FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS MEDIOS

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FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE CHILE
FENATRAMCOT EATINOS 251 –
OFICINA 706 –FONO/
TEATINOS 251 – OFICINA 706 – FONO/FAX 56/2 26960932 – E MAIL [email protected] - SANTIAGO - CHILE
INTERVENCIÓN DE FENATRAMCO
EN COMISIÓN DEL TRABAJO DEL SENADO
“PROYECTO DE REFORMA LABORAL”
EX CONGRESO NACIONAL
Santiago de Chile
3 de agosto de 2015
Senadores y Senadoras de la República de Chile:
La Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social
(FENATRAMCO), que agrupa a sindicatos de medios de comunicación escritos y radiales
desde Arica a Chiloé, agradece la oportunidad que se nos brinda para manifestar, como
organización, nuestra posición respecto del Proyecto de Reforma Laboral y reforzar el
documento que entregáramos a ustedes el 25 de julio, vía electrónica, denominado
“Planteamiento de FENATRAMCO frente a Proyecto que Moderniza el Sistema de
Relaciones Laborales”, el que se refiere al importante e histórico hecho que hoy se
discute y que tiene relación con cambios en el proceso de negociación colectiva.
Debemos hacer notar que aun cuando en este proyecto no se contempla la posibilidad de
tratar algunos temas, como la previsión, el artículo 161 —responsable del despido de
miles y miles de trabajadores desde su incorporación al Código del Trabajo—, las
empresas subcontratistas y la negociación ramal, entre otros, la FENATRAMCO manifiesta
su apoyo al “piso” del Proyecto de Reforma Laboral aprobado por la Cámara de
Diputados. Aunque no recoge todas las legítimas demandas y aspiraciones de los
trabajadores, debemos reconocer que constituye un avance que valoramos. La normativa
aprobada por la Cámara de Diputados es el “piso mínimo” aceptable para los
trabajadores.
Por otro lado, la intensa campaña pública que ha hecho el empresariado en contra de
esta reforma laboral es injustificada, inaceptable y absolutamente exagerada.
Frente a ello, con fecha 28 de julio, Carlos Cerda, juez y miembro de la Corte Suprema, en
seminario organizado por la Universidad Central en relación con la reforma laboral,
señaló lo siguiente: Así como la Constitución que nació en dictadura, “el derecho del
trabajo no lo hemos podido cambiar” y que hay sectores de la sociedad para quienes
cualquier cosa “tendiente a reforzar el derecho laboral es per se odiosa, persecutora”.
Cerda precisó además que en Chile “el empresario, el empleador, es prácticamente el
dueño, es el organizador, el director. Él tutela lo que aquí pasa”, por lo que esta
reforma será clave, y todo dependerá de cómo se establezcan los equilibrios entre el
factor capital y el factor trabajo.
Honorables Senadores, éstos son juicios que compartimos, y por lo tanto de ustedes
depende el restablecimiento del equilibrio entre el factor capital y el factor trabajo.
Por su parte, el presidente de la Sofofa ha sostenido que con estas reformas “se vuelve a
la situación vigente en 1973, lo que no corresponde a la realidad”. Nosotros creemos que
estamos muy lejos de recuperar los numerosos beneficios y derechos que perdimos
durante la dictadura, período en que el empresariado fue muy favorecido, entre otras
situaciones, con el traspaso a ellos de grandes y prósperas empresas del Estado a un
precio muy inferior a su valor comercial, lo que no ha sido revertido hasta ahora.
A pesar de todo, los trabajadores hemos hecho grandes aportes en beneficio del país.
Todo el mundo reconoce que la actitud que tuvieron la CUT y todos los trabajadores fue
un factor de gran importancia en el proceso de transición y de reconstrucción de la
democracia.
La apasionada campaña de los empresarios deja en evidencia una desconfianza
injustificada frente a los sindicatos y los trabajadores chilenos, que, como hemos dicho,
han dado reiteradas muestras de una conducta racional, que pone el interés nacional por
encima de intereses particulares.
En respuesta a la desconfianza de los empresarios y a su campaña desmedida contra los
sindicatos, podemos señalar con orgullo que los trabajadores de la empresa El Mercurio
—muchos de ellos, con décadas de antigüedad—, a través de sus sindicatos, cuya
afiliación está por sobre el 70 por ciento, fueron los responsables de evitar la
desaparición de dicha empresa cuando ésta estaba quebrada producto de la recesión
mundial de comienzos de la década de 1980, lo que indica que mientras más fuerte es la
organización sindical, más protegida se encuentra la empresa.
En los países más desarrollados, el reconocimiento mutuo es lo que genera el desarrollo y
el crecimiento de las empresas. Por eso en las negociaciones colectivas se preocupan, de
mutuo acuerdo, de establecer buenas condiciones de trabajo y de capacitar al personal
para que se eleve la productividad de la empresa y los beneficios que se alcancen se
distribuyen equitativamente.
En esas empresas, naturalmente, se desarrollan relaciones laborales basadas en el
diálogo, el respeto mutuo y el beneficio compartido. En nuestro país estamos lejos de esa
realidad. Por el contrario, en la mayoría de las empresas priman una gestión autoritaria y
relaciones laborales de confrontación, lo que genera una espiral de mutuas
desconfianzas, situación que afecta severamente la productividad de las empresas. La
mutua desconfianza es la mayor fuga de productividad, y la responsabilidad principal por
esta situación es de quienes detentan el poder en las empresas, que no somos los
trabajadores.
Esta situación se explica porque en nuestro país prima una visión del trabajo “como
mercancía sujeta al mercado de la oferta y la demanda”, como escribió el Papa Juan
Pablo II en la encíclica Laborem Exercens. El trabajo no es “la clave principal”. El trabajo
no está en el centro de la valoración social.
Aunque el empresariado no quiera reconocerlo, en Chile hay una enorme asimetría entre
el poder empresarial y el poder de los trabajadores, en todos los planos. Eso es de toda
evidencia, lo que explica que nos situemos entre los países con las mayores
desigualdades en todo el mundo. En los últimos decenios esta extrema desigualdad no ha
disminuido, a pesar del crecimiento económico que ha alcanzado el país.
Las reformas propuestas pretenden contribuir a modernizar las relaciones laborales y
lograr un mayor equilibrio de poder entre empresarios y trabajadores. Tiene razón el
empresariado cuando señala que apuntan a darles mayor poder a los sindicatos y a los
trabajadores. Pero esto es necesario para reducir la asimetría de poder, que hoy día
favorece groseramente al empresariado.
Como ejemplo de la realidad laboral actual, Sergio Muñoz, presidente de la Corte
Suprema, el 28 de julio, en la Universidad Central, señaló que “a pesar de ser la huelga
un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, la regulación chilena limita
su ejercicio sólo al proceso de negociación colectiva reglado; permite, además, el
reemplazo de trabajadores en huelga y favorece la desvinculación individual de éstos”.
En alusión a un fallo reciente, el magistrado dijo que las palabras contenidas en ese
fallo “no hacen sino reafirmar mi convicción de que los derechos no pueden afectarse
en su esencia, ni se les puede condicionar al punto de dejarlos inutilizables”, y emplazó
tácitamente al Congreso, a la luz del debate de la reforma laboral: “El legislador tendrá
nuevamente la oportunidad de decidir si borrará o no las importantes asimetrías que
existen en nuestro país en materia de derecho colectivo, que se arrastran desde varias
décadas y que afectan el bienestar de millones de trabajadores”.
No tiene razón el empresariado cuando critica las reformas laborales porque no apuntan
a generar inversión y empleo, por cuanto no es ése su propósito. No es función de una
reforma laboral estimular el empleo y la inversión. Esto es responsabilidad de políticas
públicas que debe diseñar y ejecutar el gobierno, con activa cooperación del
empresariado, que dispone de los recursos para ello y los trabajadores la fuerza de
trabajo.
Tampoco tiene razón cuando señala que estas reformas laborales pueden provocar la
quiebra de muchas pymes. Los problemas de las pymes derivan de un trato abusivo por
parte de las empresas de mayor tamaño y de la ausencia de políticas públicas eficaces
para fortalecerlas (capacitación técnica para sus trabajadores, tecnología de punta,
acceso a mercados, asistencia en gestión). Los problemas de las pymes no derivan de la
legislación laboral. No se le puede pedir a esta reforma laboral que los resuelva.
Quizás sea razonable considerar algunas normas especiales para las pymes, pero la
sobrevivencia de estas empresas, necesarias para el país, no puede lograrse a costa del
deterioro de la situación de sus trabajadores. Una razonable normativa de la negociación
colectiva de sindicatos interempresas puede ser un factor fundamental en esta
perspectiva.
Con respecto a otros puntos en discusión, nuestra posición es la siguiente:
1. Extensión de beneficios.
Es de justicia que la extensión de beneficios no la pueda acordar el empresario
unilateralmente y a su sola discreción, pues de esa manera se desincentiva la
afiliación sindical. ¿Para qué pagar el costo de la afiliación y de participar en el
proceso de negociación colectiva si luego se obtendrán los mismos beneficios? Por
ello, nos parece razonable la norma aprobada en la Cámara de Diputados.
2. Reemplazo en huelga.
La huelga es, por definición, por esencia, paralización de actividades. Huelga sin
paro no es huelga. Si se reconoce el derecho de huelga, debe aceptarse la
paralización de actividades; si no, debe decirse derechamente que en Chile no hay
derecho de huelga.
La obligación de garantizar servicios mínimos para evitar daños a la maquinaria o a
las personas debe ser muy restrictiva. Debe evitarse que sea una manera
encubierta de autorizar el reemplazo.
La preocupación empresarial de que no se perjudique a los usuarios o beneficiarios
debiera enfocarse en generar un tipo de gestión empresarial y de relaciones
laborales basadas en la cooperación y el beneficio mutuo, con una distribución
equitativa de los beneficios, que eviten las huelgas. Más que buscar cómo
restringir el derecho de huelga, el empresariado debiera preocuparse de generar
condiciones positivas que eviten esta situación extrema, que los trabajadores no
provocamos ni deseamos.
3. Pactos de adaptabilidad.
Nos parece razonable la norma aprobada por la Cámara de Diputados respecto de
que para convenir pactos de adaptabilidad se requiere al menos un 30% de
representatividad sindical. De otro modo se corre el riesgo que el empresariado
imponga condiciones de trabajo de extrema precariedad, como lamentablemente
ha ocurrido en numerosas empresas.
Para que estas reformas laborales tengan eficacia, una vez aprobadas, es necesario que el
Estado destine abundantes recursos para asistencia técnica y capacitación del
sindicalismo, en volúmenes muy superiores a los destinados hasta ahora.
Un sindicalismo moderno y poderoso requiere de dirigentes sindicales con elevado nivel
de formación en disciplinas muy variadas. Esto sí que ayudaría a reducir la asimetría de
poder con el empresariado y a generar relaciones laborales que contribuyan a mejorar la
productividad de las empresas y el crecimiento nacional con justicia y equidad.
Domingo Vargas Cornejo
Presidente Nacional