México D. F., a 7 de abril de 2014 Entrevista realizada a Farid

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México D. F., a 7 de abril de 2014 Entrevista realizada a Farid
México D. F., a 7 de abril de 2014
Entrevista realizada a Farid Barquet Climent, profesor del ITAM y
de la UNAM, en Justicia Electoral a la Semana que conduce la
periodista Guadalupe Juárez.
Guadalupe Juárez: Amigos un gusto, como siempre, poder
saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Justicia Electoral a la
Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
En esta ocasión nuestro tema es el derecho de réplica y las campañas
electorales y para ello nos acompaña Farid Barquet Climent, abogado,
profesor del ITAM y de la Universidad Nacional Autónoma de México,
a quien le doy la bienvenida.
Farid Barquet Climent: Al contrario. Muchas gracias, Guadalupe, por
la invitación y muchas gracias al Tribunal por abrirme este espacio, y
poder estar con tu auditorio.
Guadalupe Juárez: Además un tema muy relevante, muy polémico
que ha generado mucha discusión desde 2006, 2007.
¿Qué es el derecho de réplica? Para empezar, si te parece bien, por el
principio.
Farid Barquet Climent: Derecho de réplica es un derecho, reflejo
correlativo al derecho de libertad de expresión del que todos hemos
oído hablar.
La libertad de expresión es uno de los derechos nucleares de las
libertades del ser humano, es casi por definición el más emblemático
de los derechos civiles y políticos, la posibilidad de manifestar con
libertad ideas, ideas políticas, ideas estéticas sin ningún tipo de
cortapisa, salvo algún tipo de daño a terceros.
Y precisamente a través de una expresión o de una manifestación
pública que lleve a cabo una persona, se menoscaba el derecho de
algún tercero, o alguna imputación o un señalamiento a un tercero, es
que entra este derecho de réplica como una posibilidad de contestar a
quien hizo una expresión, contestarle que su expresión es infundada o
incorrecta.
Entonces el derecho de réplica es, en este sentido, el derecho que se
le otorga de manera correlativa, al de libertad de expresión, a una
persona cuando es señalada o es imputada en la expresión de otra
persona, forma parte también de su derecho de expresarse libremente
y de poder desvirtuar o desmentir algún señalamiento que él considere
negativo u ofensivo.
Guadalupe Juárez: ¿Qué tutela entonces, la libertad de expresión?
Farid Barquet Climent: Es la libertad de expresión para quien replica
una expresión, pero también es una limitante a la libertad de expresión
de quien puede, eventualmente, proferir expresiones que sean falsas o
denigratorias.
Y al mismo tiempo lo que tanto la libertad de expresión como el
derecho de réplica tutelan –como tú lo dices-, es la dignidad de la
persona, o bien, el prestigio o la fama de institución, digamos, de
personas morales.
Cuando una persona física es señalada como una persona que
comete un delito o que lleva a cabo conductas inmorales, tiene el
derecho de replicar, esto es de contestar a esa imputación, a ese
señalamiento.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con empresas o con entidades del
Estado cuando alguien manifiesta, es decir, expresa libremente un
señalamiento que lesione su fama o el prestigio de esa persona moral,
ya sea pública o privada y puede entonces contestar y decir: no, no
estoy de acuerdo, lo que me están señalando es falso o es incorrecto.
Guadalupe Juárez: ¿No es una persecución en contra de alguien que
expresa algo?
Farid Barquet Climent: No, porque en principio no tiene una
consecuencia sancionatoria para quien expresa, en primer término,
una determinada idea o formula un juicio.
Es decir, el derecho de réplica es reflejo del de libertad de expresión.
Si una persona eventualmente, a través de una expresión le imputa un
delito indebidamente a otra persona, puede ser denunciado civilmente
por daño moral y en consecuencia hacerse acreedor a una sanción
económica; es decir, a tener que pagar en dinero una determinada
multa. Bueno, no es una multa, para no entrar en especificidades
técnico-jurídicas.
Y en muchos sistemas jurídicos se siguen siguiendo los llamados
delitos de opinión, a través de los tipos penales de la calumnia y de la
difamación, que en sistemas jurídicos como el mexicano, la tendencia
es que vayan desapareciendo.
Es decir, no utilizar el brazo penal del Estado, no utilizar la amenaza
de la privación de la libertad para coartar eventualmente la expresión o
perseguir a quienes, por ejemplo, destacadamente los periodistas, o
quienes están en los medios de comunicación, que son un sector que
se vería particularmente vulnerable o perseguido por esas eventuales
sanciones. Aquí no se trata de una sanción.
Es decir, nada corre a cargo de un medio de comunicación o de quien
formula una idea, simplemente es permitirle a una persona que es
señalada, que tenga la misma oportunidad en un medio de las mismas
proporciones, de desvirtuar el señalamiento que se le hizo. No hay
ninguna carga extra, no tiene que pagar ningún dinero ni tiene
eventualmente que ser privado de la libertad quien formula el juicio,
por eso no es una sanción, es darle oportunidad de ser escuchado a
quien esa persona señale.
Guadalupe Juárez: Oye, en el marco constitucional hablamos de
2007 que fue un parteaguas en esta materia, ¿cómo quedaron las
cosas?
Farid Barquet Climent: Como dices, fue en la reforma constitucional
del 2007, dentro de lo que se llamó entonces la reforma constitucional
en materia Electoral, que se consagró en el artículo 6° de la
Constitución el derecho de réplica.
La razón por la que el órgano reformador de la Constitución insertó
este derecho de réplica en el artículo 6°, es porque en este artículo 6°
estaba el derecho de libertad de expresión, como lo sigue estando.
Es decir, esto me parece que confirma la tesis de la que venía
hablando, que libertad de expresión y derecho de réplica son reflejos,
son uno correlativo del otro.
Entonces, digamos, por técnica legislativa se insertó en ese artículo 6°
para que funja como una limitante, pero también como una ampliación
de la libertad de expresión el derecho de réplica.
Guadalupe Juárez: Oye, ¿y qué pasa con lo que se ha quedado ahí
como detenido? Las leyes secundarias, ¿qué pasa con todo esto?
Porque si bien lo cita la Constitución, ¿qué pasa con todo lo demás?
Farid Barquet Climent: Esto que acabas de mencionar es muy
importante. Ya dijimos que en la Reforma Electoral del 2007 se insertó
en la Constitución el derecho de réplica; es decir, se consagró
constitucionalmente, como dicen los abogados.
Los motivos, las razones detrás de esta constitucionalización del
derecho de réplica tienen que ver –como dijiste tú al inicio del
programa-, con lo acontecido durante el proceso electoral del año
2006, en el que como todos recordamos, participaron como los
candidatos punteros en aquella competencia Electoral: Felipe
Calderón Hinojosa, por el Partido Acción Nacional, y Andrés Manuel
López Obrador postulado por una coalición de partidos.
Hubo una serie de imputaciones recíprocas, que todo mundo
recordamos, a través de medios de imputación, perdón, de medios de
comunicación, es decir, se señalaron recíprocamente como personas
que suponían un peligro para el país o que habían cometido conductas
indebidas.
Y a raíz, digamos, de la conflictualidad que supuso esa serie de
imputaciones, no reguladas en aquel entonces, es que se decidió al
año siguiente reformar la Constitución para que los contendientes en
una campaña electoral, que eventualmente se vieran afectados o se
consideraran afectados por el dicho de un adversario, pudieran
replicar; es decir, tuvieran oportunidad de contestarlo. Así quedó
entonces reformado el artículo 6°.
Ahora bien, como tú mencionaste, al reformarse la Constitución en el
2007 se estableció lo que se llaman artículos transitorios, que
aparecen al final, digamos, del articulado, del cuerpo de las normas,
¿no?, de los códigos, de las leyes, en este caso de la Constitución.
Y ese artículo transitorio le impuso al Congreso de la Unión, digamos,
al Congreso Federal la obligación de dictar en un término de 30 días la
reglamentación del derecho de réplica. Es decir, una cosa es su
consagración en la Constitución, su sola mención, pero otra es el
establecimiento de las reglas particulares conforme a las cuales se va
a modalizar el ejercicio de ese derecho.
Han pasado casi seis años, más de un lustro, estamos ya muy
próximos a abril y seguimos sin contar con esa legislación secundaria,
con esa ley, que la Constitución mandató que se dictara y no se ha
dictado.
Entonces por eso se vuelve muy importante abordar el trabajo del
Tribunal Electoral, que en ausencia de esa existencia de una ley está,
digamos, colmando ese vacío, llenando esa hueco –valga la
expresión-, para decir que a pesar de que el legislador no haya dictado
una ley al respecto, con su sola consagración constitucional el derecho
de réplica existe y, en consecuencia, debe ser tutelado y debe ser
protegido.
Guadalupe Juárez: Por cierto, ¿qué opinas de esto que ha hecho
este trabajo, de esta posición del Tribunal Electoral?
Farid Barquet Climent: Yo la juzgo positiva, la juzgo que va en
consonancia del talante garantista y protector de los derechos
humanos y de los derechos fundamentales que le ha impreso a los
órganos jurisdiccionales del país la Reforma Constitucional de
Derechos Humanos.
Es decir, lo que está el Tribunal es: si existe un derecho a favor de
todos los ciudadanos, en el caso y particularmente de los candidatos y
de los precandidatos a cargos de elección popular. El hecho de que
haya sido omiso un órgano del Estado, como es el Congreso de la
Unión, no puede hacer nugatorio un derecho que está consagrado por
la Constitución. Dicho de otro modo: quien puede lo más puede lo
menos.
Es decir, si existe en la Constitución ese derecho ya tiene
imperatividad, ya es obligatorio. Si después no llevó a cabo su trabajo
el Congreso y no dictó lo que el propio órgano reformador de la
Constitución le ordenó, eso no puede hacer que queden en estado de
indefensión las personas que, insisto, tendrían ese derecho de réplica
y que no por esa omisión legislativa, no por ese no actuar de los
legisladores no puedan ver su derecho protegido y efectivamente
ejercido.
Guadalupe Juárez: Ahora, estabas hablando tú de los derechos
humanos, ¿qué tiene que ver este asunto de los derechos humanos
con el derecho de réplica? Platícale, por favor, a nuestros amigos del
auditorio.
Farid Barquet Climent: Bueno, los derechos humanos son un gran
catálogo de derecho, digamos que los derechos humanos son el
género y el derecho de réplica es una de sus especies; es decir, el
derecho de réplica es uno de los derechos humanos.
Es un derecho que, como decíamos, está vinculado estrecha y
conceptualmente con el derecho a la libertad de expresión, forma
parte de las libertades fundamentales, que adquieren además un cariz
y una dimensión particular en contextos político-electorales.
Es decir, la libertad de expresión ha pasado fundamentalmente por la
libertad de manifestar ideas políticas; entonces el derecho de réplica
es también la posibilidad de controvertir o de ofrecer razones en contra
de una determinada idea política o de un juicio hecho sobre un político
o sobre un instituto político.
Es decir, donde cobran mayor vida, donde se vivifican las libertades de
expresión, como es el caso del derecho de réplica también, es en
contextos políticos y más en la competencia por el poder público, que
es el caso de las elecciones.
Entonces por eso es un derecho humano, y lo es además porque lo
dice el propio constituyente; es decir, el derecho de réplica está
consagrado en la Constitución en el artículo 6°, que forma parte del
título sobre derechos humanos y garantías individuales.
Es decir, además de lo que he intentado explicar de esta
correspondencia conceptual entre los derechos humanos y el derecho
de réplica como una de sus especies, también es un derecho humano
porque lo dice el propio redactor de la Constitución expresamente al
agruparlo o al insertar este derecho dentro del capítulo relativo a los
derechos humanos y a las garantías individuales.
Guadalupe Juárez: Una cosa es el derecho de réplica en los medios
de comunicación, pero otra es en materia electoral. Platícanos en este
momento cómo ves la situación, justamente, derecho de réplica y
materia electoral, que es justamente la vértebra de este programa.
Farid Barquet Climent: Como ya comentábamos, las libertades de
expresión, y desde luego el derecho de réplica cobran una dimensión
particular en los procesos electorales.
En las campañas políticas lo que hacen los partidos políticos es
redactar una plataforma electoral, difundir un ideario, formular una
serie de propuestas que intentan hacer llegar a la ciudadanía en aras
de ganar su simpatía y, en consecuencia, los votos necesarios para
acceder a cargos de elección popular.
El entramado de normas electorales en México le otorgan una serie de
prerrogativas y de condiciones a los actores políticos, para que
puedan hacer llegar con relativa facilidad ese mensaje y esas
propuestas a los ciudadanos. Cuentan con tiempos oficiales en radio y
televisión, cuentan con financiamiento para poder desplegar
actividades a lo largo y ancho del territorio nacional.
Eventualmente al presentar sus propuestas, al defender su ideario y
su visión de país, pueden incurrir en señalamientos a los adversarios;
es decir, eso es parte de la política democrática, de la deliberación
necesaria en toda democracia, contrastar propuestas, un partido
propone una cosa, otro partido propone otra, puede haber
coincidencias, puede haber diferencias de matiz, pero puede haber
diferencias quizá más radicales.
Y sabemos además que además de proponer ideas también señalar
debilidades o defectos de los adversarios es una manera de erosionar
sus preferencias, de minar su apoyo político en aras de lograr el
objetivo de llegar al poder.
Entonces es en este contexto en el que el denuesto, la descalificación
o hasta el insulto o la imputación injuriosa pueden darle un gran rédito
político a un contendiente por un cargo de elección popular.
Entonces en aras de evitar que se profieran infundios; es decir, dichos
sin ningún fundamento, descalificaciones carentes de justificación, se
le concede a los adversarios políticos, es decir, a la persona que se
vea señalada o al partido que se vea señalado la posibilidad de
replicar, de contestar a esa imputación y a ese dicho.
Permíteme hacer el símil, es como lo que ocurre en los litigios
jurídicos, una persona demanda a otra, esa persona que es el
demandado; es decir, a quien demandan, tiene oportunidad de
contestar, tiene un derecho de audiencia, es decir, un derecho de ser
escuchado.
Aquí opera de manera similar, si un contendiente político le imputa una
conducta, que puede ser inclusive una conducta delictiva o una
conducta inmoral o una conducta disvaliosa, esa persona que es
señalada como delincuente, como inmoral o como una persona que
tiene un proceder negativo tiene oportunidad de contestar.
Entonces lo que busca el derecho de réplica y lo que me parece que
está contribuyendo a consolidar, interpretaciones ya reiteradas de la
Sala Superior del Tribunal Electoral, es que a pesar de que haya una
omisión del legislador de prever reglas específicas, decir que este
derecho está constitucionalmente consagrado y que entonces los
juzgadores, es decir, el Tribunal está supliendo a la labor de los jueces
y está dando condiciones para que en una contienda político-electoral
una persona que es imputada de una conducta disvaliosa pueda
contestar.
Guadalupe Juárez: Para que haya equidad.
Farid Barquet Climent: Así es.
Guadalupe Juárez: Para que esté el terreno parejo, como dicen.
Farid Barquet Climent: Exactamente.
Guadalupe Juárez: Oye, en el caso de los espacios, ¿en dónde se
debe contestar?, ¿en qué momento se debe contestar? O sea, en lo
técnico, en lo práctico ¿cómo se hace?, ¿cómo se logra?
Farid Barquet Climent: Me parece que acabas de tocar un punto muy
importante, más bien dos. ¿En qué medios deben hacerse y en qué
tiempo debe hacerse?
La idea es que quien replica una imputación o un señalamiento puede
hacerlo, o sea, pueda llevar a cabo esa contestación esa réplica en un
medio de los mismos alcances que el que tuvo a su disposición la
persona que le hizo la imputación.
Porque si una persona, en este caso pensemos otra vez en contextos
electorales, un candidato señala a otro en una cadena nacional de
televisión en un horario estelar con altos niveles de audiencia, la
contestación que dé a esa imputación, a ese señalamiento, su
adversario, si esa contestación se da en un medio de menor
circulación, con menores alcances, puedo pensar, un periódico,
prensa escrita de alcance local, de no un gran tiraje, pues entonces la
capacidad, digamos, expansiva del mensaje inicial en el que se hizo la
imputación o el señalamiento, tiene un poder mayor de penetración en
los votantes, un poder mayor de penetración en el electorado que el
que puede tener una publicación escrita de alcance local o de poco
tiraje.
Guadalupe Juárez: No es el mismo impacto, ¿no?
Farid Barquet Climent: No es el mismo impacto.
Y además el tema del tiempo es muy importante. Hace unos minutos
hablábamos de cómo la legislación civil permite resarcir a través de
montos económicos un eventual daño moral, un daño a la fama, al
prestigio de una persona.
En caso de justicia electoral, si la normatividad previera una
indemnización económica de quien injuria hacia al injuriado, el efecto
político no se resarciría, es decir, me limito a pagar una multa, sí, pero
ya estoy en el cargo porque hizo mella electoral, el daño ya está
hecho.
Logré estigmatizarlo, logré afectar su imagen ante el electorado y
entonces vino una caudal de votos a mi favor, y si tengo que pagar un
monto económico no importa, yo ya estoy en el cargo.
Entonces la idea es que la réplica sea inmediata al señalamiento.
Primero, para que guarden una relación dialéctica, es decir, que se
sepa que se está contestando algo. Tiene que haber una relación de
inmediatez, de cercanía en el tiempo. Pero a la vez, saber que una
indemnización de tipo económico, o hasta la privación de la libertad de
quien emitió el mensaje injurioso o calumnioso no le depara ninguna
reparación a quien eventualmente haya sido señalado.
En cambio, si le permites replicar y contestar y dar razones para
desvirtuar lo que infundadamente se dijo de él, entonces ese impacto
en los electores, ese impacto en los votantes que puede haber tenido
el mensaje original disminuye y puede él contrarrestarlo y entonces,
como tú decías hace unos minutos, que existan contiendas electorales
más igualitarias, con el piso más parejo, como tú dices.
Guadalupe Juárez: ¿Es el caso que revisó el Tribunal Electoral en el
estado de Sonora?
Farid Barquet Climent: Así es.
Este caso, que se resolvió el pasado 12 de marzo aquí en la Sala
Superior, me parece que es además reiterativo de una línea de
interpretación que ha venido ya bosquejando la Sala Superior desde
hace algunos años, particularmente desde el año 2009.
En el caso, lo que hizo la Sala Superior fue revocar; es decir, dar
marcha atrás a una determinación del Secretario Ejecutivo del IFE, -
aquí hago una puntualización-, no del IFE como su Consejo General,
como se máximo órgano de dirección, sino su Secretario del Consejo,
el Secretario Ejecutivo del IFE, que atendió una petición de un partido
político, que pidió tener derecho de réplica frente a una imputación que
el propio IFE ya había determinado que había sido infundada,
injuriosa, calumniosa, carente de fundamento. Entonces pidieron tener
la oportunidad de replicar ese dicho.
El Instituto Federal Electoral a través de su Secretario Ejecutivo negó
ese derecho de réplica, negó esa posibilidad de contestar, aduciendo
que como autoridad administrativa, como órgano organizador de
elecciones no tenían facultades para concederle ese derecho de
réplica, porque el legislador no había dictado la norma que desde 2008
está obligado a dictar.
Contra esa negativa del Secretario Ejecutivo del IFE, de conceder el
derecho de réplica, el Partido Acción Nacional acudió aquí a la Sala
Superior del Tribunal, y el Tribunal interpreta que lo dicho por el IFE;
es decir, las razones aducidas por el Secretario Ejecutivo del IFE para
negar ese derecho de réplica eran razones infundadas.
En primer lugar, porque no era el momento procesal para hacer
pronunciamientos de fondo; es decir, el Secretario Ejecutivo tiene unas
facultades, digamos, una suerte de tramitador, no debe adelantar, no
debe prefigurar lo que va a ser la determinación de fondo del órgano
facultado, que es el Consejo General.
Pero además porque había un entendimiento, digamos, legalista del
derecho de réplica y no un entendimiento, como lo ha visto la Sala
Superior desde una perspectiva de gran angular y una perspectiva
más garantista, de que por la sola existencia constitucional del
derecho de réplica y por ser un derecho humano, conforme al artículo
1° Constitucional todas las autoridades y no sólo las que tienen
atribuciones de interpretación constitucional de manera expresa, sino
todas las autoridades deben velar por la observancia de los derechos
humanos.
Y en el caso, digamos, esto no lo dice la Sala, lo digo yo, la Sala
Superior estaría advirtiendo en el proceder del IFE que no se tomó en
cuenta esa primacía que la Constitución da a la tutela de los derechos
y que en cambio prefirió la autoridad electoral aducir o esgrimir un
argumento más bien fundado en la carencia de normas de legalidad,
que a final de cuentas son no más que instrumentales de las
disposiciones constitucionales.
Guadalupe Juárez: Farid, en el caso de otros países, ¿cómo está la
situación?, ¿es diferente a lo que estamos viendo ahora en México?
Farid Barquet Climent: No, no y así lo ha recogido la jurisprudencia
interamericana. Aquí conviene, además, destacar que en las
resoluciones, inclusive en las anteriores a ésta del pasado 12 de
marzo, la Sala Superior del Tribunal ha invocado criterios; es decir, ha
traído a cuento interpretaciones surgidas de otros países,
destacadamente del Tribunal Constitucional Español; inclusive de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conoció de casos
surgidos, por ejemplo, en Chile y en Paraguay. Invocó en una de sus
sentencias la Sala Superior del Tribunal una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, relativa a una película que se
intentó censurar antes de su proyección en los cines.
Es decir, no sólo no va contra corriente las interpretaciones del
Tribunal Electoral de lo que está pasando en otros lugares, en otros
países, sino que por el contrario, tan son consonantes que las invoca y
las cita en refuerzo de su propia argumentación.
Es decir, invoca o cita sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, surgidas de otros países, inclusive
latinoamericanos, como Chile y Paraguay, donde se dice que en
campañas político-electorales hay por definición un intercambio de
señalamientos y un contraste de ideas que puede dar lugar
perfectamente a imputaciones que ameriten un derecho de réplica.
Y además invoca una sentencia también de la Corte Interamericana,
donde se dice que la censura previa no cabe, es decir, el derecho de
réplica es, como su nombre lo dice, replicar algo previamente dicho.
Es decir, no se está poniendo un corsé, no se está pasando por un
filtro previo a las opiniones de las personas; es decir, no hay una
censura, sino que una vez formulada una idea, una vez expresado un
juicio, entonces se tiene el derecho de contestarlo, pero no de frenar
su emisión.
Guadalupe Juárez: Claro.
Oye, en el caso de nuestro país, ¿el reto que nos queda es que haya
una ley secundaria?
Farid Barquet Climent: Así es.
Yo diría que es lamentable que lo hayas tenido que expresar como un
reto, era una obligación y que data de hace más de un lustro. Esto
habla nuevamente de la contumacia, de la persistencia del Poder
Legislativo en ser omisa, de cumplir con la que la propia Constitución
le mandata.
Es decir, esta es una manifestación más de muchos retrasos, de
francos incumplimientos de las cámaras del Congreso de la Unión;
pienso, por ejemplo, como ha ocurrido con la designación de
consejeros electorales.
Es decir, ignorando y desatendiendo de manera flagrante lo que
mandata la Constitución a través de artículos transitorios, han dejado
por momentos acéfalo o incompleto, al menos, a la máxima autoridad
organizadora de elecciones en el país, como es el Instituto Federal
Electoral. En distintos momentos de su historia reciente no ha tenido la
conformación que la Constitución diseñó por estas omisiones
legislativas.
Aquí tenemos un ejemplo de otra, insisto, no debiera ser un reto, pero
parece que llegar a esos acuerdos se vuelve un reto cuando a final de
cuentas se trata de cumplir con una obligación constitucional y que
además, hay que decirlo, se la impusieron ellos mismos, porque el
hecho de que en un momento actúen como integrantes del órgano
reformador de la Constitución y en un momento posterior como un
Poder Legislativo que dicta leyes, no quiere decir que no sean las
mismas personas y que no sea la misma clase política.
Es decir, hay además una suerte de traición a la propia palabra
empeñada y consagrada en normas. Entonces desde luego que esta
sentencia debiera servir para recordarle nuevamente al Poder
Legislativo que está en falta, y que lo deseable en una democracia,
como división de poderes, no es que tengan que entrar los jueces a
subsanar sus faltantes y hacer el trabajo que ellos no hicieron.
Lo están haciendo en protección de los derechos políticos y de las
libertades de los actores de una democracia, pero que lo estén
haciendo en suplencia no quiere decir que sea lo deseable. Es en todo
caso, esa debiera ser la excepción, pero desafortunadamente se está
convirtiendo en la regla ante tantas omisiones legislativas.
Guadalupe Juárez: Farid, ha sido un privilegio tenerte aquí, platicar
contigo en esta ocasión.
Farid Barquet Climent: Al contrario, el privilegio es para mí y muchas
gracias.
Guadalupe Juárez: Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y agradezco así a Farid Barquet Climent, de Barquet Climent y
Asociados que nos haya acompañado.
Llegamos al final de Justicia Electoral a la Semana, lo espero en la
siguiente emisión. Y en nombre de todo este equipo de producción del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las
gracias, le deseo que tenga muy buena semana, muy buen lunes, que
la pase usted muy bien.
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