberto Monge Álvarez.257
66.
Por su parte, hay un fuerte y estrecho vínculo entre el Movimiento Solidarista con el
sector empresarial, que parte básicamente de la estrategia antisindical íntimamente
ligada al anticomunismo y a la guerra en la región centroamericana; a la estrategia
de fomento del individualismo vía consumo y apoyo laboral al trabajador
solidarista; y a la estrategia de manejo de recursos del auxilio de cesantía en
beneficio de las empresas, mediante préstamos que la solidarista hace a la empresas
y que permite la liberación de pasivo laboral. “Por fin, y no por ello menor en
rango, debido también a amplios procesos de legitimación -al parecer reforzados
considerablemente en la actual década (…80’s…)-, muy extendidos y persistentes,
en lo que han desempeñado una función preponderante las cámaras empresariales
en general y los dueños y directores de los medios de comunicación de masas en
particular, procesos orientados a cultivar en el costarricense medio una elevada
valoración de su régimen político junto con una profunda aversión de todo lo que
se relacione con la ideología comunista.”258
67.
Por su parte, hay un claro vínculo de la Iglesia Católica por medio de la Escuela
Social Juan XXIII, órgano auxiliar de la Iglesia Católica para la difusión de la
Doctrina Social de la Iglesia. El fuerte antisindicalismo desarrollado en zona
central, desde 1947, es aprovechado pero se genera un desarrollo prioritario en
sectores bananeros con íntima vinculación con transnacionales. En ese contexto, se
aprovecha la huelga de 1984 y la salida de la United Fruit Co. de la zona sur, para
fomentar el antisindicalismo y el anticomunismo. Es claro que la salida de la
bananera, en realidad, se debe a otros factores, por ejemplo, a la necesidad de
migrar al Atlántico por los costos del Canal de Panamá; el agotamiento de tierras; la
necesidad de desarrollo de plantaciones de palma aceitera y no de banano para
diversificación del mercado; así como el impacto de leyes antitrust (antimonopolio
de EEUU) que produjeron entrada de otras empresas bananeras. La compañía
bananera había iniciado su salida de la zona sur desde 1983 por todas estas razones,
pero justificó su salida anticipada por medio de la acusación sistemática de la
huelga. Su salida se produce cuatro años antes de que venciera el contrato ley que
le obligaba a permanecer en la zona. La salida se produce por medio de un finiquito
con el gobierno de Monge, que no sólo había reprimido agresivamente el
257
258
Flores Madrigal, Juan José. El Solidarismo desde Adentro. 1993.
Rovira Más, Jorge. Costa Rica en los años 80. Editorial Porvenir. 1987, pág. 25
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
41
movimiento huelguístico, incluso asesinando a dos trabajadores bananeros, pero que
además está dispuesto a tolerar la salida anticipada de la compañía bananera sin
ninguna consecuencia económica indemnizatoria para el Estado. Para ello era
necesario hacer causa común en la culpabilización de una huelga que tuvo como
razón de ser, la agobiante situación económica sin que la compañía bananera
estuviera dispuesta a hacer ni siquiera los aumentos salariales establecidos por
decreto gubernamental para todos los trabajadores costarricenses. La huelga
bananera de 1984 tuvo una duración de 72 días y fue convocada, y dirigida por las
personas trabajadoras de las plantaciones bananeras, sin dirección alguna del
Partido Vanguardia Popular (PVP). Por el contrario, avanzada la huelga se solicita
al partido un pronunciamiento al respecto259. Sin embargo, a pesar de la
participación marginal del recién dividido PVP en el proceso huelguístico, los
principales medios de comunicación masiva en alianza con el gobierno de Luis. A.
Monge, posicionaron la idea de que la huelga no obedecía a reclamos salariales,
sino a una agenda de desestabilización política nacional por el partido comunista
costarricense.260
68.
Un hito fue la promulgación, en noviembre de 1984, de la ley de asociaciones
solidaristas y cuya creación fue apoyada por gobierno, cámaras empresariales y la
Escuela Social Juan XXIII de la Iglesia Católica. Como resultado, desde 1982, las
convenciones colectivas en el sector agrícola se redujeron drásticamente y los
arreglos directos aumentaron dramáticamente. Estos arreglos no sólo tienen menor
rango jurídico que las convenciones y no son acordados por sindicatos, sino por
comités permanentes de trabajadores -generalmente promovidos por empresarios-,
vinculados a las solidaristas y creados temporalmente para atender demandas
específicas.
69.
El siguiente gráfico demuestra claramente el proceso: 261
PERIODO
1967-1971
1972-1976
1977-1981
1982-1986
1987-1991
1992-1996
TOTALES
259
Convenciones en agricultura
8
72
104
39
15
7
245
Arreglos directos en agricultura
1
6
16
104
259
289
675
Keith Bonilla, Guillermo. 2007. Dirigente sindical ex integrante del Comité Central del Partido Vanguardia Popular.
Entrevista. San José.
260 Bermúdez Umaña Gilberth. El Solidarismo y los arreglos directos en las fincas bananeras de Costa Rica; Abarca Vásquez,
Carlos. Obreros de la Yunai. Foro Emaús. 2005.
261 Blanco Vado, Mario Alberto. Informe sobre la Situación de la Libertad Sindical en Costa Rica. Noviembre, 1997.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
70.
42
Si bien en 1994 se prohibió a las solidaristas negociar colectivamente, entre 1994 y
1999 se registraron 479 arreglos directos y sólo 31 convenciones colectivas en el
sector Privado262. Actualmente, hay unos 100 arreglos vigentes. Un reciente estudio
técnico ordenado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló lo
siguiente: “... el apoyo que reciben de la Escuela Social Juan XXIII por intermedio de sus
“promotores” no aligera sino que, por el contrario, agrava ese cuadro. Esos “promotores” son
requeridos y financiados por la propia empresa, por lo que toda actuación de los mismos que
aquella repute contrarios a sus intereses ha de dar lugar, seguramente, a su sustitución. La
Escuela Social Juan XXIII por medio de sus “promotores” es, de tal modo, proveedora de servicios
de la empresa que establece con aquella una natural relación clientelar; al mismo tiempo, dice
asesorar a los comités permanentes que, como es propio de la natural condición de las relaciones
de producción, suelen tener en materia laboral intereses contradictorias con los de aquella.
Finalmente, pero al mismo tiempo, suelen atribuirse en esos procesos la función de “amigables
componedores”, rol que supone una condición de imparcialidad de la que, por lo expresado,
carecen.
Todas esas actividades son recíprocamente incompatibles, circunstancia que
problematiza la legitimidad de su intervención.” 263
71.
Paralelamente, hubo otras estrategias. Por ejemplo, el PLN intentó cooptar a
sindicatos beligerantes y de izquierda como la entonces Asociación Nacional de
Empleados Públicos (ANEP). La confrontación llevó al gobierno a congelar sus
cuentas bancarias, decisión posteriormente condenada por tribunales nacionales y
OIT.264 Esta fue una de varias ocasiones en la que sindicatos costarricenses
denunciaron internacionalmente la ausencia de libertad sindical265.
72.
Ahora bien, el desarrollo de la organización sindical de izquierda, íntimamente
vinculada al partido comunista, conformó una organización sindical que, desde la
perspectiva del partido, significaba el frente de masas del partido y, por lo tanto,
debía obedecer al denominado centralismo democrático del partido, es decir,
convertirse en su cadena de transmisión. Es por eso que existe una autonomía
sumamente limitada de la organización sindical de izquierda. El impacto de la
división de la izquierda, al partirse el Partido Vanguardia Popular, en 1984, no sólo
generó un impacto importante en las organizaciones sindicales; sino que, además, es
aprovechado por el periódico La Nación y los sectores más conservadores para
levantar la tesis falsa de que el partido se había dividido por existir un comunismo a
la tica (el ala “manuelmorista”, por Manuel Mora Valverde), y un sindicalismo que
tendía a la revolución armada (el ala “ferretista”, por Arnoldo Ferreto Segura);
cuando en realidad la división es más un producto de métodos de trabajo y de una
lucha por el recambio generacional dentro del partido y no a la división ideológicoestratégica.
262
263
264
265
Blanco Vado, Mario Alberto. Informe sobre la Situación de la Libertad Sindical en Costa Rica. Noviembre, 1997; Castro Méndez,
Mauricio. 2001. Estudio sobre el derecho del trabajo de Costa Rica. Comentarios sobre la situación de la libertad sindical. Estudio
realizado para ANEP-COSIBA-FETRAL-CTRN.
Goldin, Adrián. Estudio sobre los arreglos directos en Costa Rica. 2007. OIT.
Sala Primera, Corte Suprema, voto 155-84; OIT, Comité de Libertad Sindical, Caso #1305.
Castro Méndez, Mauricio. 2001. Estudio sobre el derecho del trabajo de Costa Rica. Comentarios sobre la situación de la libertad
sindical. Estudio realizado para ANEP-COSIBA-FETRAL-CTRN.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
43
73.
De hecho había coincidencia por la gran mayoría del Comité Central del Partido
Vanguardia Popular (moristas y ferretistas), de que no había condiciones para
pensar que se estaba en ese momento en una coyuntura “prerrevolucionaria”. Es
posible señalar que organizaciones como ANEP, transitaron del sindicalismo
funcional íntimamente ligado al modelo socialdemócrata, a ser organizaciones
sindicales íntimamente ligadas, dirigidas y cooptadas por diversos partidos de
izquierda, en solitario o en alianza, con expresiones del Partido Liberación Nacional
(PLN). En este proceso, los partidos de la izquierda latinoamericana, inspirado en el
marxismo-leninismo, concibieron al sindicato como escuela de trabajadores para
adquirir conciencia y como escuela de “cuadros”. En ese sentido, incluso los
recursos de las organizaciones sindicales, no sólo se concebían como recursos para
tareas sindicales, sino también para otras tareas. El sindicato está en función del
partido. Todo este proceso lleva a la conclusión de organizaciones como la ANEP,
de que era imprescindible el nacimiento de un movimiento sindical independiente y
autónomo de los partidos políticos. Esta discusión se produce al interior de la CUT
y produce que varias organizaciones, incluida la ANEP, abandonen esa
confederación bajo la tesis de que no estaban dispuestos a continuar siendo una
correa de transmisión de los partidos. Ese proceso es liderado por ANEP, que
ingresa a una etapa posterior a la división del partido comunista, en un proceso de
emancipación política que continúa hasta la fecha.
74.
Por su parte, el Partido Liberación Nacional veía a los sindicatos, y a otras
organizaciones sociales, como una parte importante para amarrar el Estado
Benefactor, con sus virtudes, pero también con sus deformaciones clientelares y
otras disfunciones propias del Estado empresario (especialmente después de 1978);
que no sólo contribuyeron a la degradación del modelo de Estado Benefactor, sino
que generaron procesos de corrupción propios de ese proceso de desgaste
institucional que también afectó a algunos sindicatos emblemáticos del sector
Público y, por esa vía, aumentó los argumentos de quienes de todas maneras venían
"satanizándolos".
75.
La reacción en contra del sindicalismo del sector Público arranca, sostenidamente,
con el gobierno de Rodrigo Carazo Odio, en lo que tiene que ver con la
interpretaciones surgidas a partir de la promulgación de la Ley General de la
Administración Pública -LGAP-, por parte de la Procuradora General de La
República, Elizabeth Odio Benito, estableciendo limitaciones a la negociación
colectiva en un primer momento (1979 en adelante). Dado que la negociación
colectiva venía creciendo sostenidamente266, su prohibición generó una
conflictividad que, con altibajos, se mantiene hasta hoy. No se suscribieron nuevas
convenciones colectivas aunque, argumentándose que eran derechos adquiridos, a
principios de los 80 los sindicatos lograron la prórroga de las convenciones
266
Donato, Elisa y Manuel Rojas Bolaños. 1987. Sindicatos y política económica, 1972-1986. San José: Alma Mater.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
44
vigentes. También se logró continuar suscribiendo convenciones y convenios
colectivos en gobiernos locales y universidades públicas justificadas en su
autonomía constitucional267. En un segundo momento, en el marco de la nueva
política macroeconómica que exigía limitar los “disparadores de gasto” (salarios,
pensiones y derechos laborales obtenidos mediante los denominados laudos
arbitrales), se establece la limitación, ya no sólo de la negociación colectiva, sino
también de la utilización de los mecanismos de solución de conflictos colectivos
que culminan en arreglos directos, arreglos conciliatorios o laudos arbitrales.
76.
Sumado a esto se desarrollan, sistemáticamente, a partir de los 90 los procesos de
movilidad laboral en el sector Público. Esto se hace de la mano del modelo del
Consenso de Washington, en un contexto en el que se conceptualiza a los salarios
como disparadores del gasto público y como elementos generadores de presiones
inflacionarios, por una parte; y, por otra parte, como parte del nuevo paradigma que
exige limitar el accionar del Estado, tanto en la economía como en las actividades
económicas. Con los programas de ajuste estructural, se toma la ruta del cierre de
instituciones, privatizaciones, disminución del Estado y la transformación de su
papel de prestador de servicios, a contralor o rector. Este proceso continúa a pesar
de su evidente fracaso en toda Latinoamérica, pero genera una ruptura con el
sindicalismo funcional desarrollado hasta el momento. El tránsito entre modelos
implicó despidos y movilidad voluntaria y obligatoria, así como la
desestructuración de entidades estatales como el CNP o el MOPT. Sin embargo, la
práctica del PLN fue la de establecer acuerdos corporativos para disminuir
oposición con una parte del sindicalismo funcional. Es en esta etapa que se inicia y
consolida el segundo estereotipo: los sindicatos se oponen a la modernización por
defender sus privilegios y la corrupción en las instituciones públicas, y se ha hecho
un enorme esfuerzo para equiparar “privilegio” con el derecho humano a la
negociación colectiva.
Impactos en el movimiento sindical y estrategia de resistencia
77.
267
En respuesta a este proceso, la denuncia internacional ha sido un ámbito
fundamental para las organizaciones sindicales. Así, en el marco de la Iniciativa de
la Cuenca del Caribe y el Sistema Generalizado de Preferencias, a principios de los
90, EEUU estuvo cerca de sancionar comercialmente al país por incumplir derechos
laborales. A pesar de que tal investigación fue solicitada por algunos sindicatos
costarricenses (entre ellos, la ANEP), en alianza con la AFL-CIO estadounidense,
con base en la normativa vigente que regulaba las relaciones comerciales de nuestro
país y los EEUU, las organizaciones sindicales fueron acusadas, sistemáticamente,
de traición a la Patria por el sector empresarial, los medios masivos de
comunicación y los sectores políticos. En 1991, Costa Rica fue condenada por OIT
por el trato preferencial y discriminatorio a favor de las organizaciones solidaristas,
Castro Méndez, Mauricio. 2001. Estudio sobre el derecho del trabajo de Costa Rica. Comentarios sobre la situación de la libertad
sindical. Estudio realizado para ANEP-COSIBA-FETRAL-CTRN.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
45
y por la ausencia de instrumentos eficaces para tutelar la libertad sindical en el
sector Privado. En ese contexto, la Sala Constitucional, por primera vez, dio la
razón a un grupo de trabajadores bananeros despedidos por violación de la libertad
sindical en el sector Privado y ordenó su reinstalación. Este criterio fue sostenido
solamente en otras cuatro resoluciones de dicha sala durante esa coyuntura
internacional -1993 y 1994-268.
78.
En noviembre de 1993, entró en vigencia la Ley 7360 estableciendo el fuero
sindical, restringiendo la actividad laboral de las solidaristas, y fortaleciendo al
Ministerio de Trabajo. Con la aprobación de esta ley se retiraron las acusaciones
internacionales, pero desde entonces la Sala Constitucional rechazó todo recurso de
amparo relacionado con la tutela de la libertad sindical en el sector Privado,
argumentando la existencia de mecanismos legales efectivos. En el sector Público
esta libertad se ha seguido tutelando en el marco de recursos de amparo que
reclaman la violación de derechos específicos de los empleados públicos como el
debido proceso y la estabilidad en el empleo, pero no denunciando la violación de la
libertad sindical en tanto tal. La reforma, sin embargo, ha sido ineficaz para tutelar
la libertad sindical en el sector privado (OIT, 2001) y los procedimientos laborales
son lentos e ineficaces269
79.
Así, durante los 90 se llegó a la virtual desaparición del sindicalismo y la
negociación colectiva en el sector privado asalariado. Perduraron 13 convenciones
colectivas acordadas antes de 1980, todas a nivel de empresa y la mayoría
vinculadas al sector bananero. En el 2005, estas convenciones cubrían a unas 4,000
personas, un 0,39% de los asalariados/as privados/as270.
80.
El asunto de las convenciones colectivas en el sector Público permanece irresuelto.
Según la misión técnica de OIT enviada al país en el 2001, existe confusión e
inseguridad jurídica en cuanto al derecho de negociación colectiva en el Sector
Público; y a la validez, eficacia y constitucionalidad de las convenciones colectivas.
El país está por ello infringiendo el convenio 98. Mientras tanto, la cobertura de la
negociación colectiva es muy baja: un 3%, similar a Ecuador, Malasia y Taiwán, y
considerablemente menor que la región adonde oscila entre 10% y 65%271.
268
269
Castro Méndez, Mauricio. 2001. Estudio sobre el derecho del trabajo de Costa Rica. Comentarios sobre la situación de la libertad
sindical. Estudio realizado para ANEP-COSIBA-FETRAL-CTRN.
Castro Méndez, Mauricio. 2001. Estudio sobre el derecho del trabajo de Costa Rica. Comentarios sobre la situación de la libertad
sindical. Estudio realizado para ANEP-COSIBA-FETRAL-CTRN; Estado de la Nación. Informe Estado de la Nación en
Desarrollo Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación, 2001
270
Castro Méndez, Mauricio. 2001. Estudio sobre el derecho del trabajo de Costa Rica. Comentarios sobre la situación de la libertad
sindical. Estudio realizado para ANEP-COSIBA-FETRAL-CTRN; Estado de la Nación. Informe Estado de la Nación en
Desarrollo Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación, 2005
271
OIT, Organización Internacional del Trabajo. 2004. Organizarse en pos de la justicia social. Ginebra: OIT.Castro Méndez, Mauricio.
2001. Estudio sobre el derecho del trabajo de Costa Rica. Comentarios sobre la situación de la libertad sindical. Estudio realizado
para ANEP-COSIBA-FETRAL-CTRN.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
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46
81.
Los ámbitos formales de negociación salarial son el Consejo Nacional de Salarios
(desde el período previo) y la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público,
creada en 1986 e integrada por ministros y representantes sindicales. El primero
refleja más la definición de política salarial normalmente acordada entre
empleadores y gobierno que una negociación tripartita. Si bien por parte de los
trabajadores participan sindicatos y confederaciones que poseen afiliación pública y
privada, la práctica inexistencia de sindicatos en el sector Privado facilita acuerdos
tomados bilateralmente entre empleadores y gobierno, los cuales actualmente
reflejan una política salarial restrictiva o moderada que pretenden ser justificadas
por razones macroeconómicas y de “competitividad internacional”. Además, las
excesivas restricciones en el ejercicio de la huelga y a los instrumentos colectivos
de solución de conflictos, limitan la presión que los sindicatos pueden ejercer en el
marco de esa negociación. En el sector Público, la comisión raramente ha alcanzado
un acuerdo y, cuando se alcanzó, no se cumplió. En 1995 un acuerdo incumplido
motivó la primera resolución judicial favorable para un grupo de trabajadores, la
cual fue contradicha por el Poder Ejecutivo y finalmente la propia Sala
Constitucional estableció que los acuerdos alcanzados en la comisión eran
recomendaciones no vinculantes272.
82.
En ausencia de estimaciones oficiales, el gráfico 3 y el cuadro 1, reconstruyen la
evolución de la afiliación sindical. La mayor parte de la sindicalización está en el
sector Público que crece aceleradamente a partir de los 70, y sólo decae luego de la
huelga de maestros de 1995. La tendencia a la caída de la sindicalización se
mantuvo hasta el 2000, año del denominado Combo del ICE, cuando retomó su
crecimiento. En el 2006, un 14% de la población ocupada estaba sindicalizada. En
el sector Público la proporción de trabajadores sindicalizados era muy alta (65%
incluyendo las asociaciones de maestros/as). Sin embargo, en el sector Privado la
proporción de trabajadores asalariados sindicalizados no llegaba al 1% y era
predominantemente de trabajadores/as por cuenta propia, especialmente agrícolas
(Castro y Martínez, 2007).
272
Sala Constitucional, voto No. 2001-1822. Castro Méndez, Mauricio. 2001. Estudio sobre el derecho del trabajo de Costa Rica.
Comentarios sobre la situación de la libertad sindical. Estudio realizado para ANEP-COSIBA-FETRAL-CTRN.
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47
Fuentes: elaboración propia con base en Donato y Rojas Bolaños (1987); Benavides (2004); MTSS (2006)
Cuadro 1
Costa Rica: sindicalización según sector institucional, 2006
Público
Privado
Total afiliación activa
Sin
magisterio
Con
magisterio273
Independiente
Asalariado
Sin
magisterio
Con
magisterio
103.241
169.241
46.776
9.692
159.709
225.709**
% sindicalizados
en el sector
40%
65%
-
0,95%***
% de total de
sindicalización
65%
75%**
29%
21%**
6%
4%**
100%
100%
% de población
ocupada
6,5%
10,5%**
2.91%
0,6%
Total
* Para universo de 256.794 trabajadores/as en sector público.
** Si se incluye el magisterio.
*** Para universo de 1.012.110 personas asalariadas del sector privado 274
83.
273
274
Claramente, el régimen laboral costarricense se flexibilizó a partir de erradicar la
organización sindical y la negociación colectiva en el sector Privado, haciendo
posible una política de contención salarial y aumentando el control del empleador
Dos de las principales organizaciones magisteriales no están inscritas como sindicatos pero funcionan como tales. En el
2006 tenían 16 mil (APSE) y 50 mil (ANDE) afiliados/as respectivamente.
Con base la estimación del universo de personas asalariadas (1.268.904) y del universo de personas asalariadas en el
sector público (256.794) (INEC en Estado de la Nación 2006)
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48
sobre las condiciones de trabajo. En el ámbito normativo, sin embargo, la
flexibilización ha sido marginal: básicamente se limitó, por medio de la Ley de
Protección al Trabajador (No. 7983), a abaratar el despido disminuyendo el monto
de la indemnización por despido injustificado (auxilio de cesantía). En cuanto a la
modificación de las condiciones de trabajo, dentro de mínimos y máximos
legalmente establecidos, el empleador goza de un amplio margen, siempre y cuando
éstas no le causen al trabajador un perjuicio importante (salarial, profesional o
geográficamente). En materia de jornadas, el Código de Trabajo establece topes
máximos (diurno, nocturno y mixto), con un pequeño margen para distribuir la
jornada semanal en cinco días laborales aumentando la jornada diaria. Existe una
aspiración del sector empleador para profundizar esta flexibilización, posibilitando
el concentrar la jornada semanal en 4 días semanales y la jornada anual en
determinados meses del año. Esta aspiración ha encontrado fuerte oposición de
organizaciones sindicales y de mujeres, fundamentalmente por las consecuencias
que tiene en la equidad de género, el acceso a la educación, y la salud ocupacional.
Los proyectos de ley continúan en la corriente legislativa y su pronóstico de
aprobación es aún incierto.
84.
275
La transformación económica generó una estructura ocupacional más diferenciada,
urbana, terciarizada, informalizada y con menor importancia del sector Público.
Junto con el estancamiento de las remuneraciones promedio, desde 1999 ha tenido
lugar un rápido crecimiento en la proporción y remuneraciones de personas en
puestos altos275. A lo largo del período, aumentó la oferta de trabajo (gráfico 5), en
gran medida debido a la mayor incorporación de mujeres al mercado laboral. La
PEA femenina pasó del 22 % en 1980, al 36 % en el 2006. Otra fuente ha sido la
inmigración internacional. Entre 1990 y el 2000, la migración de nicaragüenses se
estimó en 20.000 personas/año276. En el 2000 la población nacida en el exterior
representaba un 7,8%, comparado con 3,8% en 1990 (Estado de la Nación, 2004).
Pérez Sáinz, Juan Pablo; Katharine Andrade-Eekhoo; Santiago Bastos y Michael Herradora. 2004. La estructura social
ante la globalización: procesos de reordenamiento social en centroamérica durante la década de los 90. San José, Costa
Rica: FLACSO/CEPAL.
276
Rosero-Bixby, Luis. 2004. “Situación demográfica general de Costa Rica”, En López, Grettel, Herrera Reinaldo
(editores) Evolución Demográfica de Costa Rica y su Impacto en los Sistemas de Salud y Pensiones. I Jornada Anual,
Academia de Centroamérica. San José, Costa Rica.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
49
Gráfico 5
Evolución de participación laboral, desempleo e informalidad, 1980-2006
60
50
40
Porcentaje
Participación
30
Desempleo
Informalidad
20
10
19
8
19 0
8
19 1
8
19 2
8
19 3
8
19 4
8
19 5
8
19 6
8
19 7
8
19 8
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
06
0
Año
85.
Fuente: BCCR, CCSS, INEC.
El aumento de la tasa de participación, se dio junto con aumentos leves del
desempleo y más grandes de la informalidad y el subempleo visible; es decir, de
personas que trabajaron menos horas de las deseadas. En el 2006, el subempleo
femenino era de 7,3%, mientras que el masculino era de 3.9%. El desempleo
histórico del 5% ascendió al 10% durante la crisis de los 80, para luego volver al
nivel histórico; aunque en el 2006, el femenino duplicaba al masculino (8.7 y 4.4%,
respectivamente). Aunque desde entonces el desempleo ha aumentado ligeramente
(más del 6% en el 2006), el aumento de la informalidad es mucho más importante.
Si en 1980, un 25% de los ocupados trabajaban en el sector informal, 277 la cifra
ascendió a 35 % a fines de los 90. Con un crecimiento del 61% entre 1990 y el
2000, ha sido el sector más dinámico de la economía en la generación de empleo
(Trejos, 2003).
Acumulación de tensiones y recuperación del papel político de los sindicatos (1998-2007)
86.
277
Durante este período se profundizaron los conflictos de alcance nacional entre
distintas visiones sobre la economía, el bienestar, y el papel del Estado. Con
algunos antecedentes, como la huelga del Magisterio en el año 1995 y la huelga
contra Millicom en el ICE, diversas expresiones del conflicto dieron lugar a la
Concertación Nacional de 1998; a la protesta callejera contra la apertura de las
telecomunicaciones y la electricidad en el 2000 (“combo energético”); a la
Incluye trabajadores/as de microempresas (menos de cinco trabajadores), patronos y trabajadores/as por cuenta propia no
profesionales ni técnicos, trabajadores/as familiares no remunerados/as, y servicio doméstico.
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50
paralización nacional de transportistas en el 2004 (Movimiento Cívico Nacional); y
a la oposición a la ratificación del TLC con los EEUU. A partir de 1998 creció el
abstencionismo electoral y cambió su perfil, producto de una combinación de
descontento con la política y los políticos, y la exclusión social 278. También en el
2002, explicado por la aparición de una tercera fuerza electoral, por primera vez,
ningún candidato presidencial obtuvo el 40% del electorado y fue necesaria una
segunda ronda electoral. Además, en el 2002, un tercer partido obtuvo cerca del 30
% de los votos y provocó una ruptura del bipartidismo previo. Ocurrieron así mismo
varios escándalos de corrupción vinculados al financiamiento de la política social
que tuvieron su máxima expresión cuando dos expresidentes de la República, la
máxima autoridad de la seguridad social y varios jerarcas de instituciones y de
empresas privadas proveedoras del Estado, fueron llevados a la justicia. Agravando
el peso simbólico del escándalo, el expresidente Calderón, acusado de robarle a la
CCSS, es el hijo del fundador de la seguridad social. Estos hechos evidenciaron y a
la vez promovieron una erosión del apoyo al sistema político279.
87.
El modelo asumido a partir del Consenso de Washington se mantuvo durante todas
las administraciones desde los 80 a la actualidad, desarrollando reformas paulatinas
y no de “shock”. La política laboral previa básicamente se mantuvo con una
importante variación: tuvieron lugar procesos de negociación política nacional
llevadas a cabo con participación sindical, en alianza con otras organizaciones de la
sociedad civil (desde cooperativas y empresariales, hasta solidaristas y de mujeres).
En 1998, el gobierno, recientemente electo por escaso margen, promovió la apertura
de sectores económicos operados bajo monopolio por el Estado (como
telecomunicaciones y electricidad). Para generar al apoyo social requerido convocó
a sectores sociales y productivos a discutir las propuestas en el marco de la
Concertación Nacional Programática, de la cual el PLN se abstuvo de participar. Se
discutieron numerosos temas y lograron algunos acuerdos. De estos sólo la reforma
de pensiones y la indemnización por despido injustificado (que en Costa Rica
erróneamente se denomina “auxilio de cesantía”), se tradujo en una ley que fue
intensamente cabildeada por gobierno, sindicatos y empresarios y que posibilitó una
reforma innovadora en el escenario regional280. Se trata de la Ley de Protección al
Trabajador (2000) que creó el sistema multipilar de pensiones y la transformación
de la indemnización por despido injustificado.
88.
Esta última le permitía al gobierno hacer frente a la presión internacional por
denuncias y condenas respecto del trato discriminatorio a favor de trabajadores/as
organizados en solidaristas, que tenían derecho a indemnización aún ante despido
Raventós, Ciska y otros. 2005 Abstencionistas en Costa Rica ¿quiénes son y por qué no votan? San José: Universidad de
Costa Rica.
279 Seligson, Mitchell. 2002. "Trouble in Paradise: The Erosion of System Support in Costa Rica, 1978-1999." Latin American
Research Review 37 (Spring):160-85.
280
Castro Méndez, Mauricio. 2000. Reforma de pensiones y transformación del auxilio de cesantía en Costa Rica: Un
análisis desde la perspectiva sindical. Oficina Internacional del Trabajo.
278
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51
justificado. Los sindicatos querían eliminar este trato discriminatorio extendiendo
este derecho a toda la población asalariada. Ante la virtual desaparición del
sindicalismo en el sector Privado, y luego de la huelga magisterial de 1995 que
debilitó enormemente a las organizaciones sindicales en el sector Público, el sector
empresarial estimó que ya no se le hacía innecesario mantener fondos de cesantía
favorables para el solidarismo, los cuales en promedio conllevaban un costo
adicional del 3% en la planilla. Además, el sector productivo quería generar fondos
de largo plazo que permitieran un acceso al crédito, en mejores condiciones que las
ofrecidas por el sistema financiero nacional. Finalmente, el sector financiero tenía
interés en la administración de estos fondos. Como resultado de esta confluencia de
intereses, se creó un “fondo de capitalización laboral”, de propiedad individual de
cada trabajador/a, financiado mensual y exclusivamente por el patrono con el
equivalente a un 3% de su planilla, administrado por el sector financiero público y
privado, y al que las personas acceden cuando termina la relación laboral por
cualquier causa o cada 5 años. Esta reforma implicó una flexibilización o
abaratamiento del despido injustificado de los trabajadores281.
89.
En síntesis, a pesar de que la interlocución entre gobierno, empresarios y sindicatos
ha continuado siendo restringida en materia de distribución de la riqueza, las
reformas sustantivas en materia de protección social fueron construidas con
participación empresarial y sindical y en alianza con otros actores como el
cooperativismo. Paralelamente, existen dificultades en el régimen de empleo:
gobierno y empresarios demandan mayor flexibilidad de la jornada laboral, y
sindicatos reformas legales que tutelen los derechos de sindicalización, negociación
colectiva y huelga. El país sigue siendo, por lo tanto, objeto de conflicto ante la
OIT282.
90.
Algunas organizaciones sindicales, como la ANEP (y quizás el caso más
emblemático), han asumido, sistemáticamente, la participación política por medio,
ya no solo de la interlocución ante gobierno, así como por medio de la resistencia a
los procesos de privatización; sino también por medio de la generación de alianzas
tácticas y estratégicas más allá de las organizaciones sindicales, con una tendencia a
la generación de propuestas alternativas de desarrollo. Es así como surgen
propuestas como la denominada “Tercera República”, o bien como la propuesta de
“Aportes por una nueva Costa Rica Inclusiva y Solidaria” (CRISOL), o bien los
procesos de alianzas multisectoriales frente al tratado de libre comercio con los
Estados Unidos. Cada vez resulta más clara la pérdida del monopolio de la política
por parte de los partidos políticos, así como la sistemática profundización de
alianzas tácticas y estratégicas de los movimientos sociales, lo que ha logrado
281
Castro Méndez, Mauricio. 2000. Reforma de pensiones y transformación del auxilio de cesantía en Costa Rica: Un
análisis desde la perspectiva sindical. Oficina Internacional del Trabajo.
282
Goldin, Adrián. 2006. “Los derechos sociales en el marco de las reformas laborales en América Latina. Ponencia
presentada en la IILS Research Conference sobre “Decent Work, Social Policy and Development”. OIT. Ginebra, 29 de
noviembre y 1 de diciembre.
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
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iniciar un proceso de construcción de un nuevo sujeto sociopolítico, diverso y
cambiante, que demanda una democracia cada vez más participativa. A diferencia
de lo sucedido en la década de los 40, o en las décadas que siguieron, esta
participación no es buscada a través de partidos políticos, ni es pensada a partir de
los partidos políticos.
Por el contrario, el proceso político incluye partidos
políticos, pero también a los movimientos sociopolíticos.
IV. LA VIOLENCIA SOCIALMENTE APRENDIDA.
91.
No obstante, esta recuperación de la participación política en el ámbito democrático
ha agudizado los estereotipos frente a los sindicatos. El proceso de referéndum
frente al TLC reavivó los dos principales estigmas: sindicalismo comunista
antidemocrático, y sindicalismo antimodernizador por defender sus privilegios,
corruptelas y vagabunderías. En última instancia, se trata de 60 años sin libertad
sindical, dónde el único sindicalismo tolerado fue el funcional, el cual tan pronto
como dejó de serlo, ha sido cooptado o atacado beligerantemente. Este proceso de
más de 60 años ha configurado, culturalmente, un consentimiento social frente a la
violencia que se ejerce en contra de las personas trabajadoras que deciden
organizarse sindicalmente, en ejercicio de su derecho humano a la libertad sindical.
92.
Parafraseando a las organizaciones de mujeres, ha existido un fenómeno de
violencia socialmente aprendida en contra de la organización sindical y de las
personas trabajadoras que deseen ejercer su derecho humano a la sindicalización, la
negociación colectiva o la huelga. Tiñendo de subversivos, antipatriotas, y
antidemocráticos, o tan solo como problemáticos, se ha generado en Costa Rica una
aceptación de la violación de estos derechos, mediante la persecución pública y
laboral, como algo normal y que no solo debe ser tolerado, sino entendido como
aceptable. No es la única violencia aprendida en nuestro país. Ya las organizaciones
de mujeres generaron una gran claridad sobre lo inaceptable de la violencia contra
las mujeres que hasta hace tan sólo unos pocos años era considerada “natural” y
propia de las relaciones entre hombres y mujeres. Si bien esta ha continuado, es
ahora condenada socialmente. ¿Cabe que el sindicalismo y la sociedad costarricense
se proponga lograr este mismo grado de conciencia también frente a la organización
sindical de las personas trabajadoras?
93.
Tradicionalmente, las organizaciones sindicales hemos partido de una hipótesis
incompleta, es decir, de la idea de que con más leyes y fortalecimiento institucional,
el antisindicalismo en Costa Rica podrá ser enfrentado y revertido. Nuestra
hipótesis, por el contrario, parte de que, si bien estas reformas son necesarias, para
enfrentar radicalmente este sentimiento social antisindical, es necesario deconstruir
esos estereotipos, y lograr que la ciudadanía comprenda como inaceptable la
violación de los derechos humanos fundamentales, entre ellos, el derecho a la
organización sindical, a la negociación colectiva y a la huelga.
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
53
94.
Para tal efecto, es imprescindible no sólo recuperar la memoria histórica, sino
disputar socialmente una serie de ideas preconcebidas y asumidas como válidas; y
que en el fondo, justifican la violencia en contra de las organizaciones sindicales y
de las personas trabajadoras que deciden organizarse sindicalmente. Esto es sin
duda alguna, infinitamente más complejo y desafiante que aprobar una ley. Sin
embargo, tal y como las organizaciones de mujeres nos han demostrado, estos
cambios culturales, si bien toman muchos años, son posibles, y son los únicos que
pueden realmente dar un golpe de timón en temas tan profundos y sensibles como el
derecho de las personas trabajadoras a organizarse para promover y defender sus
derechos, como trabajadoras y como ciudadanas.
95.
Resulta, por lo tanto, un reto fundamental para la ANEP, y para el movimiento
sindical, continuar con el proceso de articulación de alianzas estratégicas y tácticas,
dentro de las cuales se desarrolle un proceso que tenga como objetivo claramente
definido, la recuperación de la memoria histórica desde nuestra visión; de forma tal
que, desde voces diversas que incluyan las sindicales, se reivindique el aporte
democrático, de defensa de los intereses de la ciudadanía y de construcción de
propuestas alternativas en favor de una nueva Costa Rica, inclusiva y solidaria.
96.
Sólo en la medida en que la ciudadanía sea interpelada sobre esta historia
alternativa, podrá aceptar como inaceptable la violencia en contra de las personas
trabajadoras organizadas sindicalmente.
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
54
TEMA 1. A: MEMORIA HISTÓRICA DE LA ANEP
I. INTRODUCCIÓN.
97.
El documento borrador que usted lee, forma parte del primer eje conceptual, así
definido, para la celebración del IX Congreso Nacional de la organización. Se trata
de un recuento documental de los aspectos relevantes de la historiografía de la
agrupación en sus condicionantes históricas, que expresan vivencia sindical.
Vivencias que tienen su causalidad en la lejanía del tiempo, y que nos permite
explicar en contexto, sus efectos, con expresiones claras que hoy tratamos de
modelar.
98.
Los hechos históricos forman parte de un entramado estructural, por lo que sus
efectos no pueden ser antojadizos o simplemente recurrentes. Las expresiones de
una organización como la ANEP, tienen su explicación profunda, en los años
posteriores a la guerra civil del 48. Una Costa Rica que venía rompiendo con una
tradición “liberal” y avizoraba un modelo de desarrollo más justo y equitativo, de
afanes de democracia, de institucionalidad social, de avances en la redistribución
de la riqueza. Elementos que confluyeron – tímidamente –, en el modelo de facto
de Figueres Ferrer.
99.
Observando la historiografía de la organización, nos permite contextualizar tres
grandes réditos del sindicato: su acendrado espíritu unitario; su solidaridad
militante; su lucha y reivindicación a lo largo de 50 años de vida. Matizados en sus
momentos por la coyuntura y por la participación de hombres y mujeres que, con
sus debilidades y fortalezas, dieron lo mejor de sí para el fortalecimiento de su
sindicato. En sus cincuenta años de vida, es notable la relevancia de esos tres
aspectos consustanciales a la organización.
II. APORÍA INICIAL.
100. La ANEP surge en el año 1958 como sindicato de trabajadores del Ministerio de
Trabajo. Meses después se funda sobre esa estructura, la Asociación Nacional de
Empleados Públicos, ANEP, agosto de l961, manteniendo activos, libros de actas y
personal de la anterior organización. Fueron los años de la Guerra Fría y de
endurecimiento; Revolución Cubana, Alianza para el Progreso, los primeros pasos
del Mercado Común Centroamericano.
Una huelga histórica fue la lucha por el aguinaldo, librada en los años sesenta contra
el sector empresarial, que intentó eliminar la ley. Fue su fe de bautismo.
101. En los años setenta, la organización integró el CUS (Comité de Unidad Sindical),
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
55
que propuso y promovió la unidad. Además buscó alianzas con la Central de
Trabajadores CTC, la Rerum Novarum y con sindicatos amigos como el SEC y la
APSE. Es probable que la relación con la CGTC, fuese más recatada y distante.
102. En la medianía de la década del 70, la ANEP fue transformándose paulatinamente,
sobre todo por su posición política ideológica. Fueron las secuelas de las luchas
contra ALCOA, la reforma de Córdoba (1968), la apertura del comercio con los
países socialistas, el proyecto de comunidad centroamericana, la militarización de la
“guardia rural”.
103. El sindicato articuló luchas por la reforma al Régimen de Servicio Civil, por la
derogatoria de los artículos 333 y 334 del Código Penal, la consulta plesbicitaria…
Además era la antesala de proyectos unitarios como la FENATRAP. En la segunda
mitad de la década, se expresó como una organización “clasista y solidaria“,
reformó sus estatutos, precisó la celebración de su primer congreso, surge la figura
del Secretario General.
104. En las coyunturas electorales para elegir junta directiva, tocan la puerta del
sindicato partidos político emergentes como el Partido Socialista, el MT11, el
Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), el Movimiento Nueva República;
años atrás el Tercer Frente, ahora otros de mayor tradición como Vanguardia
Popular, que concurrieron a la lidia electoral por el control del sindicato. El grupo
UCA fue una agrupación patrocinada por el Frente Popular, en el período 19761977. Las acciones del grupo UCA determinaron al interior de la organización
cambios radicales que rompieron con tradiciones y estigmas.
105. Como reacción, el PVP arrebata el poder al grupo y promueve como Secretario
General a Juan Rafael Espinoza Esquivel, 1977-1978, que marcó el inicio de una
ANEP que izó banderas de izquierda. Luego José Fabio Araya, del MRP con tres
administraciones seguidas; para dar paso a Orlando Solano Arroyo, 1981-1985;
Adalberto Fonseca Esquivel, 1985-1990; Jhonny García Campos, 1990-1991, tres
administraciones vinculadas al Partido Vanguardia Popular. Inicia luego una nueva
etapa desprovista de presencia partidaria, de 1991 a la fecha, proceso de
emancipación política, aunque no ideológica de la ANEP, con Albino Vargas
Barrantes.
106. Como se sabe, la ANEP fue propiciadora de la FENATRAP, no así en la
conformación de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), en noviembre
de 1980, no obstante existir acuerdos políticos y resoluciones para integrar la CUT,
desavenencias en las cúpulas del MRP y PVP, dieron al traste. No será sino hasta el
año 82, cuando la organización se integra a la citada confederación. Producto de la
división del PVP, en diciembre de 1983, las incidencias permearon al movimiento
sindical en su conjunto.
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107. En los inicios de la década de los ochenta, el sindicato participó activamente en la
consolidación de la “Asamblea del Pueblo”; además articuló alianzas con otras
organizaciones, que discurrieron en un proceso unitario, sin precedentes hasta el
momento, el Consejo Permanente de Trabajadores (CPT), junio de 1986.
108. Con la crisis y caída del socialismo real en Europa, las estructuras político-
partidarias desvanecieron. Crisis en Vanguardia Popular, en la CUT, cuyas secuelas
también afectaron las organizaciones base. La ANEP se retira de la confederación
en marzo de 1992.
109. A partir de ese momento, se instaló un nuevo modelo de desarrollo del sindicato, ya
impulsado por García Campos desde la Secretaría General y retomado por Vargas
Barrantes. Había experiencia acumulada entre sus dirigentes y promotores,
conocimiento de la organización, que sumaron a nuevos cuadros dirigenciales.
110. Las banderas de lucha, de compromiso, de solidaridad, de defensa de los
trabajadores y del Estado Social de Derecho, se han mantenido incólumes.
111. Asistimos a la ANEP de lucha y propuesta contra el PAE III, los laudos arbitrales,
la privatización, la Ley de Democratización, la Reforma del Estado, las
convenciones colectivas, las garantías ecológicas y de la integración a la Plataforma
Sindical Común Centroamericana (PSCC). Es también la ANEP que desarrolla, aún
incipiente el sindicalismo en el sector privado y que articuló luchas contra Riteve,
la organización del Movimiento Cívico Nacional, del Combo del ICE, de la lucha
emblemática contra el TLC. Es la ANEP de la Federación Nacional de Trabajadores
de los Servicios Públicos (FENTSEP), de la Central Social Juanito Mora Porras
(CSJMP), que sintetiza en tres momentos los contrastes del neoliberalismo: la lucha
y resistencia en el Incop contra el modelo privatizador; la huelga en la
Municipalidad de Tibás, matizada con el accionar ciudadano y la histórica huelga
en A y A.
112. La organización a lo largo de estos años, trascendió el referente sindical, para
convertirse en ente propositivo, generador de reflexión, como han sido las
propuestas de “Tercera República” y “Crisol”.
113. Una organización de todos y todas, inclusiva, de cobijo a minorías discriminadas, la
lucha de género y la diversidad sexual.
114. Este resumen dibuja someramente lo relevante, los hitos referenciales de 50 años
de vida de la organización, que ha atravesado transversalmente la historia social y
política de nuestra nación.
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III. CONDICIONANTE UNO.
Espíritu unitario de la organización
115. La recurrente histórica podría ser que las bases de las organizaciones sociales
(sindicales, en nuestro caso), expresaron vocación unitaria, valores vinculados a la
idiosincrasia, a nuestra manera se ser. La afirmación puede ser asertiva. Pero esa
voluntad unitaria heredada, debe canalizarse políticamente, sindicalmente decimos-.
116. En este país existen y han existido organizaciones sindicales herméticas, cerradas,
poco proclives a los pactos y/o alianzas, al fomento de la unidad; en nuestro caso,
la ANEP ha direccionado en contrario.
117. En los años sesentas, fue una organización anodina e inexperta, vinculó lazos y
afectos en toda dirección, fue compañera de sendero de organizaciones como
APSE, ANDE, UNDECA, ASDEICE (en su primera fundación); pero también
animó esfuerzos con organizaciones un tanto perversas, FUSLA (Friends United
States and Latin American); o bien, con el Instituto Americano para el Desarrollo
del Sindicalismo Libre (IADSL); al igual que registro en su agenda unitaria
vinculaciones con la ISP y la CLAT. Relaciones que para sus dirigentes eran
normales, “sin ruborizarse”.
118. Fue también la época de recibo en sus oficinas al agregado laboral de los EEUU, de
relaciones fraternas con el Instituto de Estudios Sindicales Centroamericanos
(IESCA), vinculado a las agencias norteamericanas.
119. En el contexto nacional vinculó esfuerzos y pequeñas alianzas con la CGTC, la
histórica central sindical ligada al partido comunista costarricense. Adelante, el
sindicato va decantando su perfil y desarrollará alianzas con organizaciones
afinadas a su pensamiento y obra.
120. Así, en los albores de los setentas, la ANEP junto con la CGT, la CCTD, y entes
bancarios, además del SEC y ASDEICE, propician y fundan el Comité de Unidad
Sindical (CUS) que tendría en su norte la posibilidad de crear la central única de
trabajadores.
121. Paralelamente, el sindicato registra muchas alianzas con organizaciones como la
Unión Médica Nacional, con el sindicato del Banco de Costa Rica y ya sus
dirigentes empiezan a enarbolar la tesis de la central unitaria de trabajadores; al
igual, abre expediente para conversar con organizaciones afines, la posibilidad de
crear una federación de empleados públicos.
122. En el plano internacional tiende puentes a la ORIT (Organización Regional
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Interamericana de Trabajadores); y mantiene su membresía con la ISP
(Internacional de Servicios Públicos).
123. Como se sabe, la unidad sindical es un proceso. No se trata de llegar a acuerdos
sobre una mesa con dirigentes sindicales. La unidad es un proceso que cumple
etapas naturales en su desarrollo. El nacimiento de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Administración Pública, vino asentándose gradualmente: los
frentes unitarios de lucha, la unidad en la acción, el proyecto CUS, fueron
cimentando la apertura de una nueva experiencia sindical, ahora en el marco de la
Federación. También fuerzas políticas emergentes de diferente matiz y enfoque
contribuyeron a la construcción de la experiencia y desde luego, la mano protectora
de la CGT, que vislumbró en la Federación, la antesala de proyectos unitarios más
consistentes y desarrollados.
124. En enero de 1975 se constituye la FENATRAP, su primer Secretario General fue un
dirigente de la ANEP. Desde el alero de la Federación, el sindicato impulsó
acciones por la derogatoria de los artículos 333 y 334 del Código Penal, vivió la
integración de propuestas
unitarias de “conciliadores“ en todo el país,
reivindicaciones unitarias salariales, y en especial, procesos unitarios políticamente
más definidos.
125. La asociación mantuvo en su agenda la vinculación a frentes unitarios, o bien a
procesos coyunturales de unidad en la acción que fueron las fórmulas adoptadas
por sindicalismo en los años 70; aunque en el escenario político la clase patronal
profundizó acciones por la destrucción de sindicatos, destitución de asalariados y
represión institucional en los diversos conflictos del momento: Coca Cola, Leonisa,
Bananeros (Quepos), IMAS y el ICE.
126. En el registro histórico, fue reticente a las relaciones con la CCTD, dado que esta
fue una central proclive a la instalación de sindicatos “blancos “que maniobraron en
negociaciones con el Gobierno.
127. En la historia de la organización, el V Congreso dio orientaciones claras y precisas
para la consolidación de la central unitaria; adicionalmente tanto la Fenatrap como
la CGT habían emitido sendas resoluciones apoyando la iniciativa. La coalición
“Pueblo Unido” también se sumó al interés unitario. Similar actitud tuvo el Partido
Vanguardia Popular y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (en el momento
coaligados políticamente).
128. Sin embargo, desacuerdos de las cúpulas político-partidarias hicieron que la ANEP
no integrara en su nacimiento a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), creada
en el mes de noviembre de 1980. La ANEP se integrará hasta el año 82 en su primer
congreso, nombrando delegados a dicha actividad.
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129. En los albores de la década de los 80, organizaciones como la CATD, CGT,
CCTD, FENATRAP, ANEP, la Coordinadora de Sindicatos del Sector Público, junto
a la FEUCR, FEUNA, FEITEC, y la FESE, convocan a la Asamblea del Pueblo
(marzo de 1980). Se trató de un gran foro popular que articuló un plan de acción, de
incidencia en todo el país.
130. Adelante, en la primera parte de los 80, la ANEP y la CUT, buscan la creación de un
frente amplio, que involucró a organizaciones como ANPE, CTC, ANDE, SITUN,
SIPOCIMECA, UNDECA, e incluso al Frente Democrático de los trabajadores
(FDT), que dicho sea de paso nace como reacción a la fundación de la CUT.
131. Más tarde, cerca de 20 organizaciones construyen una alianza para luchar contra las
Reformas al Estatuto de Servicio Civil, que también apoyó y respaldo la huelga de
educadores, que veían en la unidad una necesidad para enfrentar los problemas de
los trabajadores y una vocación de trabajadores y dirigentes.
132. Los movimientos unitarios del 84, del 85, fueron involucrando al movimiento
sindical, abrieron los espacios para la conformación de un proyecto unitario,
articulado por las centrales existentes, el sindicalismo no confederado y otros
grupos que sumaron lo que se llamó el Consejo Permanente de Trabajadores CPT
(junio de 1986).
133. La ANEP, la CUT, fueron determinantes en promover y profundizar el trabajo
unitario al interior del CPT, por lo menos hasta la finalización de la década de los
90; a la altura de los tiempos en que la ANEP cuestiona seriamente al modelo
confederal en clara confrontación al CPT.
134. En marzo de 1992, la ANEP discute sobre la pertinencia de una federación de
trabajadores públicos, buscando la construcción de un poderoso movimiento social
y popular, con clara expresión política desde la sociedad civil; proyecto que
concreta la conformación de Federación Nacional de los Trabajadores de los
Servicios Públicos (FENTSEP), en febrero de 1997.
135. El tema de la unidad también toca las convergencias estratégicas de la organización
en la formación de frentes unitarios, que trascienden el ámbito sindical; citamos
algunos: Unidad Sindical de Cortel, Frente de Organizaciones Sindicales del Sector
Salud (FOSSS), Coordinadora de Organizaciones Laborales del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (COOLMOPT), Consejo de Defensa de la
Institucionalidad CDI, FORO EMAUS, Consejo Nacional de Organizaciones
Sociales y Organizaciones no Gubernamentales (CONAO), entre otras.
136. La Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), inaugurada en octubre del 2005, es
otro de los impulsos unitarios patrocinados por la ANEP.
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137. Adicionamos en el ámbito centroamericano, el sindicato heredando experiencias de
los ochenta como Concentra y CCOTSP, ha integrado la Plataforma Común
Sindical Centroamericana (PSCC), cuya coordinación para el capítulo Costa Rica
recae en la organización.
138. Como es observable, el sindicato en sus diferentes etapas ha demostrado una
amplísima vocación unitaria, interpretando a su vez el sentimiento de los
trabajadores.
El sindicato con sus falencias y fortalezas, ha contribuido a crear una cultura de
unidad en los ámbitos de su incidencia, demostrada en los cinco lustros de
existencia, marcando dos etapas diferenciadas a partir de l976. Antes de ese año, el
sindicato fue ambiguo y ambivalente en sus posiciones, posterior a esa fecha las
acciones unitarias fueron más afinadas.
IV. CONDICIONANTE DOS.
La Solidaridad
139. La organización sindical a lo largo de sus años ha mostrado ser una organización
solidaria, en primer lugar con organizaciones afines, cuyas agendas de trabajo son
convergentes. En segundo lugar, una solidaridad expresada con ayuda y
colaboración y auxilio para los agentes de su entorno, sean éstas organizaciones
sociales, personas o grupos de interés que ameriten de la solidaridad. En tercer
lugar, la “solidaridad militante”, aquella expresada en las luchas: en paros, huelgas,
marchas y protestas, donde la organización no ha sido sujeto de interés,
necesariamente.
140. En los años sesenta, la organización fue acompañante de demandas y protestas, que
hizo la CGT, por el deterioro de las libertades sindicales y la represión en la algidez
de la guerra fría. Más adelante abre sus puertas a estudiantes de la Universidad de
Costa Rica, para escucharlos sobre las razones de la huelga en esa casa de estudios.
141. También fue profusa la solidaridad expresada en notas y comunicados de prensa,
sobre el apoyo a los ancianos desvalidos, con sindicalistas despedidos, y los presos
políticos y sindicales en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Acciones en honor a
los compañeros cubanos, con motivo del aniversario del asalto del cuartel Moncada,
con el comité de solidaridad y amistad con el movimiento de la Unidad Popular en
Chile. Adelante condena el golpe de estado contra el Presidente Allende. Protesta
por el homenaje que la Municipalidad de Liberia quiso hacer al dictador Somoza
Debayle. Promovió desde su trinchera la apertura de relaciones comerciales con la
isla de Cuba.
142. En la medida que el sindicato se convertía en una organización política e ideológica
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más desarrollada, las expresiones de solidaridad fueron comprometidas, militantes e
incondicionales. Digamos una visión “clasista de la solidaridad. La madurez de ese
proceso denotó cambios radicales en la percepción de la realidad que tuvo la
organización.
Denuncia por persecución sindical contra dirigentes de Fenatrap. Solidaridad
también expresada en la colecta de firmas, venta de afiches entre las seccionales del
sindicato. Asimismo el apoyo a Liana Benavides, presa en las cárceles de
Nicaragua, acusada de presunta colaboración con la guerrilla del FSLN.
143. Acciones semejantes se dieron con los trabajadores de la Hacienda Juan Viñas, de
Catsa y Sedeco, con la huelga bananera de Raisun, con los trabajadores de la fábrica
Pozuelo, entre otras.
144. El sindicato, también promovió una cuota extraordinaria de 10 colones, a favor de
la lucha del pueblo de Nicaragua. Igualmente, ante la dictadura que vivió el pueblo
chileno, por la represión, la tortura y eliminación física, mujeres chilenas
mantuvieron una huelga de hambre en el local de la ANEP. Cartas al general
Videla, dictador argentino, contra la represión, tortura y por la derogación del
“estado de sitio”. En la década, la organización envió brigadas de trabajo a la
reconstrucción en Nicaragua, al igual que muchos fueron a las colectas de café,
todavía a zonas en conflicto.
145. Expresó su solidaridad enviando dirigentes a las huelgas bananeras de Sixaola y el
Pacifico Sur. Muchas acciones en “tomas” de tierra, con grupo pro vivienda, con
campesinos desposeídos: El Silencio, la Vaca, la Vaquita
146. Dibujan expresiones solidarias, las acciones emprendidas en el Ministerio de Salud,
Municipalidad de San José, en diferentes momentos y otras más. Solidaridad
militante en las huelgas de la Municipalidad de Tibás, en la de A y A, la lucha
contra la privatización en Caldera, apoyos políticos y financieros en el Movimiento
Cívico Nacional, el Combo del ICE.
147. La organización y sus afiliados no menguaron apoyo y solidaridad a cientos de
organizaciones cívicas, estudiantiles, campesinas, bananeras, que confluyeron en el
gran movimiento de resistencia por el NO al TLC.
148. En revisión de su historia, el sindicato ha sido contumaz en la expresión de su
solidaridad, siempre concomitante con los ciclos y hechos de la historia nacional.
Una solidaridad, tal vez invisible en muchos casos, que trasciende los aquí
enumerados, un halo de lealtad y apoyo para y por el bienestar de esta Patria que
nos involucra a todos y a todas.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
62
V. CODICIONANTE TRES.
Lucha y reivindicación
149. En la década del sesenta, la organización libró un movimiento de presión contra el
sector empresarial, que había presentado ante la Asamblea Legislativa un proyecto
para derogar la Ley del Aguinaldo, instaurada en 1959 en el gobierno Echandi
Jiménez.
150. Más adelante, hará acciones para derogar
artículos del Código Penal que
establecían como delitos los movimientos de paro y huelga en los servicios
públicos.
151. Impulsó en 1971, la huelga rotativa, que consistió en llamar al movimiento a
diferentes dependencias, a una por día, y valorar si la base responde a la nueva
modalidad de huelga.
152. Denuncias por el uso de vehículos en las jerarquías políticas, o compra de autos
Mercedes Benz con presuntos fondos para el ajuste salarial de los servidores
públicos.
153. Promovió la organización la integración de todos los funcionarios al régimen de
Servicio Civil, la reivindicación “por los pasos perdidos“, para citar solo algunos
ejemplos de sus luchas emblemáticas.
154. En ese contexto, las demandas de la dirigencia, tuvieron un hilo conductor basadas
fundamentalmente en dos problemas sentidos, costo de vida y política salarial; en
especial la demanda es reiterada en los primeros cinco años, matizadas con
planteamientos de índole social (casas-cuna, jardines infantiles); o la estabilidad
laboral para eventuales “trabajadores cesantes”; o diferentes expresiones sobre
“sistemas jubilatorios”
155. La demanda política, o aquella que trasciende lo reivindicativo, también formó
parte de la agenda del sindicato a lo largo del decenio, en particular las reformas al
Código Penal; o aquellas de carácter extraordinario y nuevas en el entorno de la
organización como el apoyo al comercio con los países socialistas; el tema de
coyuntura como el proyecto de “comunidad centroamericana”; la militarización del
istmo centroamericano; temas atípicos a los que se suman la petición de reforma
constitucional para la obligatoriedad de la enseñanza primaria hasta los 9 años.
156. Otros temas como la negociación colectiva o la instrumentalización
de los
conflictos colectivos de carácter económico social”; las asambleas plebiscitarias; o
bien, expresiones tímidas sobre “libertad sindical” fueron también incorporadas
paulatinamente por la organización en la medida en que sus dirigentes recibían
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
63
cursos sindicales que les hacía comprometerse en la lucha política, la solidaridad y
la conciencia de clase, producto de la llegada de “cuadros“ sindicales vinculados a
las diferentes expresiones de la izquierda costarricense.
157. Es notable también, la ANEP no fue a movimientos de presión como la huelga y la
movilización en las calles de la capital. Fue un sindicalismo de demanda, pero
siempre abierto a la negociación en Casa Presidencial, o ministerios de interés.
158. Valorando la agenda de lucha y reivindicativa, en la década de los 80, son
destacables los siguientes ejes.
158.a. La constancia de temas ya consustanciales a la organización, salarios y costo
de vida. En la estrategia de desarrollo del sindicato, estos condicionantes
permitieron avanzar en alianza y frentes sindicales en la coyuntura como fue
frecuente en la movilización impulsada por la central de la cual la ANEP fue
adherente. Estas luchas, como se sabe, son sentidas por los afiliados, que de alguna
manera dan credibilidad, sintonía y posicionamiento a sus agremiados.
A las demandas de sobrevivencia, suman otras como el tema de pensiones, despidos,
congelamiento de plazas, estabilidad laboral, refinanciamiento de programas
sociales, presupuestos para los centros de atención infantil; así como la oposición al
despido a la mujer en estado de embarazo.
Se suman a la lista otras líneas encuadradas en la demanda de seguridad social como
la privatización, el tema del sida en los centros penales, problemática aduanera, el
riesgo policial entre otros. La huelga penitenciaria es referente de ese contexto.
Es observable, en esos años, el traslape de luchas, en posiciones oscilantes, entre la
demanda coyuntural y aquella de carácter estructural o política.
158.b. Rompimiento hacia la lucha o la demanda política. Asuntos como la
derogatoria de los artículos 333 y 334 del Código Penal, la reforma tributaria,
convenciones colectivas, solidaridad militante, el Sector de Economía Laboral
(SEL), o imposiciones de la banca acreedora, fueron frecuentes en la primera mitad
de ese lustro.
Adicionan a este conjunto, acciones por la paz en Centroamérica, el repudio a la
intervención estadounidense en el área y la solidaridad con la emergente
Revolución Sandinista.
158.c. Mediatización del CPT en la propuesta reivindicativa. En la segunda parte del
decenio, el sindicalismo en su conjunto ingresó a un proyecto unitario como fue el
CPT, que intermedia en la demanda primaria y política en la coyuntura. Las
organizaciones como entes separados pierden protagonismo relativo, para dar
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
64
espacio a papeles de interlocución de las centrales sindicales y la suma de estas en
el Consejo, realidad que se extenderá hasta la primera parte de la década del 90. Con
el CPT, en el escenario político, las demandas político-estructurales fueron
frecuentes, sin dejar de lado aquellas de coyuntura, con la dicotomía preciossalarios. Con el Consejo, la expresión unitaria y lo frentes sindicales sectoriales
serán más frecuentes.
159. En la década de los 90, el sindicato tuvo dos importantes acontecimientos en su
organicidad. La autonomía funcional al desmarcarse del tutelaje político del partido
(PVP) la salida de la CUT, en 1992. El primero incidental, el segundo políticamente
resuelto. En la apertura de ese decenio la organización abogó por un nuevo
sindicalismo, marcando diferencia -en su óptica-, con los viejos andamiajes del
sindicalismo tradicional.
160. La ANEP llega con nuevas miras, buscando espacios que rompen esquemas
tradicionales y tratando de consolidar y rescatar una figura sindical, ya bosquejada
en la segunda mitad de los setenta. Espíritu revolucionario, solidario, clasista y
combativo; y, señalando las falencias de un sistema político y social excluyente.
161. La ANEP de los noventa, en su visión política e ideológica, mantuvo en su agenda y
estandartes de lucha, principios y visiones de ascendencia partidaria, que ya en la
coyuntura, este era apenas testimonial. Sus principales cuadros dirigenciales, parte
del grupo promocional, y el soporte técnico y jurídico fueron parte de ese contexto;
situación que marcó diferencia, con el resto de las organizaciones sindicales en su
periferia.
162. En el resumen de sus luchas, priva un interés por la demanda política, aquellas
acciones que podrían fracturar el sistema. Grandes temas como concertación,
privatización, PAE III, convenciones colectivas, ajuste estructural, Ley de
Democratización, Ley de Empleo Público, INTEL, INCOP, Ley de Protección al
Trabajador, para citar sólo algunos eventos, fueron ejes y propuestas integradas a la
organización de masas. Muchos de estas combatidas, otras negociadas, la mayoría
excluidas de la agenda de gobierno por la presión sindical. La huelga en el
Ministerio de Salud fue un hito referencial.
163. Estas luchas las fraguó la organización desde su trinchera, otras desde la integración
federativa, o desde frentes unitarios, tema recurrente del sindicalismo en acción que
sumó en ocasiones al pequeño sindicato institucional.
164. Acciones que dieron experiencia y acervo para lucha mayores en su integralidad e
impacto: revisión técnica vehicular, Movimiento Cívico Nacional, combo del ICE, y
por el NO al TLC, entre otras expresiones.
165. En movimiento pendular, el sindicato alternará demandas por salarios (reajustes,
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
65
pluses, homologación, retribución, equiparamiento), acciones sobre el tema costo de
vida, y prolíficas en el tema de la seguridad social.
166. La alianza estratégica
con sectores diversos en las grandes luchas de frontera
nacional de incidencia coyuntural, dejó caldo de cultivo que el sindicato supo
dinamizar.
167. En los años que van del milenio, ha venido exponiendo inclinación ostensible hacia
demandas de carácter político-estructural, como hilo conductor y norte de sus
luchas. Estas acciones, resumidas en las acciones del Movimiento Cívico Nacional,
el combo del ICE, y el TLC, alternan con luchas de carácter institucional,
ofreciendo una atomización en la escena.
168. En este mapa de reivindicación, de enfrentamiento al influjo neoliberal, sobresalen
aquellas acciones que anuncian la necesidad de luchar por el trabajo, la dignidad
del salario, y el respeto por los derechos adquiridos, una defensa del Estado Social
de Derecho. Temas como privatización, convenciones colectivas, pensiones, son
frecuentes en muchas de las instituciones, incluso ajenas al accionar del
sindicalismo tradicional en el sector.
169. Los grandes “territorios” antes incidentales en el sindicato: Salud, MAG, Hacienda,
MOPT, dieron paso a cantidad de nuevas ofertas que revitalizan y reinventan el
quehacer sindical. Pareciera que los pequeños sindicatos, fragmentarios, construyen
su acción sindical y reivindicativa, recurriendo a “hermanos mayores” y
experimentados. Esta suerte de juego bipolar, refleja también formas de resistencia
política a su sostenibilidad y sobrevivencia, ahora con nuevos experimentos de
lucha y reivindicación. Denota además la desaparición o inanición de
organizaciones institucionales, que ante el fuerte oleaje neoliberal han sucumbido o
son entes testimoniales.
170. La ANEP ha logrado articular un trabajo sindical de nuevo fuelle, con
organizaciones recién llegadas con sus particularidades y escenarios cambiantes. Ha
logrado promover nuevas convergencias. Por una parte, las grandes luchas, de
calado e impacto nacional, compartiendo agendas con organizaciones amigas y de
largo peregrinaje; con organizaciones de nuevo tipo que en sus propios protocolos
no vislumbraron hasta donde podrían llegar. La experiencia con la ANEP les creo
certidumbre.
171. En la década de los ochentas, fue política y estrategia de los gobiernos, impulsar la
creación de pequeños sindicatos, fraccionados y dispersos, con el objetivo claro de
dividir al movimiento sindical. Crear muchos focos de negociación para
desmarcarse de las organizaciones de incidencia nacional. Hoy el proceso se
revierte. Entre estos dos polos, en apariencia distantes, existe terreno para tejer una
trama de desarrollo organizacional, sindical y político.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
66
172. Sobre el tema de los condicionantes que hemos sintetizado en este documento,
explica cómo la experiencia histórica de la organización en sus cinco lustros de
existencia, expresó vocación y actitud política para construir los grandes temas
recurrentes del sindicalismo nacional. Pero que en el caso que nos ocupa, el espíritu
unitario, la solidaridad, la lucha y el compromiso, son ejes consustanciales a la
organización en sus diferentes etapas, expuestos con mayor o menor intensidad,
conforme la coyuntura y el devenir histórico lo permitieran.
173. De la sencillez y precariedad del sindicato en los años sesenta, a la sofisticación y
modernidad del nuevo milenio, expresaron en sus propios códigos y lenguajes,
acciones sindicales que, como ciclo de vida, trascendieron coyunturas difíciles:
represión, intervención, silencios inducidos, egoísmos, avaricias, violencia
institucional, descalificación…
174. Sin embargo, hoy la ANEP continua robusta y campante, desafiando utopías y
sueños.
TEMA 2: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COSTA
RICA INCLUSIVA Y SOLIDARIA.
I. INTRODUCCIÓN.
175. El presente documento pretende abordar una de las cuatro líneas de discusión en el
marco del IX Congreso de ANEP: “Hacia la construcción de una Costa Rica
Inclusiva y Solidaria”. Este documento se complementa con los otros desarrollados
sobre la visión de desarrollo histórico del sindicalismo en Costa Rica; el
Sindicalismo Ciudadano; y la autogestión sindical a partir de la Economía Social.
La integración de estas líneas de trabajo abarca las grandes preocupaciones y
necesidades de la ANEP de cara a las futuras décadas de trabajo.
176. En el presente documento procuramos hacer un análisis de las preocupaciones
fundamentales desde la perspectiva sindical y laboral de las personas trabajadoras; y
desde ahí identificar cuáles son las propuestas alternativas necesarias para enfrentar
esas preocupaciones, en el marco de una visión de país inclusivo y solidario, que
deberá ser construida a partir de una nueva práctica sindical y política.
177. Partimos de un capítulo introductorio que pretende sistematizar lo que hemos
identificado como las preocupaciones más cercanas e inmediatas de las personas
trabajadoras afiliadas a la ANEP. En un segundo capítulo, procuramos hacer un
diagnóstico que nos demuestra no sólo la vinculación directa del modelo neoliberal
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
67
con nuestras preocupaciones inmediatas; sino que, además, demuestra que ese
modelo se encuentra agotado y que ha producido terribles consecuencias para
nuestro país, las cuales serán agravadas en el futuro si permitimos su consolidación.
178. Este análisis parte de un objetivo estratégico, que es la construcción de una Costa
Rica inclusiva y solidaria, en la que quepan todas las personas con dignidad; y que
sirva de marco de referencia para enfrentar los problemas concretos de las personas
trabajadoras. Este objetivo estratégico requiere, al menos, que reflexionemos sobre
tres elementos fundamentales:
LA PROPUESTA: ¿Cuál es nuestra propuesta alternativa al modelo neoliberal?
Esta propuesta deberá tener un énfasis práctico a partir de las necesidades y
preocupaciones de las personas trabajadoras.
EL SUJETO POLÍTICO: ¿Quiénes son las personas llamadas a construir e impulsar
esta propuesta alternativa?
LA REARTICULACIÓN POLÍTICA: ¿Cómo se construye esa propuesta alternativa
y cuáles son las prácticas políticas que nos pueden permitir hacerla realidad?
Estos tres aspectos fundamentales son los que se abordan en los siguientes capítulos del
presente documento.
II. PROBLEMAS Y NECESIDADES INMEDIATAS DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS.
179. Nuestro análisis parte de las necesidades concretas e inmediatas de las personas
trabajadoras en su ámbito laboral. No obstante, es claro que los intereses
económicos y sociales de toda persona trabajadora, no sólo se expresa en su
relación laboral, sino que la trasciende, por lo que para responder a sus intereses es
imposible para la ANEP limitar su marco de acción, su análisis y su propuesta al
ámbito exclusivamente laboral.
180. De igual forma, estas necesidades concretas e inmediatas, aún cuando se expresan
en el ámbito laboral, tienen causas que en la gran mayoría de los casos trascienden
las relaciones laborales en la empresa o institución. De esta forma, la única forma
de abordar y enfrentar estas necesidades y problemas, requiere estrategias sindicales
que abarcan pero trascienden la esfera exclusivamente laboral. Sólo en la medida
en que seamos una organización exitosa incidiendo en las causas de tales
problemas, podremos, eficazmente, hacer frente a nuestra función sindical.
181. A partir de la observación, el análisis y el trabajo desarrollado por muchas
compañeras y compañeros de la organización, es posible sistematizar los problemas
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
68
y necesidades inmediatas y fundamentales de las personas trabajadoras afiliadas a la
ANEP en 7 áreas o ejes básicos:
Necesidades y
problemas
inmediatos
1.
Recuperación del
poder adquisitivo (y
reducción de la
desigualdad)
2.
Tutela efectiva de
derechos
Síntesis y justificación
Costa Rica es hoy día el país centroamericano que más rápidamente está
concentrando la riqueza en menos personas. Paralelamente, desde mediados de los
80, hemos tenido un estancamiento en los salarios, con pocos y escasos momentos
de crecimiento. No obstante, dicho crecimiento, cuando se ha producido,
normalmente se produce luego de haber sufrido un período inflacionario
importante. En una economía que ha sostenido un proceso de aumento de precios
de los bienes y servicios fundamentales para las personas trabajadoras, hace que el
deterioro en el poder adquisitivo sea, tal vez, la preocupación número uno de la
clase trabajadora. Esta política de contención o deterioro de los salarios reales, es
fruto de una diversidad de factores, pero está íntimamente ligada al ajuste
macroeconómico al que ha sido sometido el sector público costarricense, por una
parte; y, por otra, a las consecuencias de un modelo productivo que apuesta a la
disminución de los costos de producción, incluidos los salariales, para poder
competir y en muchos casos para poder subsistir. De esta forma es fundamental
la recuperación del poder adquisitivo, garantizar el acceso de todas las personas a
la canasta básica y el desarrollo de una política salarial que permita una vida digna
y la disminución de la desigualdad social.
Costa Rica ha avanzado durante más de 60 años en la declaración de derechos
fundamentales para las personas trabajadoras, en general, y para grupos
particularmente vulnerables o discriminados. No obstante, la violación sistemática
de esa diversidad de derechos es una constante. La tutela de la libertad sindical, la
negociación colectiva y la huelga, como instrumentos para defender y mejorar las
condiciones de vida de las personas trabajadoras, es una necesidad de primer
orden. Adicionalmente, el derecho a una jornada máxima, al salario mínimo, a la
seguridad social, a la justicia pronta y cumplida, a la protección del embarazo, a la
protección de la familia, y un largo etcétera, son derechos que cada vez más
encontramos en el papel pero no en nuestra vida. Solo mediante el fortalecimiento
de mecanismos e instrumentos de control y sanción, pero también de fomento y
estímulo para el cumplimiento de estos derechos, podremos lograr decididamente
hacia su protección real. Esto, sin embargo, en muchos casos no basta, ya que
muchos de los derechos fundamentales, de las mujeres, de las personas con
discapacidad, de las personas con diversa orientación sexual, de las personas
migrantes, o de diferentes etnias, o bien de las personas que se organizan
sindicalmente, son violados impunemente con la complacencia y aceptación de la
sociedad costarricense en su conjunto.
Así, sumados a los instrumentos y
mecanismos antes mencionados, sólo podremos tutelar muchos de estos derechos
en la medida en que la sociedad como un todo reconozca esos derechos, y a la vez
asuma una posición autocrítica ante la aceptación social de su sistemática
violación.
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
Necesidades y
problemas
inmediatos
3.
La salud
ocupacional
4.
Estabilidad y
combate a la
precarización del
empleo
5.
Creación de
oportunidades de
trabajo decente
69
Síntesis y justificación
Las condiciones de salud ocupacional en las que se desarrolla el trabajo en Costa
Rica, son una de las causas fundamentales de las graves consecuencias de
siniestralidad laboral y del deterioro de la calidad de vida de las personas
trabajadoras y de sus familias.
A las graves condiciones laborales de trabajos
peligrosos e insalubres, como los existentes en el sector municipal, en el sector
agropecuario, o en la Fuerza Pública, se suma el impacto de las nuevas tecnologías
y procesos de trabajo en los sectores técnicos y profesionales, así como el acoso
sexual y el acoso laboral. La ausencia de políticas empresariales e institucionales
para enfrentar este grave problema, se ve agravado con la carencia o limitación de
recursos, instrumentos y herramientas adecuadas para el trabajo. El bienestar de
las personas trabajadoras no se podrá alcanzar jamás, en la medida en que la salud
ocupacional no sea abordada como una necesidad
y una preocupación
fundamental.
Nuestro país se encuentra en un claro proceso de precarización del empleo y de
eliminación de la estabilidad laboral. En el sector Público, desde hace más de
veinte años, se desarrollan procesos reiterados de reestructuración institucional, de
cierre de instituciones y programas, así como de privatización o subcontratación de
servicios públicos, que no sólo ha afectado la eficacia del sector Público, sino que
ha deteriorado y continúa amenazando la existencia misma del empleo público y
las condiciones en las que dicho empleo se desarrolla. Por su parte, en el sector
Privado la mitad de todos los trabajos que se crean nacen en el sector informal, y
los empleos formales se ven sometidos a un proceso de competencia feroz que les
hace desaparecer del país, o bien, les hace precarizarse mediante la violación
sistemática de derechos, o bien, mediante su transformación en trabajos informales.
El desarrollo de instrumentos y mecanismos que permitan proteger la estabilidad
en el empleo, y mejorar su calidad, representa una necesidad fundamental tanto en
el sector Público como en el Privado.
Sumado al proceso de inestabilidad laboral y precarización del empleo, el
desempleo abierto y el subempleo, así como el crecimiento de la informalidad y el
deterioro de la calidad del empleo y del trabajo, amenazan claramente a las
personas trabajadoras, fundamentalmente a las nuevas generaciones y a las
estrategias desarrolladas por las familias para garantizar una vida digna y
deseablemente un proceso de movilidad social ascendente.
En ese marco, la
ausencia de políticas y apoyo fundamental para la generación de trabajo decente,
sea este asalariado o no asalariado, hace que los impactos del modelo neoliberal
sean aún más graves. Si no garantizamos el desarrollo de una verdadera política
de fomento de una producción social, laboral y ambientalmente limpia, no
podremos garantizar el bienestar de nuestras familias ni de nuestros hijos e hijas.
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
Necesidades y
problemas
inmediatos
6.
Mejora de la calidad
y oportunidad de los
servicios públicos
7.
Especificidades
institucionales y
sectoriales
70
Síntesis y justificación
Costa Rica había apostado desde hace muchas décadas, al desarrollo de una serie
de servicios públicos estratégicos para garantizar el bienestar de las personas que
habitan este país. Así, la seguridad social y la promoción de la salud, la educación
pública, el acceso a una vivienda digna, al agua potable, a la energía eléctrica y a
las telecomunicaciones, al crédito y en general a los seguros, representaron, entre
otros, servicios públicos que facilitaron y promovieron la movilidad social
ascendente de la población costarricense. No obstante, y a pesar de que estos
servicios siguen siendo fundamentales y estratégicos, más de veinticinco años de
políticas neoliberales han impactado negativamente la oportunidad y la calidad de
estos servicios, deteriorando las instituciones y estigmatizando a las personas que
laboran en el sector Público. El fortalecimiento institucional, la reivindicación y
dignificación del servicio público, y la incorporación de nuevos paradigmas como
oportunidad, la calidad, la eficiencia, el enfoque de derechos ciudadanos y una
nueva conceptualización de la asistencia y la promoción social, son
imprescindibles para garantizar un empleo público digno, así como servicios
públicos que respondan realmente a las necesidades de la población.
Finalmente, a los anteriores ejes transversales se deben sumar las necesidades y
problemas específicos de las diversas instituciones y sectores institucionales y
productivos.
De esta forma, es un proceso constante la identificación y
elaboración de estrategias para enfrentar los diversos problemas del sector Público
y del sector Privado, del trabajo asalariado y no asalariado, del trabajo remunerado
y del trabajo no remunerado (como el desarrollado en las labores de trabajo
reproductivo y doméstico familiar).
Así, el proceso de identificación de
necesidades fundamentales requiere de procesos constantes y adecuados para su
identificación y solución.
182. Ahora bien, la magnitud de estos problemas, necesidades y desafíos, deja
absolutamente claro que su abordaje es imposible dentro de un modelo neoliberal; y
que, además, su solución debe entenderse en distintos planos, tanto temporales
(corto, mediano y largo plazo), como en los distintos niveles de abordaje (la
autogestión sindical, la negociación colectiva, el plano institucional, y la incidencia
nacional). En todos los casos, es necesario desarrollar una estrategia que abarque
los diversos niveles y que asuma un proceso desarrollado en el tiempo, desde lo
inmediato hasta el largo plazo.
183. Así el abordaje requiere construir una matriz como la siguiente, en el marco de una
visión estratégica de país:
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
71
Organización del trabajo político-gremial para encuadrar en términos de discurso y de práctica, el trabajo de la
ANEP en general, y en sectores e instituciones en particular,
en el corto, mediano y largo plazo:
Se trata de
Autogestión
Negociación
Incidencia
Incidencia
promover:
sindical
colectiva
institucional
nacional
Recuperación del
poder adquisitivo
(y reducción de la
desigualdad)
Tutela efectiva de
derechos
Salud Ocupacional
ANEP
sectores e
instituciones
Estabilidad y
combate a la
precarización del
empleo
Creación de
oportunidades de
trabajo decente
Mejora de la
calidad y
oportunidad de los
servicios públicos
Especificidades
institucionales y
sectoriales
184. Esto, por supuesto, será un trabajo de todos y de todas, a partir de un diagnóstico
compartido, de una gran claridad del país que queremos, y de una gran claridad en
las prácticas sindicales, organizativas y políticas que se requieren para lograr los
objetivos propuestos.
III. ¿DÓNDE ESTAMOS?: COSTA RICA ENTRE DOS VISIONES DE PAÍS.
185. Costa Rica se debate hoy entre dos visiones diversas y contradictorias de país.
¿Cuáles han sido las consecuencias del modelo seguido por Costa Rica en las
últimas décadas, cuál es la economía política producto de ese modelo y como
reaccionan los distintos actores de cara a las presentes disyuntivas?
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
72
Consenso de Washington, reformas y resultados alcanzados
186. Cuando el modelo de sustitución de importaciones se agotó el país comenzó
gradualmente a promover alternativas a la luz del denominado Consenso de
Washington283, seguido con mayor o menor grado por todos los países de
Latinoamérica. Este modelo puede esquematizarse así:
186.a. La estabilidad macroeconómica es el paso número uno de cualquier
economía. Los países debían centrar su política económica en lograr esa estabilidad,
aunque eso implique no poder lograr un crecimiento económico y, mucho menos,
una adecuada distribución de la riqueza. Primero se estabiliza, luego se crece y
finalmente se distribuye la riqueza (teoría del derrame o del goteo). En nuestro país
la política del ajuste estructural no permitió un crecimiento económico sostenido,
mucho menos una justa distribución de la riqueza, y ni siquiera consiguió la
estabilidad macroeconómica anhelada, lo que es fácilmente constatable al observar
el comportamiento de los déficits de balanza comercial, de la balanza de pagos y el
fiscal, así como el de la inflación.
186.b. Se limita el papel del Estado a entidad rectora - contralora, trasladando su
intervención como actor económico y prestador de servicios al sector Privado; y se
limita su intervención en la economía ya que se considera que esto produce una
distorsión que debe ser eliminada para que actúen libremente las fuerzas del
mercado.
186.c. El modelo productivo se basa exclusivamente en tres pilares: la promoción de
las exportaciones no tradicionales, la apertura comercial y la atracción de inversión
extranjera. Costa Rica siguió ese modelo, en lo que podemos ejemplarizar como
una “avioneta bimotor con sólo uno funcionando”. La estrategia del ajuste se
sustentó en un “solo motor de crecimiento”, el de las exportaciones no tradicionales.
Esto ha creado una dualidad en el sector productivo nacional, entre los sectores
vinculados al mercado mundial frente a los sectores productivos orientados hacia el
mercado nacional.
187. Costa Rica, al igual que el resto de Latinoamérica, siguió este modelo; de la mano,
primero de los Programas de Ajuste Estructural, y posteriormente de los Tratados de
Libre Comercio, pero con una estrategia de reformas paulatinas y no de “shock”
como sí lo hicieron otros países de Latinoamérica. Si bien el proceso fue menos
traumático, es claro que nos hemos ido acercando, paulatinamente, a la aplicación
283
El Consenso de Washington se promulgó en la década de los ochenta y es el resultado del trabajo de un grupo de
economistas nombrados por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en el que se “acordó” cuáles
deberían ser las políticas públicas, sobre todo en el ámbito económico y con relación al “nuevo” papel del Estado, que todos
los países del tercer mundo, incluidos los latinoamericanos deberían ejecutar. El resultado del Consenso de Washington se
ha aplicado en toda Latinoamérica, incluyendo a Costa Rica, por medio de los programas de ajuste estructural y otros
mecanismos, incluyendo los préstamos otorgados por medio de entidades financieras internacionales (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Interamericana para el Desarrollo, etc.).
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
73
plena de ese Consenso de Washington, y por lo tanto, hemos empezado a pagar una
factura social, ambiental y productiva enorme, tal y como lo han tenido que hacer
los otros países latinoamericanos.
188. El acumulado de reformas paulatinas desarrolladas durante los últimos 25 años, se
puede evaluar a partir de sus resultados en la distribución y la redistribución de la
riqueza284. Podemos constatar que el resultado de estas reformas ha producido:
 un claro proceso de crecimiento de la concentración de riqueza y desigualdad, así




como de la pobreza285,
un deterioro de las políticas públicas (productivas y sociales),
una creciente exclusión socio-productiva,
el crecimiento acelerado del sector informal286,
y una relativa inestabilidad macroeconómica (déficit comercial, déficit fiscal, tasa
inflacionaria, etc.).
189. Existe una clara contradicción entre las políticas económicas concentradoras y
excluyentes y las políticas sociales que pretenden la inclusión social y la
redistribución de la riqueza. Éstas han perdido efectividad por la falta de
coherencia entre unas y otras, de manera que la política social no ha podido
resucitar a los muertos producidos por la política económica. La ausencia de una
política de empleo en los últimos 20 años, incluida la presente administración no es
sino una muestra de esta contradicción.
190. En la segunda mitad del siglo XX, el bienestar social costarricense fue mayor que el
esperado en función del desarrollo económico del país. Una de las causas
principales del bienestar alcanzado fue la inversión social, la cual además de
integración y movilidad social, contribuyó a crear las condiciones necesarias para el
desarrollo económico y la convivencia pacífica de los distintos grupos.
191. Estos logros colocaron a la política social costarricense en el centro de los niveles
de integración social, movilidad, y redistribución de oportunidades alcanzados por
el país. Al mismo tiempo, estos logros no hubieran sido posibles ni sostenibles en el
tiempo, sin una razonable distribución de los ingresos, complementaria a la política
social.
192. Actualmente, la sociedad costarricense enfrenta viejos y nuevos problemas sociales
En toda economía existe una “primera ronda” de distribución de la riqueza que puede ser más o menos incluyente, o más o
menos concentradora de la riqueza. Complementariamente, existe una “segunda ronda” de redistribución de la riqueza que
normalmente se desarrolla por medio de políticas e instituciones públicas, que destinan los ingresos tributarios y
contributivos, hacia políticas de desarrollo, inclusión social y productivas (políticas universales), así como de atención de
colectivos especialmente perjudicados (políticas focalizadas).
285 Proyecto Estado de la Nación, Decimosegundo Informe, págs. 107 y ss.
286 Trejos Solórzano, Juan Diego. Evolución de la Estructura de la Fuerza de Trabajo en Costa Rica. Con base en las encuestas
de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2003.
284
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
74
que se reflejan, por ejemplo, en antagonismos sociales emergentes, importantes y
permanentes niveles de pobreza, y mayores y distintas formas de segmentación
social.
193. A tales efectos, la política social costarricense enfrenta hoy dos grandes desafíos:
lograr la calidad y oportunidad de los programas sociales, así como la promoción y
protección efectiva de los derechos de la población en general, de grupos
específicos, y de las personas trabajadoras. Para ello, desde la política social deben
resolverse, al menos, los siguientes problemas:
193.a. La segmentación de los servicios universales, por la “salida” de los sectores
medios de los servicios públicos: Cada vez más la población que usa los programas
sociales es aquella que no tiene poder adquisitivo para recurrir a servicios privados.
La salida de los sectores medios de los servicios públicos amenaza la calidad y la
sostenibilidad financiera de los programas. En primer lugar, su salida amenaza la
calidad porque estos sectores tienen “voz” para hacer oír sus quejas y demandas, y
con ello, ejercen control de calidad para el resto de la población. En segundo lugar,
su salida de los servicios públicos amenaza su sostenibilidad financiera: ¿por cuánto
tiempo estarán estos sectores dispuestos a pagar “dos veces” los servicios sociales,
una por vía impositiva y otra de su bolsillo? El gran reto es que las personas usen los
servicios públicos por elección, y no por falta de ingresos para recurrir al sector
privado. En particular, es necesario mantener y atraer a los sectores medios como
usuarios activos de estos servicios.
193.b. La dispersión institucional y falta de integralidad de las acciones de combate a
la pobreza y vulnerabilidad social: el país cuenta con recursos económicos y un
poderoso andamiaje institucional para llevar a cabo acciones de combate a la
pobreza y atención de la vulnerabilidad. Sin embargo, desde 1994 la población
pobre alcanza a un quinto de la población y no ha logrado disminuir
significativamente desde entonces. Además de no resolver los problemas de pobreza
según ingresos, existe una enorme debilidad en atender la pobreza a otras
condiciones de vulnerabilidad. El gran reto es repensar los programas de combate a
la pobreza, mejorando su diseño, planificación, evaluación y rendición de cuentas,
así como separando estos programas del clientelismo político.
193.c. El debilitamiento del financiamiento e inversión social debido, entre otras
razones, a la precarización del empleo: La mayor parte de la política social se
financia con impuestos a y con contribuciones relacionadas con el salario. Por ello,
por cada empleo precarizado, el Estado recauda menos recursos destinados a
financiar la seguridad social, la educación y la capacitación, los programas de
asistencia y promoción social, entre otros. Esta precarización puede producirse
cuando el Estado subcontrata a privados para la prestación de servicios, en general
llamada terciarización, o bien por el proceso mismo de informalización de las
relaciones laborales, tanto en el sector Público como en el sector Privado.
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75
Complementariamente, las medidas de contención del gasto público como
mecanismo para enfrentar el déficit fiscal y la deuda interna, implican también una
reducción del financiamiento en general, y de la inversión en particular, de los
programas sociales. El gran reto es fortalecer el financiamiento mediante
mecanismos que evitan la evasión, subdeclaración y morosidad impositiva y
contributiva, así como eliminar los límites de inversión social existentes.
193.d. La debilidad en el monitoreo y la evaluación de la política social, incluyendo
mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, así como el
mejoramiento de los mecanismos de promoción y tutela efectiva de derechos. En
primer lugar, los programas sociales tienen serios problemas de diseño y de
adecuación a los problemas que buscan resolver. Entre otras cosas, se trata de
acciones altamente compartimentados, tanto al interior de la política social, como
entre ésta, y la política económica. En segundo lugar, la falta de mecanismos claros
y públicos de monitoreo y evaluación genera falta de rendición de cuentas y
transparencia de la gestión pública. Sin estos mecanismos, la participación
ciudadana no es posible, dado que se carece de criterios para acompañarla y
evaluarla, y por lo tanto, de mecanismos correctivos para mejorar la calidad y
oportunidad de los servicios y derechos. Finalmente, se refuerza la concepción de
las personas como simples beneficiarias y no sujetos activos de derecho. El gran reto
es instaurar mecanismos apropiados de monitoreo, evaluación y rendición de
cuentas, que combinen apropiadamente componentes técnicos y participación
ciudadana.
194. Aunado a todos estos efectos, el panorama político ha cambiado y se ha vuelto
incapaz de representar los intereses de las grandes mayorías.
195. Políticamente nuestro estilo de desarrollo ha sido unicéntrico, lo cual se ejemplifica
en una estructura urbana segregada y marginal, concentrada en el centro del país; la
existencia de zonas periféricas sin desarrollo propio, abastecedoras de las zonas
centrales, es decir, desarrolladas en función del centro del país; la existencia de
problemas ambientales, derivados del crecimiento sin planificación y del carácter
extractivista del modelo de desarrollo, el cual ha producido contaminación urbana,
agotamiento de recursos en el Valle Central, y presión sobre los recursos de las
zonas periféricas; y, la concentración de riqueza y polarización social.
196. Con relación al Estado y su institucionalidad, es posible afirmar que estamos ante
un Estado centralizado y una institucionalidad deteriorada, lo cual se puede
ejemplificar con la centralización estatal, y el papel secundario de las
municipalidades; la concentración estatal máxima, reflejada en procesos verticales
de toma de decisiones en todos los niveles; los órganos regionales y locales carecen
de poder de decisión; y una institucionalidad desprestigiada que muestra graves
problemas de ineficiencia, deterioro de los servicios, y corrupción en todos los
niveles; y, la desvalorización de la función pública y de las personas que
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desempeñan dichas funciones, quienes enfrentan además inestabilidad laboral y
emocional, son culpados por el deterioro de los servicios, y percibidos socialmente
como mediocres.
197. Con relación al sistema democrático, es posible afirmar que se limita a ser un
sistema formal que muestra síntomas de creciente descontento de la ciudadanía; por
ejemplo, el abstencionismo electoral, la desconfianza hacia la clase política y la
representatividad institucional. Gran parte de la ciudadanía opina que la clase
política perdió sus objetivos de país y su capacidad de negociación por el bien
común, y que frente a las grandes decisiones ignora y es impermeable a la opinión
del conjunto de la sociedad. Aunado a ello, la crisis en la hegemonía de la
representatividad partidaria conduce a un desencanto hacia los partidos políticos
tradicionales. Por una parte, los partidos de izquierda sufrieron un duro golpe por
razones internas y externas, pero además concebían a los movimientos sociales
como eslabones de la cadena de transmisión de las decisiones tomadas
centralmente, lo que generó, particularmente para la ANEP, la imposibilidad de
continuar ligados a estas estructuras partidarias.
198. Los otros partidos tradicionales, PLN y PUSC, básicamente partieron de la
cooptación de los movimientos sociales, a partir del clientelismo o de la
persecución; y, además, al abrazar decididamente la agenda propuesta por el
Consenso de Washington, paulatinamente fueron incapaces de articular los intereses
de clases medias y populares al modelo socioeconómico impulsado por ellos. Por el
contrario, se ha consolidad su vinculación con los sectores ganadores del modelo.
199. Nuestro sistema democrático presenta las siguientes características:
199.a. es de carácter representativo, a partir de la delegación del poder de legislar y
de la toma de decisiones, en los poderes de la República, con una estructura que gira
principalmente en torno a los partidos políticos. En la práctica, esta representación
se ha convertido en un despojo de la participación política;
199.b. dicha representatividad democrático-formal es restringida, dado que se limita
a la elección del presidente, diputados, regidores y síndicos, y gira en torno a
partidos políticos que no poseen ni una base social ni un proyecto país consolidados;
199.c. se ejerce actualmente a través de un régimen presidencialista, dado que el
Presidente ejerce la máxima autoridad de la Nación; teniendo el Poder Ejecutivo el
poder de legislar (iniciativa legal y emisión de decretos), careciéndose de iniciativa
legal ciudadana, voto de censura y de remoción de cargos;
199.d. legitimada formalmente en la división de poderes, y en un sistema formal de
frenos y contrapesos que no permite resolver democráticamente los conflictos;
199.e. alta injerencia partidista de los grupos económicos y de sus medios de
comunicación masiva en los poderes públicos;
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77
199.f. alto grado de deslegitimación, ejemplificado en el desgaste de los partidos
políticos, su pérdida de representatividad, la corrupción, los pactos políticos
visualizados por la población como unipartidistas, y en diversas percepciones
negativas respecto a los partidos y sus líderes, en las encuestas de opinión pública;
y,
199.g. quiebre del bipartidismo tradicional. Se genera la necesidad de un nuevo
estilo de hacer política, incertidumbre sobre la consolidación de los nuevos partidos
y reestructuración de los tradicionales.
200. Nos encontramos, entonces, en un momento decisivo para Costa Rica, en el cual es
posible plantearse alternativas, así como la construcción de un nuevo sujeto
sociopolítico que sea capaz de rearticular esos intereses a partir de nuevas prácticas.
Economía política del modelo de desarrollo: pocos ganadores y muchos perdedores
201. El modelo que se ha aplicado en Costa Rica desde la década de los 80,
embrionariamente a partir del final de la Administración Monge Álvarez y más
decididamente a partir de la primera Administración Arias Sánchez (86-90); ha
logrado que los ganadores sean cada vez menos: los sectores exportadores, sobre
todo las 632 grandes y medianas empresas exportadoras (entre ambas concentran
del 97,7% de las exportaciones nacionales287) y que fundamentalmente están
constituidas por inversionistas extranjeros que han funcionado como enclaves
incluso desde el punto de vista tributario; el sector comercial de los grandes
importadores en tanto ganadores de la apertura comercial y el sector financiero
nacional y transnacional que se ha visto claramente beneficiado con las políticas de
estabilización macroeconómica, sobre todo de la utilización de la deuda pública
como instrumento de política monetaria, así como con el flujo de capitales de los
inversionistas extranjeros.
202. El resto del sector productivo nacional288, que dirige su producción para el mercado
interno, no forma parte del modelo y, por lo tanto, no es destinatario de políticas
públicas y de desarrollo que les permitan su inclusión social y productiva. Por el
contrario, el proceso de apertura comercial les ha generado enormes presiones para
disminuir los costos de producción derivados de los derechos laborales y de las
normas ambientales y sociales que son buena parte de las que permiten una mayor
distribución de la riqueza y un modelo sustentable.
287
288
PROCOMER, Estadísticas de Exportación. 2003.
En Costa Rica existen cerca de 75 mil empresas formales, de las cuales el 97% son micro, pequeña y medianas (F undes
Costa Rica: “Pymes: una oportunidad de desarrollo para Costa Rica”. Geovanny Castillo Artavia y Luis Fernando
Cháves Gómez. 2001; y cerca de 500 mil micronegocios en su gran mayoría informales (Trejos Solórzano. Juan Diego
Políticas activas del mercado de trabajo y esquemas de protección a trabajadores y desempleados en Costa Rica: evolución,
situación actual, propuestas y desafíos. CEPAL. 2008).
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203. Los salarios y los costos derivados de las normas laborales dejan de ser un elemento
dinamizador del mercado interno, para convertirse en obstáculos para la
“competitividad” internacional, por lo que la reacción es claramente la de un
deterioro de los salarios reales289 y el crecimiento del sector informal que absorbe la
mayoría de los nuevos empleos creados en nuestro país (Trejos, 2003)290.
204. La
respuesta dentro del modelo únicamente ha sido la búsqueda de
“encadenamientos productivos291” entre el sector exportador y el resto del aparato
productivo. Sin embargo, este encadenamiento está por debajo del 4%, es decir, las
compras nacionales de bienes y servicios del sector exportador es marginal.292
205. La informalización se convierte en una estrategia para poder subsistir o competir,
ante la ausencia de acompañamiento del Estado mediante políticas públicas de
fomento a la producción; y ante el impacto de un proceso de apertura comercial que
invisibiliza sus costos de producción frente a menores costos de producción
internacionales derivados de subsidios, economías de escala, ayudas internas de los
diferentes países, y salarios absolutos o relativos inferiores a los suyos.
206. Otra estrategia sustantiva de los procesos sociales y productivos de la segunda
mitad del siglo XX, fue la emersión de un fuerte sector de Economía Social, que se
convirtió en instrumento de capitalización del ahorro social y la creación de riqueza,
con un aporte sustantivo a una distribución equitativa de sus productos. El nuevo
milenio encuentra a estos sectores impulsando esfuerzos de integración política,
definiendo alianzas estratégicas y promoviendo proyectos de innovación
tecnológica, internacionalización comercial y desarrollo local, pero enfrentando
graves amenazas producto del modelo neoliberal y de liberalización comercial.
207. Los movimientos sociales de la década pasada y la presente, expresan el malestar
ante ese modelo, que además es particularmente excluyente para las mujeres, así
como para colectivos diversos en razón de su etnia, orientación sexual,
discapacidades físicas, edad, o bien para áreas completas de la producción, como el
sector agrícola tradicional.
208. Por su parte, el Estado se encuentra deteriorado, deslegitimado y con un papel
insuficiente, fruto de 25 años de abandono en la inversión y de las políticas
públicas, a pesar de ser objeto de amplias demandas por parte de la población. Los
salarios, las pensiones y los derechos laborales en el sector Público se
289http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%203
55
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Arias Sánchez, el 45% de los empleos nuevos son
informales en nuestro país.
291 Vínculos productivos entre industrias de distinto tamaño, a partir de las formas de subcontratación presentes y de los
atributos de sus mercados de ventas, de insumos, de capital y laboral.
292 Proyecto Estado de La Nación. Décimo Informe, pág. 160.
290
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79
conceptualizan no como el desarrollo de las garantías sociales y como instrumentos
de distribución de riqueza, sino como disparadores del gasto público y de forma
generalizada se conceptualizan como privilegios intolerables. Desgraciadamente, el
llamado de las organizaciones sindicales a discutir abiertamente sobre privilegios,
pero sobre todos los privilegios, incluidos los del sector empresarial y de los
partidos políticos, fue rápidamente invisibilizado.
209. En este marco, el TLC con los EEUU se presenta como la consolidación y la
perpetuación293 del modelo seguido hasta ahora, y que ha logrado concentrar la
riqueza y aumentar la desigualdad social y la pobreza a niveles que ya son
insostenibles y explosivos para la gobernabilidad democrática. Además, representa
la profundización de este modelo, al limitar las potestades públicas y al romper una
serie de políticas públicas de carácter solidario, que han evitado hasta ahora la
pauperización de la población por medio del salario social, a diferencia de lo
sucedido en otros países del continente: las tarifas subsidiadas en
telecomunicaciones, energía, salud, educación, son ejemplo de políticas
redistributivas que han servido de red de seguridad para amplios sectores de
población.
¿Qué hemos hecho?
210. Ante el crítico rendimiento social y productivo del modelo, sus defensores plantean
la inexistencia de una alternativa. Sin embargo, los indicios nos muestran una época
de regreso del péndulo hacia posiciones no neoliberales.
211. Fruto de los desastrosos impactos sociales y productivos del Consenso de
Washington294, países como Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia,
Ecuador, entre otros, han emprendido la búsqueda de alternativas dentro de un
modelo de economía de mercado, sirviendo de referentes para países como Costa
Rica.
212. Es decir, nuestro país está frente a una disyuntiva fundamental: profundizar el
modelo neoliberal que ya nos mostró su impacto negativo sobre una mayoría de la
población costarricense; ó, por el contrario, buscar alternativas solidarias e
incluyentes dentro de una economía de mercado.
213. Ante el abandono de los partidos políticos de su función sintetizadora de las
diversas aspiraciones y necesidades de amplios sectores socio-productivos, una
diversidad de organizaciones (empresariales, sindicales, cooperativas, campesinas,
profesionales, solidaristas, comunales, estudiantiles, etc.) y personas de diversas
procedencias políticas y profesionales han venido trabajando en propuestas
293
294
El presidente Arias ha señalado en ese sentido que el TLC es más difícil de modificar que los diez mandamientos.
Stiglitz. Joseph E. El malestar en la globalización. 2002
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concretas que ayuden a perfilar ese nuevo derrotero.
214. En ese contexto, ya desde el VIII Congreso de ANEP, celebrado en 1994, se
perfilaron como grandes caminos para la organización, la necesidad de generar
independencia y autonomía frente a los partidos políticos; generar pensamiento
propio; desarrollar una participación activa en la discusión de los grandes
problemas nacionales; y dar el paso de expandirse a las personas trabajadoras del
sector privado.
215. ANEP ha participado en la conformación de esfuerzos diversos en esa dirección.
Así, para las elecciones del 2002 se construyó una plataforma de aspiraciones frente
al nuevo gobierno, denominada “Agenda de los 15 puntos” que fue construida con
la participación de organizaciones ecologistas, sindicales, y campesinas.
216. Con posterioridad, en agosto del 2003, con participación de la ANEP se lanzó a la
opinión pública la propuesta denominada “Costa Rica: Hacia la Tercera República
frente a los desafíos Nacionales del Siglo XXI”, construida además con la
participación de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), el
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), la Confederación de
Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Mesa Nacional Campesina (MNC), el
Colegio de Ingenieros Agrónomos, y por un breve período, por el Movimiento
Solidarista Costarricense.
217. En agosto del 2005, un conjunto amplio de personas diversas y de organizaciones
como la ANEP, ASDEICE, CONACOOP, UPANACIONAL, CONADECO y la
Federación de Estudiantes del ITCR, suscribieron la propuesta denominada
“Aportes para una Costa Rica Inclusiva y Solidaria (CRISOL)”295 que representa
una continuación y una profundización de los esfuerzos anteriores.
218. Estas propuestas no pretenden ser una sumatoria o yuxtaposición de visiones, sino
un verdadero esfuerzo de síntesis que tradicionalmente estuvo en manos de los
partidos políticos.
219. Es claro que más allá de los contenidos específicos de estas propuestas y su
evolución en el tiempo, este esfuerzo representa el desarrollo de un proceso
colectivo y diverso, de formulación de una propuesta alternativa al modelo
neoliberal seguido en los últimos treinta años; y, por lo tanto, más allá de sus
limitaciones o carencias, representa un esfuerzo de construcción de un nuevo sujeto
sociopolítico, del cual, diversos actores, como la ANEP forman parte.
220. De igual forma, la ANEP, al igual que una gran cantidad de organizaciones sociales
y cívicas, han desarrollado un sostenido proceso de resistencia a nivel nacional, así
295
La propuesta completa puede ser obtenida en www.anep.or.cr/media_files/download/AportesparaunanuevaCostaRica.doc
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81
como a nivel institucional. Las movilizaciones frente al denominado “Combo
energético”, el desarrollo del Movimiento Cívico Nacional296, la resistencia frente a
la aprobación del TLC con los EEUU, y las luchas locales en torno a la protección
del recurso hídrico, el desarrollo de la minería y la explotación turística en áreas
protegidas, son solo algunos ejemplos de ese proceso de resistencia. De igual
forma a nivel institucional, la huelga del A y A que implicó una ajuste salarial para
todo el sector Público; los paros en la Municipalidad de San José exigiendo mejores
condiciones para la prestación del servicio público de recolección de la basura, la
huelga de la Municipalidad de Tibás que culminó con el retiró del alcalde, la larga
lucha contra la privatización del INCOP, o bien las negociaciones de convenciones
colectivas en la Imprenta Nacional o el INAMU, son sólo algunos ejemplos de
resistencia y propuesta a nivel institucional.
221. La creatividad en el pasado nos ayudó como país a obtener ventajas relativas. Estos
desafíos podrían ser convertidos en oportunidades si tan solo pudiéramos
escaparnos de modelos diseñados para unos pocos, para abordar el proceso de
construcción de alternativas en las que quepan todas las personas.
222. Desde el punto de vista político, en el corto plazo sabremos si la forma de intentar
resolver la contradicción reflejada en el empate político, será por la vía de la
imposición, tal y como sucedió en el marco de la discusión del TLC con los EEUU;
o bien si se logrará por la vía del acuerdo nacional.
223. En todo caso, aún estamos a tiempo para apostar por una nueva estrategia de
desarrollo de crecimiento sustentable con equidad, calidad institucional, con
participación ciudadana en el control de la gestión pública.
El regreso del péndulo: ¿hacia dónde? El modelo neoliberal no se debe consolidar
224. Es claro que la gran diversidad de perspectivas y de realidades sociales y políticas
en Latinoamérica, hace que no sea posible, ni deseable, repetir modelos de un país
o región a otra. La clave será entonces partir de las necesidades y realidades
concretas e inmediatas de las personas y de los sectores sociales y productivos, así
como de las realidades políticas, económicas, culturales y sociales en cada
momento concreto, aún cuando se tenga una perspectiva utópica determinada. En la
Costa Rica de principios de siglo XXI podemos identificar algunas áreas que deben
ser abordadas sin duda alguna.
225. Debemos tener claridad sobre cuáles son los objetivos de la política económica. Es
insostenible continuar con la teoría del derrame297. Por el contrario, deberíamos
296
Que enfrentó el monopolio privado de la revisión técnica vehicular, el incremento del costo de la vida y la fijación salarial en
el sector público.
297 Según la "teoría del derrame” para que los pobres vivan bien es necesario que los ricos vivan mucho mejor. De ese modo,
se irían derramando luego los beneficios empresariales hacia los pobres. En la práctica se tiende a mayor concentración
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evolucionar hacia un objetivo de crecimiento económico con distribución de la
riqueza, manteniendo una responsabilidad fiscal contabilizada en plazos más
amplios y que permita evolucionar hacia políticas contra cíclicas.
226. Debemos rediscutir el papel del Estado en el mercado y reivindicar los esquemas
solidarios de prestación de servicios fundamentales para lograr que la distribución
de la riqueza sea lo más equitativa posible, ya que el mercado en sí mismo es
típicamente concentrador de la riqueza y excluyente.
227. Debemos desarrollar una política de fomento productivo incluyente, es decir, para
todo el aparato productivo, incluyendo al sector de Economía Social, y cuyo
objetivo fundamental sea la generación de trabajo y empleo de calidad. Para ello se
requiere un aparato público fuerte y que incluya nuevos paradigmas en la prestación
de sus servicios, tales como la oportunidad, la calidad, la eficiencia, el enfoque de
derechos ciudadanos y una nueva conceptualización de la asistencia y la promoción
social.
228. Debemos hacer coherente nuestro avance en la declaración de derechos sociales,
laborales y ambientales, con el reconocimiento de sus costos por medio de
incentivos dentro de políticas de promoción y acompañamiento. De lo contrario,
los costos de producción derivados de esos derechos, continuarán teniendo un
efecto no deseado en la informalización.
229. Debemos evolucionar al comercio justo, es decir, a discutir los procesos
comerciales a partir de definiciones estratégicas de país, tales como: la soberanía y
la seguridad alimentaria para no depender de los vaivenes de los precios
internacionales para nuestro propio alimento; la visibilización de las asimetrías en
los costos de producción, derivados de la existencia o no de subsidios y ayudas
internas, o de mayores estándares laborales, sociales y ambientales; de la defensa y
protección de sectores estratégicos para nuestro país; y, al igual que como en el
pasado se avanzó hacia la diversificación productiva para no depender de dos
productos tradicionales, se debe avanzar a la diversificación de mercados para no
depender desproporcionadamente del mercado estadounidense. Esta perspectiva no
ha estado presente en las propuestas de integración económica planteados por el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los tratados de libre comercio y
el Plan Puebla Panamá.
230. Debemos entender que alcanzar el bienestar social de la población no es
responsabilidad exclusiva de la política social. Por el contrario, además, requiere
pensar un sistema de desarrollo alternativo al actual, que incluya una mejor
distribución del ingreso, empleo y trabajo de calidad, y un sistema tributario
solidario, equitativo y adecuado a las necesidades del sistema. Es por ello que las
económica y a mayor exclusión.
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medidas en materia de política social serán más efectivas cuanto más
integradamente se piensen las medidas de índole económica y política, y respondan
a un objetivo, coherente, de solución a los problemas del país.
CRISOL: nuestra propuesta
231. Una propuesta alternativa es un proceso de permanente construcción social. Es por
ello que lejos de plantear una propuesta acabada, señalamos los rasgos
fundamentales de nuestra visión alternativa, la cual debe ser objeto de una constante
reformulación a partir de las necesidades concretas de las personas y a partir de una
construcción que refleje la diversidad del movimiento social.
232. El detalle de nuestra propuesta puede ser consultada298 en diversos documentos,
tales como:
 Aportes para una Costa Rica Inclusiva y Solidaria,
 Costa Rica Hacia la Tercera República,
 Propuesta de plan de
empleo del sector sindical con participación de
organizaciones de economía social;
 Propuesta de Fomento de la Producción Social, Laboral y Ambientalmente Limpia;
 Estrategia alimentaria nacional - propuesta del foro organizaciones-iglesias a la
sociedad costarricense;
 Balance final sobre el pacto fiscal.
233. Es necesario, sin embargo, señalar algunos aspectos fundamentales tales como
principios orientadores, criterios estratégicos de las políticas públicas, y los
objetivos y propuestas fundamentales en lo económico-productivo, lo social, lo
político y lo internacional.
VIII. PRINCIPIOS POR UNA NUEVA COSTA RICA.
234. Los principios fundamentales que fundamentan una propuesta alternativa bien
podrían ser:
233.a. El bienestar del ser humano, la sustentabilidad ecológica y el logro del bien
común, son los objetivos fundamentales de la política pública.
233.b. La convivencia de los y de las costarricenses debe fundamentarse en la
justicia social, la solidaridad, el diálogo social y el respeto de todos los Derechos
Humanos.
233.c. La igualdad de oportunidades, la equidad, el respeto a la diversidad y la
inclusión social así como la productiva.
298
Ver propuestas en www.anep.or.cr
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233.d. La defensa de la soberanía nacional, el comercio justo, la cooperación, el
derecho internacional y la paz.
233.e. El fortalecimiento de la democracia representativa, la profundización de la
democracia participativa y el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas.
233.f. El Estado Social de Derecho como principal promotor del desarrollo
económico, social y cultural.
234.g. La universalidad, la solidaridad y la equidad de los servicios públicos
esenciales como un derecho para todas las personas.
234.h. La ética pública como medio para establecer, delimitar y renovar las
relaciones entre las personas y su comunidad basadas en el respeto, la justicia social,
la solidaridad y los Derechos Humanos como normas fundamentales.
VIII. CRITERIOS ESTRATÉGICOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
235. Ahora bien, las políticas públicas que deben ser desarrolladas en el marco de una
propuesta alternativa de desarrollo, deben necesariamente guiarse por criterios
estratégicos en su operación, los cuales sintetizamos de la siguiente forma:
235.a. La vinculación de la política económica con la producción y la distribución
de la riqueza: solo en la medida en que los objetivos estratégicos sean compatibles
desde el punto de vista económico, productivo, social y regional, se logrará obtener
avances sustanciales en la dirección deseada.
235.b. El sector productivo debe ser apoyado en su conjunto, sin importar el
mercado al cual se dirige.
235.c. Debe establecerse diferenciaciones que permitan la afirmación positiva299 y el
respeto a la diversidad para grupos tradicionalmente excluidos: mujeres, personas
con discapacidad, comunidades rurales e indígenas, productores y productoras
agropecuarios, campesinos, así como sistemas de apoyo para las organizaciones de
Economía Social.
235.d. El condicionamiento de políticas de apoyo y fomento productivo al
cumplimiento y mejoramiento gradual de estándares socioeconómicos, laborales y
ambientales: el fomento productivo y el aprovechamiento de las políticas públicas,
299
Acción afirmativa es la acción destinada a equiparar los puntos de partida de personas en condiciones desiguales, ya
sea debido a raza, sexo, discapacidad, etc., o bien formas de organización alternativas a las modalidades dominantes.
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debe ser coherente con el desarrollo de un modelo productivo social, laboral y
ambientalmente sustentable.
235.e. Debe rediseñarse la distribución del ingreso por medio de la política salarial,
el acceso a la propiedad de los medios de producción y de las políticas sociales
redistributivas de bienes y servicios.
235.f. Debe garantizarse la universalidad, la equidad y la solidaridad en el acceso a
los bienes y servicios necesarios para el desarrollo productivo sustentable y la
movilidad social.
235.g. Crear las condiciones necesarias para generar la oportunidad, calidad,
eficiencia y eficacia de los servicios públicos como elementos fundamentales, así
como la debida complementariedad del sector Público y el sector productivo en el
proceso del desarrollo nacional.
235.h. Se debe apuntar hacia el desarrollo regional, apoyando estrategias que, como
la generación y transferencia del conocimiento, permitan que cada región potencie
su capacidad productiva y la generación de empleo y trabajo de calidad.
VIII. POLÍTICA PRODUCTIVA Y ECONÓMICA: POR UN CRECIMIENTO
JUSTAMENTE DISTRIBUIDO
¿Qué queremos? Nuestro Objetivo Fundamental
236. Ante un negativo proceso de exclusión social y productiva, concentración de la
riqueza, aumento de la pobreza e informalización y precarización del empleo,
nuestro objetivo fundamental, desde el punto de vista productivo y económico, es el
crecimiento económico sustentable300 con una justa distribución de la riqueza.
300 El Desarrollo Sostenible o Sustentable es resultado de la interacción de tres
elementos:
1. La sustentabilidad ambiental, es decir, la necesidad de que el impacto del proceso de desarrollo no destruya de manera
irreversible la “capacidad de carga ambiental” del ecosistema, definida como las posibilidades de producción que son
compatibles con las restricciones del metabolismo derivados de la preocupación por el bienestar futuro. Estas restricciones o
límites incluyen procesos tales como capacidad de regeneración de recursos, ciclos bio-geoquímicos y capacidad de absorción
de desechos.” (Opschoor, 1996: 14); 2. La sostenibilidad social, que implica, por un lado, el fortalecimiento de un estilo de
desarrollo que no perpetúe ni profundice la pobreza, la exclusión social y que tenga como uno de sus objetivos centrales, la
inclusión y la equidad. Por otro lado, este tipo de desarrollo sólo puede perdurar en el tiempo si se fundamenta en una amplia
participación social y democrática de la población en el proceso de toma de decisiones, es decir, si las comunidades y la
ciudadanía se apropian del proceso de desarrollo; y
3. La sostenibilidad económica entendida no como cualquier tipo de
crecimiento económico, sino uno interrelacionado con los dos elementos anteriores. En síntesis, el desarrollo humano
sustentable es aquel que es resultado de un tipo de crecimiento económico que promueve la equidad social, la participación
social y que establece un nuevo de tipo de relación - no destructiva - con la Naturaleza.
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¿CÓMO LO HAREMOS? COMPONENTES DE NUESTRA PROPUESTA
237. Estos principios, criterios y objetivos fundamentales implican el desarrollo de, al
menos, cuatro políticas públicas integradoras e íntimamente relacionadas entre sí:
237.a. Política de fomento productivo incluyente: a partir de líneas estratégicas
como la soberanía y la seguridad alimentaria; la generación de inversión nacional; el
financiamiento productivo; el acompañamiento al sector productivo; la generación,
transferencia e intercambio del conocimiento productivo; y el fomento de redes de
cooperación.
237.b. Política de comercio justo, tanto en el ámbito internacional como en el
mercado interno.
237.c. Política de generación de empleo y trabajo decente, a partir de la política de
fomento productivo que genere demanda de empleo y trabajo; a partir del
mejoramiento de la calidad del empleo y el trabajo a través del fomento de la
producción social, laboral y ambiente limpia; de una política salarial que permita la
distribución de la riqueza, y del mejoramiento del marco normativo y de
fiscalización para la tutela de derechos; y por medio del mejoramiento de la
empleabilidad de las personas y la eliminación de barreras de acceso al trabajo para
las personas.
237.d. Política económica para la creación y distribución de riqueza: que incluya una
política fiscal, monetaria, cambiaria y salarial que tenga como uno de sus objetivos
fundamentales la distribución de la riqueza.
VIII. POLÍTICA
SOCIAL:
OPORTUNIDADES
HACIA
LA
REDISTRIBUCIÓN
DE
¿Qué Queremos? Nuestro Objetivo Fundamental
238. Consideramos que las oportunidades deben crearse en forma colectiva para lidiar
con riesgos que son sociales y no individuales. En esa línea, el Estado debe jugar un
papel fundamental en la creación de las condiciones e interviniendo para garantizar
la democratización de las oportunidades. En este caso, el objetivo es revertir el
aumento de la inequidad y combatir la pobreza por medio de la movilidad social y
de la redistribución de las oportunidades en el marco del acceso al empleo, al
trabajo y a los ingresos, por un lado, y a las transferencias y a los servicios, por el
otro. Para ello se necesita “sintonizar” la distribución del ingreso producto de la
política económica y productiva con la política social, tanto en su pilar de creación
de capital humano como de protección social frente a riesgos.
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¿CÓMO LO HAREMOS? COMPONENTES DE NUESTRA PROPUESTA
239. Estos principios, criterios y objetivos fundamentales implican el desarrollo de, al
menos, cuatro políticas públicas integradoras e íntimamente relacionadas entre sí,
en torno a las necesidades de transferencias y de servicios de las personas en
distintos momentos del ciclo vital (en contrapunto a una oferta de servicios
compartimentalizada), a partir de una universalización efectiva apoyada en la
afirmación positiva de personas en distintas condiciones y situaciones (económicas,
de capacidades físicas, etnias, etc.)
239.a. Política de fortalecimiento público de creación de capacidades, a partir de
garantizar el acceso y la permanencia en servicios de educación primaria,
secundaria y terciaria de calidad; a la rearticulación entre el mundo de la educación
y el mundo del trabajo; y al acceso pleno a la sociedad de la información. En su
conjunto, esta política debe permitir una eliminación de las brechas educativas
dentro del sector público y entre el sector público y el sector privado.
239.b. Política de manejo colectivo de los riesgos sociales, a partir de: enfrentar la
nueva realidad de apertura de los seguros de riesgos del trabajo y su eliminación
como seguro social (junto con el seguro de salud, y el seguro de invalidez, vejez y
muerte); a la humanización y transparencia de las rutas de acceso a una salud
universal y pública por parte de todas las personas; y por una revisión del papel
esperado del Estado en materia de regulación, financiamiento y prestación de
servicios en relación con otros actores, incluyendo aquellos sin fines de lucro como
los de la Economía Social. En su conjunto, esta política debe permitir hacer realidad
los principios de universalidad, equidad y solidaridad expresada en la Constitución
Política, de una manera adecuada a las demandas sociales actuales.
239.c. Política de fortalecimiento del financiamiento de la inversión social, a partir
de: la formalización del empleo y la producción social, laboral y ambientalmente
limpia; el aumento de ingresos de origen fiscal; y la separación de intereses públicos
y privados que además de erradicar la corrupción, mejore la efectividad en el uso de
los recursos públicos. En su conjunto, esta política debe permitir recuperar la
utilización efectiva de la inversión pública social por habitante antes de la crisis
económica.
239.d. Política de creación de una infraestructura social de cuido, a partir de la
articulación de transferencias y servicios existentes y por crear, en el marco de la
seguridad social (como las licencias por maternidad y paternidad y los subsidios
ante situaciones enfermedad); del Ministerio de Salud (como los centros de
cuidados infantil); del sector de asistencia y promoción social (como de cuidados de
población adulta mayor financiados por el IMAS y prestados por organizaciones no
gubernamentales); y nuevos componentes (en particular aquellos directamente
relacionados con los lugares de trabajo). En su conjunto, esta política debe permitir
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la disponibilidad de servicios públicos a toda persona y mujer que necesite o quiera
utilizarlos, en particular para velar por las demandas de cuidados por parte de
niños/as, personas adultas mayores y personas con discapacidad o necesidades
especiales.
VIII. REFORMA
POLÍTICA
DEMOCRÁTICA
PARA
UNA
GOBERNABILIDAD
¿QUÉ QUEREMOS? NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL
240. La reforma política para la Costa Rica que queremos debe tener como objetivo
principal la construcción de una nueva gobernabilidad resultado de un consenso
profundamente democrático, solidario e incluyente, capaz de expresar y canalizar la
gran diversidad cultural, social y política de nuestro país.
241. La reforma política para la nueva gobernabilidad debe tener dos ejes principales:
241.a. Por un lado, debe hacer cambios en el sistema político que le devuelvan la
capacidad de resolver los conflictos sociopolíticos y de canalizar las demandas
sociales de una manera democrática e incluyente.
241.b. Por otro lado, debe hacer cambios en el sistema institucional que le
devuelvan la capacidad de gestionar la política pública de manera eficaz
permitiendo una mayor cobertura y una mejor calidad de los servicios.
¿CÓMO LO HAREMOS? EJES DE LA REFORMA POLÍTICA
242. Reformas en el Sistema Político:
 Mejor representación política.
 Impulsar la democracia participativa y una cultura de rendición de cuentas.
243. Reformas en la institucionalidad pública:
 La descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales.
 Transformación en la toma de decisiones.
 Transformación en la administración y la gestión del Sector Público.
IX. RELACIONES INTERNACIONALES.
244. Seis han de ser, entonces, los ejes prioritarios de acción de la nueva política exterior
de Costa Rica, la cual se enmarca en el contexto señalado anteriormente:
244.a. Fortalecer las relaciones con el istmo centroamericano y, en particular,
profundizar el proceso de integración regional y latinoamericano.
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89
244.b. Buscar espacios complementarios que amplíen los márgenes de autonomía
relativa (tanto económica como política) del país. En especial, mediante el
fortalecimiento del diálogo político en el plano hemisférico fundamentalmente con
Latinoamérica, la refundación de las relaciones con la Unión Europea y el desarrollo
de vínculos fundados en nuevos términos con la República Popular de China. Estos
espacios deben complementar las relaciones con los Estados Unidos de América, las
cuales deben basarse en el mutuo respeto y la equidad.
244.c. Valorar de manera renovada el multilateralismo como espacio prioritario de la
diplomacia nacional y la reconstrucción de la agenda en temas relativos a la
protección de los Derechos Humanos, el desarme y la paz.
244.d. Definir el comercio exterior justo como un factor fundamental y
especializado, pero que también forma parte integral de la política internacional de
Costa Rica; y que, por lo tanto, no debe evolucionar divorciado o al margen del
resto de dicha política, según los preceptos establecidos en la Constitución Política y
las leyes que de ella se derivan, y que debe velar por profundizar el comercio justo a
nivel regional y mundial.
244.e. Establecer un procedimiento transparente y claro para la definición de
posiciones internacionales del país, que refleje las prioridades nacionales y no
posiciones personales de quienes nos representan en esos espacios.
244.f. Desarrollar la visión proactiva del nuevo orden internacional de una




globalización incluyente que:
Penalice la contaminación del ambiente generando un fondo de sostenibilidad
Penalice el comercio y la producción de armas no autorizadas por ONU
Bonifique la recuperación de especies
Bonifique el mantenimiento y recuperación del medio ambiente
X. EL SUJETO SOCIOPOLÍTICO Y LA REARTICULACIÓN POLÍTICA: ¿Con
quiénes y cómo construir e impulsar esta propuesta alternativa?
245. En Costa Rica, hoy más que nunca, las fuerzas políticas que podemos considerar de
“izquierda”, sobrepasan, en mucho, a la izquierda histórica en la que no pocos de
nosotros y de nosotras militamos. Esto por cuanto los partidos eran doctrinarios,
profundamente “antimperialistas”, que de acuerdo a las teorías de la época buscaban
la alianza obrero-campesina, considerando como obreros solamente a los
trabajadores industriales, el proletariado y a los campesinos pobres, como los únicos
capaces de trasformar la sociedad. En la tradición marxista se partía de los sujetos
sociales y de, entre ellos, la clase trabajadora era la llamada a realizar la revolución.
Esta tradición planteaba una vanguardia histórica que era el partido. Los
trabajadores eran una “masa” y eran los intelectuales quienes controlaban el poder
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90
político.
246. Esta teoría dejaba por fuera sectores y capas de la sociedad explotadas y excluidas
de la sociedad capitalista; excluidas también por los partidos llamados a dirigir la
“revolución socialista” que debería terminar con la “explotación del hombre por el
hombre”.
247. Los movimientos de resistencia contra la globalización en América Latina y, en
particular, en costa Rica, nos indican que los grupos que están contra las guerras de
rapiña, por la defensa de los recursos naturales, las organizaciones de mujeres que
luchan para que se les reconozcan sus derechos plenos, y todos aquellos que luchan
por el respeto a los derechos humanos, son hoy parte de esa izquierda diversa,
profundamente compleja, poderosa en número, creativa y capaz de articularse
cuando el objetivo es claro.
248. Veinticinco años de resistencia contra la globalización en nuestro país se
convirtieron en una escuela masiva que da como resultado una lucha frontal contra
el TLC con los EEUU, que a pesar del engaño y del dinero no pudieron doblegar. El
triunfo espurio de la derecha neoliberal nos indica que el capitalismo es un modelo
en decadencia y que, en Costa Rica al igual que en otros pueblos hermanos, un
poderoso movimiento político nace y requiere ayuda urgente para su desarrollo. Sin
embargo, esta ayuda requiere terminar con el “vanguardismo” tradicional.
Debemos reconocer que en la diversidad, sólo el respeto a la autonomía de las
organizaciones puede hacernos avanzar. La experiencia recogida de otros pueblos
nos enseña que los proyectos exitosos son de largo plazo y se iniciaron desde abajo,
fueron creativos, respetuosos de la autonomía y de la creatividad de los pueblos.
249. La lucha contra el tratado nos enseñó el grado de capacidad que tiene nuestro
pueblo para luchar y tener éxito incluso en condiciones adversas.
250. ANEP es una organización que en los últimos años ha combinado la lucha gremial
con la incidencia política, así lo demuestran documentos como “Tercera República”,
“Crisol” y otras experiencias importantes.
251. La ANEP, si bien es cierto no es una agrupación partidista, como malsanamente se
nos ha acusado por voces que dicen que somos un partido político con ropaje de
sindicato; sí es y reclama el derecho legítimo de ser una organización sociopolítica
de la clase trabajadora organizada, tal y como lo ha reconocido la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), porque lo político, tal y como lo demostró
magistralmente la lucha de enorme victoria moral y ética que tuvimos en contra del
TLC, dejó de ser monopolio de los partidos.
252. Hoy, lo político, se volvió patrimonio ciudadano expresado en organizaciones de
todo tipo; especialmente, en ese histórico movimiento de los Comités Patrióticos,
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91
con los cuales contribuimos en gigantesca escala apoyando, sin restricciones, sus
peticiones en esos momentos clave de la lucha más hermosa que nos ha tocado
vivir.
253. La ANEP seguirá reclamando la legitimidad que le asiste para incursionar en los
ámbitos de la política pública: cuestionando, denunciando, organizando,
movilizando, proponiendo. La OIT es clara cuando indica:
“En los trabajos preparatorios del Convenio No. 87 se había indicado que no
cabe limitar estrictamente la acción de las organizaciones sindicales a la sola
esfera profesional, dado que en la práctica la elección de una política general
decidida por el gobierno casi siempre tiene repercusiones en las condiciones de
los asalariados. Esta relación resulta patente en el caso de la aplicación de una
política económica nacional, pero puede asimismo afectar concretamente a los
trabajadores en el marco de opciones políticas o económicas más generales, e
inclusive, de decisiones que rebasan el ámbito de la soberanía nacional.
Si bien el mejoramiento de las condiciones de trabajo mediante la negociación
colectiva sigue siendo un eje fundamental de la acción de los sindicatos, la
Comisión considera que la evolución del movimiento sindical y la aceptación
cada vez más amplia de su calidad de interlocutor social de pleno derecho exigen
que las organizaciones de trabajadores puedan pronunciarse sobre los problemas
de carácter político en el sentido más amplio del término y, en particular,
expresar públicamente su opinión sobre la política económica y social del
gobierno”.
“Por consiguiente, la Comisión considera que tanto las legislaciones que asocian
estrechamente los sindicatos a los partidos políticos, como aquellas cuyas
disposiciones prohíben toda actividad política de los sindicatos, plantean serias
dificultades con relación a la aplicación de los principios del Convenio. Es pues
deseable que en la legislación figuren disposiciones más flexibles, con el objeto
de alcanzar un equilibrio razonable entre, por una parte, el interés legítimo de las
organizaciones de expresar su punto de vista acerca de cuestiones de política
económica y social que interesan a sus afiliados y a los trabajadores en general y,
por otra, el grado de separación a mantener entre la acción política propiamente
dicha y las actividades sindicales”.301
254. La acción de reivindicar derechos es una actividad inagotable. La organización
debe continuar desarrollando tal labor, y debemos comprender que esto es
eminentemente político. Las acciones deben partir de las luchas y necesidades
concretas de cara a un horizonte utópico en permanente construcción. Cada lucha y
reivindicación debe conceptualizarse con perspectiva transformadora, es decir,
como pasos de acumulación en función de nuestro horizonte utópico.
301
OIT. Estudio general sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. 1994
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92
255. Sin embargo, esto no basta.
Ningún actor sociopolítico representa ni puede
representar la gran diversidad de los movimientos de resistencia. Tenemos la
obligación de seguir construyendo una política de alianzas mucho más amplia, para
nuestra organización. Es deber imperativo nuestro y de nuestra organización,
capacitarnos, concientizarnos, comunicarnos, movilizarnos e identificarnos como
una membresía activa, para convertirnos en verdaderos agentes de cambio en la
construcción de este proyecto alternativo.
256. La ANEP como organización sociopolítica, sólo podrá ayudar a alcanzar tales
objetivos estratégicos en la medida en que logremos converger, reconstruir y
relanzar el histórico y gigantesco movimiento de resistencia y de conciencia
patriótica, más importante de la historia moderna de Costa Rica; con miras a la
generación del nuevo sujeto sociopolítico que está llamado a ser el reemplazo de la
agotada y corrupta política neoliberal saqueadora del patrimonio nacional y
violadora sistemática del régimen constitucional vigente.
“…las posibilidades de articulación-constitución del sujeto popular ‘dependen
precisamente de la existencia de entidades políticas capaces de impulsar esa
politización y de imprimir una dirección al proceso’, en tanto y en cuanto esas
entidades políticas no se pretendan reservadas a los partidos de izquierda; pueden
ellos impulsar estos procesos, pero no es ese un lugar reservado a la espera de su
reacción. Lo ideal es que se produzca de inicio una conjunción de iniciativas
políticas en partidos y organizaciones sociales, pero puede darse incluso por parte
de actores sociales en tanto actores sociopolíticos, sin el concurso directo de los
partidos…”.302
257. Para que tenga éxito no debe ser patrimonio de ninguna organización, sino de todas
las que tengamos la capacidad de participar en esta etapa de profunda reflexión, de
toma de decisiones, y de capacidad para reconocer (si es del caso) nuestros errores.
Hoy mas que nunca para mejorar nuestro accionar, debemos poner en practica la
crítica y la autocrítica que no es, ni mas ni menos, que una muestra de madurez
política.
258. La construcción de este nuevo sujeto político requiere reconocer su diversidad y,
por lo tanto, construir coincidencias y respetar divergencias. Sólo reconociendo la
autonomía, la identidad y los procesos de toma de decisiones propios de las diversas
organizaciones, podremos establecer prácticas políticas horizontales y promover la
superación de prejuicios que nos separan de otros actores sociopolíticos. Esto no se
logra por medio de la creación de una estructura, partidaria o no.
259. La representación política tradicionalmente ha implicado una delegación en otras
302
Rauber. Isabel. Movimientos Sociales y Representación Política, Pág. 116.
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93
personas, y, a la vez, esa delegación se ha transformado en un despojo de sus
propios derechos. Es por eso que es necesario realizar cambios sustanciales en el
ejercicio de la representación sociopolítica. Esta nueva representación sociopolítica
implica, necesariamente, la articulación de las fuerzas sociales y de las fuerzas
políticas que se oponen al neoliberalismo. Esto requiere una discusión horizontal
entre organizaciones diversas que se reconocen como interlocutoras: no puede
concebirse la representación como despojo.
260. Debemos articular con los partidos en el tanto estos reconozcan estos mismos
ideales y ese relacionamiento horizontal. Es por ello que nuestra estrategia
principal es interactuar y construir alianzas con diferentes actores políticos y
sociales que coincidan con nuestros fines y valores, incluyendo opciones políticopartidarias o personalidades relevantes de la vida nacional, si las exigencias de
momento histórico así lo determinan.
261. Un nuevo tipo de organización y representación política plantea un cambio
fundamental: transformar las bases de la representación y la representación misma.
Debemos crear modalidades colectivas de representación, en la que todas las
personas nos sintamos partícipes. Esto nos lleva a reforzar la nueva conducción
estratégica: el poder desde abajo por medio del desarrollo del Sindicalismo
Ciudadano. Nosotros mismos, nosotras mismas, desde nuestras bases.
262. Debemos contribuir en este proyecto desde las bases. Para ello es imprescindible
preguntarnos si esto es posible con la estructura actual, o si debemos desarrollar otra
estructura que nos permita hacer partícipes a los sectores de personas trabajadoras
asalariadas tanto en el sector Público como en el privado; así como a las personas
trabajadoras no asalariadas, a las mujeres y a los y las jóvenes, quienes son las
personas más castigadas por las políticas neoliberales generadoras de desigualdad y
pobreza.
263. Debemos aprender de experiencias como la de la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), cuando se plantea que no se debe delegar la construcción del
poder de las personas trabajadoras ni al Estado, ni al gobierno ni a los patronos, ni
a los partidos; y es que ésta debe ser una tarea de las personas trabajadoras del
pueblo para el pueblo, practicar y construir un sindicalismo político es, en esta
coyuntura, nuestro deber.
264. No debemos pensar que esta organización sociopolítica nos debe hacer “saltar” al
ámbito político electoral. Lo político es algo mucho más complejo que lo político
electoral: el poder no es ocupar un puesto de representación o crear un partido
político. Los procesos electorales son momentos importantes, pero el proceso
político es más complejo que la disputa de espacios de representación.
265. Por el contrario, nuestro accionar ya es político, ya que lo reivindicativo y lo
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político son caras de una misma moneda. La defensa de la persona trabajadora pasa
por lo sociopolítico. Nosotros debemos rearticularnos con el escenario político a
partir de nuestras necesidades concretas como personas trabajadoras. La separación
entre lo político y lo reivindicativo es una falsa división y, por lo tanto, debe ser
combatida.
266. Reivindicaciones fundamentales como el salario, tienen una vinculación directa con
la distribución o la concentración de la riqueza, con las políticas macroeconómicas
que limitan el gasto público y, con ello, los salarios de las personas que trabajan en
el sector Público. De igual forma, la estrategia que se ha seguido para buscar la tan
soñada “competitividad” del sector Privado, parte de la competencia en mercados
locales e internacionales a partir de bajos costos laborales, incluidos los derivados
del salario. De esta forma, jamás será posible una verdadera política salarial que
permita la distribución de la riqueza y empleos decentes, en los sectores Público y
Privado, si no abordamos sociopolíticamente esa necesidad concreta de las personas
trabajadoras.
267. Otro ejemplo claro es la estabilidad en el empleo público. Cada vez es más precario
el empleo público. Sin embargo, esta tendencia no puede ser revertida si continúa
avanzando y se consolida el proceso de privatización de los servicios públicos,
subcontratación privada o la introducción de mecanismos flexibilizadores en los
entes públicos. Otros elementos fundamentales para las personas trabajadoras en
su ámbito laboral, como la salud ocupacional o el acoso laboral, también tienen
íntima relación con procesos sociopolíticos.
268. Incluso los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras, públicas
o privadas, asalariadas o no asalariadas, remuneradas o no remuneradas, no se
agotan ni pueden ser circunscritas a su ámbito reivindicativo laboral. La soberanía
alimentaria, el acceso a servicios públicos estratégicos oportunos y de calidad, el
derecho a la sustentabilidad ambiental, el derecho al agua, la violencia en toda sus
formas, la inseguridad ciudadana íntimamente vinculada con el crimen organizado,
son tan sólo algunos elementos que hacen evidente la estrecha vinculación entre
reivindicación concreta de las personas trabajadoras y el ámbito sociopolítico.
269. La lucha reivindicativa está intrínsecamente ligada a la incidencia política y al
trabajo transformador. Esta incidencia y reivindicación debe plantearse en
múltiples niveles, desde lo local e institucional, hasta lo sectorial, lo regional y lo
nacional; así como con perspectivas temporales de corto, mediano y largo plazo. En
ese sentido, la negociación colectiva y el derecho a la libertad sindical, son
instrumentos fundamentales de incidencia política, al igual que la construcción
misma de un nuevo sujeto político.
270. Pero la brecha existente entre lo sociopolítico y la lucha reivindicativa se genera por
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95
procesos organizativos internos y métodos de trabajo de la ANEP y, por lo tanto,
hay un desafío de superación de esa falsa división por medio de procesos
participativos.
271. Esta rearticulación sociopolítica implica un nuevo tipo de conducción política. Los
nuevos liderazgos son los articuladores. Una conducción que se construye y
constituye en las diferentes y cambiantes coyunturas: las personas conducen
procesos por las características de la lucha día a día. Ninguna instancia organizativa
puede sustituir a la gente que está en la lucha. Sujeto y conducción se
intercondicionan mutuamente.
272. Los protagonistas que desarrollan un proceso y la conducción de ese proceso son
la misma cosa. La presencia de una conducción política no basta con una estructura
organizativa: se requiere correlación de fuerzas políticas que subordinen la lucha de
poder en función de los intereses generales. La conducción política requiere una
habilidad para cambiar el rumbo cuando sea necesario y, en general, una nueva
cultura política. 303 No habrá nunca un futuro diferente al presente si no empieza a
construirse desde ahora, con nuevas prácticas.
TEMA 3: SINDICALISMO CIUDADANO.
I. OTRO CAMINO DE ACCIÓN SINDICAL.
273. Al entrar a sus segundos cincuenta años, la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados (ANEP), se lanza a la búsqueda de nuevos derroteros para su
propia acción sindical y, en general, para aportar al desarrollo del Movimiento
Sindical en su conjunto, lo cual, desde nuestro punto de vista, no es más que aportar
al propio desarrollo de la democracia.
274. Partimos de la circunstancia de que estamos en la era de los TLC’s, bajo la
concepción ideológica del libre mercado según los preceptos neoliberales; pero, a la
vez, en un escenario sociopolítico marcado por el desplome profundo de la parte
más extremista de esa concepción, el capitalismo financiero, según las
manifestaciones que estamos viendo todos los días en las potencias donde se
engendró la ofensiva neoliberal contra todas las conquistas sociales de casi dos
siglos de existencia de las acciones obreras.
303
“El peso mayoritario y fuerte lo tiene la cultura verticalista subordinante, incluso dentro de organizaciones sociales que
propugnan lo nuevo, que se plantean construir desde la democracia, la horizontalidad y la participación plena de todos los
actores, pero sostienen prácticas que no pocas veces contradicen a sus postulados y proposiciones. Esto es así porque estamos
en presencia de un fenómeno de índole cultural, en el pleno sentido que el concepto cultura tiene”. Rauber. Isabel.
Movimientos Sociales y Representación Política, Pág. 122.
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275. En Costa Rica, nuestro querido país, hasta el día 7 de octubre de 2007, dos grandes
fuerzas habían venido en profunda pugna, en cuanto a concepciones de desarrollo.
Pese a la evidente disgregación de una de ellas, en la cual ANEP ha militado, lo real
es que la resistencia a la imposición absoluta del modelo neoliberal se mantiene; y,
más bien, pareciera que el desarrollo de los acontecimientos en el país, a propósito
de la crisis del capitalismo financiero neoliberal, abre enormes posibilidades para la
acción sociopolítica de organizaciones laborales como la ANEP.
276. El posicionamiento nacional de la ANEP en los duros años de la resistencia al
modelo neoliberal, nos ha llevado a concluir que nuestro pensamiento, nuestras
acciones, nuestras posiciones no pasan desapercibidas; por el contrario, generan
reacciones sumamente positivas y esperanzadoras en otros sectores de la sociedad
con los que, como indicamos, compartimos espacios, desafíos y tareas en ese
ámbito de la resistencia; o, por el contrario, en ese sueño por alcanzar poder
estratégico ofensivo hacia la construcción de una nueva Costa Rica inclusiva y
solidaria, que ha sido el eje central de nuestra concepción política en los últimos
años.
277. La experiencia de relacionamiento de la ANEP con organizaciones y personas más
allá del ámbito sindical tradicional, nos motivó a plantear, muy esquemática y
empíricamente, un nombre, una frase, un concepto sin definir en su extensión y
profundidad: Sindicalismo Ciudadano.
278. Abrir las puertas de la organización para la recepción de una serie de consultas,
peticiones, sugerencias, reclamos, etc., que no forman parte del giro tradicional y
obligado del quehacer de la ANEP en cuanto a sindicato de personas trabajadoras
asalariadas, nos dio la posibilidad de comprender que (aparte de la honrosa
confianza que se nos depositaba), para la acción sindical de nuevo tipo, de un
sindicalismo con propuesta política, sí hay terreno fértil en los espacios comunales,
vecinales, en fin, en los espacios ciudadanos, para posicionar el mensaje sindical de
una agrupación como la ANEP.
II. SINDICALISMO REBELDE. UNA DECLARACIÓN INSPIRADORA.
279. En la noche del martes 19 de agosto de 2008, con ocasión del acto político-
protocolario de celebración del cincuenta aniversario de la ANEP, se dio a conocer
una proclama bajo el concepto de “Sindicato Rebelde”, la cual trata de ser una
síntesis de formulaciones sociopolíticas acerca del contenido más general que ha
tenido la acción sindical de la ANEP en los años de la resistencia al modelo
neoliberal y a partir de su independencia político-partidista. Los aspectos
comprendidos en el concepto de “Sindicato Rebelde”, citados a continuación,
pueden ayudar a comprender cuál es la inspiración orientadora de la acción sindical
de la organización hacia su “afuera” institucional, bajo la línea de trabajo que
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
intentamos definir como Sindicalismo Ciudadano. Veamos:
279.a. Somos Sindicato Rebelde porque no aceptamos un orden
económico concentrador abusivo de la riqueza y que exhibe sus episodios
de corrupción con el más descarado cinismo, sin pudor cívico alguno.
279.b. Somos Sindicato Rebelde porque no aceptamos la perversión y la
prostitución de la división republicana de poderes, tal y como lo hemos
estado viviendo en carne propia; solamente para favorecer el insano
egoísmo y el desenfreno en la acumulación de capital, del pequeño pero
poderoso grupo económico que domina la iniciativa política del país en
estos momentos.
279.c. Somos Sindicato Rebelde porque no aceptamos vivir en una
sociedad que ha hecho de la exclusión, en sus múltiples formas, una
cultura de vida ajena al humanismo cristiano; y que tiene el templo de la
democracia lleno de mercaderes que deben ser desalojados, para lo cual
hay que enarbolar las banderas de la justicia social, de la entronización
de la diversidad en todos sus órdenes y de la inclusión social sin
excepciones, ni siquiera la de esos mercaderes.
279.d. Somos Sindicato Rebelde porque no aceptamos las prédicas muy
de “moda” en cierta parte del sindicalismo internacional acerca de un
“acoplamiento”, un “acomodamiento”, en el orden totalitarista del
pensamiento único, como si fuese la línea sindical correcta.
279.e. Somos Sindicato Rebelde porque creemos en la igualdad y la
equidad de género, y duele mucho seguir siendo una organización que no
ha podido resolver el problema de tener una cultura patriarcal que, pese
a esfuerzos de todo tipo, sigue impregnando gran parte de nuestro
accionar.
279.f. Somos Sindicato Rebelde porque decidimos seguirnos construyendo
en un ambiente de diversidad, desde la sexual y de género, pasando por
la religiosa y hasta la político-partidista, cuando se trata de dignificar a
la clase trabajadora que representamos y, en general, a toda esa
población asalariada que, por lo general, no puede expresar libremente
lo que sueña.
279.g. Somos Sindicato Rebelde porque, como creyentes en la
democracia, no aceptamos que el derecho constitucional de Libertad
Sindical en las empresas privadas, se violente de manera sistemática;
siendo que el mismo postulado que permite al empresariado formar sus
propios sindicatos, las cámaras, es el mismo que les faculta a sus propios
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
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trabajadores y trabajadoras, para tener acceso a la organización
sindical.
Somos Sindicato Rebelde porque seguiremos trabajando,
estudiando, invirtiendo, buscando las mejores asesorías, para
profundizar nuestro camino propositivo, ayudando a generar la
propuesta política alternativa; en solitario, en alianzas naturales, en
coaliciones atípicas, en convergencias inesperadas; siempre que la
promoción del bien común y el bienestar de la clase trabajadora
asalariada, especialmente la que representamos, esté de por medio como
fin esencial y estratégico.
279.h.
279.i. Somos Sindicato Rebelde porque ante el estrechamiento y la
perversión de la institucionalidad democrática, levantamos la
concepción política de la “democracia de la calle”, como mecanismo
legítimo de acción cívica cuando la clase gobernante lo es para sí
misma, en detrimento del bien común.
III. UN INTENTO CONCEPTUAL.
280. No tenemos noción exacta de si una concepción de práctica sindical “hacia fuera”,
es decir, extramuros del concepto clásico de sindicalismo, se haya o se esté
practicando en otras latitudes. No sabemos si el concepto de Sindicalismo
Ciudadano ya esté “patentado” en otras tierras con este específico nombre o con
otra denominación.
281. Sin embargo, para tratar de especificar qué estaríamos proponiendo como concepto
de Sindicalismo Ciudadano en una organización laboral como la ANEP, es preciso
tener presente lo siguiente.
282. La ANEP tiene como su horizonte utópico, “la transformación de la sociedad, en
aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en todas sus dimensiones:
económica, ambiental, política y sociocultural”. A la vez, dicta nuestra misión,
“promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho equitativo e
incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos y del medio ambiente, a
través de la reflexión, la propuesta y participación social, y el desarrollo de nuestra
capacidad organizativa”.
283. Por otra parte, tenemos suficiente claridad que las indicaciones planteadas en
nuestro horizonte utópico implican el desarrollo de nuestros máximos esfuerzos
para aportar en la necesaria construcción del sujeto histórico que está llamado a
imponer una nueva hegemonía sociopolítica en la concepción del desarrollo
nacional, ante el evidente fracaso de las extremistas propuestas neoliberales y ante
el avance de un proceso de desigualdades cada vez más notorias y excluyentes.
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284. Ese sujeto histórico, tal y como nos lo explicó la amiga argentina Isabel Rauber
emanará de un sostenido proceso de construcción “desde abajo” y con la bandera de
la lucha por la vida, contrastando con la promoción de los valores de la muerte
inherentes al modelo neoliberal altamente depredador.
285. ANEP, en consecuencia, puede aportar en el proceso de construcción del sueño de
una nueva hegemonía, no solamente haciendo un viraje profundo en cuanto a su
propuesta y práctica de formación político-ideológica de sus propias bases y sus
correspondientes dirigencias (un vacío por demás sumamente notorio); sino que,
pese a tal carencia que habrá que corregir con urgencia, podemos incidir en amplios
sectores de la población bajo el concepto de Sindicalismo Ciudadano si nos
ponemos de acuerdo internamente para definirlo en función de nuestros sueños y
aspiraciones por un nuevo país.
286. Además, es de extraordinaria relevancia asociar, estratégicamente hablando, los
conceptos políticos de Democracia y Sindicalismo, de forma tal que, de alguna
manera, respondamos a la sistemática agresión ideológica de la dictadura mediática
de los medios de propiedad altamente concentrada que de larga data mantienen una
sostenida campaña de desacreditación y/o invisibilización contra los sindicatos. La
furia con que se nos atacó con ocasión de la lucha contra el TLC con los Estados
Unidos fue emblemática al respecto.
287. Por tanto, romper tal “cerco” y promover la concepción de que los sindicatos
cabemos dentro de la democracia y que ésta no lo es si no tiene sindicatos, implica
que nuestro mensaje, nuestras posiciones, planteamientos y propuestas, lleguen al
“afuera” sindical, directamente a las personas ciudadanas víctimas de ese sostenido
proceso de violencia aprendida contra la práctica sindical que se manifiesta en
nuestra sociedad y que ya pareciera “natural” según la hegemonía cultural
dominante.
288. Es así que el planteamiento de Sindicalismo Ciudadano cobra vigencia como nuevo
desafío para la ANEP, como refrescamiento y como oxígeno político para nuestra
propia renovación y para plantearnos nuevos desafíos de la práctica sindical más
allá de los espacios laborales en que, “naturalmente”, nos movemos.
289. Intentamos ahora, plantear para la discusión la siguiente propuesta de definición
acerca de lo que hemos de conceptuar como Sindicalismo Ciudadano:
Es el involucramiento comprometido y activo de las diferentes personas
integrantes de la organización sindical que se insertan en la vida social
activa de sus comunidades, a lo interno de sus diversas expresiones
organizativas ya creadas (o fomentando su creación); generando la
construcción y el desarrollo de una corriente de pensamiento y de una
práctica política que garantice el compromiso del Estado con la
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ciudadanía en cuanto a la provisión de la serie de servicios públicos
imprescindibles para el bienestar colectivo; y, a la vez, incentivando,
desde la perspectiva sindical, la acción ciudadana para mayores
conquistas en cuanto a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales; aportando así para la construcción de la nueva hegemonía
política restauradora de la promoción del bien común como norma
fundamental de la convivencia social.
290. Nuestra organización, en el marco del Sindicalismo Ciudadano, comprende que las
personas trabajadoras son diversas y tienen diversas expresiones: asalariadas, no
asalariadas, remuneradas, no remuneradas, públicas y privadas, del sector formal y
del sector informal. Por tal razón, el Sindicalismo Ciudadano parte los intereses,
necesidades y aspiraciones económicas y sociales de esta diversidad trabajadora
que, ante todo es ciudadana; y que, por lo tanto, no se agota en sus relaciones
laborales, sino que se expresa multidimensionalmente en muy diversos aspectos de
sus vidas.
291. El Sindicalismo Ciudadano expresa, por ejemplo, una unidad de trabajadores y de
trabajadoras, de hombres y de mujeres, de jóvenes no asalariados que, en la
comunidad y desde ella, formulan propuestas y promueven iniciativas para mejorar
la calidad de vida de la población desprotegida, desarrollando acciones con el
respaldo de los gremios, con éstos en abierta convergencia y desde la inserción
activa en el espacio comunal.
292. Paralela y colateralmente, el Sindicalismo Ciudadano activa una veta crítica del
entorno sociopolítico y económico, de modo que la comunidad, en interacción
directa con las posiciones del sindicato, formula cuestionamientos y construye
planteamientos en el ámbito de los derechos civiles (políticos, sociales, económicos
y culturales), aportando para la construcción de la nueva hegemonía política, el
sujeto político, que se necesita para la superación del neoliberalismo y la
restauración de la promoción del bien común.
293. Desagreguemos ahora cada una de las partes componentes de esta propuesta de
definición de lo que entenderíamos por Sindicalismo Ciudadano. Destacamos aquí
que muchos hombres y muchas mujeres patriotas, incluyendo personas trabajadoras
afiliadas a la ANEP, han tenido o desarrollan ya experiencias de este tipo;
sobresaliendo enormemente la naturaleza de la extraordinaria experiencia cívica que
representó la lucha contra la imposición del tratado de “libre” comercio con los
Estados Unidos. Lo que buscamos es que, desde la perspectiva de ANEP, se
comprenda que las experiencias por venir de igual o similar signo, pueden tener una
articulación estructurada de lo que denominamos Sindicalismo Ciudadano.
294. “Es el involucramiento comprometido y activo de las diferentes personas
integrantes de la organización sindical...”. Estamos hablando de que las personas
trabajadoras afiliadas a la ANEP, especialmente quienes tienen cargos de dirección
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sindical en los diferentes niveles de la estructura organizativa de la agrupación,
deciden, por sí mismas, asumir un compromiso de lucha por la justicia social y, de
manera activa, es decir, directa con su presencia física y con su pensamiento, en el
espacio comunitario.
295. “...que se insertan en la vida social activa de sus comunidades, a lo interno de sus
diversas expresiones organizativas ya creadas (o fomentando su creación); ...
Hablamos de que, asumido ese involucramiento comprometido y activo, se busca
acercarse a aquellas agrupaciones de la vecindad habitacional para hacerse
integrante de las mismas (asociaciones de desarrollo, comités patrióticos, grupos
juveniles, grupos pro ornato y embellecimiento, entidades de la cultura, grupos
ecuménicos, etc.); o bien, se propicia la formación de nuevas agrupaciones
ciudadanas: comités de la tercera edad, asociaciones de estudio cívico, asistencia a
la población marginada, prevención del delito y de la drogadicción, etc.; de forma
tal que guardando un gran respeto por la diversidad de opiniones, se coadyuve al
desarrollo de la organización de la ciudadanía, teniendo presente el pensamiento de
la organización en aquellos campos en que ésta ha desarrollado análisis y
propuestas sobre la búsqueda y promoción del bien común.
296. “...generando la construcción y el desarrollo de una corriente de pensamiento y
de una práctica política que garantice el compromiso del Estado con la
ciudadanía en cuanto a la provisión de la serie de servicios públicos
imprescindibles para el bienestar colectivo”;... Hablamos aquí, efectivamente, de
que la inserción con base en un involucramiento comprometido y activo, busca que
la institucionalidad pública diseñada para la búsqueda y la promoción del bien
común, cumpla, efectivamente, su rol desarrollando todas aquellas acciones que la
defiendan y la fortalezcan; denunciando además, cuando la misma es desvirtuada
por intereses mezquinos y/o corruptos; a la vez que se potencian propuestas para
elevar la calidad, la eficiencia y la eficacia con que se deben prestar esos servicios
para el bienestar colectivo.
297. “...y, a la vez, incentivando, desde la perspectiva sindical, la acción ciudadana
para mayores conquistas en cuanto a derechos civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales...”. Paralelamente, nuestra política de una práctica
comprometida de esto que damos en llamar Sindicalismo Ciudadano, busca aportar
en el desarrollo de la democracia más allá de su ámbito político; sino que, busca su
profundización incentivando esa actitud crítica y participativa de una ciudadanía, de
la cual formamos parte como organización sindical, ansiosa por el desarrollo de una
sociedad más integrada, más justa, con mayor equidad y movilidad social;
considerando que tenemos elaborada una gran base de pensamiento sindical que nos
da insumos para luchar por esas mayores conquistas de derechos. Especialmente es
de destacar aquí, en cuanto a ese desarrollo de derechos, el de la libre
sindicalización para quienes laboran en empresas privadas, gran parte de las cuales,
una abrumadora mayoría, no tiene noción de que tal derecho le competa
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IX Congreso Nacional “Félix Arcadio Montero Monge”
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directamente, en la promoción de obtener condiciones dignas de empleo y de su
defensa misma.
298. “...aportando así para la construcción de la nueva hegemonía política
restauradora de la promoción del bien común como norma fundamental de la
convivencia social”. En definitiva, el nuevo camino de acción sindical que estamos
tratando de promover, el Sindicalismo Ciudadano, no está aislado de un entorno
creciente de desigualdad, exclusión social, corrupción y depredación ecológica; por
tanto, se impone una nueva política para la acción gubernativa y, en general, para la
acción de los diversos poderes del Estado. Esto es, que vamos a aportar para que se
construya esa nueva hegemonía política necesaria para el surgimiento potente de las
condiciones hacia la instauración de una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria.
IV. SINDICATO, SINDICALISMO Y CIUDADANÍA.
299. Ahora bien, resulta necesario hacer la aclaración de que el término “sindicato” y el
término “sindicalismo” no son tan iguales como muchas personas creen. Una de las
diferencias es que cuando hablamos de “sindicato”, estamos indicando la serie de
acciones meramente gremiales, esto es, que se atiende únicamente los intereses
económicos y los derechos laborales de las personas trabajadoras afiliadas a la
organización: mejoras salariales, seguridad en el empleo, salud ocupacional, trato
digno y similares.
300. En cambio, el término “sindicalismo” pese a que comprende lo anterior, lo
trasciende para ir más allá del ámbito laboral. Tiene así una presencia y una
incidencia a nivel sociopolítico, en donde se asume un rol con conciencia social;
fase en la cual ya no se vela por el interés de sólo un grupo sino de toda una
sociedad (comunidad-colectividad) y sin ningún tipo de distinción gremial;
haciéndose escuchar y dando la lucha por la justicia, los derechos y el bienestar de
las personas, de forma que se garantice una sociedad en donde prevalezca la
equidad, tanto en la distribución del ingreso como en el cumplimiento de los
derechos ciudadanos establecidos de un Estado-Nación, en abierta oposición férrea
al neoliberalismo.
301. Por otra parte, resulta necesario referirnos a algunos contenidos que debemos
comprender dentro de la noción de “ciudadanía”. La igualdad de derechos no
significa igualdad de deberes. En el Estado recae la principal responsabilidad en
cuanto a la defensa como en cuanto a la promoción de los derechos humanos. La
debilidad de esta postura pareciera indicar que a mayor responsabilidad estatal,
menor participación ciudadana, pues la concentración de responsabilidades estaría
provocando, en el peor de los casos, la práctica del tutelaje.
302. Si bien es cierto que al Estado compete una serie de deberes jurídicos hacia los
derechos humanos, a los ciudadanos les obliga a participar en la construcción de
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una corriente de pensamiento y de una práctica política, no solamente orientada a
exigir al Estado para que cumpla sus obligaciones, sino, más bien, a generar una
sociedad civil activa y responsable de sus propios derechos.
303. Más allá del respeto a los derechos de los demás, la visión de ciudadanía a partir de
sus propias obligaciones en cuanto tal, supone pasar al nivel de la promoción de los
derechos; nivel en el cual los ciudadanos asumen el futuro de la sociedad desde la
aceptación de contribuir a crear las condiciones que garanticen el desarrollo de una
vida digna en el presente y para las generaciones futuras.
304. Con esto, la ciudadanía deja lo coyuntural para posicionarse en la prospectiva
política. Las obligaciones del individuo hacia la sociedad lo hacen ciudadano; al
vivir y desarrollarse en comunidad no sólo es sujeto de derechos, primordialmente
tiene deberes. La concepción de ciudadanía más profunda se encuentra en los
deberes de los individuos: se es ciudadano porque se tiene una tarea social.
305. Los avances a favor de la inclusión y de la equidad están estrictamente ligados con
los progresos en el campo de la ciudadanía. A mayor presencia en el ámbito público
y en el imaginario nacional, mayores son las conquistas en cuanto a los derechos
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales; a más derechos, más beneficios
desde las políticas sociales y menos discriminación.
306. En otras palabras, buena parte de los logros obtenidos en materia de equidad,
ingresos, empleo educación, protección social, etc.), son resultado de la lucha por la
ciudadanía, mayor presencia cívica y más densidad ciudadana. Los factores de
adscripción nuclear y movilizan a los grupos por sus derechos.
307. Los derechos no sólo expresan deseos sino exigencias de cambio social basadas en
derechos. De ahí que se considere que lo más importante es cerrar la diferencia
entre la aspiración reconocida y la aspiración cumplida. Sin embargo, la
exigibilidad de derechos, sobre todo los económicos y sociales, depende del nivel
de desarrollo de la sociedad y atañe a la calidad de vida de sus miembros.
V. EXPRESIÓN PRÁCTICA DEL SINDICALISMO CIUDADANO.
308. Se practica por parte de compañeros y compañeras que tienen una conciencia
sociopolítica de avanzada, en cuanto a los grandes desafíos que presenta la
democracia costarricense en estos momentos, con sus altos déficits de equidad
distributiva, rampante corrupción del sistema político tradicional y voracidad
depredadora del ambiente y la ecología en contra del bien común.
309. Se practica por parte de compañeros y de compañeras dirigentes de la organización
y personas afiliadas a la misma que se comprometen con el desarrollo de la
democracia a través de la promoción de los mejores valores del ideal sindical, como
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la justicia salarial, la libertad de organización sindical y la defensa de la
institucionalidad pública de servicios de acceso universal y por una acción cívica
cuestionadota y transformadora de la acción política tradicional en sus espacios
locales, regionales y nacionales.
310. Se practica por parte de compañeros y de compañeras dirigentes de la organización
y personas afiliadas a la misma que desarrollan una vocación de acercamiento a la
comunidad, insertándose activamente en su dinámica cotidiana manifestando
abiertamente su procedencia sindical (en este caso de la ANEP), para coadyuvar en
el logro de las aspiraciones de esa comunidad por una mejor calidad de vida.
311. Se practica por parte de compañeros y de compañeras dirigentes de la organización
y personas afiliadas a la misma que ponen al servicio de su espacio ciudadano los
aportes que desde la misma organización pueden ser directamente destinados a
aportar para solventar necesidades comunales sentidas; aportes que van desde la
provisión de materiales para publicaciones comunales de diversa índole, hasta
diferentes tipos de asesorías y de labores de esclarecimiento político-ideológico
según la coyuntura nacional e internacional del momento.
312. Se practica por parte de compañeros y de compañeras dirigentes de la organización
y personas afiliadas a la misma que, desde su propia sede central, se dedican a
gestionar la atención de demandas ciudadanas ante los diferentes niveles
institucionales de la política pública que tienen que ver con la satisfacción de las
necesidades reflejadas por esas demandas.
313. Se practica por parte de compañeros y de compañeras dirigentes de la organización
y personas afiliadas a la misma que, partiendo de las posibilidades que se dan desde
los diferentes medios de comunicación de la localidad, formulan los planteamientos,
las propuestas y las denuncias de la organización sindical en torno a temas
puntuales, regionales y/o nacionales.
314. Se practica por parte de compañeros y de compañeras dirigentes de la organización
y personas afiliadas a la misma, quienes desarrollan una capacidad convocante, de
iniciativa política, para impulsar respuestas ciudadanas a la problemática local,
regional y/o nacional en circunstancias determinantes para la vida en democracia.
VI. FRASES DE CIERRE.
315. Como indicamos al principio, se trata de lanzar las primeras ideas del nuevo camino
que la ANEP ha de transitar al inicio de sus segundos cincuenta años de vida, rumbo
a su primer siglo de existencia; pretensión vanidosa para la vida de una
organización sindical pero que es completamente válida desde la perspectiva de la
misma historia del desarrollo del sindicalismo a lo largo de sus casi doscientos años
de existencia; pero además, conservando el derecho a soñar que, en su momento,
tuvieron quienes fundaron la ANEP en 1958. Esta generación sindical del
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cincuentenario, cuya representación estará en las deliberaciones del IX Congreso
Nacional de la ANEP, tiene la ineludible obligación de sembrar las semillas de los
sueños que dejaremos y que deben rendir sus frutos en los años por venir. El
planteamiento del Sindicalismo Ciudadano aspira a ser uno de esos sueños que
hagan realidad el futuro de nuestra querida agrupación.
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TEMA 4:
ECONOMÍA
HORIZONTE SINDICAL.
106
SOCIAL:
EL
NUEVO
“...estamos ante una manera de hacer empresa que
tiene efectos neutralizadores de las consecuencias
negativas del mercado global, que traslada valores
distintos a los que aparecen en esta etapa de cambio,
y éstos valores estabilizan a las personas en sus
territorios, crean solidaridad y cohesión social.”
Marcos de Castro Sanz
Presidente de la Confederación
Empresarial Española de
Economía Social
316. Si debiéramos expresar en pocas palabras, una visión de sociedad utópica, de
mucho serviría partir de un ESTADO con instituciones públicas consolidadas,
satisfaciendo las necesidades básicas en forma eficiente; y, como contraparte de
ellas, un MERCADO de tipo solidario, donde no el lucro sino la justa distribución
de la riqueza, sea el fin superior.
317. Esto último, humanizar el MERCADO, parece ser una empresa quijotesca, pues
todo esfuerzo regulatorio es satanizado por los fundamentalistas del libre comercio.
No obstante, cada vez con mayor intensidad, las organizaciones de la Economía
Social emergen como una alternativa de comercio justo, equitativo y democrático.
I. ¿QUÉ ES ECONOMÍA SOCIAL?
318. El concepto de “Economía Social” es, en realidad, redundante, porque toda acción
económica implica la activación de relaciones sociales. Sin embargo, esta noción
(también conocida como “economía solidaria”, “economía laboral” o “economía
asociativa”, entre otras denominaciones), lo que procura es diferenciarse de la
Economía llana, que suele vincularse ideológicamente (en forma distorsionada,
pues la economía es una ciencia), con el liberalismo y la defensa del modelo
capitalista.
319. El autor belga Jacques Defourny identifica el uso histórico del concepto, por
primera vez, en el año de 1830, cuando Charles Dunoyer publicó en París, el libro
intitulado “Nuevo tratado de economía social”304, en el marco de las desigualdades
derivadas de la Revolución Industrial. A partir de allí, como suele suceder, el
304
Defourny, Jacques. “Orígenes, contextos y funciones de un tercer gran sector”. En: Vuotto, Mirta (Compiladora). Economía
social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas. Editorial Altamira, Argentina, 2003. pag. 82.
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término fue utilizado al antojo por diversas corrientes ideológicas: socialistas,
socialcristianos, socialdemócratas, liberales, etc.
320. Lo anterior evita que, aun hoy, exista una definición mundial de consenso, sobre
todo considerando que es hasta finales del siglo XX cuando el concepto toma
fuerza. Por ello, para los efectos de esta ponencia, rescatamos la definición de la
Comisión de las Comunidades Europeas de 1989:
“Una empresa pertenece a la economía social si su actividad productiva se basa en
técnicas de organización específicas. Estas técnicas se fundamentan en los principios de
solidaridad y participación -que normalmente responde a la norma un hombre (sic) un
voto-, entre sus miembros, sean estos productores, usuarios o consumidores, así como en
los valores de autonomía y de ciudadanía”305.
321. A partir de esta definición, podemos destacar aspectos que fundamentalmente
caracterizan a las organizaciones de la Economía Social:
 Primacía de las personas y del objeto social sobre el capital.
 Organización y cultura empresarial con vocación de gestión participativa y
democrática.
 Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general.
 Defensa y aplicación de valores y principios humanistas.
 Autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos
 Aplicación de la mayor parte de los excedentes a la consecución de objetivos a
favor del interés general, el interés de los miembros y el desarrollo sostenible.
322. El compendio de los valores expresados supone el fondo y la forma en el que las
organizaciones de la Economía Social materializan la responsabilidad social en
tanto que:
 Se fundamenta sobre los principios de solidaridad y en el compromiso de las
personas en un proceso de ciudadanía activa e implicación en la comunidad.
 Genera trabajo de calidad, así como una mejor calidad de vida; y, propone un
marco adaptado a las nuevas formas de empresa y de trabajo.
 Desempeña un papel importante en el desarrollo local y la cohesión social.
 Es un factor de democracia y de generación de capital social.
 Contribuye a la estabilidad y al pluralismo de los mercados económicos.
323. En resumen, subrayaremos tres características esenciales de la Economía Social:
323.a. Son de base asociativa. Están integradas por un colectivo de personas
(asociadas) que, de manera voluntaria, solidaria y democrática, tratan de satisfacer
necesidades y metas comunes.
305
Citado por: Lejarriaga, Gustavo. “Las empresas de participación como base del contenido de la “economía social” en el
marco de la Unión Europea”. En: Vargas, Alonso et alia (Compiladores). Las empresas de participación en Europa: el reto del
siglo XXI. Escuela de Estudios Cooperativos, España, 2002. Pág. 86.
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323.b. Se inspiran en valores y principios humanistas. Están basadas en la
solidaridad, la ayuda mutua, la honestidad, la democracia, etc., siendo el ser humano
(y no el capital), el centro de la organización.
323.c. Desarrollan proyectos empresariales sin fines de lucro. Las organizaciones de
la Economía Social ofrecen productos y servicios a sus afiliados, pero su norte (a
diferencia de la sociedad anónima tradicional), no es el lucro o la rentabilidad en
función de la acumulación de capital, sino la justa distribución de la riqueza
generada. Son, por tanto, un bastión de la democracia económica.
324. A la luz de estas particularidades es que a la Economía Social se le ha denominado
“el tercer sector”, en virtud de que representa un punto medio entre lo público y lo
privado. Lo público se manifiesta en su carácter asociativo, con membresías
compuestas, muchas veces, por cientos o miles de afiliados. Asimismo, el plano
privado deviene de su función empresarial, de los controles de ingreso y de la
autonomía en la toma de decisiones.
325. Finalmente, existe un intenso debate sobre qué tipo de organizaciones integran la
Economía Social. Para el caso de Costa Rica y considerando las características
enunciadas, en el marco de esta ponencia proponemos:
 Asociaciones cooperativas
 Asociaciones solidaristas
 Cajas de ahorro y préstamo, mutuales, Banco Popular.
 Sociedades anónimas laborales (SALES)
 Sindicatos (*)
 Asociaciones de Desarrollo Comunal (*)
 ONG´s (fundaciones, asociaciones comunes, etc.) (*)
 Colegios de profesionales (*)
(*) Con actividad empresarial
326. Como se puede apreciar, Costa Rica es un país con un alto liderazgo de la
Economía Social, toda vez que la mayor parte de los ciudadanos integra una o
varias de las organizaciones citadas.
II. ANEP Y LA ECONOMÍA SOCIAL.
327. El término de Economía Social ha gravitado en Costa Rica durante los últimos años,
acuñado principalmente por el sector cooperativo que, a su vez, ha tenido la
influencia de organizaciones de España (principalmente), donde existen grandes
avances en cuanto al reconocimiento del “tercer sector”, en tanto agente
dinamizador. Paulatinamente su uso se ha extendido a nivel político, académico y
social; no siendo, empero, de manejo cotidiano.
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328. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) lo incorpora, en
primera instancia, a la luz de su relación estratégica con otras organizaciones
sociales. Sin embargo, adquiere preponderancia a partir de la implementación del
proyecto Hotel y Centro de Convenciones “El Tití”, ubicado en Manuel Antonio,
Quepos; aunque ya la organización había ingresado como socia del Consorcio La
Catalina, junto a sectores cooperativos en un proyecto de formación.
329. Sin embargo, El Tití marca la incursión de la ANEP al ámbito de la Economía
Social pues significa el desarrollo de un esfuerzo empresarial con enfoque social;
que no sólo fortalecerá a la organización mediante el influjo de nuevos recursos,
sino también dará un servicio vacacional al asociado(a), en condiciones más
favorables que el mercado. Esto último establece el punto de inflexión desde el
plano de la Economía Social: se crea una alternativa vacacional solidaria.
330. Tomando en cuenta este referente, procede a continuación explorar algunas acciones
estratégicas que orienten el accionar de la ANEP con respecto al fortalecimiento de
la Economía Social. En ese sentido, se proponen tres ejes:
 Autogestión de proyectos
 Incidencia en política pública
 Alianzas con otros actores
Autogestión de proyectos
331. Se trata de iniciativas propias orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas
trabajadoras asociadas a la ANEP; y del país. Se proponen cuatro en el largo plazo:
 Consolidar el proyecto turístico “El Tití”, en Manuel Antonio, Quepos.
 Establecer iniciativas de abastecimiento alimentario para las personas asociadas a
la organización.
 Desarrollar nuevas formas de Economía Social desde las seccionales que permita
el autofinanciamiento.
 Crear una red de comunicación autosostenible, que incorpore prensa, radio y
televisión digital.
Incidencia en política pública
332. La ANEP tendrá como visión estratégica el posicionamiento de la Economía Social,
a efectos de que su fomento sea prioridad estatal. En concreto se proponen tres
iniciativas entrelazadas:
 La creación del Consejo Económico-Social (CES), como una instancia consultiva,
de integración, defensa y representación de las organizaciones de la Economía
Social.
 La creación del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES),
como una institución pública que promueva, capacite, brinde asistencia técnica,
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financie, registre y fiscalice a las organizaciones de la Economía Social
costarricense.
 Fortalecimiento del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), no sólo por
su dimensión financiera, sino también como el principal espacio de encuentro y
articulación de la economía social costarricense.
Alianzas con otros actores
333. La ANEP apuntalará la alianza con otros actores de la Economía Social, con dos
finalidades específicas:
 Fortalecer el músculo político y económico del sector, en aras de mejorar su
incidencia en diversos ámbitos de la sociedad y, como se dijo, avanzar en la
humanización del mercado.
 Aprovechar servicios de buen precio y calidad en materia de salud, educación,
vivienda, crédito, consumo, transporte, entre otros.
334. Sin duda alguna, la ANEP, siendo el sindicato de mayor beligerancia en el país,
tiene la potencialidad para incidir en que, mediante el fortalecimiento de la
economía social, Costa Rica logre que la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios se inspire en valores de democracia económica, equidad y justicia
distributiva.
335. Para ANEP, la Economía Social, la autogestión y la adopción de iniciativas de
carácter social, deben jugar un papel destacado como instrumentos para el
desarrollo y fortalecimiento organizacional, la creación de riqueza con objetivos
colectivos y la atención a las necesidades de la clase trabajadora.
336. El carácter más democrático de estas empresas de Economía Social, frente a los
intereses del modelo neoliberal, es un valor que debemos defender y potenciar. En
nuestro país, la Economía Social debería alcanzar un mayor protagonismo porque
los problemas de acceso al empleo son cada vez mayores, debido a la
implementación de modelos económicos externos como los PAE y los TLC.
337. Nuestra dotación de servicios sociales es muy inferior. Las empresas de Economía
Social mantienen un nivel de empleo muy bajo y apostar por su expansión implica
potenciar la creación de nuevos puestos de trabajo, en especial en el ámbito local; y
explorar nuevas fuentes de empleo que mejoren las condiciones de vida de los
trabajadores y de las trabajadoras. Nos referimos a proyectos de autoempleo
colectivo, como los que se pretende desarrollar en algunas municipalidades (como
la de Curridabat), con el reciclaje de materiales; actividades de contenido
económico, evidentemente, pero donde el ánimo de lucro no es su motivación
principal, ya que el producto económico obtenido servirá para capacitación, entre
otros.
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338. Fomentar la creación de estas “empresas” laborales a través de una política de
autoempleo, desarrollo de la cultura económica social y de cooperación entre
trabajadores y organizaciones, supondría una apuesta de futuro para el desarrollo
económico, tanto de los propios trabajadores y trabajadoras, las seccionales, el
sindicato; y, por su interrelación, de las organizaciones de Economía Social, en
general.

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