La Marea Verde o la salida democrática a la doble crisis de la

La Marea Verde o la salida democrática a la doble crisis de la

La Marea Verde o la salida democrática a la doble crisis de la educación
Fabio Cortese y Olmo Masa
La doble crisis de la educación
La irrupción de la Marea Verde en septiembre de 2011, tras la inauguración de un nuevo ciclo
político por parte del 15M, tuvo como telón de fondo el despido de 3000 profesores interinos y el
aumento de la jornada laboral del profesorado de la Comunidad de Madrid. Desde entonces y
enmarcados en un amplio abanico de conflictos parciales, locales o más generales, las
movilizaciones por una “educación pública de tod@s y para tod@s” han pasado a ser uno de los
fenómenos sociales de mayor actualidad en la agenda política. En este sentido cabe señalar la
reivindicación de más servicio público y de mayor calidad, en un momento en que la estrategia de
austeridad hace añicos el sueño socialdemócrata del “Estado del bienestar”, y la capacidad (y
virtud) del movimiento de agregar a distintos sectoriales sociales en torno a luchas que antaño no
despertaban excesivas simpatías más allá del ámbito sectorial educativo.
Comprender el porqué de la mencionada importancia de la Marea Verde en el actual panorama
político pasa por comprender el papel que desempeña la educación en el actual trompicón cíclico de
nuestro capitalismo en general, insertado en una larga estrategia de acumulación posfordista, bajo la
aplicación concreta de los programas de recorte y empobrecimiento generalizados como vía para la
recuperación del ciclo de acumulación del capital.
Efectivamente, la educación viene siendo en los países del capitalismo desarrollado una importante
fuente de polémica, al igual que el conjunto de servicios públicos, debido a la voluntad de los
centros de poder político y económico de desestructurar el carácter público y social tanto de su
titularidad como de su función en la cualificación de la población. Así, en nuestro Estado, el modelo
de desarrollo neoliberal fuertemente basado en el turismo y el ladrillo trajo consigo un brutal
desarrollo de la red de centros privado-concertados para la escolarización media del estudiantado y
paralelamente un proceso de reforma tecnocrático de nuestro sistema universitario.
Estas políticas en el ámbito educativo han sido perfectamente funcionales al modelo sobre el que se
construyó el crecimiento del capitalismo español salido de la Transición, como país desarrollado al
que le tocaba jugar un papel periférico en el marco de las grandes potencias internacionales y
concretamente en el marco del mercado común europeo. Una educación funcional a un capitalismo
“de poca monta” lógicamente reforzaría el papel segregador del sistema educativo en torno a unas
necesidades productivas que requerían moldear una futura mano de obra adaptable al mercado
laboral conformado en torno a los mimbres antes señalados. Es decir, el mismo modelo de
desarrollo neoliberal que se lleva aplicando desde hace años incluso en sus épocas de bonanza ha
sido perfectamente compatible con un sistema educativo con unas tasas de abandono y fracaso muy
superiores a los de la media europea puesto que las condiciones materiales de trabajo que producía
el neoliberalismo necesitaban precisamente de una política educativa “made in spain”, pensada para
las condiciones precarias del mercado laboral que se ofrecía a los jóvenes al terminar sus estudios.
Se trata de una “crisis de la educación” que lleva afectando en los países del capitalismo
desarrollado a los sistemas educativos tiempo antes de que estallara la actual crisis cíclica, una crisis
que es consustancial al modelo neoliberal que se viene articulando desde los años 70.
Por emplear los términos que aportó al paradigma teórico Manuel Sacristán(1), los poderes
económicos han articulado una serie de reformas encaminadas todas ellas en última instancia a
consolidar la función estratificadora de la educación mediante la división social del trabajo y dando
lugar así, en términos generales, a una consolidación de la división entre trabajo manual y trabajo
intelectual, es decir, una división entre la fuerza de trabajo consolidada formativamente y apta para
los puestos técnicos que requieren de una elevada cualificación, una élite que ha ocupado los
espacios de cuadros técnicos e institucionales del régimen, y la fuerza de trabajo sobrante para el
actual modelo productivo con una formación de mínimos o de tipo generalista, la mayoría social
marcada por unas condiciones estructurales de paro y precariedad. El profesor José Sarrión
ejemplifica lo expuesto en el Proceso de Bolonia: “El presente modelo de estructuración académica
y financiación de la educación mantiene la división de clase en el acceso a los posgrados, y por
tanto la función de la Universidad como instancia legitimadora de la división social del trabajo,
dificultando el acceso de los estudiantes gracias al crecimiento progresivo de las tasas académicas
de grado y radical de las tasas de posgrado, y endeudando a los estudiantes de extracción obrera con
un sistema de becas-préstamo. Además, como hemos observado, el capitalismo ha sido capaz de
utilizar la “pérdida de valor de cambio de los títulos”, para devaluar el trabajo cualificado.” (2)
La educación no sólo se ha convertido en una rentable fuente de ingresos para el capital privado,
sino que además, por el proceso de generalización de la enseñanza y de masificación universitaria
se ha hecho indispensable para el capitalismo en su modelo neoliberal, se ha transformado en un
instrumento fundamental para adoctrinar a la masa trabajadora en formación para la reproducción
del esquema de división del trabajo fruto del mercado laboral de miseria y precariedad.(3) Más allá
de esta aspiración a materializar la división social del trabajo, cabría resaltar el resto de “misiones”
de la educación, en especial la de aparato de reproducción de la hegemonía, cuestiones que sin
embargo exceden de los propósitos de este artículo.(4)
A este panorama de crisis sistémica de la educación bajo el neoliberalismo se ha sumado el de crisis
sistémica del capitalismo. La agudización de la crisis capitalista y la salida que están imponiendo
los gobiernos europeos basada en la desposesión generalizada de derechos que encubren las
políticas de austeridad tiene una de sus principales consecuencias en el ensañamiento de las
reformas neoliberales en la educación que refuerzan su carácter elitista y estratificador de la
población para su amoldamiento a un esquema productivo cada vez más próximo al subdesarrollo.
En este escenario de doble crisis de la educación (estructural al modelo neoliberal y al derrumbe
ciclo de acumulación capitalista) se explican los factores de relevancia señalados al comienzo sobre
la Marea Verde: en una coyuntura en que el mantenimiento de la acumulación capitalista en su fase
neoliberal pasa por hacer añicos la educación, la reivindicación de ésta como derecho social de
titularidad pública tiene un especial significado pues entraña una confrontación directa con la
estructura del modelo económico desarrollado en nuestro país y, también, con su régimen político,
tema sobre el volveremos a hacer hincapié más adelante.
Estudiantes expulsados, estudiantes endeudados
Todo este esquema teórico general, desde el que se puede comprender el significado político actual
de la Marea Verde, se plasma en el día a día de millones de personas, estudiantes, trabajadores,
padres y madres que ven cómo los recortes y reformas transforman el derecho a la educación en una
servidumbre privilegiada por la que se puja en el mercado.
En la Universidad, el final de este curso ha estado marcado por un fenómeno que la brutal subida de
tasas contenida en el Decreto 14/2012 ya hacía previsible: nos referimos a la expulsión de miles de
estudiantes de las universidades públicas por la imposibilidad económica de hacer frente al pago de
las matrículas cuyo precio se duplicó en muchos centros debido al mencionado “tasazo”, a lo que se
ha sumado la cancelación de miles de becas por parte del Ministerio, fruto de los recortes y
endurecimiento de requisitos en el acceso a las mismas.
El fenómeno de los desahucios estudiantiles amenaza con superar las peores expectativas, pues a
falta de datos oficiales del conjunto de universidades, las primeras estimaciones hablan de más de
10000 estudiantes expulsados sólo en las universidades madrileñas y andaluzas. Por otra parte, el
problema amenaza con crear una bolsa de deuda estudiantil de millones de euros: sólo en la
Universidad Complutense de Madrid se calcula que la deuda de los estudiantes con impago por
carencias económicas asciende a 2.400.000 euros, a cuyo saneamiento deben enfrentarse los
estudiantes –a partir de ahora “morosos”– para poder reactivar su matrícula los cursos venideros. La
auto-organización estudiantil frente a éstos ataques ha conseguido poner de manifiesto el drama
social que suponen estas medidas (5) y de hecho conseguir determinadas victorias parciales
(fraccionamiento del pago de las matrículas y prórrogas en el pago de las mismas o bien fondos de
becas de emergencia para los afectados), que en cierta medida han supuesto algún desahogo para el
estudiantado implicado.
Esta política universitaria guarda muchas similitudes con la aplicada en otros países donde la deuda
estudiantil supone una suculenta fuente de beneficios para el capital financiero. EE.UU. es uno de
los ejemplos paradigmáticos de las consecuencias del endeudamiento, y así lo retrata un conocido
activista social: “Actualmente la deuda estudiantil en los EE.UU. sobrepasaba el billón de dólares,
creciendo a un ritmo de un 17% anual. A ese ritmo, en 2018 superaría al conjunto de la deuda
pública española y en 2030 a la estadounidense. ¿Las causas? Sencillas: unas tasas universitarias
desorbitadas, que han crecido un 900% en los últimos 30 años hasta situar el coste medio de una
titulación universitaria en los 25.000 dólares (casi 19.000 euros), una política de becas desligada de
la renta, preocupada sólo por la competitividad entre los estudiantes y, finalmente, la creación de
líneas de crédito públicas y privadas para hacer negocio con préstamos estudiantiles que elevan sus
intereses cada año.”(6) Por las condiciones señaladas del capitalismo español la preeminencia de
este sector financiero puede suponer el desarrollo de una estrategia de endeudamiento programado
destinado a abastecer a este capitalismo que busca con premura reactivar su ciclo de acumulación
ante la crisis: contamos con dos ejemplos muy recientes que ejemplifican esta política.
De una parte, la nueva política de becas planteada por el Gobierno, que se endurecerá el curso que
viene según las primeras filtraciones, introduce modificaciones que reducen sensiblemente la
cuantía de las distintas modalidades de ayuda y que ligan un “plus” variable a distintos criterios
entre los que se encuentra el expediente académico del alumno. Del mismo modo, obligan a
conseguir el aprobado en todas las asignaturas o a alcanzar una determinada nota media, medidas
que favorecen la elitización y excluirán a cientos de estudiantes del acceso a ayudas públicas. Esta
restricción social de las becas tiene su otra cara en la decidida voluntad del gobierno de
promocionar las becas-préstamo como vía para mantener una masa estable de estudiantes en las
universidades a los que poder succionar el cobro y los intereses de éstas, como ya apuntaba el
Informe de Expertos sobre la reforma universitaria. (7)
El segundo ejemplo se encuentra muy ligado a esto último pues el programa préstamos-renta que
desarrolló el gobierno de Zapatero en 2007 a cargo del ICO –que fuera suspendido por Wert el
pasado curso– debía financiar los estudios de los estudiantes de máster mediante un sistema de
crédito estatal que debería ir devolviéndose en distintos plazos, y que no devengaría intereses ni
requeriría al pago hasta que no se tuviesen 22000 euros de renta anual. El gobierno Zapatero fue
incumpliendo sus promesas una a una y los préstamos alcanzaron en 2011 un interés del 5% y se
eliminó la barrera de los 22000 euros anuales para el requerimiento al pago. El periodo de carencia
de los préstamos venció este año y los afectados ya están sufriendo las consecuencias de ello en un
país sin oportunidades laborales para los jóvenes, pero también comenzando a tejer redes para
ejercer presión en el conflicto.(8)
Si el esquema general de la juventud bajo el capitalismo neoliberal español, el de la corrupción y los
casinos, aparece definido por el binomio paro-precariedad parece que el de la juventud estudiantil
sigue la misma tónica bajo la lógica de exclusión-descualificación endeudada.
Ayer y hoy: la Marea Verde incompatible con el régimen
El final de este curso académico está sorprendiendo por un grado de conflictividad no visto años
atrás en estas fechas en que finalizan las clases y comienzan los exámenes finales: desde las
movilizaciones contra la LOMCE, que alcanzaron su punto álgido con la huelga general educativa
del 9 de mayo, hasta las más recientes protestas y encierros universitarios ligados a la inminente
expulsión de estudiantes por impago de las matrículas o a conflictos de carácter laboral. La
relevancia de estas movilizaciones reside también en que han apuntado algunas claves que trabajar
con vistas al próximo “otoño caliente” en el que, esperamos y creemos, la Marea Verde debe tener
una notable presencia.
En especial, la problemática de los “desahucios” de las aulas universitarias seguirá siendo una
realidad que combatir de forma prioritaria, con todas las potencialidades que residen en este
conflicto concreto. En este sentido, es fundamental tener en cuenta la imperiosa tarea de autoorganizar y empoderar a los directamente afectados por las reformas educativas, como otros
movimientos sociales han conseguido con notorios resultados. Auto-organización, como forma de
crear poder popular y a la vez de generar hegemonía, a través de la flexibilidad de los mecanismos y
las prácticas políticas para su adaptación a la realidad concreta del ámbito educativo. Teniendo
presente la necesidad de construir estructuras organizativas permanentes que puedan superar los
conflictos concretos y se nutran de los mismos de cara a no desperdiciar las lecciones políticas que
de cada ciclo de movilización se puedan extraer. Con vistas también a seguir aglutinando fuerza
para plantar cara a los ataques neoliberales a la educación.
Sin embargo, no solo cabe dar la batalla a la defensiva: para ir más allá del rechazo a las nuevas
“contrarreformas” que están por llegar, para articular en el medio plazo un salto cualitativo a la
ofensiva es vital comenzar un proceso de debate sosegado sobre “la educación que queremos”, en
última instancia la articulación de un discurso y unas reivindicaciones en positivo. Pese a la gran
madurez política necesaria para afrontar estas cuestiones, podemos anotar dos ejemplos
paradigmáticos, que han gozado de un amplio popular: de una parte, la ILP de la PAH sustentada en
unas reivindicaciones de mínimos fácilmente compartibles; de otra la experiencia del movimiento
educativo en Colombia que – organizado entorno al Mesa Amplia Nacional Estudiantil – ha
culminado tras dos largos años el proceso de elaboración de una detallada ley educativa alternativa
“que responde a las verdaderas necesidades de nuestro país”.
No es baladí esta última afirmación extraída del comunicado de presentación de la citada ley por
parte del MANE: en efecto, hoy más que nunca, las reivindicaciones en el ámbito educativo
entroncan con la construcción de una alternativa sociopolítica más amplia, de un modelo distinto de
país. Se trata de la inserción de la lucha por la educación pública en el contexto general de lucha
masiva por los derechos sociales frente a un régimen que se vuelve incapaz de cooptar ninguna
reivindicación e integrarla en su funcionamiento, que no puede asumir reivindicaciones que pasan
necesariamente por un cambio de las reglas de juego del mismo.
Esto último cobra relevancia si se establece un paralelismo entre las luchas actuales con las que
reclamaban una universidad para los hijos e hijas de los trabajadores a finales de la dictadura
franquista. De la misma forma que en los años 60-70 las demandas estudiantiles que exigían una
democratización de la enseñanza superior tanto interna como en cuanto al acceso eran
incompatibles con el régimen político franquista, hoy las demandas que exigen una educación
pública al servicio de las mayorías son incompatibles con un régimen que por las condiciones
anteriormente señaladas no puede institucionalizar las posiciones políticas de la Marea Verde sin
sustanciales transformaciones en su estructura, y por ello las voces que en el pasado exigían
Democracia ante un régimen obsoleto y asesino son las que vuelven a cobrar hoy toda su vigencia
ante un régimen que ha vendido la soberanía de los ciudadanos a la Troika y los mercados.
Pero sobre todo gana peso el sentido social una vez más de la lucha por el derecho a la educación,
entendiendo que exigir educación pública actualmente pasa por exigir democracia, por planear que
la batalla se da contra los principios mismos de un régimen que lucra a su oligarquía a través de la
miseria de las y los de abajo. La batalla por el derecho a la educación no es a día de hoy un mero
conflicto contra las reformas educativas concretas sino la permanente lucha por los derechos de la
mayoría que también se da en el ámbito educativo. ¿Conseguiremos que la Marea Verde sea un
actor protagonista de este proceso destituyente –y a la vez constituyente– del régimen?
NOTAS:
1) Así describía Sacristán, en Tres lecciones sobre la universidad y la división del trabajo (1972), los procesos
contemporáneos de reforma universitaria: “Se trata de recomponer la universidad tradicional introduciendo o
reforzando barreras horizontales que produzcan aún más estratificación […]. Esa política es inteligente: tiende a
anular precisamente el sentido revolucionario de la masificación de la universidad, a saber, que esa masificación,
al provocar subempleo o paro intelectual, y, consiguientemente, si el fenómeno se hace crónico, pérdida de valor
de cambio de los títulos y del conocimiento, tiende a destruir la justificación de la jerarquía en la división del
trabajo. La estrategia capitalista reacciona reforzando la jerarquía ya en la misma titulación, reforzando más el
prestigio ideológico del principio jerárquico. El modelo es el sistema norteamericano.”
2) "La reforma universitaria española y el proceso de Bolonia: una aproximación marxista" el Nuestra Bandera nº
220, 2009.
3) En el artículo “Por otra Universidad democrática”, inserto en el libro Las claves de la marea verde, planteamos
este binomio neoliberal desde el esquema privatización/mercantilización, es decir: privatización de la educación
en tanto que servicio público (un mercado mundial valorado en 2 billones de dólares, según la UNESCO) y
mercantilización, en tanto que pieza del sistema productivo (a través de las políticas de financiación como la
subida de tasas y de la más que probable reforma del modelo de gobierno universitario). Otros autores, como S.J.
Ball y D. Youdell, ofrecen los términos privatización endógena y exógena para mercantilización y privatización
respectivamente.
4) Nos remitimos para la profundización en estos aspecto al volumen de reciente publicación coordinado por
Fernández, J., Urbán, M. y Sevilla, C.: De la nueva miseria. La universidad en crisis y la nueva rebelión
estudiantil, Akal, 2013.
5) “Nos están echando de nuestras facultades y carreras, de nuestras bibliotecas, nos están robando la educación.
Somos las desahuciadas de las aulas” así de contundente es la presentación de la iniciativa Plataforma de
Afectadas por las Tasas que ha puesto de manifiesto este problema al conjunto de la sociedad.
6) “La subida de tasas y la disminución de becas multiplican el endeudamiento de los estudiantes universitarios”
de Alfredo “Ay_Menón” en el periódico Mundo Obrero nº 258, marzo, 2013.
7) Así lo manifiesta la red Estudiantes en Movimiento en su análisis del Informe de Expertos para al reforma
universitaria: “[el informe] plantea unas medidas para solucionar la deficiencia de becas en el sistema
universitario español que abrirían la posibilidad del endeudamiento del estudiantado mediante las becas-préstamo.
Aconseja a las administraciones públicas por tanto “buscar acuerdos con entidades financieras para el sistema de
becas-préstamo de grado y postgrado” […] fomentando el endeudamiento de estudiantes y familias.”
8) La Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta es el ejemplo de los jóvenes para los que supone un
terrible sacrificio económico el pago de la deuda universitaria. Entre sus reivindicaciones principales están la
cancelación del requerimiento al pago para aquellos que no lleguen a los 22000 euros anuales y la prórroga
general del periodo de carencia hasta la mejora de la situación económica general del país.