Una Luz en el Horizonte del Tsunami Sindical Por Diego Viana

Fernando Jiménez de Aréchaga
Diego Viana Martorell
Héctor B. Viana
Virginia Brause J. de Aréchaga
Nicolás Herrera Alonso
-------------------------------------Alberto Brause Berreta
Verónica Pott
Consultores
Una Luz en el Horizonte del Tsunami Sindical
Por Diego Viana Martorell
Frente al desconcertante contexto y conflictivo clima laboral con que culmina el año y
que daña enormemente la imagen de nuestro país, se advierten las primeras respuestas
del sistema político, lo cual permite avizorar un mejor Año Nuevo en materia de
relaciones laborales. Al menos, desde la perspectiva empresarial.
Ante el riesgo sanitario por la acumulación de basura, la Intendencia Municipal de
Montevideo solicitó y obtuvo la declaración de esencialidad de los servicios de limpieza
y
guardavidas
(ver
texto
de
la
resolución
en
http://www.presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/12/20101208-esencialidadIMM.pdf).
La decisión indica que finalmente se está dispuesto a no ceder ante la acostumbrada
intransigencia que pone en jaque al normal desenvolvimiento de la vida ciudadana.
Cabe recordar que la medida no se había aplicado desde 1990, fecha en que el Frente
Amplio asumió el gobierno departamental. Esta vez, sorpresivamente, la intendente
incluso recibió el respaldo del Comité Central del Partido Comunista, lo cual era
inimaginable otrora. De todas formas, la Confederación de Obreros y Funcionarios del
Estado (COFE) se solidarizó con ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros
Municipales), anunció una alianza para continuar el enfrentamiento y criticó la falta de
apoyo de la central sindical, PIT-CNT. El escenario es complejo, pero el
establecimiento de límites parece un buen presagio.
Recapitulando
Hay quienes atribuyen la creciente ola de conflictos a la extensión de las negociaciones
de los Consejos de Salarios y cuestionan, con razón, que se haya juntado con la
discusión de la Ley de Presupuesto, reforma del Estado incluida. Ciertamente, esta
coincidencia temporal unió los reclamos del ámbito privado con los del sector público y
creó un verdadero tsunami sindical.
Pero más allá de la circunstancia temporal, el marco regulatorio aprobado en los últimos
años alentó la conflictividad, porque fue cambiando las reglas laborales de forma
favorable a los trabajadores. Podemos mencionar las leyes Nº 17.940 con los medios de
protección a la actividad sindical, la Nº 18.566 con el sistema de negociación colectiva,
las leyes Nº. 18.099 y 18.251 sobre tercerización, la ley No. 18.441 con el régimen del
trabajador rural, la ley Nº 18.387 con la protección de los acreedores laborales en la
nueva ley concursal y otras que si bien favorecen los derechos de los trabajadores,
inclinan únicamente para su lado el fiel de la balanza.
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Quedó en la memoria del empresariado el decreto Nº 145/005,
que
derogó
la
facultad del Ministerio del Interior de autorizar el ingreso de la fuerza pública en locales
comerciales, industriales y similares, en casos de ocupación sindical. Y también el Nº
165/006 que consagró en su artículo 4to la ocupación parcial o total como una
modalidad de ejercicio del derecho de huelga, regulaciones que dejaron en absoluta
inferioridad a las empresas.
Los sindicatos adoptan medidas de conflicto sin observar los mecanismos de prevención
consagrados en el decreto y hacen caso omiso a las cláusulas de paz, sin que esto les
traiga ninguna consecuencia o sanción. Pero, como hemos visto, cuando el juego pasó al
terreno del Estado, se decidió rever las normas. Elogiamos la aprobación del decreto Nº
354/010 que estableció, el 2 de diciembre pasado, el mecanismo de desalojo en caso de
ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública (ver decreto en
http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mtss_130.pdf). Es de esperar que
se extienda a la actividad privada.
Como sucedió con el inmediato desalojo de la Suprema Corte de Justicia, debería
responderse con igual celeridad cuando se ocupa una empresa o una industria, no siendo
de recibo la distinción pública o privada del local ocupado. No alcanza con
declaraciones de rechazo a los piquetes si no se la respalda con el ejercicio de la fuerza
policial para mantener el orden, la libre circulación, disuadir a los manifestantes y evitar
hechos de violencia.
Hay tiempos para negociar y esto es una verdad incontrastable. Después, hay que tomar
decisiones y ello no debe confundirse con autoritarismo. Como sabemos ello requiere de
la necesaria coordinación del Ministerio de Trabajo con el Ministerio del Interior y de
una rápida actuación, coordinación que vale el esfuerzo.
Otras luces de cara al 2011
Luces en este camino de conflicto y enfrentamiento sindical son también los dos fallos
recientemente dictados por la Justicia especializada. El primero declara la ilegitimidad
del piquete y el segundo considera manifiestamente ilegítimas las medidas de presión
como hostigamiento y coacción contra los trabajadores no adherentes. Nos referimos
precisamente a las sentencias dictadas frente a las acciones promovidas por Zonamérica
(ver texto del fallo en http://desur.net/JDEAVB/AN2.pdf), por una parte y por
dependientes de CAP (ver texto del fallo en http://desur.net/JDEAVB/AN1.pdf), por la
otra, en referencia a la limpieza y recolección de residuos. Ambos casos se suman al
categórico pronunciamiento de los jueces contra las últimas ocupaciones.
Repasando los últimos conflictos, y la forma en que se resolvieron, o quisieron
resolverse, es de esperar que el procesamiento del operario de Conaprole ponga punto
final a la insólita discusión que envolvió al principal exportador del país y que finalizará
el seguro de paro que no permite amparar a quienes son despedidos por razones
disciplinarias. La condición de afiliado no permite excesos ni cometer actos delictivos.
Y es evidente que de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia laboral no es necesario que
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recaiga un procesamiento para poder despedir por notoria mala conducta. La decisión de
la Sede penal quizás ayude a poner estas cosas en su lugar.
Por último y de cara al 2011, si es verdad que se ha comenzado a caminar en pro de una
legislación y toma de decisiones más equitativa, el gobierno no puede seguir
postergando la reforma de la ley de sistema de negociación colectiva, habiendo recibido
observaciones nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo. Y si la
Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucionalidades la reforma del proceso
laboral debe atenderse.
Algunos pasos comenzaron a darse. La capacidad de resolver los problemas sindicales,
y de caminar hacia una toma de decisiones ágil, transparente, pero no sesgada, también
hacen a este Uruguay pujante que navega con viento a favor en la macroeconomía
global. Seguir adelante y no ahogarse en un tsunami de conflictos sindicales será el
desafío de los tiempos venideros. Confiemos en que reine la cordura y tengamos un
próspero año nuevo, con paz laboral.
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