1996 08689 - Rama Judicial del Huila

Transcripción

1996 08689 - Rama Judicial del Huila
– REPARACION DIRECTA/ACCIDENTE TRANSITO/FALTA DE SEÑALES EN
LA VIA/Falta o Falla de la Administración
4.2.- LA CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL DE LA "FALTA O
FALLA DEL SERVICIO", TAMBIÉN DENOMINADA "FALTA O FALLA DE LA
ADMINISTRACIÓN", PARTE DEL SUPUESTO DE QUE EL ESTADO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IRROGADOS A LOS ADMINISTRADOS,
CUANDO QUIERA QUE ELLOS SEAN EL RESULTADO DE SUS ACTUACIONES,
OMISIONES, HECHOS U OPERACIONES ADMINISTRATIVAS.
4.4.- ES EVIDENTE, QUE EL ACCIDENTE SE GESTÓ POR LA CARENCIA DE
SEÑALES QUE EN LAS HORAS DE LA NOCHE LE INDICARAN A LOS
TRANSEÚNTES Y A LOS PEATONES LA INMINENCIA DEL PELIGRO EN LA
VÍA.
4.5.- CON RELACIÓN A LOS ARGUMENTOS EXCULPATIVOS ESBOZADOS POR
LA APODERADA DE LA PARTE DEMANDADA, QUIEN CONSIDERA QUE EL
ACCIDENTE FUE CAUSADO POR LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA,
PORQUE DE ACUERDO CON SU SENTIR, LA VÍA ESTABA DEBIDAMENTE
SEÑALIZADA Y EL DEMANDANTE ERA CONOCEDOR DE LOS TRABAJOS QUE
ALLÍ SE REALIZABAN (DADO QUE DIARIAMENTE SE MOVILIZABA POR EL
LUGAR); VALE RESALTAR, QUE LA CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL QUE
SOBRE ESTE INTERESANTE TEMA HA SIDO ELABORADA, PARTE DEL
SUPUESTO DE QUE TAL EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD OPERA CUANDO
LA CULPA DE LA VICTIMA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA CAUSA DEL HECHO
DAÑOSO.
EN EL SUB LITE, ESTÁ DEBIDAMENTE ACREDITADO QUE LA MENCIONADA
CINTA NO ERA LA SEÑAL APROPIADA PARA PREVENIR UN PELIGRO DE ESTA
NATURALEZA EN LAS HORAS DE LA NOCHE. DE OTRO LADO, NO ES DE
RECIBO ACEPTAR QUE EL MERO HECHO DE RESIDIR EN EL LUGAR PRÓXIMO
AL ACCIDENTE, EXONERE A LA ENTIDAD DEL DEBER DE INSTALAR LAS
MENTADAS SEÑALES. POR LO TANTO, SE INFIERE QUE LA FUENTE QUE
PROPICIÓ EL ACCIDENTE FUE LA CARENCIA DE LA APROPIADA
SEÑALIZACIÓN NOCTURNA; EN TAL VIRTUD SE IMPONE LA DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD.
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
HUILA
Sala Cuarta de Decisión
Neiva, quince de marzo de dos mil cinco.
ACCION TUTELA PRIMERA INSTANCIA
CONTRA: JUZGADO EJECUCION PENAS YMEDIDAS SEGURIDAD
RADICACION: 41001-2204-000-2004-00121-00
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MAGISTRADO PONENTE
DEMANDANTES
DEMANDADO
CLASE DE ACCIÓN
CLASE DE PROVIDENCIA
RADICACIÓN
ACTA No.
2
: RAMIRO APONTE PINO
: JORGE GUZMAN VERGEL y otros
: IMOC
: REPARACIÓN DIRECTA
: SENTENCIA
: 41 001 23 31 004 1994 0435 00
: 030
I.- LA DEMANDA.
Asistidos de apoderado judicial, JORGE GUZMAN VERGEL,
JORGE GUZMÁN CORTES, MIRYAM VERGEL DE GUZMAN,
BELLAIR GUZMAN VERGEL, MARICELA GUZMAN VERGEL y
BETTY GUZMÁN VERGEL – las dos últimas menores -,
promueven la acción de reparación directa contra el INSTITUTO
MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES DE NEIVA –IMOC-; en
procura de que sea declarado administrativamente responsable
de los perjuicios morales, materiales y fisiológicos que le fueron
irrogados como consecuencia del accidente de transito acaecido
en horas de la noche del 24 de mayo de 1994, en el cual resultó
lesionado el primero de los mencionados.
Deprecan, que las sumas líquidas reconocidas se actualicen
siguiendo las orientaciones consagradas en el artículo 178 del
Código Contencioso Administrativo, amén de que la sentencia se
cumpla en los términos y ritualidades previstas en los artículos
176 y 177, ibídem.
II.- FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA.
Como fundamentos de orden fáctico -en resumen - aducen:
1.- Aproximadamente a las diez de la noche del 28 de mayo de
1994, Jorge Guzmán Vergel se desplazaba en la motocicleta de su
propiedad (Yamaha DT 125 de placas OUC 99) desde el lugar de
trabajo hacía su residencia ubicada en el barrio Misael Pastrana
Borrero de la ciudad de Neiva.
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Al arribar al trayecto comprendido entre las carreras 41 y 42 de
la calle 19 – barrio Los Guaduales – de manera intempestiva
tropezó con una piedra que a manera de prevención había sido
instalada durante el día por los trabajadores del IMOC. Entidad,
que realizaba labores de reparcheo en el sector.
Como consecuencia del impacto, “salido disparado” del velocípedo
y cayó violentamente al suelo. Allí, fue auxiliado por un taxista,
quien lo condujo hasta el Hospital General de Neiva; y dada la
gravedad de las heridas tuvo que permanecer recluido durante
más de dos meses -uno de ellos en cuidados intensivos-; al cabo
de los cuales, el médico tratante (Héctor Suárez) les manifestó a
sus familiares “que nada más podía hacerse por él”.
Dado que
“… no respondía a los tratamientos médicos y
permanecía inmóvil, como muerto, motivó que sus familiares
imploraran a los funcionarios del Hospital su entrega para
trasladarlo a la casa, petición a la que accedieron después de
muchos ruegos”.
Las lesiones “lo dejaron incapacitado de por vida, con algunos
síntomas de locura y sufriendo de amnesia, pues no rememora,
habla sobre cosas ajenas a lo que está tratando en el momento y
de repente se torna agresivo”.
2.- Aducen, que el IMOC omitió instalar “las debidas señales de
peligro” en el lugar donde realizaba los trabajos; a efectos de
que los transeúntes y conductores estuvieran informados de “la
existencia de una serie de huecos que había abierto en las horas
del día, riesgo acentuado por la total ausencia de alumbrado
público en el sector”.
En su sentir, era indispensable que se ubicaran “vallas, teas
encendidas o encerramiento de la vía. Sin embargo, por toda
señal, los trabajadores del IMOC sólo colocaron tres (3) piedras
de regular tamaño en sitio próximo a los huecos”. “Precisamente
con una de esas piedras tropezó la llanta delantera de la
motocicleta de Jorge Guzmán Vergel, quien nada sabía de la
existencia del peligro…”.
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3.- El lesionado, es hijo de Jorge Guzmán Cortés y de Miryam
Vergel de Guzmán; hermano de Betty, Bellair y Maricela Guzmán
Vergel; quienes convivían bajo el mismo techo, unidos por vínculos
de ayuda, convivencia y solidaridad económica y moral.
En el momento del accidente se desempeñaba como “mecánico”;
percibía un ingreso mensual de $ 250.000, del cual derivaba su
subsistencia y le permitía colaborarle a sus padres y hermanos.
4.- Una vez recluido en su hogar, sus familiares le han prodigado
las atenciones requeridas, sin obtener su recuperación.
En dicho empeño,
2.000.000.
han invertido una suma que ya supera $
De otro lado, la tragedia ha causado un alto grado de angustia,
desasosiego, pesadumbre y profunda aflicción en los miembros de
su núcleo familiar.
III.- FUNDAMENTACION LEGAL.
Apoya sus pretensiones en los artículos 2º y 90 de la Carta
Política, y en los artículos 82, 83 y 86 del Código Contencioso
Administrativo.
Aduce, que la negligencia y la falta de previsión del IMOC se
erige en una falla del servicio, toda vez que se reúnen a plenitud
los elementos estructurales del mismo:
- La falta o falla de la administración (no instalar las señales de
peligro).
- El daño (lesiones causadas a Jorge Guzmán).
- La relación de causalidad existente entre el daño y la falla.
En ese orden de ideas, concluye que es menester que se
indemnice el valor de los perjuicios materiales, morales que
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fueron causados al propio lesionado y a los miembros de su núcleo
familiar, y los perjuicios fisiológicos irrogados al primero.
IV.- EL TRASLADO DE LA DEMANDA.
No obstante que la demanda se notificó personalmente al
representante legal del IMOC, ésta entidad no descorrió el
traslado del libelo introductorio (f. 76-79).
V.- LA PRUEBA.
1.- Documental.
1.1.- Con la demanda se anexó:
Partida de matrimonio de Jorge Guzmán y Myriam Vergel.
Registros civiles de nacimiento de Betty, Bellair, Marisela y
Jorge Guzmán Vergel. Cuatro fotografías. Facturas No 3362,
3471 y 3887 del centro de escanografía de la Clínica Central de
Especialistas. Copia informal de la factura No 3404 del anterior
centro asistencial. Facturas No 7019, 11794, 9141, 8889 de la
Droguería Paris. Formulas médicas del Hospital General de Neiva.
Recibos de caja No 259678, 261309, 278929 y 302602 del
Hospital General de Neiva. Recibos correspondientes a varias
sesiones de terapia respiratoria. Factura No 034 de Jiménez y
Caldero S en C. 7 facturas de la Droguería Tequendama. 6
formulas médicas de la Clínica Fierro. Formato de control de
citas. Factura No 8398 de Drogas la Rebaja. Cotizaciones No
0695 y 0698 del almacén Casa Motos. Cotización del almacén
Yamaha Sur. Copia autentica de la póliza de seguro de daños,
expedido por la Previsora S.A. adquirida por Jorge Guzmán
Vergel el 12 de mayo de 1994. Copia auténtica de la licencia de
transito de la motocicleta Yamaha, DT 125, OUC-99, modelo
1991, de propiedad de Jorge Guzmán Vergel (f. 16-71).
1.2.- A petición de parte se obtuvo:
Copia de la historia clínica No 114067 de Jorge Guzmán Vergel,
remitida por el Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva (f. 89-174).
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Copia del resumen del tratamiento médico que le fue prodigado a
Jorge Guzmán Vergel en la Clínica Fierro (f. 90).
2.- Testimonial.
Se recepcionaron los testimonios de Esther Vargas Lugo, Carlos
Alberto Hernández Restrepo, José Ronaldo Marroquín y Lina del
Carmen Pastrana Dussán (f. 178-182, 191-194).
3.- Dictamen pericial.
Se decretó el reconocimiento médico de Jorge Guzmán Vergel
por parte de Medicina Legal; experticio que fue rendido mediante
oficio 2000—12-01, radicado el 11 de diciembre de 2000 (f. 196).
Encontrándose el proceso al despacho para fallo, se ordenó la
remisión del demandante Jorge Guzmán Vergel a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Huila, con el fin de que
se sirviera “determinar si existe de la capacidad laboral y en caso
afirmativo establecer su porcentaje…”.
Prueba, que no fue posible practicar, porque la parte interesada
no compareció en la oportunidad señalada (f. 321, 327).
VI.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.
1.- Parte actora.
Guardó silencio.
2.- Instituto Municipal de Obras Civiles de Neiva –IMOC-.
Luego de hacer una valoración de las diferentes pruebas
recaudadas – en particular, teniendo en cuenta los testimonios-;
la apoderada del IMOC manifiesta que el lesionado tenía pleno
conocimiento de las labores de mantenimiento y conservación que
se realizaban en la vía, en razón a que se movilizaba diariamente
por ella. Por lo tanto, era conciente del peligro que la obra
representaba para los conductores.
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En tal virtud, el accidente es imputable a la culpa exclusiva de la
víctima, quien no condujo con suficiente cuidado y pericia –
máxime, si se trata de una actividad peligrosa-. Circunstancia, que
al romper el nexo de causalidad exonera de responsabilidad a la
demandada.
Ello, aunado al hecho de que el IMOC había tomado las
precauciones necesarias, informando la existencia del peligro por
medio de una cinta amarilla y negra.
3.- Ministerio Público.
No rindió concepto.
VII.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.
1.- El asunto litigioso.
Se contrae a establecer si el accidente de transito en el cual
resultó lesionado Jorge Guzmán Vergel, es imputable a la
conducta omisiva del IMOC, y si dicha circunstancia se puede
circunscribir dentro del marco de la responsabilidad
extracontractual del Estado.
2.- El caso concreto.
2.1.- De acuerdo con los datos consignados en la historia clínica
(atención de urgencias y epicrisis) es del caso colegir:
a.- Jorge Guzmán Vergel ingresó al servicio de urgencias del
Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva el 28 de mayo
de 1994 a las 22:31 horas, presentando “politraumatismo en accidente
de transito al caer de una motocicleta en movimiento”.
En ese momento, se encontraba “en mal estado general, en coma, con
gasgow de 7/15, cuadriparético, con midriasis y ptosis palpebral izquierda…”.
Luego de recibir la atención médica y quirúrgica requerida, se
autorizó su salida el 25 de julio de esa misma anualidad, con el fin
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de continuar el “manejo por consulta externa con el servicio de
rehabilitación”.
Como diagnostico definitivo de la dolencia, en la epicrisis se anotó
lo siguiente: “TCE severo, Contusión cerebral hemorrágica frontal y
parietal izquierda. Hemorrágia periventricular secundaria. Lesión axonal
difusa” (f. 98, 98 vto).
2.3.- Con posterioridad el actor solicitó los servicios de la Clínica
Fierro de Campoalegre, y en la historia clínica No 121102 se
hicieron las siguientes anotaciones:
“AUG. 3 1994. Pte que el 28 de V sufrio (sic) Accidente en Moto con trauma
Cerebral Contuso”.
“TAC … Múltiples focos de contusión cerebral la amyoría (sic) de ellos, con
focos de sangrado ganglio basal bilateral, perimesenfalicos sobre regio (sic)
frontotemporal izq. Drenaje hematico a sistema ventricular con sangre en el
ventrículo lateral. Incluyendo el asta temporal del mismo”.
“SEP. 21 1994. Regresa presentando evolución satisfactoria, consciente
orientado, con leve dislalia, con hemiplejía izquierda, dilatación de pupila
izquierda y alteración parcial de la visión, hay motricidad, ayudado, trae
reciente TAC de control aún registra presencia de hidrocefalia, con hallazgo
concreto de hidrocefalia comunicante, probablemente secundaria, a la
irritación hematica, intraventricular, a ausculta es normal, los reflejos están
mantenidos”.
“OCT. 26 1994. Regresa para continuación de tratamiento, hay evolución
neurológica, que orienta en las esferas, a (sic) presentado irritabilidad y
agresividad en las últimas semanas, la ausculta es normal, afebril…” (f.90).
2.4.- El 1º de Diciembre de 2000 fue valorado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y con relación a
su estado de salud, el Perito Forense se permitió hacer las
siguientes precisiones:
“… Examen físico por primera vez: Neurológico: orientado en las 3 esferas.
Alerta. Hemiparecia izquierda. Ptosis izquierda completa. Por historia clínica
y por examen físico se conceptúa que el examinado Jorge Guzmán presenta
secuela de trauma craneoencefálico consistente en hemiparecia izquierda”.
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“En conclusión: 1.- Jorge Guzmán Vergel, de profesión mecánico de autos no
puede desempeñarse laboralmente.
2.- Para un concepto mas completo se sugiere que sea valorado por la Junta
de Calificación Regional de Invalidez (...)
3.- Se sugiere valoración por parte de psiquiatría o psicología forense” (f.
196).
Atendiendo las recomendaciones del experticio y con el fin de
determinar el grado de disminución de la capacidad laboral se
ordenó la remisión del demandante a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Huila. Prueba, que no se pudo
practicar, toda vez que la parte actora no compareció en el
término señalado (f. 321-327).
2.5.- Los testimonios recepcionados, en su orden y en resumen
manifestaron:
a.- Esther Vargas Lugo (f. 178).
Vecina del sector donde ocurrió el accidente. Sobre el particular
manifestó:
“Eso fue un sábado, hace seis años, más o menos, a eso de las siete de la
noche, estábamos viendo televisión cuando escuchamos el primer golpe e
inmediatamente el segundo golpe. Salimos corriendo a mirar por el impacto y
estaba un señor arriba tirado en la vía, sin movimiento para nada. Lo
recogieron y se lo llevaron al Hospital y después mirando vimos que habían
varias piedras grandes, como en la mitad de la vía, era lo único que había.
Algo más adelanta (sic) de las piedras estaban colocadas las cintas de color
amarillo con negro, no estaban a lo largo de la vía, sino que estaban
reventadas, porque en esa época estaban arreglando la cia (sic), esa vía de
por ahí. No había ninguna otra señalización, supuestamente eran las piedras
las que señalaban, tampoco había alumbrado hacía esa vía, porque hacia la vía
de nosotros, si había luz, porque como esa vía es de dos canales. A mi se me
hace que eso no era suficiente la señal, ya que las piedras no son
señalización, sino por el contrario, son trampas”.
Refiere, que después del accidente Jorge quedó en lamentables
condiciones físicas, que convivía con sus padres y tres hermanos y
que trabajaba en un “taller o montallantas”.
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b.- Carlos Alberto Hernández Restrepo (f. 181).
Informa, que en la intersección de la calle 19 con carrera 42 se
estaban realizando labores de mantenimiento en la vía. El sector
estaba oscuro. Durante el día se había instalado una cinta negra y
amarilla, pero que en la noche fue retirada -al parecer por tanto
“muchacho que transita en bicicleta”-.
Al referirse al accidente anotó: “Esa noche me encontraba viendo
televisión, entonces escuche un golpe y a los pocos segundos otro golpe.
Inmediatamente salí y miré cuando vi una moto y un cuerpo tirado en la
carretera” (…) “Pues habían unas piedras atravesadas en la carretera, de
pronto por la oscuridad no logró visualizar, y por eso de pronto los dos
golpes, cuando le dio a la piedra y el otro cuando seguro voló y cayó…”.
c.- José Ronar (f. 191).
Operador de maquinaria. Vecino de Jorge Guzmán, a quien conoce
hace diez años. Le consta que éste vivía con sus padres y tres
hermanas y que laboraba en un taller de mecánica automotriz,
ubicado en la carrera sexta entre carreras segunda y tercera.
Con los ingresos que percibía aportaba al hogar. Le conoció una
motocicleta DT de color negra, sin recordar si era 100 o 125.
Luego del accidente quedó “malo de un ojo, la mano y el pie, parece como
si tuviera trombosis. Él puede caminar poquito, él no trabaja a raíz del
accidente que tuvo... y como el era el mayor, era quien le ayudaba a los
padres”.
Al referirse a los miembros de la familia Guzmán Vergel, y a sus
actuales condiciones anotó:
“Ellos son el papá, la mamá, tres hermanas y él, el papá se llama Jorge, la
mamá Miryam y las hermanas Betty, Bella y Mary”.
“Antes del accidente él era el que trabajaba y ahora después del accidente,
quien trabaja es el viejito, él trabaja en la galería, carga bultos, ayuda a
limpiar las verduras que traen en los negocios para vender, carga bultos. La
hermana mayor Betty también les ayuda trabajando cosiendo guantes de
cuero a un señor, ella se rebusca el trabajo para ayudarse. Las otras dos
muchachas ellas no trabajan”.
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d.- Lina del Carmen Pastrana (f. 192).
Empleada. Vecina de los demandantes. Manifiesta que en la época
los hechos “le estaban haciendo arreglos a la avenida buganviles, estaban
haciendo eso que llaman el parcheo, allá a la entrada del barrio El vergel (sic)
y la Universidad habían dejado un hueco y una piedra, yo no me di cuenta del
accidente, pero se que allí tropezó con su moto y fue allí donde sufrió ese
accidente tan grave, permaneció entre mes y dos meses en cuidados
intensivos en el Hospital, donde los médicos no daban ninguna buna (sic)
certificación por él. De verdad que hoy duele verlo, porque antes era un
muchacho alentado, trabajador y hoy solo lo ve uno en la vecindades si acaso
recogiendo las basuras en las vecindades, barriéndoles, cuando en verdad
era un muchacho trabajador, prácticamente un lado que no recuerdo cual es,
pero ese lado no le sirve para nada, escasamente puede caminar, le quedó un
ojito cerrado y el brazo paralizado, es muy poco lo que él recuerda, porque
cuando se le pregunta repite las cosas pocas que alcanza a recordar”.
Aduce, que el padre trabaja en la galería cargando bultos.
4.- Análisis de fondo.
4.1.- Los demandantes consideran que el accidente en el que
resultó lesionado Jorge Guzmán Vergel, es atribuible a una
inadecuada señalización de la vía que en esa época era objeto de
mantenimiento por parte del IMOC.
A su turno, la parte pasiva estima que el percance es imputable a
la culpa exclusiva de la víctima. En primer lugar, porque el IMOC
tomó las precauciones necesarias para advertir el peligro que se
presentaba en el lugar de los hechos; y en segundo lugar, porque
el motociclista era conocedor de los trabajos que se realizaban
en la vía, dado que por allí se movilizaba diariamente; por ende,
debió tomar las precauciones necesarias.
4.2.- La construcción jurisprudencial y doctrinal de la “Falta o
Falla del Servicio”, también denominada “falta o falla de la
administración”, parte del supuesto de que el Estado se hace
responsable de los daños irrogados a los administrados, cuando
quiera que ellos sean el resultado de sus actuaciones, omisiones,
hechos u operaciones administrativas.
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Para el efecto, es menester que estén presentes los siguientes
elementos:
“(...) a).- Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión,
retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de
que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio
o anónima de la administración;
b).- Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de
actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio,
ejecutados como simple ciudadano;
c).- Un daño, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el
derecho, bien sea civil, administrativo, etc, con las características generales
predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea
cierto, determinado o determinable, etc, y
d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el
daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a
la indemnización...”1.
4.3.- No obstante que no se allegó el informe del accidente (toda
vez que la Secretaría Municipal de Transito y Transportes
manifestó que dicha información no reposaba en sus archivos);
de acuerdo con los diferentes medios de convicción a que se ha
hecho referencia, es pertinente colegir:
a.- Con anterioridad al 28 de mayo de 2004, el Instituto
Municipal de Obras Civiles –IMOC- adelantó trabajos de
reparcheo en la vía que conduce al sector de “Las Palmas”; entre
ellos en el tramo comprendido entre las carreras 41 y 42 de la
calle 19.
Este aspecto fue expresamente aceptado por la parte demandada
al alegar de conclusión:
“Con el material probatorio recaudado, se puede establecer de manera clara
que el Instituto de Obras Civiles Municipales venía adelantando trabajos de
reparación y mantenimiento en la vía, con anterioridad al día 28 de mayo de
2004…” (f. 310).
1
Consejo de Estado. Sec. Tercera, sent. oct. 28/96 .
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b.- En las horas de la noche del referido día, Jorge Guzmán
Vergel se movilizaba en una motocicleta de su propiedad
(Yamaha DT125, modelo 1991, identificada con la placa No
OUC99), y al chocar con una piedra que a manera de señal había
sido instalada, sufrió un severo accidente que le ocasiono varias
lesiones cerebrales. Merced a dicha circunstancia,
debió
permanecer hospitalizado durante casi dos meses, y en la
actualidad padece las secuelas a que ya se hiciera referencia (f.
21,22-70).
4.4.- Es evidente, que el accidente se gestó por la carencia de
señales que en las horas de la noche le indicaran a los transeúntes
y a los peatones la inminencia del peligro en la vía.
En un asunto similar, el H. Consejo de Estado consideró que de
acuerdo con el “Manual sobre Dispositivos para el Control del Tránsito en
Calles y Carreteras, adoptado por el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte mediante Resolución 5246 del 2 de julio de 1985”, las señales
deben reunir las siguientes características:
“En el capítulo I de dicho manual, se describe la señal SP-38, cuyo símbolo es
un hombre con una pala, que advierte sobre trabajos en la vía. En el aparte
respectivo, se indica que “Esta señal se empleará para advertir la proximidad
a un tramo de la vía sometido a trabajos de reconstrucción o conservación
dentro de la calzada o zonas adyacentes”.
En lo tocante con las especificaciones de diseño de las señales
preventivas anotó: “… mediante una gráfica en la que se indica que su
forma será cuadrada, colocada en diagonal; el fondo será amarillo, y el
símbolo y la orla negros, y el lado del cuadrado variará de 60 a 75 cm.
“En cuanto a la ubicación de las señales, se prevé que todas “se colocarán al
lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación del
tránsito, en forma tal que el plano frontal de la señal y el eje de la vía
formen un ángulo comprendido entre 85º y 90º, para que su visibilidad sea
óptima al usuario”, y “En caso de que la visibilidad al lado derecho no sea
completa, debe colocarse una señal a la izquierda de la vía”. Además, las
señales deben colocarse lateralmente, en la forma que allí mismo se indica,
mediante una gráfica, y en zonas urbanas, su altura, medida desde su
extremo inferior hasta la cota del borde de la acera, no será menor de
2 mts., y la distancia de la señal, medida desde su extremo interior
hasta el borde de la acera, no será menor de 30 cms.
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“Ahora bien, respecto de la ubicación de las señales preventivas a lo largo de
la vía, dispone el manual que se colocarán “antes del riesgo que traten de
prevenir, a una distancia de 60 a 80 metros, en zona urbana”2 (El
resaltado es nuestro).
4.5.- Con relación a los argumentos exculpativos esbozados por la
apoderada de la parte demandada, quien considera que el accidente
fue causado por la culpa exclusiva de la víctima, porque de acuerdo
con su sentir, la vía estaba debidamente señalizada y el
demandante era conocedor de los trabajos que allí se realizaban
(dado que diariamente se movilizaba por el lugar); vale resaltar,
que la construcción jurisprudencial que sobre este interesante
tema ha sido elaborada, parte del supuesto de que tal exclusión de
responsabilidad opera cuando la culpa de la victima es la única y
exclusiva causa del hecho dañoso.
En el sub lite, está debidamente acreditado que la mencionada
cinta no era la señal apropiada para prevenir un peligro de esta
naturaleza en las horas de la noche. De otro lado, no es de recibo
aceptar que el mero hecho de residir en el lugar próximo al
accidente, exonere a la entidad del deber de instalar las mentadas
señales. Por lo tanto, se infiere que la fuente que propició el
accidente fue la carencia de la apropiada señalización nocturna; en
tal virtud se impone la declaratoria de responsabilidad.
En un asunto similar, el H. Consejo de Estado manifestó:
“No resulta atendible para esta Sala el argumento planteado por el apoderado
del Instituto Nacional de Vías, acogido por el fallador de primera instancia, en
el sentido de que dada la existencia del problema en la vía desde hacía varios
días, Ríos González sabía de la presencia del hueco en el carril derecho de la
misma, con lo cual parece indicarse que la falta de señales en el lugar resulta
inocua. Por una parte, el conocimiento de las condiciones de la carretera por la
víctima no está probado en el proceso; por el contrario, José Leonardo
Buitrago manifiesta que Ríos no conducía frecuentemente por ese lugar, y
normalmente se movilizaba en bus, porque la motocicleta no era de su
propiedad. Por otra, esa sola circunstancia no permitiría llegar, en todo caso, a
una conclusión como la obtenida por el a quo, ya que la obligación de colocar
señales preventivas tiene por objeto, precisamente, advertir a los usuarios
de las vías sobre la existencia de peligros que, en condiciones normales,
2
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre de 2001. C.P. Dr. Alier Eduardo
Hernández Enríquez.
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no deben existir, por lo cual no están en capacidad de evitarlos sin un
especial llamado de atención. Y ello es aún más claro cuando se trata de
la conservación de las calles o carreteras, teniendo en cuenta que, por su
propia naturaleza, dicha actividad implica la realización de trabajos
temporales”3(Resalta la Sala).
Al abordar el análisis de un asunto también acaecido en la ciudad
de Neiva, El H. Consejo de Estado precisó:
“ En las condiciones anotadas, si bien el estado mismo del automotor ... pudo
contribuir en la producción del hecho dañoso, esto es, en la muerte de ... no lo
es menos que tal circunstancia no exime de responsabilidad al municipio de
Neiva, en cabeza del cual se encuentra la obligación legal de mantener sus vías
en condiciones de ser utilizadas por conductores y transeúntes dentro de las
normales condiciones de seguridad, deber respecto del cual ésta Corporación
ha sido severa en cuanto a exigir su cumplimiento.
No significa lo anterior que las vías públicas, por el normal uso de las mismas
no puedan llegar a deteriorarse, sino que en caso de que se presente tal
situación es deber de la administración proceder a las reparaciones que sean
pertinentes y, en todo caso, antes de la realización de los respectivos
trabajos y con ocasión de los mismos, deben colocarse los avisos y señales
que sean necesarios para que se advierta a los usuarios de tales vías,
sobre los posibles peligros que su uso entraña”4 (Resaltado fuera de
texto).
5.- La legitimación.
5.1.- Concurren como demandantes Jorge Guzmán Vergel
(lesionado), Jorge Guzmán Cortes y Myriam Vergel de Guzmán
(en calidad de padres de aquel); Betty, Bellair y Maricela Guzmán
Vergel (hermanas del primero).
Para acreditar tal vocación, allegaron los siguientes documentos:
- Partida eclesiástica del matrimonio de Jorge Guzmán y Myriam
Vergel, celebrado el 20 de marzo de 1970 en la Parroquia de
Santiago Pérez del Espinal- Tolima (f. 16).
3
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre de 2001. Belén Gonzáles y otros Vs
Nación – Minstransporte- Invias. C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
4
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. 22 de junio/ 2001. Exp. 12380. M.P. Dr German Rodríguez
Villamizar.
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- Registro civil de nacimiento de Betty Guzmán Vergel (f. 17).
- Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Marisela
Guzmán Vergel (f. 19).
- Copia simple de los registros civiles de nacimiento de Jorge
Guzmán Vergel y de Bellair Guzmán Vergel (f. 18-20).
5.2.- Como se puede advertir, la prueba para acreditar el
parentesco del lesionado con los otros demandantes es precaria;
ya que su registro civil de nacimiento se aportó en copia simple.
Sin embargo, la Sala acoge el parecer jurisprudencial elaborado
por el H. Consejo de Estado, según el cual, en materia de
reparación directa no se discute la calidad de “heredero” sino la
de “damnificado”. Y con base en las probanzas que fueron
arrimadas al plenario, considera que existen elementos de
convicción para colegir que Jorge Guzman Cortes, Miryam
Vergel de Guzmán, Betty, Bellair y Maricela conviven bajo el
mismo techo con Jorge Guzmán Vergel; y que éstos han sufrido
los rigores derivados del accidente y de las secuelas de las
lesiones que a éste le fueron irrogadas.
En tal virtud, tienen “legitimación material en la causa” para
deprecar la indemnización de los perjuicios.
Sobre este sensible asunto, así se pronunció esa Alta Colegiatura:
“La Sala ha definido en diversos pronunciamientos que la condición personal
de la que pende la demostración del daño la de damnificado, puesto que:
“tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos),
como el vínculo matrimonial, hacen presumir tal condición y por consiguiente
la legitimación” (5). Ha explicado igualmente que: “en el proceso de
reparación directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado y
esta se demuestra a lo largo del proceso” (6) (negrillas por fuera del texto
original)”.
“Las diferencias existentes entre esas dos calidades, fueron precisadas por
la Sala en sentencia proferida el 1 de noviembre de 1991; así”:
5
6
Sentencia proferida el 26 de octubre de 1993, expediente 7793; actor: Augusto Efraín Nieto y O.
Sentencia proferida el 1 de octubre de 1993; expediente 6657; actor: William Bechara Mendoza.
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“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos
de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los
damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del
servicio, no en su carácter de herederos de ésta, sino por el perjuicio
que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo
vinculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la
parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.
Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos
indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la
demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que
no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que
abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres
estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus
propios medios.
En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser
damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus
condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o
moral) y no su carácter de heredera.
El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un
tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba
demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la
víctima y el presunto damnificado.
Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de
que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.
Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con
acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría
de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera,
terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre
padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el sólo
hecho del parentesco.
Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las
han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en
muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó
bien el interés en la pretensión” (7)
“Y en otra providencia proferida recientemente, el día 17 de mayo de 2001,
se explicó que la ley, artículo 86 del C.C.A., en materia de la acción de
reparación directa, otorga el derecho de acción a la persona interesada
7
Expediente 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y Otros.
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(legitimación de hecho, por activa) y no condiciona su ejercicio a la
demostración, con la demanda, de la condición que se alega en ésta,
precisamente, porque el real interés es objeto de probanza en juicio
(legitimación material por activa)”.
“No se puede confundir la prueba del estado civil con la prueba de la
legitimación material en la causa. Cuando la jurisprudencia partió de la
prueba del estado civil para deducir, judicialmente, que una persona está
legitimada materialmente por activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba
del estado civil – contenida en el registro o en la copia de éste - su estado
de damnificado, porque de ese registro infiere el dolor moral. Es por ello que
cuando el demandante no acredita el parentesco – relación jurídica civil y por tanto no se puede inferir el dolor, debe demostrar el dolor para
probar su estado de damnificado y con éste su legitimación material en la
causa – situación jurídica de hecho -. Entonces puede concluirse que con la
demostración del estado civil se infiere el daño (presunción de damnificado)
y probando el daño se demuestra el estado de damnificado” (8).
6.- Indemnización del daño.
6.1.- Perjuicios Morales.
Es indiscutible que la lesión irrogada al demandante, repercute
negativamente en su vida afectiva, la cual, se extiende a los
miembros de su núcleo familiar.
De acuerdo con el nuevo parecer jurisprudencial del H. Consejo
de Estado 9, se condenará al IMOC – o la entidad que en la
actualidad hiciere sus veces- a pagar las siguientes sumas de
dinero:
A Jorge Guzmán Vergel el equivalente a ochenta salarios mínimos
mensuales vigentes ($ 30.520.000).
A Jorge Guzmán Cortes y a Miryam Vergel de Guzmán, a cada uno
el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes ($15.260.000).
8
9
Expediente 12956; actor: Hernando Palacios Aroca y Otros.
2.- Consejo de Estado. Sec. Terc. Sent. sbre 6 / 2001. Mag.Pon. Alier Hernandez Enrique
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A Betty Guzmán Vergel, Bellair Guzmán Vergel y a Maricela
Guzmán Vergel, a cada una el equivalente a veinte salarios
mínimos legales mensuales vigentes ($ 7.630.000).
6.2.- Perjuicio fisiológico.
Merced a las secuelas derivadas del accidente, Jorge Guzmán
Vergel aqueja limitaciones orgánicas que le imposibilitan realizar
actividades en condiciones normales.
En tal virtud, se le reconocerá una indemnización equivalente a
ochenta
salarios
mínimos
legales
mensuales
vigentes
($30.520.000).
6.3.- Daño emergente.
Se reconocerán los valores invertidos en los exámenes de
diagnostico, medicamentos y tratamiento de Jorge Guzmán, que
a su vez se encuentran incorporados en las facturas y recibos que
se relacionan a continuación:
Centro de Escanográfia factura 3363
Centro de Escanográfia factura 3471
Centro de Escanográfia factura 3887
Droguería Paris factura 7019
Droguería Paris factura 11794
Droguería Paris factura 9141
Droguería Paris factura 8889
Hospital General de Neiva factura 259678
Hospital General de Neiva factura 261309
Hospital General de Neiva (6 terapias)
Hospital General de Neiva (terapias)
Hospital General de Neiva factura 278929
Jiménez Caldero y Cia factura 0424
$189.000
$126.000
$126.000
$ 25.720
$ 56.060
$ 41.925
$ 18.195
$ 2.600
$
200
$ 36.000
$ 60.000
$ 13.000
$ 4.520
TOTAL
$ 699.220
Dicha suma será actualizada acudiendo a la siguiente formula de
matemática financiera:
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I. final (marzo de 2005)
156.55
------------------------------ = $ 699.220
------------2.239.879
I. inicial (junio de 1994)
48.87
20
$
Como quiere que no se acreditó el valor de la reparación de la
motocicleta (ya que se aportaron simplemente tres cotizaciones),
este rubro no se reconocerá.
6.4.- Lucro cesante.
Con el propósito de que la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Huila estableciera el grado de disminución de la
capacidad laboral de Jorge Guzmán Vergel, se
ordenó su
comparecencia a dicha dependencia. Para el efecto, el 28 de
enero de 2005 se le libró a su apoderado el correspondiente
marconigrama (f. 321-323).
Dado que no se pudo contar con su presencia, la Sala carece de
elementos de convicción a través de los cuales se pueda
determinar científicamente el grado de invalidez.
En ese orden de ideas, no se indemnizará este rubro.
7.- Decisión.
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO.- Declarase que el INSTITUTO MUNICIPAL DE
OBRAS CIVILES DE NEIVA “IMOC” –o la entidad que en la
actualidad hiciere sus veces-, es administrativamente
responsable del accidente acaecido el 28 de mayo de 1994 a la
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altura de la calle 19 con carreras 41 y 42 de Neiva, en el cual
resultó lesionado el señor JORGE GUZMÁN VERGEL.
SEGUNDO.- Condenar al INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRAS
CIVILES DE NEIVA “IMOC” – o a la entidad que en la actualidad
hiciere sus veces- a cancelar por perjuicios morales, fisiológicos y
materiales las siguientes sumas:
PERJUICIOS MORALES.
- A JORGE GUZMAN VERGEL, el equivalente a ochenta salarios
mínimos mensuales vigentes ($ 30.520.000).
-A JORGE GUZMAN CORTES y a MYRIAM VERGEL DE
GUZMÁN, a cada uno el equivalente a cuarenta salarios mínimos
legales mensuales vigentes ($15.260.000).
-A BETTY GUZMAN VERGEL, BELLAIR GUZMÁN VERGEL y a
MARICELA GUZMAN VERGEL, a cada una el equivalente a veinte
salarios mínimos legales mensuales vigentes ($ 7.630.000).
PERJUICIO FISIOLÓGICO.
A JORGE GUZMAN VERGEL, el equivalente a ochenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes ($ 30.520.000).
PERJUICIOS MATERIALES (daño emergente).
A JORGE GUZMÁN VERGEL la suma de $ 2.239.879.
TERCERO.- Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse
copias con destino a las partes y al Agente del Ministerio Público,
con las prescripciones contenidas en el artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil.
CUARTO.- Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
C.C.A.
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QUINTO.- Si esta sentencia no fuere apelada, consúltese con
el superior.
SEXTO.- Reconocer a la Dra. DORIS MANRIQUE RAMÍREZ,
como apoderada del Municipio de Neiva, conforme al mandato
conferido.
Cópiese, notifíquese.
RAMIRO APONTE PINO
Magistrado
ENRIQUE DUSSAN CABRERA
Magistrado
JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ
Magistrado
-Ausente con Permiso-
HELENA SOTO ROJAS
Secretaria

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