entre la anarquía y el despotismo

ENTRE LA ANARQUÍA Y EL DESPOTISMO
La anarquía se entiende como desorden o confusión en relación con la vida social y se
presenta cuando hay ausencia o relajación de la autoridad; es decir, cuando un pueblo
carece de Dios y ley, como se decía antiguamente. El despotismo, a su vez, corresponde
a la autoridad absoluta, no limitada por las leyes. La palabra déspota se deriva de una
voz griega que significa precisamente señor o amo.
Edgar Boden Heimer explicó el derecho como el punto medio entre la anarquía y el
despotismo. Para empezar, consideramos necesario aclarar que entre los juristas, al igual
que en otras disciplinas sociales, hay dos tendencias principales: los que justifican la
voluntad y los que se apoyan en la razón; es decir, los que creen en el uso de la fuerza
como su principal “argumento” y los que creen en la persuasión mediante argumentos
que lleguen a un consenso mínimo. Luego de este breve prefacio, veamos el significado
del famoso “punto medio”; pero antes, examinemos los conceptos de anarquía y
despotismo, aparentemente ubicados en extremos opuestos, pero que en la práctica son
similares, porque ambos están alejados del concepto fundamental de ley. En un Estado
anárquico hay carencia de leyes, mientras que en un Estado despótico tampoco
funcionan las leyes, en razón de que el déspota siempre hará lo que le dé la gana, aun
cuando utilice un marco jurídico que en la práctica solo servirá para aparentar que no es
un dictador; empero, todos sabemos que si una ley le estorba, no dudará en
quebrantarla. En consecuencia, ambos sistemas se basan en la carencia de leyes.
Recordemos que Popper criticó con vehemencia el “punto medio” de Aristóteles,
porque puede llevar al engaño. Este jurista, si en verdad quiso decir lo que entendemos,
cometió un craso error de concepto, pues ambos sistemas producen lo que conocemos
hoy en día como inseguridad jurídica o falta de confianza en las instituciones.
Un segundo aspecto que es muy importante se refiere al principio universal de no
contradicción que nosotros hemos tratado en diversas ocasiones y que permite la
identidad y permanencia del sujeto. El Estado de derecho tampoco puede excluirse de
este principio, porque la institución y la ley para poder “ser” deben basarse en la
permanencia; y esta es su condición sine qua non. Definir el Estado de derecho como un
punto medio entre dos carencias es lo mismo que decir nada. Sin embargo, para
orientarnos sobre su ideología, veamos un pensamiento de T. Hobbes: “No es la rectitud
(rightness) sino la autoridad la que crea el derecho”. Este autor, es claro, entendió el
derecho como un acto de voluntad del soberano, a la par de H. Kelsen que lo concibió
como: “un orden coactivo mantenido por la fuerza pública”. Estos autores, al igual que
el vizconde de Bonald, Maistre, Donoso Cortés y Pareto creen - digámoslo así – en que
“la letra con sangre entra”. Todos ellos atacaron la declaración de los derechos del
hombre, porque en el fondo ellos odiaron a la humanidad (tal vez podríamos ablandar
estos términos en relación con Pareto). Veamos algo de los Pensamientos de Pascal e
imaginemos a dos personas que caminan por una acera en dirección opuesta. “¡Qué bien
se ha hecho en distinguir a los hombres por el exterior más bien que por las cualidades
interiores! ¿Qué pasará entre nosotros dos? ¿Quién cederá el sitio al otro? Él tiene
cuatro lacayos, y yo no tengo más que uno: esto es visible; no hay que contar; yo tengo
que ceder, y soy un necio si le contesto”. Se infiere que este autor otorga a la fuerza de
su rival y por extensión a cualquier fuerza (representada por el número de lacayos) un
poder natural de sometimiento y obediencia. Su punto de vista es que debemos
reconocer la fuerza (del déspota) sin chistar.
Con estos antecedentes teóricos, veamos la declaración paladina de un miembro de la
novísima Corte Constitucional del Ecuador: “El interés colectivo está por sobre la ley”.
Y ¿cuál es el interés colectivo según este “personaje”? Pues sin lugar a dudas el suyo
propio o, cuando más, el suyo junto al de sus colegas arribistas que, se entiende, estarían
velando por sus sueldos y otras prebendas, estas sí de su pequeña colectividad.
Hasta aquí hemos tratado puntos de vista teóricos y una declaración sui géneris; sin
embargo, para claridad de nuestro amable lector es necesario un breve recuento de los
hechos acaecidos que dieron origen a la Corte Constitucional de marras. En el Ecuador,
en los próximos días se cumplirán dos años de Gobierno socialista. ¿Cuáles han sido los
hechos más notables? En cuanto a la forma, podríamos mencionar una serie
concatenada de muy costosas elecciones y un inmenso gasto público que no tiene
parangón en nuestra historia y que ha esquilmado los ahorros, incluso de los fondos de
pensiones; en cuanto al fondo, lo único “digno” de mencionar es la aprobación, vía
referéndum, de la nueva Constitución. Se podría decir que todo este proceso ha sido
democrático y que fue la voluntad del pueblo, y tal vez sea verdad, salvo el uso abusivo
de la propaganda oficial y un ataque virulento a la libertad de expresión, basado en
amenazas y descalificación de los medios; sin embargo, el problema radica en que la
recién estrenada nueva Constitución, tal y cual nosotros lo habíamos previsto, no es
respetada ni por las mismas autoridades que la patrocinaron, y conste que no nos
referimos a los muchos casos de ambigüedad de interpretación en donde el Ejecutivo
puede hacer lo uno o lo otro según su conveniencia; sino a los casos en que quizás por
descuido la redacción resultó clara; pues bien, utilizando un “régimen de transición” que
apareció después de clausurada la Asamblea Constituyente, el Tribunal Constitucional,
en forma espuria y por obra y gracia de los hechos consumados, se transformó en Corte
Constitucional. Por supuesto que el culmen de este estado ilegal e ilegítimo corresponde
a la declaración mencionada con anterioridad y que sintetiza la visión totalitaria de este
Gobierno socialista: “El interés colectivo está por sobre la ley”.
El Estado de derecho definido como un “punto medio” nos lleva al absurdo. El
Derecho es una realidad concreta fundamentada en el consenso; es el conjunto de
normas que regulan la convivencia de los hombres dentro de una sociedad organizada,
establecida según los principios de la justicia; el Derecho idealmente considerado
abarca un sector de la Ética. Las normas del derecho positivo serán tanto más justas
cuanto más se acomoden a las del derecho natural, eslabón de enlace con la ética. La
norma del derecho positivo se distingue por su generalidad, por su ser imperativo y por
su ser coercitivo. Lo imperativo lo distingue de lo puramente ético y lo último por que
es soberano. A propósito, ¿qué es el razonamiento jurídico? Señores, la seguridad, es
decir, la permanencia de la ley, e incluso de su interpretación, a lo que se refiere la
“generalidad”, constituye la esencia del Derecho. ¿En qué queda la protección de los
derechos humanos? Todos sabemos que las inmunidades requieren ser establecidas
constitucionalmente y que además es fundamental un sistema de control judicial de la
constitucionalidad de las leyes realizado por un poder independiente.
Como complemento de la seguridad jurídica vale referirnos a la obra de Shakespeare:
El mercader de Venecia, acto cuarto (diálogo entre Shylock, el judío rico y el dux de
Venecia): “Si me lo negáis, que el daño que resulte de ello recaiga sobre la constitución
y las libertades de vuestra ciudad (…) Esta libra de carne que la reclamo la he comprado
cara, es mía, y la tendré. Si me la negáis, anatema contra vuestra ley. Los decretos de
Venecia, desde ahora no tienen fuerza. Espero de vos justicia”…
La ambigüedad y sobre extensión de la redacción constitucional; así como la
discrecionalidad en su aplicación, sin lugar a dudas que constituyen un obstáculo para el
respeto de los derechos humanos, y entre estos, como suele ocurrir con regímenes
totalitarios, ha sido precisamente la libertad de expresión la más cuestionada y
zarandeada; lo más grave es que parece que esta situación ha sido planificada, al menos
en lo principal, pues el resto corresponde a un temperamento soberbio y quisquilloso.
En cualquier caso, la experiencia histórica nos demuestra que cuando hay autoritarismo
e imposición se torna necesario silenciar a la oposición. Los recursos para dicho objeto
son múltiples; la apropiación de un diario y de dos canales de televisión, más el control
estatal de las frecuencias radiales son una pequeña muestra; empero, las actitudes dicen
más que las palabras: algunas personas han sido apresadas por haber presuntamente
ofendido a la majestad del Presidente. Esto nos trae a la memoria un episodio de la
época colonial citado por Mijares en su biografía de Bolívar: “Por tales méritos
Monteverde le nombró el año 12 gobernador de Caracas (…) Él hizo exponer a la
vergüenza pública, en la plaza de Capuchinos, pendientes ambos pies de innoble cepo,
al pundonoroso Luzón, oficial de pardos, por atribuírsele no sé qué gesto, al pasar por la
casa de Monteverde”… Todos sabemos que los gestos son una de las formas más
espontáneas de expresión del pueblo.
En relación con la libertad de expresión, que por definición no puede tener cortapisas
o censuras, hemos sido testigos de hechos verdaderamente grotescos y bochornosos
como las interrupciones a un periodista en un programa matinal de noticias por
televisión. Comportamientos de esta índole por parte del Gobierno no son precisamente
ejemplos de madurez; el pueblo, la audiencia, merece respeto. Aclaramos que nosotros
no hemos estado de acuerdo con dicho periodista en muchas cosas, tanto de forma como
de fondo, especialmente con aquello que denominamos “periodismo militante” (ver
artículo con este título).
El periodismo – partamos de un hecho – es crítico y necesita serlo por su propia
naturaleza; así cuando un político accede al poder – en algunos casos como el presente
gracias al firme apoyo del periodismo militante – y después recibe críticas que no estaba
acostumbrado, suele reaccionar como si fuera tratado injustamente, sobre todo si es
novato en la política, porque quien se haya desempeñado en otros cargos de
representación popular, se entiende que ha probado el agridulce de aparecer en los
medios a la luz de diferentes ángulos; ahora bien, el ataque sistemático a los medios
independientes y la falta de voluntad para cumplir con las leyes – incluso las
patrocinadas por ellos mismos -, obedecen, entre varias causas, a una fundamental: el
afán de perennizarse en el poder; veamos: en Argentina hay una carrera de postas, no
disimulada, entre los esposos Kichner; en Venezuela no es un secreto que Chávez busca
con tozudez la reelección indefinida; mientras que en Cuba – paradigma del socialismo
populista – Castro acaba de celebrar medio siglo de gobierno unipersonal. En este
contexto, lo de Ecuador no es precisamente una excepción.
Es un hecho conocido que en Ecuador la estabilidad es una virtud difícil de alcanzar y
que un Gobierno democrático debe trabajar, en primer lugar, con el objetivo básico de
completar el período para el que fue elegido; entendiéndose que esto, por sí solo,
constituye una hazaña; sin embargo, el comportamiento irresponsable para poder
triunfar en sucesivas elecciones es peligroso e incluso explosivo; porque, al final de
cuentas, está condenado al fracaso; al igual que el negocio de pirámides financieras,
muy conocido en este país, pero ahora, lastimosamente, extendido a los Estados Unidos,
algo que no pudimos imaginar.
Nelson Mandela declaró que “la libertad no se comercia, solo los hombres libres
pueden negociar”. Es claro que la libertad, al derivarse de la ley natural, no puede tener
puntos medios. Señores, no estamos de acuerdo con Pascal, si ellos hacen eso con un
periodista de apreciable audiencia nacional, qué podrían hacer con esta Página.
CARLOS DONOSO G.
Enero de 2009