ALEGACIONES DEFINITIVO-FMC (3)

Transcripción

ALEGACIONES DEFINITIVO-FMC (3)
ALEGACIONES DE LA
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS
DE CANTABRIA AL
ANTEPROYECTO DE LEY DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO DE CANTABRIA
ÍNDICE
ANTECEDENTES ........................................................................................ 4
PREÁMBULO ................................................................................................ 6
ANÁLISIS POR TEMAS .............................................................................. 8
LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ....... 8
LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES Y ESPECIALES. .........11
LOS PROYECTOS SINGULARES DE INTERÉS REGIONAL ............11
CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO ....................................... 15
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Disposiciones generales ............... 23
NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA Y ESTÁNDARES
URBANÍSTICOS ........................................................................................ 24
LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA. ..............27
LOS PLANES PARCIALES. ...................................................................... 28
LOS PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR. ................... 29
LOS PLANES ESPECIALES EN SUELO NO URBANIZABLE ...........30
INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS. LOS ESTUDIOS DE
DETALLE ...................................................................................................... 33
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN LOS PEQUEÑOS
MUNICIPIOS...............................................................................................34
FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES
URBANÍSTICOS. Las autorizaciones provisionales ................................. 35
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES GENERALES
DE ORDENACIÓN URBANA ..................................................................36
ACTUACIONES DE RENOVACIÓN, REGENERACIÓN Y
REHABILITACIÓN URBANA ................................................................ 40
INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO Y
SUBSUELO ................................................................................................... 41
DISPOSICIONES ADICIONALES. Anexos .......................................... 42
DISPOSICIONES TRANSITORIAS....................................................... 42
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 4ª ........................................................ 42
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 6ª ........................................................ 42
3
Antecedentes
El día 21 de octubre de 2016 la Federación de Municipios de Cantabria
recibe el borrador del Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Cantabria al objeto de que, como dice la carta de la
Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria Dña. Rosa Eva Díaz Tezanos,
formule las alegaciones que estime pertinentes antes de finales de año.
Con este motivo la Federación de Municipios de Cantabria emite este
informe tras efectuar el análisis del Documento.
Con carácter previo, queremos agradecer a los responsables de la
redacción del Anteproyecto la remisión del borrador y el interés por
conocer la opinión de los integrantes de la Federación de Municipios,
aunque lamentamos el corto espacio de tiempo que se ha facilitado para
su análisis, insuficiente para estudiar en profundidad una Ley de esta
envergadura.
En el corto periodo de estudio del documento se han examinado los
apartados que se juzgan más significativos del Anteproyecto de Ley de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, resaltando aquellos
aspectos que la Federación considera más relevantes en relación con los
intereses municipales.
Sentimos la falta de una presentación pormenorizada de la Ley tras haber
tenido acceso al borrador, puesto que entendemos se podrían haber
debatido y aclarado algunas cuestiones que se señalarán en las próximas
páginas.
En esta misma línea debemos recordar la importante labor realizada
durante la anterior legislatura por la Comisión que se estableció en el
marco del convenio entre Federación de Municipios de Cantabria y el
Gobierno de Cantabria, permitiendo una colaboración muy fructífera en
los anteproyectos que fueron elaborados.
4
Creemos conveniente que se convoque nuevamente la citada Comisión
con el objeto de asegurar una intervención más participativa de todos los
ayuntamientos de Cantabria en el nuevo Anteproyecto de Ley.
El presente informe pretende destacar los aspectos que se consideran más
importantes desde la perspectiva municipal, exponiendo las inquietudes y
opiniones de la Federación en cada uno de los temas y proponiendo, en su
caso, alternativas, que entendemos pueden ayudar a conformar un
documento final consensuado.
No se abordan solamente cuestiones que se han modificado respecto a la
LOTRUSCA sino que también se realizan sugerencias sobre el texto
previo y se plantean cuestiones que, de una u otra forma, han podido
suscitar dudas o problemas en su aplicación práctica.
Este documento se ha asumido como propio por la Comisión Ejecutiva de
la FMC, que lo aprobó en la reunión celebrada el día 15 de diciembre de
2016.
5
Preámbulo
Pasados ya quince años desde la aprobación de la Ley 2/2001, de 25 de
junio, de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, y tras sus numerosas modificaciones, compartimos la
necesidad de actualizar un texto que se considera fundamental para
dirigir el desarrollo de los municipios de Cantabria.
Entendemos que el objeto de la nueva Ley debe de ser dar respuesta a las
necesidades detectadas en estos años, corregir los defectos que se han
tornado palpables del antiguo texto, y mantener aquellos aspectos que
han supuesto un beneficio para los habitantes y los territorios de nuestra
Comunidad Autónoma.
Entendemos que una Ley justa y útil debe adaptarse a las diferencias del
territorio, teniendo en cuenta que, en relación con la modesta superficie
de nuestra Comunidad, existe una gran heterogeneidad que precisamente
constituye uno de los valores principales de nuestra región. La diferencia
entre unos y otros municipios es notable, como también lo son su
problemática, dinámica y tamaño. Las preocupaciones del mundo rural no
son iguales que las de los espacios urbanos, al igual que las necesidades y
medios de los pequeños municipios no son las mismas que las de los más
grandes, como tampoco lo son sus posibilidades de desarrollo económico.
No podemos obviar que las demandas de los vecinos de los núcleos
rurales son diferentes y deben verse respetadas y reconocidas en la
regulación que del territorio y el urbanismo realice el Gobierno de
Cantabria.
La Federación de Municipios mantiene que la adaptación de la normativa
urbanística es claramente necesaria, pero debe velar por los intereses
municipales defendiendo los ámbitos de decisión y de participación de las
Corporaciones Locales.
Entrando ya a comentar de forma genérica el documento que se ha
facilitado cabe destacar, en primer lugar, la extensión y complejidad del
6
mismo, habiéndose optado por desarrollar una legislación minuciosa que
aglutina determinaciones a nivel de reglamento.
Es indudable que esa regulación pormenorizada puede aportar definición
y seguridad jurídica, aunque tememos que pueda suponer un límite en la
capacidad de gestión de las Corporaciones Locales.
Como preocupación general aprovechamos para mostrar nuestro especial
interés porque se reduzcan los plazos de los procedimientos y trámites
urbanísticos y medioambientales, especialmente los referidos a los
procesos de aprobación y modificación de los planes generales de
ordenación urbana, planes especiales de suelo no urbanizable, y resto de
instrumentos de planeamiento. Creemos que la nueva ley deberá incluir
un procedimiento de tramitación simplificada de estos planes que evite
que la tramitación de cualquiera de ellos pueda extenderse más allá de 12
meses.
Tras el estudio del Anteproyecto se resaltan y comentan los temas que
más preocupan a nivel local sin que podamos dejar de destacar, en este
preámbulo, la exigencia que el Anteproyecto plantea de desarrollar planes
especiales en suelo no urbanizable para poder ejecutar las construcciones
que en los últimos años vienen tramitándose, creemos que sin grandes
problemas, a través de la disposición transitoria novena del texto vigente.
Para una mayor claridad en la lectura las diferentes alegaciones y
comentarios se han señalado en cursiva y color verde los principales
extractos del Anteproyecto que se comentan en cada apartado.
7
Análisis por temas
LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Artículo 13.- La participación ciudadana y el derecho a la información
territorial y urbanística.
6. Con el objeto de facilitar la disponibilidad y uso de la información
urbanística mediante el empleo de las nuevas tecnologías, las
Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas que permitan
la presentación y utilización de toda la documentación urbanística en
formato digital.
A estas alturas todos somos conscientes de que la transparencia
constituye un deber para las administraciones públicas y un derecho para
los ciudadanos, más aún en materia urbanística, tema en el que se debe
combatir la información privilegiada y la especulación, aportando
transparencia y seguridad jurídica al ciudadano.
Ya el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
insiste en la obligación de promover un sistema público general e
integrado de información sobre suelo y urbanismo, a través del cual los
ciudadanos puedan obtener por medios electrónicos toda la información
urbanística proveniente de las distintas administraciones.
No obstante merece la pena resaltar la preocupación que estas
obligaciones del todo convenientes supone para la Federación de
Municipios, sobre todo respecto a los municipios más pequeños y con
menos medios, en los que puede recaer un peso difícilmente asumible si
no se coordinan y prevén, desde la Comunidad Autónoma, las ayudas
económicas y técnicas necesarias.
Artículo 14.- El Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de
Cantabria.
1. El Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de Cantabria,
adscrito a la Consejería competente en materia de urbanismo, recogerá un
8
ejemplar completo y actualizado de los instrumentos de ordenación del
territorio, planes y otros instrumentos de ordenación y gestión urbanística
incluidos los catálogos y los convenios que se aprueben en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como los estatutos de los
consorcios y otras sociedades urbanísticas o entidades colaboradoras que
pudieran crearse.
Un Registro de Planeamiento actualizado y veraz es, sin duda, un
instrumento fundamental para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de su
derecho a la información pública en materia de urbanismo, constituyendo
una de las aportaciones fundamentales del Anteproyecto.
Se entiende que la coordinación y actualización del citado Registro es una
tarea que asumirá el Gobierno Regional, a través de la Dirección General
de Urbanismo o directamente a través de la CROTU, puesto que será
necesario aportar garantías de seguridad y veracidad de los documentos.
En este punto cabe señalar la dificultad que puede conllevar la gestión de
las modificaciones puntuales y la conveniencia de elaborar, con cada
modificación, un texto refundido convenientemente actualizado y
autenticado.
Por otra parte, convendría conocer las previsiones de ese Registro y si se
pretende que se incluyan en él solamente los nuevos textos o también los
ya vigentes. Debe tenerse en cuenta que existen municipios con
planeamientos obsoletos y ampliamente modificados, con documentos
aún en papel y sin un texto refundido autenticado.
Desde la Federación reiteramos nuestra preocupación por la falta de
medios económicos y técnicos que muchos municipios tienen para la
digitalización y conformación de un texto refundido convenientemente
revisado y autenticado de su planeamiento, lo que nos lleva a
preguntarnos si el Gobierno Regional prevé poner a disposición los
medios necesarios para que el Registro de Planeamiento pueda llevarse a
cabo de forma adecuada.
Artículo 15.- Las cédulas y los certificados urbanísticos.
9
2. Los Ayuntamientos informarán a quien lo solicite del régimen
urbanístico de un terreno o edificio. Esta información, debidamente
actualizada, será cursada, con preferencia por medios electrónicos,
mediante la expedición bien de la oportuna cédula urbanística bien del
correspondiente certificado, de acuerdo a lo prevenido en la legislación de
régimen local y de procedimiento administrativo común. La cédula o, en
su caso, el certificado urbanístico se expedirán en el plazo de tres meses
desde su solicitud.
3. En caso de que se solicite licencia urbanística de acuerdo con la
información contenida en la cédula o, en su caso, en el certificado
urbanístico remitido, dentro del plazo de los seis meses siguientes a su
notificación, la Administración urbanística deberá atenerse a la
información que contenga a no ser que sea constitutiva de una infracción
de la ordenación urbanística aplicable, o se haya producido una
modificación del planeamiento. La denegación de la licencia dará lugar a
responsabilidad patrimonial de la administración urbanística actuante
siempre que concurran los requisitos establecidos en las normas que
regulan con carácter general dicha responsabilidad.
La cédula urbanística, como documento informativo que acredita el
régimen y circunstancias urbanísticas a las que está sujeta una finca, nos
parece un instrumento fundamental para agilizar el funcionamiento
urbanístico y dotar de garantías al ciudadano que pretende comprar,
vender, gestionar o simplemente conocer las posibilidades urbanísticas de
una determinada finca.
No obstante, desde la Federación, pensamos que es necesario definir bien
el carácter del documento al objeto de determinar efectos y
responsabilidades para la administración.
En este punto se nos plantean algunas dudas, como si va a ejercerse algún
tipo de supervisión de las cédulas, si van a establecerse unos contenidos
y/o formatos unificados para todos los municipios, o cual será la
responsabilidad de quien emita el documento.
Cabe destacar que en algunos municipios, sobre todo los que tienen el
planeamiento más antiguo, hay problemas de incongruencias entre el
10
articulado de las NNSS o planeamiento en vigor y la Ley del Suelo,
pudiendo ocurrir que se pidiera una licencia que, al amparo del
planeamiento municipal chocara con la legislación regional.
Esta problemática se hace más palpable en las determinaciones para el
suelo rústico, donde podemos redactar cédulas urbanísticas acordes al
planeamiento vigente que contrarían la legislación (sirva de ejemplo el
caso de las Normas Subsidiarias que contemplan la posibilidad de
construir viviendas unifamiliares sin vinculación ganadera en suelo
rústico cumpliendo determinados parámetros que eviten la formación de
núcleos de población).
Quizá la solución, mientras se producen las oportunas adaptaciones, pase
por incluir, en todas las cédulas urbanísticas, unos “párrafos tipo” que
aclaren, a nivel de ciudadano, qué normativa es la que prevalece en cada
caso.
Nuevamente debemos recordar que hay ayuntamientos pequeños sin
capacidad para gestionar estos temas por lo que sería interesante
promover, desde el Gobierno Regional, un sistema de oficinas de apoyo
técnico o similar.
LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES Y ESPECIALES.
Artículos 38 a 48
Respecto a las figuras de los planes territoriales parciales y los planes
territoriales especiales opinamos que, por una parte, puede resultar
interesante incluir en la Ley todos los instrumentos territoriales pero, por
otra, nos parece que se aporta una complejidad normativa innecesaria al
definir estos instrumentos en el marco de la Ley, cuando podrían
derivarse directamente al propio Plan Regional de Ordenación del
Territorio.
LOS PROYECTOS SINGULARES DE INTERÉS REGIONAL.
Artículo 50.- Implantación.
11
2. En el supuesto de que la normativa sectorial o el planeamiento
territorial o urbanístico sujeten determinados terrenos a un régimen
incompatible con su transformación urbanística, los Proyectos Singulares
de Interés Regional podrán, no obstante, prever la implantación en
aquéllos de actividades y usos de interés público o social, por su
contribución a la mejora del desarrollo rural o por su necesario
emplazamiento en el medio rural, previo análisis de las eventuales
alternativas y mediante el establecimiento de las adecuadas
compensaciones.
El tema de los PSIRes es un asunto importante al que se ha dedicado un
buen número de artículos, desarrollando al detalle las determinaciones del
texto vigente.
Debemos recordar que en los inicios de la LOTRUSCA los PSIRes
solamente podían desarrollarse en suelo urbano, urbanizable o rústico de
protección ordinaria, que posteriormente se aprobó una modificación que
posibilitó el desarrollo en suelo rústico de protección especial con ciertas
restricciones (la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales,
históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección
por la legislación aplicable quedará sometida a la preservación de dichos valores,
y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los
terrenos que aquella legislación expresamente autorice).
Leyendo la nueva redacción propuesta nos damos cuenta de que estos
instrumentos cobran cada vez más autonomía.
La “carta blanca” a los PSIRes puede tener su interés por acortar plazos y
facilitar tramitaciones, no obstante debe definirse muy bien la
participación de los ayuntamientos en su elaboración y en la decisión de
su implantación, no sea que esa “facilidad” para ubicar un PSIR en
cualquier tipo de suelo se vuelva en contra de los municipios.
Desde la Federación consideramos fundamental que, ante la previsión de
la implantación de un PSIR en un determinado lugar, se exijan una serie
de justificaciones y que el ayuntamiento sea parte implicada en todo el
proceso. Dichas justificaciones deberían referirse fundamentalmente a
12
dos cuestiones: por una parte la necesidad de ubicar el Plan en ese lugar
en concreto, estudio de alternativas y delimitación de los terrenos, sobre
todo en aquellos casos donde se aprecien valores destacables o donde el
planeamiento municipal prevea determinaciones radicalmente distintas.
Por otra parte es fundamental que se justifique la imposibilidad de hacer
la actuación a través del planeamiento ordinario o de una modificación
del mismo ya que la ejecución de un PSIR recae después sobre el
ayuntamiento que lo tiene que incorporar a su planeamiento, que en
ocasiones preverá parámetros y determinaciones contradictorias.
Por último debe recalcarse la necesidad real de que el interés y la
iniciativa tengan un claro componente público, y la poca conveniencia de
la intervención de socios privados.
En todo caso, de ser el promotor una entidad de derecho privado integrada
en el sector público, la adecuada garantía de la ejecución de las obras de
urbanización se entenderá cumplida por la previsión de la oportuna
inversión en el presupuesto de explotación y capital de la entidad, de
conformidad a la legislación presupuestaria que sea de aplicación.
Nos preguntamos qué pasaría si esa entidad de derecho privado
desapareciera, ¿podría ser que el PSIR se quedara a medias con todos los
problemas que eso supondría para el ayuntamiento?
Artículo 57.- Caducidad de las Declaraciones de Interés Regional y de los
Proyectos Singulares de Interés Regional.
1. Declarado el interés regional del Proyecto, el promotor dispondrá de un
plazo de seis meses para la presentación de la documentación necesaria
para iniciar la tramitación ambiental del Proyecto, con la advertencia de
que, de no presentarse en ese plazo, la Declaración de Interés Regional
quedará sin efecto, previa audiencia del promotor y mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno.
2. Transcurridos dos años desde la Declaración de Interés Regional sin
que se hubiera publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el acuerdo de
aprobación definitiva del Proyecto Singular de Interés Regional, se
13
entenderá decaída aquélla, salvo que en dicho término hubiere recaído
acuerdo de aprobación inicial.
3. Si hubieren transcurridos dos años desde el acuerdo de aprobación
inicial sin que se hubiera publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el
acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto Singular de Interés
Regional, se producirá la caducidad de la Declaración de Interés
Regional.
4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, la caducidad de
la Declaración de Interés Regional se recogerá en el oportuno acuerdo del
Consejo de Gobierno.
En relación con la normativa sobre caducidad nos parece razonable
establecer unos plazos, no obstante creemos que es conveniente
ampliarlos porque la práctica nos ha demostrado que los tiempos de
tramitación se demoran y a veces se extienden más de lo deseado, lo que
podría suponer la caducidad indeseada y la obligación de reiniciar el
procedimiento.
Asimismo, habrá que definir cómo afectan estas previsiones a PSIRes que
ya estén en marcha en la actualidad (por ejemplo El Bojar o La Pasiega).
Artículo 58.- Efectos.
3. El promotor, con independencia de los compromisos que
voluntariamente asuma, quedará sometido al cumplimiento de los
siguientes deberes:
a) Entregar a la Administración autonómica el suelo reservado para
viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas
incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención.
b) Entregar a la Administración autonómica el suelo libre de cargas de
urbanización correspondiente al porcentaje de cesión a que se refiere el
apartado 4 del artículo 50 de la presente Ley.
¿Cuál es el beneficio para el ayuntamiento?
Artículo 62.- Ejecución de los Proyectos Singulares de Interés Regional.
2. Los actos de edificación necesarios para la ejecución de los Proyectos
Singulares de Interés Regional que corresponda realizar al promotor se
14
realizarán sobre la base y con arreglo al proyecto o los proyectos técnicos
que concreten las obras o instalaciones que en cada caso sean precisos.
Dichos proyectos técnicos, cuando tengan por objeto la ejecución de
Proyectos Singulares de Interés Regional promovidos por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o por
entidades integrantes del sector público autonómico o, en todo caso,
cuando se ubiquen en más de un término municipal, serán remitidos a los
Ayuntamientos afectados, para su conocimiento e informe previo, que
deberá evacuarse en el plazo de un mes, y se aprobarán por la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En tales casos, no
estarán sujetos a la obtención de previa licencia municipal, sin perjuicio
del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Este plazo de 1 mes para que el ayuntamiento revise el PSIR (que ya
estaba previsto en la LOTRUSCA) nos parece claramente insuficiente,
más aún cuando posteriormente no va a necesitar licencia municipal. Se
puede aprovechar para modificarlo, ¿cómo puede ser que un
ayuntamiento tenga 4 meses para informar una licencia de obra mayor y
tan solo 1 mes para informar y revisar un proyecto de PSIR completo?
CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO.
Artículo 64.- Las clases de suelo y su clasificación.
1. A los efectos de esta Ley, el suelo se clasifica en urbano, urbanizable y
no urbanizable, correspondiendo al Plan General la clasificación del suelo
de todo el término municipal en todas o algunas de estas clases.
Respetamos la decisión del redactor pero nos parece innecesario volver a
una terminología antigua cuando la denominación de suelo “rústico” ya
se encontraba ampliamente aceptada.
Artículo 65.- Clasificación del suelo en municipios sin Plan.
En los municipios sin Plan General el suelo se clasifica en suelo urbano
consolidado y suelo no urbanizable.
¿Suelo no urbanizable sin protección? Antes era suelo rústico de especial
protección.
15
Artículo 72.- Disposiciones comunes para el suelo urbano.
3. En casos justificados podrán autorizarse, mediante licencia municipal,
construcciones destinadas a usos productivos o terciarios en las zonas
permitidas del suelo urbano no consolidado, siempre que la seguridad,
salubridad y protección del medio ambiente queden suficientemente
garantizados y el propietario asuma las obligaciones que le correspondan
mediante inscripción en el Registro de la Propiedad.
El hecho de permitir el establecimiento de determinados usos en suelo
urbanizable sin desarrollar tiene su sentido para impulsar la implantación
de este tipo de usos como fuente de generación de actividad económica y
de empleo, no obstante, en la práctica, creemos que esto va a resultar un
impedimento para el desarrollo de las previsiones del planeamiento.
Los únicos casos en los que nos parece que podría resultar efectivo serían
en caso de propietario único o en el caso de que la regulación a nivel de
PGOU fuera tan detallada que su implantación no requiriera de obras de
urbanización y de conexión con las redes y sistemas generales. De todas
formas siempre quedarían pendientes el resto de deberes que se derivan
del suelo urbanizable.
En caso de que esto se aplique en sectores con más propietarios nos
preguntamos en qué lugar quedarían el resto de propietarios del sector y
cuáles serían sus derechos y obligaciones.
Nos parece que pueden anticiparse los resultados de la gestión urbanística
pero que la anticipación de la construcción es un tema complicado de
gestionar que puede dar lugar a responsabilidades posteriores y a
reclamaciones y problemas jurídicos.
Artículo 74.- Derechos en el suelo urbanizable.
3. Transcurridos los plazos previstos en el Plan General para el desarrollo
del suelo urbanizable o, en ausencia de aquéllos, ocho años desde la
aprobación del Plan General sin haberse iniciado la tramitación del
correspondiente Plan Parcial, el Ayuntamiento tramitará la oportuna
16
modificación para clasificar los terrenos en cuestión como suelo no
urbanizable sin protección.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los propietarios afectados
podrán, antes de la aprobación definitiva de la modificación del Plan
General, presentar para su tramitación el correspondiente Plan Parcial.
Nos parece correcto que pasado un plazo prudencial los terrenos vuelvan
a adquirir su condición de suelo no urbanizable puesto que en ocasiones la
inclusión en un sector que no se desarrolla puede suponer la paralización
de un terreno durante toda la vida del planeamiento. No obstante ¿esa
vuelta de los terrenos urbanizables a suelo no urbanizable transcurridos
los ocho años no puede ser más sencilla? ¿Sin necesidad de tramitar una
modificación puntual? Podría establecerse otro tipo de trámite que
conlleve la información a los propietarios y la posibilidad de que
presenten el correspondiente Plan Parcial, o un tipo de modificación
puntual por procedimiento abreviado.
(ANTIGUO artículo 112)
Artículo 80.- Régimen del suelo no urbanizable de protección.
h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de
edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible
con la legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y
urbanístico, incluido el uso residencial, cultural, para actividad artesanal,
de ocio o turismo rural. En todo caso, se podrá ampliar la superficie
construida hasta un diez por ciento de esa superficie, que podrá
incrementarse hasta un veinte por ciento cuando las edificaciones
preexistentes estuvieran incluidas en el Catálogo de Edificaciones en
Suelo No Urbanizable, siempre que se conserven, restauren o mejoren los
caracteres arquitectónicos que determinaron su inclusión en el Catálogo.
A estos efectos, no computarán como superficie ampliada los voladizos,
los porches, los supuestos a que se refiere el artículo 96.4, ni las obras
dirigidas a la eficiencia energética reguladas en el artículo 97.
Nos parece adecuado que se potencie al máximo la rehabilitación de
construcciones existentes en suelo rústico para evitar la degradación de
un patrimonio ya edificado, y creemos que la posibilidad de ampliar ese
10% puede ser un incentivo para esa rehabilitación.
17
Nos preguntamos si esa posibilidad de rehabilitación se extiende a todas
las edificaciones, incluso a las que estén fuera de ordenación por el
planeamiento vigente.
Por otra parte nos surgen dudas respecto a lo señalado en el punto 6.1.2.h
de los anexos de la disposición adicional única, en la que se expresa
textualmente:
Se permiten todo tipo de obras, incluida la reconstrucción, sin aumento de
volumen, siempre que sea identificable el primitivo volumen edificado,
estén o no catalogadas las edificaciones.
Quiere esto decir que en el caso de reconstrucción no se permite ese
aumento de superficie del 10% o simplemente es un error de
transcripción?
Artículo 80.- Régimen del suelo no urbanizable de protección.
i) En los municipios sin planeamiento, se podrán implantar instalaciones
productivas en aquellos ámbitos en los que ambientalmente resulte
compatible.
Es una novedad importante. Tendría que definirse quién y de qué manera
se decide en qué ámbitos resulta compatible la instalación de una
actividad productiva.
4. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la
legislación sectorial, en el subsuelo del suelo no urbanizable de protección,
podrán ser autorizadas las actividades extractivas y las construcciones e
instalaciones vinculadas a ellas, sin perjuicio del necesario ajuste a la
normativa ambiental, si bien los puntos de acceso al subsuelo deberán
estar en todo caso situados en suelo no urbanizable protegido para
actividades extractivas.
Son cambios importantes que deben debatirse. En definitiva el
Anteproyecto está proponiendo que el subsuelo pueda utilizarse para
fines extractivos incluso aunque esté clasificado como suelo protegido.
18
(ANTIGUO artículo 113)
Artículo 81.- Régimen del suelo no urbanizable sin protección.
2.d )Los usos deportivos y de ocio con las instalaciones necesarias asociadas para
la realización de la actividad.
Antes era sin instalaciones asociadas o con instalaciones desmontables.
e)La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de
instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y
turismo rural, en los términos establecidos en el artículo 116.
Esta modificación que consideramos una de las fundamentales para la
Federación de Municipios, se comentará posteriormente en el artículo 116.
Artículo 82.- Construcciones en suelo no urbanizable.
e) La parcela mínima será al menos de dos mil metros cuadrados, salvo
que el planeamiento establezca una parcela mínima inferior.
¿Esta parcela mínima se fija para cualquier tipo de construcciones en
suelo rústico? ¿Incluso para una caseta de aperos?
Por una parte parece razonable establecer una parcela mínima pero por
otra parte esa superficie debe estar bien estudiada para evitar los
derroches de un recurso natural no renovable como es el suelo.
f) Siempre que el planeamiento haya previsto la ampliación de una
calzada, vial o camino que discurra por suelo no urbanizable, los nuevos
cerramientos se situarán de tal manera que no comprometan la ampliación
prevista. Los propietarios podrán llevar a cabo los actos edificatorios
permitidos en esta ley pero el ayuntamiento podrá condicionar la licencia
a la cesión gratuita de los terrenos necesarios para la ampliación del
viario preexistente hasta un máximo de tres metros de anchura respecto
de la calzada, vial o camino preexistente.
Antes se exigía de forma genérica una distancia mínima al límite exterior
de la calzada, vial o camino de tres metros, salvo que el planeamiento
19
estableciera una distancia mínima inferior. Con la nueva redacción, ¿si el
planeamiento no ha previsto el tipo de vial en base a qué puede exigirse la
ampliación del vial? ¿Cómo se determina la anchura de cesión?
h) La altura máxima de las viviendas que puedan autorizarse no será
superior a nueve metros, medidos desde cualquier punto del terreno en
contacto con la edificación hasta su cumbrera.
i) Las explotaciones agropecuarias permitidas por el planeamiento, así
como sus ampliaciones, tendrán en cualquier caso la condición de uso
compatible con las construcciones residenciales y de ocio y turismo rural
que se edifiquen al amparo de esta sección.
j) Las nuevas edificaciones deberán apoyarse en la red de caminos
existente, salvo justificación expresa, introduciendo únicamente los
viarios o caminos imprescindibles.
2. En los distintos supuestos de los artículos 80.2 y 81.2, y a salvo de
regulación específica en el planeamiento municipal, los parámetros
urbanísticos aplicables serán los necesarios para garantizar la
funcionalidad de los usos, instalaciones o construcciones a las que se
refieran.
Nos parece correcto ya que los usos pueden ser variados y es complicado
saber “a priori” cuáles son los parámetros adecuados para cada uno, pero
tal vez deberían establecerse unos mínimos. Algo que suele dar problemas
es la distancia de las instalaciones ganaderas a los linderos y al suelo
urbano. Tal vez podría aprovecharse para regular este aspecto.
4. El Ayuntamiento, a través de ordenanzas aprobadas conforme al
artículo 118 de esta Ley, podrá determinar las condiciones estéticas y de
diseño permitidas para las construcciones autorizables en suelo no
urbanizable.
Suponemos que “las condiciones estéticas y de diseño” incluyen los
parámetros de edificabilidad, densidad, distancias, etc. y todo aquello que
el ayuntamiento quiera regular en aras de la protección de su suelo no
urbanizable.
20
6. Las construcciones, infraestructuras y demás instalaciones vinculadas
a las actividades extractivas en el subsuelo, deberán cumplir las
siguientes condiciones:
a) Las actividades extractivas incluirán hasta las de primera
transformación del recurso, como son el filtrado, lavado, triturado,
concentrado y similares.
b) Se cumplirán las normas de aplicación directa señaladas en los
artículos 88, 89 y 90 de la presente Ley.
c) Las edificaciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de
modo que ésta se altere el menor grado posible, tanto en el perfil
modificado como en el resto de la parcela.
d) Las infraestructuras necesarias para obtener servicios tales como
abastecimiento de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y
recogida y tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de
residuos, correrán por cuenta del promotor, tanto la construcción como su
conservación y mantenimiento, y se procurará que los servicios se
extiendan soterrados.
e) No se establecerán limitaciones en cuanto a la superficie mínima de las
parcelas.
f) La ocupación máxima de las edificaciones será del cincuenta por ciento.
g) La altura máxima de las edificaciones será de 15 metros.
h) La edificabilidad máxima será de cero como cinco metros cuadrados de
techo por metro cuadrado de suelo (0,5 m2t/m2s).
i) El retranqueo mínimo será de tres metros.
j) Deberán estar ubicadas en suelo rústico de protección ordinaria o de
especial protección para esta finalidad. No obstante, podrán ubicarse en
suelo urbano industrial si el planeamiento lo permitiera, siendo en este
caso aplicables sus condiciones urbanísticas.
Resulta significativo que la Ley regule la actividad extractiva a nivel casi
de reglamento y para el resto de los usos no fije ningún tipo de parámetro.
Artículo 83.- Competencia para autorizar construcciones, instalaciones y usos en
suelo no urbanizable.
4. Salvo que la legislación sectorial o el planeamiento territorial establezcan un
régimen competencial o autorizatorio distinto, se podrán autorizar directamente,
mediante la licencia municipal, las siguientes actuaciones:
21
a) Las obras de mantenimiento, conservación, restauración, renovación y
reforma de edificaciones preexistentes que no impliquen aumento de volumen.
b) La nivelación de terrenos no vinculada a usos constructivos, sin afectar a los
valores naturales, culturales y paisajísticos de la finca y que no implique la
generación de riesgos.
c) Las construcciones, instalaciones, actividades y usos que sean necesarias para
las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y otras análogas, que guarden
relación con la naturaleza y utilización de la finca, así como las instalaciones y
construcciones destinadas a la guarda y cobijo de animales domésticos.
Esta liberalización de las instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales y
análogas puede ser interesante pero otorga a los municipios una carga y
una responsabilidad en las edificaciones en suelo rústico mucho mayor
que antes. ¿Qué pasará en los municipios en los que no hay medios
técnicos suficientes para valorar estas instalaciones? ¿Quién hace los
estudios de viabilidad? ¿Se continuarán pidiendo informes a la Dirección
General de Ganadería pero esta vez desde el propio ayuntamiento?
Si con la redacción actual es complicado para la CROTU mantener una
misma interpretación a lo largo del tiempo, no puede ocurrir que en cada
ayuntamiento existan unas facilidades e interpretaciones para implantar
este tipo de instalaciones ¿Cómo sabe el técnico municipal si guarda
relación con la naturaleza y extensión de la finca? ¿Se dará apoyo desde
Ganadería?
Es una patata caliente para los ayuntamientos.
d) En aquellos ámbitos regulados por un Plan Especial de Suelo no urbanizable a
que se refiere el artículo 116 de esta Ley, la construcción de viviendas aisladas de
carácter unifamiliar, así como de las instalaciones vinculadas a actividades
artesanales, culturales, de ocio y turismo rural en suelo no urbanizable.
Este punto, que nos parece uno de los más importantes para la Federación
de Municipios, se comenta en el apartado correspondiente al artículo 116.
22
Artículo 84.- Procedimiento para autorizar construcciones en suelo no
urbanizable.
d) Las autorizaciones que, preceptivamente, hayan de obtenerse según la
legislación sectorial.
¿No será más rápido y práctico que estas autorizaciones sectoriales que la
mayor parte de las veces penden de distintos departamentos del propio
Gobierno Regional se pidan desde la Dirección General? ¿Qué ocurrirá si
falta algún informe sectorial, se devolverá al ayuntamiento el expediente
o se pedirá directamente?
e) Resolución definitiva motivada de la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo y ulterior comunicación al Ayuntamiento.
La autorización a que se refiere este apartado es independiente de la licencia
urbanística, que se regulará por su normativa específica, y se referirá
exclusivamente en cuanto al uso admisible y las características generales de la
construcción, que podrán ser concretadas y ajustadas en el proyecto sobre el que
se solicite licencia municipal.
Nos preocupa especialmente hasta qué punto pueden ser modificadas las
construcciones cuyos anteproyectos se presentaron a la CROTU. Hay
casos en que la autorización está directamente vinculada con las
características de las instalaciones, lo que se demuestra con el
correspondiente informe sectorial, como es el caso de las edificaciones
ganaderas. En caso de que se modifique sustancialmente la edificación,
¿no debería volver a emitirse ese informe? ¿Quién lo decide?
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Disposiciones generales.
Artículo 87.- Tratamiento de la información urbanística.
Con el fin de facilitar el tratamiento de la información urbanística, mediante
Orden de la Consejería competente en materia de urbanismo se establecerán los
requisitos de carácter técnico a los que ha de sujetarse la documentación del
planeamiento.
23
Suponemos que será solamente para los nuevos planeamientos. Nos
gustaría saber cuál será el alcance de esas determinaciones.
NORMAS DE APLICACIÓN
URBANÍSTICOS.
DIRECTA
Y
ESTÁNDARES
Artículo 92.- Edificabilidad, densidades y ocupación.
1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana deberán fijar un límite de
densidad, edificabilidad y ocupación, que estará en función del tipo de
suelo y las características de las distintas zonas del municipio.
2. En los desarrollos urbanísticos en el entorno de aquellos suelos urbanos
en los que el Plan General proponga la preservación de su carácter
tradicional, los parámetros de densidad y ocupación se fijarán por el
planeamiento atendiendo a la trama urbana, la morfología y los valores
del núcleo que el Plan haya tenido en cuenta para su preservación. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el art. 66.2 para los
núcleos rurales.
3. En el suelo destinado a usos productivos o terciarios, la ocupación por
construcciones vinculadas a tales fines no podrá superar los dos tercios de
la superficie del sector de que se trate.
En el texto vigente de la LOTRUSCA se fijan, para el suelo urbano no
consolidado y el suelo urbanizable, unos límites de densidad máxima de
70 viviendas por hectárea (salvo excepciones) y una edificabilidad
máxima de 1 m2 construido por m2 de suelo en municipios de más de
10.000 habitantes, parámetros que se reducen a la mitad en el resto de
municipios.
La nueva Ley pasa a no fijar parámetros de edificabilidad y densidad
máximos.
Desde la Federación de Municipios no entendemos por qué se eliminan
de la Ley unos parámetros limitadores y no vemos justificación que sirva
para fundamentar la competencia municipal en la materia.
24
Los parámetros de densidad, edificabilidad y ocupación máxima están
regulados en la Ley 2/2001 desde su inicio y entendemos que no ha
generado problemas que justifiquen su modificación.
Entendemos que debe ser la propia Administración autonómica, en
aplicación de sus atribuciones competenciales, quien determine los
parámetros máximos y, en su caso, mínimos y que en caso alguno se
debería dejar al libre arbitrio de los ayuntamientos.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la gestión urbanística
pensamos que la Ley, y por lo tanto la propia Administración
autonómica, deberá ser quien determine los parámetros de densidad,
edificabilidad y ocupación, tal y como lo hace el actual artículo 38 de la
LOTRUSCA.
Artículo 93.- Espacios libres y equipamientos de sistemas generales.
3. Asimismo, y con idéntico carácter general para todo el término
municipal, el planeamiento municipal contemplará la existencia de suelo
para construcciones y espacios destinados a servicios generales y
administrativos y equipamientos sociales, tales como centros sanitarios,
educativos, culturales, religiosos, asistenciales, alojamientos rotacionales,
deportivos cerrados, atendiendo a las previsiones de población del propio
Plan. También podrán computarse como tales las superficies de los
complejos inmobiliarios destinadas a estos fines.
A estos efectos, se entiende por alojamientos rotacionales las edificaciones
residenciales aptas para ser habitadas de forma rotatoria y que tienen
como destinatarios a personas con dificultades de acceso a la ocupación
legal de una vivienda, como estudiantes, personas tuteladas por la
Administración, mayores, minusválidos u otros colectivos cuyas
características y necesidades lo hagan aconsejable.
Así mismo podrán ser destinatarios de estos alojamientos las personas
afectadas por actuaciones urbanísticas, y por el tiempo que sea necesario,
hasta que se producta el retorno o realojo a que tengan derecho.
Los equipamientos podrán ser de titularidad pública o privada, y en el
primer caso gestionarse por cualquiera de los medios previstos en la
legislación de régimen local. En todo caso, habrá de garantizarse a los
ciudadanos, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad
25
universal, la utilización de estas dotaciones y equipamientos colectivos
abiertos al uso público, de acuerdo con la legislación reguladora de la
actividad de que se trate.
Creemos que esta posibilidad de destinar la reserva de sistemas generales
de equipamientos a alojamientos rotacionales ya existe actualmente y no
ha tenido éxito.
No cabe duda de que poseer un patrimonio de vivienda rotacional es muy
útil y necesario, más aún en caso de gestionarse operaciones de realojo en
las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación, pero para los
ayuntamientos, sobre todo para aquellos con escasa infraestructura, es
muy complicado gestionar esos alquileres.
Una solución podría ser exigir que un porcentaje de las viviendas
protegidas desarrolladas por las administraciones o sus empresas públicas
de gestión de vivienda se destinen a este fin.
Artículo 94.- Espacios libres y equipamientos de sistemas locales.
También podrá preverse la cesión de estas dotaciones como superficie en
complejos inmobiliarios, siempre que se justifique la equivalencia
económica, y sin que la superficie del complejo cedida compute a los
efectos de edificabilidad lucrativa.
Nos gustaría saber qué quiere decir exactamente la Ley con este punto,
imaginamos que significa que los deberes de cesión, en los casos que
interese, podrían materializarse directamente en edificios construidos, lo
que nos parece razonable (por ejemplo, en algunos casos podría resultar
más interesante para el ayuntamiento que le cedan un local en vez de
obtener una superficie de terreno para dotaciones).
2. Asimismo, en el suelo urbanizable el planeamiento correspondiente
preverá dos plazas de aparcamiento, al menos una de ellas pública, por
cada cien metros de superficie construida.
Hemos advertido que existe una contradicción entre el número de plazas
de aparcamiento necesarias según el artículo 94 (2, al menos 1/100m2
26
pública) y las necesarias según el anexo (2, al menos 0,5/100m2 públicas),
posiblemente debido a un error material.
Artículo 95.- Reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública y alojamientos rotacionales.
1. La aprobación o modificación del planeamiento general siempre que ésta
califique suelo para uso residencial deberá recoger la previsión de destinar
para la construcción de vivienda de protección pública y, en su caso,
alojamientos de carácter temporal o rotacionales, como mínimo el
porcentaje de superficie construida de uso residencial que, de acuerdo con
la legislación aplicable, sea exigible. Este porcentaje podrá computarse de
forma conjunta para todo el término municipal, o aisladamente, para cada
actuación de transformación de suelo.
2. Estarán exentos de la aplicación de los porcentajes a que se refiere el
apartado anterior los municipios de menos de 10.000 habitantes censados
en los que el ayuntamiento justifique la inexistencia de demanda de
vivienda de protección pública, siempre que por la consejería competente
en materia de vivienda no se acredite la existencia de necesidades reales
de vivienda sujeta a un régimen de protección en ese municipio.
Opinamos que, ya que el límite para la consideración de pequeño
municipio se ha fijado en 5.000 habitantes y siguiendo el mismo criterio,
debería contemplarse la exención de reserva de viviendas protegidas del
artículo 95 coincidiendo con esa misma cifra. Es decir, eximir a los
municipios de menos de 5.000 habitantes (pequeños municipios) y no de
10.000 habitantes de la obligación de destinar un 15% del uso residencial a
vivienda protegida en casos de aprobación o modificación del PGOU.
LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA.
Artículo 100.- Determinaciones mínimas del Plan General.
c) Clasificación y calificación del suelo de su ámbito de aplicación en
todas o algunas de las clases y categorías previstas en el artículo 64,
según las características de los terrenos, y con indicación de su
delimitación y superficie. En particular, identificará los criterios
utilizados para delimitar los suelos urbanos, especificando los parámetros
urbanísticos, delimitando, en su caso, los ámbitos no consolidados por la
27
urbanización pero sí por la edificación en más de la mitad de la superficie,
y los criterios para identificar los núcleos rurales del municipio.
Desde la Federación opinamos que sería muy interesante que se
aprovechara ese carácter “reglamentario” de la Ley para fijar otros
criterios importantes, que puedan estar más o menos consolidados en el
seno de la CROTU, para guiar a los equipos redactores en la redacción
del planeamiento, como el utilizado para delimitar los suelos urbanos no
consolidados, cuya interpretación es a priori complicada y ambigua.
LOS PLANES PARCIALES.
Artículo 107.- Sectores.
1. El Sector es el ámbito de ordenación de un Plan Parcial, para la
regulación detallada del suelo urbanizable. Cada uno de los Planes
Parciales abarcará uno o varios Sectores completos.
Señalamos aquí una novedad del Anteproyecto que nos ha parecido muy
conveniente, y es que mientras que según la redacción vigente de la
LOTRUSCA los sectores se definen como el ámbito de ordenación de un
Plan Parcial para la regulación detallada del suelo urbano no consolidado o del
suelo urbanizable, el nuevo texto aplica los sectores (y por lo tanto los
planes parciales) solamente al suelo urbanizable.
Nos parece adecuado que se distinga entre el suelo urbano no consolidado
y el suelo urbanizable, y que se den facilidades para desarrollar el urbano
no consolidado a través de instrumentos menos complejos.
Artículo 112.- Documentación.
2. En los casos de propietario único, cuando haya unanimidad entre los
diferentes propietarios o el plan se promueva por quienes representen, al
menos, el 60 por ciento de la propiedad del ámbito, los Planes Parciales de
iniciativa particular podrán contener ya las determinaciones concretas
relativas a las cesiones obligatorias y al Proyecto de Urbanización, al que
en tal caso sustituirán. También podrán incorporar las bases y estatutos
de la Junta de Compensación, así como el proyecto de equidistribución,
que se someterá a igual trámite de publicidad que el plan parcial.
28
No obstante lo anterior, los promotores de la tramitación conjunta podrán
desistir de ella en cualquier momento, y en tal caso la aprobación de cada
uno de los instrumentos se sujetará a los plazos y trámites que les son
propios.
Consideramos que esta medida es plenamente acertada. En el caso de
propietario único o de la unanimidad por supuesto.
En el caso de que sean más del 60% quienes lo promuevan sólo tiene el
problema práctico de que ante una eventual alegación o modificación del
plan parcial si tienes que modificar algo acabas modificando el plan
parcial completo.
LOS PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR.
Artículo 115.- Determinaciones.
1. Las determinaciones de los Planes Especiales a los que se refiere el
artículo anterior se inspirarán, en lo que sea pertinente, en las de los
Planes Parciales y deberán contener las propias de su naturaleza y
finalidad debidamente justificadas. Dichas determinaciones serán
desarrolladas en los estudios, Memoria, planos y normas
correspondientes. En la documentación se deberá incluir, además de
cuanta documentación venga exigida en la legislación básica estatal, un
estudio económico que concrete las fuentes de financiación previsibles
para ejecutar las actuaciones previstas, incluidas, en su caso, las
indemnizaciones que procedan. En particular, cuando se trate de planes
especiales de renovación o reforma interior, se deberá elaborar una
memoria de viabilidad económica de acuerdo con lo establecido en la
legislación estatal, así como, en su caso, incorporar la justificación de la
necesidad de modificar las determinaciones del planeamiento general.
Es una novedad importante que los planes especiales de reforma interior
puedan ir en contra del propio planeamiento pero entendemos que, en
determinadas ocasiones, no se conocen las características concretas del
terreno hasta que no se baja a la escala de plan parcial/especial y que las
áreas de rehabilitación son zonas muy complejas con características,
cargas y necesidades diferentes y peculiares para cada caso.
29
Entendemos que este tema va directamente ligado a las exigencias de
viabilidad económica para las actuaciones de renovación, rehabilitación y
regeneración urbanas y que hasta el momento en que no bajas al detalle
no sabes exactamente cuáles son los condicionantes urbanísticos
razonables para que una actuación pueda desarrollarse y sea viable.
Está claro que al final la operación debe ser rentable pero también está
claro que tiene que haber un límite, tal vez habría que poner un tope (por
ejemplo hasta 10% más de lo dispuesto en el planeamiento).
También se podría hacer mediante una modificación puntual pero en vez
de eso lo sustituyes por un plan especial con una participación pública y
estudio de viabilidad.
Lo que está claro es que rehabilitar es más costoso y problemático por lo
que, o das facilidades, o no se hace.
LOS PLANES ESPECIALES EN SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 116.- Planes especiales en suelo no urbanizable.
1. Los planes especiales en suelo no urbanizable tienen por objeto regular y
ordenar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así
como las instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de
ocio y turismo rural en el suelo no urbanizable, siempre que se pretenda su
implantación en terrenos próximos a los suelos clasificados como urbanos
o a los núcleos rurales, o bien se trate de ámbitos de suelo no urbanizable
que, no estando próximos al suelo urbano o a los núcleos rurales,
presenten un alto grado de transformación por existir en ellos conjuntos
dispersos de edificaciones o instalaciones.
2. El Plan Especial de Suelo No Urbanizable, en su caso, podrá calificar
como suelo no urbanizable sin protección terrenos protegidos, previo
análisis de su morfología y de las características y valores naturales y
culturales de su entorno, delimitando el ámbito de proximidad a los
núcleos o a los conjuntos de edificaciones dispersas, estableciendo las
condiciones de uso y de integración en el entorno en relación con los
núcleos, y estableciendo las directrices generales que las nuevas
edificaciones o el aumento de volumen de las existentes deban seguir en
cuanto a tamaño de parcela, distancia a colindantes, ocupación de parcela
30
y altura de cierres, así como otras características morfológicas y
tipológicas relevantes.
3. Los municipios que carezcan de Plan General podrán formular
igualmente el Plan Especial de Suelo No Urbanizable a que se refiere el
apartado anterior, calificando como suelo no urbanizable de protección
ordinaria terrenos próximos a los suelos urbanos o de los núcleos
tradicionales.
4. Los Planes Generales, en el proceso de su aprobación o revisión, podrán
incorporar en el suelo no urbanizable los correspondientes Planes
Especiales.
Desde la Federación de Municipios opinamos que la regulación actual es
correcta y ha sido efectiva para los fines que se perseguían con el texto de
la Disposición Transitoria 9ª.
Pensamos que, en general, se ha conseguido asentar la población rural y
que no se ha producido ningún abuso en la edificación de las corolas de
los núcleos de población ni se han generado hasta el momento
distorsiones destacables, de hecho el propio Director General de
Urbanismo ha señalado, en los medios de comunicación, que "el número
exacto" de informes favorables de la Comisión Regional de Ordenación
de Territorio y Urbanismo para la construcción de vivienda unifamiliar
en suelo rústico ha sido de 342 desde 2012 lo que no parece una cifra para
nada exagerada.
Creemos que sobre todo en pequeños municipios, la construcción de
viviendas unifamiliares como se ha venido haciendo con la disposición
transitoria novena es más que suficiente para mantener la poca actividad
urbanística que se requiere y que no es una medida que vaya a producir
efectos negativos.
Todos estamos de acuerdo en que, por definición, una disposición
transitoria no puede dejar de ser temporal, no obstante desde la
Federación de Municipios tenemos que expresar nuestro desacuerdo en
relación a que la construcción de todo tipo de viviendas unifamiliares en
suelo rústico quede condicionada a la elaboración previa de un Plan
Especial.
31
Como hemos señalado reiteradamente los medios económicos, materiales
y técnicos de cada ayuntamiento son diferentes, existiendo grandes
diferencias entre los pequeños municipios de interior y los municipios
más grandes o con una dinámica urbanística más activa (de hecho en
varias decenas de municipios solamente se han presentado una o dos
solicitudes en cuatro años).
Los planes especiales son instrumentos costosos de elaborar y de aprobar,
como se ha demostrado por la falta de aplicación de la disposición
adicional 5ª de la Ley actual. Tramitar y aprobar estos planes es un
proceso lento y puede tornarse una tarea tediosa en la que los
ayuntamientos con infraestructuras más débiles no puedan embarcarse o
acaben por desistir. Por el contrario el sistema derivado de la transitoria
novena se ha mostrado hasta el momento un proceso sencillo, seguro y
respetuoso con el territorio.
Opinamos que lo que hace falta es establecer bien cuáles son los
documentos y requisitos para estos desarrollos mejorando las solicitudes
con la experiencia de estos años, corrigiendo parámetros y estableciendo
cuantos condicionantes sean precisos. Ser más estrictos en la
documentación que se exige y se tramita, unificando criterios y
garantizando que los proyectos se adaptan realmente al entorno donde se
desarrollan y al espíritu de la Ley.
Estamos de acuerdo en que sería conveniente evitar ciertas perversiones
de la norma, como la construcción de varias viviendas en la misma
parcela inicial mediante la segregación de la misma, pero creemos que
existen mecanismos que pueden restringir la construcción sin tener que
acudir a unos instrumentos que en muchos municipios no se aprobarán
nunca.
Antes de establecer la obligación indiscriminada de aprobar un plan
especial para construir cualquier instalación residencial, de ocio o de
turismo rural en el suelo rústico se proponen otras medidas de restricción
respecto a la aplicación actual, como puede ser eliminar la posibilidad de
segregar por debajo de la unidad mínima de cultivo, establecer
32
determinaciones diferentes para la construcción de viviendas
unifamiliares y para el resto de usos (complejos de ocio y turismo rural,
etc), establecer un número máximo de viviendas o licencias para cada
núcleo dependiendo de su tamaño o morfología (podría ser interesante
continuar con la práctica de los antiguos planeamientos de establecer una
distancia mínima entre viviendas para evitar la formación de núcleos de
población), obligar a que la nueva vivienda constituya la vivienda
habitual del titular, y, en último caso, establecer la obligación de redactar
planes especiales solo en aquellos municipios de mayor tamaño o en los
que, por sus características, se prevé una mayor presión urbanística (por
ejemplo los municipios costeros).
INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS. LOS ESTUDIOS DE
DETALLE.
Artículo 117.- Estudios de detalle.
c) En los ámbitos de suelo urbano no consolidado, establecer la ordenación
detallada, o bien modificar o completar la que hubiera ya establecido el
planeamiento general, en su caso, incluyendo un trazado de las redes
municipales de servicio.
La intención de la Ley de dar más contenido a los estudios de detalle
posibilitando que los suelos urbanos no consolidados se desarrollen de
forma más sencilla y flexible nos parece, en principio, muy acertada ya
que de una forma sencilla podrían resolverse pequeñas unidades en las
que no habría que aplicar los estándares de planeamiento que a menudo
dan lugar a cesiones inservibles, sino que bastaría con ceder el
correspondiente aprovechamiento, la ampliación de viales y aquellas
zonas concretas señaladas en el Plan.
Por otra parte pensamos que podría suponer un problema que un
instrumento de rango inferior pueda modificar determinaciones del plan
de rango superior.
La jurisprudencia ha delimitado muy claramente cuál era su función y
contenido hasta la fecha, establecer, completar, adaptar, reajustar o
modificar alineaciones y rasantes y ordenar los volúmenes de acuerdo con
33
las especificaciones del planeamiento. Si se pretende ir más allá se debería
tener un debate con los ayuntamientos.
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN LOS PEQUEÑOS
MUNICIPIOS.
Artículo 121.- Pequeños municipios.
A los efectos de esta Ley, se entiende por pequeños municipios los que
tengan una población de derecho inferior a los 5.000 habitantes y que con
las previsiones de crecimiento urbanístico recogidas en el Plan General no
superen esa población.
Creemos que, en Cantabria, la cifra de 5000 habitantes para limitar los
pequeños municipios es una cifra muy razonable.
Las características demográficas de los municipios de Cantabria unidas a
la escasa dinámica urbanística acentuada en los últimos años como
consecuencia de la crisis, plantea un motivo notable para acometer un
reajuste en los parámetros hasta ahora fijados como límites para los
denominados pequeños municipios.
Opinamos por lo tanto que no sólo es razonable sino también
conveniente establecer una regulación especial (régimen simplificado)
para los municipios pequeños que necesitan mecanismos sencillos a la
hora de efectuar modificaciones de escasa entidad en sus tejidos urbanos,
y establecer instrumentos especiales para aquellas iniciativas que, por su
carácter singular, por la necesidad de su implantación inmediata y por su
elevado impacto en la creación de empleo, requieren una mayor celeridad
en su tramitación para no perder oportunidades en el territorio.
Actualmente se establece en el Anteproyecto de Ley el valor de 5.000
habitantes para la clasificación de estos municipios. Esto supone que
aproximadamente el 82% de los municipios de Cantabria podrían acudir a
un marco regulatorio más ágil y con menores cargas legales que en el
régimen ordinario y, por tanto, adecuado al escaso dinamismo
constructivo y capacidad de gestión urbanística del medio rural.
34
En estos municipios, con población inferior a 5.000 habitantes, se propone
rebajar los estándares mínimos dotacionales de la superficie de la unidad
de actuación correspondiente, lo que implica una reducción de cargas que
se consideraría proporcional a las necesidades dotacionales reales de estas
actuaciones urbanizadoras, que son menores en municipios de poca
población con tipologías polinucleares.
También sería valorable reducir los estándares de espacios libres en
sectores de baja densidad, así como eliminar o disminuir la entrega de
aprovechamiento a la administración actuante, con el fin de no perder
población en el territorio rural.
Aprovechamos para solicitar al Gobierno especial colaboración
económica y técnica para la elaboración de todos los instrumentos de
gestión territorial y urbanística en los pequeños municipios.
FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES URBANÍSTICOS.
Las autorizaciones provisionales.
Debe destacarse en este apartado nuestro desacuerdo ante la eliminación
completa en el Anteproyecto del artículo 65bis de la LOTRUSCA sobre
Autorización provisional de edificaciones o actuaciones preexistentes,
introducido por la Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio.
Esta novedosa figura de autorización provisional se introdujo con el fin
de resolver un problema real en algunos municipios de Cantabria y
pretendía impedir actuaciones irreversibles en edificaciones que podían
tener cabida en base al nuevo planeamiento.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 254/2015, de 30 de noviembre
solamente declaró inconstitucional el término “o judiciales”, manteniendo
el precepto plena vigencia.
Las autorizaciones provisionales constituyen una figura jurídica de
vocación transitoria que intenta evitar la demolición innecesaria de
edificaciones que podrán estar conforme a planeamiento una vez
terminada la tramitación del mismo.
35
Por todo ello, consideramos adecuado y necesario mantener la figura de
“autorización provisional” en la nueva Ley.
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES GENERALES
DE ORDENACIÓN URBANA.
Artículo 124.- Elaboración.
3. Antes de acordar la elaboración del Plan General de Ordenación
Urbana, el Ayuntamiento deberá abrir un periodo de información pública
por un plazo no inferior a dos meses en el que se pondrán de manifiesto las
prioridades de la futura ordenación, sus líneas básicas y estratégicas,
expresándolo, todo ello, a medio de la correspondiente documentación
sencilla y clarificadora que permita a los ciudadanos tener un
conocimiento del modelo de Ciudad que se propone. Durante el expresado
plazo de información pública se podrán formular sugerencias y
observaciones sobre dicho modelo, así como sobre la propia necesidad y
conveniencia de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana.
4. El resultado del periodo de información pública, con las modificaciones
introducidas como consecuencia del mismo, así como con las que el
Ayuntamiento decida introducir a partir de las sugerencias y
observaciones realizadas, deberá constituir la base del proceso de
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana y será la base del
encargo que, en su caso se realice a los facultativos externos a los que, en
su caso, les sea encargada la elaboración del Plan.
Respecto a este punto entendemos que sería conveniente la supresión de
la fase inicial (llámese Avance o presupuestos y orientaciones básicas),
cuya exposición pública se alarga en la nueva propuesta de uno a dos
meses.
Podría sustituirse esta fase por lo señalado en el artículo 125, la solicitud
de los correspondientes informes sectoriales y documento ambiental,
previo a la aprobación inicial.
De no ser así, sería necesario reducir los tiempos de tramitación y
facilitar la coordinación de los informes sectoriales por parte del
36
Gobierno para no demorar más allá de la estricta previsión temporal que
se fije el trámite de Avance.
Artículo 131.- Formulación y aprobación de los Planes Parciales.
2. La aprobación definitiva de los Planes Parciales corresponderá a los
Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, o a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en otro caso.
La Federación de Municipios considera adecuado que se aumente de 2.500
a 5.000 habitantes la cifra para habilitar a los ayuntamientos para la
aprobación definitiva de los planes parciales y especiales ya que somos
conscientes de que los ayuntamientos cántabros de menos de 5.000
habitantes tienen escasos medios económicos y, por lo tanto, unos medios
técnicos y jurídicos muy deficientes.
Así entendemos que en base a la experiencia de la CROTU, se puede
llegar a la conclusión (salvo excepciones) que el corte se puede establecer
en los municipios de más de 5.000 habitantes y los de menos, al menos en
cuanto a los recursos técnicos de la Administración local. Además suelen
ser los municipios con menor necesidad de aprobar este tipo de figuras
urbanísticas fiando, por regla general, su desarrollo urbanístico a la
edificación en suelo urbano consolidado o al suelo no urbanizable
mediante la correspondiente autorización para la edificación de viviendas
y la implantación de establecimientos agrícola-ganaderos o incluso
industriales.
Artículo 144.- Adaptaciones y ajustes del planeamiento a la normativa
sectorial y otras modificaciones.
1. No obstante lo establecido en el artículo anterior, cuando las
ordenanzas del Plan General se limiten a trasladar la normativa recogida
en la legislación sectorial y ello conlleve la correspondiente modificación,
la adaptación del instrumento de planeamiento a esa nueva normativa se
llevará a cabo por el Pleno, previa información pública por plazo de 20
días, dando cuenta de ello a la Administración autonómica.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la directa e inmediata aplicación
de la normativa sectorial de acuerdo con sus normas de vigencia.
37
2. Del mismo modo, si la modificación puntual se refiere exclusivamente a
la normativa urbanística, sin afectar a los parámetros de edificabilidad,
ocupación o densidad, y no tuviera efectos significativos sobre el medio
ambiente, los trámites serán los del número 1 anterior, si bien será la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo el órgano
competente para su aprobación.
Respecto a la tramitación de los planes y sus modificaciones estamos
totalmente de acuerdo en que haya un tipo de trámite simplificado para
determinadas modificaciones puntuales, no debería tardarse lo mismo en
aprobar una modificación que un PGOU.
En los casos en los que la modificación se refiere a simples ajustes de
planeamiento o en los que no existen efectos significativos sobre el medio
ambiente ni modifican de manera sustancial el planeamiento general,
parece oportuno introducir un procedimiento o figura simplificada de
modificación del planeamiento.
Ahora bien, conviene establecer la diferenciación entre planes adaptados
a la Ley y planes no adaptados, con el objetivo de penalizar a los
planeamientos no adaptados y fomentar su adaptación.
Respecto a los plazos creemos que sería necesario acortar plazos de
tramitación y que ello podría lograrse suprimiendo la aprobación
provisional de los planes de desarrollo y de las modificaciones de los
planes generales, siempre que durante la información pública de la
aprobación inicial no se hayan producido alegaciones ya que en la
inmensa mayoría de los casos cuando una modificación no tienen
alegaciones a la aprobación inicial, tampoco las tiene a la provisional.
En este caso el acto administrativo antes de la aprobación definitiva por
la CROTU sería la aprobación inicial.
Artículo 149.- Edificios fuera de ordenación.
1. Los edificios, instalaciones y usos del suelo existentes con anterioridad a
la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren
disconformes con el mismo por estar ubicados en espacios destinados por
38
el planeamiento a viarios, espacios libres o dotaciones, serán calificados
como fuera de ordenación. Quedarán en todo caso fuera de ordenación los
edificios y construcciones cuya expropiación o demolición estuviera
expresamente prevista en el Plan.
Antes se señalaba que todos los edificios que resultaren disconformes con
el planeamiento serían calificados como fuera de ordenación, ahora se
hace la distinción ya reconocida en numerosos planeamientos entre fuera
de ordenación y fuera de ordenanza.
Limitar las edificaciones fuera de ordenación es, sin duda, una solución
muy reclamada por las autoridades locales desde el punto de vista de la
gestión urbanística municipal.
La idea de la Ley de circunscribirlo exclusivamente a los que afecten a
viales, equipamientos o dotaciones públicas podría permitir legalizar
muchas situaciones preexistentes, evitando con ello situaciones de
ilegalidad permanente o de sentencias judiciales u órdenes de derribo.
3. En los edificios que se declaren fuera de ordenación sólo podrán
realizarse las reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la
seguridad física del inmueble, o vengan impuestas por el informe de
evaluación de edificios, así como cambios de uso. En dichos edificios
podrán asimismo realizarse obras de consolidación, aumento de volumen,
modernización e incremento de su valor de expropiación, cuando, a
requerimiento de los propietarios, el Ayuntamiento levante acta previa en
la que se recoja el estado y situación y uso del edificio a efectos de su
expropiación y valoración en el momento de fijación del justiprecio, ésta
sea aceptada expresamente por aquéllos.
Parece muy conveniente que la Ley incluya, en las obras que pueden
realizarse en los edificios fuera de ordenación, aquellas que vengan
impuestas por el IEE y los cambios de uso.
Artículo 150.- Preexistencias.
1. El Plan General determinará el régimen de obras y usos autorizables en
los edificios, instalaciones y usos del suelo existentes con anterioridad a su
39
aprobación definitiva distintos de los previstos en el apartado 1º del
artículo anterior que resultaren disconformes con el mismo por no
ajustarse a alguna de sus determinaciones. Si no se recogiera ninguna
previsión al respecto, se seguirá el régimen general de obras permitidas en
el planeamiento.
2. En todo caso cuando los edificios afectados no se encuentren ocupando
suelo previsto para dotación o infraestructura pública, podrán autorizarse
obras siempre que las mismas no supongan alteración de alturas,
ocupación o afecten a los usos autorizados por el Plan, y se encuentren las
mismas destinadas exclusivamente a la acomodación interior de las
edificaciones.
Habría que aclarar lo que esto quiere decir. Aunque el planeamiento
disponga otra cosa los edificios fuera de ordenación pueden modificarse
interiormente siempre que no se encuentren ocupando suelo previsto para
dotación o infraestructura pública (¿se refiere a los edificios fuera de
ordenanza entonces?)
ACTUACIONES DE RENOVACIÓN,
REHABILITACIÓN URBANA.
REGENERACIÓN
Y
Se han añadido una serie de artículos novedosos que incorporan a la Ley
los aspectos relacionados con las tres erres.
Como ya se ha señalado anteriormente las operaciones de renovación
urbana arrastran una problemática más profunda y complicada que la
obra nueva. Conllevan un mayor esfuerzo de gestión y un componente
social que requiere de soluciones más complejas, pero su resultado es un
producto mucho más atractivo para el comprador y de alto valor añadido
para la ciudad y el interés general.
Por ello es fundamental fomentar estas operaciones para hacerlas
atractivas y poner los medios necesarios para asegurar el legítimo derecho
al realojo por parte de las personas que residen en ese tipo de edificios, en
muchas ocasiones precisamente porque no pueden permitirse vivir en
mejores condiciones.
40
De forma genérica creemos que la regulación que se hace de los derechos
de realojo y retorno en la reciente Ley 3/2016 es más completa que la que
se presenta en el Anteproyecto, y que garantiza una mayor cobertura de
los derechos de los afectados por los realojos, suponiendo el documento
que ahora se valora un retroceso en las garantías alcanzadas.
Por ello entendemos que la nueva Ley debe incluir, al menos, todos los
contenidos de la Ley 3/2016, de 28 de octubre.
En cuanto a las figuras de agente urbanizador y agente rehabilitador
pensamos que la figura de agente rehabilitador es fundamental pero de
difícil plasmación práctica, como ya se ha podido comprobar con la de
agente urbanizador.
En cualquier caso entendemos que se deben regular las reglas de adhesión
con las garantías necesarias para que este derecho pueda ser ejercido por el
propietario con la información y en los plazos adecuados.
Pensamos que es necesario regular las garantías para el propietario del
terreno, las obligaciones de transparencia del urbanizador con el
propietario, y viceversa; el derecho a elegir modalidad de retribución, en
especie o en dinero, además de la facultad de no participar en el programa
pidiendo la expropiación; el alcance de las notificaciones y
emplazamientos del urbanizador al propietario, etc.
INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO Y
SUBSUELO.
Artículo 283.- Actuaciones no sujetas a licencia.
d) Las que se encuentren sujetas a comunicación previa o a declaración
responsable.
Es normal que el ayuntamiento pueda decidir qué obras y actividades
están sujetas a declaración responsable o comunicación previa si bien
deben establecerse los mecanismos para ejercer un control cobrando
importancia las labores de inspección y control en la ejecución de las
obras.
41
El problema podría devenir en que las posibles ilegalidades derivadas de
la mala interpretación de la norma, el desconocimiento de determinados
aspectos o el incumplimiento voluntario se descubrirían una vez
ejecutadas las obras lo que, como es bien sabido, se torna mucho más
complicado de reconducir.
Si realmente las cédulas fueran documentos claros y concisos se podrían
evitar errores por mala interpretación pero siempre quedan otros
aspectos, como los derivados de las ordenanzas municipales, que no se
recogen en las cédulas y que el promotor puede no observar.
DISPOSICIONES ADICIONALES. Anexos.
Desde la Federación de Municipios consideramos adecuada la medida de
introducir, vía disposición adicional, una serie de anexos que recojan los
estándares mínimos y los criterios interpretativos respecto a la
construcción en suelo rústico consolidados por la experiencia de la
CROTU a lo largo de los últimos años, lo que puede facilitar la labor de
los técnicos redactores de proyectos y la seguridad de los promotores de
los mismos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Sería conveniente aclarar qué ocurre por ejemplo con las licencias que se
hayan empezado a tramitar en base a la transitoria novena cuando el
nuevo texto entre en vigor.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 4ª
2. En caso contrario, y en lo referido a la rehabilitación forzosa, se
entenderá que el plazo supletorio previsto en el artículo 234 comenzará,
siempre que se den las circunstancias para ello, a partir de la entrada en
vigor de esta Ley.
Suponemos que cuando el apartado 2 de la Disposición Transitoria señala
el artículo 234 se refiere al 239?
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 6ª
42
Hasta la transposición de la directiva comunitaria …… al ordenamiento
jurídico español, la edificabilidad materializada en los proyectos
constructivos habrá de ajustarse a la establecida en el planeamiento y
adquirida por el propietario en las operaciones de equidistribución que se
hayan verificado. No obstante, y siempre que no se altere la densidad
establecida en el planeamiento, se podrán autorizar proyectos
constructivos en los que la edificabilidad se incremente hasta un 20 por
ciento siempre que las edificaciones resultantes tengan simultáneamente
una calificación energética tipo A y demanda de energía primaria anual
inferior a 30 KWh/m2 calculadas mediante un método reconocido por el
Ministerio competente en la materia.
No obstante, si la edificación resultante no obtuviera esa calificación
energética tipo A o la demanda de energía primaria anual de la
edificación no fuese inferior a la de 30 KWh/m2, el promotor deberá
llevar a cabo las obras necesarias hasta alcanzar esa calificación o esa
demanda energética, sin perjuicio del procedimiento sancionador.
Para la aplicación de esta medida será preciso respetar las alineaciones al
viario, pero no las alineaciones al colindante, ni la superficie de ocupación
en parcela fijada en el planeamiento.
Nos parece adecuado primar la edificación con la máxima calificación
energética pero no en la forma en que lo hace la disposición transitoria
sexta, no es adecuada ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto
de vista jurídico.
Los sobrecostes deben primarse con subvenciones, incentivos económicos
o deducciones fiscales pero no a costa de variar parámetros o estándares
urbanísticos.
Debemos plantearnos la problemática legal que generaría un
incumplimiento de las medidas energéticas señaladas en proyecto. Una
subvención se puede devolver pero ¿cómo devolvemos una edificabilidad
materializada?
Torrelavega, 15 de diciembre de 2016.
Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de Cantabria.
43

Documentos relacionados