TEMA 1 LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978. La vigente

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TEMA 1 LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978. La vigente
TEMA 1
LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978.
La vigente Constitución fue votada por el electorado español el 6 de diciembre de 1978. Como toda
Constitución consta de dos parte: la parte dogmática recoge los grandes principios que han de inspirar el
desarrollo de la sociedad y del Estado, además de los derechos fundamentales de la persona y de las
garantías para el ejercicio de tales derechos. La otra parte de toda Constitución es de naturaleza orgánica
y, establece la división de los poderes del Estado, su organización territorial y la distribución de
competencias de los diferentes tipos de entidades territoriales.
A lo largo del tema desarrollaremos aspectos tanto de la parte dogmática (derechos y deberes
fundamentales), como de la orgánica (relativos al Tribunal Constitucional o a la figura del Defensor del
Pueblo).
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA CONSTITUCION
La Constitución consta de 169 artículos, cuyos artículos se distribuyen en títulos. La Carta Magna queda
por tanto dividida en Títulos, en razón de las materias o temas de que trata cada uno de ellos.
La Constitución española de 1978 respeta plenamente el doble contenido tradicional de toda Constitución:
1º Parte dogmática:
"Título Preliminar: contiene las grandes definiciones sobre la esencia del Estado, los principios
fundamentales de su organización y los valores superiores reconocidos por el Estado".
* Título I: se reconocen los derechos fundamentales de los españoles, se garantiza su cumplimiento y
ejercicio y, se definen los principios que inspirarán la política económica y social del Gobierno.
2º Parte orgánica: es la más extensa, abarcando aproximadamente dos tercios del articulado
constitucional. Esta parte desarrolla la división de poderes del Estado y determina sus funciones y
competencias.
* Título II: la Corona es señalada como Poder arbitral y garante del cumplimiento de la Constitución.
* Título III: el Poder Legislativo descansa en las Cortes Generales.
* Título IV: el Poder Ejecutivo es encomendado al Gobierno.
* Título V: el Gobierno será fiscalizado y controlado por las Cortes Generales como órgano supremo
de representación popular.
* Título VI: el Poder Judicial debe ser independiente y desempeñado por una organización
jerárquicamente organizada.
* Título VII: establece la organización económica del Estado que procurará siempre alcanzar un orden
económico y social justo y, elevar el nivel de vida de todos los españoles, evitando los desequilibrios
interregionales y suavizando lo más posibles las diferencias de la renta personal.
* Título VIII: traza la organización territorial del Estado, en base al reconocimiento de las regiones
históricas de España, a las que se transfiere un amplio catálogo de competencias y se garantiza el
autogobierno con las limitaciones de la Constitución y de la unidad de España.
* Título IX: se encomienda al Tribunal Constitucional una función de control sobre toda la actividad
del Estado, para que no se produzca vulneración alguna de los preceptos constitucionales.
* Titulo X: se establece un procedimiento especial para la reforma de la Constitución.
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.
La Constitución gira en torno a la afirmación de la libertad individual y a la consideración del Estado
como instrumento para hacer efectiva esa libertad. Este objetivo es perseguido a través de tres vías:
1. Reconocimiento de un grupo de derechos individuales que acotan una esfera de libertad personal
frente al poder del Estado.
2. Principio de organización del poder del Estado de manera que se limite a sí mismo y garantice la
vigencia de los derechos individuales (división de poderes).
3. Sumisión de la actividad del Estado a unas normas jurídicas precisas mediante las cuales quede
eliminado todo arbitrio peligroso para la seguridad de la esfera individual (Estado de Derecho).
Clasificación de los Derechos Fundamentales.
El Titulo Primero, el más largo de la Constitución, se consagra al reconocimiento de los Derechos
fundamentales de los españoles, a las garantías para su protección y a los supuestos de suspensión, con
carácter excepcional, de estos mismos derechos. Estos derechos pueden ser divididos en tres clases
fundamentales:
a) Derechos civiles: protegen el desarrollo armónico de la vida individual frente a los demás y frente
al Estado en orden a garantizar la plena realización de la persona.
Ej: derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la propiedad privada, a la libertad religiosa y de
culto, a contraer matrimonio, al honor y a la intimidad personal.
b) Derechos políticos: así se designan aquellos derechos de participación en la vida comunitaria bien
directamente, bien indirectamente interviniendo en la formación de la opinión pública o influyendo en
las decisiones de los gobernantes.
Ej: libre expresión de las ideas, reunión y manifestación, asociación, huelga, cierre patronal...c)
Derechos sociales. son aquellos en virtud de cuyo ejercicio exigimos del Estado una prestación
inspirada en los principios de justicia social y seguridad. Puesto que la Constitución define nuestro
país como un Estado "social", es coherente que se reconozcan una serie de derechos sociales y
económicos y unas ciertas prestaciones por parte del Estado. Se trata de las conquistas más recientes
alcanzadas en el campo de los derechos fundamentales.
Ej: derecho al trabajo, a una remuneración suficiente, a la igualdad de sexos, a la negociación
colectiva laboral, a la educación...
Además de los derechos individuales, la Constitución reconoce unos deberes de naturaleza militar y
fiscal. Se exige una contribución personal y económica a la Defensa nacional y a la financiación del gasto
público.
GARANTIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. EL DEFENSOR DEL PUEBLO.
La Constitución reconoce la necesidad de que existan vías a través de las cuales se garantice
efectivamente el cumplimiento y respeto de los derechos reconocidos constitucionalmente.
Se establece un procedimiento general de garantía judicial del ejercicio de los derechos fundamentales.
Estos derechos pueden aducirse ante los Tribunales ordinarios y a través de un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional.
Existe también una garantía parlamentaria o política a través de la figura del Defensor del Pueblo, figura
contemplada por la Constitución. Es un cargo comisionado de las Cortes Generales y es designado por
éstas para la defensa de algunos derechos constitucionales (concretamente los contemplados en el Titulo
I). Este Defensor del Pueblo velará asimismo por el respeto a los principios del Estado de Derecho por
parte de los poderes públicos, supervisando la actividad de la Administración e informando a las Cortes
Generales. El Defensor del Pueblo es el máximo garante político del ordenamiento jurídico y, está
legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad.
Todos los ciudadanos pueden dirigirse al Defensor del Pueblo y transmitirle sus quejas respecto al
funcionamiento de la Administración del Estado (civil o militar), Ayuntamientos, Diputaciones y
Comunidades Autónomas, cuando estimen que dichas instituciones han lesionado alguno de sus derechos
fundamentales. El Defensor del Pueblo examinará esas quejas y, si considerara legítima la pretensión, lo
advertirá a la Administración respectiva para que ésta corrigiera los errores del funcionamiento
observados.
SUSPENSION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
La Constitución contempla los posibles casos de suspensión de alguno o todos los derechos
fundamentales del individuo.
Debemos distinguir previamente entre suspensión con carácter general o suspensión con carácter
particular (es decir, referida a una persona en concreto).
1. Suspensión general de derechos o de determinados derechos fundamentales: se produce cuando el
Gobierno, ante circunstancias de excepcional gravedad y, por el procedimiento que la propia
Constitución determina, dispone la suspensión eventual del ejercicio de determinados derechos en
parte del territorio nacional o en su totalidad.
Cuando se acuerde la declaración de estado de alarma, de excepción o de sitio, podrán suspenderse
determinados derechos (a la libertad y seguridad, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las
comunicaciones, derecho de reunión, huelga y manifestación...).
2. Suspensión particular: se impone como pena accesoria a una persona determinada, con arreglo a la
ley y por sentencia firme. Normalmente consiste en la privación temporal y circunstancial de derechos
tales como libertad de expresión, de reunión, de enseñanza, de ejercicio de cargo público... Esa
privación se realiza por razones de seguridad del Estado, protección de la moral y protección de los
derechos y deberes de los ciudadanos, siempre que estos derechos se vean expresamente limitados por
el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena o la ley penitenciaria.
Otro supuesto de suspensión particular o individual de derechos es el que se produce por aplicación de
las normas destinadas a combatir la actuación de bandas armadas o grupos terroristas. Cuando exista
fundada sospecha de la relación de una persona con tales grupos, con la necesaria intervención
judicial, se dispondrá esa suspensión particular de derechos.

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