latinamerica press

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latinamerica press
NOTICIAS ALIADAS
Vol. 43, Nº 22,Noviembre 29, 2006
ISSN 1563-2458
Integración latinoamericana
por una verdadera alternativa
Edición especial
Directora: Raquel Gargatte Loarte
Jefa de Prensa: Elsa Chanduví Jaña
Editoras: Cecilia Remón, Leslie Josephs
Diagramación y producción: Carlos Zúniga Izquierdo
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Requisitos para una genuina integración
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Un largo y sinuoso camino
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Entrevista con investigador uruguayo Eduardo Gudynas
AMÉRICA CENTRAL
¿Qué fue de la cooperación regional?
MESOAMÉRICA
Plan Puebla Panamá: Otra agenda “de arriba abajo”
AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE
Los caminos de la integración energética
CONO SUR
Anillo energético no prende
AMÉRICA LATINA
TLC versus integración
CHILE
El conciliador de los bloques regionales
AMÉRICA LATINA
Migración restringida
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Por una integración con justicia
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Noticias Aliadas
Requisitos para una genuina integración
Los principales obstáculos para la unidad de la región no residen fuera de ésta.
La integración regional es un término que fluye fácilmente de boca de políticos,
economistas, académicos y defensores de derechos, que afirman que ésta es necesaria para
el progreso de la región, una de las más desiguales y no integradas del mundo. La mayoría
de analistas coinciden en que sin verdadera integración, una estrategia alternativa de
desarrollo para la región fracasará.
La formación de bloques regionales, acuerdos de cooperación económica y otras
herramientas puede parecer que forjan la integración regional, pero muchas de éstas son
sólo instituciones endebles cuyos acuerdos se basan en tratados de libre comercio, lo cual
va en contra de una verdadera integración.
El analista uruguayo Eduardo Gudynas da como ejemplo el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), que “está repitiendo, erróneamente, muchos formatos propios del libre
comercio”. Con ello hace referencia a que el bloque no contempla mecanismos para
equilibrar la asimetría existente entre los mercados económicos de Brasil y Argentina frente
a la de sus socios menores, Paraguay y Uruguay.
“En los hechos la política real que se expresa en la región está teniendo muchas
dificultades; eso está atado a una política comercial y económica muy convencional del
gobierno brasileño, en la que se reproducen dentro de América del Sur situaciones de
jerarquía y de dominación, o de presión, de los más grandes sobre los más pequeños”,
explicó.
Ese mismo Brasil, que a la hora de establecer relaciones comerciales con sus socios
menores en el MERCOSUR sólo piensa en sus intereses dejando de lado una visión
integradora, es el país que junto con Argentina han logrado frenar el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por EEUU. Pero no por ello, el país de la
economía más grande de la región se ha constituido en el líder del proceso de integración
con sus países vecinos.
“En nuestra región nunca se ejerció una hegemonía clara por parte de las economías
mayores, expresada no sólo en términos de un liderazgo político comprometido con la
construcción de las instituciones necesarias, sino también capaz de abrir con amplitud sus
mercados a los otros países y suministrar además los recursos financieros necesarios para
facilitar la participación de las economías con mayor atraso relativo”, escribió el
economista Host Grebe en el diario boliviano La Razón.
La incorporación este año de Venezuela —cuyo presidente, Hugo Chávez, no esconde
sus afanes de convertirse en líder político de toda la región— al MERCOSUR parece haber
puesto en alerta a Brasil. En una reciente entrevista al diario paraguayo Última Hora, el
canciller brasileño Celso Amorim reconoció que sus socios minoritarios del bloque tienen
razón para quejarse y dijo que su país debe ayudarlos.
“Nuestra estructura burocrática está orientada sólo a Brasil; no hay una visión
integrada”, afirmó, y abogó por un cambio de políticas que faciliten el aumento del
comercio con todos los socios del bloque.
Tras ser reelegido presidente en octubre, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva ha subrayado la necesidad de reforzar la integración en América del Sur, tanto en el
MERCOSUR como en la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Requisitos que no se cumplen
Entre los atributos de los procesos de integración efectivos se encuentran el
establecimiento de una unidad comercial —por medio de un arancel externo común en una
unión aduanera—, coordinaciones productivas, políticas productivas comunes, libre tránsito
de personas, un marco laboral regional y articulaciones en las áreas de educación, salud y
seguridad social. En general, esas medidas acentúan el comercio dentro del bloque y
reducen las competencias internas buscando la complementación productiva.
Sin embargo, en la región “los distintos ensayos de integración de los últimos 15 años no
lograron armar vinculaciones productivas entre los países”, resalta Gudynas. Aunque
existen coordinaciones en el área social, éstas aún son débiles.
Además, la prioridad comercial está puesta fuera de la región. Solamente entre el 2000 y
el 2006 se suscribieron 12 acuerdos de libre comercio entre países latinoamericanos y
naciones y bloques fuera de la región.
“Somos grandes exportadores de agroalimentos pero no hemos resuelto nuestras propias
demandas internas. Para resolverlas se debe compartir la producción y comerciar más entre
nosotros. Lo que sobra, el excedente regional, es lo que se puede exportar”, plantea
Gudynas.
La idea de desarrollo que la mayoría de los gobiernos de la región —incluidos los
progresistas— vienen impulsando es aquella que apuesta por un fuerte crecimiento de las
exportaciones y una mayor inversión extranjera. El mayor desarrollo económico debe
conducir a la reducción de la pobreza, señalan.
Sin embargo, el 38.5% de los 525 millones de latinoamericanos son pobres y 79
millones (14.7%) viven en la indigencia, según el “Panorama Social de América Latina
2006”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
América Latina y el Caribe constituyen la región menos equitativa del mundo, según la
CEPAL. Brasil es considerado el país más desigual de la región, donde el 10% más pobre
de la población comparte el 0.7% del ingreso nacional, mientras que el 10% más rico
acapara el 47%.
Propuestas todavía imprecisas
El modelo de desarrollo que se viene impulsando depende cada vez más de los vaivenes
de los mercados internacionales y deja de lado la situación interna.
En este contexto crece la articulación de los movimientos sociales que defienden el
derecho de los pueblos a un desarrollo basado en la inclusión social y el respeto a los
derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, en la preservación del
patrimonio cultural y natural, en un control de los recursos naturales y energéticos que
asegure el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Es el movimiento que junto a
“Otro mundo es posible” plantean que “Otra integración es posible”.
En esa línea se inscribe el Tratado de Comercio entre los Pueblos propuesto por el
presidente boliviano Evo Morales y la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA),
promovida por el presidente venezolano Hugo Chávez y respaldada por Bolivia y Cuba.
Ambas propuestas plantean una integración que vaya más allá de lo comercial, que
abarque educación, salud, cultura, complementariedad y cooperación entre los países de la
región.
Estas propuestas alternativas aportan al debate en torno al rumbo que una genuina
integración debe seguir. Sin embargo, aún son imprecisas.
Por ejemplo, aún no se conoce cómo se va a organizar el ALBA en la práctica.
“Hasta ahora su única aplicación práctica es un acuerdo trilateral entre Venezuela, Cuba
y Bolivia que, en realidad, tiene un formato tradicional de cooperación. Pero todavía no
están contempladas ni la supranacionalidad ni la articulación productiva”, señala Gudynas.
El aporte del movimiento social es clave en todas estas definiciones. Por un lado debe
luchar por que los bloques subregionales existentes se democraticen y, por otro, debe
abogar por que la solidaridad y cooperación alentadas por las propuestas alternativas se
concreticen en políticas sociales regionales comunes y no se queden en ayudas puntuales.
Sólo así la integración latinoamericana puede encaminarse hacia una unidad regional
genuina.
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Ramiro Escobar desde Lima
Un largo y sinuoso camino
La historia registra numerosos esfuerzos integracionistas, que sin embargo no han
logrado consolidar la unidad regional.
Desde el comienzo, incluso antes de que culminara por completo la emancipación
latinoamericana, la idea de forjar la unidad continental bulló en las mentes más lúcidas y en
los discursos visionarios. La lucha por la liberación estuvo, con frecuencia, asociada al
sueño de una mancomunidad.
“Ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, deberían, por
consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de
formarse”, escribía en 1815 Simón Bolívar, el Libertador por excelencia, en su Carta de
Jamaica.
Bolívar crearía luego, en 1819, la “Gran Colombia”, para denominar al bloque formado
por Venezuela, Nueva Granada y Quito. Y entre 1823 y 1840 tendría efímera existencia la
República Federal de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua).
Más tarde, en 1826, Bolívar convocaría el Congreso Anfictiónico —como se
denominaba a la confederación de antiguas ciudades griegas— de Panamá, con la idea de
formar una amplia confederación de repúblicas.
Sin embargo, a este Congreso sólo asistieron representantes de América Central,
Colombia, México y Perú. En los años siguientes se desatarían luchas en el interior de
varios países y a la vez conflictos interestatales, ocasionados en parte por la posesión de
territorios.
Tiempos de lucha y esperanza
“Esas luchas comenzaron a bloquear ese impulso integracionista inicial”, explica Nelson
Manrique, historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un ejemplo claro, y
penoso, de ese proceso fue la Guerra del Pacífico (1879-83), que ensangrentó ferozmente a
Bolivia, Chile y Perú.
Con todo, los intentos de unidad persistieron en toda la región, que más o menos a partir
de 1860 comenzó a denominarse “América Latina”. El surgimiento de este nombre
coincidió en el tiempo con la irrupción de Inglaterra y EEUU como nuevas potencias
imperiales.
Inglaterra vio en la región dos posibilidades muy concretas: la apertura de nuevos
mercados y la explotación de materias primas. EEUU, por su parte, ya desde 1823, avizoró
el papel que jugaría, cuando el presidente James Monroe (1817-25) proclamó la frase
“América para los americanos”.
En 1889, esa doctrina tiene un giro estratégico cuando James G. Blaine, secretario de
Estado de EEUU durante el gobierno del presidente Benjamin Harrison (1889-93), convoca
la Primera Conferencia Panamericana. Además de EEUU, asisten Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La reunión tuvo un cierto parentesco con los actuales tratados de libre comercio (TLC),
pues se examinaron temas como los derechos de patentes. El propósito de EEUU era doble:
romper la influencia europea y a la vez dominar el continente.
Panamericanismo vs. latinoamericanismo
A comienzos del siglo XX ya se perfilan dos tendencias integracionistas: la
“panamericanista” (promovida por EEUU) y la “latinoamericanista” (más autónoma). A
ellas se suman movimientos e idearios como los de los peruanos Víctor Raúl Haya de la
Torre y José Carlos Mariátegui, que hacia 1930 denuncian el “imperialismo” estadunidense.
Haya de la Torre habla, incluso, del “indoamericanismo”.
En 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial y los procesos de integración
latinoamericana se paralizan. “Recién después de este conflicto vuelven a cobrar fuerza”,
señala el analista internacional peruano Alberto Adrianzén.
Al finalizar la guerra, en 1945, surge un proceso mundial de descolonización y, según
Adrianzén, eso alienta nuevamente el debate integracionista. El 30 de abril de 1948, en
Bogotá, Colombia, se funda la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el
concurso de 21 países.
El perfil de este organismo se hace evidente en 1962, cuando, por presión de EEUU,
Cuba, ya gobernada por Fidel Castro, es expulsada.
A pesar de ello, el latinoamericanismo no pierde aliento.
En 1960 se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que
integra a los países sudamericanos (menos la Guayana Francesa, Guyana y Surinam) y
México. En la misma época, se crea el Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN o
MCCA), con los países que antes integraron la República Federal de Centroamérica.
En ambos casos, el propósito era arribar a una zona de libre comercio. Con la misma
lógica, en 1968 se funda la Zona de Libre Comercio del Caribe, luego denominada
Comunidad del Caribe (CARICOM), hoy integrada por 14 miembros.
En 1969 se firma el Acuerdo de Cartagena, acta de nacimiento del Grupo Andino.
Inicialmente, los integrantes fueron Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En 1973 se
integró Venezuela y en 1976 —durante la tiranía de Augusto Pinochet— se retiró Chile. En
1996, en una reunión llevada a cabo en el Perú el grupo adoptó el nombre de Comunidad
Andina (CAN).
A diferencia de la ALALC, la CAN buscó fomentar la integración no sólo comercial. En
1979, por ejemplo, se crea la Corte Andina de Justicia. Y en 1991 se establece una política
de “Cielos Abiertos”.
También en 1991 se crea en Asunción, Paraguay, el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Conformado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
actualmente incluye a Venezuela, tras su salida de la CAN en abril de este año.
Ese mismo año se crea en Tegucigalpa, Honduras, el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), cuyos objetivos son económicos, comerciales y políticos. Busca,
por ejemplo, la unión económica, la vigencia de los derechos humanos y la seguridad
regional.
Mientras estos rieles autónomos avanzan, en 1994 EEUU, Canadá y México firman el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en
inglés). El acuerdo se enmarca dentro del propósito de llegar al Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), promovida por EEUU.
El panamericanismo y el latinoamericanismo siguen en pugna. Y este último demuestra
no ser ineficaz. Según el investigador paraguayo Fernando Masi, entre 1990 y 1998 el
porcentaje de exportaciones dentro de la propia región latinoamericana pasó de 14% a 21%
del total de sus exportaciones.
La era del comercio y los TLC
Hacia el 2000, el comercio intrarregional comienza a decrecer, pues los propios Estados
de la región buscan nuevos mercados en otras zonas del mundo, como Asia. Casi
simultáneamente, entran en escena los TLC.
Entre el 2000 y el 2006 se firman 12 acuerdos de este tipo entre países latinoamericanos
y naciones y bloques de fuera de la región. Dicha proliferación coincide con el naufragio del
ALCA, que en el 2003 se estanca debido a la oposición de Argentina, Brasil y Venezuela.
En medio de los profusos TLC se produce también cierto renacimiento de la integración
regional. Un signo vital de este proceso fue la suscripción, en diciembre del 2003, de un
Acuerdo de Libre Comercio entre la CAN y el MERCOSUR. Luego, el 8 de diciembre del
2004 en Cusco, Perú, se crea la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN).
El organismo busca que la CAN, el MERCOSUR e incluso Chile caminen hacia una
zona de libre comercio. Asimismo, promueve la integración energética, la armonización de
políticas de desarrollo rural y la transferencia de tecnología.
Paralelamente, desde Venezuela el presidente Hugo Chávez, retomando según él la
senda del Libertador, ha creado la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) en
oposición al ALCA. Y ha firmado un Tratado Comercial de los Pueblos con Cuba y
Bolivia.
¿En qué momento de la historia de la integración nos encontramos? Al parecer en un
cruce de caminos donde, como en el pasado, chocan las propuestas hegemónicas y las
autónomas, pero a la vez las fórmulas mixtas, que ven posible juntar en un haz la
multiplicidad de procesos y organismos.
“Durante décadas se ha vivido en esa indefinición”, comenta con ironía Manrique, e
insinúa que la integración nunca será eficaz bajo la égida de potencia alguna. Lo sabía
Bolívar cuando dijo “esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por esfuerzos
sensibles y bien dirigidos”.
COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM)
Integrantes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las
Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago
Países asociados: Anguila, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, y Turcos y
Caicos
Lugar y fecha de fundación: Chaguaramas, Trinidad y Tobago, 4 de julio de 1973
Superficie: 462,353 km²
Población 2005: 15.7 millones
Producto Interno Bruto 2005:
US$17.5 millardos
Exportaciones 2004: US$ 8.8 millardos
Importaciones 2004: US$13 millardos
Fuentes: CARICOM, CEPAL
COMUNIDAD ANDINA (CAN)
Integrantes: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela hasta abril del 2006
Países asociados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
Países observadores: México y Panamá
Lugar y fecha de fundación: Bogotá, Colombia, 26 de mayo de 1969
Superficie: 3.8 millones de km²
Población 2005: 96.6 millones
Producto Interno Bruto 2005: US$247.3 millardos*
Exportaciones 2005: US$50.4 millardos*
Importaciones 2005: US$47.2 millardos*
*Sin incluir a Venezuela
Fuentes: CAN, CEPAL
MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)
Integrantes: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (desde mayo del 2006)
Países asociados: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú
Lugar y fecha de fundación: Asunción, Paraguay, 26 de marzo de 1991
Superficie: 12.7 millones de km²
Población: 262.3 millones
Producto Interno Bruto 2005:
US$1.1 billones*
Exportaciones 2005: US$214 millardos*
Importaciones 2005: US$132.7 millardos*
*Incluyendo a Venezuela
Fuentes: MERCOSUR, CAN, CEPAL
SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)
Integrantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
País asociado: República Dominicana
País observador: México
Lugar y fecha de fundación:
Tegucigalpa, Honduras, 13 de diciembre de 1991
Superficie: 523,780 km²
Población 2005: 40.2 millones
Producto Interno Bruto 2005:
US$98.9 millardos
Exportaciones 2005: US$22.2 millardos
Importaciones 2005: US$40.5 millardos
Fuentes: SICA, CEPAL
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Entrevista con investigador uruguayo Eduardo Gudynas
“Actual proceso de integración acentúa aún más dependencia regional dentro de
globalización”
Eduardo Gudynas, secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología SocialDesarrollo, Economía, Ecología, Equidad-América Latina (CLAES-D3E), con sede en
Montevideo, Uruguay, es un agudo analista del proceso de integración regional.
En la siguiente entrevista concedida a Pablo Long, corresponsal de Noticias Aliadas en
Uruguay, Gudynas señala que el proceso de integración regional está en una profunda
crisis y esto no es sólo consecuencia de un contexto internacional adverso sino que se debe,
también, a problemas que tienen raíces en los propios países de la región.
¿Cómo evalúa la marcha de la integración latinoamericana? ¿Qué perspectivas observa?
La integración regional está en crisis, aunque algunos gobiernos y organizaciones
sociales no lo admitan. Se repiten medidas comerciales convencionales que generan un
entramado “rígido” que termina imponiéndose sobre las aspiraciones de la integración, que
es “blanda” y no tiene una estructura y funcionamiento lo suficientemente enérgicos como
para imponerse a ese convencionalismo. El procedimiento de agrupar países sin profundizar
las reglas de la coordinación política ha tenido un efecto centrífugo que no fortalece la
integración y desplaza las discusiones de un escenario a otro. Así, hemos tenido y tenemos
controversias en muchos temas, tales como la elección de los candidatos latinoamericanos a
la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), o sobre la forma en que debería completarse el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. De la misma manera, hay otras disputas sobre temas sustantivos, a lo que
se suman las controversias comerciales.
¿Qué factores operan en esta crisis?
Hay factores propios y externos. Éstos últimos son los más evidentes. El más destacado
es la presión de EEUU, que aprovechando las disidencias busca firmar acuerdos bilaterales
bajo el formato de tratados de libre comercio (TLC) que, en sustancia, apuntan al
establecimiento de relaciones comerciales asimétricas. El mayor problema de los TLC es
que gran parte de ese instrumento está orientado a cuestiones que no son comerciales.
¿Cuáles son los factores internos que mencionaba?
Podríamos hablar de varios factores básicos. Los distintos ensayos de integración de los
últimos 15 años no lograron armar vinculaciones productivas entre los países. No se logró
establecer un sustrato económico fuerte para sostener la integración. Ya sea dentro del
[Mercado Común del Sur] MERCOSUR como de la Comunidad Andina (CAN), todos los
socios continúan exportando más que nada recursos primarios, materias primas,
commodities, un sesgo más marcado en la CAN, donde entre el 70% y el 80% de sus
exportaciones son primarias [petróleo, minerales, productos agrícola-ganaderos y
forestales]. En ese comercio, los países compiten entre sí.
En el MERCOSUR ocurre lo mismo, incluso en el caso de Brasil, que es el país que
tiene el mayor parque industrial pero en el cual el 47% de las exportaciones son primarias.
Es así que los cuatro socios plenos del MERCOSUR —Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay— compiten entre sí para exportar carnes, soja, minerales. Tienen un patrón
productivo similar, con lo que el comercio intrarregional sólo es muy importante para
Paraguay y Uruguay —los dos chicos del bloque—, pero es poco significativo para Brasil y
apenas algo importante para Argentina.
¿Qué otros factores de crisis ve en el ámbito interno?
El primer factor interno sería que no ha habido una articulación económica y productiva.
El segundo, que la economía más grande de América del Sur, Brasil, tiene estancado su
proceso de industrialización. Desde principios de los años 90 no ha avanzado en su
industrialización y, además, cada vez pone menos énfasis en aquello de que la integración
regional tuviera un componente político y un componente económico, porque ahora está
con una visión de exportador global y apunta sus intereses también a India, a Sudáfrica, a
China.
Esto lleva al tercero de los factores de crisis, que es que la necesidad de acuerdos
productivos regionales requiere que haya vínculos y normas respetados por todos y que
obliguen a todos. Esta posición de la integración es rechazada por Brasil, que aduce que eso
afecta su soberanía. Por eso sucede que las tasas de incumplimiento de los acuerdos son
altas, hay muchas trampas de medidas paracomerciales.
Y hay un cuarto factor, dado por el enorme énfasis puesto por Argentina y Brasil en el
bilateralismo y cuyo punto culminante fue la aprobación, en febrero del 2006, de un
Acuerdo de Adaptación Comercial que excluyó a Paraguay y Uruguay y constituyó un golpe
muy duro para el proceso de integración. Para los socios pequeños fue un poderoso acto de
marginación que los llevó a dar una respuesta que no estuvo a la altura de los problemas,
porque respondieron con el coqueteo con EEUU.
Detrás de estos desencuentros, ¿se mueven los intereses de las multinacionales,
presionando a los gobiernos en su afán de sacar mejor partido?
El panorama de las multinacionales ha cambiado drásticamente y eso afecta a los
procesos de integración de manera a veces insospechada. Las viejas ideas sobre el rol de las
corporaciones ya no son del todo aplicables. El primer cambio importante es que en una
proporción muy sustantiva, dentro del Cono Sur las empresas ahora son translatinas. Son de
la propia región, que operan dentro de la región. El caso más claro es Petrobras de Brasil,
presente en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay. En algunos de estos países hay
serios conflictos con Petrobras, que recuerdan a los roces de 10 años atrás con las grandes
corporaciones petroleras del Hemisferio Norte. En el sector petróleo-gas, en el sector
electricidad y en el agroalimentario ahora hay muchas empresas regionales.
¿Y eso no favorece a los procesos de integración?
Si observamos la experiencia internacional, a veces estas empresas contribuyen al
proceso de integración porque obligan al comercio regional, se arman cadenas de
producción con eslabones en los diferentes países. Eso contribuye al proceso de integración,
pero tiene que ser vigilado y regulado por los Estados, para que todo no quede reducido a
sacar materia prima de un país para enviarlo a otro. Así no hay una articulación productiva
real, esa no es la idea conceptual óptima de que si vamos a construir un automóvil, por
ejemplo, uno hace las bujías, el otro los pistones y un tercer país hace el radiador. No, aquí
lo que tenemos es un comercio por el que Petrobras saca gas natural de Bolivia y con eso
alimenta al sector automotor del cinturón industrial de São Paulo, pero la industria
boliviana no participa haciendo autopartes para la industria del automóvil de Brasil.
¿La integración es un arma idónea para enfrentar la ofensiva globalizadora?
La integración es indispensable para tener autonomía de desarrollo dentro de los
procesos globales. Sin embargo, el actual proceso de integración, tal como está formulado,
acentúa aún más la dependencia regional dentro de la globalización, porque sigue
manteniendo el patrón de una América Latina exportadora de materias primas. La propuesta
alternativa que plantean las administraciones progresistas de los tres grandes países de
América del Sur —Argentina, Brasil y Venezuela— no resuelve este problema, porque en
el caso de la energía, por ejemplo, se confunde interconexión con integración. Si se
construyen gasoductos de un país a otro eso no significa por sí solo integración. Que
Bolivia o Venezuela envíen gas o petróleo a los vecinos, eso no genera proceso de
integración. En un proceso de integración lo que se necesita es la articulación de la
producción y de la economía.
El caso más claro de que hemos llegado a un estancamiento en la integración verdadera
—que es también productiva, social y política—, no son muchas de las disputas que
aparecen a diario en la prensa sino, por ejemplo, el hecho de que MERCOSUR carezca de
una política agropecuaria común. Al no tenerla, todos los países están compitiendo por
exportar soja y carne. Sin embargo, hay condiciones ideales para tener una política
agropecuaria común. Hay que resolver qué es lo que se va a producir pensando que el
primer destino de la producción debe estar orientado a resolver la demanda agroalimentaria
de la región, las demandas nacionales.
A su modo de ver, ¿qué requiere la crisis actual de la integración para ser superada?
A mi entender requiere otro tipo de pensamiento. Este ya no es más el debate de hace 15
años, cuando la integración era la forma de protegerse y de buscar alternativas a la presencia
de corporaciones transnacionales o a la influencia negativa de las economías industriales
del Norte. Ahora estamos enfrentados a nuestros propios fantasmas, a nuestras propias
contradicciones, y estamos ante la paradoja de que con gobiernos que se autodefinen como
de centroizquierda, o progresistas, los conflictos regionales persisten y en muchos casos se
han acentuado. Esto requiere ser pensado más allá del simplismo de las invocaciones a la
integración que hacen los gobiernos y que luego no se visualizan en medidas concretas.
Cuando dice “nuestros propios fantasmas”, ¿se está refiriendo a los problemas de
soberanía, de nacionalismo mal entendido?
El nacionalismo es uno de los grandes fantasmas. Esto se manifiesta cuando se abordan
los temas regionales y se intenta disimular los errores propios; sólo se ven las
equivocaciones de los otros países. Hay, además, una apelación machacona a la imagen de
una “distinción” nacional: nuestro país sería distinto y mejor que los demás y, de hecho,
muchos de los problemas nacionales se deberían a las restricciones y las dificultades que
nos imponen los vecinos. Esto, invariablemente, termina desembocando en análisis
superficiales donde se habla mucho de los bloques regionales pero no se revisan en detalle
todas sus estrategias.
Son esos fantasmas los que nos llevan a una miopía geopolítica cuyo ejemplo más claro
es cuando se sostiene que todos los problemas de la integración latinoamericana son culpa
de EEUU y los demás países industrializados. Hay muchas verdades en esto, pero ello no
puede impedir que seamos capaces de analizar las tensiones y contradicciones reales que
existen entre los países latinoamericanos.
AMÉRICA CENTRAL
James Smith desde Ciudad de Guatemala
¿Qué fue de la cooperación regional?
Negociaciones comerciales de cada país dejan del lado aspiraciones de unidad
regional.
Pese a una serie de intentos de integración centroamericana que se remontan a los años 50,
el istmo está conformado todavía por economías pequeñas, abiertas y dependientes,
caracterizadas por exclusión económica y social, acceso desigual a los modos de
producción y distribución de la riqueza, y algunos de los peores indicadores
socioeconómicos de la desigualdad en el mundo.
Lanzada en 1951, la Organización de Estados Centroamericanos buscó promover la
cooperación regional, particularmente en términos de políticas comerciales y de salud.
Luego, en 1960, el Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN) estimuló una serie
de iniciativas de integración económica que alcanzaron su apogeo a inicios de los años 70.
Dinámica más política
A medida que una serie de conflictos político-militares devastaban la región durante los
años 80, la dinámica unificadora se hizo más política que económica. En los años 90, la
integración regional se centró en los procesos de paz en El Salvador y Guatemala, las
reformas económicas neoliberales que empezaron a extenderse por cada país, y la asistencia
financiera internacional a gran escala que comenzó a inundar la región entera.
Hoy, sin embargo, las fuerzas que unen los países centroamericanos en un todo regional,
particularmente en sus agendas sociales o políticas, son menos evidentes que en el pasado,
mientras que la integración del sector empresarial está avanzando rápidamente.
La mano de obra barata, los recursos naturales y el fácil acceso al mercado estadunidense
son las principales ventajas de la región, siendo consideradas sus industrias prioritarias el
turismo y la manufactura. Dentro de este contexto, Costa Rica y Panamá van por delante del
resto, mientras que Honduras y Nicaragua enfrentan significativos obstáculos en sus
intentos por tener un crecimiento liderado por las exportaciones. Los esfuerzos de El
Salvador y Guatemala por aprovechar el mercado regional en sectores tales como finanzas,
procesamiento de alimentos y exportaciones manufactureras parecen ser más viables.
TLC en avanzada
Entretanto, el MERCOMUN, disuelto en 1969 por el conflicto armado entre El Salvador
y Honduras, y restablecido en 1991, ha sido reemplazado hoy por acuerdos de libre
comercio —el más prominente de los cuales es el Tratado de Libre Comercio de América
Central y República Dominicana con EEUU (TLCAC+RD, conocido como CAFTA, por
sus siglas en inglés)— que no garantizan un cambio en las condiciones prevalecientes.
Muchos analistas han criticado la falta de unidad y estrategia común de los países
centroamericanos frente al pacto comercial, cuyas negociaciones se realizaron
separadamente, guiadas por los intereses particulares de cada país y no por los de la región
en su conjunto.
Vince McElhinny, experto estadunidense en instituciones financieras internacionales y
ex miembro de InterAction, una coalición de organizaciones no gubernamentales, dice que
“América Central sería más fuerte si se hubiese unido como región antes de insertarse en la
economía global. Lamentablemente, la reciprocidad y la fortaleza que resultarían de
profundas alianzas entre los centroamericanos no existen, y los países compiten entre sí, lo
cual los hace más débiles ante el mercado global. No hay una verdadera política de
integración regional que permita una inserción más eficiente [en la economía global], y se
han hecho pocos avances concretos para superar este ‘egoísmo’ nacional que existe entre
ellos”.
Al son del capital mundial
“Cada país realizó con EEUU negociaciones sobre el CAFTA de diferentes maneras, en
un proceso que parecía una rueda de vagón, con EEUU en el centro y los demás países
afuera. El vínculo que cada país formó con EEUU fue el factor determinante”, dice Carlos
Barreda, del Colectivo de Organizaciones Sociales de Guatemala. Honduras y Nicaragua
enfatizaron sus bajos costos laborales en un intento por ampliar su creciente industria del
vestido, mientras que El Salvador trató de venderse como futuro centro de servicios
financieros y de apoyo logístico, lo cual es ya el caso en Panamá, y Guatemala maniobró
con sus productos alimenticios especializados.
Entretanto, el equipo negociador de Costa Rica abandonó las conversaciones afirmando
que el tiempo determinado por EEUU para la discusión no era suficiente para asegurar un
acuerdo aceptable sobre cuestiones delicadas tales como telecomunicaciones, seguros,
textiles y algunos productos agrícolas. “El gobierno costarricense llegó a ridiculizar a los
demás gobiernos por ceder demasiado terreno a los inflexibles estadunidenses en los días
finales [de las negociaciones]”, explica McElhinny en un informe sobre el TLCAC.
Las industrias que, según McElhinny, perderá la región como resultado del TLCAC son
la agricultura y los grandes negocios agrícolas (carne de cerdo, carne de vacuno, maíz,
frijoles y arroz), mientras que los ganadores serán los fabricantes de cerveza y medicinas
genéricas así como las telecomunicaciones y las compañías de seguros.
Según el grupo de expertos de Washington Office on Latin America (WOLA), el
probable impacto del TLCAC sobre el sector rural centroamericano es un motivo particular
de preocupación. Según el acuerdo, los países centroamericanos eliminarán
progresivamente los aranceles sobre cereales básicos tales como el arroz y el maíz, así
como los frijoles, productos de los cuales depende ahora la vida de millones de personas.
Con un mayor acceso aún al mercado centroamericano, las corporaciones agroexportadoras
estadunidenses, que producen y exportan cereales a precios artificialmente bajos gracias a
apoyos de su gobierno, venderán más barato que sus contrapartes centroamericanas, en su
mayor parte pequeña agricultura y agricultura familiar. Inundar el mercado centroamericano
con cereales subsidiados, más baratos, podría ocasionar una pérdida significativa de
empleos agrícolas, y por tanto crear mayor pobreza, hambre y emigración rural.
De hecho, un informe del 2004 de la Comisión de Comercio Internacional de EEUU
sobre el TLCAC proyectó que América Central aumentará significativamente sus
importaciones de cereales básicos tras la implementación del acuerdo. En una región donde
aproximadamente la mitad de todos los empleos está en la agricultura, esto tendrá a la larga
efectos devastadores.
Mario Godínez, coordinador general de la no gubernamental Asociación para la
Promoción y el Desarrollo de la Comunidad, señala que el tipo de integración regional
suscitado por el TLCAC “lamentablemente no es la inserción que cada país está buscando,
sino más bien la imposición que el capital mundial le hace a cada uno de los países según
sus estrategias e intereses de expansión”.
MESOAMÉRICA
James Smith desde Ciudad de Guatemala
Plan Puebla Panamá: Otra agenda “de arriba abajo”
Iniciativa es vista como parte de estrategia de integración regional impulsada por
EEUU.
Creado en el 2001 por el presidente mexicano Vicente Fox como “un instrumento de
cooperación que busca integrar a la región mesoamericana, coordinando acciones de los
siete países de Centroamérica y los nueve estados que integran la región sur sureste de
México”, el Plan Puebla Panamá (PPP) no ha logrado despegar del todo.
El PPP —impulsado por Washington— ha sido presentado como una iniciativa para
mejorar la calidad de vida para los 68 millones de habitantes de la región mesoamericana —
28 millones de mexicanos y 40 millones de centroamericanos—, de los cuales 41% vive en
la pobreza. Colombia, con 46 millones de habitantes, 27% de ellos viviendo en la pobreza,
se sumó al PPP en octubre.
Sin embargo, una prioridad de la agenda del PPP es atraer la inversión de corporaciones
extranjeras creando, modernizando y privatizando la infraestructura del transporte, zonas
industriales y mercados energéticos.
Otros objetivos centrales del PPP son la privatización de la tierra, el agua y los recursos
y servicios públicos; la promoción del control regional de Mesoamérica por intereses
norteamericanos, y el traspaso de la propiedad local de la agricultura, industria y silvicultura
a las corporaciones, según Celia Davis de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona
Norte del Istmo, con sede en México.
En los cinco años que lleva lanzado el PPP, se han usado recursos públicos y privados
para crear, extender y modernizar proyectos de infraestructura de transporte y energía en
toda la región.
En marzo del 2005, Vince McElhinny, ex representante de la organización no
gubernamental estadunidense InterAction, escribió en coautoría la ponencia “Plan Puebla
Panamá: ¿Receta para el desarrollo o el desastre?”, que muestra que US$21 millardos del
financiamiento propuesto para el PPP van dirigidos a cuatro de las ocho iniciativas del PPP
—transporte, energía, facilitación del comercio y telecomunicaciones— que representan la
agenda orientada al sector privado. El financiamiento propuesto para las otras cuatro
iniciativas, desarrollo sostenible y humano, turismo, mitigación de desastres y
comunicación, suma sólo $3 millardos.
Las organizaciones mesoamericanas de base han hecho resistencia eficaz a varios
proyectos del PPP (NA, Mayo 19, 2004). Algunos de éstos han sido abandonados, otros
pospuestos, y otros modificados. En agosto del 2002, propietarios de tierras comunales de
San Salvador Atenco, México, consiguieron cancelar la construcción de un nuevo
aeropuerto cerca de Ciudad de México. Las comunidades indígenas de Oaxaca han
modificado planes o detenido la construcción de carreteras en varios lugares. En marzo del
2002 se formó la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) para
unificar esfuerzos entre comunidades afectadas por el PPP en todo el sur de México; el foro
más reciente de la AMAP se celebró el 25 de noviembre.
Entretanto, en el Petén, Guatemala, la organización contra el PPP ha sido
particularmente eficaz. El Frente Petenero contra la Represa, la Alianza por la Vida y la Paz
y la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), con apoyo de un conjunto
de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, se han vuelto fuertes en
los últimos años coordinando la resistencia a las amenazas suscitadas por el PPP en las
comunidades afectadas.
En América Central, esta presión popular ha obligado al Banco Interamericano de
Desarrollo a delegar el financiamiento de algunos de los proyectos sociales y ambientales
más sensibles al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Como su supervisión, normas y rendición de cuentas son mucho menos rigurosas, el
BCIE puede financiar más fácilmente proyectos social o ecológicamente controvertidos”,
señala Davis.
Pero la principal crítica de las organizaciones que oponen resistencia al PPP es que se
trata de una integración económica impuesta desde arriba.
“[El PPP] es nada menos que una desnacionalización de los activos estratégicos, en la
que se corre el peligro de que la prerrogativa del Estado de trazar una política económica se
convierte en cosa del pasado y que el gobierno se convierta en simple country manager
[administrador nacional] del proyecto neoliberal dirigido desde EEUU”, indicó en un
documento publicado en agosto, Manolo García, de la organización guatemalteca Servicios
Jurídicos y Sociales.
Plan Puebla Panamá
Integrantes: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá, y los nueve estados del sur sureste de México: Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán
Lugar y fecha de fundación: San Salvador, El Salvador, 15 de junio del 2001
Superficie: 2.1 millones de km²
Población: 114 millones
AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE
Ariela Ruiz Caro* desde Buenos Aires
Los caminos de la integración energética
Construcción de un mercado común energético: largo sueño con nuevos protagonistas.
La integración energética es un objetivo fundamental de los gobiernos de América Latina y
el Caribe, y una de las áreas prioritarias en la construcción de la Comunidad Sudamericana
de Naciones. Esta integración puede ser un mecanismo decisivo para mejorar el
posicionamiento geopolítico de la región en el escenario internacional.
Para lograrlo, es fundamental la construcción de una infraestructura adecuada, y disponer
de un esquema institucional que reglamente la forma en que ésta operará. Precisamente, el
diseño de los mecanismos técnicos, así como institucionales, para la construcción de un
mercado común energético en América Latina y el Caribe es uno de los grandes desafíos
para poder concretar esa voluntad política que prevalece crecientemente en la región.
La integración de los mercados de energía en América Latina ha sido discutida por más
de tres décadas. Una expresión de ello fue la creación de las organizaciones regionales
Asistencia Recíproca Petrolera Empresarial Latinoamericana (ARPEL) en 1965, Comisión
de Integración Eléctrica Regional (CIER) en 1964, y Organización Latinoamericana de
Energía (OLADE) en 1973.
Otros pasos concretos hacia la integración de los mercados energéticos durante las
décadas del 60 y del 70 fueron los proyectos hidroeléctricos binacionales de Salto Grande
(Uruguay-Argentina), Itaipú (Brasil-Paraguay) y Yacyretá (Argentina-Paraguay),
impulsados por los Estados respectivos, en general propietarios de las empresas
involucradas. Los países participantes son precisamente los que hoy son miembros del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Nuevo impulso
Durante la década de los 90, las iniciativas de integración energética retomaron un nuevo
impulso, con un enfoque —liberal— y con un marco más amplio: el continental. La
denominada “Iniciativa Energética Hemisférica” fue lanzada en el marco de la primera
Cumbre Presidencial de las Américas, realizada en Miami en 1994, teniendo como
escenario un proceso de reformas económicas cuyos ejes centrales fueron la plena libertad
de mercado, la disciplina fiscal y la desregulación del Estado. Éstas ya habían sido
anunciadas, tanto en el marco del Consenso de Washington en 1989, como en la Iniciativa
de las Américas en 1990.
En el sector energético, estas reformas significaron la eliminación de los obstáculos a las
operaciones de las empresas privadas nacionales y extranjeras en todas las ramas de la
industria energética, desde la exploración y producción de gas y petróleo, hasta la
distribución y venta de productos petroleros en el mercado final. Si bien la mayoría de los
países de la región modificaron sus marcos normativos en el sector, los grados de
liberalización fueron diferentes. En muchos casos, éstos estuvieron limitados por preceptos
establecidos en sus respectivas constituciones; en otros, se consideró que se trataba de un
sector estratégico para el desarrollo.
A pesar de las presiones que hubo durante las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés) —vigente
desde 1994— México no ha privatizado la petrolera estatal PEMEX. Dicho tratado
establece que el Estado mexicano se reserva el derecho exclusivo de desempeñar y de
negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en petróleo y otros hidrocarburos, así
como petroquímica básica, tal como manda la Constitución. Salvo en algunos casos como
Argentina, Bolivia y Perú, la mayor apertura registrada en algunos países productores de
petróleo no ha determinado que las empresas estatales pierdan el control de la industria
petrolera. La mayoría de las empresas estatales de la región conservaron el papel
predominante en la producción regional, en las inversiones, en sus ventas, en el volumen de
utilidades, así como en las exportaciones regionales.
No obstante, en las leyes de inversión extranjera implementadas en la mayoría de países
de la región, y consolidadas en los tratados de libre comercio (TLC) que muchos gobiernos
han suscrito o se encuentran negociando con EEUU, prevalecen presiones para asegurar que
las inversiones, en general, no tendrán ningún tipo de obstáculos.
En efecto, el capítulo sobre inversión extranjera definido en el TLCAN, así como en los
TLC firmados posteriormente por otros países, se sustenta en cuatro principios
fundamentales: i) trato nacional y trato de nación más favorecida a los inversionistas
extranjeros, ii) prohibición de imponer a los inversionistas extranjeros requisitos de
desempeño; iii) apertura a todos los sectores excepto los que se encuentran registrados en
listas de medidas disconformes y iv) establecimiento del mecanismo de solución de
controversias en materia de inversiones a través de arbitrajes internacionales.
Se pensó que, en la medida en que las reformas mencionadas fueran profundizándose,
los procesos de integración del sector también lo harían. Asimismo, se consideró que la
apertura de mercados daría lugar a una considerable expansión de las oportunidades de
negocios para los actores privados en la construcción de infraestructura para las
interconexiones energéticas.
Sin embargo, las reformas del sector no han dado los resultados esperados,
especialmente en aquellos países que privatizaron sus empresas petroleras estatales.
Las propuestas de integración energética basadas en la privatización de las empresas del
sector, la apertura comercial y la desregulación han ido perdiendo vigencia, especialmente
en América del Sur. Se observa cierta tendencia a rescatar un papel más activo del Estado
en las actividades energéticas y a hacer del planeamiento estatal de los mercados
energéticos un instrumento indicador indispensable en la canalización y coordinación de las
inversiones de los agentes privados y públicos. Asimismo, la preservación de los recursos
no renovables y la autonomía de los Estados para regular su explotación, han sido
nuevamente reivindicadas como parte de las políticas energéticas.
El proyecto hemisférico de integración energética empezó a perder dinamismo, y
después del 2001 las políticas energéticas liberalizadoras fueron revisadas.
Surge Iniciativa Petroamérica
En este marco ha surgido la Iniciativa Petroamérica, de parte del gobierno venezolano.
Dicha iniciativa de integración energética se basa en la consideración de que la integración
regional es un asunto de los Estados y de los gobiernos, lo cual no implica la exclusión de
sectores empresariales privados.
“Los acuerdos enmarcados en Petroamérica plantean la integración de las empresas
energéticas estatales de América Latina y del Caribe para operativizar los acuerdos y
realizar inversiones conjuntas en la exploración, explotación y comercialización del
petróleo y gas natural”, se lee en el sitio web de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Petroamérica busca, además, la complementariedad económica y la reducción de los
efectos negativos que tienen los costos de energía —originados por el incremento de la
demanda mundial de petróleo, así como por factores especulativos y geopolíticos— en los
países de la región.
La propuesta incluye también mecanismos de financiamiento preferencial en el
suministro petrolero para las naciones del Caribe y América Central como Petrocaribe y el
Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas. Se busca asegurar que los ahorros
derivados de la factura energética surgidos en el marco de algunos convenios como
Petrocaribe —suscrito en junio del 2005 (NA, Oct. 5, 2005)—, sean empleados en el
desarrollo económico y social, vía el fomento del empleo y apoyo a actividades productivas
y de servicios de salud pública, educación, entre otros.
Sin duda, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, busca promover el proceso de
integración energética, utilizando la diplomacia petrolera que le permiten sus enormes
reservas de hidrocarburos. Esto no es menor puesto que la mayoría de análisis coinciden en
señalar que los altos precios del petróleo no reflejan un fenómeno coyuntural sino son más
bien un rasgo estructural del nuevo paradigma energético.
En este contexto, los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela firmaron, en noviembre
del 2005, un memorándum de entendimiento que dio inicio a los estudios de factibilidad
para la construcción de un gasoducto que interconectaría los yacimientos de gas de
Venezuela con los principales centros de consumo en Brasil y Argentina. Los presidentes de
Argentina, Brasil y Venezuela consideran que la realización de este proyecto de integración
gasífera será uno de los pasos decisivos en el proceso de integración sudamericana, dada la
importancia vital de la energía en el desarrollo económico y social de la región.
Para el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “el gasoducto podría constituirse
en la obra más grande de los próximos 50 años en América Latina y consolidarse como una
solución energética para el mediano y largo plazo”.
Sin embargo, para muchos analistas subsisten dudas sobre la viabilidad económica de
tan magna obra. La mayoría coincide en señalar que el primer requerimiento es una
certificación del nivel de reservas de gas existente en la franja del Orinoco, que aún no se
ha realizado.
El proyecto del gasoducto entre los tres países se complementaría con el destinado a
crear el denominado “anillo energético” a partir de los yacimientos de gas de Bolivia y de
Camisea, en Perú.
Sin embargo, en la medida en que el anillo energético ha encontrado numerosas
dificultades para su concreción, estaría prosperando la idea de unir el Cono Sur de América
del Sur con la parte norte, de tal manera que otros países de la región también puedan
acceder al gas proveniente de Venezuela, país que posee más de tres cuartas partes de las
reservas gasíferas sudamericanas y cerca del 60% de las ubicadas en América Latina y el
Caribe. No obstante, es un proyecto de largo plazo cuya viabilidad se encuentra en estudio.
Es innegable que todas estas propuestas de interconexión energética se enmarcan en
esquemas políticos y que las inversiones en energía responden a éstos. Sin embargo, los
países de la región son conscientes de que una integración real exige también que ésta tenga
*Ariela Ruiz Caro, economista peruana que se desempeña como consultora internacional
en temas sobre integración, y comercio.
CONO SUR
Anillo energético no prende
Divergencias geopolíticas restan fuerza a propuesta.
El denominado anillo energético es un proyecto de interconexión gasífera del Cono Sur,
impulsado fundamentalmente por Chile, con el fin de suplir su déficit energético, a partir de
los problemas de abastecimiento con Argentina. Casi la totalidad de importaciones chilenas
de gas natural proceden de este país, cuya producción ha declinado significativamente.
Este proyecto de interconexión gasífera plantea distribuir en el Cono Sur parte de las
reservas de los yacimientos de gas de Camisea, ubicados en el sur del Perú, así como las
existentes en Bolivia. En el proyecto han participado, además de Chile y Perú, Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. En las reuniones realizadas por los gobiernos para este
proyecto, Bolivia sólo lo ha hecho en calidad de observador.
Gran parte del denominado “anillo energético” ya se encuentra construido. Se trataría de
conectar al Perú con la red de ductos que existe en el norte de Chile y Argentina, mediante
la construcción de un gasoducto de unos 1,200 km de extensión desde la ciudad peruana de
Pisco hasta la chilena de Tocopilla, la cual requiere una inversión cercana a los US$2.5
millardos.
El proyecto ha suscitado reacciones contrapuestas en el Perú, pues, entre otros factores,
se ha insistido en que debe desarrollarse prioritariamente el mercado interno, garantizando
el abastecimiento a largo plazo. Otro de los problemas que ha tornado inviable este
proyecto es que Bolivia, país que posee las segundas reservas de gas de América del Sur,
sólo participa del anillo energético en calidad de observador, pues demanda, como
condición, una solución a su situación de mediterraneidad. Por mandato popular resultado
de un referéndum en el 2004, el gobierno boliviano no puede suministrar gas a Chile
mientras éste no acepte discutir su problema de salida al Pacífico. Sin la participación de
Bolivia, el proyecto sólo tenía posibilidades de convertirse en un texto jurídico para dar
garantías a los inversionistas que participen del proyecto.
La meta de suscribir el documento conjunto que permitiría transformar el acuerdo de
implementación del anillo energético en un tratado internacional, no prosperó, debido, en
parte, a divergencias en algunos de los puntos del texto del tratado. Prevalecen aún
opiniones contrapuestas en aspectos clave como la definición de lo que es una situación de
emergencia —que pudiera dar lugar a la interrupción del suministro—; el mecanismo para
solución de controversias; y las excepciones temporales al régimen de acceso abierto, entre
otros.
En ese contexto, el proyecto para la construcción del gasoducto acordado en noviembre
del 2005 entre los gobiernos de Brasil, Argentina y Venezuela, adquiere mayor relevancia.
—A.R.C.
AMÉRICA LATINA
Noticias Aliadas con información de Ramiro Escobar
TLC versus integración
Tratados bilaterales de libre comercio afectan construcción de una verdadera
integración regional político-económica.
La integración regional corre peligro de no salir de la modorra en que se halla si los países
de la región continúan poniendo más atención a la firma de tratados bilaterales de libre
comercio con EEUU, la Unión Europea y países asiáticos.
Este tipo de acuerdos no es nuevo en la región. Se viene practicando desde comienzos de
los años 90, cuando EEUU, Canadá y México firmaron el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), que entró en vigencia en 1994. La novedad reside en su
proliferación en los últimos cinco años.
El TLCAN era algo así como la punta de lanza del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), propuesta de integración comercial promovida por EEUU que vive un
estancamiento temporal desde que, en Miami, en el 2003, Brasil, Argentina y Venezuela le
pusieron freno.
Abocados al libre comercio
Para muchos analistas políticos y económicos, los recientes tratados de libre comercio
(TLC) promovidos por EEUU son el resultado del fracaso del ALCA. Aunque no para
todos.
“Esa es una lectura generalizada en América Latina, pero si se observa el proceso global
se verá que EEUU viene haciendo acuerdos bilaterales desde antes del fracaso del ALCA.
En realidad, la idea de hacer acuerdos bilaterales con muchas naciones es parte de una
estrategia global que nace ante las dificultades norteamericanas para llegar a establecer
acuerdos en el marco de la [Organización Mundial del Comercio] OMC”, indica el
investigador uruguayo Eduardo Gudynas.
Al mismo tiempo, los países de la región en los últimos años han puesto el énfasis en
abrir mercados externos para sus productos, y ya son 10 los países latinoamericanos que
han firmado TLC con EEUU.
El Panorama de la inserción internacional de América Latina y El Caribe (2005-2006),
elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), observa
el fenómeno con más neutralidad. Según el documento, con estos TLC o sin ellos, en el
último quinquenio “los subgrupos de integración y los países de manera individual han
apostado por los mercados extrarregionales”.
Según datos de la CEPAL, las exportaciones de América Latina crecieron dos veces y
media entre 1990 y el 2004 —de US$130 millardos a $461 millardos—, mientras que entre
1990 y el 2003 la proporción del comercio dentro de la región misma pasó apenas de 13% a
14.6%.
México —que, al igual que Chile, es uno de los países latinoamericanos que más han
respaldado la creación del ALCA— es el mayor exportador de América Latina, con una
participación de 44% en el 2005. Al mismo tiempo, es el país cuyo comercio está más
concentrado: 89% de sus exportaciones se dirige a EEUU.
Contribuye a este mayor comercio extrarregional la debilidad de proyectos de
integración como la Comunidad Andina, en la que resalta una tendencia creciente de sus
países miembros a exportar a EEUU. Esta proclividad es alentada por el Acuerdo de
Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en
inglés), mediante el cual un universo de 6,100 partidas arancelarias goza de acceso libre al
mercado estadunidense hasta el 31 diciembre del 2006, y cuya renovación es ahora
discutida por el Congreso de EEUU.
Amenaza para la integración
Para otros analistas, los TLC constituyen una contracorriente en relación a los procesos
de integración.
“Los TLC, en la lógica economicista neoliberal, desfiguran los proyectos de mayor
integración”, escribe Bernard Lestienne, S.J., en la revista argentina CIAS, del Centro de
Investigación y Acción Social.
“No basta con la multiplicación del trueque de bienes y servicios para ampliar la
integración”, añade.
Gudynas sostiene en el artículo titulado “Dos caminos distintos: tratados de libre
comercio y procesos de integración”, publicado en el 2004 por FLACSO Ecuador en el
libro TLC. Más que un tratado de libre comercio, que los TLC “mantienen y en algunos
casos refuerzan la competencia comercial que enfrenta a los países latinoamericanos entre
sí, y aumentan la subordinación hemisférica”.
En referencia al TLC suscrito entre Perú y EEUU, el economista peruano Humberto
Campodónico dice: “Este TLC desvía comercio hacia EEUU”.
“La lógica que se impone es que se priorizan las exportaciones hacia ese nuevo gran
socio, lo que bloquea el crecimiento del comercio intrarregional y, además, debilita la
posibilidad de coordinar estrategias productivas”, puntualiza.
De hecho, “con el TLC con EEUU las exportaciones de maíz que Argentina realiza al
Perú serán sustituidas por importaciones provenientes de EEUU que entrarán liberadas de
impuesto y a precios subsidiados”, escribe la economista peruana Ariela Ruiz Caro en el
libro Riesgos del TLC Perú-EEUU, publicado en junio de este año.
Con el TLC que firmó en febrero con EEUU, Colombia abrió su mercado a 900,000
toneladas de soja provenientes del país del norte. Esto afectará a otro país miembro de la
CAN, Bolivia, que en la actualidad le vende a Colombia 500,000 toneladas del grano,
volumen que constituye el 40% de sus exportaciones de oleaginosas.
Según un estudio realizado por encargo de la Comunidad Andina en el 2004, la vigencia
del TLC con EEUU pondría en riesgo 56% del comercio subregional andino, añade Ruiz
Caro.
Caminos divergentes
Mientras los procesos de integración buscan la complementariedad productiva entre los
países al reducir las competencias internas, los TLC mantienen las asimetrías comerciales y
productivas. Y esto no sólo sucede en los casos de acuerdos de libre comercio entre países
en vías de desarrollo y países industrializados; también ocurre en acuerdos de este tipo entre
países en vías de desarrollo.
Es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que se ha extendido haciendo
pequeños acuerdos de libre comercio con Bolivia, Chile y Perú, además de acuerdos de
complementación económica con Colombia y Ecuador.
“El MERCOSUR, especialmente al influjo de la administración [del presidente brasileño
Luiz Inácio da Silva] Lula, se ha ampliado haciendo asociaciones comerciales que son más
parecidas a los formatos de un TLC que al del vínculo político fuerte que está en la esencia
de su proyecto originario”, dice Gudynas.
“Si nos ponemos del lado del agricultor o del ganadero peruano, se verá que tienen las
mismas dificultades enfrentando un TLC con EEUU que enfrentando este acuerdo de libre
comercio con el MERCOSUR, porque también lo van a invadir los productos
agroalimentarios que lleguen desde el Cono Sur”, explica.
Según este analista, “un proceso de integración tiene una dimensión política”, que no
existe en los TLC que actualmente circulan. El continuo ejemplo que pone es de la Unión
Europea (UE) que, por la ruta integracionista, ha logrado un arancel común, coordinaciones
productivas, una moneda común, el libre tránsito de personas.
En referencia al TLC entre Perú y EEUU, Campodónico advierte: “Puede agudizar la
pobreza y la desigualdad” y recuerda el caso de México que, en efecto, hizo crecer su
economía, pero a costa de algunos sectores del agro.
Y finalmente, mientras los TLC son indiferentes a estrategias regionales sociales —para
combatir la pobreza, mejorar la educación o las condiciones laborales—, los procesos de
integración sí consideran espacios para la atención de estos temas.
CHILE
Pascale Bonnefoy desde Santiago
El conciliador de los bloques regionales
Relación chilena con vecinos se basa en factores comerciales más que en razones
geopolíticas.
A pesar de su fidelidad a la receta neoliberal del Consenso de Washington, su entusiasta
apoyo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por EEUU, y su no
participación como miembro pleno en ninguno de los grandes bloques regionales, Chile
busca posicionarse como puente político y amortiguador entre las distintas iniciativas de
integración regional, y a la vez, asegurarse el abastecimiento energético y mejorar su
balanza comercial en la región.
Con su pujante economía de libre mercado y saludables índices macroeconómicos —
ocupa el puesto 27 entre 125 países en el Índice de Competitividad Global 2006-2007 del
Foro Económico Mundial—, Chile es a menudo acusado de renegar de su vecindad y mirar
con desdén a sus socios en la región, más empobrecidos e inestables tanto política como
económicamente.
Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile se embarcó en múltiples negociaciones
comerciales bilaterales tanto en América Latina como en Europa, Asia y América del Norte.
Hoy cuenta con tratados de libre comercio (TLC) con Canadá, EEUU, China y Corea del
Sur, y TLC o acuerdos de complementación económica con una decena de países
latinoamericanos. Sin embargo, aduciendo incompatibilidad arancelaria, ingresó sólo como
miembro asociado al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mientras intentaba entrar al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en
inglés) —de México, EEUU y Canadá—, y posteriormente enarbolaba la bandera del
ALCA.
Prioridad a la región
Al asumir el poder en marzo de este año (NA, Mar. 8, 2006), el gobierno de Michelle
Bachelet prometió dar prioridad a la región, por razones políticas y económicas. En los
últimos años, Chile ha vivido momentos de tensión con el Perú en torno a una disputa por
fronteras marítimas, con Bolivia por el histórico conflicto sobre su acceso al mar y su
negativa a venderle gas a Chile, y con Argentina, por sus cortes de suministro de gas a
Chile, lo cual sólo se agravará en los años venideros, impactando fuertemente a la industria,
y en última instancia, a los consumidores chilenos.
Por el lado comercial, la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones
chilenas, comprando el 27.7% del total, mientras que EEUU sigue siendo el principal
destino individual, captando el 17.6% del total de envíos. En cambio, sólo el 4.4% de las
exportaciones totales de Chile va a los miembros de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), y 6.3% al MERCOSUR. No obstante, mientras que el comercio con EEUU creció
sólo 2.5% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del 2005, las
exportaciones al MERCOSUR subieron 51.1%, y a la CAN, 28.6%. Sin embargo, la
balanza comercial chilena con estos dos bloques sigue siendo negativa. Incluso el superávit
de 39% que tuvo Chile con la CAN el año pasado, cayó estrepitosamente a un déficit de 9%
en el primer semestre de este año.
“Chile debe acrecentar su influencia en el proceso de construcción de la Comunidad
Sudamericana de Naciones, mediante la coordinación con los otros países de la subregión y
la promoción del establecimiento de una institucionalidad básica, mientras se fortalece el
proceso de convergencia MERCOSUR, CAN y Chile, y la puesta en práctica de iniciativas
concretas en energía, comercio e infraestructura”; afirmó el canciller Alejandro Foxley en
su presentación de la “Visión Estratégica de la Inserción de Chile en el Mundo” ante el
Congreso en abril pasado.
Meses más tarde, Chile se reincorporaba a la CAN, de la que se había retirado en 1976
debido a la incompatibilidad de sus políticas económicas liberales con las de los miembros
del entonces llamado Pacto Andino. Treinta años después, los miembros de ese bloque han
girado sobre su eje, la mayoría adoptando políticas neoliberales y negociando o firmando
TLC con EEUU. Venezuela ya no encajaba, y se retiró. Bolivia es ahora la única excepción
a la regla.
La elección del presidente peruano Alan García en junio (NA, Jun. 14, 2006) abrió el
escenario ideal para que Chile llenara el vacío dejado por Venezuela. A instancias de
García, Chile aceptó participar en “áreas determinadas” de la CAN, una de las cuales, según
el gobierno, será la proyección conjunta hacia los mercados asiáticos.
“Chile se integra más por razones políticas que comerciales, para acercarse a la región, y
generar mecanismos de incidencia tanto en la CAN como en el MERCOSUR en torno a la
resolución de controversias y la facilitación del comercio, que es lo que a Chile le
preocupa”, explicó Claudio Fuentes, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), con sede en Santiago.
Con este nuevo cuadro, se comenzó a hablar de un “eje del Pacífico”, un bloque
libremercadista afín a EEUU, en contraposición al “eje” del MERCOSUR, con presidentes
izquierdistas y una Venezuela inyectándole petrodólares. Algunos analistas, sectores de
derecha e incluso dirigentes de la coalición de gobierno han llamado a retirarse del
MERCOSUR de una vez, alegando sus conflictos internos y pocos beneficios comerciales
para Chile, sin ocultar su molestia por la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez al
bloque meridional.
Para Fuentes, “es natural el punto de encuentro en el eje Pacífico, por razones
geográficas, y por el crecimiento de Asia, y China en particular, que penetra en América
Latina”.
Diferentes, pero no tanto
La supuesta dicotomía de ejes mutuamente excluyentes o contradictorios tal vez no sea
tan abismal, a pesar de las evidentes fricciones entre algunos mandatarios y las diferencias
entre sus políticas domésticas —las de unos países más neoliberales que las de otros, por
ejemplo— así como entre sus políticas exteriores.
Casi todos los países miembros del MERCOSUR también son socios de la CAN, y en el
2004 ambos bloques firmaron un acuerdo para crear un mercado común entre los 10 países
asociados. A finales de ese mismo año, y con la participación de Chile, se creó la
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), que incluye a los países de la CAN y
MERCOSUR, más Guyana y Surinam (NA, Dic. 15, 2004). La CSN se centraría en buena
parte en la integración física, a través de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana, cuyos proyectos serían financiados por tres
instituciones financieras regionales.
“No es válido que tratemos de mirar a la región con la mirada de la guerra fría, en que la
dividamos entre los buenos y los malos, entre los más para allá o los más para acá. Lo que
sí tenemos es el gran desafío de, en esa diversidad, buscar la unidad y resolver los
problemas comunes”, afirmó la presidenta Bachelet en Bogotá durante la toma de mando
del reelecto mandatario colombiano Álvaro Uribe en agosto pasado.
El gobierno chileno busca servir de articulador, de elemento conciliador, entre los
principales bloques regionales, y considera a la CSN como el punto de encuentro. No puede
quedar mal con nadie. Por un lado, necesita mejorar sus condiciones de comercio con la
región. Por otro, Chile es altamente dependiente en materia energética, importando casi la
totalidad del gas natural y petróleo que requiere su economía. Casi el 60% de esas
importaciones provienen de Argentina, Brasil, Ecuador y Perú. Bolivia, debido al conflicto
marítimo, no le vende gas a Chile y, por contrato, prohíbe a Argentina redireccionar a Chile
el gas que le vende a aquella.
Mientras Chile, que en los 90 apostó al gas natural como principal recurso energético, no
logre diversificar su propia matriz energética, la política chilena hacia la región no podrá ser
más que conciliadora y pragmática, basada más en factores comerciales y energéticos que
en consideraciones geopolíticas. Chile no quiere ni puede casarse con nadie, pero tampoco
puede darse el lujo de un divorcio.
AMÉRICA LATINA
Cecilia Remón desde Lima
Migración restringida
Libre circulación de trabajadores en la región todavía enfrenta restricciones y
reticencia de gobiernos.
La libre circulación de bienes y servicios es uno de los pilares de los procesos de
integración, pero la libre circulación de trabajadores no necesariamente lo es.
“La migración es un componente indisoluble, visible y relevante de todo proceso de
integración, especialmente cuando éste se posiciona con miras que apuntan más allá del
intercambio comercial”, dice el documento “Lógica y paradoja: libre comercio, migración
limitada”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“La integración económica —como expresión inmediata y visible de la
internacionalización de las economías— supone necesariamente menores obstáculos para la
movilidad de las personas y, en consecuencia, obliga a una preocupación por las
dimensiones sociales y políticas involucradas”, agrega el estudio.
Más retórica que nada
Pero Dirk Jaspers, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE), de la CEPAL, considera que la inclusión de la temática de la migración en los
procesos de integración “ha sido parcial, difusa y a veces provista de mucha retórica y
formalismo”.
Tanto el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) como la Comunidad Andina (CAN)
cuentan con disposiciones en relación a la libre circulación y residencia de trabajadores.
El “Acuerdo de Residencia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR”,
firmado en el 2002, establece la libre residencia de las personas que circulen dentro del
espacio del MERCOSUR ampliado —sus cinco Estados miembros (Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela) y los asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú)—, mientras que la CAN posee el Instrumento Andino de Migración Laboral, que
permite “la libre circulación y permanencia de los nacionales andinos en la subregión con
fines laborales bajo relación de dependencia”.
No obstante, la mayoría de los países miembros de estos dos bloques no han cumplido
con incorporar estas disposiciones en sus legislaciones internas; de ahí que en la práctica no
existan políticas migratorias en los bloques subregionales.
La principal causa de la migración es la insatisfacción económica, el desempleo y la falta
de oportunidades de las personas en sus países de origen. Pero quienes migran, incluso
dentro de los bloques intrarregionales establecidos, experimentan discriminación,
xenofobia, privación de la libertad, amenazas a la integridad física y psicológica, y a la
propia vida.
Para la CEPAL, “la falta de estabilidad en el crecimiento económico lleva a los países a
una reticencia respecto a abrir sus fronteras… toda vez que no pueden asegurar trabajo a sus
propios nacionales y se desconfía de la llegada de inmigrantes: el problema es que estos
continúan desplazándose, se insertan en actividades que rechazan los nacionales y dada su
desprotección, pueden constituir una mano de obra sumamente vulnerable”.
“Los migrantes en situación irregular están indefensos, son víctimas de salarios
inferiores y discriminación”, afirma Óscar Sandoval, oficial de proyectos para los países
andinos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Hemos recibido denuncias de migrantes peruanos en Ecuador, a quienes los
empleadores, a sabiendas de que estas personas están en forma irregular, les prometen
pagarles una cierta cantidad, y una vez que van a cobrar, quienes los contrataron les dicen
‘miren si ustedes cobran los denunciamos por estar irregulares’. Hilando un poquito más
fino estos trabajadores serían víctimas de trata, o de estafa”, indica Sandoval.
En Argentina, agrega Sandoval, “los mayores explotadores de bolivianos son los mismos
bolivianos, particularmente en Buenos Aires y zonas fronterizas”.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares no hace diferencia entre trabajadores regulares o en situación irregular, en
términos de sus derechos.
Adoptada en 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en vigor desde el
2003, la convención establece el derecho a la libre emigración de los trabajadores y a contar
con todas las garantías del país donde residan y trabajen, así como a la reunificación
familiar. Sólo ha sido ratificada por 34 Estados, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. No se
han adherido Argentina, Brasil ni Costa Rica, que junto con Chile son los mayores
receptores de inmigrantes de América Latina
Migrar no es un delito
Los ministros de Relaciones Exteriores de la CAN, reunidos con ocasión de la XVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Montevideo,
Uruguay, del 3 al 5 de noviembre, emitieron un comunicado en que señalan la necesidad
“de impulsar una política que propicie el diálogo entre los países miembros de la CAN y los
países de destino de sus migrantes laborales, a fin de proteger los derechos humanos de
estas personas; propiciar que los flujos migratorios ofrezcan contribuciones favorables al
desarrollo de las sociedades emisoras, de tránsito o receptoras; y evitar políticas orientadas
a criminalizar al migrante” (NA, Nov. 15, 2006).
Sin embargo, los mandatarios presentes en la cumbre iberoamericana no aprobaron
compromisos concretos para regularizar a los inmigrantes dentro de sus países.
“Migrar no es un delito”, dice la declaración final, pero no exhortó a aprobar la
convención. El compromiso de los gobernantes es de sólo “tomarla en cuenta”.
De acuerdo con cifras de la OIM, entre el 2000 y el 2005 el número total de migrantes de
América Latina y el Caribe subió de 21 millones a 25 millones, es decir, más de 4% de los
casi 600 millones de habitantes del hemisferio. De ellos 19.3 millones viven en EEUU,
60% de origen mexicano.
Migración extrarregional
A diferencia de los procesos de integración, los tratados de libre comercio no incluyen el
tema de la migración.
Un ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
que desde su entrada en vigencia en 1994 ha acelerado la migración de trabajadores
mexicanos hacia EEUU, particularmente de los sectores más afectados por el acuerdo.
“La aceleración de la migración a partir de 1994 tiene que ver con la destrucción del
campo por efecto de las importaciones agrícolas subsidiadas de EEUU”, afirma el
economista peruano Óscar Ugarteche. “Hoy México tiene como rubros de ingresos netos,
primero el petróleo, luego las remesas y en tercer lugar el turismo. México pertenece al
bloque de América del Norte porque lo ve como su mercado natural, al que destina más del
80% de su comercio total”.
En los últimos años EEUU ha ido endureciendo sus políticas para detener el flujo
migratorio, llegando incluso a aprobar en octubre la construcción de un muro de 1,126 km a
lo largo con su frontera con México. El año pasado fueron detenidas alrededor de 1.2
millones de personas intentando ingresar irregularmente a EEUU.
Uno de los elementos claves en la migración son las remesas. En el 2005, los países de
América Latina recibieron US$54 millardos de sus nacionales en el extranjero.
Para Sandoval, un elemento positivo es que ayudan a que la pobreza en América Latina y
el Caribe, que afecta a 38.5% de la población, no se agudice.
“Posiblemente, si no llegaran las remesas tendríamos un porcentaje mayor de pobres o
de pobreza extrema”, sostiene. “Los bancos centrales saben con muy buenas cifras cuánto
ingresa, pero cómo se están utilizando y cual es el potencial de esas remesas, es lo que
todavía no se ha investigado”.
AMÉRICA LATINA/EL CARIBE
Noticias Aliadas
Por una integración con justicia
Políticas sociales comunes son cruciales para unidad regional.
La integración regional implica la articulación de políticas económicas y sociales en
función del beneficio común de los países participantes. Sin embargo, la mayoría de los
procesos de esa naturaleza desarrollados en América Latina se ha centrado en los
componentes económicos y comerciales, y los aspectos sociales sólo giran en torno a ellos.
La Comunidad Andina (CAN) estableció hace más de tres décadas los convenios Andrés
Bello, que propone esfuerzos mancomunados en la educación, la ciencia y la cultura, e
Hipólito Unánue, que se propone mejorar la salud de las poblaciones del bloque. En ambos
casos los resultados concretos han sido reducidos. Igual suerte han corrido los acuerdos
referidos a la movilidad de trabajadores y seguridad social.
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) inicialmente no contemplaba compromisos y
mecanismos orientados a promover o regular los aspectos sociales de la integración. En
mayo de 1991, dos meses después de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al
MERCOSUR, se reconoció la necesidad de un instrumento sobre la cooperación en
regímenes laborales, de seguridad social y formación profesional. Se han aprobado la
Declaración Sociolaboral, protocolos en educación y cultura, y un acuerdo de previsión
social, y aunque se han observado avances concretos, todavía el documento marco sigue
siendo una mera “declaración”.
El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) prevé que la integración social se
alcanzará “de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva”. El artículo cuarto
del Tratado de Integración Social Centroamericana, suscrito en 1995, considera que “el
proceso de integración social se impulsará mediante la coordinación, armonización y
convergencia de las políticas nacionales entre sí, y con las demás políticas del SICA”.
El Consejo para el Desarrollo Humano y Social de la Comunidad del Caribe
(CARICOM) es responsable de promover el mejoramiento de la salud, educación,
condiciones laborales de los trabajadores, desarrollo de la juventud y las mujeres,
desarrollo de la cultura y los deportes, y un ambiente saludable para los habitantes de la
comunidad.
Si bien los acuerdos de integración contienen declaraciones e instancias relativas al
aspecto social, no existen mecanismos supranacionales que ejerzan un efecto vinculante
sobre políticas sociales comunes acordadas.
En ese sentido, la propuesta del presidente boliviano Evo Morales de construir una
integración continental que abogue por nuevas democracias en el continente pero con una
mayor participación social, constituye una esperanza en el esfuerzo por darle un nuevo
rumbo a la integración sudamericana, y a lo mejor a la región latinoamericana y caribeña.
Para que este nuevo rumbo que se le quiere dar a la integración permita que el “buen
vivir” de sus pobladores sea una realidad se requiere que la propuesta pase efectivamente de
las declaraciones a los hechos.
En el ámbito de América del Sur, la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos —a
realizarse del 6 al 9 de diciembre, de manera simultánea a la reunión de Presidentes de la
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) prevista para el 8 y 9 de diciembre en la
ciudad de Cochabamba, Bolivia— aportará al contenido de esa agenda social de la
integración.
Los organizadores de dicha cumbre le dan un alto valor simbólico por el hecho de que se
desarrolle simultáneamente con la reunión de la CSN, a la que describen como “un bloque
político inspirado en las gestas libertarias independentistas de Junín y Ayacucho y liderado
por presidentes que aceptan la diplomacia de los pueblos”, en referencia a los presidentes de
Bolivia y Venezuela en particular.
¿Podrá la CSN constituir un real avance integracionista, cuando ha surgido sin que sus
dos bloques originarios hayan dado previamente solución a sus problemas internos?
Si se observan en detalle los contenidos más importantes de la CSN, se verá que son los
planes de infraestructura regional, esencialmente carreteras destinadas a vincular las costas
del Atlántico y del Pacífico. La CSN no es un modelo de integración real sino que es de
extroversión”, afirma el analista uruguayo Eduardo Gudynas.
Son dos los aspectos fundamentales de la dimensión social de los procesos de
integración: las políticas sociales comunitarias o sus equivalentes, y la participación de la
sociedad civil.
La sociedad civil, a través de sus organizaciones, tiene una larga lucha por delante para
que las iniciativas de integración regional en la que sus gobiernos participen cuenten con
mecanismos formales de participación y consulta, de modo que haya transparencia en las
medidas deintegración política y económica de la región.
¿Qué pasa con la integración regional?
El investigador Fernando Masi, en su artículo “La integración en la encrucijada”,
publicado en la edición de junio de este año de la revista paraguaya Acción, señala los
siguientes factores que explican el porqué del freno de los procesos de integración regional
a partir del año 2000:
1. Los desequilibrios de orden macroeconómico que sufren países claves en la región y que
repercuten sobre la capacidad de exportación de sus socios.
2. Un incremento importante de los precios internacionales y de la demanda de materias
primas y agrícolas y mineras —donde los países de la región tienen ventajas
comparativas— principalmente de los países asiáticos (China en particular) que hace
que las exportaciones se dirijan más fuera de la región.
3. Una falta de voluntad política de avanzar hacia la armonización de normas y el
desarrollo de instituciones que vayan conformando la unión aduanera en cada subgrupo
de integración, siendo muy palpable este problema en el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Ello a su vez se transforma en mayores restricciones y trabas al
comercio entre socios.
4. Una agenda externa muy movida por parte de los bloques de integración que en la
búsqueda de nuevos mercados, postergan los avances de la agenda interna y, por lo
tanto, de la profundización de los mismos procesos de integración.
SItios web oficiales
www.comunidadandina.org
Comunidad Andina (CAN). Sitio con información actualizada sobre cada uno de los países
miembros, noticias, ejes de acción, instituciones y servicios.
www.mercosur.int
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Información sobre su estructura, tratados,
documentos oficiales, arancel común externo, solución de controversias, directorio de
autoridades, publicaciones, entre otros aspectos.
www.comunidadandina.org/sudamerica.htm
Comunidad Sudamericana. Proyecto de integración a partir de la convergencia gradual entre
los países que conforman la Comunidad Andina, el MERCOSUR, Chile, Guyana y
Surinam.
www.sica.int
Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Brinda información completa y oportuna
sobre el sus órganos e instituciones, así como una reseña histórica, marco jurídico, datos
sobre cada uno de los estados miembros y noticias recientes.
www.caricom.org
Comunidad del Caribe (CARICOM). Información sobre el Mercado Común del Caribe, su
historia, proyectos, organismos, servicios, leyes y noticias de la región.
www.planpuebla-panama.org
Plan Puebla Panamá. Información sobre sus integrantes, ejes de desarrollo, noticias,
documentos, enlaces, entre otros. Incluye mapas y galería de fotos.
www.aladi.org
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Organismo intergubernamental
creado por el Tratado de Montevideo de 1980 que promueve la expansión de la integración
en América Latina, a fin de asegurar su desarrollo económico y social, y tiene como
objetivo final el establecimiento de un mercado común.
www.iirsa.org
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Foro de
diálogo entre las autoridades responsables de la infraestructura de transporte, energía y
telecomunicaciones en los 12 países sudamericanos.
Sitios web alternativos:
www.alternativabolivariana.org
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Propuesta de integración impulsada por
el presidente venezolano Hugo Chávez, en contraposición al Área de Libre Comercio de las
Américas, lanzada por EEUU. El ALBA plantea una integración que vaya más allá de lo
comercial, que abarque educación, salud, cultura, complementariedad y cooperación entre
los países de la región.
www.bilaterals.org
Información sobre iniciativas de lucha contra el comercio bilateral y los acuerdos de
inversión que tornan vulnerables a los países frente al accionar de las corporaciones
transnacionales.
www.laneta.apc.org/asc
La Alianza Social Continental (ASC). Foro de organizaciones y movimientos sociales
creado para intercambiar información, definir estrategias y promover acciones conjuntas,
todo ello encaminado a la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo y democrático.
La ASC es un espacio abierto a las organizaciones y movimientos interesados en cambiar
las políticas de integración a nivel hemisférico y en promover la justicia social en las
Américas.
www.biceca.org
Proyecto Construyendo Incidencia Civil Informada Para la Conservación de la Amazonía
Andina (BICECA por sus siglas en inglés). Forma parte de la Articulación Frente a la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Esta red trabaja en la
promoción de alternativas a los modelos de desarrollo no sostenible que promueve la
IIRSA.
www.movimientos.org
Comunidad Web de Movimientos Sociales. Bajo el lema “Unidad en la Diversidad”, este
sitio agrupa a una serie sitios web de organizaciones y redes sociales, permitiéndoles una
mayor visibilidad y evitando su dispersión. Ofrece noticias e información sobre campañas y
actividades relacionadas con los movimientos sociales.
www.mercosursocialsolidario.org.
El Programa Mercosur Social y Solidario es una plataforma de acción integrada por 18
organizaciones no gubernamentales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que
buscan incorporar la dimensión social en el proceso de integración regional.
Destino de exportaciones y origen de importaciones 2003 (En porcentajes)
Comunidad Andina (CAN)
Mundo*
Exportaciones
51.6
Importaciones
38.7
Exportaciones
Importaciones
CAN
9.7
14.6
CARICOM MERCOSUR
1.6
2.4
0.4
11.1
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Mundo*
Exportaciones
105.6
MCCA
2.0
0.3
Importaciones
66.8
Exportaciones
Importaciones
CAN
3.6
2.2
CARICOM MERCOSUR
0.7
12.0
0.1
18.2
MCCA
0.7
0.1
Comunidad del Caribe (CARICOM)
Mundo*
Exportaciones
5.6
Importaciones
6.3
Exportaciones
Importaciones
CAN
1.5
6.8
CARICOM MERCOSUR
19.2
0.6
8.8
6.5
MCCA
2.5
1.2
Mercado Común Centroamericano (MCCA)
Mundo*
Exportaciones
11.2
Importaciones
23.6
Exportaciones
Importaciones
CAN
0.9
5.8
CARICOM MERCOSUR
1.4
0.2
1.9
3.1
*En millardos de dólares corrientes.
MCCA
27.5
12.9
FUENTE: CEPAL
En el 2004, mientras que el flujo de exportaciones en acuerdos intrarregionales fue del
11.5%, para los acuerdos extrarregionales representó el 49.5%.—CEPAL
Las exportaciones crecieron 254% entre 1990 y el 2004, mientras que entre 1990 y el
2003 la proporción del comercio dentro de la región misma creció apenas 1.6%. —CEPAL
Composición del comercio de bienes 2004 (En porcentajes)
Comunidad Andina
Exportaciones
67.5
28.1
Productos
Bienes
primarios
industrializados
4.4
Otras
transacciones
Importaciones
11.4
87.3
Productos
Bienes
primarios
industrializados
1.2
Otras
transacciones
Mercado Común Centroamericano
Exportaciones
29.9
69.1
Productos
Bienes
primarios
industrializados
1.0
Otras
transacciones
Importaciones
10.8
87.9
Productos
Bienes
primarios
industrializados
1.1
Otras
transacciones
Mercado Común del Sur
Exportaciones
23.8
75.8
Productos
Bienes
primarios
industrializados
0.4
Otras
transacciones
Importaciones
16.4
83.2
Productos Bienes
primarios industrializados
0.4
Otras
transacciones
FUENTE: CEPAL

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