Revista Latinoamericana de

Revista Latinoamericana de Psicología
Fundación Universitaria Konrad Lorenz
[email protected]
ISSN (Versión impresa): 0120-0534
COLOMBIA
2003
Nelson Varas Díaz / José Toro Alfonso
POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL VIH/SIDA: TENSIÓN ENTRE LAS
NECESIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. UNA AGENDA DE TRABAJO
PARA LA PSICOLOGÍA EN AMERICA LATINA
Revista Latinoamericana de Psicología, año/vol. 35, número 002
Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Bogotá, Colombia
pp. 195-206
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Universidad Autónoma del Estado de México
http://redalyc.uaemex.mx
REVISTA
2003
..
LATINOAMERICANA
DE PSICOLOGÍA
VOLUMEN
35 N° 2
195-206
..
POLlTICAS.. PUBLICAS RELACIONADAS CON ELVIH/SIDA:
TENSION ENTRELAS NECESIDADES INDIVIDUALES
Y COLECTIVAS. UNA.. AGENDA .. DE TRABAJO
PARA LA PSICOLOGIA EN AMERICA LATINA
NELSON VARAS-DíAZ*
y
JOSÉ TORO-ALFONSO
Universidad de Puerto Rico
ABSTRAcr
.The HIV IAroS epidemic has imp~ctedrtlillions ofpeople through-out the world, Latin America
and fue qiribooap are no exceptionswitbálmost twomillionrepórtedéases
by 2002: Psychology has
cóntribirt~dsignmcantlyin
the d~vel()pmenfof strategies"t{t'addréss'the"epidemic. However, as a
discipline, itnas;l:>eenshy in getting involvediñ the process'ofdevelopiIrg Statepolicies. Inthis work
we present a review of HIV/AIDS·relatedlegislation
and policies-ffom Costa Rica, Dominican
PanalIláa?d Puerto Rico. Through qualitative
Republic.Ecuador, Guatemala, Hónd~as,Niearagua,
content analysiswe examine several pólicydímensions in Iawsfrom each'country. Werecommend
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in the analysis and development 'of'publie'policies.
..
..
Key words: Psychology, HIV/AIDS, public policyieomparative
legislation.Latin
America.
RESUMEN
La epidemia del VIHlSIDA ha impactado las vidas de millones de personas a nivel mundial.
América Latina ye! Caribe no han sido Iaexcépción con casi dos millones de casos acumulados hasta
.en año 2002. La psicología ha contribuido al desarrollo de estrategias para lidiar con la epidemia. Sin
Continúa ee
* Correspondencia: NELSON V ARAS-DiAZ,Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos, Departamento de
Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, P.O. Box 23174, San Juan, Puerto Rico, E-mail:
[email protected]
196
Continuación
VARAS-DÍAZ y TORO-ALFONSO
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INTRODUCCIÓN
La epidemia del VIHlSIDA ha impactado las
vidas de millones de personas a nivel mundial.
América Latina y el Caribe no han sido la excepción
con casi dos millones de casos acumulados hasta en
año 2002. Ambas áreas en conjunto tuvieron un
estimado de 190,000 nuevas infecciones por VIH
solamente en el año 2001 y el Caribe continúa
siendo la segunda región de mayor impacto de la
epidemia después de Africa Sub Sabara (UNAIDS,
2002). Estos números reflejan la aún vigente necesidad de trabajo frente a esta epidemia.
La psicología ha contribuido al desarrollo de
estrategias para lidiar con la epidemia. Particularmente en el desarrollo de intervenciones preventivas para controlar su impacto. A partir de
contribuciones psicológicas se han explorado factores de riesgo al contagio, la relación de la conducta con actitudes, normas y creencias, y del impacto
de la auto-eficacia y de las destrezas de comunicación y negociación sobre la capacidad de protección de las personas (Kelly, 1995; NADR, 1994).
También ha colaborado en adelantos en el área de la
prevención secundaria y en la importancia del tratamiento y del impacto de los aspectos psicosociales
en el desarrollo de la enfermedad (Bird, 1993;
Britton et al, 1993; Straits-Troster, 1994). Sin embargo, todavía existe un área de gran importancia
para combatir la epidemia en la cual la psicología
necesita adentrarse con mayor profundidad; la política pública en torno al VIHlSIDA.
El llamado a plantearse visiones mu1tidisciplinarias para combatir la epidemia se ha hecho
(Díaz-Loving, 2001). Sin embargo, la psicología
como disciplina ha tenido pasos tibios en adentrarse
en el campo del desarrollo y formulación de políticas públicas. Aunque algunos psicólogos/as han
hecho suyo el campo de "10 político" como parte de
la Psicología Política (McGuire, 1993; Montero,
1987; Salazar, 2001), el trabajo directo con las
políticas públicas del Estado parece ser campo
exclusivo de personas que ocupan posiciones gubernamentales. Esta realidad no nos debe sorprender ya que nuestro adiestramiento profesional como
psicólogos/as tradicionalmente no se concentra en
esferas de trabajo político ni de intervenciones en
instituciones gubernamentales. Aunque algunas
ramas de la psicología como la Social-Comunitaria
han planteado la necesidad de llevar a cabo intervenciones para el cambio social en estas esferas
(Serrano-García y Bravo Vick, 1998), su llamado
no se ha materializado al nivel que desearíamos
algunos psicólogos/as.
Nuestro adiestramiento es sólo una de las razones que pudieran citarse por las cuales los/as psicólogos/as se ven limitados al momento de involucrarse
en el escenario de la política pública. Aún cuando la
contribución de la psicología al desarrollo de política pública podría ser amplia, la mayoría de los/as
psicólogos/as no se visualizan como forjadores/as
de las mismas (Strickland, 1996). Entendemos que
esta falta de identificación con las dimensiones
políticas del trabajo social está relacionada con la
POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS
forma en que tradicionalmente se ha descrito el
conocimiento psicológico. Creencias sobre lo que
la psicología es, o debe de ser, no facilitan la
integración entre lo psicológico y lo político. Por
ejemplo, si conceptual izamos a la psicología como
una disciplina que se encarga sólo de intervenciones individuales con "pacientes mentales", los escenarios en los cuales se desarrollan políticas
públicas parecerían inapropiados. De la misma
forma, si entendemos a los procesos mentales y al
comportamiento como únicos objetos de estudio de
la psicología, el trabajo de corte político residiría
fuera de su espectro de trabajo.
Tal vez más importante que las razones descritas anteriormente para no involucrarse en el tema,
es la conceptualización de "lo político" como ajeno
al campo de la psicología. Aunque para algunos/as
psicólogos la relación es clara y concisa, pensarnos
que un paso importante para hallar campo común
entre las dos dimensiones es desarrollar una perspecti va en tomo a las definiciones de lo político que
sea de mayor pertinencia a la psicología. Un paso en
esta dirección es la definición de lo político como
relaciones sociales.
LO POLÍTICO COMO RELACIONES
SOCIALES
Pensar sobre lo político podría evocar en nosotros/as múltiples elementos que tradicionalmente
nos han ayudado a definir dicho concepto. Algunos
de estos son acciones políticas del Estado como
guerras, tratados entre gobiernos, principios como
la democracia y hasta la vida pública de una persona
de gobierno (Bar Tal, 2001). Sin embargo, es necesario sobrepasar dichas dimensiones para entender
el enlace entre la política, la psicología y el VIHI
SIDA. Proponemos pensar sobre "lo político" como
relaciones sociales. Entiéndase por esto la manera
en que las personas que componen un país o una
comunidad se relacionan entre sí con objetivos
particulares. El concepto no es nuevo y ha sido
utilizado para definir lo político como ideas que las
personas comparten para llevar a cabo un proyecto
en común que influencie sus vidas (Stupak, Gilman,
CON EL VIH/SIDA
197
Hartzer, Keller, Krans & Wainscott, 1977). Sin
embargo, proponemos rescatar la relación social
como eje del interés psicológico en lo político y
escenario de intervención en la epidemia del VIH/
SIDA.
Política Pública, Relaciones Sociales
y el VIHISIDA
Cuando un Estado propone política pública
para prevenir la transmisión del VIHlSIDA a través
de su población, reglamenta sobre la naturaleza de
las relaciones sociales. Por un lado establece la
forma en que se deben de llevar a cabo las relaciones
interpersonales que podrían fomentar la transmisión del virus y también establece la relación entre
el Estado y las personas ya infectadas. Por ejemplo,
cuando se penaliza la transmisión intencional del
virus o se establece la necesidad de educar a la
población sobre sexo más seguro, queda explícito
que el centro y eje de ambas preocupaciones es las
relaciones entre personas. Por otro lado, cuando el
Estado reglamenta sobre la forma de hacer pruebas
de VIH a la población, evidencia la relación existente en su política pública entre las personas y el
aparato estatal.
El interés del Estado en la reglamentación de
estas relaciones radica en que el producto final debe
ser la prevención de nuevas infecciones. Esto nos
ayuda a entender que en nombre de la preocupación
por la salud pública, se propone la necesidad de
reglamentar las relaciones entre potenciales personas infectadas y no infectadas para evitar futuros
casos que contribuyan al crecimiento de la epidemia. Sin embargo, es importante reconocer que las
intervenciones preventivas del Estado en las epidemias no son hechas en el abstracto, sino concretamente en los cuerpos de las personas infectadas
(Foucault, 1995). El Estado reconoce la existencia
de "personas enfermas" en "cuerpos enfermos" y
de "personas saludables" en "cuerpos saludables"
(Schilling, 1993; Turner, 1996) (ver la Figura 1).
Reglamentar la interacción entre ambas para evitar
nuevas infecciones se convierte en el eje central de
la empresa preventi va.
VARAS-DÍAZ y TORO-ALFONSO
198
Lo "político" como relaciones sociales
Reglamentación de la interacción
entre lo "saludable" y lo "enfermo"
= Política pública
Figura l.
Las posturas preventivas del VIHlSIDA que
nos arrojan a la dicotomía de "personas enfermas"
y "personas sanas" pueden causar más problemas
que soluciones. Algunos de estos problemas son:
1) la conceptualización de la epidemia como pertinente sólo a las personas enfermas, 2) el olvido de
esfuerzos preventivos que se concentren en la población general y no exclusivamente en las personas afectadas, y 3) en el desarrollo de una tensión
entre las esferas de lo individual y lo colectivo. Esta
tensión entre lo individual y lo colectivo no se ha
sentido con mayor fuerza en ninguna otra epidemia
de nuestros tiempos.
Tensiones entre lo Individual y lo Colectivo
en el VIHISIDA
La transmisión del VIH está íntimamente relacionada a actos que consideramos privados o que
pertenecen al reino de lo individual (Bayer, 1989,
1996; Varas-Díaz, Toro-Alfonso, 2001). Basta con
entender los medios de transmisión más comunes
(sexo sin protección y el compartir agujas para el
uso de drogas inyectables) para apoyar esta aseveración. Sin embargo, estas actividades privadas e
indi viduales son vistas por el Estado como unas con
potenciales consecuencias sociales y colectivas;
particularmente la infección. Es así como comienza
un ciclo de tensión entre fomentar la política pública que salvaguarde la salud pública del colectivo
social sin invadir esferas individuales o violentar
sus derechos. Esta tensión evidencia lo siguiente:
1) la utilidad de conceptual izar lo político como
relaciones sociales, 2) el interés del Estado de
reglamentar las relaciones entre las personas "enfermas" y "las saludables", y 3) que esta tensión
representa un camino fértil para que la psicología se
involucre en el análisis y desarrollo de política
públicas relacionadas al VIH/SIDA.
La psicología se ha encargado de estudiar las
relaciones sociales desde múltiples de sus áreas de
especialidad, incluyendo la Psicología Social, Psicología Comunitaria, Psicología Clínica y Psicología Industrial, por mencionar sólo algunas. En todas
ellas, aunque desde diferentes perspectivas, las
formas en que las personas se relacionan en sociedad fórman parte del eje central de su análisis. Una
vez establecido lo político como relaciones sociales
y entendiendo las tensiones sociales que emanan de
la epidemia del VIHISIDA, la psicología no tiene
otra opción que involucrarse responsablemente en
todas las dimensiones en las cuales puede contribuir; incluyendo el análisis y formulación de políticas públicas.
A la luz de estas reflexiones desarrollamos este
esfuerzo investigativo con los siguientes objetivos:
1) explorar las dimensiones en las cuales se manifiestan tensiones entre las necesidades individuales
y colectivas en las políticas públicas relacionadas al
VIHlSIDA en países de América Latina, y 2) desarrollar una agenda de trabajo para que la psicología
se involucre en el trabajo por atender las tensiones
creadas. A continuación presentamos el método
llevado a cabo para explorar dichas tensiones, los
resultados de dicha empresa y recomendaciones
concretas para que la psicología se involucre en
dicho tema de estudio.
MÉTODO
Para lograr los objetivos de esta investigación
recopilamos leyes relacionadas al VIHlSIDA en
POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS
varios países de América Latina. Las mismas fueron
sometidas a un análisis de contenido por parte de los
autores para revelar patrones que reflejaran dicha
tensión entre dimensiones individuales y colectivas.
Selección de las Leyes
Las leyes utilizadas para este análisis fueron
seleccionadas mediante dos criterios principales.
Primero, que las leyes pudieran ser obtenidas mediante contactos hechos por los investigadores en
previas colaboraciones a través del continente. Segundo, que las leyes que fueran obtenidas reflejaran
al menos una dimensión en la cual la tensión entre
los derechos de los individuos y de la sociedad en
general se viera manifestada. Una vez la ley cumplía con ambos criterios, era incorporada a nuestro
análisis. Las leyes de los siguientes países fueron
incorporadas: Costa Rica (Ley 7771, 1998), República Dominicana (Ley 55-93, 1993), Ecuador (Registro Oficial, 2000), Guatemala
(Decreto
27-2000-06- 26,2000), Honduras (La Gaceta, 1999),
Nicaragua (Ley 238, 2001), Panamá (Ley 3, 2000)
YPuerto Rico (Varas- Díaz, Toro-Alfonso, 200 1,en
prensa).
Es importante aclarar que siete de los ocho
países seleccionados para este análisis poseen
una ley multidimensional que aborda el tema del
VIHlSIDA. Es decir, poseen un documento legal en
el cual se abordan temas de prevención, tratamiento, derechos y responsabílidades de las personas
que viven con VIHISIDA. Sin embargo, en el caso
de Puerto Rico no existe una sola ley que incorpore
todos los temas relacionados al VIHISIDA en el
país. Su política pública está compuesta por más de
10 leyes, reglamentos, y resoluciones de sus ramas
legislativas. En este caso en particular, todos estos
documentos fueron revisados en conjunto como su
política nacional (Varas-Díaz & Toro-Alfonso,
2001, en prensa).
Análisis
Mediante un análisis de contenido cada autor
identificó los temas que abordaban dichas leyes en
CON EL VIH/SIDA
199
los cuales las tensiones descritas anteriormente
eran evidentes. Una vez los autores realizaron este
análisis por separado se reunieron y compararon
sus resultados. Los temas en los cuales ambos
estuvieron de acuerdo como evidencia de dichas
tensiónes, fueron incluidos como dimensiones en
los resultados. Veamos cada una de estas dimensiones en profundidad en la próxima sección.
RESULTADOS
El análisis completado con las leyes de los
países mencionados anteriormente reflejó la existencia de cinco dimensiones en las cuales la tensión
entre las necesidades individuales y colectivas era
más evidente. Estas dimensiones fueron: 1) La
participación de personas seropositivas en las comisiones nacionales creadas por ley para combatir
la epidemia, 2) el acceso a servicios médicos y
tratamiento antiviral por parte de las personas afectadas, 3) la naturaleza voluntaria de las pruebas de
anticuerpos al VIH, 4) la confidencialidad en el
reporte de casos de VIH/SIDA al Estado, y 5) los
derechos y los deberes de las personas que viven
con VIH/SIDA. Veamos cada una de estas dimensiones individualmente y las tensiones que
manifiestan.
Creación de Comisiones Nacionales para
Enfrentar la Epidemia
La primera tensión identificada en el análisis de
contenido de las leyes estuvo relacionada con creación de comisiones nacionales para enfrentar la
epidemia. Dicho proceso ha sido uno de los pasos
más comunes a nivel mundial para combatir la
epidemia del VIHlSIDA. Por lo regular, dichas
comisiones se encargan de desarrollar estrategias
de prevención para su país y velar por las necesidades que la epidemia le impone. Dichas comisiones
están compuestas por múltiples sectores de la sociedad entre los cuales se encuentran agencias de
gobierno, empresas privadas, grupos religiosos,
organizaciones no gubernamentales y personas que
viven con VIH/SIDA. Las comisiones representan
un potencial escenario de trabajo para personas que
200
VARAS-DÍAZ y TORO-ALFONSO
viven con VIHlSIDA para exponer sus necesidades
y potenciales soluciones a sus problemas desde una
perspectiva individual. Sin embargo, la participación de las personas seropositivas en dichas comisiones es limitada.
De las leyes revisadas para este trabajo, sólo
Panamá no estipula la creación de una de estas
comisiones nacionales. El resto de los países crea
por medio de su ley este organismo de trabajo y
coloca en ellos personas que viven con VIHlSIDA.
Sin embargo, la participación de las personas afectadas, cuando existe, es limitada. Las leyes de la
República Dominicana, Ecuador, y Guatemala no
mencionan o describen de forma limitada el tipo de
participación que personas seropositivas tendrán en
dichas comisiones. Por otro lado, las leyes de Costa
Rica, Honduras, Nicaragua y Puerto Rico aseguran
este tipo de participación pero limitan la misma a
una o dos personas dentro de comisiones compuestas por un promedio de 9 a 11 agencias o grupos.
La participación de personas que viven con
VIHlSIDA es probablemente el mayor recurso con
el cual podrían contar estas comisiones. Su limitada
participación es evidencia de la tensión entre las
necesidades individuales y colectivas ya que se
restringe la participación de las personas más
impactadas por la epidemia. Más evidente aún es
dicha contradicción cuando participan de algunas
de estas comisiones grupos religiosos y sectores
militares de los países cuyas perspectivas ante la
epidemia son totalmente diferentes. De la misma
manera se puede interpretar que las personas
seropositivas tienen menos que aportar al control de
la epidemia. Sus necesidades individuales pueden
ser atendidas por representantes del colectivo social
no afectado por la epidemia y por lo tanto generan
esfuerzos equívocos.
Acceso a Tratamiento Medico y Antiviral
La segunda tensión identificada estu vo relacionada al acceso a tratamiento médico y antiviral por
parte de las personas afectadas por el VIHlSIDA.
Una de las necesidades más evidentes que impone
la epidemia del VIHlSIDA es el acceso a servicios
de salud por parte de las personas afectadas. Estos
servicios incorporan los tradicionalmente necesitados por la población general, pero los sobrepasan.
La existencia de medicamentos antivirales que retrasan el desarrollo del virus ha probado ser una
estrategia efectiva de tratamiento (lzazola, Astarloa,
Beloqui, Brofman, Chequer, Zacarías, 1999). Sin
embargo, el costo de dicho tratamiento, entre otras
razones, ha imposibilitado que todas las personas
afectadas a través del mundo tengan acceso a los
mismos. Las leyes examinadas no están ajenas a
dichas necesidades.
El acceso a tratamiento y cuidado médico es
mencionado en las leyes de todos los países excepto
Honduras. Sin embargo, las definiciones de tratamiento en los documentos son escasas. Aunque se
puede inferir de ellas que las personas afectadas
tendrán acceso a servicios de salud de manera
general, sólo tres de las leyes mencionan el acceso
a tratamiento antiviral de forma específica. Los
países que aseguran dicho tipo de tratamiento son
Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico.
La mención de tratamiento antiviral es una
dimensión importante en estas leyes debido a que el
mismo representa una necesidad importante para
las personas que viven con VIH/SIDA. Sin embargo, es también evidencia de otra tensión entre las
dimensiones individuales y colectivas en la epidemia. Aún cuando proteger la salud pública es una
prioridad, los servicios que aseguran un mejor nivel
de salud para las personas que viven con VIH/SIDA
no son estipulados con claridad en las leyes. Esta
situación podría afectar la salud de estos individuos
y como consecuencia la salud pública en general.
Consentimiento en las pruebas de VlH
La tercera tensión identificada en el análisis
estuvo relacionada a la naturaleza voluntaria de las
pruebas de VIH/SIDA. Esta es una de las esferas
individuales en las cuales las necesidades colectivas son más evidentes. Uno de los pasos iniciales y
más importantes de las respuestas nacionales a la
epidemia del VIHlSIDA es conocer, o al menos
estimar, la cantidad de casos existentes dentro de
POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS
sus fronteras. Dicho procedimiento es imposible
sin la capacidad de llevar a cabo pruebas que
evidencien la cantidad de personas que han sido
infectadas por el virus. Sin embargo, dicho proceso
es más fácil dicho que hecho.
La prueba del VIHlSIDA es de por si un procedimiento invasivo. Ya sea obteniendo muestras de
sangre o de saliva, existe la necesidad de que la
persona se someta a ser experimentada, aunque sea
por un periodo corto de tiempo. Es decir, en el
momento que se hace una prueba, dicha persona se
convierte en un "enfermo potencial" en ansiosa
espera de su resultado. Aunque dicho procedimiento es necesario para establecer medidas nacionales
de control de la epidemia, el proceso no deja de ser
intimidante e invasivo. Evidencia de esto son las
extraordinarias recomendaciones para garantizar el
consentimiento
y la confidencialidad
en los
protocolos
de consejería para la prueba de
anticuerpos (Campbell, Marum, Alwano-Edyegu,
Dillon, Moore, Gumisiriza, 1997; Family Health
Intemational, 2001; UNAIDS, 2000; Valdiserri,
1997).
Como si esto fuera poco, existe aún más tensión
entre el derecho individual y la salud colectiva
cuando consideramos la voluntariedad de estas
pruebas. Es decir, el derecho de cada persona a
elegir cómo y cuándo se hace la prueba de
anticuerpos al VIH/SIDA. En las leyes revisadas,
todos los países, excepto Ecuador, mencionan que
hacerse la prueba es una actividad que debe de ser
llevada a cabo de forma voluntaria por cada persona. Sin embargo, aclaran que existen situaciones
particulares en las cuales dichas pruebas pueden ser
realizadas de forma obligatoria. Algunas de estas
situaciones son cuando: una personas dona órganos, lleva acabo un proceso de divorcio, trabaja en
la industria sexual, participa de deportes en los que
hay alto nivel de contacto, está sometida a una
investigación criminal, una persona casada sospecha que su pareja es positi va, lo requiera un médico,
o el gobierno lo estime necesario para sectores
poblacionales particulares.
La tensión entre las dimensiones individuales y
colectivas es particularmente evidente en dos de las
CON EL VIHlSIDA
201
excepciones al criterio de voluntariedad. En Costa
Rica, Guatemala, la República Dominicana y Panamá un médico puede obligar a una persona a realizarse la prueba del VIH en contra de su voluntad
siempre y cuando entienda que es necesario para su
salud. Por otro lado en Honduras la ley estipula que
el gobierno puede llevar a cabo dichas pruebas con
sectores poblacionales que estime necesario. En
ambas instancias el criterio de voluntariedad de la
prueba se subestima a la necesidad de utilizar estos
resultados como un medio de protección de la salud
pública. El derecho colectivo a la salud se
sobreimpone a la naturaleza voluntaria de la prueba, dejando así evidenciada nuevamente la tensión
entre las necesidades individuales y colectivas.
Reporte de Casos de VIHISIDA al Estado
La cuarta tensión identificada en al análisis
estuvo relacionada al reporte de casos de VIHI
SIDA al Estado por parte de las autoridades de
salud. Otra de las tensiones que evocan las pruebas
del VIHlSIDA es su naturaleza confidencial. Parte
de las preocupaciones que evocan los resultados de
dichas pruebas es que deben ser informados al
Estado y tienen el potencial de fungir como mecanismo de persecución o discrimen hacia las personas seropositivas. Es por esto que a través del
mundo se ha debatido sobre cómo reportar al Estado los casos que arrojan positi vo a estas pruebas, sin
violentar la confidencialidad de la persona. Las
leyes examinadas incorporan diferentes posturas en
tomo a esta práctica.
Es importante reconocer que la confidencialidad
de las pruebas en el reporte al Estado es asegurado
en todas las leyes examinadas. Sin embargo, la
naturaleza de dicha confidencialidad no es siempre
clara o precisa. Sólo Costa Rica, Nicaragua y Puerto
Rico mencionan en sus leyes que el informe de los
casos de VIH/SIDA al Estado se hará mediante el
uso de códigos que mantengan a las personas en
completo anonimato una vez dichos resu ltados sean
reportados. Por otro lado las leyes de la República
Dominicana, Ecuador, Honduras, Guatemala, y
Panamá no aclaran los procedimientos que se llevarán a cabo para mantener dicho reporte confiden-
202
VARAS-DÍAZ y TORO-ALFONSO
cial. La transparencia del proceso de reporte de
pruebas positivas al Estado puede fomentar que las
personas se sometan o eviten realizarse las pruebas
ya que su información personal podría ser utilizada
de forma discriminatoria.
Derechos y Deberes de LasPersonas que Viven
con V1H/SIDA
La quinta y última tensión identificada en al
análisis estu va relacionada a los derechos y deberes
de las personas seropositivas. Una de las contribuciones de mayor importancia que hacen las leyes en
torno al VIHlSIDA es establecer los derechos de las
personas que viven con VIH. Aunque establecer
derechos por ley para estas personas parecería una
simple reafirmación de derechos que ya poseen,
esto sirve como evidencia de sus necesidades particulares. Como personas que pueden ser víctimas de
estigmatización y persecución por su condición de
salud (Herek & Glunt, 1988; Herek & Capitana,
1998; Herek, 1999; Parker & Aggleton, 2002), se
establecen o reafirman derechos que les protegen
de la segregación social y el discrimen. En las leyes
revisadas en esta investigación encontramos mención de sus derechos a: la no discriminación, tener
acceso a instituciones educativas, no revelar su
estado serológico a su empleador, tener una vida
pública, la no segregación y trabajar.
Aunque la cantidad y cualidad de los derechos
asegurados varían dependiendo del país al cual se
haga referencia es importante notar que en todos los
países, exceptuando a Honduras, se declara el derecho a la no discriminación. Este derecho sirve como
otro elemento que evidencia la tensión entre las
necesidades de los individuos que viven con VIHI
SIDA y la sociedad en general cuando es necesario
establecer por ley que no se puede discriminar por
vivir con una enfermedad.
En las mismas secciones de derechos dentro de
las leyes se pueden encontrar las llamadas "responsabilidades" de la persona que vive con VIHlSIDA.
Algunas de estas responsabilidades son: informar a
contactos sexuales que vive con VIHlSIDA, ejercer/
una sexualidad responsable, y revelar su condición
al médico. Estas responsabilidades sirven para anteponer las necesidades del colectivo y de su salud,
a las de la persona que vive con VIHlSIDA. Tanto
así, que algunas leyes llegan a penalizar la transmisión intencional y proponen restringir la libertad de
personas que incurran en comportamiento peligroso. Estos requisitos o responsabilidades plantean
dos problemas centrales; primero, su falta de especificidad en conceptos como "sexualidad responsable" y la obligatoriedad de revelar su estado
serológico imponen el peso de la prevención de
futuras infecciones sólo sobre la persona seropositiva
y segundo, la criminalización del VIHlSIDA en
medidas de transmisión intencional evidencia la
necesidad de proteger a la sociedad en general a la
vez que se podrían violar los derechos de las personas seropositivas.
CONCLUSIONES
La revisión de la legislación y las políticas
públicas que éstas imponen en los países de América Latina nos remite a las tensiones que tradicionalmente ha tenido la implantación
de los
paradigmas más comunes de la salud pública en
confrontación a los derechos ciudadanos. Desde la
participación activa en la Comisiones Nacionales
de personas de la comunidad que viven con el VIH
y las dificultades que tienen en su inserción en la
vida cotidiana, observamos las dificultades para
que la comunidad contribuya efectivamente en el
establecimiento de las políticas del Estado. Muchas
de las leyes examinadas incluyen la participación
de personas con VIH en sus comisiones nacionales,
pero no indican el procedimiento para garantizar
'una participación efectiva. La realidad puede ser
que esta participación sea sólo simbólica si no se
establecen mecanismos efectivos que apoyen y
garanticen esta participación.
Probablemente el aspecto de mayor controversia en muchos de nuestros países latinoamericanos
es el acceso a los tratamientos antivirales. La mayoría de la legislación revisada considera importante
el acceso a los tratamientos pero nuevamente, no se
indican los mecanismos que podrían garantizar el
mismo. Evidentemente, la epidemia del VIH impo-
POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS
CON EL VIH/SIDA
203
ne en las políticas públicas de cada país la necesidad
de examinar el impacto de los sistemas de salud en
las personas infectadas. Con la complicación del
costo de los medicamentos, la complejidad de los
regímenes y los costos de laboratorio asociados al
tratamiento, la legislación no puede menos que sólo
señalar la importancia de los medicamentos
antivirales.
intervención en las políticas de salud del Estado. A
continuación presentamos una agenda de trabajo
sugerida que intenta tomar en consideración las
particularides que hemos mencionado en este
artículo. Estas sugerencias sólo intentan ser una
guía que cada persona deberá acomodar al contexto
social que le acoge.
Los países en desarrollo en el mundo entero se
enfrentan al reto de permitir el acceso universal a las
personas con VIH y SIDA en sus territorios nacionales. Sin embargo el impacto económico que esto
produce en los ya demacrados presupuestos nacionales impide que estas políticas puedan convertirse
en realidad. Cada Estado debe entonces fortalecer
las estrategias de prevención primaria para mantener la salud del pueblo.
AGENDA DE TRABAJO PARA
LA PSICOLOGÍA
Las pruebas de anticuerpos al VIH se han convertido en una de las herramientas principales en las
intervenciones de prevención en todos nuestros
países. El reto de definir los procedimientos para
estas pruebas ha sido tema de discusión en todos los
países. Observamos aquí la tensión entre los asuntos de consentimiento informado, anonimato y
confidencialidad. Las políticas de salud sobre este
particular en nuestros países varían desde legislar el
derecho a pruebas anónimas, pruebas compulsorias
en algunas situaciones y las pruebas confidenciales.
En ningún otro renglón se observa con más detalle
la tensión entre el derecho individual a la intimidad
y el derecho colectivo a la salud pública.
Finalmente, es importante señalar que las leyes
examinadas reconocen la necesidad de establecer
los derechos y deberes de las personas que viven
con SIDA. Con algunos variantes en cada país, se
reconoce el derecho a la intimidad y al pleno disfrute de la ciudadanía. Algunos países, como mencionamos anteriormente, enfatizan los deberes de las
personas infectadas.
Cada uno de estos retos representa diversas
esferas de acción para la psicología. La importancia
de que la psicología en nuestro hemisferio se comprometa con una visión integrada de la persona, le
interpela para que se comprometa con el análisis e
Los hallazgos de esta investigación reflejan la
necesidad de actuar en torno a las tensiones que
crean las políticas públicas relacionadas al VIH/
SIDA sobre las dimensiones individuales y coleeti vas que abordan. También evidencian la gama de
posibles escenarios de acción social en las cuales
la psicología como disciplina podría adentrarse
con el objetivo de subsanar algunas de estas tensiones. Es nuestro interés que esta investigación
provea a colegas a través de América Latina con
una potencial agenda de trabajo al respecto. A la
luz de este deseo proponemos la siguiente agenda
de trabajo.
Parte integral de adentrarse en el mundo de la
política pública es reconocer el tema como pertinente a la disciplina. Sin embargo, sabemos que sin
la incorporación de adiestramiento apropiado a
futuros/as profesionales dicha empresa sólo se hace
más distante de la realidad. Antes de adentrarnos en
una agenda de trabajo, necesitamos crear una agenda de adiestramiento y concientización. Proponemos los siguientes pasos:
l. Debemos velar por la incorporación de cursos
sobre política pública y procesos gubernamentales en los currículos académicos de nuestros
programas a nivel de bachillerato, licenciatura y
de pos grado. Aunque algunos/as psicólogos/as
en América Latina tienen fuertes influencias de
la Psicología Política, es necesario sobrepasar
las dimensiones investigativo-teóricas en torno
a lo político y adiestrar a nuestros profesionales
sobre los procedimientos gubernamentales para
desarrollar e influenciar el desarrollo de política
públicas.
204
V ARAS-DÍAZ y TORO-ALFONSO
2. Debemos fomentar que la psicología como disciplina y profesión se identifique aún más con la
necesidad de impactar la epidemia del VIH/
SIDA. Con el creciente número de casos de VIHI
SIDA en la región es necesario un sentido de
compromiso y trabajo. Además, es importante
ampliar la gama de escenarios de trabajo con la
epidemia para incluir la política pública en tomo
al tema.
3. Establecer contactos con personas que trabajan
en esferas gubernamentales que están en contacto directo con aquellos/as que desarrollan,
defienden y aprueban proyectos de ley que se
convierten en política públicas de nuestros países. Debemos entregar a estas personas documentos que resuman nuestras opiniones en tomo
al tema que están trabajando y los resultados de
nuestras investigaciones al respecto.
3. La psicología debe reflexionar en torno a las
aportaciones que puede hacer desde sus múltiples ramas para influenciar las políticas públicas en tomo al VIHlSIDA en sus respectivos
países. Temas como comportamiento, actitudes, sexualidad y género, entre otros, pueden
contribuir al desarrollo de mejores políticas
públicas.
4. Aprender a desarrollar y escribir proyectos de
ley que podamos entregar a personas en puestos gubernamentales. En ocasiones las personas involucradas
en escenarios políticos
fomentan que se les escriba documentos que
puedan presentar ante los organismos de gobierno. Esta estrategia podría facilitar el que las
opiniones de los/as psicólogos/as se incorporaran en dichas políticas públicas. Esto requiere
de un mecanismo de familiarización con el
lenguaje de dichos documentos y formas de
escribirlos. Este paso necesita de la integración
del tema a nuestro adiestramiento formal como
psicólogos/as.
Estas tres recomendaciones son sólo algunas de
las ideas que podríamos generar para familiarizar a
la psicología aún más con la pertinencia de su
trabajo al desarrollo de políticas públicas relacionadas al VIHlSIDA. Una vez dicho rol sea incorporado a nuestras agendas de trabajo las posibilidades
de contribuir al proceso son innumerables. Algunos
pasos que entendemos deberían llevarse a cabo para
fomentar una psicología comprometida con el tema
son los siguientes:
l. Incorporar sesiones de trabajo sobre el tema de
política pública y VIHlSIDA a nuestras conferencias profesionales en las cuales se encuentran altas concentraciones de nuestros colegas.
De esta forma fomentaremos que el tema se haga
parte del quehacer psicológico de la región.
2. Desarrollar proyectos de investigación dirigidos a explorar y entender el impacto de las
políticas públicas relacionadas al VIHlSIDA en
nuestros países. Estas investigaciones podrían
servir para fortalecer y mejorar el proceso de
estas políticas públicas. Los resultados de estos
trabajos deben ser publicados en revistas científicas y otros medios a los cuales representantes
de gobierno tengan acceso.
Finalmente, entendemos que las intervenciones
en las políticas del Estado sobre la epidemia del
VIH y el SIDA, contribuyen de forma indirecta a los
profesionales de la psicología que dedican sus esfuerzos en la comunidad para mitigar de alguna
forma el impacto de la enfermedad. Las personas
que desde la comunidad desarrollan intervenciones, ya sean clínicas, preventivas, de desarrollo
comunitario u otras, necesitan el respaldo y el
apoyo de la investigación y la intervención en
política pública.
Las posibilidades de la psicología en el campo de la salud y política pública son extraordinarias. Este es probablemente uno de los mayores
retos de la disciplina en el siglo XXI. La di versificación de sus paradigmas y el compromiso
social mediante una acción efectiva en las esferas que tradicionalmente
le correspondían
al
Estado.
pOLíTICAS
PÚBLICAS RELACIONADAS
205
CON EL VIH/SIDA
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