JUSTICIA 05 - Representación Permanente de España ante la UE

Transcripción

JUSTICIA 05 - Representación Permanente de España ante la UE
PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LOS
MENORES SOSPECHOSOS O ACUSADOS EN LOS PROCESOS PENALES
1. BASE JURÍDICA
La base jurídica de la propuesta es el artículo 82.2.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).
El procedimiento para la adopción de la Directiva de referencia es el legislativo ordinario.
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA
CONSIDERADA LA PROPUESTA
El grupo de trabajo competente es el de Derecho Penal Material (DROIPEN).
Está previsto que en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de 14 y 15 de junio de 2014 tenga
lugar la adopción del acuerdo que se espera alcanzar con el Parlamento al respecto (relatora
Chinichi).
3. CONTENIDO
I. La propuesta de Directiva relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o
acusados en los procesos penales tiene por objeto establecer normas mínimas comunes en el
conjunto de la Unión Europea en materia de derechos de los menores sospechosos o acusados en
procesos penales y de los menores sujetos a los procedimientos contemplados en la Decisión marco
2002/584/JAI del Consejo (“procedimientos relativos a la orden europea de detención”).
Esta propuesta se presenta dentro de un paquete de garantías procesales adoptado por la Comisión
a finales de noviembre de 2013 junto con otras dos, una relativa al derecho a la asistencia jurídica
gratuita provisional de los sospechosos o acusados privados de libertad y otra con el fin de reforzar
ciertos aspectos de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el propio juicio en
los procesos penales. Al mismo tiempo, la Comisión ha adoptado una recomendación instando a los
Estados miembros a aplicar una serie de salvaguardias para las personas vulnerables, concepto éste
más amplio pero que, debido a la falta de una definición común del concepto de “adultos
vulnerables” y teniendo en cuenta consideraciones relacionadas con los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, no ha incluido en la propuesta de Directiva.
A través de referido paquete, se pretende seguir desarrollando la llamada hoja de ruta en materia
de garantías procesales trazada a partir del Programa de Estocolmo, de la cual ya son una realidad
tres instrumentos: la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los
procesos penales; la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos
penales; y la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos
penales y en los procedimientos relativos a la orden europea de detención, y sobre el derecho a que
se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y
con autoridades consulares durante la privación de libertad.
II. Como elementos esenciales del texto resultante, destacan las siguientes cuestiones:
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a.
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Ha quedado fuera del ámbito de aplicación los casos en que se
trate de procesos no seguidos ante la jurisdicción penal o seguidos ante ella si no hay privación de
libertad y no puede imponerse en la sentencia una privación de libertad o una sanción criminal –en
España deja fuera a los menores de 14 años en todo caso (artículo 2.5.a), ajenos a la norma procesal
penal española-.
b.
DERECHOS DEL MENOR. Se reconoce el derecho del menor a recibir información (en la
extensión del artículo 4); el derecho a que sean informados sus padres (en idéntica extensión y salvo
excepciones, artículo 5); el citado derecho de acceso a y asistencia de un abogado en los términos ya
comentados; el derecho de asistencia individualizada, con excepciones y bastante laxitud (artículo
7), el derecho de examen médico en caso de privación de libertad y la revisión del mismo (artículo
8); la grabación audiovisual de los interrogatorios policiales, si bien se puede prescindir de la misma
si el delito imputado, la pena a imponer o las circunstancias del caso no son graves, o cuando hay
asistencia letrada o, excepcionalmente, cuando razones técnicas lo impiden (artículo 9); se fija la
prisión provisional como medida de último recurso y separadamente, salvo excepciones, de
adultos, excluyéndose la posibilidad de aplicarlo a cuestiones relativas a la ejecución (artículos 10 y
12); la protección de la privacidad del menor como ya se ha comentado (artículo 14); el derecho a ser
acompañado por un adulto en las audiencias públicas (artículo 15), el derecho a estar presente en el
juicio o disponer de un recurso con nueva prueba en caso contrario (artículo 16).
c.
OTROS. La asistencia jurídica se regula por la normativa nacional (artículo 18), se extiende el
instrumento al caso de las OED (EAW) (artículos 2 y 17) y se prevé la posibilidad de reembolso de
costes según la ley nacional (incluyendo los gastos por asistencia médica, en todo caso previa
condena) artículo 21.2.
III. El resultado final es el de un texto algo recortado sobre el original, que no afecta en gran
medida a la normativa española, bastante protectora –sobre todo después de lograr enmendar
durante la negociación los artículos sobre asistencia jurídica gratuita (pues se atendía a la situación
económica del menor como criterio rector no asumido en nuestra reciente normativa) o relativos a
la obligatoriedad de las grabaciones de las declaraciones policiales (que ahora solo es obligatoria
excepcionalmente en casos en los que se dispondrán los medios para ello
Respecto de este último en particular se oponen firmemente a su inclusión, propiciada por Austria y
Polonia, Francia, Bélgica, Bulgaria, Portugal y la Comisión, que intervendrán al respecto. En el caso
de España no se apoyó dicha exclusión del reembolso de costes (medida facultativa de cada EM
para reclamar entre otros los médicos y asistenciales para el menor condenado), con el objeto de
evitar que la mayoría aprobase un 21.2 con mención específica a que el reembolso dependiese de la
situación económica del menor (precedente que se pretendía evitar para no determinar la futura
negociación de la Directiva de asistencia jurídica gratuita). Se obtuvo el borrado de dicha referencia
a cambio de no oponerse al mantenimiento del resto del párrafo.
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO
Como hemos indicado, está pendiente de la apertura de los trílogos sobre esta cuestión, sin que se
haya celebrado siquiera la primera reunión sobre el mismo. Es previsible que el Parlamento
Europeo no admita algunos aspectos del mismo, especialmente la redacción actual de asistencia
letrada (artículo 6), y reembolso de costes (artículo 21).
5. VALORACIÓN
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España acoge favorablemente esta propuesta de Directiva, que promueve la aplicación de derechos
recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en sus
artículos 4, 6, 7, 24, 47 y 48, basándose en los artículos 3, 5, 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Su fin es establecer las normas mínimas que se consideran indispensables para lograr el
objetivo de alcanzar un nivel efectivo de protección de los menores en todo el territorio de la Unión
y reforzar la confianza mutua y la cooperación judicial entre sus Estados miembros, de acuerdo con
los estándares establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y asimismo conforme a
las Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a menores,
las Reglas de Beijing y la Observación General nº 10 (2007) del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas sobre los derechos del niños y sobre los derechos del niño en la justicia de
menores.
Las modificaciones previsibles por la intervención del Parlamento es difícil que pudiesen afectar la
posición de la delegación española –salvo que introduzcan, como el texto pretendió inicialmente,
grabar toda declaración judicial o policial de menores, o el régimen de asistencia jurídica gratuita de
estos considere su situación económica particular, y no familiar, como preveía la recomendación de
27 de noviembre de 2013, la Comisión-.
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