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SÍNTESIS INFORMATIVA (Columnas)
FECHA: 26 Junio 2015
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OTRO PAÍS
*AYOTZINAPA A NUEVE MESES: LA INDIGNACIÓN SIGUE
Diario: El Sur (Tomás Tenorio Galindo)
De tanto en tanto alguien desde el exterior le recuerda al
gobierno de México la importancia que tiene para la humanidad
el asesinato y la desaparición de los estudiantes normalistas
ocurrido hace nueve meses en Iguala, y la necesidad de que el
caso sea resuelto con los criterios de la justicia. Esta vez fue el
juez español Baltasar Garzón, quien dijo antier que “es una
vergüenza para la humanidad que no haya todavía una
respuesta contundente desde el Estado, desde la justicia y
desde la comunidad en general”. En una visita al país, Garzón
expresó además que “no podemos permitir que la desaparición
forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune.
Hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las
familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder
un hecho como el de Ayotzinapa”.
Pero hasta ahora, ninguna de las escandalizadas reacciones
internacionales (del gobierno de Estados Unidos, de la Unión
Europea o de organizaciones defensoras de derechos
humanos) ha podido romper la monolítica postura sostenida
por el gobierno de Enrique Peña Nieto en este caso, quien ha
preferido soportar el desprestigio que eso le ocasiona antes
que procurar justicia.
Lo anterior ha hecho que después de nueve meses de un
auténtico viacrucis infructuoso, parezca que el olvido y la
indiferencia es el único futuro que se extiende para los padres
de los 43 normalistas desaparecidos. Pero no es así.
Aun cuando la rutina y el agotamiento han disminuido el vigor
de las movilizaciones en busca de los estudiantes y de la
verdad sobre su destino, lo cierto es que permanece intacta la
indignación social y la exigencia de justicia por los
acontecimientos del 26 de septiembre, y que el gobierno sigue
sin aclarar los hechos y sin ofrecer respuestas satisfactorias.
Para todos los efectos, es como si la noche de Iguala hubiera
ocurrido ayer. El gobierno elaboró una versión endeble que, en
su afán de sacudirse el problema y pasar a otra cosa cuanto
antes, posterga la búsqueda de la verdad y el compromiso con
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la justicia. Ni las más de cien detenciones practicadas por la
Procuraduría General de la República han podido dotar de
credibilidad a la llamada “verdad histórica”.
Además, la posición oficial despierta suspicacia porque se
advierte en ella la pretensión de encubrir el verdadero papel
que las corporaciones policiacas y el Ejército pudieron haber
tenido en el curso de aquellas horas sangrientas en las calles
de Iguala, suspicacia que se acrecienta conforme afloran en la
prensa testimonios y datos que desmienten la versión
preparada por la PGR.
Pero a pesar de toda la determinación que el gobierno ha
puesto en la tarea de imponer su “verdad” sobre el caso
Ayotzinapa, ésta no se ha impuesto, ni en el país ni en el
mundo, y la percepción generalizada es que es falsa. Porque
en gran medida lo es, como lo reflejan las palabras del juez
Garzón.
En el segundo informe que presentó en abril sobre el caso de
los 43 normalistas desaparecidos, el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos dio a entender que no compartía la “verdad
histórica” de la PGR, y planteó a las autoridades mexicanas
realizar una nueva investigación de lo sucedido, para lo cual
dijo haber proporcionado a la PGR algunas ideas. No dio a
conocer cuáles eran esas ideas, pero es posible que el grupo
de la CIDH se refiriera a la vertiente militar. La PGR no ha
emprendido una nueva investigación, ni reorientado la que se
supone sigue su curso. Antes de lo anterior, el 18 de marzo el
grupo de expertos propuso al gobierno de Enrique Peña Nieto
reclasificar como desaparición forzada los delitos de los cuales
estaban acusados los más de cien detenidos, propuesta a la
cual la PGR también se negó. Más recientemente, el grupo de
la CIDH informó que solicitó al gobierno federal entrevistar a los
militares del 27 Batallón de Infantería que estaban de servicio
el 26 de septiembre en Iguala, pero las autoridades han
demorado su respuesta y es previsible que ésta sea negativa.
Se consume así el periodo de seis meses acordado entre el
gobierno de Peña Nieto y la CIDH para que el grupo de
expertos revise la investigación del caso Ayotzinapa –lapso que
comenzó en marzo y terminará en agosto–, sin que el Estado
haga el menor caso a las recomendaciones de los
representantes del organismo interamericano.
Esa cerrazón sólo puede obedecer y explicarse por la decisión
del gobierno de mantener a toda costa la versión ya adoptada
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por la PGR de que los jóvenes fueron asesinados, incinerados
y arrojados a un río por un grupo de sicarios del cártel de los
Guerreros Unidos en connivencia con las policías municipales
de Iguala y Cocula, y por órdenes del entonces alcalde
perredista José Luis Abarca. El efecto de esa cerrazón del
gobierno es el descrédito, la suspicacia y la indignación, que
por muy intensas que sean tampoco cambian la actitud
gubernamental.
Hace quince días el escritor Jorge Castañeda recomendó al
movimiento de los padres de los normalistas dejar atrás la
exigencia de la presentación con vida de los estudiantes, en el
entendido de que no están vivos y carece de sentido demandar
un imposible, y adoptar otra consigna con el riesgo de que su
movimiento desaparezca. Lo significativo es que el analista se
haya sumado así al fastidio que el gobierno muestra hacia los
padres, y en cambio haya dejado de lado el reclamo al
gobierno.
Sin embargo, pese a que reproduce la posición gubernamental,
Castañeda tiene razón en que el movimiento normalista deberá
reconformarse, sin replegarse. Cuando termine la misión de la
CIDH en agosto, y cerca de que se cumpla el primer
aniversario del ataque, se presentará la oportunidad de realizar
un balance de la lucha del movimiento normalista y hacer los
reajustes necesarios. La indignación requiere ser reorientada, y
si el gobierno no se mueve, lo deben hacer los padres. ¿Qué
hacer? La clave es la indignación que ahí sigue.
Nueve meses después…
¿Por qué aseguró la PGR ayer las instalaciones de la policía
municipal de Iguala? Si lo hizo para buscar indicios de los 43
normalistas, como se informó, parece haber llegado con algo
de retraso, y si lo hizo para dar la apariencia de que continúa
trabajando en el caso, se trata de una acción banal.
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ESTRICTAMENTE PERSONAL
* FIFA: LA CONEXIÓN TELEVISA
Diario: El Sur (Raymundo Riva Palacio)
La corrupción en la que se encuentran algunos de los más
altos directivos de la FIFA está en la puerta de Televisa. Una
empresa vinculada al conglomerado de comunicaciones
mexicano adquirió derechos de transmisión de partidos de
futbol, y se sospecha de que incurrió en el pago de comisiones
a directivos de la Confederación de Asociaciones de Futbol de
Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), en beneficio de la
televisora que controla una buena parte del futbol profesional
en México. Estos vínculos eran desconocidos hasta hace unos
cuantos días, y se han mantenido bastante escondidos.
Perdido entre el frenesí electoral mexicano, el pasado 4 de
junio apareció un reporte en el diario digital argentino Infobae,
donde se revela la participación de Mountrigi Management
Group Ltd. en la comercialización de los derechos de
transmisión de futbol. Infobae reveló que la empresa, que
encabezan Miguel Diez de Urdanivia y Mauricio Simón Fajer,
es la tenedora de las marcas del Grupo Televisa, y que tiene
los permisos para la transmisión del futbol mundial, incluida la
licencia para la UEFA Champions League hasta 2018.
“Esa ventaja, conseguida gracias a generosas gestiones ante
las autoridades de la FIFA, cuenta con el permiso para
comercializar
en
los
países
latinoamericanos,
sin
intermediarios”, publicó el diario argentino. “La venta de esos
derechos no comprende únicamente la televisión. En el jugoso
paquete que comercializa la filial del gigante mexicano también
están las licencias de radio, celulares e internet. Un negocio
redondo y aggiornado a las épocas actuales”. Televisa ha
negado cualquier imputación sobre corrupción en el escándalo
que vive la FIFA.
Infobae encontró que Mountrigi fue establecida el 17 de
diciembre de 2001 como Videoserpel Ltd., y que de acuerdo
con una acta accionaria ante las autoridades suizas, de un
Contrato de Aportaciones No Dinerarias con Televisa México
Ltd., se le transmitían derechos de bienes inmateriales para la
operación de programas de radio, especialmente marcas,
derechos de autor, derechos de nombres, eslóganes, logos e
indicaciones para describir programas, derechos a títulos en
periódicos y revistas que están registradas en el Instituto
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Mexicano del Derecho de Autor, derechos de películas, así
como derechos de contenidos de programas, en el sector de
las series, entretenimiento y comedias, programas infantiles,
música, concursos, cultura y programas de entrevistas.
Infobae informó que Televisa México y Videoserpel Ltd. se
fusionaron el 12 de noviembre de 2012 y, como consecuencia,
la televisora se quedó con todos los derechos que la otra
compañía tenía en su poder. Sin embargo, agregó el diario
argentino, el 14 de diciembre siguiente, Televisa le transmitió
mediante contrato de Cesión de Derechos, “la titularidad de los
Derechos a Videoserpel Ltd. sociedad constituida en
conformidad con las leyes de Suiza”. Cuatro días más tarde,
Videopersel cambió su nombre al de Mountrigi Management
Group Ltd.
Diez de Urdanivia y Fajer son viejos conocidos de Televisa, dijo
Infobae. “Sus contactos en el mundo de la televisión
trascienden ese grupo mediático del norte del continente, lo
cual no es poco”, agregó. “Gracias a sus posiciones dentro de
la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas
habrían logrado presionar a diversas cadenas de la región para
„vender‟ los derechos que consiguió Mountrigi gracias a sus
vínculos y aceitados contactos dentro de la FIFA”. Diez de
Urdanivia, asegura Infobae, es secretario general de ese
organismo privado, y Fajer es director de Programación. Dentro
de la OTI, su jefe es Emilio Azcárraga Jean, presidente de
Televisa.
De acuerdo con la documentación de la FIFA consultada por
Infobae, Mountrigi consiguió clientes en todo el continente en
tiempo récord. “En Argentina los derechos fueron cedidos a la
empresa Torneos y Competencias International, DirecTV
International y DirecTV Latin America. En Bolivia a DirecTV
Latin America; en Colombia, Mountrigi Management Group le
vendió esa licencia a Caracol Televisión, a RCN Televisión y a
DirecTV Latin America.
En Costa Rica, se repitió el esquema: la FIFA le concedió los
derechos a Televisa por medio de Mountrigi y ésta los vendió a
otra cadena, Televisora de Costa Rica. En Ecuador DirecTV
Latin America volvió a tener protagonismo en la transacción, lo
mismo que en Perú. Además, abundó Infobae, en Uruguay
vendió los derechos a Torneos y Competencias Internacional, y
esta a su vez a Sociedad de Televisora de Larrañaga,
Montecarlo TV y Sociedad Anónima Emisoras de Televisión y
Anexos. En Venezuela, por su parte, negoció con Galaxy
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Entertainment.
Según Infobae, los investigadores buscan determinar cómo fue
el mecanismo mediante el cual una empresa privada es
licenciataria del mayor negocio de la FIFA, sin realizarse una
subasta pública. Otro de los puntos que les llama la atención,
agregó, es cómo Mountrigi revendía “al mejor postor”, donde
los mejores compradores “fueron siempre los mismos”:
Torneos y Competencias International y DirecTV Latin America,
dueña de un 40 por ciento la primera, y uno de cuyos
propietarios, el argentino Alejandro Burzaco, está prófugo por
el escándalo en el futbol mundial y pesa sobre él un pedido de
captura internacional emitido por Interpol.
El escándalo en la FIFA tiene aún mucho camino por recorrer.
Más de 20 indiciados están declarando ante el Departamento
de Justicia de Estados Unidos, y funcionarios estadunidenses
han tenido contactos indirectos con algunos jerarcas del futbol
mexicano. Las revelaciones de Infobae parecen una pequeña
probada de lo que podrá venir en México sobre quiénes,
empresas e individuos, pudieron haber participado del
esquema de corrupción.
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SE CAE EL ESTADO
Diario: El Sur (Jorge Camacho Peñaloza)
*Gracias a la unión prosperan los más pequeños Estados, por
la discordia se destruyen los más grandes. Salustio.
El panorama del estado es crítico, comunidades enteras sufren
del enfrentamiento de bandas de delincuentes; o entre grupos
de policías comunitarias; los empresarios viven en el
permanente miedo a ser secuestrados o humillados con las
extorsiones; normalistas reclamando plazas y maestros
rechazando la evaluación docente; las policías reclamando
derechos laborales; organizaciones exigiendo apoyos de
programas de gobierno; corrupción de escándalo de los
gobernantes; desapariciones, emboscadas, en-frentamientos,
muertos, protestas, inseguridad, delincuencia, cierre de
empresas, éxodos y desplazados, miedo.
El caso Iguala, como emblemático de los casos de policías
coludiéndose con los delincuentes, delincuentes coludiéndose
con los políticos, políticos coludiéndose con empresarios y
empresarios coludiéndose con políticos y delincuentes, usted
póngale nombres; relaciones que confeccionan toda una red de
mafias que mantienen en la inoperancia a la ley y las
instituciones, y en vilo a la sociedad.
Toma de edificios públicos, bloqueo de carreteras y calles en
las ciudades del estado, enfrentamientos con las policías
federales, voces que reclaman, luchadores sociales que
rebasaron la línea de la ley y cayeron en lo que acusaban y
que hoy se autodenominan presos políticos, empresas que
cierran y empresarios exigiendo seguridad; aunque se deja con
sarcasmo en el sentido de que Chilpancingo, y ahora Arcelia
son los primeros territorios libres de Coca Cola, el cierre de la
empresa que distribuye este refresco en Guerrero es una
tragedia por cuanto cientos de familias se quedan sin sustento.
Esta situación requiere de una intervención mayor; el gobierno,
en sus tres niveles, y los poderes públicos no van a poder
solos, ámbitos en los que si se sigue pensando que se la
pueden seguir sobrellevando con programas de beneficio que
calman un poco el descontento social se correrá el riesgo de
llegar a una situación extrema de violencia social.
Lo digo responsablemente, el gobierno está rebasado, la
gobernabilidad depende más de factores sociales, culturales y
económicos,
que
políticos,
ahora
sí
dicho
no
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demagógicamente, el estado necesita urgentemente del
concurso de todos, la situación se va a parar solo si toda la
sociedad, gobierno y poderes públicos nos sumamos y
coordinamos.
Esperar que le vaya mal al gobierno o a los políticos para
sentenciar que se tenía la razón es tan irresponsable como la
irresponsabilidad de los políticos y gobernantes que no han
querido aceptar esta realidad de que se necesita de todos, pero
no sólo para decirlo demagógicamente sino como una impronta
ineludible.
Algo tenemos que hacer los guerrerenses por nuestro estado,
no podemos quedarnos nada más en la oferta política
buscando el voto de la ciudadanía, ni votar por tal o cual
candidato, ofertantes y votantes. A diferencia de otros tiempos,
tenemos que seguir atentos a los problemas del Estado,
buscando soluciones, pero sobre todo buscando participar en
las acciones que impliquen esas soluciones.
Vienen tiempos difíciles, la clave será no cruzarnos de brazos,
el estado ya no aguanta más una sociedad apática ni
movimientos disruptivos que sólo buscan solución a sus
propios problemas pasando por encima de la ley y de los
derechos de los demás.
Vuela vuela palomita y ve y dile: Al que quiera escuchar, que la
situación no está para acciones centralistas ni imperiales, ni
para legitimidades electorales, que la gobernabilidad del estado
dependerá de la participación y la pluralidad.
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NO ES POR EL INALI QUE SOBREVIVEN LAS LENGUAS
INDÍGENAS
Diario: El Sur (Margarita Warnholtz)
Una vez más apareció en la prensa, esta semana, una nota en
la que el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(Inali), Javier López Sánchez declara que muchas lenguas
están a punto de extinguirse. Esta vez dice que, de las 364
variantes lingüísticas 64 están en “muy alto riesgo” de
desaparición.
Desde 2003, año en que se creó el Inali, sus directores no se
cansan de anunciar cuántos idiomas originarios están en
peligro, a veces se refieren a las 100 “vulnerables a la
desaparición”, otras a las 64 en “muy alto riesgo”, a las de
menos de mil hablantes, a las de menos de 100, etcétera.
Cambia la forma de plantearlo, pero desde 2006, que he dado
seguimiento al tema, son más o menos el mismo número de
lenguas en peligro. También he visto noticias de que cada vez
más mexicanos hablan una lengua indígena (según el Inegi),
sin embargo, si se considera el porcentaje de hablantes, éste
ha disminuido. Esto quiere decir que, en sus 12 años de
existencia, el Inali ha incidido muy poco o nada en la
preservación de las lenguas.
Por otro lado, si revisamos la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, nos damos cuenta de
que muchos de sus artículos están lejos de cumplirse, es decir,
es una ley que se viola constantemente. Por ejemplo, el
artículo 10 se refiere al derecho de los indígenas a ser asistidos
gratuitamente “por intérpretes y defensores que tengan
conocimiento de su lengua indígena y cultura”. Pero resulta que
si revisamos el padrón de intérpretes acreditados del Inali, hay
muchos idiomas que no cuentan con uno solo, es decir, los
hablantes de éstas (yaqui, tepehuano de Durango, guarijío,
mayo o seri por mencionar algunas) simplemente no tienen el
mencionado derecho.
Analizando con más detalle el padrón, nos damos cuenta de
que el número de traductores por lengua dista mucho de ser
proporcional al número de hablantes de cada una, por ejemplo,
en números redondos, para 112 mil hablantes de mazahua hay
seis traductores, es decir, uno por cada 18 mil 666; en cambio
para 12 mil hablantes de pame hay cinco intérpretes, o sea uno
por cada 2 mil 400. Esto significa que no se están formando
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traductores con base en las cifras o en las necesidades reales,
sino probablemente donde sea más fácil o barato capacitarlos.
Independientemente de lo poco que ha hecho el Inali, cada vez
encuentro más iniciativas de distintos tipos, que promueven el
uso de las lenguas indígenas o las defienden, con muy poco o
ningún apoyo gubernamental. Entre ellos se encuentra un
colectivo independiente que acaba de crear un diccionario
online de wixárika (o huichol) que se puede consultar en
http://www.rutadelvenado.com/; o el señor Donato García, que
creó recientemente una aplicación para aprender mixteco en
smartphones.
Por otro lado está el trabajo de las decenas de escritores en
lenguas indígenas que hay en México, que no solamente
escriben sino que dedican gran parte de su tiempo a promover
sus idiomas; o esfuerzos como el Festival de Lenguas de
América que celebra desde hace varios años la Universidad
Nacional Autónoma de México. También hay maestros
indígenas que llevan años esforzándose por impartir una
verdadera educación bilingüe a los que nadie reconoce; o
están las radios indígenas que luchan por sobrevivir contra
todas las adversidades, que por cierto cuentan con personas
como Carlos Plascencia, que dedicó muchísimos años de su
vida a promoverlas, apoyarlas y defenderlas, cuyo reciente
fallecimiento deja sin duda un gran vacío.
No es el Inali, sino estas iniciativas, estos esfuerzos y muchos
similares, pero sobre todo los millones de indígenas que se
niegan a abandonar sus idiomas y se los transmiten a sus
descendientes, los que verdaderamente impiden que se
extingan las lenguas originarias de nuestro país.
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COMPRAS DE ARMAS: ¿PELIGRO O DESAGRAVIO?
Diario: El Sur (Jorge G. Castañeda)
La obsesión de los medios y del gobierno con la resistencia a la
reforma educativa y las travesuras de la CNTE han desplazado
de la actualidad otros temas. En particular pasó casi
desapercibida una nota publicada el 15 de junio por The
Washington Post titulada “¿Que hay detrás del frenesí de
compras militares del gobierno mexicano?”. Según el diario, en
los primeros dos años de Peña Nieto, México adquirió más de
mil millones de dólares de equipo militar oficial, desde 320
millones de balas hasta 24 Blackhawks y 2 mil 200 Humvees.
De acuerdo con un experto citado por el periódico, desde
finales de 2012 y hasta ahora, México compró un total de 3.5
mil millones de dólares de armamento, un aumento de más de
100% sobre años anteriores.
Suponiendo que esto sea cierto –el gobierno no lo ha
desmentido– las compras militares masivas, excepcionales y
aceleradas suelen tener dos explicaciones. Pueden ser
producto de la sensación o convicción de las fuerzas armadas
de un país de que enfrentan un “peligro claro y presente”, sin
contar con el armamento necesario para dominarlo. De allí el
imperativo de grandes compras con celeridad.
Es perfectamente comprensible que al llegar el nuevo equipo a
Los Pinos y a la Sedena en diciembre de 2012, se percataron
de la existencia de ese “peligro claro y presente”, y decidieron,
con razón en su caso, dotarse de los dispositivos
indispensables para enfrentarlo. Incluso uno puede entender
que no hayan informado a la sociedad mexicana de la
presencia de dicho peligro, ni de la insuficiencia de los
instrumentos con los que contaba el Estado para confrontarlo.
De ser así, tendríamos que concluir que los seis años de
guerra de Felipe Calderón contra el narco y el crimen
organizado, con sus miles de millones de dólares gastados, sus
decenas de miles de muertos y sus miles de desaparecidos…
no sirvieron de nada. El país y su ejército, marina, fuerza aérea
y policía se encontraban, en esta hipótesis, menos equipados
para ganar esa guerra en 2012 que en 2007. Grave.
La otra explicación es el consuelo. Cuando un país le vende
grandes cantidades de armas a otro, a crédito y a bajo precio, o
cuando un gobierno civil compra esas cantidades, sin que sean
realmente necesarias, la razón suele yacer en el afán de
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contentar a estamentos militares descontentos con algo.
Obama le vende, a precio de remate, cazas y tecnología
castrense a Arabia Saudita, y a los Emiratos, para endulzar la
píldora amarga de su inminente acuerdo con Irán; hará lo
mismo con Israel.
En esta hipótesis, las enormes compras de armas de los
últimos dos años en México se debieron a la exigencia de un
desagravio a las fuerzas armadas por un agravio anterior, o
vigente. No tendría nada de malo, aunque el costo es elevado.
Pero ¿cuál es el agravio? No sabemos. Más grave.
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LOS INTOCABLES
Diario: La Jornada Guerrero (EDITORIAL)
La secretaria técnica de la Red Década contra la Impunidad,
Magdalena López Paulino, colocó el dedo en la llaga: cinco
gobiernos han pasado, dos administraciones interinas y dos
partidos, el PRD y el PRI, han gobernado Guerrero y ninguno
se ha interesado en voltear sus ojos al tema de la matanza de
El Charco.
Dio a conocer que la semana pasada, una comisión de la red
con familiares de las víctimas le pidió formalmente a la OEA
que presione al gobierno mexicano para que investigue y
sancione a los responsables de la masacre ocurrida el 7 de
junio de 1998 .
A este respecto, ya la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Cidh), dependiente de la Organización de Estados
Americanos (OEA), remitió al gobierno de México este asunto
relacionado con la violación, otorgándole tres meses contados
a partir de 20 mayo pasado para que presente sus
observaciones.
Como en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de
Ayotzinapa, en el de El Charco elementos del Ejército se ven
involucrados, con la diferencia de que en el asunto de Iguala,
soldados son señalados de haber estado en el escenario del
ataque a los normalistas, en tanto que en el de Ayutla, son
acusados directamente de haber perpetrado la tortura y
ejecución de 11 indígenas.
El asunto no es de poca monta: el índice se dirige a elementos
encabezados por el comandante de la lX Región Militar,
general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Humberto
López PortilloLeal, y el comandante de la 27ª Zona
Militar, Juan Alfredo Oropeza Garnica, durante el
mandato del presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce
de León y como gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
No son los únicos sucesos en que la Federación evade
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investigar a elementos del gobierno de la República. Habrá que
recordar el referente a los dos normalistas asesinados durante
un bloqueo carretero en Chilpancingo en 2011, señalándose a
policías federales como los que dispararon las balas que
mataron a los jóvenes.
Todavía, quien entonces fuera procurador de Justicia del
Estado, Alberto López Rosas, insiste en que se investigue a
elementos de la Policía Federal, y todavía, como en las
tragedias de Iguala y Ayutla, el gobierno federal se muestra
reacio a proceder, revistiendo a sus policías y soldados de una
aureola de impunidad.
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BALCÓN. TAL PARECE QUE EL VENDAVAL DIVINO
Diario: Pueblo (Francisco S. González)
TAL parece que el vendaval divino empezó a tocar al
gobernador Rogelio Ortega Martínez y advierte con
zarandearlo de fea manera si persiste en coronar la corrupción
como política pública, en su vertiente de nepotismo y cobro de
comisiones por asignación de obras pública.
El escándalo que se manifiesta en las redes sociales a raíz de
la exhibición de un grupo extenso de los familiares de Ortega
Martínez en la nómina de gobierno, es el punta de todo aquello
que el actual mandatario estatal criticó durante su carrera como
burócrata universitario; hoy se derrota ante el erario
manoseado con impunidad y le cae en la cara del cielo su
canto de honestidad y la exhibición que gustaba hacer en
público de las corruptelas de su antecesor.
Prometió renunciar en masa a su extensa parentela como acto
de redención social. Parece que fue una manera de pretender
atajar el vendaval. Ya se verá si escapa a esa justicia.
Que Ortega Martínez no olvide que ese vendaval utilizó al PRI
para triturar la “soberbia y la mentira” perredista. Pero azotará
Guerrero noche y día, según profetiza Isaías en la Palabra de
Vida.
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PROPAGANDA VS REALIDAD
Diario: Pueblo (David Martínez Téllez)
El impuesto del 16 por ciento que se va a aplicar a partir del
primero de julio a alimentos “populares” viene a demostrar que
las campañas son promesas para que la gente otorgue un
cheque en blanco al ganador. En este caso al PRI.
En este momento recuerdo dos frases que utilizaron los
estrategas del PRI para “persuadir” y/o “convencer” a la grey
social. Transformemos a México y el PRI logró bajar la tarifa de
la luz. El objetivo de la publicidad en general fue “vender la idea
de que este partido ofrecería un mejor futuro para los
mexicanos”.
Y como el PRI fue el ganador en los resultados electorales,
entonces se puede decir que fue un éxito el recurso de las
frases.
El PRI ganó gubernaturas que estaban en la oposición (caso
Guerrero) y retuvo seis de las nueve en disputa. Logró
conservar mayoría simple en la Cámara de Diputados federal.
Le fue bien, a secas.
Después de conocer los resultados y con ello el poder “que le
otorgó la ciudadanía electoral”, el PRI junto con sus aliados
aprobaron la aplicación del IVA -16 por ciento- a alimentos
considerados populares.
Un duro golpe a la economía familiar. Y la transformación de la
esperanza a la realidad. Y la apuesta del PRI, otra vez, es al
olvido de la sociedad ante el pago de otros –muchosimpuestos de aquí al 2018.
Pero he aquí que la gente, por lo menos del Distrito Federal, no
olvidó el incremento al precio del Metro y con su voto castigó al
PRD.
El gobierno puede argumentar que requiere más recursos, es
en este nivel que aplica otros impuestos. Y la única salida
saludable para el PRI que se encuentra en el poder, es que
regresen esos recursos en mejora de servicios.
Si la gente percibe mejores servicios públicos, júrelo que el PRI
conservará el poder en 2018 porque efectivamente se
“transforma” para tener un mejor futuro.
Sin embargo, si construyen el cochinito con esos impuestos
para instigar al electorado, tendrán el certificado de atesorar el
poder, pero no de ser el partido que construye ciudadanía
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COYUNTURAS POLÍTICAS.
CONTIENDA EN TIXTLA?
Diario:Pueblo (Rafael Solano)
¿CONVIENE
UNA
NUEVA
Casi al mismo tiempo que circuló la información que el Tribunal
Electoral del Estado podría fallar a favor de nuevas votaciones
en respuesta a las impugnaciones de Morena y PRD (el partido
del sol azteca al final se unió), comisarios del municipio de
Tixtla se movilizaron a la capital de la entidad para
manifestarse en contra de la celebración de elecciones
extraordinarias.
En conferencia de prensa donde aseguró exponer el parecer
unánime de una docena de autoridades comunitarias, Agustín
de la Cruz Reyes, de El Durazno, informó que han tomado la
decisión de exigir que se respeten los resultados de la elección,
debido a que no hay condiciones de paz para que se repitan
los comicios, en caso de que el TEE así lo determinara. Como
es del conocimiento generalizado, durante la jornada electiva
del domingo 7 de junio, 24 casillas fueron sustraídas y
quemadas por maestros de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) y estudiantes
de Ayotzinapa, acatando el acuerdo que ellos mismos tomaron
de sabotear los comicios.
Lo pertinente sería que las autoridades electorales fallaran las
impugnaciones tomando en cuenta lo que dicen los comisarios.
¿Para qué alterar la paz, dando un motivo y/o pretexto para
que los incineradores de urnas reaparezcan?
PASANDO A UN TEMA CERCANO, hubo tranquilidad en la
jornada electoral a pesar del oscuro panorama que se advertía
en vísperas del arranque de campaña y durante la etapa de
campaña.
De aquí a que asuma el nuevo Ejecutivo estatal, alcaldes y
diputados locales hay algunos meses de distancia y aunque de
parte del gobernador sustituto ha iniciado el proceso de
entrega-recepción para que no haya contratiempos en el
cambio de estafeta gubernamental, la violencia criminal que no
cesa y escándalos mediáticos distraen la atención.
Como suele pasar cuando se genera gran expectativa durante
la contienda electoral, diversos sectores ciudadanos quisieran
que arrancara de manera anticipada el nuevo gobierno que
esta vez, por primera vez en la historia reciente, inicia al mismo
tiempo luego de una serie de reformas constitucionales para
empatar comicios.
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