Rule of Law Index, el Premio a las Buenas

Transcripción

Rule of Law Index, el Premio a las Buenas
Buenas Prácticas en Acceso a la Justica
El Acceso a la Justicia y el premio a las buenas prácticas
A continuación se describe la aproximación del World Justice Project al acceso a la justicia que brinda
luces sobre la importancia que este tiene para el Estado de Derecho y los diferentes indicadores que lo
componen. Luego se describen las barreras al acceso a la justicia desde una lógica doctrinal. Finalmente,
se describe la filosofía del premio a las buenas prácticas. Con esta información se busca que el lector
pueda comprender las diversas calificaciones que se brindan a las buenas prácticas en cada uno de estos
tres niveles.
I.
El World Justice Project y el acceso a la justicia como principio del Estado de Derecho
El World Justice Project busca contribuir a consolidar el Estado de Derecho en el mundo. Para
ello, parte de considerar que el Rule of Law se sustenta en cuatro grandes principios1:

The government and its officials and agents are accountable under the law.

The laws are clear, publicized, stable, and fair, and protect fundamental rights, including
the security of persons and property.

The process by which the laws are enacted, administered, and enforced is accessible, fair,
and efficient.

Access to justice is provided by competent, independent, and ethical adjudicators,
attorneys or representatives, and judicial officers who are of sufficient number, have
adequate resources, and reflect the makeup of the ccommunities they serve.
Uno de los instrumentos fundamentales para medir si estos principios se cumplen es el Rule of
Law Index: una herramienta que brinda conceptos e indicadores para medir la situación del rule
of law en cualquier país del mundo. Este Index desagrega estos cuatro principios en nueve
factores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
Limited government powers
Absence of corruption
Order and security
Fundamental rights
Open government
Effective regulatory enforcement
The World Justice Project. The Rule of Law Index. World Justice Forum II. Novermber 11-14, 2009, Vienna, Austria. p. 20.
Traducción propia.
1
7. Access to civil justice
8. Effective criminal justice
9. Informal justice
El principio del acceso a la justicia es comprendido por tres de las nueve dimensiones del Estado
Constitucional de Derecho (factores 7, 8 y 9), enfocadas en el sistema de justicia y en los
métodos alternativos de solución de conflictos2.
El primer factor vinculado con el acceso a la justicia es el “acceso a la justicia civil”3 (Factor 7 del
Rule of Law Index), que se descompone en los siguientes Sub Factores:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
People are aware of available remedies
People can access and afford legal advice and representation
People can access and afford civil courts
Civil justice is free of discrimination
Civil justice is free of corruption
Civil justice is free of improper government influence
Civil justice is not subject to unreasonable delays
Civil justice is effectively enforced
ADR systems are accessible, impartial, and effective
El Segundo factor vinculado con el acceso a la justicia es el contar con un “sistema penal
efectivo”, que se descompone en los siguientes Sub Factores:
8.1 Crimes are effectively investigated
2
“These factors measure whether ordinary people can peacefully and effectively resolve their grievances in accordance with
generally accepted social norms, rather than resorting to violence or self-help.
Access to civil justice requires that the system be affordable, effective, impartial, and culturally competent. Effective criminal
justice systems are capable of investigating and adjudicating criminal offences impartially and effectively, while ensuring that
the rights of suspects and victims are protected.
Impartiality includes absence of arbitrary or irrational distinctions based on social or economic status, and other forms of bias,
as well as decisions that are free of improper influence by public officials or private interests.
Accessibility includes general awareness of available remedies; availability and affordability of legal advice and representation;
and absence of excessive or unreasonable fees, procedural hurdles, and other barriers to access to formal dispute resolution
systems. Access to justice also requires fair and effective enforcement.
Finally, factor 9 concerns the role played in many countries by “informal” systems of law – including traditional, tribal, and
religious courts, as well as community based systems – in resolving disputes. These systems often play a large role in cultures in
which formal legal institutions fail to provide effective remedies for large segments of the population”. AGRAST, Mark; BOTERO,
Juan Carlos; PONCE, Alejandro. The World Justice Project. The Rule of Law Index.2011. p.19.
3
Véase: página web del World Justice Proyect: http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors#anchor7, visitada el 2
de diciembre de 2011.
2
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Crimes are effectively and timely adjudicated
The correctional system is effective in reducing criminal behavior
The criminal justice system is impartial
The criminal justice system is free of improper influence
The criminal justice system is free of improper government influence
The criminal justice system accords the accused due process of law
Finalmente, el tercer factor vinculado con el acceso a la justicia es el de la “justicia informal”, que
se descompone en los siguientes sub factores:
9.1 Informal justice is timely and effective
9.2 Informal justice is impartial and free of improper influence
9.3 Informal justice respects and protects fundamental rights
Como puede notarse, el World Justice Project brinda una herramienta concreta y de gran
utilidad para medir cómo estamos en el acceso a la justicia. Las buenas prácticas en este blog
permiten también saber qué experiencia positivas existen en cada uno de estos sub factores en
el Perú.
Finalmente, es interesante advertir que el factor 6 “Effective regulatory enforcement”, tiene dos
indicadores que podrían ser, como veremos más adelante, asociados también al acceso a la
justicia, como lo son:
6.3 Administrative proceedings are conducted without unreasonable delay
6.4 Due process is respected in administrative proceedings
II.
El premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública (ver página del Premio 2012:
http://www.premiobpg.pe/es/)
Como parte de su labor y con el objeto de premiar a quienes hacen las cosas bien en el Estado,
CAD Ciudadanos al Día, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentan el Premio a las
Buenas Prácticas en Gestión Pública, una competencia anual que permitirá dar a conocer y
premiar experiencias exitosas de buenas prácticas en el Sector Público orientadas a brindar
mejores servicios a la ciudadanía.
Una buena práctica es una actividad o proceso que ha producido destacados resultados en el
manejo de una organización y que puede ser replicada en otras organizaciones para mejorar la
efectividad, eficiencia e innovación de las mismas en beneficio de su público objetivo.
Con este Premio, se busca generar ejemplos de buenas prácticas de servicio a la ciudadanía que
al ser reconocidas públicamente se mantengan y mejoren, y que, a su vez, sirvan como aliciente
3
para impulsar y promover un mejor desempeño por parte de las instituciones estatales,
sentando así un referente de acción y práctica correcta.
Las categorías del premio son:
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III.
Transparencia y Acceso a la Información
Servicio de Atención al Ciudadanos
Simplificación de Trámites
Consulta y Participación Ciudadana
Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones
Sistemas de Gestión Interna
Inclusión Social
Promoción del Desarrollo Económico
Promoción de la Cultura e Identidad
Fiscalización y Cumplimiento de la Ley
Predictibilidad de los Procesos Regulatorios
Cooperación Público - Privada
Incidencia Pública
Educación
Nutrición materno-infantil
Seguridad Vial
Seguridad Ciudadana
Relación con la Prensa
Gestión Ambiental Efectiva
Las barreras del acceso a la justicia
El Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo se señala, respecto al acceso a la justicia, que “este derecho es más que acceso a los
tribunales: es el acceso a un remedio eficaz para un problema tutelado por el derecho”, y se
agrega que “el acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las
personas de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas”4.
Esta postura está relacionada a la del World Justice Project, difiriendo únicamente en la finalidad
de la aproximación. Mientras que el World Justice Project ofrece una herramienta con
indicadores claros y esenciales para medir el acceso a la justicia en todos países, el PNUD brinda
una definición más abstracta que abarca un amplio margen de acciones desde diversas entidades
del Estado, que podrían adoptar gobiernos específicos. Así, desde esta mirada, una oficina del
4
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia. En:
http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Manual_de_Politicas_Justicia.pdf, visitada el 2 de diciembre de
2011.
4
Poder Ejecutivo podría brindar acceso a la justicia. Por ello indicamos líneas arriba que los sub
factores 6.3 y 6.4 del World Justice Project (asociados al respeto a los derechos en la esfera de la
administración) podrían encajar en esta aproximación al acceso a la justicia.
En ese sentido, el derecho de acceso a la justicia se asocia a un conjunto de barreras que
impiden que los ciudadanos accedan a la justicia. Algunas de ellas son:
Barreras Institucionales (INS): las barreras institucionales se refieren a deficiencias en las
propias entidades públicas encargadas de ofrecer servicios jurídicos a la población. Estas se
pueden subdividir en:
- Barreras Procesales: los procedimientos presentan altos grados burocratización y un
formalismo innecesario. Se exigen requisitos innecesarios para iniciar los trámites y se
establece un mecanismo complejo para conseguir una respuesta del Estado, lo cual
desincentiva a la gente por no comprender el trámite que deben seguir.
- Barreras Administrativas o Logísticas: las entidades del Estado sufren de bajos niveles de
capacitación e infraestructura, por lo que su personal o instalaciones comúnmente son
insuficientes para proveer los servicios requeridos por las personas, llevando a una
sobrecarga en los despachos y mayor demora.
Barreras Geográficas (GEO): estas se dan cuando la distancia que las personas deben
transitar para ejercer algún derecho es tan grande que el beneficio no justifica el costo que
implica el viaje. En el Perú, la mayoría de entidades públicas solo cuentan con locales en
Lima y en las capitales de departamento, lo cual, sumado a una deficiente infraestructura en
transporte y telecomunicaciones puede hacer imposible que ciertos grupos accedan a los
servicios jurídicos del Estado.
Barreras Económicas (ECO): el 34.8% de la población peruana se encuentra en un estado de
pobreza5. Esta escasez de recursos tiene por consecuencia que ciertos grupos no puedan
pagar las tasas, viajes y costo de la asesoría que requiere un trámite ante una municipalidad,
el Poder Judicial u otra entidad del Estado. Ello, sumado al hecho que en el Perú la defensa
legal es cautiva y a que no existen programas adecuados de auxilio judicial, hace a la
legalidad inaccesible para muchos.
5
Instituto Nacional de Estadística e Información. Medición de la Pobreza en el Perú. En:
http://www1.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=8327&name=pob17&ext=gif. Consultado: 15.03.11.
5
Barreras Culturales y Lingüísticas (BCL): en el Perú existen 8.5 millones de personas que
pertenecen a comunidades campesinas o nativas6 y que no comparten la cultura o lengua
utilizada por la mayoría de operadores jurídicos. Esto presenta barreras tales como:
- Dificultad en la comunicación: no existe actualmente ningún programa para incorporar
funcionarios públicos que hablen las lenguas nativas de la localidad en las que operan las
agencias regionales de las entidades públicas o en las municipalidades. Tampoco existe
un número adecuado de intérpretes o traductores para que las poblaciones indígenas
puedan expresarse en su propio idioma.
- Falta de peritos: para resolver un conflicto jurídico o un delito cometido por indígenas
(por ejemplo para el error de comprensión culturalmente condicionado), muchas veces
es necesario comprender la sociedad en la que el sujeto se desenvuelve. Sin embargo,
hay una escasez de peritos antropológicos o sociológicos que puedan proveer a los
operadores jurídicos con estos datos.
- Falta de reconocimiento y/o colaboración con comunidades campesinas y nativas: pese a
que el artículo 149 de la Constitución reconoce el derecho de las autoridades de las
comunidades de administrar justicia, hay poco respeto por parte de las autoridades
estatales de los pronunciamientos emitidos por ellas. Esto genera conflictos entre
jurisdicciones y, muchas veces, impide que las comunidades ejerzan su derecho a
resolver sus propios conflictos.
Barreras Sociales (SOC): estas barreras se dan cuando ciertas personas dentro de un grupo
social determinado se encuentran en una situación de desventaja acentuada al momento de
acceder a la justicia. Son los llamados grupos vulnerables que, por razones de discriminación
o prácticas culturales, son relegados dentro de la sociedad y negados en mayor grado el
ejercicio de sus derechos. Estos grupos pueden ser:
- Mujeres
- Miembros pertenecientes a comunidades campesinas y nativas
- Personas con discapacidad
- Niños y adolescentes
- Personas de la tercera edad
Barreras de Información (INF): debido a una deficiente educación y la inexistencia de
campañas de difusión, la mayoría de personas en la población peruana tiene poco o ningún
conocimiento sobre los derechos de los que son titulares y, menos aún, de la existencia de
mecanismos para protegerlos. Esta falta de conocimiento tiene por consecuencia que la
6
Instituto de Defensa Legal. Obstáculos para el Acceso a la Justicia en las Américas. En:
http://www.partnersglobal.org/20th-anniversary1/Obstaculos%20para%20el%20Acceso%20a%20la%20justicia%20en%20las%20Americas.pdf. Consultado el 15.03.11
6
gente muchas veces soporte vulneraciones de sus derechos que podrían reclamar y
enmendar.
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