Neiva, Veintinueve (29) de agosto de Dos mil ocho (2008)

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Neiva, Veintinueve (29) de agosto de Dos mil ocho (2008)
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA
SALA TERCERA DE DECISIÓN
Neiva, Veintinueve (29) de agosto de Dos mil ocho (2008)
DEMANDANTE
DEMANDADO
: MARÍA DENIS NÚÑEZ CRUZ Y OTROS
: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE
GARZÓN E.P.S.
ACCIÓN
: REPARACIÓN DIRECTA
PROVIDENCIA : SENTENCIA
MAG. PONENTE : Dr. ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
RADICACIÓN
: 41 001 23 31 003 2001 01309 00
Aprobado en Sala de la fecha. Acta No. 086.
1. LA DEMANDA.
1.1. Las Pretensiones.
La señora MARÍA DENIS NÚÑEZ CRUZ, actuando en nombre
propio y en representación de sus menores hijos DUVER FARITH
TOVAR NÚÑEZ, GERALDINE NÚÑEZ CRUZ Y MARÍA
FERNANDA NÚÑEZ CRUZ, mediante apoderado y en ejercicio de
la Acción de Reparación Directa, demandan, en calidad de madre y
hermanos, a la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
VICENTE DE PAÚL del Municipio de Garzón (H), para que se le
declare responsable de los perjuicios materiales y morales
ocasionados por la falla del servicio médico–asistencial reflejado
en el mal diagnóstico y tratamiento efectuado en dicho centro a la
menor LEIDY JOHANA TOVAR NÚÑEZ y que desencadenó la
muerte de la misma.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se le
condene a pagarles los perjuicios de orden material –sin
cuantificarlos ni determinarlos- y moral de la siguiente forma:
ACCION TUTELA PRIMERA INSTANCIA
CONTRA: JUZGADO EJECUCION PENAS YMEDIDAS SEGURIDAD
RADICACION: 41001-2204-000-2004-00121-00
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– A la señora María Denis Núñez Cruz, madre de la fallecida
menor, el valor en pesos de un mil (1000) gramos de oro fino.
– Para los menores DUVER FARITH TOVAR NÚÑEZ,
GERALDINE NÚÑEZ CRUZ Y MARÍA FERNANDA NÚÑEZ
CRUZ, hermanos de la menor occisa, Un mil (1000) gramos de
oro fino para cada uno de ellos.
De igual manera solicitan se ordene que las cantidades líquidas
reconocidas a título de indemnización devengarán intereses a su
ejecutoria o moratorios después de este término y que se dé
cumplimiento al fallo dentro del término señalado en el artículo
176 del C.C.A., así como las mismas sean objeto de actualización o
corrección monetaria al tiempo de ejecución de la sentencia
definitiva, conforme a los artículos 177 y 178 del C.C.A.
1.2. Los Hechos:
En síntesis son:
La menor Leidy Johana Tovar Núñez había nacido el 19 de mayo
de 1986 en la ciudad de Bogotá, siendo su madre la señora María
Denis Núñez Cruz y hermana de los menores Duver Farith Tovar
Núñez, Geraldine Núñez Cruz y María Fernanda Núñez Cruz
El día 25 de diciembre de 2000, aproximadamente a las 9:00 de
la noche, la menor Leidy Johana Tovar Núñez, sintió dolores en el
abdomen a la altura del apéndice, presentando síntomas de
apendicitis, por lo cual su madre la condujo al Centro de Salud
San Juan de Dios del Municipio de El Pital (H) para consulta
médica, siendo atendida aproximadamente a las 9:30 de la noche,
donde inmediatamente se le diagnosticó apendicitis aguda.
Ese mismo día, fue remitida al Hospital Departamental San
Vicente de Paúl del Municipio de Garzón, donde fue atendida por
el doctor Mario Cometta, quien ordenó la prueba de sangre y
orina, y posteriormente le diagnosticó cálculos en los riñones,
para lo cual le formuló calmantes y la remitió o devolvió al Centro
de Salud de El Pital.
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CONTRA: JUZGADO EJECUCION PENAS YMEDIDAS SEGURIDAD
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El estado de salud de la paciente continuó deteriorándose
rápidamente, por lo cual fue llevada nuevamente al Centro de
Salud de El Pital, el que de nuevo la remitió con carácter urgente
al Hospital de Garzón el día 26 de diciembre de 2000 en las
horas de la noche.
El 27 de diciembre de 2000, avanzada la gravedad del estado de
salud de la menor por la tardanza del Hospital demandado en
practicarle la cirugía requerida, se le diagnosticó apendicitis, por
lo que fue intervenida quirúrgicamente donde se le practicó
laparotomía, apendicectomía y lavado de cavidad abdominal.
El día 29 de diciembre de 2000, la menor Leidy Johana Tovar
Núñez, en muy grave estado de salud, por la tardanza en la
realización de la intervención quirúrgica debido a un diagnóstico
errado, fue remitida al Hospital General de Neiva, donde falleció
ese día.
Para la fecha de los hechos, la menor se encontraba cursando el
grado sexto (6º) de educación básica secundaria en el colegio La
Merced del municipio de El Agrado (H).
La trágica desaparición de la menor Leidy Johana ha causado
graves perjuicios morales a su madre y hermanos, con quienes
vivían y a quienes les proporcionaba compañía y les prodigaba
amor y cariño que eran mutuos, por cuanto su familia era todo
afecto y armonía.
1.3. Fundamentos de Derecho.
Cita como normas vulneradas los artículos 2, 6, 11 y 90 de la
Constitución Política; artículos 2341, 2347 y 2356 del Código Civil
y artículo 86 del C.C.A.
Expone que el artículo 2 de la Constitución Política establece
como obligación última y suprema de todas las autoridades de la
República, la de proteger a todas las personas residentes en el
territorio nacional en su vida, honra, bienes, creencias y demás
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derechos y libertades. Esta obligación general implica la de
salvaguardar la integridad personal de todos los asociados.
Manifiesta que como se demostró, existió falla en el servicio por
parte del Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón,
a producir un diagnóstico y tratamiento errado, que le ocasionó la
muerte de la referida menor.
Aduce que probado el daño y la existencia de los perjuicios
morales ocasionados a los demandantes con la muerte de la menor
Leidy Johana Tovar Núñez, es claro que aquéllos deben ser
plenamente resarcidos por la entidad demandada.
Afirma que de acuerdo a la forma en que sucedieron los hechos
que originaron los perjuicios y conforme a los deberes
constitucionales y legales del Estado para con el conglomerado
social, se considera que en el presente caso se han violado
ostensiblemente estos preceptos al no efectuar el diagnóstico
correcto.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
La
EMPRESA
SOCIAL
DEL
ESTADO
HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, -el
Hospital, en adelante– mediante apoderado, contesta la demanda
y en ella manifestó que se opone a la totalidad de las
pretensiones formuladas por la parte actora, por carecer de
fundamentos fácticos y jurídicos.
Frente a los hechos narrados en la demanda considera que en el
registro médico de atención de urgencias suscrito por los
doctores Mario Cometta y Fernely Ramos Gutiérrez, se dejó
constancia de contra remitir a la paciente por solicitud de su
madre al Centro de Salud de El Pital, para tratamiento con
medicamentos para el dolor.
Manifiesta que aunque hubo una recaída en el estado de la salud
de la paciente, ello es producto del progreso de la patología, pues
debe considerarse que habían transcurrido menos de dos días
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desde el ingreso al Centro de salud y que en la Empresa Social del
Estado de Segundo Nivel, se le prestó atención inmediata y
oportuna. La tardanza a la que aluden los demandantes, refleja
opinión interesada.
Expresa que la intervención quirúrgica se realizó dentro de un
tiempo adecuado, conforme la situación de la paciente lo
ameritaba. La aseveración de que el diagnóstico es errado es
ajena a la verdad, pues la sintomatología indicaba en principio
urolithiasis, con recomendación de control el día siguiente.
Arguye que el deceso de la paciente no es producto de la tardía
intervención del Hospital de Garzón, pues durante un tiempo
prudencial estuvo en dicho centro clínico en observación, lo que
permitió constatar un cuadro de abdomen agudo para ser llevada
a cirugía el día 27 de diciembre de 2000; así reposa en el
documento sobre ingreso a UCI y en la historia clínica.
Afirma que entre la fecha de ingreso al centro de salud de El
Pital y la remisión e intervención en el Hospital de Garzón, había
transcurrido un tiempo mínimo para el análisis de la paciente, lo
que indica que ésta ya venía padeciendo la enfermedad que
originó la crisis que condujo a su deceso. Por lo tanto, los agentes
de la entidad obraron con diligencia y premura.
3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.
3.1. De la parte actora.
Manifiesta que de las pruebas que se hallan en el proceso, se
establece con toda claridad que hubo impericia por parte del
personal médico del Hospital Departamental San Vicente de Paúl
de Garzón, que dictaminó que la menor Leidy Johana Tovar
Núñez, padecía de cálculos en los riñones, contrariando el
diagnóstico de la médica que había atendido a la paciente en el
Centro de Salud San Juan de Dios del municipio de El Pital, y que
había establecido correctamente, dejando por sentado que la
menor padecía de apendicitis aguda, porque todos los síntomas
eran demostrativos de dicha enfermedad.
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Considera que debido a ese error la menor fue devuelta a su casa
sin prestarle la atención que de urgencia requería, lo que conllevó
a que la paciente se agravara, por lo que el Centro de salud de El
Pital debió remitirla y ya en estado crítico al Hospital de Garzón,
en donde fue intervenida quirúrgicamente en forma tardía y sin
éxito, perdiéndose valiosísimo tiempo y agravándose el estado de
salud de la menor y pese a la intervención tuvo que ser remitida al
Hospital General de Neiva, donde falleció.
Concluye que se demuestra la impericia del personal médico del
Hospital demandado, y por ende, la responsabilidad de la entidad,
porque la apendicitis que padecía la paciente no era en sí mortal,
pero el retardo en la atención requerida y el errado diagnóstico
médico agravaron su estado de salud al punto de perder su vida.
3.2. De la parte demandada.
Considera que la prueba que obra en el expediente, da cuenta que
en el Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, se
brindó la atención oportuna y pertinente, teniendo en cuenta las
condiciones de salud de la paciente al momento de ser valorada en
el centro asistencial el 26 de diciembre de 2000, al ser remitida
por el Centro de Salud de El Pital.
Manifiesta que en este caso no se presentó un error de
diagnóstico al ser valorada por los galenos ni hubo negligencia o
falta de oportunidad en la atención.
Respecto del presunto error de diagnóstico a que se refiere la
parte actora, aduce que tal y como se consigna en el resumen de
la historia clínica y resultado de pruebas, suscrito por el doctor
Mario Cometta, la menor Leidy Johana Tovar, fue remitida con
dolores abdominales y tanto el mencionado profesional, como el
doctor Fernely Ramos Gutiérrez, quien brindó la atención inicial
en urgencias, adelantaron el procedimiento médico conducente, es
decir, tener la paciente en observación, para aclarar la causa de
su patología, tomándoles los exámenes pertinentes –cuadro
hemático y parcial de orina–, indicativos de urolithiasis, como
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diagnóstico presuntivo, observándose además que pese a la
insistencia del galeno para que la menor fuera hospitalizada en el
centro asistencial de mediana complejidad de Garzón, la madre y
acudiente de la niña, insistió en llevársela para El Pital, tal como
lo refieren los declarantes Orlando Joven Santofimio –conductor
de la ambulancia del Centro de Salud de El Pital– y el médico
Mario Cometta.
Arguye que debe igualmente considerarse que en el caso no hubo
error de diagnóstico, pues por el contrario, al breve tiempo y las
circunstancias señaladas, no permitieron por el avance de la
patología la confirmación del diagnóstico presuntivo, demostrando
las pruebas que lo que en principio se evidenció fue un agudo dolor
abdominal, el cual según la ciencia médica, puede tener diversas
causas y que los médicos tratantes de inmediato tomaron los
exámenes pero no observaron ni infirieron con certeza la
apendicitis; el dubitativo diagnóstico se verifica si se examina la
historia clínica en el punto de la remisión del Centro de Salud de
El Pital donde se indica apendicitis y al ser nuevamente remitida
la paciente a Garzón varía el mismo a urolitiasis – apendicitis a
descartar.
Afirma que el médico auscultó a la paciente con detenimiento y
determinó presuntivamente una causa diferente a la apendicitis
como responsable del dolor abdominal, dejando constancia que el
mismo había cesado sin tratamiento medicamentoso. Además,
refiere, debe advertirse que en el informe quirúrgico se detectó
un hallazgo que pone en duda la causa de la septicemia a una
apendicitis, pues se hizo constar que se “encontró inflamación en
anexo derecho con quiste ovario derecho el cual se preserva” , es
decir, en la parte pélvica se encontró una masa con inflamación y
no obra en el expediente informe de patología que confirme como
causa única del deceso por peritonitis o, dicho de otra forma,
como único foco de la infección mortal a la apendicitis, por lo
tanto, conforme se manifestó anteriormente, se obró con
diligencia, cuidado y responsabilidad propios de la disciplina
médica, al practicarse con inmediatez la intervención quirúrgica
como se registra en la historia clínica, frente a un cuadro
evolutivo acelerado, razón por la que no se estructura fáctica ni
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jurídicamente causal alguna para condenar la actuación del
hospital demandado.
3.3. El señor Agente del Ministerio Público.
No emitió concepto.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
4.1. Asunto jurídico a resolver.
Corresponde determinar si existe responsabilidad de la Empresa
Social del Estado HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAÚL del Municipio de Garzón por los perjuicios causados a
los demandantes, con ocasión de la falla del servicio médico–
asistencial, hospitalario, quirúrgico y diagnóstico dado a la menor
Leidy Johana Tovar Núñez y que devino en su posterior
fallecimiento el día 29 de diciembre de 2000.
4.2. Consideración previa sobre los documentos allegados con
la demanda.
Dado que los documentos existentes a folios 22 a28 y 38 a 65
allegados con la demanda son fotocopias simples, sin
autenticación alguna, carecen de valor probatorio al tenor del
artículo 254 del C.P.C y la sentencia C-023/98 de la Corte
Constitucional.
4.3. Del régimen de responsabilidad patrimonial.
El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado al que
obedece la acción de reparación directa y de la cual surge el
presente asunto, tiene su fundamento Constitucional en el
artículo 90 de la Carta, el cual le impone a aquél el deber de
responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le
sean imputables, causados por la acción o la omisión de las
autoridades públicas, es decir, el elemento fundamental de la
responsabilidad es la existencia de un daño que la persona no está
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en el deber legal de soportar.
Se observa entonces, que no importa si el actuar de la
Administración fue legal o no, para efectos de determinar la
responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su
comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien
puede provenir de una actuación legítima de aquella; no obstante,
la jurisprudencia continúa aplicando los regímenes de imputación
de responsabilidad que de tiempo atrás ha ido decantando, ya que
ellos facilitan el proceso de calificación de la conducta estatal y
la determinación de la existencia del daño y del nexo causal de
éste con aquella.
En este sentido, del inciso primero de dicho artículo superior se
establecen los elementos de la responsabilidad del Estado, a
saber, especialmente del principal régimen de imputación, esto
es, el de la tradicional falla del servicio: 1) el daño antijurídico
sufrido por el interesado, 2) la falla del servicio propiamente
dicha, que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio,
porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera
tardía o equivocada, es decir, que ese daño antijurídico sea
imputable al Estado en cualquiera de sus manifestaciones, y
finalmente, 3) una relación de causalidad entre estos dos
elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo
como consecuencia de la falla del servicio – la acción u omisión de
la autoridad respectiva –.
En consecuencia, se procede a analizar cada uno de estos
elementos.
4.3.1. De la existencia del daño antijurídico.
Dado que daño es toda aminoración en el patrimonio sufrida por la
víctima1, y que corresponde subsanarlo, resarcirlo o indemnizarlo
a quien lo infringió, es el principal elemento de la responsabilidad
y por tanto se hace necesario comprobar su existencia real en
quien manifiesta padecerlo para poder establecer que hay
1
Cfr. HENAO, JUAN CARLOS en su texto “El Daño”. Universidad Externado de Colombia.
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fundamento de radicar la responsabilidad en quien se le imputa su
causación.
Es apenas obvio que si no hay daño, no puede haber reparación.
Sin embargo no todo daño es resarcible.
En efecto, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución
Política, el Estado debe responder por el daño antijurídico que
cause y le sea imputable, por su acción u omisión.
Debe recordarse que el daño antijurídico es aquel perjuicio que
legalmente no se está llamado a soportar. Es la lesión de un
interés legítimo, patrimonial, o bien jurídico que el afectado no
está en la obligación legal de padecerlo.
En consecuencia, la antijuridicidad no está determinada por la
“conducta” del Estado a través del servidor público, sino por el
resultado dañoso para quien no tenía la obligación legal de
soportarlo.
Para conocer cuándo se está o no con la carga o deber jurídico de
aceptar el daño, corresponde analizar el caso concreto a la luz de
la normatividad aplicable al asunto específico y con base en ella
establecer si efectivamente el daño se torna jurídico o
antijurídico.
Sobre la existencia del daño en el presente caso, se tienen los
siguientes elementos de juicio:
Al plenario se aportó el registro civil de defunción de la menor
Leidy Johana Tovar Núñez (f.18), donde consta como fecha de
deceso el 29 de diciembre de 2000 a las 23:55 horas.
Así mismo, está debidamente acreditado el parentesco entre la
señora María Denis Núñez Cruz, madre de la menor fallecida, y
entre sus hermanos, los menores de edad Duver Farith Tovar
Núñez2, Geraldine Núñez Cruz3 y María Fernanda Núñez Cruz,
mediante el respectivo registro civil de nacimiento (fs. 17, 19–21),
2
3
Quien a la fecha de la presente sentencia es mayor de edad.
A la fecha también ya es mayor de edad.
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circunstancia que en principio, permite inferir el dolor, la
angustia y la congoja que la muerte de su hija y hermana les
produjo, y en consecuencia, la existencia del daño antijurídico
sufrido por los demandantes.
Ahora, resulta necesario precisar, a juicio de la Sala, que la
muerte de la menor Leidy Johana Tovar Núñez en sí, no
representa el daño antijurídico como tal, pues se sabe que el ser
humano es un ser finito y que en algún momento de su trasegar
por este mundo, sus funciones vitales cesarán ya sea por los
distintos factores presentes en el mundo natural o como
consecuencia de su propio actuar y, por ende, los demás seres
humanos deben soportar la pérdida de su ser querido. Sin
embargo, en el presente caso, observa la Sala que los
demandantes no estaban en la obligación de soportar la muerte
de su hija y hermana en las condiciones en que se produjo dado
que las circunstancias clínicas y posterior remisión de un centro
de salud a otro centro de mayor complejidad, dentro del ámbito
territorial, como lo es el Hospital Departamental San Vicente de
Paúl del Municipio de Garzón, no eran indicativos, en principio, de
las complicaciones y agravaciones en el estado de salud de la
menor surgidas durante el desarrollo de los distintos procederes
médicos y que a la postre significó el comienzo del fatal
desenlace en la humanidad de la otrora paciente Leidy Johana
Tovar Núñez, perdiendo los demandantes la oportunidad de
seguir compartiendo la existencia de su hija y hermana, lo que en
últimas fue lo que produjo la tristeza y congoja en ellos.
Así las cosas, probado el daño antijurídico, resulta indispensable
analizar si el mismo le es imputable a la entidad demandada
porque ésta haya incurrido en la falla del servicio que la parte
actora le imputa.
4.3.2. De la imputabilidad del daño en la entidad demandada.
De acuerdo a lo recaudado en el material probatorio,
específicamente de la historia clínica diligenciada en el hospital
demandado, se tiene que:
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4.3.2.1. El día 25 de diciembre de 2000, la menor Leidy Johana
Tovar Núñez, fue remitida del Centro de Salud San Juan de Dios
del municipio de El Pital hacia el Hospital Departamental San
Vicente de Paúl del Municipio de Garzón, con un diagnóstico
presuntivo de “Apendicitis Ag” y se registra como Anámnesis:
“Paciente con cuadro clínico que inicia a las 16 horas con fiebre
precedida de escalofrío, vómito y dolor en fosa ilíaca derecha” (f.
34).
4.3.2.2. En el Hospital Departamental de Garzón fue recibida la
paciente el mismo día, mes y año, a las 23:45 horas, se registra
como Anámnesis: “Paciente quien viene remitida del Pital por
presentar dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, escalofríos,
fiebre, cefalea, malestar general, vómito” y se consigna como
impresión diagnóstica “Dolor abdominal a estudio”, observándose
que en el aparte respecto de la evolución, se registra que “… Se
decide a petición de madre contraremitir para manejo del dolor a
centro de salud del Pital”, luego de determinar la conducta a
seguir, como lo es la toma de exámenes tales como cuadro
hemático y parcial de orina que arrojaban la presencia de
leucocitosis o aumento del número de leucocitos en la sangre y
hematíes incontables (fs. 37 y 37 vto.).
4.3.2.3. En la hoja de contra remisión del servicio de urgencias al
mismo del Centro de salud de El Pital, se expuso:
“Femenino remitido por dolor abdominal.
Se tomaron paraclínicos (…)
Se plantea 2DX urolitiasis.
Se coloco Buscapina 1 amp IV con disminución de dolor.
Preocupa leucocitosis pero madre solicito se de manejo
sintomático en el Pital.
Se recomienda CH control mañana
De reaparecer sintomatología se recomienda tto meperidina y
estudio posterior de hematuria (urolitiasis) (f.32)
4.3.2.4. Luego de ser nuevamente ingresada la menor en el Centro
de Salud de El Pital, el 26 de diciembre de 2000 vuelve a ser
remitida al Hospital Departamental San Vicente de Paúl de
Garzón, registrándose como diagnóstico presuntivo “Urolitiasis –
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Apendicitis a descartar”; como Anámnesis: “Paciente que ingresa
anoche a las 24+30 horas con dolor fosa ilíaca derecha, fiebre
precedida de escalofrío, vómito” y en el resumen de historia
clínica y resultado de pruebas: “Se remitió con Dx Apendicitis Ag.
siendo contraremitida con Dx Urolitiasis. La paciente ha
persistido con vómito, dolor abdominal parcializado que no cede
con antiespasmódicos, acompañado de deposición diarreica acuosa
en 2 oportunidades…” (f.35 vto).
4.3.2.5. La paciente ingresa ese 26 de diciembre al Hospital
Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, a las 21:25 horas,
registrándose como Anámnesis: “Paciente con cuadro de 24 horas
de evolución de dolor abdominal en FID. Fiebre – escalofríos –
vómito. Remitida hoy (…) por persistencia de la sintomatología
asociándose náusea y (ilegible) el dolor no cede a la
administración de analgésicos. Deposición líquida en #”
Y como impresión diagnóstica:“1. Dolor Abdominal 2. Peritonitis”
(fs. 36 frente y vuelto.).
4.3.2.6. El día 27 de diciembre de 2000 se le practicó
intervención quirúrgica a la menor Leidy Johana, observándose en
el informe quirúrgico como diagnóstico pre–operatorio:
“Apendicitis
Aguda”,
como
diagnóstico
post–operatorio:
“Apendicitis Perforada + Peritonitis Generalizada” y como
intervención practicada “Laparotomía + Apendicectomía + Lavado
Cavidad Abdominal”.
En la descripción de hallazgos operatorios, procedimientos y
complicaciones, se registró: “Asepsia –antisepsia– Colocación
campos estériles – Se realiza laparotomía mediana supra e
infraumbilical. Disección por planos hasta peritoneo. Se incide
peritoneo encontrándose líquido purulento fétido + 2500 cc en
cavidad peritoneal, el cual se drena, además se encuentra
abundante cantidad de membranas fibrinopurulentas adheridas a
vísceras. Se encuentra apéndice retrocecal perforado, sin
compromiso del ciego. Se realiza pinzamiento, ligadura y sección
del meso apendicular. Pinzamiento, ligadura y sección del apéndice
por su base, invaginación del muñón apendicular en bolsa de
tabaco. Se encuentra inflamación en anexo derecho con quiste
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ovario derecho, el cual se preserva. Se realiza lavado cavidad con
5.000 cc de SSN, hasta obtener líquido claro. Recuento
compresas completo. Se deja cavidad abierta. Se cubre con bolsa
Bogotá, la cual se fija con prolene, puntos simples continuos.
Tolera Procedimiento” (fs. 30 y 30 vto.).
4.3.2.7. Luego, el día 29 de diciembre de 2000, se le practica a la
menor una intervención quirúrgica consistente en lavado
quirúrgico de la cavidad peritoneal y se registra en el informe
quirúrgico como diagnóstico pre–operatorio y post–operatorio:
“Shock séptico origen abdominal”.
En el aparte de descripción de hallazgos operatorios,
procedimientos y complicaciones se consigna: “Asepsia–
Antisepsia. Colocación campos quirúrgicos estériles. Se abre
bolsa Bogotá, encontrando en cavidad peritoneal líquido
seropurulento y membranas fibrinopurulentas, se realiza lavado
de cavidad con SSN, encontrando en senos subfilénicos gran
cantidad de membranas y líquido seropurulento hasta 5000 cc,
obteniendo finalmente líquido claro. Recuento compresas
completo. Cierre bolsa Bogotá con prolene o. No complicaciones.
No sangrado” (fs. 31 y 31 vto.).
4.3.2.8. El 29 de diciembre de 2000 se decidió remitir a la
paciente al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
de la ciudad de Neiva y en la hoja de referencia (remisión)
establece como resumen de la historia clínica y resultado de
pruebas: “Paciente con cuadro clínico de 3 días de evolución de
fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, vómito y escalofrío. Al
examen físico: taquicárdica, TA 80/60, malas condiciones
generales, mucosas secas, febril, con abdomen doloroso, rebote
(+) (ilegible) ausentes. Se solicita cuadro hemático que reporta L
24.000. Valorada por cirugía general quien considera llevar a
cirugía donde se realiza laparotomía + apendicectomía
encontrándose + 2520 cc material purulento. Se lleva paciente a
UCI para el post–operatorio donde presenta evolución tórpida.
Se inicia soporte inotrópico, ventilatorio y A/B a pesar de lo cual
la paciente no presenta recuperación termodinámica ni pulmonar.
Se evidencian signos claros de disfunción hepática”
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En el aparte de diagnósticos presuntivos, se registra: “1.
Apéndice perforada. 2. Sepsis. 3. Fase inicial de shock séptico. 4.
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.” (f. 33)
4.3.2.9. El testimonio del médico Fernely Ramos, quien recibió la
paciente inicialmente en el Hospital de Garzón, luego de la
remisión hecha por el Centro de Salud de El Pital, expresa:
“… Los exámenes se tomaron inmediatamente y mientras salieron los
reportes fui llamado a urgencia a la sala de partos para atender un parto,
cuando regresé al servicio de urgencias ya mi compañero había valorado el
examen y nuevamente la paciente y determinada la conducta a seguir, hasta
ahí fue la atención de la paciente. … La conducta que tomó el doctor Cometta
fue la de dejar hospitalizada en observación de urgencias pero ante la
insistencia marcada de la tía de quererse llevar a su sobrina para El Pital, el
doctor Cometta accedió y la contrarremitió con recomendaciones estrictas y
signos de alarma” (fs. 118–119).
4.3.2.10. Encuentra la Sala que hubo una desafortunada e
inconsecuente actividad de la acudiente de la menor, quien
insistió en que la paciente fuera nuevamente envida al Centro de
Salud de El Pital, tal como lo expresa el señor José Orlando
Joven Santofimio como del mismo médico Mario Cometta
Guarnizo, así como se halla expresamente consagrado tal hecho
en la historia clínica de la paciente.
Expresa el señor Joven Santofimio, conductor de la ambulancia
del Centro de Salud de El Pital y quien transportó la menor al
Hospital de Garzón:
“Ella la doctora la remitió a Garzón al Hospital de Garzón, el doctor que la
atendió de apellido Cometta, pero hasta ahí me di cuenta, ella fue otra vez
devuelta al Centro de Salud, transcurrió por ahí aproximadamente una media
hora, la señora no quiso dejarla allá hospitalizada, pero no estoy seguro si
fue que el doctor le hizo una cotraremisión o que se vino sin la orden del
médico. … ella lo único que dijo fue que yo me la llevo para El Pital y la
niña llegó, es decir, siguió enferma y al otro día de devolvieron para
Garzón la doctora Andrea me dio la orden.” ( negrilla y subraya la Sala. fs.
101–102).
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A su vez, manifestó el doctor Mario Cometta, médico adscrito al
Hospital de Garzón:
“… yo hablé con la acudiente de la paciente quien manifestó ser la
madre, … examiné la paciente no encontrando un diagnóstico claro al
momento, en ese momento se tomó la muestra de orina la cual era
evidentemente hematúrica, por lo cual comenté a la acudiente que el caso
podía corresponder a una litiasis renal, y le indiqué que esperara el reporte
del laboratorio, los cuales salieron aproximadamente a los treinta minutos,
en esos momentos el dolor había disminuido notablemente, se reportó un
cuadro hemático que mostraba una leucocitosis y un parcial de orina que
confirmaba una franca hematuria, en esos momentos mi compañero el doctor
Ramos se encontraba cubriendo otro servicio, ante lo cual valoré los
exámenes y tomando en cuenta la corta evolución del cuadro, seis horas,
consideré oportuno que la paciente debía ser observada en la institución, se
lo expliqué a la acudiente pero no aceptó dicha conducta, alegando no
tener recursos porque ella tenía que ir al Pital y volver, a pesar de la
insistencia de que la paciente debía ser observada y de las propuestas
que se le hicieron a la señora como era de que el conductor del Pital se
comprometió a llevarla y traerla al día siguiente ya que él tenía que
venir a traer a otra paciente en horas de la mañana, …, pero la señora
insistía en su retiro. Luego de varias insistencias ella propuso la
posibilidad de realizar en observación en el centro de salud del Pital, lo
cual me pareció lo más adecuado ante la idea de que ella se llevara la
paciente para la casa. Acto seguido hice una nota de contrarremisión
donde escribí la causa de ella “la petición de la acudiente”, hice énfasis
en lo importante de la leucocitosis. Quiero aclarar que no fue posible una
evaluación especializada al momento porque el cirujano de turno se
encuentra en disponibilidad y no preciabilidad y por lo tanto hay que
mandarlo a traer o llamarlo y la señora no esperó ni siquiera eso, de
todas maneras se le explicó a la señora que según la evolución debería
ser nuevamente traída a la institución. (…) En este caso y en ese momento
no había diagnóstico claro, la paciente requería una observación la cual se
indicó como conducta médica se le explicó a la paciente y acudiente de la
paciente pero ésta no aceptó razones, lo ideal de la observación era en el
centro el cual prestó los servicios pero como médico no puedo obligar a que
los paciente se pueden hospitalizar, esa decisión en mi entender es de
pacientes o en caso de una menor de edad de los padres” (Negrilla y subraya
la Sala. fs. 119–121).
Así las cosas, de lo reseñado la Sala da por establecido que se
presentó falla del servicio médico y quirúrgico brindado a la
menor Leidy Johana Tovar Núñez por parte de la Empresa Social
del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del
Municipio de Garzón porque desde que la paciente ingresó al
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centro hospitalario demandado, si bien la atención fue oportuna
para las circunstancias que se estaban presentando como el tipo
de dolores y sintomatología exteriorizada por la menor, la
respuesta frente al cuadro clínico que reflejaba conforme la
terapéutica médica y de acuerdo a lo que demanda la lex artis, no
era procedente el aplicar un analgésico como el que se le aplicó
(buscapina), como quiera que se requería descartar el diagnóstico
de apendicitis y obvio que demandaba dejarla internada en
observación luego de que inmediatamente se le practicaran los
exámenes paraclínicos (cuadro hemático y parcial de orina), lo que
no fue posible por la determinación de la acudiente de la menor,
de llevársela para El Pital.
Este accionar consistente en la negativa de la acudiente (madre)
de la menor, en permitir que fuera debidamente hospitalizada en
el ente aquí demandado y, por ende, haber sido dejada en
observación para poder determinar con certeza la patología que
atacaba la salud de la menor Leidy Johana, y el haberse
enmascarado el dolor que presentaba con la buscapina no
permitieron poder establecer los procedimientos médicos,
asistenciales y quirúrgicos del caso, es lo que lleva a determinar a
la Sala la existencia de una corresponsabilidad de la parte actora
que disminuye el grado de imputabilidad en el ente demandado.
Por ello, y luego de que el estado de salud de la menor se agravara
en el Centro de Salud de El Pital, pudo establecerse como
diagnóstico presuntivo dolor abdominal y peritonitis, por parte
del doctor Carlos Méndez, cuando la paciente ingresó nuevamente
al Hospital del Municipio de Garzón, y que luego, al realizarse la
primera intervención quirúrgica se estableció como diagnóstico
preoperatorio “Apendicitis aguda” y como diagnóstico post–
operatorio “Apendicitis perforada + Peritonitis generalizada”.
Entonces, a juicio de la Sala, la actuación inicial de los servidores
del Hospital en aplicar el analgésico frente a la complejidad de la
sintomatología presentada y el actuar de la acudiente de no
permitir la estadía de la menor para la observación respectiva,
fueron hechos determinantes para que empeorara las condiciones
de salud, y que el proceso séptico que estaba evolucionado en su
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interior pasara a un estadio de complejidad mayor, que conllevó a
la pérdida de la vida. Luego hay imputabilidad en el ente
demandado pero disminuida por el actuar de la acudiente, como se
dispone más adelante.
Así las cosas se presenta éste segundo elemento de la
responsabilidad del Estado.
4.3.3. Del hecho causante del daño y su relación de
causalidad.
Como se dijo en los numerales precedentes y de acuerdo al
estudio en conjunto de los medios de prueba allegados al plenario,
la aplicación del analgésico frente a la sintomatología presentada
y el actuar de la acudiente de no permitir la estadía de la menor
para que fuera observada en su evolución sintomática, fueron
hechos determinantes para que el daño antijurídico se
presentara.
Así las cosas se dan los elementos de la responsabilidad del
Estado con una corresponsabilidad de la parte actora.
Esta corresponsabilidad se determina en un cincuenta y cinco por
ciento (55%) para los efectos de la determinación del valor del
daño.
5. De la cuantificación del daño.
5.1. Del daño material.
No se demostró su existencia. En efecto no hay ningún elemento
probatorio que indique su presencia en el presente proceso.
Además en la demanda se confiesa que la menor Leidy Johann
Tovar Núñez era estudiante del grado sexto (hecho décimo
segundo)
5.2. Del daño moral.
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Solicita el demandante la condena por daños morales por la
cantidad de 1000 gramos de oro puro para cada uno de los
demandantes (madre y hermanos).
No obstante lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, la condena
por este aspecto se realizará en salarios mínimos legales
mensuales vigentes, en donde además se determinó que el monto
máximo a indemnizar por concepto de perjuicios morales es hasta
los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes4, sin que
necesariamente ese sea un tope insuperable, pues en cada caso se
debe atender la situación del daño para resarcirlo y que la
reparación sea integral.
En virtud de lo anterior, considera la Sala que la condena por
concepto de perjuicios morales para la señora madre, María Denis
Núñez Cruz corresponde al equivalente a los cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigente, para los hermanos Duvert
Farith Tovar Nuñez, Geraldine Núñez Cruz y María Fernanda
Nuñez Cruz el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente
fallo, teniendo en cuenta el padecimiento sufrido conforme se
dejó establecido
Como la corresponsabilidad de la parte actora se ha determinado
en un cincuenta y cinco por ciento (55%) los anteriores valores
quedan así:
Para María Denis Núñez Cruz, el equivalente a cuarenta y cinco
(45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
ejecutoria del presente fallo.
Para Farith Tovar Núñez, Geraldine Núñez Cruz, y María
Fernanda Núñez Cruz, el equivalente a veintidós y medio salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente
fallo, para cada uno de ellos.
6. CONCLUSIÓN.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre
de 2001, Consejero Ponente Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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Se demostró, en la forma expresada, la responsabilidad del ente
municipal demandado, por el daño antijurídico y los perjuicios
causados a los demandantes.
En consecuencia hay mérito para acceder de la manera indica a
las pretensiones de la demanda.
7. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando
Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLÁRASE responsable a la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAUL DE GARZON, por el daño antijurídico causado a la señora
María Denis Núñez Cruz y señores Farith Tovar Núñez, Geraldine
Núñez Cruz y María Fernanda Núñez Cruz, conforme lo motivado.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a
título indemnizatorio se condena a la entidad demandada a
reconocer y pagar a favor de los demandantes los siguientes
valores por perjuicio moral:
Para María Denis Núñez Cruz, el equivalente a cuarenta y cinco
(45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
ejecutoria del presente fallo.
Para Farith Tovar Núñez, Geraldine Núñez Cruz, y María
Fernanda Núñez Cruz, el equivalente a veintidós y medio (22,5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del
presente fallo, para cada uno de ellos.
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TERCERO: Se deniegan las demás peticiones de la demanda.
CUARTO: Con el objeto que se dé cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, se
expedirán copias de la sentencia, con constancia de ejecutoria
con destino a la parte actora, a la entidad demandada como al
Ministerio Público, con las constancias previstas por el Artículo
115 del Código de Procedimiento Civil.
QUINTO: En firme la presente decisión archívese el expediente
previo los registros del caso.
Notifíquese y Cúmplase
ENRIQUE DUSSÁN CABRERA
Magistrado
GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA
Magistrado
JOSÉ MARCELINO TRIANA PERDOMO
Magistrado

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