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Transcripción

Feijóo el TRILERO de Galicia
Alberto Núñez Feijóo nace en Orense allá por el año 1961.En Santiago de Compostela estudia
Derecho. No se lo piensa dos veces y prepara las oposiciones de funcionario de la Xunta de Galicia. Su
suerte cambia cuando en septiembre del 1991 se cruza en un pasillo con un genovés de postín, el
veterano José Manuel Romay Beccaría, titular de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. De
mutuo acuerdo le nombra Secretario General.
En 1996, tras la victoria de Aznar, como otros muchos genoveses se traslada a Madrid para formar parte
del nuevo gobierno. En el sorteo llevado a cabo en la sede nacional de Génova 13, Alberto fue agraciado
con el nombramiento retribuido de Secretario General de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de
Sanidad y Consumo, cuyo titular era casualmente , el mismo genovés con el que se había cruzado
años antes en un pasillo : Romay Beccaría, y ese mismo año, dicho y hecho y pasó a convertirse en el
nuevo Presidente del INSALUD.
Pero Alberto es un genovés inquieto y con ganas de ascender así que entre mayo de 2000 y enero de
2003 pasó a ejercer la Dirección de la entidad pública estatal Correos y Telégrafos. Con un cierto olfato
de superviviente en el año 2003 regresa a Galicia para formar parte del Gobierno de la Xunta que
preside Manuel Fraga Iribarne.El 18 de enero fue nombrado Consejero de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda y un año después se convirtió en Vicepresidente primero.
Después de que Manuel Fraga en las elecciones del 2005 se quedara descompuesto y sin su Xunta tras
la formación de un gobierno formado por el PSOE-BNG , Alberto tiene que buscarse la vida y para ello
se agarra al escaño autonómico y desde allí entrar en las guerras internas entre genoveses varios.
Finalmente resulto vencedor, siendo elegido a principios de 2006 presidente del Partido Popular de
Galicia. Desde entonces no ha parado de hacer gestos de sumisión debida a su presidente del partido, el
inefable de Mariano Rajoy.
En las elecciones autonómicas, celebradas el 1 de marzo de 2009, con buenas dosis de marrullería y
gracias también a " los méritos " de la coalición PSOE-BNG, logra la victoria por mayoría absoluta (38
escaños). Mayoría que vuelve a obtener el 21 de octubre del pasado año tras la disolución anticipada del
Parlamento regional.
Alberto formalmente tiene pareja desde hace ocho años. La susodicha es la periodista Carmen Gámir a
la que ha colocado amistosamente a varios cientos de kilómetros con la Secretaria de Estado de
Presupuestos, casualmente ex Consejera de Hacienda de su gobierno. Con el tiempo, los que le
conocen sostienen que cada día es más católico, apostólico y romano
Sus promesas electorales , provocan las risas de personal, sobre todo entre los caciques
genoveses que pululan por su Partido y que siguen esperando que cumpla con su anuncio según el
cual iba acabar con ellos y con sus asimilados. Tiene ya un buen número de imputados dando vueltas
por los juzgados y aunque en ocasiones ha intentado disimularlo es un genovés de pura cepa que según
pasa el tiempo se está fusionando con las peores artes de sus mayores.
Y para acabar de rematar su trayectoria no está de mas recordar el lío en que se ha metido últimamente
con motivo de la publicación de unas fotografías personalizadas en las que aparece hermanado
con uno de los mayores narcotraficantes de Galicia y sus alrededores : Marcial Dorado que en
estos momentos está una condena de 14 años por narcotráfico. En esta ocasión, visto como
evolucionan los acontecimientos, el trilero de Feijöo puede acabar fuera del largo pasillo genovés que
tantas alegrías le ha venido dando en los últimos años. Así dicen que piensan y lo desean por este
orden, la repipi de la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el no menos cursi de Ruiz Gallardón y en
diferido la maltrecha Cospedal. .
LAS OTRAS 'AMISTADES PELIGROSAS' DE FEIJÓO AMENAZAN SU ASCENSO HACIA
LA CÚSPIDE DEL PP
El empresario Gerardo Crespo reconoce a 'Público': “Hice donaciones en el despacho de Luis
Bárcenas, en el de Romay Beccaría y en el de Carlos Negreira, alcalde de A Coruña”. Por su
parte, el presidente gallego "dejó de cogerme el teléfono un mes después de que me lo hubiera
pinchado la UDEF".
El Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE presentó esta semana una moción en el Parlamento
autonómico solicitando, por enésima vez, la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo para que
explique los diferentes supuestos de corrupción en los que está inmerso el PPdG. Y que, en
muchos casos, implican directamente a amigos o personas cercanas al presidente gallego. Las
amistades peligrosas de Feijóo. La mayoría absoluta del PP echó por tierra la iniciativa.
Por supuesto, durante el debate tuvo Feijóo que escuchar reiteradamente el nombre de su amigo
más peligroso, el narcotraficante arosano Marcial Dorado, condenado hace apenas un mes a seis
años de cárcel y a pagar 21,5 millones de euros por lavar dinero de la droga. En el decorado de
este proceso, celebrado en la Audiencia Nacional, ocupan lugar de honra dos hermosos barcos,
pertenecientes a la flotilla que la Audiencia confiscó al contrabandista tras la sentencia.
Gerardo Crespo: "Fraga era una persona estupenda. Soy afiliado desde cuando el PP era AP, a
los 18 años”
El Menkalina tiene 12 metros de eslora y, a bordo de él, Dorado y Feijóo surcaron las aguas
arosanas en 1995, durante unas vacaciones en las que ambos compartieron el chalet del narco. A
bordo del Oratus, el hoy presidente gallego y posible aspirante a suceder a Mariano Rajoy al
frente del PP nacional, disfrutó de la calma de las mareas ibicencas en 1997.
Ambas naos estaban patroneadas por el también narco José Antonio Devesa, condenado a 11
años de cárcel por un alijo de 4.000 quilos de cocaína que transportaba en 2003. En aquellos
años, Dorado ya había sido portada de los periódicos regionales por su detención en el curso de
la Operación Nécora contra el narcotráfico, aquella que encumbró a Baltasar Garzón a la
categoría de juez estrella. Y todo el mundo en Galicia sabía quién era y a qué se dedicaba
Marcial Dorado. Exceptuando, al parecer, a Núñez Feijóo.
Pero estos días afloran otras presuntas amistades peligrosas del político orensano. Ocupa podio
destacado, entre ellas, el nombre de Francisco Ramón Pachi Lucas, apodado El conseguidor por
su habilidad al abrir puertas de la administración para facilitar adjudicaciones públicas. Su ex
jefe, Gerardo Crespo, lo confirma en conversación telefónica con Público. Crespo y su padre,
además, también eran amigos de Feijóo. Y, antes, de Manuel Fraga: “Una persona estupenda.
Soy afiliado desde cuando el PP era AP, a los 18 años”.
Ahora Crespo es investigado como principal cabecilla de una presunta trama de cursos falsos
para autónomos y discapacitados. La Operación Zeta. Tras pinchar su teléfono la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su facturación con la Xunta pasó de
1.900.000 euros en 2012 a 36.000 euros el año siguiente. Hoy asegura estar arruinado y no haber
cometido ningún fraude.
Crespo pagaba al conseguidor Pachi Lucas 3.000 euros mensuales, por transferencia bancaria.
“Yo a Feijóo lo conozco desde siempre. Desde que llegó a Galicia. A Pachi Lucas lo escogí
porque me parecía la persona adecuada. Si luego él se basaba [para conseguir contratos] en sus
amistades, es algo que contaré con calma. Pero no es un problema mío”, señala tras ser
preguntado acerca de si la amistad de Lucas con Feijóo pudo haber influido en las adjudicaciones
de la Xunta a su empresa Azetanet.
También sugiere que Feijóo pudo haber sido informado de su pinchazo telefónico cuando la
investigación era aún secreta y Crespo desconocía estar siendo vigilado: “Feijóo me dejó de
coger el teléfono a primeros de febrero de 2012 [un mes después de pinchar la UDEF su
teléfono]. También Pachi Lucas me dejó de coger. Yo me di cuenta de que algo pasaba. Ellos se
enteran de que estaba siendo investigado y se desmarcan”.
"Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero ganáramos, mejor"
De la buena relación de Lucas con Feijóo también dice tener constancia. “Yo soy consciente de
que Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero ganáramos,
mejor. Son frases de Feijóo a Lucas que Lucas me transmite a mí, y que han desaparecido de las
grabaciones del sumario”. Otra vez documentos desaparecidos. Según estas interesadas fuentes.
Había ocurrido ya cuando desaparecieron, a causa de una inundación, los contratos de la Xunta
con el narcotraficante Dorado cuando fueron solicitados por la oposición.
–Tengo que hacerle una pregunta muy directa, pero no se ofenda, señor Crespo –dice el
periodista–. ¿Financió usted de alguna manera al PP?
–En el sumario consta que di aportaciones económicas al PP. No las niego. Las di.
–¿Lo hizo por transferencia?
–No. Hice donaciones en el despacho de Luis Bárcenas y tengo testigos. Y también a José
Manuel Romay Beccaría cuando era tesorero [tras la defenestración de Bárcenas; Romay fue el
gran valedor político de Núñez Feijóo, y actualmente preside el Consejo de Estado]. Y, por
supuesto, también hice donaciones a Carlos Negreira [alcalde popular de A Coruña].
Feijóo negó conocer al que había nombrado responsable de uno de los departamentos más
importantes de su consellería tras destaparse su implicación en la Gürtel
Gerardo Crespo y Pablo Crespo no tienen nada que ver, a pesar de sus apellidos coincidentes. Si
Gerardo está siendo investigado en la Operación Zeta, el otro es uno de los más rutilantes
imputados de la Gürtel: Pablo Crespo era el número dos de Francisco Correa, para ser exactos. Y
Pablo Crespo es otro de los grandes amigos peligrosos de Núñez Feijóo. De hecho, tras su
nombramiento como conselleiro de Obras Públicas en 2003, en el último gobierno gallego de
Manuel Fraga, Feijóo nombró a Pablo Crespo miembro del consejo de Puertos de Galicia.
Pero, tras destaparse la implicación de Crespo en la trama Gürtel, Feijóo negó conocer a aquel a
quien había nombrado responsable de uno de los departamentos más importantes de su
consellería.
En ese mismo consejo, el entonces flamante conselleiro Feijóo integra también a Carlos
Negreira, actual alcalde coruñés y ya citado en este reportaje como receptor de donaciones
ilegales del otro Crespo, Gerardo.
Al banquero venezolano Escotet se le vendió Novacaixagalicia por mil millones tras ser
rescatada por el Estado por 9.000
La última amistad peligrosa conocida de Feijóo se llama Juan Carlos Escotet, y es un banquero
venezolano al que se le vendió Novacaixagalicia por 1.000 millones de euros cuando su rescate
le había costado al Estado español 9.000. El Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria
(FROB) reconoció ese sustancioso décalage de 8.000 euros como una pérdida. Feijóo admitió en
sede parlamentaria haber sido uno de los principales actores de esta venta, en contacto directo
con el banquero venezolano. Escotet regresó a la actualidad internacional estos meses porque su
nombre figura en la lista Falciani.
“En torno a este hombre pasan cosas muy curiosas”, resume la diputada socialista gallega
Marisol Soneira. “Este hombre tiene amigos muy peculiares”.
De momento, en el PP aún se especula con el nombre de Núñez Feijóo como posible cartel
electoral en las generales, en caso de debacle municipal y autonómica de las huestes de Mariano
Rajoy. Feijóo tiene tiempo para meditarlo. No está obligado a convocar autonómicas hasta otoño
de 2016. Pero hay que pensar en un posible adelanto según lo que ocurra en las municipales,
confirman fuentes del PP gallego.
En política, si pierdes un amigo pierdes un voto. Pero si pierdes un amigo peligroso, como los de
Feijóo, puedes perder más
http://www.publico.es/politica/otras-amistades-peligrosas-alberto-nunez.html
LA OPOSICIÓN EMPLAZA A FEIJÓO A QUE ACUDA YA A LOS TRIBUNALES
Los grupos exigirán de nuevo los contratos con Dorado
La amenaza del presidente de la Xunta de acudir a los tribunales para defenderse de las
acusaciones por su vieja relación con el contrabandista Marcial Dorado no parece que haya
intimidado a la oposición. Es más, los grupos parlamentarios que no apoyan al Gobierno
coincidieron ayer en el emplazar a Alberto Núñez Feijóo a que acuda a los tribunales porque
entienden que sería una manera de aclarar las zonas de sombra sobre ese asunto que ni el
presidente ni su Gobierno han logrado despejar. La oposición también ha advertido de que
volverá a la carga para que se le permita el acceso a los contratos de los hospitales públicos en
los años noventa, cuando Feijóo dirigía el Sergas y frecuentaba la compañía de Dorado.
“Usaremos todos los recursos parlamentarios” para conseguir esa información, anunció el
portavoz socialista, Abel Losada.
El principal destinatario de la amenaza de Feijóo, Alternativa Galega de Esquerdas (AGE),
replicó al presidente con actitud desafiante. “Que nos lleve ya a los tribunales. Así nos hará la
próxima campaña electoral”, declaró su viceportavoz, Yolanda Díaz. Lejos de dar un paso atrás,
el líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, manifestó que “el que debería estar encausado es Feijóo”
y que si es cierto, como dice el presidente, que se han hecho desaparecer los contratos de la
Xunta anteriores a 2003, eso constituiría “un delito”. “Es él quien está insultando
sistemáticamente a los cientos de miles de ciudadanos que no le votaron, quien está faltando
absolutamente a los derechos parlamentarios de la oposición”, concluyó Beiras.
La oposición insiste en las contradicciones de la Xunta, que por un lado deja caer que la
documentación ya no existe y por otro alega que no puede enviar los contratos de los hospitales
de los años noventa porque la magnitud de esa documentación la hace “inmanejable”. El
socialista Losada considerá “absolutamente inexplicable” que se nieguen los papeles al
Parlamento, convertido, según el PSdeG, “en un plató de televisión para exhibir los trucos de
propaganda” del PP. “Feijóo tiene todo el derecho del mundo a querellarse contra quien
considere, pero lo que debe hacer es contestar a las preguntas en el Parlamento”, insistió Losada.
Los socialistas estudiarán la próxima semana los mecanismos legales para intentar que la Xunta
se avenga a mostrar los documentos que le han pedido. También el BNG seguirá por ese camino,
según apuntó su líder, Xavier Vence, quien además comparte la opinión de que judicializar el
asunto contribuiría a que Feijóo tuviese que dar explicaciones. “Sería una buena manera de que
el presidente aclare su historia y los ciudadanos tengan más información de las relaciones del PP
con el narcotráfico en los años ochenta y noventa”, apuntó Vence. El líder nacionalista coincide
además en que la ley no ampara la destrucción de contratos cada diez años, como asegura Feijóo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/galicia/1368814663_611372.html
FEIJÓO REVELA QUE LA XUNTA NO CONSERVA LOS CONTRATOS DE DORADO
ANTERIORES A 2003
AGE pregunta al presidente si dio órdenes de que no se le hiciera la autopsia al amigo que le
presentó al narco.
Las preguntas al presidente de la Xunta esta mañana en el Parlamento eran claras y directas: ¿a
qué cree usted que se dedicada profesionalmente su íntimo amigo Manuel Cruz, testaferro de
Marcial Dorado?; ¿es verdad que en 1999, cuando murió Cruz en un accidente calificado de
“extraño” por la prensa, llamó al Sergas para que no se le practicara la autopsia? Alberto Núñez
Feijóo no ha osado contestar las cuestiones planteadas por la viceportavoz de Alternativa Galega
de Esquerda, Yolanda Díaz, ni siquiera vagamente. “Habla de un muerto”, se ha limitado a
afirmar el líder del PP gallego en referencia a Cruz, el amigo que le presentó a Dorado y que en
los años noventa lo introdujo en el círculo de fiestas y vacaciones del afamado contrabandista.
“¿Para qué? ¿Para que lo defienda su familia de injurias, calumnias, autopsia…?”.
Díaz ha asegurado que en Ferrol “todos sabían que Cruz se dedicaba al narcotráfico”, que era
miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey, un grupo parapolicial y ultraderechista que actuó
durante el final de la dictadura franquista y los primeros años de la Transición, y que andaba con
pistola. Feijóo ha optado por consumir su tiempo de réplica acusando a AGE de decir
“barbaridades envuelto en la inmunidad parlamentaria” y de ser una formación “violenta”. “Se
puede hablar con el BNG y el PSdeG, pero es imposible hablar con los que no quieren más que
violencia y puñetazos”, ha añadido.
Y al calificar la viceportavoz de AGE de “trapallada” el documento facilitado por la Xunta con
un listado de los contratos adjudicados a empresas de Dorado tanto por los gobiernos del PP
como por el bipartito, Feijóo ha revelado que se trata simplemente de una enumeración de
órdenes de pago porque los expedientes anteriores a 2003 han sido destruidos. El presidente ha
explicado ahora que ley solo obliga a las Administraciones a guardar esa documentación durante
diez años y que él solo se puede comprometer a facilitar “todos los rastros de pagos” que
encuentre su equipo. Díaz le ha pedido que al menos entregue documentos certificados por
funcionarios y que no envíe, como hará mañana en una Comisión de Sanidade, a cargos
designados por él a dar las explicaciones. “No queremos políticos, sino funcionarios que
certifiquen que usted dice la verdad”, ha añadido la diputada de AGE.
El debate sobre el caso Dorado ha vuelto a llevar la tensión al hemiciclo, de nuevo con el
protagonismo del líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, quien, cuando Feijóo estaba respondiendo
al secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, le ha espetado desde su escaño: "Es usted un
chulo de barra americana".
FEIJÓO CULPA A LA OPOSICIÓN DE QUE NO MUESTRE LOS CONTRATOS CON
DORADO
El presidente promete detallarlos “de inmediato y céntimo a céntimo”
Han pasado 15 días desde que Alberto Núñez Feijóo reconociese tácitamente ante el Parlamento
gallego que empresas de su antiguo amigo contrabandista Marcial Dorado recibieron ayudas y
contratos de la Xunta. Desde entonces, el presidente gallego solo ha desvelado una
compensación de 120.000 euros que el bipartito otorgó en 2007 a una firma de Dorado, dentro
del paquete de indemnizaciones por los daños de los temporales en la comarca de Arousa. Feijóo
ha divulgado esos datos en el Parlamento y en comparecencias ante la prensa, pero sigue sin
detallar los contratos durante los Gobiernos de Fraga, en los que el actual presidente ocupó
diversos altos cargos. Ayer prometió que lo hará “de inmediato” y “céntimo a céntimo”, y
justificó el retraso echándole la culpa a la oposición.
Feijóo aseguró que iba a facilitar esos datos en su tormentosa comparecencia parlamentaria del
pasado miércoles, en la que Alternativa Galega de Esquerda (AGE) le preguntaba expresamente
por esa cuestión, pero alegó que el incidente con el líder de esa formación, Xosé Manuel Beiras,
no se lo permitió. “No me dejaron”, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal
del Consello de la Xunta. “No pude seguir contestando porque un diputado [Beiras] vino a mi
escaño y, además de decirme cosas interesantes, dio puñetazos encima”, se justificó Feijóo. Lo
cierto es que el incidente con Beiras fue anterior a la pregunta de la viceportavoz de AGE,
Yolanda Díaz, a la que el presidente se negó a contestar alegando que no lo “merecía” por no
haber pedido disculpas ante la actitud de su jefe de filas.
Feijóo tenía otra oportunidad ayer para divulgar esos datos a la prensa en su comparecencia tras
el Consello —como, de hecho, hizo dos semanas antes con la indemnización del bipartito— pero
tampoco la aprovechó. Y eso que, según aseguró, es “el más interesado” en que se conozcan para
probar que él personalmente “ni firmó ni adjudicó” ningún contrato a esas empresas en las que
otro amigo suyo, el fallecido chófer de conselleiros de la Xunta y militante del PP Manuel Cruz,
figuraba como testaferro del contrabandista y narcotraficante. “Lamento decepcionar a algunos,
pero la realidad es lo suficientemente contundente”, señaló.
Que Feijóo no adjudicase personalmente ningún contrato ni ayuda no significa que no los haya.
Ni siquiera en la Consellería de Sanidade a partir de 1995, cuando el actual presidente era
secretario general de ese departamento y empezó a pasar su tiempo de ocio con Dorado. Este
periódico le preguntó si hubo alguna relación económica de las empresas del contrabandistas con
Sanidade durante esa época, y el presidente insistió: “Yo ni firmé ni adjudiqué”. ¿Pero hubo
algún contrato de Sanidade aunque él no lo firmara?. “Lo detallaremos consellería por
consellería”, se limitó a contestar. ¿Y cuándo?. “Supongo que de forma inmediata, sobre todo si
me dejan trabajar con normalidad”. Los datos, explicó, los enviará por escrito al Parlamento y a
los medios de comunicación.
Por lo demás, el presidente volvió a extenderse sobre la bronca del pasado miércoles en la
Cámara autónoma, de la que responsabilizó en exclusiva a la oposición. Pese a todo, después de
los durísimos ataques que dirigió a todos sus rivales en el Parlamento para evitar responder a sus
preguntas, ayer adoptó un tono más conciliador e incluso evitó sumarse a la solicitud de dimisión
de Beiras planteada por su grupo parlamentario. “Seguro que podemos discrepar. Escucho con
frecuencia descalificativos gravísimos que estoy dispuesto a aceptar, pero puños y manotazos,
no. Conmigo que no se cuente para esa práctica antiparlamentaria”, comentó. “El Parlamento es
el lugar de la palabra. Lo contrario es un debate de puños y manotazos”, insistió.
Un periodista le recordó que cuando él era vicepresidente de Manuel Fraga aplaudía las lágrimas
de este, mientras que el pasado miércoles ironizó sobre las de Beiras. Feijóo mostró su respeto
por las emociones de la gente, pero argumentó que lo que había hecho el líder de AGE fue
“emocionarse y criminalizar”
“Macarra”, “infame” y “provocador”
La bronca continuó ayer, pero ya fuera del hemiciclo. Esta vez los mensajes se intercambiaron a
través de los medios y hubo palabras muy duras para Feijóo. La mayor, de la viceportavoz de
AGE en el Parlamento, Yolanda Díaz, quien no se anduvo con rodeos y tildó al presidente de la
Xunta de “macarra”.
El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, elegió el calificativo “infame”. Es el juicio que le merece,
explicó Vázquez, que Feijóo se hubiese dedicado a “ridiculizar la emoción de Beiras”. El
dirigente socialista no justificó la reacción del líder de AGE, pero acusó al presidente de acudir
al Parlamento con intenciones de “provocación”. “Es de una falta de sensibilidad absoluta poner
en evidencia y ridiculizar a una persona que se emociona, o llora, cuando recuerda a un familiar
o un amigo que falleció”. Las lágrimas de Beiras, hace 15 días en el Parlamento, fueron cuando
evocó a un familiar muerto por la droga. “Eso no se le hace a nadie, no está en el canon del
debate político. ¿No se acuerda de que Fraga lloraba cada vez que abría la boca?”, insistió
Vázquez, quien señaló que el presidente del Gobierno tiene la “obligación moral y legal de
contestar y decir la verdad”. “Pero eso Feijóo lo tiene prohibido”, apostilló.
“Tiene una actitud macarra... Es un macarra”, afirmó, por su parte, Yolanda Díaz. “Cómo trata la
gente, cómo la insulta...” . Al igual que los demás dirigentes de la oposición, la viceportavoz de
AGE y coordinadora deeEsquerda Unida entiende que Feijóo ha pervertido las sesiones
parlamentarias de control al presidente porque este las usa para atacar a la oposición. “Él no
contesta, no cumple con el rol de esas sesiones”, señaló Díaz, quien interpretó la actitud de
Feijóo como un intento de ocultar que no estaba respondiendo a las preguntas sobre sus
relaciones con Dorado. “Sabía que le estábamos metiendo el dedo en el ojo”, indicó.
Tras conocer las palabras de Díaz, el presidente de la Xunta ironizó: “La opinión de la lideresa
de AGE es clarificadora sobre el respeto, la mesura, la racionalidad y las ideas tan sesudas en las
que basa ese grupo su proceder parlamentario”.
ROMAY BECCARÍA: “YO TAMPOCO CONOCÍA A MARCIAL DORADO, NO SABÍA NI
QUE EXISTÍA”
El exministro asegura que "no es una buena noticia" que los extesoreros del PP estén imputados
“Yo tampoco sabía quién era Marcial Dorado, estoy diciendo la verdad, yo tampoco sabía”. A
José Manuel Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado, exministro de Sanidad y
mentor político del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, incluso se rió esta mañana al
asegurar su total desconocimiento, a mediados de la década, de la existencia del que era ya
entonces conocido contrabandista de Arousa, luego reconvertido en narcotraficante. Y “tampoco
sabía” Romay, insistió, que Feijóo, su segundo en la Consellería de Sanidade, mantenía en aquel
momento una estrecha relación con Dorado, con el que acudía a viajes y fiestas.
El presidente del Consejo de Estado, en un desayuno informativo organizado por la Asociación
de la Prensa de A Coruña, se explayó en defender “la conducta intachable y honradez
probadísima” de Feijóo. “Seguro que hizo las cosas como explica, y que en cuanto supo que esa
persona pudo tener algún tipo de problema, sin que se lo pidiera rompe con esa relación con
absoluta libertad”. Para Romay, toda la polémica tras la publicación de las fotos de Feijóo con
Dorado son “insidias” que no afectarán la carrera política del presidente del Gobierno y el PP
gallegos. “La gente lo entenderá y permanecerá, sobre estos episodios, su excelente ejecutoria,
seguro que no hizo ninguna irregularidad”, remachó.
Fue precisamente de la mano de Romay Beccaría, entonces uno de los principales barones del PP
gallego que presidía Manuel Fraga, que el ahora titular de la Xunta inició su trayectoria política,
primero como segundo de la Consellería de Sanidade y luego cuando fue ministro, al frente del
antiguo Insalud. El responsable del Consejo de Estado, que mantiene intacto su “concepto
maravilloso” sobre Feijóo, insistió en no tener “ninguna información” sobre la relación personal
y política que tenía su protegido con Marcial Dorado, ahora en prisión por narcotráfico. “Estoy
diciendo la verdad” aseguró ante la expresión de sorpresa que causó entre periodistas su
afirmación de que “ni siquiera” sabía quién era esa persona ya muy conocida en Galicia por
aquel entonces, cuando arreciaban las protestas de madres contra la droga también contra este
contrabandista que ya había sido dos veces detenido –aunque luego liberado sin cargo- en el
marco de operaciones contra el narcotráfico. Dorado conoció a Feijóo por medio de Manuel
Cruz, ya fallecido, que además de chófer de destacados dirigentes del PP gallego, entre ellos
Romay cuando era conselleiro, era testaferro del contrabandista-narcotraficante y conocido
militante en Ferrol del partido que presidía el ahora presidente del Consejo de Estado.
Feijóo oculta, por el momento, los contratos que la Xunta de Fraga concedió a empresas de
Dorado, también durante los años en que Romay era conselleiro y él su segundo. “No tengo
ninguna información”, aseguró igualmente Romay al ser preguntado al respecto.
FEIJÓO OCULTA LAS AYUDAS QUE LA XUNTA DE FRAGA CONCEDIÓ A MARCIAL
DORADO
El narco cobró 125.000 euros de un programa de indemnizaciones por los daños del temporal en
Arousa durante la etapa del bipartito
Feijóo ha optado por la estrategia de la dosificación de datos sobre su relación personal y política
con el contrabandista reconvertido en narcotraficante, y actualmente en prisión, Marcial Dorado.
Pese a que la conoce, Feijóo no desvela, al menos por el momento, la cantidad de dinero que los
gobiernos de la Xunta presidida por Manuel Fraga (en los que él era número dos de la
Consellería de Sanidade en la misma época en la que viajaba con Dorado y acudía a las fiestas
que este organizaba) pagaron por contratos con sus empresas.
El presidente gallego se presenta como víctima y mientras se aferra al goteo informativo sobre
los datos que le conciernen a él, dispara contra la oposición: “La mayor ayuda pública” del
Gobierno autónomo que recibieron empresas de Dorado “asciende a 125.000 euros y se
corresponde con fondos solidarios por daños producidos en instalaciones de sus empresas”, se
defendió ayer con el ataque en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de
la Xunta, señalando al bipartito que, en el año de inundaciones en Arousa de 2006, otorgó esa
indemnización.
“No pongo en cuestión la legalidad” de las ayudas, precisó Feijóo. Las compensaciones entre las
que se incluía la de Dorado fueron concedidas al amparo de un decreto de “medidas urgentes
para reparación de los daños” causados por las inundaciones de 2006 que anegaron un
aparcamiento subterráneo ubicado en Vilagarcía propiedad de una empresa del narcotraficante.
El conselleiro de Presidencia durante el gobierno del bipartito, el socialista José Luis Méndez
Romeu, asegura que estas ayudas se conceden a empresas que están al corriente de sus
obligaciones con la Administración “y no se les pide la relación de accionistas”. “Pero no se
juzga esto”, matiza Méndez Romeu, sino si en la amistad que Feijóo mantenía con el
contrabandista Dorado “había algo más que benevolencia; algo como, por ejemplo, contratos
interesados relacionados con las compras de gasóleo a Dorado para los hospitales gallegos”.
Pero mientras tanto, Feijóo dispara contra la oposición y huye del dato de los contratos que la
Xunta a la que él pertenecía, en la época de los viajes y las fiestas con el entonces contrabandista,
firmó con sus empresas. El presidente ofrece a cambio la cifra de 5.000 euros que, según
asegura, la Xunta pagó entre 2009 y 2013 a la empresa de su examigo de ocio “por una
contraprestación de servicios” relativos a la compra de efectos navales. “Vamos a dar todas las
facturas y datos de subvenciones”, prometió ayer con un pie en el avión que lo llevaba a México,
donde respirará durante una semana lejos de la “hipocresía política” de la que acusa a la
oposición por exigirle explicaciones.
“Yo nunca puse en duda la legalidad de las ayudas y subvenciones del bipartito” a las empresas
de Dorado, preparó el terreno Feijóo para concluir que lo que sí cuestiona es “la hipocresía de
PSOE y BNG”, que no le creen.El presidente intentaba evidenciar con la divulgación de esta
indemnización que PSdeG y BNG no están legitimados para reprocharle a él que “no supiera”
hace 18 años que “Marcial Dorado iba a convertirse en narcotraficante” y que, “cuando ya lo era
y estaba condenado y en la cárcel” la “misma oposición” le hubiese concedido la indemnización
a su empresa afectada por las inundaciones. Ayer, en la comparecencia ante los periodistas,
mostró su malestar con la actitud de PSdeG, AGE y BNG en su comparecencia parlamentaria e
instó a los periodistas a que visionen el vídeo de esa sesión para contemplar con claridad “las
entrañas de los portavoces de la oposición” en contraposición a las suyas.
“Con tanta hipocresía es comprensible que los ciudadanos no crean en los políticos”, protestó. En
su opinión la desafección de los ciudadanos con los representantes públicos “está ganada a pulso
por algunos” de ellos, en clara alusión a los portavoces de la oposición y en especial al del
PSdeG, Pachi Vázquez. “Cuando un portavoz es capaz de decir que no se reunió conmigo y me
propuso un pacto de silencio sobre el caso Campeón, no se puede tomar en serio a esa persona”,
acusó.
Feijóo está muy molesto.“No voy a hacer una segunda comparecencia”, replicó cuando en la
rueda de prensa de ayer se le formularon preguntas relacionadas con los contratos que la Xunta
firmó con empresas del contrabandista-narcotraficante. El presidente quiere dar carpetazo cuanto
antes al desgaste que conlleva la política de transparencia informativa y protesta porque se le
están requiriendo explicaciones “por unas fotos del siglo XX cuando yo tengo el compromiso de
dedicarme a los asuntos del siglo XXI y lo voy a hacer con toda la intensidad con la que lo he
venido haciendo hasta ahora”. Mientras tanto se compromete, “como no podía ser de otra
forma”, a remitir a la Cámara gallega “todos los datos cuando se nos soliciten”.
EL JUEZ VÁZQUEZ TAÍN ARREMETE CONTRA EL MINISTRO DEL INTERIOR
El magistrado aseguró que fue la policía la que le pidió que hablara de las fotos de Feijóo, algo
que desmintió Fernández Díaz
El juez José Antonio Vázquez Taín ha afirmado que "solo" conoce a los policías con los que
"todos los días" se enfrenta "a un riesgo" y se juega "la vida por intentar que en este país haya
menos narcotráfico", al tiempo que ha asegurado que no conoce ni al ministro de Interior ni al
director general de la Policía. Vázquez Taín, quien recordó la reciente desarticulación de una
mafia búlgara dedicada al narcotráfico, destacó que "todos los días" habla "muchas horas" con
"muchos policías". "Esa Policía con la que yo trabajo, con la que estoy en el frente, es a la que yo
le digo la Policía", ha señalado.
"Desde luego no he hablado con el ministro, al que no conozco, ni he hablado con el director
general de la Policía, al que no conozco", aseguró, preguntado por las declaraciones del titular de
Interior en las que aseguraba que desde su departamento no se pidió a Taín que hablase sobre las
fotos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con Marcial Dorado, condenado por
narcotráfico. El juez, quien defendió ser un "profesional" en su trabajo, destacó que "cualquier
persona" que lo conozca "se imaginará que trabaja con Policía". "Ésa es la única Policía que me
importa y cuyo pensamiento, forma de vivir y forma de trabajar a mí me preocupa. Los demás no
me preocupan porque no tengo contacto con ellos", insistió, al tiempo que, tras incidir en que no
conoce al ministro, estimó que la respuesta que éste dio en el Congreso "es lógica".
En cuanto a las fotos de Feijóo y Dorado, mantuvo que no va a decir "nada" sobre ellas y que lo
único que ha apuntado al respecto es que, en los registros efectuados en las investigaciones, no se
las llevaron porque no se consideraron "relevantes". "Dicho esto cada uno es muy maduro, yo
creo en la madurez del espectador, con eso es suficiente y no hay que decirle nada más",
concluyó.
LA OPOSICIÓN PIDE LOS CONTRATOS
Xavier Vence asegura que si el dinero fue una indemnización por inundaciones es un acto
reglado
La ronda de entrevistas, la rueda de prensa abierta a los medios, la comparecencia de dos horas
en el Parlamento y en general la “política de transparencia” del presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, sobre su vieja amistad con el contrabandista Marcial Dorado no han satisfecho las
dudas de la oposición. Desde que este diario destapó la relación que Dorado y Feijóo
mantuvieron a finales de los años noventa, cuando este último era alto cargo de la Consellería de
Sanidade, cada explicación del presidente solo sirve para enredar más las cosas. El anuncio de
que fue el bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño el que “más ayudas” dio a las empresas
de Dorado llevó a socialistas, AGE y BNG a preguntar ayer sobre las transacciones entre las
sociedades del contrabandista con la Xunta de Fraga.
El recién nombrado líder del BNG, Xavier Vence, aseguró que si el dinero que pagó la Xunta de
Touriño fue una indemnización por ríadas, tal y como desveló Feijóo, este es un acto reglado de
la Administración. “Si la empresa es legal, no hay ninguna razón para que puedan ser
discriminadas en una orden de este tipo”, aseguró el dirigente nacionalista. Vence, el primer
dirigente que pidió el cese de Feijóo nada más ver la luz esas polémicas imágenes, lamentó que
el presidente tuviese una conducta “inapropiada” y subrayó que el debate sobre su amistad con
Dorado versa sobre “la ética y la política”. Por eso le instó a aclararlo todo sobre las ayudas y
contratos que las sociedades del contrabandista han recibido de la Xunta.
También Alternativa Galega de Esquerdas volvió a reclamar ayer el cese de Feijóo pero después
de explicar los contratos y ayudas que la Xunta de Fraga adjudicó a las empresas de Dorado, una
información que ayer el jefe del Ejecutivo gallego se negó a facilitar a los medios tras la reunión
semanal de su Gobierno. El portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, manifestó “su
sorpresa” por que Feijóo conozca “con tanto detalle” las empresas de Dorado para determinar
con tanta precisión la época en que recibieron más fondos. El dirigente socialista censuró “el
relativismo moral” del presidente y tildó de “arrogante e indigna” su comparecencia
parlamentaria. “Anteponer sus intereses a los de los ciudadanos es lo peor que puede hacer un
presidente”, aseguró Losada.
FEIJÓO RECONOCE QUE EMPRESAS DE DORADO TUVIERON CONTRATOS CON LA
XUNTA
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El presidente gallego reconoce viajes con el narco a Ibiza, Tenerife, Portugal y Baleares
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Pachi Vázquez ha retado a Feijóo a que denuncie los supuestos chantajes a la policía.
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Jorquera (BNG): "Para que impere la decencia, váyase señor Feijóo"
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Beiras: "Siento una profunda indignación por pertenecer al mismo género que usted"
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado caer esta mañana ante el
Parlamento autónomo que empresas de su antiguo amigo, el contrabandista ahora condenado por
narcotráfico Marcial Dorado, pudieron haber contratado con la Administración gallega. Pero
Feijóo no ha especificado qué tipo de contratos ni su cuantía durante la época en que el actual
presidente —a partir de 1995— ocupaba altos cargos en la Xunta y fue invitado por Dorado a
viajes y fiestas. El jefe del Ejecutivo gallego se ha limitado a señalar que cuando más “ ayudas y
subvenciones” recibieron las firmas del contrabandista fue durante el bipartito de socialistas y
nacionalistas que gobernó Galicia, entre 2005 y 2009. Feijoo especificó además que se trató de
una "ayuda de solidaridad". Las palabras del presidente cogieron por sorpresa a todos, incluido
su propio grupo parlamentario, cuyo portavoz, Pedro Puy, había negado poco antes relaciones
económicas entre empresas del narco y la Xunta.
En una intervención plagada de ataques a la oposición y también a EL PAÍS por haber publicado
las fotografías y los detalles de la relación personal entre Feijóo y Dorado, el presidente de la
Xunta ha dejado sin aclarar varios aspectos por los que fue expresamente interpelado. No
contestó quién pagaba los viajes y tampoco pudo aclarar cuándo fue su último contacto con el
contrabandista. Y siguió aferrándose a que no sabía quién era Dorado cuando entabló relación
con él, pese a que los grupos de la oposición le mostraron numerosas fotocopias de prensa de
principios de los años noventa en las que se daba cuenta de la detención del contrabandista y de
las sospechas judiciales y policiales sobre su posible dedicación al comercio de drogas. “Si
hubiese tenido la más mínima información, no hubiese posado para esas fotos”, ha asegurado. De
todas formas el presidente reiteró: "Doy todas las explicaciones sin demora y con transparencia y
humildad. Si algún gallego considera que debo disculparme aunque sucediera hace dos décadas,
también lo hago", finalizó el presidente.
Aunque insistió en que su contacto con Dorado se cortó en 1998, cuando supo que la justicia lo
investigaba, admitió que pudo haber hablado con él entre 2001 y 2003, conversaciones que,
según el juez que encarceló al narco, están recogidas en pinchazos telefónicos. “Puede que me
felicitara las Navidades o algún cumpleaños, pero no puedo recordar con toda la gente con la que
hablé en esa época”, ha afirmado el presidente.
Feijóo ha admitido viajes con Dorado a Cascais (Portugal), a Baleares, a Tenerife y a los Picos
de Europa. Y reveló que este periódico le había preguntado si también estuvo con él en Suiza e
Inglaterra y que lo negó. El líder del PP gallego ha mostrado su “repulsa” por el narcotráfico y ha
admitido el error de relacionarse con Dorado: “Me equivoqué. No fui prudente. Y si algún
gallego lo cree necesario, pìdo disculpas". Una vez más, ha insistido en que le intentaron
“amedrentar” con las fotos, pero, como viene haciendo desde hace diez días, no ha especificado
de quién partieron esas amenazas.
Toda la oposición ha pedido su dimisión, en medio de durísimas críticas. Tanto el PSdeG-PSOE
como Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) y BNG han evocado a los muertos por la droga y
han señalado que en la época en que Feijóo se relacionaba con Dorado el movimiento social de
las madres se enfrentaba a los capos de las Rías Baixas. El líder de AGE, Xosé Manuel Beiras,
incluso ha estado a punto del llanto cuando recordó a sus amigos muertos de sida.
El socialista Pachi Vázquez ha retado a Feijóo a que denuncie los supuestos chantajes a la
policía. “Sus argumentos son inverosímiles”, ha señalado Vázquez, “usted era de los gallegos
que mejor conocían a Dorado, porque estaba todo el día con él”. “Esa es su catadura moral”, ha
concluido. “Dimita y no ponga esta carga sobre las espaldas de Galicia”. “Usted es la indecencia
hecha persona”, le ha espetado Beiras. “Si usted no sabía lo que ocurría en este país, ¿cómo
podía estar en un cargo público”. “Usted se hizo amigo de un delincuente por mediación de otro
delincuente”, insistió en referencia a Manuel Cruz, antiguo chófer de la Xunta, testaferro de
Dorado y la persona que, según Feijóo, le presentó al capo.
Francisco Jorquera, del BNG, reprochó al presidente que contribuyese al propósito del
contrabandista de lograr “respetabilidad social”. “Todo el mundo en 1995 sabía que las redes del
contrabando estaban conectadas con el narcotráfico. ¿Pretende que los padres y madres de las
víctimas de la droga se crean que usted no sabía quién era Dorado? Es increíble”.
ROMAY BECCARÍA TAMBIÉN NIEGA HABER NEGOCIADO CON MARCIAL DORADO
CUANDO ERA CONSELLEIRO DE SANIDADE
El actual presidente del Consejo de Estado, cuyo chófer en la Xunta fue testaferro del
narcotraficante, sale en defensa de Feijóo
El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, ha rechazado hoy que en la
época en la que ocupó la Consellería de Sanidad en Galicia, a mediados de los noventa, hubiese
negocios con el arousano Marcial Dorado, en prisión en la actualidad por narcotráfico.
"Ya verá cómo no hay nada de eso ni lo puede haber", ha dicho hoy Romay antes de participar
en un acto con emprendedores en la Ciudad de la Cultura en Santiago, preguntado por la posible
existencia de negocios entre la Consellería y las empresas de Dorado en esa etapa.
La pasada semana se difundieron unas fotografías de Dorado a bordo de un yate con el actual
presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la época en la que éste era número dos de la
Consellería de Sanidad, por debajo de Romay Beccaría. A raíz de estas imágenes publicadas por
el diario El País, sobre las que Núñez Feijóo asegura que no hay nada más, que conoció a Dorado
por otras personas y que cortó relación cuandosupo que tenía causas pendientes. Los partidos
gallegos en la oposición han pedido su dimisión, así como la relación de contratos de la
Consellería de Sanidad con las empresas de Dorado en esos años.
Beccaría asegura que no conoció a Dorado a pesar de la relación de éste con su chófer
Romay Beccaría, cuyo chófer en la Consellería era Manuel Cruz, posteriormente condenado por
ser testaferro de Dorado, ha indicado que él no conoció al narcotraficante.
Ha señalado que está "disgustado" por la publicación de las fotos y ha indicado que está
convencido de que Núñez Feijóo "no hizo nunca nada en contra de la ley" y también de que no
tiene "contaminación con ningún hecho de esa naturaleza", en alusión a las actividades de
Dorado.
"Pocos políticos tienen el nivel de compromiso ético con su función como Núñez Feijóo", ha
destacado Romay, que ha considerado que "lo mejor que le puede pasar a Galicia" es que el
actual presidente "siga trabajando con fuerza", ya que es un "modelo de gestor por competencia
técnica y compromiso ético".
También ha dicho que Núñez Feijóo está "tranquilo" porque "no hizo nada que no pueda hacer"
y se ha mostrado convencido de que eso es "lo que prevalece, lo que piensa la mayoría de la
gente ahora mismo".
http://www.publico.es/453237/romay-beccaria-tambien-niega-haber-negociado-con-marcialdorado-cuando-era-conselleiro-de-sanidade
POLÍTICA DE CONTRABANDO
Políticos de la derecha y contrabandistas se reconvirtieron en 'narcos' en los ochenta y
noventaEntretejieron relaciones al calor de un actividad consentida socialmente en Galicia
Un atribulado consejero de Manuel Fraga llamado Alberto Núñez Feijóo se presentó en 2003
ante el gran patrón de la derecha española, entonces presidente de la Xunta de Galicia, para tratar
un asunto delicado. Acababa de saber que en un registro policial de la espectacular mansión del
narco Marcial Dorado, en la Ría de Arousa, habían aparecido en un cajón unas fotos suyas con el
capo en los años noventa, cuando aún no había dado el salto al negocio de la coca y se dedicaba
al contrabando de tabaco. “¿Sabe usted por qué se llamaba Ligero el alcalde de A Guarda?”, le
preguntó Fraga en referencia a Manuel Díaz González, alias Ligero, regidor de esta localidad
pontevedresa por Alianza Popular (AP) en los años ochenta y amigo personal del exministro
franquista. “Pues porque corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando
con Portugal”.
Feijóo esgrimió este episodio de su vida política el pasado martes en una entrevista en Onda
Cero para, con el amparo póstumo del difunto fundador del Partido Popular (PP), restar
importancia a la amistad que mantuvo cuando era un alto cargo del Gobierno gallego con
Marcial Dorado, destapada en unas fotos publicadas por este periódico. Las palabras del
dirigente popular desentierran una época oscura de la derecha gallega, esas décadas de los
ochenta y los noventa en las que política y contrabando compartían en Galicia mantel, despacho
y condecoraciones.
En 1983, la primera gran redada contra los contrabandistas acabó con la mayor parte de ellos
huidos en Portugal
En los años ochenta, la simbiosis entre los tabaqueros y la clase política de la AP de Fraga era
aceptada socialmente en la costa del sur de Galicia en la misma medida que esta actividad ilegal
se implantaba en el tejido económico del que vivían sus vecinos. El fenómeno del tráfico ilegal
de tabaco en la provincia de Pontevedra no se puede entender sin conocer sus raíces y el
momento social y político en el que surgió, mucho antes de que a Vilagarcía de Arousa, su
principal centro de operaciones, se le conociese como Villa Winston o Villa Mercedes.
El contrabando que dio paso al narcotráfico es hijo a su vez del estraperlo de los años setenta, un
tráfico, penalizado aunque inofensivo de diversos géneros —incluidas las cajetillas— que en
aquellos tiempos escaseaban en Galicia y que fluían con facilidad entre los pueblos de las Rías
Baixas, fronterizas con Portugal. Así nació un negocio próspero, alimentado por empresarios
relacionados con la hostelería, los transportes o la pesca. Según informes policiales, el padrino de
este tráfico de bienes con el país vecino fue un amigo personal de Manuel Fraga, un hombre
poderoso, carismático y muy respetado por los que supuestamente serían sus pupilos en el
negocio: Vicente Otero, Terito o don Vicente, siempre impecablemente trajeado y cuidadoso con
su arreglo personal para que no se le asomase una cana. Su mano derecha y protegido se llamaba
José Manuel Nené Barral, que desde 1983 fue alcalde del municipio de Ribadumia por AP. Nené
caería en desgracia 18 años después truncando su larga carrera política.
El narcotraficante Laureano Oubiña pasó 11 años en la cárcel por la organización de tres
entradas de alijos de hachís. Aún tiene pendientes causas por blanqueo de capitales. Compartió
mesa con Manuel Fraga en eventos en Portugal.
Con una potente empresa de transportes, Terito se colocó en las altas esferas de las finanzas y del
poder. Amigo de Fraga desde que este comenzó a dirigir los destinos de Alianza Popular,
Vicente Otero organizaba encuentros multitudinarios para agasajar al entonces jefe de la
oposición en España durante sus frecuentes visitas a la Ría de Arousa, una comarca donde el
Partido Popular sigue hoy disfrutando de una aplastante mayoría.
El parador de Cambados fue escenario muchas tardes de estas reuniones con las que el presunto
contrabandista honraba a Fraga, en las que también se dejaba ver la flor y nata del incipiente
tráfico de tabaco americano. Terito movía una enorme cantera de votos y se implicó hasta tal
punto en el proyecto de Fraga que don Manuel llegó a condecorarle con la medalla de oro y
brillantes del partido. Al igual que el resto de presuntos contrabandistas de la época, don Vicente
fue objeto de múltiples informes policiales pero nunca llegó a estar procesado en ningún
sumario, pese a que el juez Baltasar Garzón, al igual que le ocurrió a Marcial Dorado, ordenó en
1990 su detención dentro de la Operación Nécora contra el narcotráfico a raíz de un falso
testimonio del arrepentido Ricardo Portabales.
Las relaciones entre los contrabandistas y Alianza Popular se estrecharon porque la persecución
se intensificó cuando Felipe González alcanzó la presidencia del Gobierno, en 1982. En octubre
de ese año, un juez de Cambados, José Luis SeoaneSpiegelberg, ordenaba por escrito a la Policía
Judicial que investigase la retención ilegal, apaleamiento y encierro en un camión frigorífico de
un industrial de Valladolid, Celestino Suances, que adeudaba al clan de Los Charlines —
entonces dedicado al contrabando, después al narcotráfico— unos cuantos millones de pesetas.
Los contrabandistas recurrieron a un letrado de Vilagarcía, Pablo Vioque, que se hizo con la
Alianza Popular local
La reconstrucción de los hechos que alarmaron al juez llegó, junto la documentación y pinchazos
sobre la actividad de los grupos tabaqueros, al despacho del gobernador civil de Pontevedra, el
socialista Virginio Fuentes. Un año después, en diciembre de 1983, se desató la primera y mayor
redada contra los contrabandistas, que provocó la estampida de casi todos los jefes y
lugartenientes a Portugal, a excepción de alguno como Sito Miñanco —que también acabó en el
narcotráfico—, detenido antes de que pudiera huir. De aquel macrosumario por delitos
económicos quedaron fuera, sin embargo, Vicente Otero; su mano derecha, el exalcalde popular
Nené Barral; y los después condenados por narcotráfico Laureano Oubiña; Luis Falcón,
Falconetti; Manuel Carballo Jueguen, El Gavilán; y Los Charlines. Por Arousa se extendió la
leyenda de que eran “intocables”. Pero duró poco tiempo: años más tarde todos, a excepción de
Terito, pasaron por la cárcel.
La cruzada contra la mafia contrabandista había comenzado. El Gobierno de la época no
ocultaba su interés en apretar el acelerador con la esperanza de convertir en votos en Galicia la
lucha contra los delincuentes. Pero en las Rías Baixas reinaba la complacencia social con los
contrabandistas. Era una práctica extendida con la que muchas familias ganaban y generaba
riqueza para el resto de los vecinos, que fueron embargados por el silencio. Si los movimientos
de los tabaqueros ya eran favorables a la causa política personalizada en Manuel Fraga, después
de la redada de 1983 los apoyos se multiplicaron. Eso sí, las aportaciones de los contrabandistas
a las campañas electorales constituían una información tan reservada como la hora o el lugar de
una noche de descarga de mercancía.
Sito Miñanco en 1990 en el campo de fútbol que sufragó. De tabaquero a narco, fue el capo más
internacional. Contribuyó a las campañas de Manuel Antonio Noriega en Panamá.
Los que consiguieron huir del primer golpe policial al contrabando en Galicia cruzando la
frontera con Portugal, entre ellos Marcial Dorado, protagonizaron una anécdota para la historia.
Tanto la banda de Dorado como las otras dos grandes del negocio —ROS y Sito Carnicero— se
instalaron en un hotel de la localidad lusa de Viana do Castelo, donde recibían la visita de sus
familiares. Allí aguardaron varios meses a que las cosas se calmaran. Uno de aquellos días de
larga espera, los contrabandistas gallegos observaron con sorpresa la llegada del entonces
presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, de Alianza Popular, de viaje oficial a Portugal.
El propio Albor recuerda el tumulto que se creó a su alrededor. Saltándose el protocolo, los
contrabandistas tuvieron unos minutos para explicarle a su presidente por qué estaban allí,
“injustamente perseguidos por la justicia”. La reacción de Albor fue invitarles a que abandonasen
el exilio y se entregasen. Un año después de que se produjera esa charla entre los delincuentes y
el mandatario gallego, Marcial Dorado decidió volver a Galicia pagando una fianza de 20
millones de pesetas por su libertad. Fue el primero en hacerlo. Después le siguió el resto.
Tras la corta estancia en prisión de los capos del contrabando en Galicia, la entrada del tabaco
ilegal, que se había ralentizado durante su exilio en Portugal, experimentó una rápida
recuperación. El negocio llegó a su apogeo a mediados de los ochenta y la prosperidad se
prolongó durante una década. Las bandas ya fragmentadas se multiplicaron, mientras se
reinvertía parte de las ganancias en una especie de I+D que comprendía la construcción de
planeadoras más veloces y equipos de comunicación más eficaces. El salto al narcotráfico llegó
como consecuencia de la reforma de la Ley del Contrabando en 1983, con la que se endurecieron
las penas para los contrabandistas. A partir de entonces, era más castigado transportar cien cajas
de tabaco que cien kilos de hachís.
Mientras la brecha entre los contrabandistas y el PSOE aumentaba por la presión policial, el otro
hombre supuestamente clave del tráfico de tabaco en Galicia, Nené Barral, ganaba la alcaldía de
Ribadumia, un cargo que ocupó de 1983 hasta que fue detenido en 2001 por una causa que está
aún pendiente de juicio. La mano derecha de Terito, intocable en el primer sumario de la historia
por contrabando, era, según informes policiales, el hombre que abrió los contactos entre el puerto
de embarque del tabaco, Amberes, y Galicia. El joven regidor causaba fascinación entre sus
convecinos, que le dieron la mayoría absoluta durante los casi 20 años que permaneció en el
cargo.
Nené Barral forjó su propia cantera de seguidores y colocó a su hermano Feliciano Barral en la
ejecutiva local de Alianza Popular. De esta escuela salió Rafael Louzán, el actual presidente de
la Diputación de Pontevedra por el PP, al que Barral introdujo como socio suyo en algunos
negocios. Louzán fue colocado por el presunto alcalde-contrabandista como conserje en el
Ayuntamiento de Ribadumia, desde donde dio el salto a la Diputación pontevedresa, que acabó
presidiendo. Cuando Nené Barral y su hermano fueron detenidos en 2001 dentro de la operación
de contrabando internacional que está pendiente de juicio, Louzán sucedió al hermano del
alcalde al frente del partido. Para entonces ya no figuraba en ninguna sociedad junto al que fuera
su jefe.
El abogado de los contrabandistas, Pablo Vioque, miembro de AP, manejó los hilos del poder en
Ayuntamientos gallegos. Terminó con una condena de 18 años de cárcel por narcotráfico.
Enredados ya con la ley, los contrabandistas gallegos recurrieron para su defensa a un abogado
con despacho en Vilagarcía de Arousa: Pablo Vioque, un extremeño residente en Galicia y
militante de Alianza Popular que acabó en prisión por narcotráfico. Vioque combinó la defensa
de todos los tabaqueros procesados con la preparación de un asalto al poder en la ejecutiva local
del partido fundado por Manuel Fraga. El letrado había llegado a la localidad pontevedresa con
grandes pretensiones de dinero y poder y se colocó como secretario de la Cámara de Comercio
de Vilagarcía. La maniobra que en 1985 le sirvió para destituir a la dirección local de AP
consistió en la afiliación en un día de 115 nuevos militantes, algunos presuntamente vinculados
al contrabando y luego al narcotráfico. Al golpe de mano se opuso el entonces presidente de la
Diputación de Pontevedra, Mariano Rajoy, que abandonó el cargo a finales de 1986 cuando
Vioque ya manejaba los hilos del poder local. El ahora presidente del Gobierno de España y el
narco infiltrado en política siempre mantuvieron malas relaciones.
La onda expansiva de la que se conoció como Operación Arousa llegó a Madrid y forzó una
visita del propio Fraga y otra del que entonces era su delfín, Jorge Verstrynge, al balneario de la
playa Compostela para intentar calmar los encendidos ánimos de los afiliados tradicionales.
Fraga se decantó finalmente por la militancia antigolpista y Vioque, arrinconado y ávido de
venganza, se fue de AP y se alineó en las filas de Coalición Galega, el partido del
exvicepresidente de la Xunta Xosé Luis Barreiro.
Vicente Otero, 'Terito' o 'don Vicente', apadrinó el tráfico de tabaco entre Galicia y Portugal y
fue amigo personal de Manuel Fraga, a quien agasajó con encuentros multitudinarios.
El dinero que amasaron los contrabandistas gallegos engordó al calor de otros negocios. En
1984, otro célebre capo del tabaco, Luis Falcón, Falconetti, logró, gracias a las habilidades de su
abogado, que el Ayuntamiento de Vilagarcía que presidía por AP José Luis Rivera Mallo —hoy
senador y presidente de la Comisión para el Estudio del Problema de las Drogas— le apoyase en
sus proyectos urbanísticos y hosteleros. En aquel envite, el pleno aprobó la construcción del
primer bingo de la comarca, en el barrio antiguo del municipio, pese a que el secretario hizo
constar que era “una ilegalidad manifiesta”. Tres años después entró en la cárcel por un alijo de
hachís.
Otro político controvertido de la derecha fue Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove durante
casi dos décadas por Alianza Popular y por partidos independientes. En las causas judiciales en
las que se vio inmerso por denuncias de la oposición recurría al narco Vioque como abogado. En
1991, cuando acababa de ganar de nuevo las elecciones por una formación independiente, Bea
fue detenido por narcotráfico, mientras el pleno le esperaba para tomar posesión en una
esperpéntica sesión de investidura. Finalmente fue condenado por blanqueo.
En 1989 Fraga funda el Partido Popular y gana las elecciones en Galicia. Aclamado por sus
éxitos entre la clientela contrabandista, Vioque llegó a multiplicar sus influencias en la Xunta. Se
encargaba de organizar mítines y recaudar fondos y se jactaba de que los chóferes de algunos
consejeros del Gobierno de Fraga venían expresamente a la ría de Arousa a recoger las
gratificaciones que lograba para las campañas electorales.
Marcial Dorado, encarcelado por narcotráfico, acogía en sus fiestas a militantes del PP. Amasó
una fortuna con negocios de contrabando.
Las idas y venidas de políticos a la ría de Arousa para reforzar la presencia del partido dejaron de
ser un secreto a voces. Existen informes policiales donde se detallan encuentros en lugares
públicos entre destacados miembros del PP y contrabandistas a los que los agentes hacían
seguimientos. El entonces gobernador civil de Pontevedra, el socialista Jorge Parada, que dio una
vuelta de tuerca en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, recibía continuamente
información confidencial de sus espías. Parada incluso llegó a enviar algún recado al entorno de
determinados políticos para advertirles de que las compañías que frecuentaban vendían algo más
que tabaco.
Desde la Cámara de Comercio de Vilagarcía, el joven secretario Vioque seguía extendiendo sus
tentáculos. Los actos de promoción empresarial de la entidad le servían de pretexto para invitar
al presidente Fraga. En algunos de estos eventos, el fundador del PP llegó a compartir mesa en
Portugal con personajes como Laureano Oubiña, otro hombre clave del contrabando y
narcotráfico en Galicia. Mientras el astuto letrado se codeaba con la flor y nata de la Xunta,
organizaba la llegada de un cargamento de 2.000 kilos de cocaína. En 1991 fue asesinado el
tesorero de la cámara: unos sicarios lo mataron porque lo confundieron con Vioque. El narco
sobrevivió por un golpe de azar, pero terminó en la cárcel.
José Manuel Barral, 'Nené', alcalde por AP de Ribadumia, fue detenido en 2001 relacionado con
el contrabando.
Los traficantes de la Galicia de los noventa siempre se preocuparon de estar rodeados de
políticos. Sito Miñanco, otro confeso jefe tabaquero luego convertido en narco, buscó el calor del
poder incluso entre políticos extranjeros. Miñanco llegó a financiar el campo de fútbol de
Cambados, pagó el altar y demás mobiliario sacro de la iglesia de su pueblo y fue reclutado por
Pablo Vioque para satisfacer sus compromisos con el poder. El capo más internacional de la
época reconoció que había contribuido económicamente a las campañas del presidente Manuel
Antonio Noriega en Panamá y se dejó fotografiar con el embajador de España en el país
centroamericano, al que viajaba por “negocios”. Tampoco Marcial Dorado negó sus amistades
con el PP y a sus fiestas acudían reconocidos militantes de su pueblo que nunca han renegado de
su relación. Fue precisamente un militante del PP de Ferrol, Manuel Cruz, que combinaba su
trabajo como chófer de consejeros de la Xunta de Fraga con negocios con Dorado, el que le
presentó a Feijóo. Cruz, que fue chófer del exministro y exconsejero del Gobierno gallego José
Manuel Romay Beccaria, solía ir a A Illa de Arousa, donde residía su socio Dorado y también
participaba en comidas y reuniones con compañeros del partido en la zona.
Al capo Luis Falcón, 'Falconetti', lo apoyó en sus proyectos urbanísticos el Ayuntamiento de
Vilagarcía, cuyo alcalde era José Luis Rivera Mallo, hoy senador y presidente de la comisión de
la droga.
En los noventa aterriza en el territorio contrabandista de Arousa uno de los cerebros de la trama
Gürtel: Pablo Crespo, colaborador del entonces consejero de Obras Públicas José Cuiña, que
llegó a competir con el narco Pablo Vioque por el trono del rey de las intrigas en la ría. El trío
que un día acabó con la paciencia de Fraga, el formado por Cuiña, Crespo y Vioque, se
confabuló para preparar otra maniobra golpista y descabalgar de la cúpula del partido en la
comarca al exalcalde Rivera Mallo, que acabó abandonando por un tiempo la militancia. Crespo
asumió entonces la presidencia del PP local, de la que se retira en 1995 para dar el salto a
Santiago y ocupar hasta 2003 la secretaría de organización de los populares gallegos. Una carrera
meteórica que acabó en prisión. Ahora se investiga su participación en la trama ilegal de
financiación del PP relacionada con los apuntes del extesorero Luis Bárcenas.
En 1996, Fraga ordenó la fulminante destitución de Pablo Vioque en la Cámara de Comercio de
Vilagarcía. La maniobra, orquestada en la sombra por José Cuiña y Pablo Crespo, fue muy
oportuna: un año después, el juez Baltasar Garzón detuvo al abogado y lo embarcó en una larga
travesía judicial que terminó con su fallecimiento en diciembre de 2008. Vioque se llevó a la
tumba los secretos que tantas veces amenazó con desvelar, aunque dejó una sorpresa para el
final. Ya en estado terminal por una enfermedad, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía
Anticorrupción, que le facilitó una nueva identidad para declarar contra el capo de la mafia rusa
Kalashov. Este pacto final con la justicia y el hecho de que no exista certificado de su defunción
ha sembrado incluso dudas sobre si Pablo Vioque está vivo o muerto. Años después de hacerlo
con el narco, Fraga destituyó a Cuiña y a Crespo de sus cargos en la Xunta y en el partido para
abrir paso a Feijóo. Fue entonces, en 2003, cuando el ahora presidente de la Xunta le confesó al
patrón el gran secreto: su vieja amistad con un célebre contrabandista llamado Marcial Dorado.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/05/actualidad/1365191629_786463.html
EL JUEZ TAÍN DICE QUE LA POLICÍA LE PIDIÓ QUE HABLARA DE LAS FOTOS
El partido socialista preguntará al ministro del Interior quién dio la orden
El partido socialista preguntará en el próximo pleno al ministro del Interior quién dio la orden a
la policía para que pidera al juez Taín que dijera que las fotografías del narco con Feijóo a las
que tuvo acceso durante la investigación no le parecieron relevantes. Fue el propio Vázquez Taín
quien aseguró ayer que habló sobre las fotos del presidente de la Xunta junto a Marcial Dorado
porque se lo pidió la policía con el objeto de despejar cualquier duda sobre el origen de las
imágenes publicadas en EL PAÍS, según informa el Faro de Vigo.
Taín acudió a Celanova a presentar su libro sobre el Códice Calixtino y reiteró que las
fotografías del narco con Feijóo a las que tuvo acceso durante la investigación no le parecieron
relevantes, por lo que no fueron incautadas en ninguno de los dos registros de la vivienda.
Además, quiso restar valor a las declaraciones que la esposa de Dorado, Otilia Ramos, realizó
ayer a Europa Press, en las que afirmó que las polémicas instantáneas "se las llevaron en uno de
los registros". El juez insistió en que en ninguno de los registros en los que él participó se
incautaron fotos de Feijóo y Dorado, aunque desconoce "si alguien robó algo" en un tercero que
se realizó para inventariar los bienes. "Me parece muy extraño porque los registros judiciales son
muy rigurosos, la secretaria va tomando nota de todo lo que se hace y nadie, incluso el juez, se
puede mover de su vista", añadió. "Yo salí a la palestra porque me lo pidió la policía para
despejar cualquier sombra de duda sobre ellos", aseguró el juez al Faro de Vigo.
Por otra parte, el partido socialista ha pedido este viernes copia de la totalidad de los contratos de
suministro energético, de combustible e informáticos realizados por la Consellería de Sanidade y
de los centros hospitalarios dependientes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) entre los años
1992 y 1998, toda vez que el ahora presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ejerció como
secretario general de Sanidade entre 1991 y 1996. El objetivo de esta petición de información,
como ha señalado el viceportavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu es
conocer si la relación del ahora máximo mandatario autonómico con el narcotraficante Marcial
Dorado estaba "exenta de intereses".
FEIJÓO TAMBIÉN VIAJÓ A CASCAIS Y A LA ISLA DE IBIZA CON MARCIAL DORADO
El narco sale desde prisión en defensa de la versión del dirigente popular
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no solo se paseó en yate por la ría de Vigo con
el contrabandista reconvertido en narcotraficante Marcial Dorado. Feijóo también viajó, según él
mismo ha reconocido a este diario, a la localidad portuguesa de Cascais y a Ibiza con el
contrabandista a mediados de los años noventa y en compañía de otras personas. Además de
viajar frecuentemente a Portugal para controlar varias fincas y plantaciones de albariño al norte
del país, Dorado solía organizar fiestas de fin de año con familiares y amigos en un hotel de
Cascais a las que Feijóo fue también invitado. El presidente gallego no quiso pronunciarse ayer
sobre estas fiestas.
Testigos de aquellas fiestas navideñas recuerdan al ahora presidente entre los comensales, así
como en el chalé que Marcial Dorado tiene en la Illa de Arousa, donde se reunían para este tipo
de celebraciones festivas. A ellas también asistía el chófer de la Xunta, socio y testaferro de
Dorado, Manuel Cruz, el amigo de Feijóo que hizo las presentaciones entre él y el
contrabandista. Feijóo también admitió a este diario que había viajado a Ibiza, siempre
acompañado de otras personas, donde Dorado solía ir a pasar parte de sus vacaciones de verano
con la familia. El entonces número dos de la Consejería de Sanidad de la Xunta se dejó
fotografiar a bordo del yate que Dorado tenía permanentemente fondeado en la isla, el Oratus, y
que fue intervenido por Aduanas en 2009, a raíz de la operación por blanqueo de dinero que
derivó de su implicación en redes de narcotráfico por la que se encuentra actualmente en prisión.
Feijóo se negó ayer de nuevo a aclarar cuándo se produjo su última conversación con Dorado,
después de que el juez que lo encarceló por narcotráfico desvelase que la policía pinchó llamadas
telefónicas de ambos entre 2001 y 2003. Estas fechas suponen que la relación se prolongó mucho
más de lo admitido por Feijóo en un primer momento, ya que el presidente gallego aseguró que
cortó los contactos con el célebre contrabandista en 1998, cuando se enteró por la prensa de que
tenía una imputación judicial. Ayer fue el propio Dorado quien rebatió la versión del juez que lo
mandó a la cárcel y aseguró, a través de su abogado, que “desde el año 98 no ha mantenido”
ningún contacto “ni personal ni telefónico” con Feijóo, según informa Europa Press.
El letrado José Antonio Tuero asegura que su cliente le ha confirmado “lo que había manifestado
el señor Feijóo”, que “no ha tenido una relación personal estrecha”, sino que se conocieron por
“otra persona”. Y añade que es “absolutamente falso” que hablase por teléfono con el presidente
gallego entre 2001 y 2003, como ha destapado el juez y admitido Feijóo. Tras la reunión semanal
de gobierno, Feijóo se parapetó ayer en el mutismo en una comparecencia ante los medios de
comunicación, salvo para asegurar “con rotundidad” que la mujer de Dorado jamás le había
chantajeado con difundir las fotos. “Estoy convencido de que hay que estirar este asunto”,
protestó en la comparecencia de ayer ante los medios, “pero, lamentablemente, los que querían
montar una infamia no pueden seguir estirándolo, salvo que prosiga la infamia”, resolvió.
EL PRESIDENTE CAMBIA DE ESTRATEGIA Y YA NO DARÁ MÁS DATOS HASTA IR
AL PARLAMENTO
El presidente insiste en la coincidencia de sus declaraciones con las del juez
Alberto Núñez Feijóo cambia de estrategia. El presidente de la Xunta de Galicia empieza a echar
el freno a su política de transparencia, que incluía su disposición a someterse —en
contraposición a los dirigentes nacionales de su partido— a las preguntas de los periodistas, una
actitud con la que decidió afrontar el espinoso asunto de su amistad con el contrabandista
convertido en narcotraficante Marcial Dorado, convencido de que tendría corto recorrido. Pero la
sucesión de declaraciones (suyas y del juez José Antonio Vázquez Taín) de estos días ha
comenzado a resquebrajar su propio argumento, y el titular de la Xunta ha optado por no
contestar tampoco él a las preguntas de los informadores. Al menos a las incómodas.
La habitual comparecencia ante los medios de comunicación para informar de los acuerdos
adoptados en la reunión semanal del Gobierno gallego se convirtió ayer en una amarga tribuna
para el mandatario gallego. Acompañado, inusualmente, de su vicepresidente, Alfonso Rueda, y
visiblemente afectado por la continuidad en el tiempo de su indeseado protagonismo desde que
EL PAÍS publicara el domingo las fotos en las que aparece disfrutando de un viaje de placer en
el yate de Dorado, Feijóo se quitó de encima a los periodistas anunciando que tiene “mucho
interés” en responder a todas las cuestiones, pero que solo lo hará “en sede parlamentaria”, en la
comparecencia fijada para el próximo miércoles.
Aferrado a su versión inicial, el presidente de la Xunta insiste en la coincidencia de sus
declaraciones “palabra por palabra” y las del juez Vázquez Taín sobre el punto final de su
relación con el narcotraficante. Sin embargo, él la fechó en las declaraciones iniciales a este
periódico “alrededor de 1997”, mientras que el lunes pasado precisó que “vio” a Dorado por
última vez “como consecuencia de la muerte” de Manuel Cruz. El fallecimiento del chófer de
conselleiros de la Xunta y testaferro de Dorado sucedió en 1999. Lo que tampoco coincide con lo
destapado por el juez: que Feijóo y Dorado mantenían el contacto entre 2001 y 2003.
Feijóo obvia el baile de años. “El juez que consideró que procedía el encarcelamiento de Dorado
habló con claridad y la infamia finalizó”. Dio por zanjada ayer la cuestión sin explicar por qué
sospechó, como dijo, que Manuel Cruz era testaferro del famoso narco.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/04/galicia/1365103787_929241.html?rel=rosEP
EL PRESIDENTE DE MADRID ABOGA POR VETAR LA PUBLICACIÓN DE FOTOS
COMO LAS DE FEIJÓO
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González ha asegurado en una entrevista en
esRadio que es partidario de establecer "límites" a la hora de las publicaciones de los medios de
comunicación porque hay que "cuidar" el "daño" que se hace a personas e instituciones.
"Estamos en una situación en la que vale todo a efectos de publicación en los medios de
comunicación", se ha quejado. Para González, el hecho de que Feijóo hace 20 años tuviera una
relación con una persona que luego resultó estar implicada "en operaciones de narcotráfico no
aporta nada desde el punto de vista de la legalidad y su actividad política". Sin embargo, ha
añadido que "le está produciendo un daño social en medio de la opinión pública" que, en su
opinión, "no tiene que ver con sus responsabilidades políticas". "No es aceptable ni admisible,
tiene que haber un límite", ha insistido.
Y es que, en su opinión, quien ve ahora esos titulares y las fotografías publicadas piensa que
Feijóo ha tenido una relación ahora. "Deberíamos establecer un límite porque el daño que eso
produce a las personas y a la institución se tendría que cuidar", ha finalizado. La Asociación de
la Prensa de Madrid ha apuntado que la legislación actual ya impone unos límites
“suficientemente claros” a la libertad de expresión y al derecho de información y rechazó
cualquier intento “de imponer la opacidad”.
Horas después de sus llamativas declaraciones, González las puntualizó. “Vaya por delante que
la libertad de expresión y la de información son derechos constitucionales que respeto y están
ahí. No me refería a eso”, se corrigió. “Se me ha preguntado por unas fotos de Feijóo con una
persona que muchos años después resultó condenada, y lo que he planteado es que muchas veces
eso produce un daño enorme desde el punto de vista de la opinión pública. [Dorado] no ha tenido
ninguna relación desde el punto de vista político o de la gestión de Feijóo”, argumentó. En el
momento de las fotos Marcial Dorado era un conocido contrabandista de tabaco en Galicia.
También la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que se está "atacando" a Alberto
Núñez Feijóo por ser un "gran presidente" de la Xunta de Galicia y ha insistido en que "ha
explicado todo lo que tiene que explicar" en relación con las fotografías publicadas en las que
aparece con el narcotraficante.
En una entrevista concedida a la cadena SER, Pastor ha calificado de "absolutamente injusto lo
que se está haciendo, señalando con el dedo a Feijóo" y ha añadido que el presidente gallego "no
conocía nada de ese señor que fuera reprochable". "No lo conocía y, cuando conoció que había
cosas que podían ser reprocharles o que podía estar en actividades no lícitas, no tuvo más
relación con este señor. Como conozco a Feijóo, sé que es una persona honorable, sé que es una
persona íntegra. Creo al señor Feijóo en todo lo que ha dicho", ha manifestado. En este sentido,
la titular de la cartera de Fomento, ha recordado que tiene "mucha relación" con Núñez Feijóo.
"Para mí es un gran presidente de la Xunta de Galicia. A lo mejor precisamente en eso lleva la
penitencia, en que es un gran presidente y a lo mejor se le ataca por eso. Me parece una persona
honorable y desde luego que dice la verdad", ha subrayado
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/04/actualidad/1365067516_499917.html?rel=rosEP
FEIJÓO MANTUVO CONTACTOS CON DORADO CUANDO SE LE INVESTIGABA POR
NARCOTRÁFICO
Pinchazos policiales revelan conversaciones con el narco entre 2001 y 2003
El presidente aseguró que cortó la relación hacía 1997 cuando supo que el narco era objeto de
pesquisas judiciales
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no se ha cansado de repetir esta semana que su
relación con el narco Marcial Dorado, destapada por fotografías de sus vacaciones juntos, fue
fruto de su “ingenuidad” en los años noventa, cuando desconocía que su compañero de ocio era
un contrabandista de tabaco perseguido por la justicia. Sin embargo, el juez que encarceló a
Dorado por narcotráfico años después reveló ayer que la policía grabó conversaciones telefónicas
de Feijóo y Dorado entre 2001 y 2003, unos contactos que también ha admitido a este periódico
el líder del PP gallego a través de un portavoz. Feijóo aseguró a EL PAÍS el pasado fin de
semana que cortó la relación cuando se enteró alrededor de 1997 que Dorado estaba siendo
investigado por traficar con tabaco y en la rueda de prensa del lunes afirmó que la última vez que
“vio” a Dorado fue “como consecuencia de la muerte” de su amigo común, el chófer de
consejeros de la Xunta y testaferro del narco Manuel Cruz, en 1999.
La oposición acusa al presidente del Gobierno gallego de mentir, pero Feijóo defiende que no
hay contradicción entre las explicaciones que ha dado hasta ahora y sus conversaciones
telefónicas con el narco entre 2001 y 2003. Un portavoz del dirigente popular se aferra a la
literalidad de sus palabras y sostiene que “como consecuencia de la muerte” de Cruz en 1999 no
implica que el último contacto fuera en ese año. ¿Y cuál fue entonces el último año en que habló
o vio Feijóo a Dorado? El presidente se niega a aclararlo. Las fotos del presidente de la Xunta y
el narco ni fueron intervenidas en los registros a raíz de su implicación en el narcotráfico ni
formaron parte de un sumario judicial. Así lo afirmó ayer el juez José Antonio Vázquez Taín,
que abrió una investigación a Dorado en 2001, dos años antes de que fuera detenido tras la
captura de un barco con 5,4 toneladas de cocaína. Taín explicó que entonces, en presencia del
fiscal y el responsable de Aduanas, se hallaron unas fotos en un mueble del salón del chalé de
Dorado en A Illa de Arousa (Pontevedra) y que después de comentarlas entre ellos las dejaron en
el cajón donde estaban. “Las vimos y alguien reconoció a Feijóo; tampoco entonces tenía tanta
relevancia política”, explica Taín.
El juez que consiguió procesar a Dorado por primera vez por tráfico de drogas no ha podido
asegurar que aquellas instantáneas fueron las mismas que EL PAÍS publicó el domingo pero sí
recuerda que Feijóo estaba en un barco con el contrabandista y otras personas. “Si no son esas,
eran parecidas”, comentó. Sobre las intervenciones telefónicas que ordenó en el transcurso de la
investigación, Taín puntualiza que fueron muchas y no recuerda cuántas conversaciones entre
Feijóo y Dorado se interceptaron: “Es imposible recordar el número, pero carecían de absoluto
interés porque eran llamadas en un contexto de ocio o para felicitar las Navidades, algo que
encaja con el talante de Marcial, y como esas había cientos que se escucharon pero sin ninguna
validez para la causa”. Pese a que estas conversaciones se registraron entre 2001 y 2003, Taín
afirma con rotundidad que Feijóo —que desde enero de 2003 era consejero de Obras Públicas de
Fraga— y el contrabandista nunca se vieron por aquellas fechas, algo que, según el juez, ha
quedado acreditado en los continuos seguimientos policiales que se le hicieron a Dorado por ser
uno de los sospechosos de la banda que preparaba el transporte de cocaína.
Después de la detención del narco el 5 de noviembre de 2003, otro consejero de la Xunta, Xesús
Palmou, le dijo al juez que el entonces presidente gallego, Manuel Fraga, quería preguntarle
algo. A continuación, el fundador del PP le llamó y le dijo: “Tengo sobre mi mesa la dimisión de
un consejero [por Feijóo] y quiero saber si hubo algo más después de una vieja amistad”. Taín
recuerda que le contestó tajantemente que no. El juez aclaró además que nunca ha afirmado que
EL PAÍS le hubiera mostrado en mayo de 2012 fotos de Feijóo y Dorado como aseguró el diario
El Mundo en su edición de ayer.
PACHI VÁZQUEZ CONSIDERA QUE FEIJÓO “MINTIÓ” TRAS LAS REVELACIONES
DEL JUEZ TAÍN
El líder de los socialistas gallegos se pregunta, cómo fue investigado Núñez Feijóo para
determinar que no hay nada irregular
Taín revela que se relacionó con Feijóo más allá de 2000
El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, ha asegurado hoy que el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, mintió cuando dijo que cortó relaciones con el ahora narcotraficante
condenado Marcial Dorado, según las revelaciones del juez Vázquez Taín al diario El Mundo.
El juez Vázquez Taín, que investigó y ordenó el encarcelamiento de Dorado, sostiene en una
entrevista en ese diario que en esa investigación a partir de 2001 y durante dos años más había
conversaciones del ahora condenado con mucha gente, entre ellos Núñez Feijóo, pero que no se
derivaron responsabilidades, ha indicado. Vázquez entiende, según ha dicho hoy en conferencia
de prensa, que con estas declaraciones el presidente gallego "mintió" el pasado lunes a toda
España cuando dijo que cortó relación con Dorado en 1998 y que por lo tanto "debe presentar su
dimisión". El líder de los socialistas gallegos se pregunta, además, cómo fue investigado Núñez
Feijóo para determinar que no hay nada irregular. "¿Hubo diligencias previas, un interrogatorio,
un procedimiento abreviado... cómo se llega a la conclusión de que no hay vinculación?",
cuestiona Vázquez. Además, pide al presidente gallego que "deje de decir que el PSdeG" es el
responsable de la publicación de sus fotografías con Marcial Dorado en EL PAÍS y le
recomienda "que busque en su entorno", porque, "recordando la frase de Aznar: los responsables
no están en montañas lejanas ni en desiertos remotos", ha concluido.
También ha indicado que "no se le escapa a nadie que hubo elecciones" hace cinco meses en
Galicia, por lo que si el PSdeG las hubiera tenido ese hubiera sido el momento para haber hecho
un 'uso torticero', como lo haría él, aunque los socialistas, ha dicho, no lo hicieron. Sobre la
comparecencia de Feijóo en el Parlamento en próximo 10 de abril, el líder socialista ha
asegurado que "si va a decir que no sabía si eran Picos de Europa o Andorra... Se lo voy a
recordar yo: era Andorra", ha manifestado el líder del PSdeG, en alusión a uno de los viajes
reconocidos de Feijóo con Marcial Dorado en la década de los noventa que, según dijo, no
recordaba adónde había sido.
EL JUEZ QUE DETUVO A DORADO REVELA QUE SE RELACIONÓ CON FEIJÓO MÁS
ALLÁ DE 2000
El magistrado José Antonio Vázquez Taín revela ahora que pinchó el teléfono a Dorado en la
investigación que arrancó en 2001 y que grabó conversaciones posteriores del narco con el
presidente de la Xunta
Feijóo ha asegurado que cortó su relación con Dorado hacia 1997, cuando se enteró de que
estaba inmerso en causas judiciales y que le vio por última vez en un funeral en 1999
Desde que unas fotos publicadas por EL PAÍS destaparon la controvertida relación que
mantuvieron Alberto Núñez Feijóo y el célebre contrabandista Marcial Dorado en los años
noventa, el presidente de la Xunta no ha dejado de insistir en que desconocía las actividades a las
que se dedicaba su compañero de vacaciones y que cortó sus contactos con él hacia 1997, cuando
se enteró que estaba inmerso en causas judiciales. Sin embargo, en unas declaraciones publicadas
hoy en El Mundo, el juez que detuvo a Dorado en 2003 por narcotráfico, José Antonio Vázquez
Taín, revela que durante sus pesquisas, que arrancaron en 2001, pinchó el teléfono del narco y
grabó conversaciones entre este y Feijóo. Aunque Taín —titular en aquellos años del juzgado de
instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa— insiste en que las escuchas no destaparon nada
delictivo, el dato aportado por el magistrado contradice la versión del presidente de la Xunta, que
hasta ahora ha asegurado que dejó de hablar con el narco hacia 1997 y que la última vez que lo
vio fue en 1999, en el entierro de su amigo Manuel Cruz, testaferro de Dorado.
La investigación de Taín a Dorado por narcotráfico arrancó en 2001 y se denominó Operación
South Sea. Incluyó pinchazos telefónicos y registros en las viviendas de Dorado. En aquel año,
con Aznar de presidente del Gobierno, Feijóo era presidente de Correos y en enero de 2003 se
incorporó a la Xunta como consejero de Obras Públicas. "Durante la investigación hubo
observaciones de las conversaciones telefónicas de Núñez Feijóo y Marcial Dorado. Esas
conversaciones no se consideraron en ningún momento delictivas; ni siquiera se detectaron
indicios indicativos de nada", señala Taín a El Mundo sobre el sumario que él abrió en 2001. En
los registros, dice Taín, se hallaron fotos de Feijóo con Dorado (la esposa del narco asegura que
hay muchas más imágenes). "Cuando hacemos el registro nosotros sabíamos que las fotos
estaban allí. Buenos, esas y muchísimas fotos más, porque en esas fechas Dorado era un
empresario muy activo y muy dado a sacar fotografías. De hecho, podrían aparecer más fotos del
presidente y de mucha gente más... Pero no se incautó ninguna foto porque eran irrelevantes para
la investigación", relata el juez.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado esta mañana que "el juez que
encarceló a Marcial Dorado ha hablado claro" y considera que, con las palabras de José Antonio
Vázquez Taín, "la infamia se acabó". En declaraciones a los medios en Vigo recogidas por
Europa Press, el presidente gallego ha reiterado que, desde que se publicaron sus fotos en EL
PAÍS con el narcotraficante Marcial Dorado, ha intentado "explicar la verdad de la situación, con
la mayor celeridad posible, la mayor sinceridad posible y la mayor transparencia posible". Feijóo
no ha hecho alusión a las contradicciones entre la versión del juez y la suya sobre las fechas y
duración de su relación con el narco y ha asegurado: "El juez ha concretado que lo que yo estaba
contando era cierto". Feijóo ha destacado su disposición a "seguir dando explicaciones", para lo
que se ha remitido a su comparecencia, el próximo miércoles, en el Parlamento gallego. "Galicia
bien merece la explicación y la verdad", ha concluido.
Las fotos de Feijóo con Dorado alientan nuevas sospechas de financiación ilegal del PP
Las amistades peligrosas del actual presidente de la Xunta coinciden con la etapa del imputado
en la Gürtel Pablo Crespo al frente de la financiación de los populares gallegos. Rajoy fue
presidente de AP de Pontevedra y de la Diputación provincial en pleno apogeo del contrabando
en el que estuvieron implicados alcaldes y dirigentes conservadores.
El presidente de la Xunta ha luchado siempre por desvincularse de la trama Gürtel y su potente
conexión con el PP gallego a través de Pablo Crespo, ex secretario de Organización (1995-2003)
y número dos de Francisco Correa hasta la imputación y detención de ambos por corrupción.
Alberto Núñez Feijóo, cuando se le pregunta por Crespo como detonante de una presunta
financiación ilegal de todo el partido, tal y como indican las últimas investigaciones judiciales,
apela a su militancia tardía en el PP y asegura que él responderá de los hechos que se
corresponden con su liderazgo del partido en Galicia, al que accedió en 2006.
Sin embargo, el "hecho" que se le ha presentado ahora en forma de fotografías con el
narcotraficante Marcial Dorado y aunque sean de "hace casi 20 años" -como él se ha esforzado
en recordar una y otra vez en su rueda de prensa de ayer-, se trata de otra vuelta de tuerca de un
clásico de la política gallega que comienza ya en la transición: la relación entre el narcotráfico y
AP-PP o, lo que es lo mismo, la convivencia -identificación, en muchos casos- de los capos del
contrabando de tabaco y el tráfico de drogas con los políticos conservadores liderados por
Manuel Fraga antes de ser éste relevado por Feijóo.
La vehemencia con la que Feijóo ha pretendido desentenderse de la etapa de Fraga y los
comienzos de AP-PP en Galicia podrían estar pasándole factura, razonan en su partido, más allá
de la estrategia de la oposición socialista y nacionalista, que recuerdan ahora al presidente y al
PP gallego (sobre todo, al de Ourense de José Manuel Baltar) cómo se ensañaron con el
vicepresidente gallego Anxo Quintana (BNG) cuando se publicaron las fotos de éste en el yate
de Jacinto Rey , propietario del Grupo San José y adjudicatario entonces de un importante
paquete de megavatios en un concurso eólico que generó gran polémica. Precisamente, fue el
entonces periódico de Rey, Xornal de Galicia (hoy desaparecido), el que publicó junto a Público
la foto de Rajoy en el yate de Os Caneos, el clan de narcotraficantes "más importante de
España", según la policía. El PP gallego dio el pistoletazo a las elecciones europeas de 2009,
subido en el Moropa.
Fuentes del PP gallego recuerdan a Feijóo que la vinculación AP-PP-narcotráfico "también está
en las hemerotecas"
Feijóo insistió en su rueda de prensa y una y otra vez, en su "muy cordial" relación con Quintana,
desvinculándolo así de la publicación de sus fotos con el narco Dorado en el yate de éste. El
presidente de la Xunta ha recordado implícitamente las advertencias que lleva recibiendo hace
diez años sobre la existencia y posible publicación de esas fotos, pero evitó dar los nombres de
quienes le habrían advertido. Que el líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, había
lanzado el aviso en alguna ocasión -ahora se sabe que con conocimiento de causa- sobre el "ahíahí" de la relación entre el delfín de Rajoy y el narcotráfico, está en las hemerotecas;
concretamente, en las de febrero de 2011 ("Feijóo y el narcotráfico andan ahí-ahí", dijo
exactamente el líder socialista gallego).
Sin embargo, quienes no figuran en los archivos de prensa en los términos del PSdeG -ni se
espera que se pronuncien públicamente más que para dar apoyo a su líder- son los miembros del
PP con quien el presidente de la Xunta mantiene una lucha soterrada de años por el control del
partido y que no aceptan la diferenciación que hacen Feijóo y los suyos -incluidos Rajoy o José
Manuel Romay Beccaría- entre un "PP transparente y honesto" (del propio Feijóo en adelante, el
antes conocido como PP del birrete) y un "PP oscuro, intrigante y caciquil" (de Feijóo hacia atrás
e incluyendo en el mismo saco al condenado Crespo o a los tres barones del llamado PP de la
boina, Francisco Cacharro, José Luis Baltar y el difunto Xosé Cuiña)
Nadie en el PP se atreve a desvincular a estos viejos enemigos internos de Feijóo -"Pero
recolectores de votos igual que él, de ahí su influencia en el tiempo"- de la circulación y
publicación de las fotos. Las fuentes consultadas recuerdan que con Rajoy se intentó hacer lo
mismo en idéntica batalla por el control del PPdG, pero las imágenes que decían poseer y que
demostrarían una presunta homosexualidad del hoy presidente del Gobierno nunca se publicaron.
El propio Rajoy, sin embargo, ha culpado de ese bulo en diversas ocasiones al abogado,
narcotraficante y cerebro de narcotraficantes Pablo Vioque, el todopoderoso secretario de la
Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por obra de Fraga, que también lo
destituyó en cuanto se enteró de sus actividades ilegales.
Las fuentes consultadas van más allá e interpretan la aparición de las fotos de Feijóo y Dorado
como un aviso al presidente, pues se le está recordando con ellas, aunque sea de forma implícita,
una serie de datos "que también están en las hemerotecas", añaden. Apuntan más alto, además, al
recordar que Rajoy fue un hombre del PP y de AP, con responsabilidades destacadas -diputado
autonómico ya desde 1981, con 26 años- en plena gestión del ex tesorero Rosendo Naseiro,
involucrado en la presunta financiación ilegal del PP. Precisamente, el caso Naseiro se reveló
casualmente en el marco de una investigación por narcotráfico, lo cual llevó, paradójicamente, a
invalidar las escuchas que probaban los delitos, pero cuyas transcripciones están en todos los
históricos de prensa. Rajoy fue presidente de la Diputación de Pontevedra entre 1986 y 1991 y
líder de AP en esta provincia entre 1987 y 1989. Entonces, ascendió ya a la Ejecutiva nacional
del PP de la mano de José María Aznar.
Antes de irse a Madrid, el actual jefe del Ejecutivo ya había frecuentado junto a Fraga el Parador
de Cambados o los restaurantes Casa Rosita (Cambados) y el de la mujer del capo Luis Falcón,
Falconetti, en compañía del hoy narco protagonista Marcial Dorado, pero también de alcaldes y
altos cargos de UCD, AP o PP implicados después en delitos de contrabando y narcotráfico,
como Vicente Otero Pérez (Terito), que fue condecorado con la medalla de oro y brillantes de
AP; José M. Prado Bugallo (Sito Miñanco), José Ramón Barral (Nené), Manuel Lorenzo
(Ferrazo), Alfredo Bea Gondar, Luis Jueguen, José Manuel Vilas, el citado Falconetti, el
abogado Vioque o Evaristo Juncal. Éste fue defendido con vehemencia, precisamente, por el
actual presidente de la Diputación de Pontevedra y amigo personal de Rajoy, Rafael Louzán,
cuando en 2010 se informó de que Juncal había traspasado empresas a varios de los narcos
citados en estas líneas. Louzán fue también la mano derecha -y consejero de alguna de sus
empresas, sin él saberlo, según dijo- del contrabandista Nené, ex alcalde de Ribadumia
(Pontevedra) De momento, sólo Laureano Oubiña, máximo exponente del tráfico de hachís en
España, reconoció en una entrevista desde la cárcel a la edición española de Vanity Fair haber
financiado a AP y UCD
http://www.publico.es/452984/las-fotos-de-feijoo-con-dorado-alientan-nuevas-sospechas-definanciacion-ilegal-del-pp
CHÓFER, TESTAFERRO Y AMIGO DE FEIJÓO
Manuel Cruz, el hombre que puso en contacto al presidente de la Xunta con Dorado, era
conductor de conselleiros de Fraga y socio del contrabandista
Manuel Cruz, chófer de consejeros de la Xunta y amigo del entonces número dos de la
Consellería de Sanidade y actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya se había
introducido en el extenso entramado societario que había vertebrado Marcial Dorado cuando
hizo las presentaciones entre el político y el contrabandista en una visita a A Illa de Arousa, la
localidad pontevedresa donde reside el popular tabaquero.
Era finales de 1994 y Cruz llevaba una doble vida. Mientras frecuentaba la mansión de Dorado
para hablar de negocios, atendía sus ocupaciones más públicas como chófer de destacados
políticos gallegos del PP —como el exconsejero y exministro de Sanidad José Manuel Romay
Beccaría— y militaba en el partido en Ferrol, la ciudad donde vivía. Cruz era el hombre de los
contactos y un aventajado intermediario gracias a sus relaciones personales y de confianza con la
élite política del momento. Una de las primeras operaciones que gestionó fue la compra de los
Astilleros Hércules, SL, filial de Astafersa, una empresa vinculada al que fuera consejero de la
Xunta de Manuel Fraga, Juan Fernández, para el que además trabajó de chófer. El amigo de
Feijóo se implicó de lleno en varias de las empresas de Marcial Dorado en el suministro de
petróleos a hospitales, como es el caso de Petrogalicia, SL o Xatevín, SL, que gestionaba una
gasolinera en Caldas de Reis y otra en A Illa de Arousa, en el puerto deportivo. El testaferro del
contrabandista llegó incluso a colocar a varios familiares en este extenso entramado de 40
sociedades que creó Dorado.
A raíz de la condena de Marcial Dorado por narcotráfico, la Agencia Tributaria puso en 2009 al
descubierto la inmensa capacidad empresarial del ya narcotraficante a través de la denominada
Operación Dourado. La estructura financiera del contrabandista que se relacionó con Núñez
Feijóo en los noventa tenía ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra,
Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos, donde se le embargaron tres millones de euros en
cuentas bancarias, además de un patrimonio inmobiliario inmovilizado que supera los 12
millones. En esta causa por blanqueo estaría implicado el propio Manuel Cruz, aunque había
fallecido diez años antes en un accidente de tráfico. En la investigación el que fue chófer de
consejeros de la Xunta aparece como nexo del holding empresarial del contrabandista. De hecho,
su viuda llegó a declarar en la Audiencia Nacional como presunta implicada en los intereses de
Marcial Dorado al igual que una sobrina de Cruz, socia fundadora de los Astilleros Hércules. En
esta empresa se construyó clandestinamente la lanzadera Nautillus que Dorado vendió al grupo
de transportistas a los que se intervino el alijo de cocaína por el que ahora está en prisión.
Cruz también entabló relación en los noventa con otro destacado dirigente del PP en Galicia,
Juan Juncal, exalcalde de Ferrol y actual senador, que ejerció de asesor y apoderado de Cruz en
la compra de una empresa. Fue en 1995 y, según reconoció el propio Juncal, el chófer de la
Xunta, al que ya conocía de verlo por Ferrol, acudió a su asesoría fiscal para que le representara
en la compra de una empresa informática “inactiva”. “Anfra Sistemas era una empresa inactiva;
las empresas inactivas se compran y se venden”, explicaba hace tres años el senador del PP a este
periódico sobre aquella operación. Anfra Sistemas está bajo la lupa de la Audiencia Nacional en
la causa contra Dorado por blanqueo. Juncal sostiene que se enteró luego de las estrechas
relaciones de su cliente con el entonces contrabandista.
Solo seis después de firmar la compra de Anfra Sistemas con el asesoramiento de Juncal, Cruz
inyectó en esa sociedad cinco millones de pesetas (30.000 euros) y adquirió a través de ella otra
firma, JF Oil, una sociedad que gestionaba gasolineras en la provincia de Pontevedra. Quien le
vendió a Cruz JF Oil era también alguien vinculado al PP: Evaristo Juncal Carreira, un ingeniero
de la Xunta que desde los años noventa fue socio de al menos una decena de empresas de
explotación de gasolineras, minicentrales, piscifactorías, viñedos y negocios inmobiliarios. Con
los años, Evaristo Juncal Carreira terminó siendo presidente del partido en el municipio
pontevedrés de Caldas de Reis, candidato a la alcaldía por el PP y delegado territorial de
Urbanismo en Pontevedra del Gobierno de Feijóo. Cuando este periódico publicó que tres de sus
sociedades acabaron en manos de personas muy cercanas a contrabandistas y capos históricos del
narcotráfico, el presidente de la Xunta lo destituyó.
UN FRENAZO PARA EL MEJOR COLOCADO
Feijóo era hasta el domingo el más firme candidato a la sucesión de Rajoy
Varios dirigentes del PP creen que este caso le pesará y refuerza a Santamaría
En público, todos los políticos insisten en que solo piensan en el puesto que están ocupando en
ese momento. En privado, prácticamente todos los administradores de alto nivel se mueven para
preparar su siguiente ascenso en la escalera del poder. Alberto Núñez Feijóo no es una
excepción. Nadie en el PP duda de sus legítimas aspiraciones al máximo cetro: ser líder del
partido y presidente del Gobierno. Y hasta el domingo, era tal vez el candidato mejor colocado
para suceder a Mariano Rajoy si es que este, hundido como está en las encuestas, decidiera no
presentarse a la reelección en 2015 o si perdiera. ¿Han acabado las fotos con el entonces capo del
contrabando Marcial Dorado con la carrera de Feijóo?
En el PP había este lunes división de opiniones. La mayoría cree que él ha reaccionado rápido y
bien, y que podrá seguir sin problemas al frente de la Xunta, entre otras cosas porque acaba de
ganar cómodamente unas elecciones (hace cinco meses), tiene al partido muy controlado y la
oposición es muy débil. Pero la mayoría de los consultados cree que a medio plazo este golpe de
imagen es muy duro y pesará en su batalla por ser el sucesor de Rajoy.
Feijóo, hasta el domingo, era el mejor colocado por muchos motivos. Primero por sus éxitos
electorales, algo básico en política: ganó a la primera y repitió éxito en plena crisis. Segundo por
su trayectoria política con largo recorrido de gestor centrado en la sanidad —fue presidente del
Insalud—. Tercero por una evidente cercanía a Rajoy, que apostó por él. Cuarto por una cuestión
de edad: es de la generación siguiente al líder, mientras Alberto Ruiz-Gallardón, otro candidato,
es coetáneo de Rajoy. Y por último, porque siempre se ha movido bien en los círculos del poder
no solo regional, sino especialmente madrileño, una ciudad a la que acude cada semana para
forjar su agenda nacional. Feijóo lleva muchos años trabajándose el PP, con buenas relaciones
con la mayoría de los barones autonómicos, el poder económico y los medios de comunicación.
Es un estratega, y aunque siempre dice que su única aspiración es Galicia, todos saben que no es
cierto.
“Está tocado pero no hundido”, analizan otros, que ven como pasajera la polémica
A la mayoría les parece bien esa ambición, natural en política, aunque últimamente habían
generado resquemor su distanciamiento de la dirección nacional por la gestión del caso Gürtel.
Mientras el PP y Rajoy guardaban silencio, él aparecía con frecuencia en los medios de
comunicación y respondía a todas las preguntas, siempre muy claro, en su estilo. “El PP tiene
que pedir perdón”, “Bárcenas nos ha engañado a todos”, “Bárcenas se ha aprovechado del PP”,
eran frases suyas que la dirección del PP no se animaba a pronunciar. Cada vez que comparecía,
dejaba en mal lugar, por comparación, tanto a María Dolores de Cospedal como al propio Rajoy.
“Creo que él piensa como yo, pero es el presidente del Gobierno, no puede entrar en ciertos
temas”, le justificó hace dos semanas en Cuatro.
Esta actitud le ha distanciado de Cospedal, otra aspirante nunca confesada a la sucesión. Tanto
que enseguida se dispararon las hipótesis de fuego amigo en la publicación de las fotografías,
algo a lo que ninguno de los consultados le otorga mucha fuerza y que el propio Feijóo quiso
despejar apuntando indirectamente a la oposición. Este tropiezo del gallego con unas fotos que
todos admiten como “muy inoportunas” refuerza en esa carrera por la sucesión, según un análisis
muy extendido en el PP, a Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta. El deterioro de imagen
de Cospedal con el caso Bárcenas —que Santamaría ha evitado tras los Consejos de Ministros
para no quemarse— y el tropiezo de Feijóo dejan a la vicepresidenta en mejor posición, aunque
todo es temporal y queda mucho todavía para esa disputa. “Feijóo está tocado pero no hundido”,
analizaba otro veterano.
Aunque de perfiles distintos —Feijóo tiene más edad y más trayectoria— los tres tienen algo en
común: son funcionarios que entraron en política desde la administración, no muy ideologizados.
El propio Feijóo ha reconocido que votó al PSOE en el pasado. Los tres empezaron a militar en
el PP tarde, en 2000. Santamaría pasó a la política después de trabajar como técnica con Rajoy
en Administraciones Públicas y Cospedal hizo lo mismo tras incorporarse al equipo de Javier
Arenas en Trabajo. El único pata negra de Alianza Popular en el cuarteto de sucesores en
potencia es Gallardón, cuyo perfil político siempre le convierte en protagonista.
Otros veteranos señalan que por mucho que a Feijóo esto le pueda venir muy mal —hasta ahora
estaba inmaculado— la carrera de la sucesión de Rajoy es mucho más larga de lo que parece.
Estos dirigentes están seguros de que el presidente se volverá a presentar en 2015. “¿Tú crees
que Rajoy ha pasado todo lo que ha pasado para estar solo cuatro años, en plena crisis, y
marcharse justo cuando empieza la recuperación? No tiene sentido. Si la economía mejora un
poco, y con el PSOE como está, tiene muchas opciones de volver a ganar en 2015. La sucesión
es en 2019, y hacer quinielas para entonces es absurdo”, sentencia un veterano.
Los veteranos creen que Rajoy será el candidato en 2015; la sucesión, en 2019
Otros muchos no ven consistencia a las críticas. La publicación de las fotos llega en un momento
en que los políticos, y en especial los del PP, se sienten acosados y tienden a mostrar solidaridad
con sus compañeros. “Esto es una muestra de cómo está la política actualmente, del absurdo al
que hemos llegado. Si después de toda la vida en política lo único que le pueden sacar a Feijóo es
que hace 20 años fue amigo de ese hombre...”, señala un dirigente popular.
En cualquier caso, Feijóo quiso lanzar este lunes un mensaje claro a su partido al contar que
Rajoy supo en 2003 que existían estas fotos. Le avisó de nuevo en 2009, y hablaron dos veces
este fin de semana. Y siempre le apoyó, según confirman en La Moncloa. Esto es, mensaje para
navegantes del PP, para rivales internos que puedan pensar que Feijóo es ahora un dirigente que
está solo: tiene todo el apoyo del líder que decidió apostar por él pese a que sabía que existían
esas fotos. Eso sí, quedó por explicar por qué ninguno de los dos dijo nada en público sobre las
amenazas y las fotos durante estos años.
EL PSOE PIDE QUE FEIJÓO ACLARE SI LA XUNTA FACTURÓ A EMPRESAS DE
DORADO
El líder del PSdeG exige al presidente que enseñe las facturas de cuando era alto cargo de
Sanidade porque ve "indicios" de que Dorado se benefició de contratos públicos
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá el próximo 10 de abril en el
Parlamento gallego para aclarar su relación en los años noventa con el entonces contrabandista
Marcial Dorado, en prisión actualmente por narcotráfico. La junta de portavoces de los grupos
parlamentarios ha acordado esta mañana la comparecencia, que sustituirá a la habitual sesión de
control que incluyen los plenos en la Cámara autonómica. La intervención de Feijóo estará
abierta a las preguntas de la oposición que, sin embargo, no podrán plantear las habituales
cuestiones sobre otros temas propias de las sesiones de control al presidente.
El PSdeG ya ha adelantado esta mañana algunos de los aspectos que el presidente de la Xunta, a
su juicio, debe aclarar en su comparecencia. El secretario general de los socialistas gallegos,
Pachi Vázquez, ha defendido esta mañana en una entrevista en RNE que hay "indicios" de
"relaciones comerciales" entre empresas de Dorado o de sus testaferros y la Consellería de
Sanidade, de la que Feijóo era alto cargo en los años de aquella relación. Según ha afirmado
Vázquez, el presidente de la Xunta “tiene que comparecer en sede parlamentaria y enseñar las
facturas de cuando fue secretario general técnico de la Consellería de Sanidade y luego secretario
general del Sergas entre el 92 y el 98. Facturas con los testaferros”. “Cuando habla de su amigo
Manolo Cruz, hay que decir que este era el testaferro de Marcial Dorado. Compraba gasolineras
y las ponía a nombre de Marcial Dorado", ha señalado el socialista.
Vázquez sostiene que "si Galicia supiera de esa relación en tiempo y forma, Feijóo hoy no sería
presidente de Galicia". "La droga hacía estragos en la juventud gallega y uno de los máximos
representantes del órgano que luchaba contra la drogadicción en Galicia estaba en el yate" de
Marcial Dorado, haciendo viajes por Andorra y Portugal que no sabe quién los pagaba", ha
concluido el líder socialista.
Los que sí han salido en defensa del presidente gallego han sido sus compañeros del partido
popular. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha defendido a Feijóo describiéndolo
como "uno de los activos más importantes en el Partido Popular" y ha añadido, "rotundamente",
que no debe dimitir tras hacerse públicas las fotografías junto al narcotraficante Marcial Dorado
que destapan la relación del ahora líder de los populares gallegos con el entonces célebre
contrabandista. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha
declarado que la explicación "pública y transparente" que ha ofrecido el presidente de la Xunta le
ha convencido.
QUINTANA: “SI ME PASA A MÍ LO DE FEIJÓO TENGO LA GUARDIA CIVIL EN MI
CASA”
El exvicepresidente, molesto con que se equipare su foto con un empresario a la del presidente
Las fotografías publicadas por EL PAÍS del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, junto
al narcotraficante Marcial Dorado ha devuelto a la actualidad otra famosa fotografía, la del
exvicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, junto a Jacinto Rey, propietario de la Constructora
San José y adjudicatario de concursos de la Administración gallega, en un yate. En aquel
momento el PP pidió su dimisión y Feijóo pronunció la famosa frase que ahora muchos le
recuerdan: “El Gobierno no se puede fotografiar con malas compañías”.
Quintana ha concedido una entrevista este martes a la cadena SER, en la que ha asegurado: "Si
me pasase lo de Feijóo, seguramente tendría una pareja de la Guardia Civil en mi casa". El
exvicepresidente se ha mostrado muy molesto con la equiparación de la citada fotografía con la
imagen del actual presidente de la Xunta junto al narcotraficante gallego. "No tiene nada que ver.
Absolutamente nada que ver", ha recalcado.
Quintana ha afirmado que, en su caso, la situación fue manipulada porque, ha dicho, la imagen
de él junto al empresario gallego se realizó un año antes de que él fuese vicepresidente de la
Xunta y cinco años antes de que se convocase el concurso éolico. "Ni yo podía pensar que sería
vicepresidente, ni que habría un concurso eólico", ha explicado sobre aquella imagen. "Él
[Feijóo] sabrá si tiene que dejar el cargo o no, no voy a hacer lo que hicieron conmigo", ha
zanjado Quintana.
Sin embargo, el secretario general del PP gallego y vicepresidente de la Xunta de Galicia,
Alfonso Rueda, ha asegurado que la diferencia “fundamental” entre las fotografías de Alberto
Núñez Feijóo con el contrabandista y narcotraficante, Marcial Dorado, y las del exvicepresidente
gallego recae en el cargo político de los retratados. Rueda ha esgrimido que las imágenes de
Feijóo son “de hace 20 años cuando en ningún caso tenía responsabilidades de gobierno como
las que tiene ahora” y que las de Quintana “son de un vicepresidente cuando era vicepresidente
con un empresario que después recibió importantes contratos de ese gobierno”, un extremo que
siempre ha sido negado por el exportavoz nacional del BNG.
Feijóo era el número dos de la Consellería de Sanidad de Fraga cuando se dejaba fotografiar al
lado del narco en barcos y casas de su propiedad. Las imágenes de Quintana fueron tomadas un
año antes de ser nombrado vicepresidente de la Xunta y cinco años antes de la adjudicación del
concurso eólico en el que ese empresario recibió megavatios.
Rueda no ha querido responder a los medios cuando se le ha preguntado si es peor fotografiarse
con un empresario o con un narco. “Me ha preguntado por las diferencias entre ambas fotografías
y se las he explicado”, ha zanjado. Durante la campaña electoral de las autonómicas de 2009,
Rueda y Feijóo no solo pidieron la dimisión de Quintana; también reclamaron al expresidente
socialista, Emilio Pérez Touriño, la destitución de su socio en el bipartito que gobernaba Galicia.
El secretario general de los populares gallegos también ha alegado que fue Touriño el primero en
criticar las fotografías de su propio vicepresidente. Además, ha descartado que las imágenes
hayan sido distribuidas ahora por miembros del PP para frenar la carrera política de Feijóo.
EL CONTRABANDISTA MÁS CÉLEBRE DE GALICIA
Dorado fue el tabaquero gallego que levantó el mayor emporio con el negocio del contrabando
También fue el último en caer en las redes del narcotráfico
A Marcial Dorado, el contrabandista más célebre de Galicia, la tormenta política por su vieja
amistad con el presidente de la Xunta le ha cogido entre rejas, cumpliendo una condena de 14
años por narcotráfico. Aunque en su pequeño pueblo natal de A Illa de Arousa (Pontevedra)
muchos vecinos que trabajaban para él fueron testigos de aquella relación o habían oído hablar
de ella, el famoso traficante de tabaco gallego, siempre reacio a hablar con los medios de
comunicación, nunca quiso comentar el asunto, al menos en público. Antes de que Alberto
Núñez Feijóo y el contrabandista se conocieran, Dorado llevaba años siendo un permanente
objetivo policial y mediático. A finales de los ochenta fundó su propia compañía para introducir
en España el tabaco de contrabando que proveía a las tres principales bandas gallegas el
delegado de la Reynolds en Europa Michael Haengui, apodado Roberto el Suizo. La denuncia
judicial de un distribuidor de tabaco que había sido encerrado en un camión congelador del que
milagrosamente salió con vida fue la voz de alarma para que un juez tirara del hilo hasta
impulsar la gran redada contra la mafia tabaquera en diciembre de 1983, la primera en la que
Dorado fue detenido.
Dorado fue procesado junto a otros 94 contrabandistas, tras una investigación que duró varios
años. Pese al interés que el asunto acaparó en la sociedad gallega, la causa fue archivada cuando
llegó a la Audiencia Nacional porque los delitos ya habían prescrito 15 años después. En medio
de las maniobras dilatorias de los abogados para evitar el juicio, Dorado aparecía involucrado en
la primera gran investigación internacional por blanqueo de dinero y era foco de la prensa
europea. Precisamente su conexión con el empresario suizo y los continuos viajes a Basilea para
contratar los cargamentos de tabaco le situaron en primer plano del proceso judicial franco-suizo
llamado Peseta Connection. Corría el año 1989 y el interés de las autoridades helvéticas era
llegar al origen de un ingente tráfico de divisas, cuantificado en 26.000 millones de pesetas, una
cantidad que habían sido ingresada en la sociedad Porespa de Haengui. Varios años después,
Dorado y otros contrabandistas de la época quedaron apartados del caso por falta de pruebas.
En la madrugada del 12 de junio de 1990, Dorado fue uno de los detenidos de la Operación
Nécora. Entonces pasó varias semanas en prisión, hasta que al juez Baltasar Garzón no le quedó
otra que dejarle en libertad por la inconsistente retahíla de acusaciones que el arrepentido
Ricardo Portabales había firmado contra él como uno de los capos del narcotráfico. Mientras
Dorado era recibido en su isla natal entre aplausos de sus convecinos, otros se manifestaban con
pancartas contra su excarcelación en localidades del entorno.
En junio de 1992, tres años antes de las fotografías con Feijóo, el Gobierno Civil de Pontevedra
había confeccionado su propio archivo de los capos gallegos cuando algunos ya habían dado el
salto al tráfico de cocaína y hachís. En un anexo del amplio informe policial y bajo el apéndice
de Clave Blanco (individuos sobre los que se realizan investigaciones), aparece Marcial Dorado
como uno de los contrabandistas que ya tienen conexiones con el sector de la construcción a
través de una inmobiliaria, Ladomar SA, y de la hostelería.
El informe cita las rías gallegas, País Vasco y Santander como el radio de las operaciones de
Dorado, mucho más amplias que las de sus colegas, y califica de “muy alta” la capacidad del
tráfico marítimo de su compañía. Además, detalla una por una las 12 embarcaciones que utiliza
para las descargas de tabaco, algunas construidas en Inglaterra, y menciona a los 35 operarios
que el capo tiene en nómina.
Entre los grandes tabaqueros de la época, Dorado es el que más ha sabido rentabilizar el negocio,
forjando el mayor emporio en dinero y patrimonio. Hábil y huidizo, ha intentado escapar de su
propia repercusión mediática, convencido de que la prensa fue culpable de su vía crucis judicial.
Pinchazos telefónicos en los que Dorado negocia la venta de una lanzadera que tenía en el puerto
griego de El Pireo propiciaron su implicación en el narcotráfico en octubre de 2003, tras la
captura del segundo mayor alijo de cocaína organizado por bandas gallegas. Dorado confesó su
actividad como contrabandista, pero siempre ha negado su relación con el tráfico de drogas:
“Soy víctima de un montaje y han ido a por mí sin pruebas”, declaró.
Con la sentencia firme por narcotráfico, el Servicio de Vigilancia Aduanera desplegó toda su
artillería para poner al descubierto su fortuna. En 2009 todos sus bienes y negocios conocidos
fueron embargados y tasados en 12 millones de euros, aunque se estima que entre dinero y
propiedades su valor podría duplicarse. Mientras el fallo espera a ser revisado por el Tribunal
Constitucional, Dorado está pendiente del escrito de acusación de la fiscalía de la Audiencia
Nacional por la causa de blanqueo. También ha solicitado un permiso penitenciario que hasta
ahora se le ha denegado.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/01/actualidad/1364843352_787731.html?rel=rosEP
FEIJÓO CREE QUE SE INTENTA TRUNCAR SU CARRERA CON SUS FOTOS CON UN
NARCO
El presidente de la Xunta se niega a dimitir porque dice que no ha hecho "nada ilegal"
Alega que las imágenes que destapan su relación con Dorado son "simplemente unas fotos"
Asegura que habló con Rajoy y Cospedal tras la conocer la publicación de las imágenes
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha restado importancia a las fotografías
publicadas por EL PAÍS que han destapado su relación de amistad con el contrabandista Marcial
Dorado en los años noventa, cuando el dirigente popular era número dos de la Consejería de
Sanidad del Gobierno gallego. “Son simplemente unas fotografías antiguas y así se ha
corroborado en diferentes investigaciones judiciales”, acaba de afirmar Feijóo, que ha aclarado
que no piensa dimitir porque, ha señalado, no ha hecho “nada ilegal”. “Si hubiese pensado que
esas fotos eran un riesgo [para mi carrera], no me hubiese presentado a las elecciones
[gallegas]”, ha añadido sobre su relación con Dorado, que ahora cumple condena por
narcotráfico. “Las fotos son lo que son: fotos. No hay nada detrás. Ni contratos con la Xunta o el
Insalud, ni financiación del PP porque yo en aquellos ni siquiera militaba en el PP”.
El líder del PP gallego, bien situado en la línea para suceder a Rajoy, se ha escudado en la
existencia de una mano negra a la que no pone nombre que, desde 2003, cuando fue nombrado
por Manuel Fraga vicepresidente de la Xunta, no ha dejado de amenazarle con sacar a la luz su
relación con Marcial Dorado para truncar su carrera política: “Se me ha intentado amedrentar en
todo este tiempo y no lo han conseguido. Seguiré diciendo lo que pienso”. Para defenderse,
Feijóo ha prometido “transparencia” pero no ha aclarado quién pagaba los viajes que hizo con
Marcial Dorado y ha asegurado que entonces desconocía tanto el pasado de su anfitrión en los
yates –había sido detenido dos veces por contrabando- como a qué se dedicaba el conocido
contrabandista en aquel entonces.
Preguntado por el tren de vida que llevaba Dorado en aquella época entre yates, mansiones y
todoterrenos de lujo, y si no le hizo desconfiar que su poder adquisitivo pudiera proceder del
contrabando puesto que ya había sido detenido en la Operación Nécora y toda la prensa le
señalaba como uno de los capos de la mafia gallega, Feijóo admitió que sí. “Investigué pero me
dijeron que no había sido condenado” .Y reveló que desde 2003 o 2004 cuando supo de la
existencia de este material comprometedor, lo puso en conocimiento del expresidente de la
Xunta, Manuel Fraga, y también de Mariano Rajoy. Según dejó entrever, ninguno de los dos
dirigentes del partido le reprocharon nada. Durante los años de las excursiones junto al capo
gallego, Feijóo era alto cargo de la Xunta de Fraga y presidente del Insalud. “Cometí la torpeza
de no investigar con más profundidad con mis propios medios”, ha reconocido hoy en su
comparecencia en el Parlamento gallego. “El grado de ingenuidad de hace 20 años es difícil de
justificar hoy”.
Uno de los destinos que ha reconocido Feijóo de sus viajes con Dorado era hasta ahora Andorra.
Sin embargo, esta mañana el presidente de la Xunta ha reculado. Asegura que se equivocó, que
lo que él creía que era Andorra se trataba en realidad de los Picos de Europa. “Había nieve”, ha
justificado el líder del PP gallego. Sobre si su relación con el contrabandista derivó en
adjudicaciones públicas a sus empresas desde la Consejería de Sanidad de la que era el número
dos, Feijóo ha subrayado que nunca “firmó ni hizo ningún tipo de contrato” con las sociedades
de Dorado. “No pongo la mano en el fuego por todas las personas con las que he comido y
viajado en los últimos 20 años”, ha añadido.
El presidente de la Xunta y el contrabandista Marcial Dorado.
El presidente de la Xunta se ha visto forzado a comparecer tras la publicación en el diario EL
PAÍS de unas fotografías en un yate del contrabandista gallego Marcial Dorado en el año 1995,
cuando Dorado ya había sido detenido en dos ocasiones: 1983, en la primera gran redada contra
el negocio ilegal del tabaco, y en 1990. Años después de su relación con Feijóo, Dorado fue
arrestado por narcotráfico y se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 14 años.
Los grupos de la oposición han exigido esta mañana a Feijóo que presentara su renuncia. El
secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, ha advertido de que el presidente de la Xunta
mantenía una "relación de estabilidad" con una personas "catalogada como narcotraficante" en
los propios medios de comunicación y que había sido detenida y "condenada" en los años 80. En
este sentido, ha considerado que "nadie puede seguir siendo presidente del Gobierno gallego con
esta carga a las espaldas". El BNG ha advertido que esta "relación" es un hecho "de suficiente
gravedad" como para que el presidente gallego presente "su dimisión inmediata". Francisco
Jorquera, portavoz del partido, ha asegurado que "una persona que mantiene este tipo de
relaciones es indigna de ser presidente de Galicia”.
La número dos de Alternativa Galega de Esquerda, Yolanda Diéz ha advertido de que "no son
unas relaciones normales" y se ha preguntado "qué tipo de negocios hacía el señor Feijóo con el
señor Dorado" y "qué tipo de viajes a Andorra". "Porque no son normales", ha manifestado. La
dirigente política ha rememorado que "como con naturalidad" en las listas del PP en los años 90
"concurrían personas vinculadas al narcotráfico", de ahí que haya calificado de "amistades
peligrosas" la de Feijóo con Dorado.
CUANDO EL PRESIDENTE SÍ PEDÍA DIMISIONES POR “MALAS COMPAÑÍAS”
El PP exigió el cese de Quintana (BNG) por una fotografía en un yate con un constructor, cuando
este no tenía ningún cargo público
Era “Feij009” quien hablaba entonces. En la descarnada campaña autonómica de 2009, aquella
que tumbó al gobierno bipartito y dio a Alberto Núñez Feijóo la presidencia de la Xunta de
Galicia, el líder popular, que se presentó ante los gallegos bajo la citada marca comercial, utilizó
como arma contra el jefe de filas del BNG, el vicepresidente Anxo Quintana, una vieja foto de
este a bordo del yate del poderoso empresario gallego Jacinto Rey, propietario de la Constructora
San José y adjudicatario de concursos de la Administración gallega. Una de las frases de Feijóo
publicadas entonces en relación a esta imagen, “el Gobierno no se puede fotografiar con malas
compañías”, se ha vuelto ahora en su contra. El actual presidente de la Xunta no ha podido
esquivar el paralelismo de las fotografías que, en el caso de Quintana, también eran anteriores a
su toma de posesión como vicepresidente del Gobierno gallego. Ahora la oposición le pide a
Feijóo que sea consecuente con lo dicho, y esta mañana la pregunta de los periodistas ha sido
inevitable en su comparecencia en el Parlamento.
Al respecto, Feijóo ha explicado que cuando conoció la fotografía de Quintana y Rey, ya había
sido advertido de la existencia de sus instantáneas con Marcial Dorado. A él, según ha relatado,
le amenazaron varias veces desde el año 2003 y también en 2009 con que podrían salir a la luz
las imágenes con el narco. Y después de reconocer, como recogen las hemerotecas, que
efectivamente hizo declaraciones en aquella campaña electoral relativas a la foto
comprometedora de su rival, se ha excusado diciendo que “el primero en hablar” del tema fue
quien era socio de Gobierno de Quintana, el socialista Emilio Pérez Touriño.
En la feroz guerra por el poder en Galicia, según Feijóo, el PP criticó aquel retrato a bordo
porque hacía poco que una consejería nacionalista del bipartito había beneficiado a Jacinto Rey
en el concurso eólico. Pero, dicho esto, Feijóo (esta vez Feijóo 2013, vencedor de sus segundas
elecciones hace cinco meses) ha añadido: “Mantengo una relación cordial con el señor Quintana
y nunca puse en duda su honorabilidad”.
FEIJÓO Y EL CONTRABANDISTA
El presidente gallego mantuvo en los años noventa una estrecha amistad con Marcial Dorado,
entonces capo del tabaco en Galicia y ahora en la cárcel por narcotráfico
Fueron amigos durante unos años, y uno acabó al frente del Gobierno gallego y el otro en la
cárcel por narcotráfico. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del PP,mantuvo a
mediados de los años noventa, mientras ocupaba altos cargos en los Gobiernos gallego y central,
una estrecha amistad con el histórico contrabandista Marcial Dorado Baúlde. Entonces Dorado
ya era muy conocido por sus actividades como uno de los jefes del contrabando de tabaco en
Galicia, y Feijóo ocupaba destacados puestos en la Administración sanitaria, primero en la
autonómica y luego en la estatal. La relación incluyó invitaciones a Feijóo a la casa y al barco de
Dorado, además de viajes que realizaron juntos.
En aquella época el contrabandista había sido detenido dos veces: en 1983, en la primera gran
redada contra el negocio ilegal del tabaco en las Rías Baixas, y en 1990, por orden del juez
Baltasar Garzón, dentro de la Operación Nécora, aunque luego lo excarcelaron y no llegó a ir
juicio. Años después de su relación con Feijóo, Dorado fue arrestado por narcotráfico y ahora
mismo se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena a 14 años.
EL PAÍS se reunió con Feijóo el pasado día 20. En esa reunión el presidente de la Xunta pudo
ver las fotos a las que había tenido acceso este periódico y ofreció su versión de los hechos. EL
PAÍS había obtenido las fotos días antes, pero no contactó con el líder conservador gallego hasta
que comprobó la veracidad de las mismas. Feijóo y el contrabandista se conocieron a través del
que fuera durante años testaferro de este último en sus múltiples negocios, Manuel Cruz López
—luego fallecido en accidente de tráfico—, militante del PP en Ferrol y chófer oficial de
consejeros de la Xunta como José Manuel Romay Becaria, principal impulsor de la ascendente
trayectoria de Feijóo como gestor en la Administración y de su meteórica carrera política hasta
su nombramiento como sucesor de Manuel Fraga en 2004.
Feijóo conoció a Dorado a través de un testaferro de este, chófer en la Xunta
Cuando conoció al contrabandista, Feijóo tenía 34 años, vivía en Santiago y era el número dos de
la Consejería de Sanidad que dirigía Romay. Su amistad con Dorado se mantuvo unos meses
después de la marcha del actual presidente gallego a Madrid, reclutado por el propio Romay para
dirigir el desaparecido Insalud. El entonces prometedor alto cargo empezó a acompañar a Cruz
en sus asiduas visitas a la espléndida mansión de Dorado en A Illa de Arousa (Pontevedra),
donde se celebraban comidas y reuniones a las que asistía personal de confianza del
contrabandista, incluso algunos mandos uniformados.
La amistad entre el político y el contrabandista se fue estrechando. Entre 1995 y 1998, Feijóo
acudió durante los veranos a otra casa que Dorado tenía en Baiona, cerca de Vigo. En estas
escapadas no faltaba el paseo a bordo del yate que el empresario tabaquero tenía atracado en el
Club Náutico de esta localidad turística. En algunas de esas excursiones participó también la que
era entonces la pareja del que llegaría a ser jefe del Gobierno gallego. La afición de Dorado por
los barcos de recreo llevó a Feijóo a pasear a bordo de uno de los yates insignia del
contrabandista, el Oratus, que tenía fondeado en Ibiza. Esta embarcación sería intervenida años
después en una operación contra el blanqueo de dinero, tras la detención de Dorado en relación
con un cargamento de seis toneladas de cocaína, en octubre de 2003.
Feijóo también fue con Dorado a Portugal, donde este tenía negocios, y a Andorra. El Principado
era entonces uno de los destinos frecuentes de los contrabandistas para evadir dinero. Personas
próximas a Dorado, algunos exsocios en la importación ilegal de tabaco, recuerdan a Feijóo
como una persona discreta pero muy integrado en las fiestas que organizaba su anfitrión. Era el
amigo de Cruz, mano derecha del contrabandista, y apenas conocían detalles de su vida
profesional. La sorpresa vino años después, cuando alcanzó la presidencia de la Xunta.
En aquella época, Dorado ya había amasado una de las más potentes fortunas a la sombra del
negocio tabaquero con varias sociedades inmobiliarias y gasolineras. En Portugal se había
introducido en el mercado vinícola con una importante plantación mientras orientaba parte de sus
inversiones hacia Marruecos con la producción de aceite.
En esa épocael contrabandista ya había sido detenido en dos ocasiones
Feijóo explica que empezó a tratar a Dorado, en torno a 1995, a través de Cruz, con quien había
trabado amistad en la Xunta. Su relación, asegura, se limitó al ámbito personal en reuniones en
su tiempo de ocio en las que participaban más amigos. Reconoce que estuvo en su barco, en su
casa y que al menos hizo un viaje con él, aunque insiste en que siempre había más amigos
presentes. El presidente de la Xunta niega tajantemente que tuviera cualquier tipo de lazo
económico con Dorado ni que estuviera al tanto de sus negocios ni que su relación con él hubiese
tenido la menor influencia en sus decisiones como cargo público. Insiste en que también
desconocía que Cruz participase en los negocios del contrabandista.
Según el jefe del Gobierno gallego, en aquel momento confió en la palabra de los amigos
comunes, que le aseguraron que Dorado ya no se dedicaba al contrabando de tabaco. Y resalta
que, cuando se produjeron los hechos, tampoco había ningún procedimiento judicial abierto
contra él. Hacia 1997, en cuanto tuvo noticia de que la Audiencia Nacional había abierto una
investigación a Dorado por una supuesta operación de contrabando, el presidente gallego afirma
que cortó toda la relación con él y que desde entonces ni se han vuelto a ver ni han hablado
nunca.
En conversación con EL PAÍS, Feijóo señala que en 2004 tuvo conocimiento de que fotografías
suyas con Dorado habían sido requisadas durante un registro policial en el domicilio de este. Más
tarde, durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2009 —en las que alcanzó la
presidencia de la Xunta—, asegura que dirigentes del PSOE le amenazaron con difundir esas
imágenes si el PP no bajaba el tono de sus ataques. El presidente gallego sostiene que transmitió
a los socialistas que no le importaba que se hicieran públicas porque entendía que no le
comprometían en nada ilegal. En esos mismos días, el PP hizo circular una imagen del entonces
vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, en el yate de un empresario que había
recibido contratos de la Xunta. Mariano Rajoy llegó a pedir la dimisión de Quintana por esa foto.
Hicieron viajes juntos y Feijóo fue invitado a la mansión del capo
Desde su implicación en la gran redada contra los tabaqueros gallegos en 1983, Marcial Dorado,
uno de los 94 procesados en este macrosumario, es uno de los que más páginas de periódicos ha
acaparado. Aunque el asunto fue archivado por la Audiencia Nacional 15 años después, Dorado
Baúlde fue objeto de múltiples investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) hasta
el punto de que en 1998 la dirección de Aduanas en Madrid ya había diseñado la operación para
detenerle bautizada como Cabeza de Vaca, en alusión al conquistador español y su relación con
la leyenda de El Dorado. La operación fue desactivada coincidiendo con la fulgurante destitución
de la entonces cúpula del SVA. De los históricos del contrabando de tabaco en Galicia, Dorado
era el único al que nunca se había podido implicar en el tráfico de drogas.
Cuando su relación con Feijóo ya había concluido, Dorado acabó condenado a tres años por
sobornar a dos guardias civiles. En 2003 le detuvieron por primera vez acusado de narcotráfico.
Era el último de los históricos en caer y el único que permanecía en pie viviendo de las rentas de
la importación de tabaco ilegal.
El presidente de la Xunta afirma que creyó que Dorado ya no era contrabandista
Dorado, que pronto cumplirá 63 años, comenzó en el contrabando como jefe de una de las tres
grandes compañías que se formaron en la clandestinidad a finales de los años setenta en la Ría de
Arousa, denominadas ROS, Sito Carnicero y Marcial, por los nombres de sus jefes. Parte de su
niñez la había pasado a bordo del barco en el que su padre traía y llevaba pasajeros y víveres de
la isla de Arousa a tierra. Al igual que sus colegas, Dorado se refugió en Portugal cuando se
desató en las Rías Baixas la gran redada de diciembre de 1983. Y fue uno de los que coincidieron
en un lujoso hotel de la localidad de Viana do Castelo, donde se alojaban los fugitivos
contrabandistas, con el entonces presidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor (de Alianza
Popular), cuando este asistía a un acto oficial.
Albor accedió a entrevistarse con los fugados, que le pidieron que intermediara para negociar su
regreso a España. Meses después, Dorado y el resto de los exiliados se entregaron
voluntariamente en la Audiencia Nacional, donde el caso se archivaría años más tarde porque los
delitos prescribieron antes de ser juzgados. Durante esa época, históricos contrabandistas
gallegos como Vicente Otero Terito eran reconocidos militantes de Alianza Popular
Cuentas en Suiza y en Bahamas
Antes de conocer a Alberto Núñez Feijóo, Marcial Dorado ya era un habitual en los periódicos
por asuntos como la llamada peseta connection, una investigación judicial franco-suiza que en
1989 le implicó en una red internacional de blanqueo. La investigación nunca dio fruto y Dorado
fue esquivando a la justicia hasta 2003, cuando Aduanas lo vinculó con un gran alijo de cocaína.
La Audiencia Nacional le condenó a 17 años de cárcel, que el Supremo rebajó a 14. Dorado llegó
a confesar su actividad como contrabandista pero negó que traficase con drogas.
En 2009, el juez Fernando Grande Marlaska ordenó el embargo de sus bienes, valorados en más
de 12 millones de euros, incluida su mansión de A Illa de Arousa. Entre su patrimonio figuran
tres estaciones de servicio, otras tantas bateas de mejillón, 170 fincas rústicas, 12 plazas de
garaje y 16 locales comerciales. En los bancos, la Agencia Tributaria le bloqueó 4,1 millones de
euros: 1,8 millones en Suiza, 1,5 en el paraíso fiscal de las Bahamas, 300.000 en Portugal y
500.000 en España. En la causa estaba imputado como testaferro Manuel Cruz (el fallecido
amigo de Feijóo), varios abogados y un teniente coronel de la Guardia Civil acusados de
blanqueo de dinero. El asunto está ahora en manos del magistrado Javier Gómez Bermúdez,
atascado por el volumen de respuestas a las comisiones rogatorias enviadas sobre todo a Suiza
que hay que traducir.
LA OPOSICIÓN EXIGE A FEIJÓO UNA EXPLICACIÓN CONVINCENTE O QUE DIMITA
El presidente gallego, dispuesto a explicar en el Parlamento su relación con un narco
"Un alto cargo no puede estar en malas compañías”, dijo en 2009
El pasado atropelló ayer a Alberto Núñez Feijóo. No solo el de 1995, de cuando datan las
fotografías del ahora presidente de la Xunta en un yate del contrabandista gallego Marcial
Dorado publicadas por el EL PAÍS. A Feijóo le ha golpeado también un pasado más reciente, el
de 2009, el de la durísima campaña electoral que le aupó a la Xunta a golpe de denuncia contra la
coalición de socialistas y nacionalistas que en aquel momento gobernaba Galicia. Una de las
piedras del escándalo que blandieron el PP y Feijóo fue la foto del entonces vicepresidente y
líder del BNG, Anxo Quintana, en el yate de uno de los principales empresarios de Galicia,
contratista de la Xunta. El líder del PP gallego extrajo una lección moral de aquel episodio: “El
Gobierno no se puede fotografiar con malas compañías”. Ayer toda la oposición recuperó el
recuerdo de aquella foto para exigirle una explicación convincente de sus años de amistad con
quien era uno de los jefes de contrabando en Galicia o, en caso contrario, dimita.
Para hoy, está prevista la comparecencia de NuñuezFeijóo, que estará acompañado,
precisamente, por el portavoz del PP, Pedro Puy, uno de los que fue más duro y crítico con la
foto de Quintana.
De los grupos de la oposición gallega, el BNG fue el más directo. Su líder, Xavier Vence,
afirmó: “Galicia no se merece un presidente con ese tipo de relaciones cuando ya era alto cargo
del Gobierno de Fraga. Es tremendamente grave y debe dimitir”. La número dos de Alternativa
Galega de Esquerdas, Yolanda Díaz, optó por una fórmula indirecta: “En países serios, por cosas
mucho menores, dimitieron cargos de gran responsabilidad. Estamos hablando de relaciones con
uno de los capos de la mafia gallega”.
Los socialistas se mostraron más cautelosos y pusieron por delante la necesidad de que el
presidente dé una explicación inmediata en el Parlamento gallego. “Si no lo hace, debe dimitir”,
afirmó el portavoz en la Cámara de los socialistas, Abel Losada. En declaraciones a la SER,
Feijóo se mostró ayer dispuesto a explicar en el hemiciclo cómo entabló amistad, a mediados de
los años 90, cuando era alto cargo de la Administración sanitaria autonómica y central, con un
contrabandista que ya había sido detenido dos veces y cuyo nombre aparecía cada poco en la
prensa como objeto de investigaciones policiales.
En la entrevista de la SER, al ser preguntado cómo era posible que no conociese entonces el
historial de Dorado —que actualmente cumple condena de 14 años de cárcel por narcotráfico—,
Feijóo respondió: “Sorprendentemente, no”. La oposición sostiene que son excusas
inverosímiles. “El único gallego que no sabía en el 95 que Dorado se dedicaba al contrabando
era Feijóo”, ironizó el socialista Losada. En sus varias entrevistas, el presidente gallego insistió
en los argumentos que ya había ofrecido a este periódico cuando le mostró sus fotos con el capo
del contrabando de tabaco. Que lo conoció por un amigo común —Manuel Cruz, un chófer de
varios consejeros de la Xunta, ya fallecido, y a la vez testaferro de Dorado—, que su relación fue
“indirecta” y que nunca influyó en ninguna de las decisiones que tomó como cargo público.
También repitió la teoría de que esas imágenes circulaban desde hace tiempo con el propósito de
“amedrentar”.
En situaciones de crisis, Feijóo hace justamente lo contrario de Mariano Rajoy. Frente al
hermetismo del presidente del Gobierno, el gallego sacó un comunicado en la misma madrugada
del sábado, en cuanto empezó a conocerse el contenido de la información de este periódico, en la
que se brindaba a atender a todos los medios que lo deseasen.
Ayer se multiplicó en las emisoras de radio, incluida la autonómica gallega, que abrió su
informativo del mediodía con una entrevista al presidente para que este explicase su versión de
las fotos. Feijóo ha anunciado además para hoy una inusual conferencia de prensa en el
Parlamento gallego. Y también en contra de lo habitual estará acompañado por el portavoz
parlamentario del PP, Pedro Puy, uno de los miembros más dialogantes del partido, y no por el
vicepresidente de la Xunta y secretario general del PP, Alfonso Rueda, el ariete de la campaña de
descalificaciones de 2009.
Feijóo va a poner todo su empeño para intentar que este turbio episodio de su pasado no frene
una carrera política en la que había ido ascendiendo peldaño a peldaño hasta situarse en la línea
sucesoria de Rajoy.
En las últimas semanas, además, el presidente gallego se había convertido en uno de los barones
del PP que con más contundencia ha reclamado medidas enérgicas en el caso Bárcenas. Incluso
hace unos días provocó la incomodidad en la cúpula del partido con una entrevista en Abc en la
que señalaba que la dirección del PP debe pedir disculpas por la actuación de su extesorero. Ese
tipo de declaraciones, así como el compromiso de “regeneración democrática” con que llegó a la
Xunta hacen más embarazosa su situación. Ahora es a él a quien le piden explicaciones.
FEIJÓO LLEVA TRES AÑOS SIN PUBLICAR SUS DATOS DE IRPF TRAS PRESUMIR DE
TRANSPARENCIA CUANDO ESTALLÓ EL ‘CASO BÁRCENAS’
En marzo de 2013 Feijóo publicó su declaración de IRPF correspondiente al año 2011, la última
presentada en aquel momento El presidente gallego calificó como una "exigencia moral" la
necesidad de los políticos de ser transparentes Desde entonces no ha vuelto a publicar su IRPF y
la Xunta no explica por qué oculta los datos de las rentas percibidas en los tres últimos años
"Una exigencia moral". Así calificó en 2013 el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, la necesidad de que los dirigentes políticos fuesen transparentes.meses después del
estallido del caso de los papeles de Bárcenas, Feijóo hizo pública su declaración de bienes por
segunda vez desde que llegó al poder –en 2011, tanto el presidente como los consejeros de la
Xunta también revelaron sus patrimonios–. En ese momento, el dirigente gallego sostenía como
máxima que "cuanta más transparencia, más tranquilidad para los ciudadanos", y de hecho llegó
a proponer en el Parlamento de Galicia que todos los diputados hiciesen públicos sus bienes,
patrimonio y rentas.
“Voy a seguir dando las explicaciones que me solicite la Cámara y los gallegos. Voy a seguir
tomando decisiones y voy a seguir garantizando la gobernabilidad de Galicia”, aseguró entonces
Feijóo, que exigió al resto de grupos que diesen ejemplo “por el bien de la política”.
En aquel año 2013, Feijóo llegó a calificar como "una exigencia moral" la necesidad de que los
dirigentes políticos fuesen transparentes. Pero esta postura del presidente gallego pronto quedó
en agua de borrajas, ya que desde entonces el presidente de la Xunta no ha publicado más datos
sobre sus ingresos y su patrimonio.
Los datos de Feijóo entre 2009 y 2012
Actualmente, en la web de la Xunta los ciudadanos pueden acceder a siete documentos relativos
a Feijóo: las declaraciones de bienes de los años 2009 y 2012 –los años en los que accedió a su
primer y segundo mandato, respectivamente–, las declaraciones de IRPF de entre 2008 y 2011 –
ambos años incluidos– y un documento donde se acreditan las nóminas recibidas por el
presidente en el año 2012. Hay que tener en cuenta que, cuando se hizo pública esta
documentación en marzo de 2013, la última declaración de IRPF que habían presentado los
contribuyentes era la correspondiente al año 2011.
Desde entonces, Feijóo no ha hecho público ningún documento relativo a los siguientes
ejercicios y la Xunta, a preguntas de infoLibre, no quiso explicar por qué oculta los datos de las
rentas percibidas en los tres últimos años.
En otras palabras: cuando el escándalo de los papeles de Bárcenas estaba en su máximo apogeo,
Feijóo se presentó como un abanderado de la transparencia fiscal y patrimonial de los políticos.
Desde entonces, no volvió a publicar ningún dato más sobre la evolución de sus rentas y de su
patrimonio.
En su declaración de bienes más reciente, con fecha de 2 de noviembre de 2012, Feijóo declaró
tener 109.000 euros en un depósito a plazo fijo, otros 11.506 en una cuenta corriente y 82.509 en
un plan de pensiones, así como varias propiedades inmobiliarias: dos viviendas, una en Madrid y
otra en Vigo, y una plaza de garaje, también en la ciudad pontevedresa. El presidente también
declaró poseer una finca rústica en Santiago de Compostela y otra urbana en la localidad de
Moaña (Pontevedra), así como un coche de 2011. Todos estos bienes procedían de
compraventas.
La declaración de bienes de Feijóo también incluía las rentas que percibió durante ese año: su
sueldo como presidente de la Xunta, que ascendió a 76.765 euros, supuso la mayor parte de la
retribución del dirigente, si bien los intereses de sus depósitos bancarios le reportaron casi 3.500
euros y con el alquiler de uno de sus inmuebles ganó 10.800 euros más. Feijóo complemento sus
ingresos con 114 euros procedentes de los dividendos a los que tuvo derecho como poseedor de
75 acciones de Telefónica.
Las diferencias con respecto a su declaración del año 2009 son palpables, sobre todo a nivel
dinerario. Y es que el presidente de la Xunta declaró poseer 45.377 euros en una cuenta
corriente, así como un plan de pensiones con un valor de 51.183 euros; lejos, en cualquier caso,
de las cifras que sumaba tan sólo tres años después. Sus ingresos también eran mucho más
modestos: cobraba 31.040 euros como diputado en el Parlamento de Galicia, a los que se
añadieron 839 euros en concepto de intereses por un depósito bancario y otros 149 euros por los
dividendos de sus acciones de Telefónica.
Rajoy aún no ha publicado su IRPF de 2014
La falta de transparencia del Gobierno gallego llama la atención por la vehemencia con la que
Feijóo defendió la publicación de las declaraciones de bienes e IRPF en 2013. Por su parte, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también hizo públicas en plena tormenta por la
aparición de los papeles de Bárcenas sus declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio,
así como sus retribuciones anuales desde el año 2003 hasta el 2013. Sin embargo, aún no ha
publicado los datos correspondientes a 2014, a pesar de que hace casi dos meses que concluyó el
plazo para presentar la declaración.
La publicación de estos datos vino acompañada de un comunicado en el cual Moncloa detallaba
que Rajoy percibió entre 2004 y 2011 "su sueldo como diputado por Madrid más la retribución
como presidente del PP, abonada en concepto de gastos de representación y declarada en su
integridad", una cantidad total que ascendió a casi 1,1 millones de euros. Todo ello, explicaba la
nota, sin contar las "rentas adicionales producto de su patrimonio invertido en deuda pública,
valores y bienes inmobiliarios", así como las dietas del Congreso, exentas de tributación.
"En los ejercicios fiscales facilitados, el presidente del Gobierno abonó a Hacienda una cantidad
total de 840.131 euros en concepto de cuota de su Impuesto de la Renta, y otros 30.161 euros
como cuota del Impuesto del Patrimonio", remachaba Moncloa.
De igual forma, para encontrar una declaración de bienes de Rajoy hay que acudir a su ficha en
la web del Congreso de los Diputados, cuando en 2011 detalló su patrimonio al tomar posesión
de su escaño. En ese momento, el presidente del Gobierno declaraba tener un depósito bancario
de 59.909 euros, así como 313.780 euros invertidos en un fondo de inversión, otros 143.181
euros en acciones y 80.572 en seguros de ahorro. En cuanto a sus bienes inmuebles, Rajoy
declaró cinco propiedades urbanas: dos en Madrid –un apartamento y su vivienda habitual–, dos
en Pontevedra –otro apartamento con plaza de garaje y una oficina– y el 25% de una cuarta
vivienda en Canarias.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/20/feijoo_lleva_tres_anos_sin_publicar_patrim
onio_irpf_pesar_presumir_transparencia_36670_1012.html
UN INFORME DE HACIENDA FRENA EL PROCESAMIENTO DE UN CARGO DE
FEIJÓO
El caso por cuatro delitos acumula seis jueces y nueve años de trámites
Rogelio Martínez está acusado de fraude de fondos europeos cuando era alcalde
Tras media docena de jueces y nueve años de interminables trámites en diferentes tribunales, el
procesamiento de Rogelio Martínez, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, por la
comisión de los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad documental y prevaricación
continuada, cuando era alcalde de su pueblo, se ha topado con un nuevo obstáculo. El cierre de la
instrucción y su envío a juicio oral permanece nuevamente paralizado, a la espera de un informe
que la fiscalía reclamó el pasado mes de febrero a la Agencia Tributaria. Según detallan las
fuentes consultadas, el ministerio público —que pidió reiteradamente el archivo de la causa
contra Martínez— afirma que, sin ese nuevo informe patrimonial de los técnicos de Hacienda, no
puede formular el escrito de calificación, un documento imprescindible para que el juez pueda
continuar los trámites previos a la orden de apertura de juicio.
Y es que, en el caso que salpica al superdelegado y hombre de máxima confianza de Alberto
Núñez Feijóo en la tercera ciudad de Galicia, los plazos judiciales se dilatan de forma reiterada
desde que en 2006 fue llevado ante los tribunales por el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Siete años después de aquella denuncia, en octubre de 2013, la instrucción concluyó (por
segunda vez) que había indicios delictivos suficientes para ordenar el procesamiento de Martínez
y los otros nueve imputados, por presunto fraude en el uso de fondos públicos concedidos por la
Unión Europea para diferentes proyectos de cohesión en los años 1999 y 2000 que, a pesar de
haber sido certificados, nunca se materializaron.
La decisión fue inmediatamente paralizada por una oleada de recursos presentada por los
imputados, pero también por la fiscalía, que pidió el archivo de la causa porque, en su opinión,
los delitos habían prescrito y las cantidades supuestamente defraudadas no alcanzaban la
cantidad mínima para ser considerado delito. Hace 10 meses, en junio de 2014, la Audiencia de
Ourense tumbó los recursos y avaló la decisión del juez que los situó a un paso del banquillo de
los acusados. Era la tercera vez que Martínez reclamaba el sobreseimiento o archivo de una
causa que pasó por tres jueces titulares y varios sustitutos.
A pesar de que la investigación concluyó formalmente hace 18 meses y de que la decisión de la
Audiencia Provincial de enviar el caso a una vista oral es firme, el juzgado permanece a la espera
de que todas las partes personadas califiquen los hechos y la responsabilidad de los imputados.
Este estancamiento es un capítulo más en la cadena de dilaciones que la instrucción acumula
desde hace casi una década. Previamente, otros dos jueces intentaron archivar la causa. Nunca
pudieron porque la Audiencia siempre ordenó su continuación. En enero de 2013, Martínez
estuvo a punto de sentarse en el banquillo, pero la vista oral fue aplazada porque el juez decidió
citar a más testigos y porque, además, encomendó el veredicto sobre la culpabilidad o la
inocencia a un jurado popular. El PSOE —también personado en la denuncia— recurrió aquella
decisión ya que no le parecía adecuado y su propuesta fue aceptada. Finalmente será un
magistrado el que decida. Ahora y a un paso de que se produzca un nuevo cambio de titularidad
en el tribunal de Ribadavia, el caso vuelve a estar parado.
En el auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez relata la supuesta apropiación
de fondos comunitarios concedidos al grupo de acción local Centro de Iniciativas para el
Desarrollo de Val do Miño (Ceivam), que el delegado ourensano de la Xunta presidía cuando era
alcalde de Arnoia, destinados a la construcción de una planta de biomasa nunca materializada
pero que sí fue certificada por Rogelio Martínez, “a pesar de que sabía que no se había ejecutado,
sino que se había llevado a cabo la reconstrucción de un galpón”. El juez también detalla
ilegalidades en el cobro de subvenciones destinadas a la ejecución de talleres artesanales en los
que siguió “estipulaciones similares a las de la planta de biomasa”.
LA CÚSPIDE DEL PP
pinchado la UDEF".
los 18 años”
consellería.
LA CAUSA POR LA CAJA B EN OURENSE SALPICA YA A 28 DIRIGENTES DEL PP
Halladas facturas sospechosas de diputados, senadores y cargos de la Xunta
La juez De Lara cree que el objetivo era “encubrir donaciones” al partido
La supuesta financiación ilegal del PP de Ourense salpica a cargos de la ejecutiva gallega de ese
partido y de la Xunta. De los 28 altos representantes del PP ourensano que la instructora de la
Operación Pokémon, Pilar de Lara, cita como receptores de facturas supuestamente ilícitas,
cuatro son miembros del órgano de dirección del PP de Galicia: el presidente del PP de Ourense,
José Manuel Baltar; el secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; la gerente
del hospital público ourensano, Eloína Núñez; y el secretario del PP provincial, Rosendo Luis
Fernández. Junto a ellos figuran la directora general de Familia de la Xunta, Amparo González;
el vicepresidente del Parlamento, Miguel Santalices; el subdelegado del Gobierno en la
provincia, Roberto Castro; el diputados en Cortes Guillermo Collarte; diputados autonómicos,
concejales y exconcejales. La juez sospecha que pueden existir además facturas, que reclama al
diario La Región, emitidas a nombre de la senadora Carmen Leyte, a la presidenta de Nuevas
Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández, y a la diputada nacional Ana Belén Vázquez.
Todos ellos han supuestamente percibido cantidades de dinero en años electorales de empresas
ourensanas que facturaban “falsamente para encubrir donaciones” al PP. Así consta en el último
auto dictado por la juez, que investiga la comisión de los presuntos delitos de falseamiento de
cuentas, apropiación indebida, cohecho y tráfico de influencias. La instructora sostiene que los
gastos electorales del PP de Ourense, especialmente los relativos a la publicidad, fueron
facturados a nombre de estos cargos con el objetivo de presuntamente “burlar la legislación
electoral y de financiación de los partidos políticos”.
Publicidad para la campaña electoral
En lo que respecta a la supuesta financiación ilegal durante la presidencia del hijo de José Luis
Baltar, la juez destaca la incorporación de Nacher Publicidad, que en 2011 emitió facturas “por
gastos de publicidad en la campaña electoral” a nombre del diputado nacional Guillermo Collarte
por importe de 12.443,10 —en concepto de publicidad electoral de diversos candidatos entre los
que figura Mariano Rajoy— y del secretario provincial del partido, Rosendo Luis Fernández, por
9.584,55 euros. Nacher facturó ese mismo año también al PP y, según el auto judicial, en las
declaraciones tributarias realizadas por la empresa y el partido no coinciden los importes
relativos a su relación comercial.
De Lara ha detectado también facturación de Telemiño, SA, en el mismo año 2011, a nombre de
otros cargos del PP: el senador Miguel Pérez de Juan y la concejala de Educación en O
Carballiño Montserrat Pilar Caride. La instructora considera relevante que “según Telemiño, las
facturas en concepto de Estudio sociológico de la provincia de Ourense” estén impagadas, “no
constando que se haya reclamado su importe judicialmente”. De Lara destaca que los conceptos
facturados se corresponden con un encargo previo realizado por La Región a las empresas
Infortécnica, Media Share Europe, SL.
La juez sospecha que el grupo La Región emitió además facturas ilícitas a nombre de la
presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández; de la
vicesecretaria provincial, senadora y alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte; del diputado
provincial Francisco José Fernández y de la diputada nacional Ana Belén Vázquez.
A la vista de la documentación en su poder, la instructora concluye que además de a los cargos
políticos, Telemiño facturó distintas cantidades a las empresas de la trama de la Pokémon PAU,
Doal y Aquagest. En el caso de Doal, consta una factura por el concepto de “Especial
elecciones” que, sostiene la juez, “nada tiene que ver con el objeto social de la empresa”.
Telemiño habría emitido en 2012 “un total de 12 facturas, una por mes, abonadas por Aquagest a
lo largo de ese año y los dos primeros meses de 2013” varias de las cuales “no tienen
correspondencia” en sus respectivas contabilidades.
De las diligencias practicadas hasta el momento, De Lara deduce que el PP ourensano “se habría
podido financiar ilícitamente” utilizando, durante los años de presidencia del exbarón, a partir de
2003, “al menos” dos empresas: Telemiño, del grupo La Región, y la agencia Planos (Gallega de
Publicidad y Diseño, SA,) a las que durante la presidencia del hijo-sucesor, a partir de 2010, se
habría añadido Nacher Publicidad.
La lista de los receptores la encabeza el expresidente de la Diputación José Luis Baltar —
condenado por prevaricación—, a quien el responsable de Vendex en Galicia, José María Tutor,
visitó en Ourense, en el curso de la denominada “ruta del bacalao” que realizó el 20 de mayo de
2011, para supuestamente entregarle una suma de dinero, según afirma el informe del Servicio de
Vigilancia Audanera.
La juez sostiene que en 2005, con el primero de los Baltar al frente del partido en la provincia,
Planos facturó 4.060 euros a nombre de su hijo y actual presidente de la Diputación de Ourense,
entonces diputado autonómico. En la documentación aportada a la juez por la agencia
publicitaria aparece “una facturación correlativa” en la que, además de Baltar Blanco, figura el
secretario general de Emigración, Rodríguez Miranda, con 4.408 euros; la directora general de
Familia e Inclusión, Amparo González, con 4.176 euros; el vicepresidente del Parlamento
gallego, Miguel Ángel Santalices, con 4.292 euros; el subdelegado del Gobierno en Ourense,
Roberto Castro, con 3.944, y la concejala de Verín María Luisa Valladares Rodríguez, con
4.120,32 .
Todas las cantidades se facturaron el 28 de mayo de 2005 y se pagaron también el mismo día, el
2 de enero de 2006, “sin que conste la forma”, sostiene la instructora, lo que en su opinión
“parece indicar un pago en efectivo”. También es correlativa, sostiene el auto, la facturación
realizada en el año 2007 —el mismo día, de nuevo por idénticos importes de 2.975,40 euros cada
uno de ellos y también en efectivo— en la que aparecen como receptores la actual gerente del
complejo hospitalario del Sergas, Eloína Núñez; el exalcalde ourensano Enrique Nóvoa; el
propio exbarón; la diputada autonómica Marta Rodríguez Vispo; y otros diez exconcejales.
Todos ellos formaban entonces el grupo del PP en el Ayuntamiento de Ourense.
LA JUEZA ACUSA A LA MANO DERECHA DE RAJOY EN EL SENADO DE COHECHO
Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
De Lara, instructora del caso Pokemon, envía una exposición razonada al Supremo para que
decida si imputa a Barreiro por el presunto cobro de un soborno y el enchufe de un afín en la
empresa que gestó la trama corrupta.
Un soborno de 5.000 ó 6.000 euros y la colocación de un conocido en la empresa Vendex,
investigada por el diseño de un completísimo sistema de mordidas a políticos y funcionarios para
conseguir contratos públicos. Ésos son los hechos -constitutivos de los delitos de cohecho y
tráfico de influencias- que la jueza instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara respaldada por el fiscal jefe de Lugo-, quiere que el Tribunal Supremo investigue en la persona
de José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado, presidente del PP de Lugo y
exvicepresidente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga. Así lo hace constar De Lara en una
exposición razonada que ha elevado al Alto Tribunal esta semana, a la que ha tenido acceso
Público, y en la que la jueza pide la imputación de Barreiro.
El portavoz conservador, que niega los hechos que se le imputan, es un acompañante fijo del
presidente del Gobierno en sus visitas a Galicia y en sus comparecencias en el Senado, por lo que
la trayectoria de este caso está siendo seguida con mucha preocupación en las filas del Partido
Popular. Si se produce, la imputación de su portavoz en la Cámara Alta por el Supremo llegaría
en el peor momento para el partido del Gobierno, muy tocado con los casos de la tarjetas opacas
de Caja Madrid y la crisis del ébola y a las puertas de unas elecciones autonómicas y
municipales. El PP de Galicia (PPdeG) es partidario de que sus diputados o dirigentes imputados,
como mínimo, pongan sus cargos a disposición de la dirección conservadora.
En su exposición, De Lara considera probado mediante las declaraciones de los directivos de
Vendex, los seguimientos de los agentes de Vigilancia Aduanera o los pinchazos telefónicos que
Barreiro (El Chino o El Oriental para la trama corrupta) cobró de Véndex 5.000 ó 6.000 euros
por intermediar para lograr contratos públicos a la misma empresa. Además, el dirigente del PP
habría enchufado a un conocido de Antas de Ulla (Lugo) en Véndex, según el escrito de De Lara.
La jueza, además y después de examinar las cuentas del PP remitidas al juzgado de Instrucción
núm. 1 de Lugo, concluye que el pago de los 5.000 euros o más se le habría hecho a Barreiro "a
título particular", ya que no hay ni rastro del dinero en la citada documentación.
http://www.publico.es/espana/551007/la-jueza-acusa-a-la-mano-derecha-de-rajoy-en-el-senadode-cohecho-y-trafico-de-influencias
LA JUEZA VE INDICIOS SUFICIENTES PARA INVESTIGAR A BARREIRO Y ELEVA
LAS DILIGENCIAS AL TS
El portavoz del PP en el Senado se reunió, según la jueza, con el delegado de Vendex en Galicia,
que le habría entregado 5.000 euros
La magistrada entiende que el senador "podría haber cometido, al menos indiciariamente, y al
margen de otras supuestas infracciones, un presunto delito de cohecho"
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, señala que hay "indicios
suficientes" y "existen motivos" para interrogar al portavoz del PP en el Senado, José Manuel
Barreiro, e indagar si cometió un delito de cohecho y recibió 5.000 euros de la empresa Vendex
–eje de la Operación Pokémon–.
En auto judicial con fecha del 15 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la
magistrada apunta que existen "indicios suficientes" sobre que el también presidente provincial
del PP en Lugo "podría haber cometido, al menos indiciariamente, y al margen de otras
supuestas infracciones, un presunto delito de cohecho".
Para ello, la instructora se basa en los informes elaborados por Vigilancia Aduanera, la
documentación existente, los registros en la sede de la empresa, las intervenciones telefónicas y
en las "contradicciones" en las que habrían incurrido algunos de los imputados.
Así, explica que "según los indicios obtenidos" en las diligencias de investigación, Barreiro "se
reunió" con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos, el 20 de mayo de 2011
"siendo objeto de dicha reunión la presunta entrega, por parte del delegado de Vendex en Galicia
al (ahora) senador de 5.000 euros".
Además, se apoya en que "tal y como advierte el Ministerio Fiscal", existen "motivos bastantes"
para que Barreiro "sea interrogado sobre los encuentros, llamadas y conversaciones que tuvo
Tutor en los años 2011 y 2012", así como "sobre la presunta recepción de dinero", algo que,
añade, "habrá de serle hecho en calidad de imputado y por el órgano competente", que es el
Tribunal Supremo al ser aforado.
De esta manera, la jueza ha ordenado que se forme una pieza separada y que se envíen a la Sala
de lo Penal del Supremo la documentación relativa a Barreiro, junto con el informe del fiscal jefe
de la Fiscalía Provincial de Lugo.
En días pasados, la jueza emitió una providencia en la que pedía que se remitiesen en formato
digital todas las conversaciones relativas a Barreiro y las diligencias practicadas para su remisión
al Supremo.
El Servicio de Vigilancia Aduanera emitió un informe, según el cual, el portavoz del PP en el
Senado habría recibido 5.000 euros de Vendex –principal empresa investigada en la Pokémon–
el 20 de mayo de 2011, un supuesto hecho que el propio Barreiro ya ha desmentido. En ese
momento, el ahora senador era concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Lugo.
Además, en otro escrito, Vigilancia Aduanera concluye que el PP de Lugo dejó de criticar la
concesión de la ORA tras reunirse con Barreiro el delegado de Vendex en Galicia, José María
Tutor.
Este informe, que constata al menos dos encuentros entre El Chino –como los investigados se
referían a Barreiro– y Tutor en base a pinchazos telefónicos y operativos de vigilancia, concluye
que el PP dejó "no volvió a manifestar públicamente sus dudas de la validez" de la concesión de
la ORA en Lugo después de la segunda reunión, que tuvo lugar en el aparcamiento del
aeropuerto de A Coruña, el 13 de julio de 2012.
Las primeras referencias a Barreiro en el informe que Aduanas centra en el portavoz del PP en el
Senado se sitúan en mayo de 2011 cuando Tutor le dice a Javier Reguera, el responsable de
Doal, filial encargada de gestionar la ORA en la capital lucense, que tiene que "ver al Chino".
Posteriormente, en noviembre del mismo año, Aduanas confirma que "se programa" una reunión
entre ambos y en diciembre, según refleja el informe, Tutor envía un mensaje de texto a Barreiro
felicitándole por su designación como portavoz del PP en el Senado. "Enhorabuena, el esfuerzo
de los años se ha visto recompensado", recoge el texto.
Barreiro ha admitido que conoce al delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, y que éste
fue a verle "en alguna ocasión" para expresarle quejas, pero insistió en que ni esta empresa ni
ninguna otra "jamás" le ha ofrecido "absolutamente nada".
Al margen de las diligencias de Barreiro, la jueza ya ordenó conformar y remitir otra pieza
separada, en este caso al respecto de la exportavoz del PP gallego y diputada autonómica, Paula
Prado.
Paula Prado acudió el 10 de julio de 2013 al juzgado instructor de la Pokémon a prestar
declaración –la cual permanece bajo secreto de sumario– en calidad de testigo, tras lo que había
abandonado la sede judicial sin imputación alguna tras cuatro horas y media de comparecencia
ante De Lara.
Además, según un auto del pasado 23 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de
Lugo investiga a su marido por supuestamente obtener beneficios en su negocio "prevaliéndose
de su relación matrimonial" en su actividad de venta de materiales textiles a determinados
organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón (A Coruña).
También se investiga la participación de Paula Prado cuando era concejala en el Ayuntamiento
de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja
Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en
"adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.
Asimismo, se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas
personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de
obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a
los puestos de trabajo"
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/15/la_jueza_indicios_suficientes_para_investig
ar_barreiro_eleva_las_diligencias_ts_21486_1012.html
EDUCACIÓN AMPLÍA LOS CONCIERTOS CON LOS CENTROS QUE SEGREGAN POR
SEXOS
La Xunta apela a la nueva ley educativa, que legalizó las ayudas públicas a este tipo de colegios
Los cinco colegios gallegos de orientación religiosa que separan a niños y niñas vuelven a estar
plenamente bajo el paraguas del sistema educativo público. En realidad nunca dejaron de estarlo,
pese a que numerosas sentencias judiciales —la última, del Tribunal Supremo, el pasado julio—
habían declarado que los conciertos públicos con ese tipo de centros vulneraban la anterior ley
educativa. La Consellería de Educación se limitó el pasado curso a someter a los colegios a un
leve recorte a la espera de que, como había anunciado, el ministro de Educación, José Ignacio
Wert, legalizara las ayudas de la Administración a esos centros. La Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ley Wert, ya está en vigor y a eso se acogió la
Xunta para restablecer en su totalidad los conciertos mediante una orden que este lunes publicó
el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Las sucesivas sentencias, entre ellas varias del Tribunal Supremo, habían dictaminado
claramente que la anterior ley educativa prohibía la discriminación de los alumnos en función de
su sexo. Por tanto, la doctrina jurídica establecida era que los conciertos con los colegios que
segregan a niños y niñas, vinculados al Opus Dei, vulneraba la legislación. Tanto el Supremo
como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalaron en varias ocasiones que no
discutían el derecho de los padres a elegir lo que ellos llaman “educación diferenciada” sino que
entendían que la ley no permitía darles amparo económico desde el sistema público.
Pese a los numerosos pronunciamientos judiciales, la Xunta siguió manteniendo los conciertos y
ganando tiempo con el argumento de que aún estaban pendientes recursos sin resolver.
Educación mantuvo unos conciertos que, según datos aportados en su día por los sindicatos y no
desmentidos por el Gobierno gallego, suponían para las arcas públicas unos tres millones de
euros al año, en medio de una política de recortes presupuestarios que afectó a toda la comunidad
educativa. Hasta que, el curso pasado, la avalancha de sentencias forzó a la Xunta a tomar una
medida: el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, anunció que suspendía los conciertos
únicamente en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios que impartían ese nivel, Las
Acacias y Montecastelo, de Vigo, y Peñarredonda y Montespiño, de A Coruña. En los demás
niveles se mantuvieron ya que, según Vázquez, retirarlos perjudicaría a los padres que ya habían
decidido escolarizar a sus hijos con ese modelo educativo.
Entonces, ya el ministro Wert había anunciado que la ley que preparaba eliminaría los obstáculos
legales para la subvención pública a la “educación diferenciada”. La Xunta no tuvo más que
esperar a que la norma entrara en vigor. Y la orden publicada este lunes en el DOG restablece los
conciertos en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios citados con el argumento de que
así lo permite la disposición transitoria segunda de la Lomce. Con ciertas modificaciones, la
Xunta renueva además los conciertos con esos cuatro centros en otros niveles educativos, así
como con otro más que separa niños y niñas, el Aloya de Vigo, especializado en Formación
Profesional.
La decisión no cogió de sorpresa aunque, como viene siendo habitual, se anunció en el DOG en
pleno agosto, en medio de la resolución sobre los demás conciertos educativos con centros
privados. Con todo, oposición y sindicatos volvieron a arremeter contra la política del Gobierno
de Alberto Núñez Feijóo en esta materia. Para los socialistas, la decisión es una muestra de
“sectarismo ideológico radical” del Ejecutivo del PP. El diputado autonómico Vicente Docasar
instó además a la Xunta a que “busque la fórmula para que esos cinco colegios vinculados al
Opus devuelvan el dinero cobrado indebidamente” durante los últimos años. El también diputado
de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Ramón Vázquez acusó a Educación de “declararse en
rebeldía” frente a las sentencias judiciales anteriores a la Lomce.
El sindicato CIG deploró que “se sostenga con fondos públicos una educación que perpetúa la
desigualdad entre hombres y mujeres”. Al mismo tiempo, subrayó que, en conjunto, los
conciertos con centros privados sumarán el próximo curso 58 unidades más “mientras en la
pública se recorta profesorado”.
ADUANAS ACUSA AL 'NÚMERO UNO' DEL PP EN EL SENADO DE RECIBIR
SOBORNOS DE LA TRAMA CORRUPTA POKÉMON
La empresa Vendex, epicentro de los pagos a políticos, habría entregado 5.000 euros a José
Manuel Barreiro, según figura en un informe de Vigilancia Aduanera remitido a la jueza De Lara
El portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, José Manuel Barreiro, habría recibido en
mayo de 2011 5.000 euros de la empresa Vendex, epicentro de la trama corrupta Pokémon que
investiga la jueza Pilar de Lara. Así lo constata el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de Vigilancia Aduanera de Galicia en un informe sobre la participación del número
uno de Mariano Rajoy en la Cámara Alta (al que los responsables de Vendex llaman el Chino) al
que ha tenido acceso Público y que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de
Lugo.
En el informe que Vigilancia Aduanera ha hecho llegar a la jueza instructora se hace un análisis
pormenorizado de los hechos por los que el departamento dependiente de la Agencia Tributaria
concluye que Barreiro cobró, al menos, estos 5.000 euros (al principio, iban a ser 6.000, según
figura en el documento) de manos de José María Tutor, máximo responsable de la empresa
Vendex e imputado en la operación Pokémon.
La razón por las que Vendex habría pagado este soborno al alto dirigente del PP y hombre de la
confianza del presidente del Gobierno serían, según Aduanas, que Barreiro frenara una campaña
del PP gallego contra el proyecto de la ORA (cobro por estacionamiento en la calle) en
ayuntamientos gobernados por PSOE o BNG y que gestionaba Vendex. Efectivamente, subraya
el informe, "a partir de esta reunión [entre Barreiro y Tutor], deja de salir en los medios de
comunicación información sobre las dudas del PP sobre la ORA en Lugo". La entrega del dinero
al portavoz conservador se denomina en las conversaciones de los responsables de Vendex alertados ya de posibles pinchazos en sus teléfonos- como "informe", "documentación" o
"proyecto".
A las puertas de la imputación
Hace meses que la investigación de la operación Pokemon tiene cercado a José Manuel Barreiro,
mano derecha de Rajoy en el Senado y presidente del PP de Lugo, tal y como contó este diario
en febrero. Ahora, sin embargo, las fuentes judiciales consultadas creen que Barreiro será
imputado por el Tribunal Supremo en su condición de aforado y a requerimiento de la jueza De
Lara. El alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, que sí está imputado en la trama
desde hace meses, había pedido públicamente en varias ocasiones que "a Xustiza sexa igual para
todos" y Barreiro fuese asimismo imputado.
La operación Pokémon, que mantiene imputados a decenas de políticos de todos los partidos que
gobiernan administraciones gallegas (PP, PSOE y BNG), ha dado un nuevo giro al conocerse que
tanto el alcalde de Ferrol (PP), José Manuel Rey, como el ex presidente de la diputación de
Ourense (PP), Xosé Manuel Baltar, y otros cargos de PSOE y BNG habrían recibido diferentes
pagos de la empresa Vendex
http://www.publico.es/politica/529936/aduanas-acusa-al-numero-uno-del-pp-en-el-senado-derecibir-sobornos-de-la-trama-corrupta-pokemon
LA CORRUPCIÓN REVIENTA SANTIAGO
• El gobierno de la capital de Galicia agoniza por los escándalos
• En tres años han caído un alcalde y 11 concejales por corrupción
El gobierno de la capital de Galicia ha fallecido. El cadáver empezó a desprenderse de su carne
política muerta en primavera de 2012, apenas un año después de que el PP conquistase la
anhelada alcaldía, en manos del PSOE desde 1983 (salvo el paso de AP como una exhalación
tras una moción de censura). La dimisión del alcalde Gerardo Conde Roa, entonces acusado y
luego condenado por defraudar a Hacienda 291.000 euros de IVA por una urbanización de 61
viviendas cuando se metió en el negocio inmobiliario, fue la primera señal, hace dos años. Era el
primer aviso de la descomposición en vida de una corporación que acabó agonizando esta
semana por la metástasis del caso Pokémon, una investigación judicial que empezó rastreando la
corrupción en Lugo y terminó destapando escándalos de mayor calado en Santiago, Ourense y A
Coruña, junto a otras localidades gallegas, catalanas y asturianas.
En solo ocho días han renunciado a seguir aferrándose al cargo nueve ediles y ha abandonado la
portavocía del PP gallego Paula Prado, otra concejal (por ahora no imputada, pero investigada)
que dejó de serlo cuando el gobierno local empezó a hacerse añicos tras la estrepitosa salida de
Conde Roa. Todos y cada uno de los que han dimitido son de una u otra forma fichas que se
comió la Pokémon. El último imputado, y por partida doble, que ha quedado en pie, resistiéndose
a las embestidas que lo abocan al naufragio, reclutando a duras penas una nueva tripulación, es el
capitán del barco, el alcalde de reemplazo Ángel Currás. El regidor compostelano intenta
recomponer con técnicos (y algún personaje llamativo como el exárbitro García de Loza) el
puzzle a partir de los únicos tres concejales sin imputar: la actual teniente de alcalde, Reyes Leis,
y dos ediles adscritos que no tenían competencias y cuyos nombres no suenan a los ciudadanos.
La fama de los otros, los que se han ido, era infinitamente mayor. Más por las noticias de los
juzgados que por sus obras en beneficio de la ciudad. Pero la crónica de esta muerte adivinada
empezó a escribirse incluso antes del día en que el fiscal denunció por fraude a Conde Roa, un
jabato de Alianza Popular que se hizo adulto y llegó a diputado del Congreso bajo el paraguas
protector de Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado. En realidad, el
apocalipsis consistorial comenzó a fraguarse tiempo antes de la noche de la victoria electoral.
El primer acto de esta larga función, o defunción, a la que asisten estupefactos los vecinos de
Santiago podría ser la foto fija de una joven promesa del PP durmiendo la borrachera sobre el
volante de su coche, parado de madrugada ante un semáforo urbano que va cambiando de color.
Es Ángel Espadas, entonces concejal en la oposición y hombre de confianza de Conde Roa. Por
este desliz (triplicaba la tasa límite de alcohol) tuvo que renunciar a ir en la candidatura. Pero al
ganar el PP las elecciones, el flamante alcalde reflotó su carrera haciéndolo jefe de gabinete.
Según han revelado los pinchazos de la Operación Pokémon, que dirige la juez de Lugo Pilar de
Lara, las supuestas actividades ilícitas del equipo de gobierno comenzaron enseguida. Espadas es
citado con el alias de Puñales en las charlas en clave de la trama empresarial que presuntamente
obtenía contratas y favores a cambio de regalos, enchufes masivos para familiares y amigos,
dinero y donativos opacos para campañas electorales.
Puñales, según los investigadores de Aduanas, se convirtió muy pronto en el conseguidor que
facilitaba los contactos municipales a las firmas investigadas, principalmente el grupo Vendex y
Aquagest. Después de la dimisión de Conde Roa, llegó la fractura entre bandos enfrentados en el
grupo de gobierno. En la guerra interna ganó Currás, y Paula Prado, que también sonaba como
alcaldesa, dejó el Ayuntamiento para seguir como diputada autonómica y asumir la portavocía
del PP. También acabó marchando el que era asesor de Conde Roa, Ángel Espadas, que unos
meses después fue detenido y enviado a prisión en el marco de la Operación Manga, hija
primogénita de la Pokémon.
La célebre noche de fiesta de Espadas está también en el origen de otro de los frentes judiciales
del Ayuntamiento. Entre otros, están imputados el alcalde y el exalcalde por urdir un supuesto
plan para acosar y sacar del medio al policía local que se negó a destruir el atestado contra el
político ebrio.
Cuando Espadas, o Puñales, marginado por Currás se fue, su posición de conseguidor la ocupó
supuestamente otro joven concejal, el responsable del área de Deportes, Adrián Varela, apodado
Pijolandia por los empresarios de la trama. Varela no dimitió por las graves imputaciones de la
Pokémon, sino después de que el sindicato nacionalista CIG lo demandase al saberse (gracias a
otra escucha) que exigió a Vendex el despido de una empleada de guardería por el simple hecho
de estar casada con un representante de los trabajadores en el consistorio.
En otro de sus momentos de gloria desde que estalló la operación judicial, Varela, ya imputado
por varios delitos, reclamó a sus compañeros de gobierno que aprobasen el pago de la minuta de
su abogado con cargo a las arcas públicas. Los siete ediles reunidos aquel día cumplieron sus
deseos obviando un informe técnico que les advertía de la ilegalidad. Y si no fuese porque una
vecina indignada decidió denunciar, el plan habría prosperado.
La condena de un juzgado de Santiago contra los siete cayó esta semana como un alud sobre el
PP gallego. Fueron inhabilitados nueve años por prevaricación y esa tarde dimitieron. Al día
siguiente, lo hizo la última (sin contar al alcalde) imputada en la Pokémon. Y el esqueleto
descarnado del gobierno local, expuesto a la vista de todos, se desmoronó. En la memoria
colectiva se han grabado mientras tanto elocuentes frases de los pinchazos: “Vendex hace unos
regalos de la hostia” o “lo poco que hace Conde Roa huele a pelotazo urbanístico”. Estas dos,
concretamente, de la exportavoz del PP gallego.
EL CASO POKÉMON HACE CAER A LA NÚMERO TRES DE FEIJÓO EN EL PP
GALLEGO
Paula Prado dimite de la portavocía de los conservadores en Galicia pero continuará como
diputada porque "una cosa es la labor de comunicación y otra, la legislativa".
El varapalo de las europeas y la Justicia provocan una cascada de dimisiones en el partido.
Un juicio, una condena por prevaricación y una caída histórica en las urnas. Han sido las tres
llaves que en menos dos semanas han servido para abrir en el PP gallego la puerta de las
dimisiones, las mismas que la oposición venía reclamando desde hace meses y para las que los
conservadores, al menos en público, no encontraban motivos suficientes. El primero en hacerlo
fue el concejal de Deportes de Santiago, tras un año imputado en la Pokémon y cuando sumó una
nueva querella, siguieron los ediles condenados por pretender pagarle el abogado sin cumplir la
legalidad, continuó otra concejal incausada por la presunta trama corrupta y este miércoles
culminó Paula Prado, portavoz de los populares en Galicia y, por lo tanto, número tres de
Alberto Núñez Feijóo en el partido.
En las últimas horas de ausencia del presidente de la Xunta -Feijóo regresa este miércoles de un
viaje a Japón que duró casi una semana- Prado convocó a la prensa para, tres meses después de
su última comparecencia pública, anunciar su renuncia al puesto en el partido, pero no a su
escaño en el Parlamento de Galicia. La que había sido considerada como aspirante natural a la
Alcaldía de la capital de Galicia se va porque sus intervenciones ante los periodistas ya "no
servían para transmitir el mensaje del PP", toda vez que las preguntas se centraban
sistemáticamente en las revelaciones del sumario de la Pokémon que la vinculan con una factura
presuntamente "hinchada" y con supuestos enchufes.
"Nunca jamás participé en ese contrato, hinché ninguna factura ni manipulé ningún expediente",
asegura, en un contexto en el que su situación procesal "no ha cambiado". Sigue siendo testigo,
al menos de momento, aunque la jueza Pilar de Lara haya creado una pieza separada sobre ella al
considerar que sus operaciones como concejal en Santiago " podrían ser constitutivas de
infracción penal". A juicio de Prado todas estas revelaciones tienen una "dudosa relevancia" y
son, únicamente, "extractos" de su "vida personal". "No contemplo, en ningún caso, la
posibilidad de que me imputen", agrega.
En estas circunstancias cabe preguntarse por qué se produce ahora esta dimisión. Ella, asegura,
puso su cargo a la disposición de Feijóo y del secretario general, Alfonso Rueda, ya en el mes de
febrero y sus jefes de filas respondieron con palabras de "apoyo". Ahora abandona la portavocía
de manera "irrevocable" porque "el partido está experimentando cambios en otros niveles" y cree
adecuado que las elecciones municipales de 2015 sean afrontadas por "un equipo nuevo".
"Son días de salidas" y, "diez días después de las elecciones europeas" es un buen momento"
para el relevo en su cargo orgánico pero no así en el institucional. "Soyuna diputada muy
trabajadora" y por eso va a seguir en el Pazo do Hórreo y aforada. "Una cosa es la labor de
comunicación y otra, la de legisladora". A su juicio, sus eventuales implicaciones en la Pokémon
"no afectan en absoluto" a su puesto parlamentario.
http://www.eldiario.es/galicia/Pokemon-numero-Feijoo-PP-gallego_0_267373942.html
FEIJÓO PROMETE UN CÓDIGO ÉTICO EN LA XUNTA MIENTRAS MANTIENE A
PROCESADOS
El Gobierno gallego “eliminará o restringirá" los regalos a cargos públicos
Un debate más sobre corrupción. El enésimo en el Parlamento desde que las portadas se han
plagado de sumarios. Intercambio dialécticos que se saldan sin cirugía ni dimisiones por más que
haya corporaciones repletas de imputados, algunas pendientes de meros trámites para sentar a
concejales en el banquillo acusados de delitos muy graves.
Ayer los que reclamaron medidas de regeneración democrática y dimisiones fueron el portavoz
parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, y la de AGE, Yolanda Díaz. Salió a relucir la
anomalía de Santiago: 10 de 13 ediles imputados en cuatro causas judiciales distintas. Feijóo
reprochó al portavoz nacionalista que no impulse gobiernos del PP en Lugo y Ourense donde hay
dos alcaldes socialistas imputados: “Con el mismo dedo que solicita responsabilidades en
Santiago, mantienen a los alcaldes de Lugo y Ourense. Y dicen que moción de censura en ningún
caso”. Llegó a recriminar al BNG incluso que no apoye los presupuestos de Teo, donde el
alcalde, Martiño Noriega, se presentó por esas siglas y ahora gobierna como líder de Anova. Pero
a continuación aseguró que no pretende contribuir al “y tú más” porque él cree y defiende la
política. Y enumeró una lista de 20 políticos imputados que finalmente han resultado absueltos.
Citó de carrerilla cargos de todos los colores y hasta incluyó al exministro de Fomento José
Blanco, objeto de duros ataques por su parte cuando estuvo imputado en el caso Campeón. Se
preguntó “quién repondría el honor y el cargo democrático” de estos dirigentes juzgados y
absueltos si se sigue la doctrina de destituirlos en cuanto son imputados, como reclaman BNG y
AGE. “¿Qué le decimos a los alcaldes con causas sobreseidas?. Yo puedo seguir mirando a los
ojos a todos”.
Jorquera aprovechó para citar al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien hace unas
semanas pidió distinguir entre responsabilidades políticas y penales, ahora que la corrupción se
erige en la tercera causa de preocupación de los españoles, según el CIS. También la portavoz de
AGE, Yolanda Díaz, recordó que la ética no tiene que esperar a las sentencias y le invitó a tomar
decisiones en Santiago “donde no hay una manzana podrida, se ha podrido la cesta”. “¿Quién
gobierna en Santiago?”, se preguntó. “Porque la corrupción es una fórmula para que los que no
se presentan a las elecciones sigan mandando”,
El presidente, que en el pleno de hace dos semanas prometió que haría dimitir a cualquier cargo
con medidas judiciales cautelares, dio a entender que no adoptará medida alguna en Santiago
hasta que haya una sentencia. Díaz le recordó que en ese mismo hemiciclo se sienta una diputada
—María Faraldo, exalcaldesa de Betanzos por el PP— también procesada por el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia que le atribuye prevaricación por una contratación desde el
Ayuntamiento.
Feijóo obvió el caso de Faraldo —quien ha puesto su cargo a disposición del grupo
parlamentario— y aprovechó su último turno para lanzar el anuncio de que promoverá un código
ético en la Xunta que impida los regalos a los cargos públicos y llegue a “donde la ley no
legisla”. Al avanzar cuáles serán sus líneas maestras evidenció su deseo de contrarrestar las
bochornosas conversaciones que contiene el sumario del caso Pokémon, donde directivos de
subcontratas municipales trazaban planes para convencer a ediles y alcaldes a base de relojes y
artículos de lujo. Ese código, respondió a Díaz, servirá “para concretar la conducta de los cargos
institucionales y restringir todo tipo de regalos en la Administración pública”. “Un cargo público
no puede tener derechos ni privilegios solo obligaciones, pero como persona también tiene
derechos, aunque usted a los del PP no se los reconozca”.
Patinazo del presidente sobre la crisis de Santiago
Empeñado en involucrar a todas las siglas en casos de corrupción, en medio de la gresca, el
presidente reprochó ayer a Jorquera que dos concejales del BNG hubiesen aprobado la pasada
legislatura desde el bipartito de Santiago “pagar los honorarios de un abogado y una
procuradora” al concejal socialista Bernardino Rama, imputado en un caso de corrupción. Feijóo,
asesorado desde el escaño por la portavoz del PP, Paula Prado, edil entonces en Santiago, que le
entregó papeles, insistió un par de veces en que aquel Gobierno pagó la minuta.
Hasta que el diputado socialista y alcalde de Santiago en aquel momento, Xosé Sánchez Bugallo,
pidió la palabra por una cuestión de orden y acusó a Feijóo de “mentir”. Bugallo explicó que lo
que hizo su Junta de Gobierno el pasado mandato fue designar abogado pero sin aprobar ningún
compromiso de gasto ni abonar factura alguna. Y recordó que elegir abogado para un edil sin
cargar su minuta a las arcas públicas no constituye delito alguno. Feijóo volvió a pedir la palabra
para desdecirse y asegurar que él no había atribuido pago alguno al Ayuntamiento de Santiago.
Bugallo replicó que sí lo había hecho tres veces.
El caso al que aludió el presidente ya fue analizado en el auto de la juez de Santiago Ana LópezSuevos que dictó la apertura de juicio oral contra los siete ediles compostelanos por acordar el
abono de los gastos de defensa de su compañero Adrián Varela, “a sabiendas” de que estaba
inmerso en un caso de corrupción, lo que inhabilitaba a un gobierno a pagar la minuta. En su
auto del pasado 4 de febrero, López-Suevos analiza el precedente del gobierno socialista y
concluye: “Tal y como se comprueba, no fue aprobada en aquella ocasión ninguna asunción de
gastos u honorarios y fue el alcalde [Sánchez Bugallo] quien designó nominalmente al abogado y
al procurador”. La juez establece una diferencia evidente con el acuerdo que motivó las siete
imputaciones del gobierno del PP ya que en este caso el acuerdo sí “facultaba al letrado a hacer
valer el acuerdo y que sus honorarios se cargasen al presupuesto municipal”
EL CACIQUISMO GALLEGO SE MODERNIZA
Las políticas individualistas y personalizadas en los tratos de favor que antaño ofrecían Baltar,
Cuíña o Cacharro Pardo han dado paso a otras formas formas de gobierno no exentas de
corrupción, según los expertos consultados por 'Público'
De la época gloriosa del contrabando y el narcotráfico a la de las tramas corruptas que en los
últimos tiempos copan los juzgados gallegos hubo en Galicia otro fenómeno político que a día de
hoy aún da sus últimos coletazos. El caciquismo, personalizado en las figuras de Xosé Cuiña,
Xosé Luis Baltar o Francisco Cacharro Pardo —entre otros—, sigue presente en las figuras de
sus hijos o de muchos familiares y amigos que recogieron su estela y aún ocupan cargos en sus
correspondientes diputaciones.
En las décadas de los 80 y de los 90, el sistema político gallego se basaba ampliamente en el
clientelismo, es decir, en el "favor por favor", "hoy por ti, mañana por mí". Los ciudadanos
aplaudían (y votaban) a aquellos que conseguían un trabajo para sus hijos, que acudían a dar el
pésame cuando se moría alguien cercano o que se quitaban la chaqueta para tocar el trombón en
una fiesta de pueblo. Las mayorías absolutas eran aplastantes y la perpetuidad en el poder estaba
a la orden del día.
Para algunos expertos esta situación no es sólo propia de Galicia, sino que se trata de un modo
más de corrupción, al estilo del caso Gürtel o los papeles de Bárcenas, pero con ciertas
particularidades. Quienes opinan así creen también que, precisamente por ese motivo, el
caciquismo no ha terminado, sino que sigue presente en todas las comunidades, en todos los
colores, y que se presenta de muchas formas distintas. "Los mismos perros con distintos
collares", dicen.+
Méndez Romeu (PSOE): "Las personas no son corruptas, son corruptibles y a día de hoy no se
ha hecho ningún cambio estructural legal que evite la corrupción"Este es el caso del socialista
José Luis Méndez Romeu o del nacionalista Bieito Lobeira. El actual portavoz del PSOE en el
Parlamento gallego considera que "la situación ha evolucionado en los últimos años como
consecuencia de la urbanización". "El caciquismo de los 80, basado en el intercambio de favores,
estuvo vigente mientras Galicia era una comunidad agraria; después fue evolucionando con la
urbanización, a partir —sobre todo— de la entrada de España en Europa", explica. "Ahora
asistimos a los coletazos finales de ese proceso que se unen a asuntos más novedosos que se
deben a insuficiencias en el marco legislativo relacionado con la contratación de bienes y
servicios, la contratación de personas, las concesiones administrativas y los asuntos
urbanísticos", enumera el también exsecretario de Estado en la época de Zapatero.
Para Romeu, "las personas no son corruptas, son corruptibles" y, por ello, aunque se haya
modificado la "red clientelar que estaba muy desarrollada por las personas que llevaban gran
tiempo en el poder", cree que "hasta ahora no se ha hecho ningún cambio legal estructural que
evite la corrupción". Para el secretario de Organización del BNG, ahora en Galicia reinan "los
mismos perros pero con distintos collares". Aunque Lobeira lamenta el "tópico del caciquismo
gallego, que no son más que prácticas perversas que se dan en otras partes del Estado", cree que
hoy en día se ha sustituido el "clientelismo que se verifica con comportamientos individualistas"
por "prácticas corruptas de las instituciones", como las privatizaciones de ciertos servicios que
giran en torno a "intereses económicos". "Cuiña se movía por intereses empresariales vinculados
a la familia; Feijóo utiliza unos mecanismos de control social más sofisticados —sin trato
directo, pero utilizando a los medios de comunicación a su antojo, por ejemplo— para que las
grandes empresas del 'palco del Bernabeu' (pone el ejemplo de Ferrovial, cuya filial Cespa está
inmersa en la operación Patos) se encarguen de las obras públicas de Galicia", ejemplifica.
Bieito Lobeiro (BNG): "El caciquismo no es más que prácticas perversas que se dan en todo el
Estado, no sólo en Galicia"
Para Cristina Ares, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Santiago, que hasta 2011
fue concejal del PP en Lugo, clientelismo y corrupción son conceptos diferentes y ninguno de los
dos exclusivo de Galicia. Sin embargo, cree que ambos problemas se deben a una "falta de
cultura política" que todavía pervive en la sociedad. "[Los ciudadanos] no interiorizamos las
reglas del juego democrático [dice haciendo alusión a la 'aceptación' social del enchufismo, por
ejemplo] y los partidos tampoco avanzan. La gente está acostumbrada a ese modelo en el que se
ofrecen favores a determinadas empresas para financiar partidos y así el poder corrupto se
perpetúa", concluye.
En la misma línea se expresa el también periodista y escritor gallego Antón Losada, que no cree
que la corrupción actual tenga "ninguna conexión" con el antiguo caciquismo. "El cacique usaba
mecanismos administrativos para conseguir favores, colocaba a gente en la Administración y
gastaba dinero público dentro de lo público; ahora se dedican a las privatizaciones", resume.
Aunque reconoce que, de alguna manera, "sigue pasando, porque hay importantes segmentos de
población —en toda España— para los que el clientelismo sigue siendo el sistema que más
confianza les ofrece para relacionarse con la Administración", también opina que "hay otros
segmentos en los que no". Y por este motivo considera que "una ciudadanía que ahora está
asustada y desorientada castiga cada vez más los comportamientos de este tipo".
Cristina Ares (PP): "Los ciudadanos no hemos interiorizado las reglas del juego democrático"
Para otros expertos, de hecho, aquella época de ofrecer papeletas en mano a las puertas del
colegio electoral ya terminó, la corrupción no son los últimos flecos del clientelismo y ahora
presenciamos una situación distinta. Quienes opinan así presentan a un Alberto Núñez-Feijóo
que ejerció de "limpiador" de su partido, tomando el relevo de Manuel Fraga pero sin la
permisividad que éste tenía con los "caciques buenos", como llegó a autodenominarse el propio
Baltar.
Este es el caso del excritor y periodista de El Progreso de Lugo Santiago Jaureguizar, que opina
que el individualismo propio de la política caciquil, en la que "se vota un nombre y no a un
partido, una ideología, unas siglas" terminó a finales de los 90, con la llegada al poder en el PP
del actual presidente de la Xunta. "Feijóo —que no me parece un gran político, pero sí un gran
técnico— viene de otro mundo, de otro modelo de formación y fue inteligente y práctico: se da
cuenta de que la política vieja del tú a tú, de dar la mano ya no funciona o funciona, como
mucho, en zonas pequeñas", argumenta. "El PP de Feijóo ya es de las ciudades y no se reconoce
en eso. Sabe que las clases medias gallegas que votan al PP quieren una gestión moderna y por
eso él hace limpieza", continúa el autor de Casa Skylab, que cuenta precisamente la historia de
un cacique gallego.
"El sistema del clientelismo se da en Galicia —como en todas las sociedades poco desarrolladas
económicamente— cuando los ciudadanos, para solucionar su vida, acudían a quienes tienen los
recursos económicos, que eran los que tienen el poder político", agrega Jaureguizar. "La gente
para subsistir tenía que entregar su dignidad a los políticos, pero el modelo cacique ya se terminó
porque la mayor parte de la sociedad gallega vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y ya
no es posible que se dé la cultura política del intercambio de favores que ha funcionado toda la
vida en todo el mundo", concluye
http://www.publico.es/politica/503539/el-caciquismo-gallego-se-moderniza
EL 'NÚMERO UNO' DE RAJOY EN EL SENADO, CERCADO POR LA CORRUPCIÓN
GALLEGA
La estrecha relación de Barreiro con los protagonistas de la trama Pokemon mantiene en vilo al
PP. El alcalde de Lugo, imputado en esta operación, pide el mismo trato judicial para el dirigente
conservador
El protagonismo del portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro, en el sumario de la
operación Pokemon, al que ha tenido acceso Público, tiene en vilo al Partido Popular, acosado
por los casos de corrupción en Galicia que brotan sin tregua ante los ojos de los estupefactos
gallegos. Orquesta, Campeón, Carioca, Pokemon, Pikachu, Patos,... las tramas se suceden y los
sumarios e imputaciones se multiplican y relacionan cubriendo a demasiados responsables de
PPdG y PSdG de un extenso manto de delitos de corrupción. Presuntos la mayoría, de momento.
La responsabilidad nacional de Barreiro (Lugo, 1957) en la Cámara Alta, sin embargo, supera
con mucho la de cualquier alcalde o concejal relacionado o implicado con las distintas tramas
gallegas, por lo que la inquietud en las filas conservadoras crece a medida que se conocen
detalles de la operación Pokemon y la estrecha vinculación del también presidente del PP lucense
con los capos de la trama, recogida en el sumario judicial. Barreiro es gallego, y aunque no
pertenece estrictamente al círculo de confianza de Mariano Rajoy, lo acompaña frecuentemente
en sus visitas a Galicia y mantienen un trato cercano, que se ha estrechado con el tiempo y el
paisanaje.
Crece la inquietud en el PP según se va conociendo la estrecha vinculación de Barreiro con los
capos de la Pokemon. El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), imputado en la operación
Pokemon por recibir presuntamente dinero de la trama a cambio de adjudicaciones del
Ayuntamiento, ha reiterado una y otra vez que espera "que a Xustiza sexa igual para todos" y se
pregunta por qué la jueza de Lara no llama a declarar a Barreiro. Pero la investigación, que
consta ya de 122 tomos, no está cerrada, según aseguró De Lara. Hay siete páginas del sumario
de la operación Pokemon (140-146), particularmente, que instruye la titular del Juzgado núm. 1
de Lugo Pilar de Lara, que han caído como un jarro de agua fría en las filas del PP gallego y la
sede central de la calle Génova (Barreiro pertenece a la dirección nacional del partido)
'El Chino' impaciente
El Chino, apodo que la trama adjudica al portavoz del PP en la Cámara Alta, es un habitual de
los contactos telefónicos y las reuniones con José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia, y
Javier Reguera, responsable de la empresa concesionaria del sistema ORA en Lugo -filial,
asimismo, del grupo Vendex-, y ambos representantes del verdadero cerebro de la red, Gervasio
Rolando Rodríguez, responsable en el ámbito nacional de esta empresa. Vendex constituye el
epicentro de operación Pokemon, desde donde se efectúan los presuntos pagos a cambio de
favores y contratos en las administraciones, se hacen los regalos a los benefactores públicos, se
enchufa a los recomendados, etc.
Vendex contrató a un trabajador por "enchufe" de BarreiroBarreiro llama y recibe llamadas
constantes de Tutor y/o de Requena. Cinco recogidas en esta parte del sumario de De Lara.
También se reproducen dos encuentros de Tutor y Barreiro en las siete páginas, uno en la sede
del PP de Lugo (6 de julio de 2012: "Barreiro le pregunta [a Tutor] cómo anda, que le dijeron
que está en la ciudad amurallada [Lugo]. Tutor le dice que está en la ciudad amurallada. Barreiro
le dice que le pidieron que le dejara (a Tutor) un papel con una información. Tutor le dice que lo
ve. Barreiro le dice que va a estar en la sede un rato (...) Tutor se acerca un momento") y otro, en
el aparcamiento del aeropuerto de A Coruña, éste documentado con un vídeo de Vigilancia
Aduanera (13 de julio de 2012: "Sobre las 17:40 horas, se observa a José Manuel Barreiro
Fernández en la salida de pasajeros, quien se dirige hacia las oficinas del parking del aeropuerto,
momento en el que permanece por un espacio breve de tiempo hablando con José María Tutor
Lemos, para acto seguido, despedirse y dirigirse al sótano -1 del parking, abandonando el mismo
en vehículo particular")
'El Chino' habla por teléfono con los responsables de Vendex y mantiene varios encuentros, uno
en el parking del aeropuerto de A Coruña
Existen asimismo multitud de referencias al Chino por parte de Tutor y de Requena en sus
conversaciones telefónicas recogidas en el sumario analizado, muy crípticas siempre, pues ya
desde 2011, Tutor sospechaba que tenían los teléfonos pinchados. Los asuntos que podían traerse
entre manos, según el sumario, eran que "el SR BARREIRO influyera en los concejales de
LUGO para que dejen de criticar la gestión de DOAL [filial de Vendex] relacionada con la ORA,
máxime tras la sentencia del TSJ GALICIA anulando la concesión, debido a las críticas surgidas
en diversos medios de comunicación" o en "tratar de influir en la estimación del recurso
interpuesto en SANTIAGO en el concurso de la ORA, que habrían obtenido de no haber
abandonado la alcaldía GERARDO CONDE ROA".
De las conversaciones que Tutor y Reguera mantiene sobre el Chino, se traduce un trato habitual
y confiado con el portavoz del PP en el Senado, hasta el punto de creer que Barreiro debe
relajarse: "Reguera dice que él (el Chino), después de ver a Tutor, va a cortar el viento. Tutor
dice que debería, que no lo corten de la noche a la mañana, pero que empiece a relajar". En su
declaración ante la jueza De Lara, Reguera confesó que Vendex contrató como "vigilante de la
ORA" a un trabajador ("Fidel") por "enchufe" de Barreiro, que tenía "interés" en que así fuera.
Asimismo, el encargado de la filial DOAL dio por hecho en esa misma comparecencia que su
jefe Tutor "pidió" al dirigente del PP que "cesase el acoso mediático" de su partido a la gestión
del servicio en Lugo
http://www.publico.es/espana/503128/el-numero-uno-de-rajoy-en-el-senado-cercado-por-lacorrupcion-gallega
ESCANDALOSAS ADJUDICACIONES DE FEIJÓO A LA EMPRESA DE SU HERMANA
Eulen ha sido beneficiada durante todo 2013 con contratos de diferentes consejerías de la Xunta
y la Televisión Gallega
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mantiene sus adjudicaciones millonarias a la empresa
Eulen, de la que es apoderada Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente autonómico. Según
refleja la web de la Xunta www.contratosdegalicia.es, el citado grupo de empresas ha recibido
este año contratos desde diferentes consejerías y de la Televisión gallega.
Cerca de 800.000 euros en enero y marzo
En enero, la empresa de la hermana de Feijóo fue adjudicataria de un contrato de 207.940,00
euros sin IVA de la Conejería de presidencia para el servicio de vigilancia y seguridad en varios
edificios judiciales de la Junta. Tres meses después, en marzo consiguió el contrato de servicios
de conserjería , mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales del
Concello de Fene, por 577.025,48 euros sin IVA.
Mayo, un mes de oro
En mayo pasado, la Televisión de Galicia le adjudicó a Eulen el contrato para el servicio de
seguridad por cerca de un millón de euros sin IVA, exactamente, de 930.000 euros. No fueron las
únicas adjudicaciones de ese mes. También consiguió el servicio de limpieza de edificios y
locales municipales del Concello de Sade por 709.061 euros y el contrato de la consellería de
Trabajo y Bienestar para la gestión del servicio público denominado Puntos de Encuentro
Familiar de Pontevedra y Vigo”, por un coste de 357.000 euros.
Más contratos en septiembre
En septiembre, Eulen fue beneficiada con el mantenimiento del edificio administrativo de la
Escola Galega de Administración Pública (EGAP), por 41.500 euros y, además, recibió de la
Consellería de Trabajo y Bienestar la adjudicación del servicio de control de las instalaciones del
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil, por 21.340, 80 euros.
Las polémicas adjudicaciones a la sobrina de Romay Beccaría
Feijóo ha mantenido las adjudicaciones a la empresa de su hermana después de los contratos
millonarios que le concedió en 2012, como informó ELPLURAL.COM.
No son las únicas adjudicaciones cuestionables del presidente gallego, que en enero de este año
dio el contrato para el desarrollo del portal de las entidades locales de Galicia, un plan
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a la empresa Atos Origin, de la que
es apoderada la sobrina de José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Una
adjudicación de 455.000 euros.
Una empresa con sede en Madrid
Según denunció Galicia Confidencial, la empresa de la sobrina de Romay Beccaría, con sede en
Madrid, recibió casi medio millón de euros por actualizar una web ya existente.
Hace un mes, la misma agencia de la Xunta contraba a Atos para un “servicio complementario
de evolución y mantenimiento de sistema de gestión de personal de la Xunta” por 135.755 euros
sin IVA. Según comprobó el citado diario, en el Registro Mercantil, Carmen Martín de Pozuelo
Romay es la apoderada de esta consultora, que suma 4,6 millones en contratas del Gobierno
gallego, 312.000€ mediante encargos adjudicados a dedo.
Colaboradora de Feijóo en Correos
Martín de Pozuelo es sobrina de Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Feijóo la
fichó para su equipo cuando dirigía Correos y también cuando estuvo como consejero de Política
Territorial.
La Xunta de Galicia, cuanto menos, ha dado cinco contratos a Atos Origin a dedo desde que
gobierna Alberto Nuñez Feijóo. En los últimos cuatro años, la consultora logró en total más de
4.5 millones de la administración autonómica.
http://www.elplural.com/2013/12/22/escandalosas-adjudicaciones-de-feijoo-a-la-empresa-de-suhermana/
LOS ALCALDES HACEN COLA EN LOS JUZGADOS
Una decena de cargos públicos de la provincia de Ourense, en su mayoría del Partido Popular,
están pendientes de decisiones judiciales
Rogelio Martínez lleva casi ocho años entrando y saliendo impertérrito de un juzgado de
Ribadavia. Tiene que dirimir ante la Justicia el desvío de fondos públicos cometido en 2000.
Martínez es el máximo representante de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense: el
hombre de confianza del presidente, Alberto Núñez Feijóo, que lo ha mantenido en el cargo en
sus distintas y cada vez más incómodas posiciones de investigado, imputado y finalmente
procesado por las que ha ido pasando, lentamente, en este largo periplo judicial. El
superdelegadoestá acusado de haber desviado más de 51.000 euros de ayudas de Bruselas en su
etapa de alcalde de Arnoia y presidente de una agrupación local, un hecho que la Audiencia
Nacional consideró ya probado en 2009 y por el que lo condenó, en vía administrativa, a la
devolución del dinero.
Pero el alto responsable institucional, inmerso ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste
de los constantes recursos contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la
Audiencia Provincial ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su inocencia o,
según el caso, la prescripción del delito; no se aparta del cargo. Como él, una decena más de
representantes institucionales ourensanos, casi en su totalidad del PP y encabezados por el que
fue su máximo líder, el “cacique bueno” José Luis Baltar, desfilan estos días por los juzgados de
la provincia implicados en causas que, salvo condena a la inhabilitación, jamás los arrancan de
sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil, tiran de sus parientes más
cercanos para que los sucedan temporalmente al frente de las instituciones.
Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al
autorizar un polideportivo a 10 metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas
miró entonces a su entorno inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco,
neófita en política, de candidata-sucesora a la alcaldía. Ganó las elecciones. El exregidor
condenado la ha acompañado en las jornadas laborales al frente de la institución, cuyas obras ha
supervisado él personalmente (lo nombró asesor) y también en la visita al juzgado: De Francisco
ha acabado imputada por falsedad en documento público y por colaboración en quebranto de
condena por firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones Penitenciarias
para que determinados presos hicieran en su municipio labores para la comunidad “que jamás
llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue gobernando asesorada por su marido condenado.
Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana pasada ante los jueces ourensanos otros
alcaldes del PP: el de Baltar, José Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes
del PSdeG) y el de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia,
acusado de incumplir las sentencias que le obligaban a pagar a una trabajadora municipal.
Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG y acabó en el juzgado tras ser reelegido para
el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa pendiente. Está procesado por un supuesto delito
de prevaricación: la secretaria-interventora dictó contra él en un solo año 88 reparos de legalidad
correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de Rairiz se expone a una
pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento, no se inmuta.
Todo es limbo
No solo los populares tienen asuntos pendientes con la Justicia aunque hasta el momento eran
ellos quienes se fundían especialmente con el cargo en espera de una sentencia que los arrancara
de cuajo. A la larga lista de políticos del PP con causas abiertas se suman, en el otro bando, las
imputaciones, en el marco de la Operación Pokémon, del exalcaldeourensano Francisco
Rodríguez y del exconcejal del BNG Fernando Varela. Ambos dimitieron; el socialista, tras
forcejear con la dirección gallega de su partido. No renunció sin embargo el alcalde de O
Carballiño, Argimiro Marnotes, del PP, imputado en la misma causa.
Pero los socialistas se han topado ahora con una nueva brecha judicial y han reculado en el
hábito de las dimisiones. Un juez de instrucción ourensano ha imputado a la teniente de alcalde y
concejala de Benestar del Ayuntamiento de Ourense, Marga Martín (PSOE) un delito de
malversación de fondos públicos y el alcalde (Agustín Fernández, sustituto del procesado en la
Pokémon) se ha apresurado a arroparla: Martín no ha dimitido.
En esta vorágine de imputaciones y procesamientos judiciales se lleva la palma el “cacique
bueno”, el otrora todopoderoso presidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar.
Como su íntimo rival en el PP provincial, el superdelegado Martínez, Baltar atenderá dos frentes
en los juzgados: de una parte se sentará en el banquillo acusado de prevaricar por colocar a dedo
en la institución provincial a 104 personas y, por otra, como Martínez, tendrá que explicar ante
un juez de instrucción por qué firmó desde ese mismo cargo la adjudicación a dedo a una misma
empresa de 106 depuradoras financiadas por la UE.
Pero a Baltar, las comparecencias judiciales lo han encontrado jubilado. “A mí no me inhabilita
nadie, que ya me inhabilité yo”, presumió de cintura política al conocer la primera de las
imputaciones que ha acabado sentándolo en el banquillo. Sin contar este oportuno despeje del
cacique, desde el superdelegado Martínez hacia abajo todo es limbo: ese lugar en el que los
cargos imputados o procesados se agarran al mástil de la institución que sujeta desde la base el
propio partido. No hay quien dimita.
Tampoco se inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras el
regidor continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado provincial en donde
mantiene la estricta disciplina de grupo pese a que la dirección del PP anunció, al conocer su
procesamiento, que le abría expediente disciplinario.
Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga, hacen doblete ante la justicia está el
superdelegado Martínez que en breve repetirá experiencia como imputado. La orden de
procesamiento emitida hace unos días por el juez que instruye la causa de la presunta
malversación de los fondos comunitarios cometida desde la agrupación local coincide con la
apertura de una nueva investigación judicial que también lo señala. Tendrá que responder por
otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE, por los supuestos
delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en relación con
la adjudicación a dedo a una empresa de 106 depuradoras en la provincia durante la misma etapa
en la que era alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación.
Esta es ya la foto fija de la provincia: una decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados,
imputados o procesados hacen cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena
parte de los casos, por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes populares
que ya acudieron estos días a los juzgados le seguirán en breve otros. Entre ellos, el de Barbadás,
José Manuel Freire Couto y su teniente de alcalde, Manuel García González. La juez instructora
los ha imputado tras analizar la acusación de prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se
hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el municipio que gobiernan) presentada por el
PSOE provincial.
IMPUTADOS 7 EDILES DEL PP SANTIAGUÉS POR APROBAR
AYUNTAMIENTO PAGASE LA DEFENSA DE OTRO CONCEJAL
QUE
EL
Adrián Varela fue imputado en la operación Pokemon, que investiga una supuesta trama para
obtener contratos y concesiones públicas en administraciones gallegas
Siete ediles del PP de Santiago han sido imputados por un delito de prevaricación por haber
aprobado en junta de gobierno local el pasado mes de mayo una resolución para que el
ayuntamiento costease la defensa del edil Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon.
Fuentes municipales han explicado que la concejal María Pardo ha hecho público hoy que ha
sido imputada, junto a sus compañeros de gobierno municipal Juan de la Fuente, María Castelao,
José Luis Bello, Amelia González, Cecilia Sierra y Francisco Noya. Todos ellos han sido citados
a declarar el próximo 19 de diciembre en el juzgado número uno de Santiago.
María Pardo, portavoz del grupo de gobierno, ha señalado en conferencia de prensa que su
partido respeta las decisiones judiciales y ha llamado la atención sobre la proliferación de casos
en los que se imputa a políticos y posteriormente son sobreseídos.
Trama para obtener contratos públicos
La Operación Pokemon, que sigue bajo secreto de sumario, se puso en marcha para investigar la
existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en distintas
administraciones gallegas, así como en Asturias y Catalunya. Las fuentes consultadas han
señalado que la decisión de la junta de gobierno para costear la defensa de su compañero "se
ajustó a derecho" y se tomó "avalada por informes de la asesoría jurídica del ayuntamiento".
Han indicado, además, que la defensa de un concejal con cargo a las arcas municipales "es un
derecho" que les asiste y que en este caso no se llegó a concretar porque el edil imputado en la
Pokemon renunció a ella. De hecho, han señalado, en otros ayuntamientos gallegos, como
Corcubión (A Coruña), se han adoptado decisiones similares, así como en el de Santiago "en
otras legislaturas" y con otros partidos en el gobierno municipal. La jueza ha tomado esta
decisión por la denuncia de un particular.
http://www.publico.es/474717/imputados-7-ediles-del-pp-santiagues-por-aprobar-que-elayuntamiento-pagase-la-defensa-de-otro-concejal
EL CONSELLO DE LA XUNTA MULTIPLICA LOS ACUERDOS SIN VALOR
ECONÓMICO NI LEGAL
La última reunión aprueba solo 150.000 euros y seis informes propagandísticos
El Gobierno gallego ha multiplicado por cinco en sus reuniones semanales la divulgación de
informes propagandísticos sin valor legal ni inversión real al tiempo que oculta sus decisiones
más polémicas, que solo trascienden tras investigaciones periodísticas. Ayer el Ejecutivo de
Alberto Núñez Feijóo batió su récord por abajo al aprobar apenas tres acuerdos con
repercusiones legales, de los que solo uno estaba dotado económicamente para entregar a la
Catedral de Santiago 150.000 euros. En la misma sesión divulgó seis informes propagandísticos
sin trascendencia jurídica.
Los Consellos de la Xunta pueden aprobar proyectos de ley, decretos o acuerdos, figuras legales
con un trabajo jurídico previo y repercusión sobre la vida real de los ciudadanos, ya sea a través
de inversiones, subvenciones o regulaciones. Pero también pueden tratar informes, documentos
sin validez legal que no tienen que ser aprobados, que pueden llegar a ser orales y que son
usados por el presidente de turno para poner de relieve algún tema sobre el que le interese
pronunciarse personalmente, orientando así la agenda política e informativa.
Todos los gobiernos han recurrido a esos informes de autobombo, ya sea para alejar la atención
de otras cuestiones conflictivas o para tapar la falta de contenido real de sus reuniones. Pero su
uso aumentó desde que la crisis ha estrangulado las cuentas públicas, y los Consellos se suceden
sin contenido legal ni inversiones.
Manuel Fraga podía difundir hasta una veintena de informes por reunión. Feijóo se queda lejos,
pero ha multiplicado por cinco su uso con respecto al bipartito de PSOE y BNG. Como
comparación, Emilio Pérez Touriño presidió en su último año 47 Consellos en los que se
divulgaron 29 informes sin valor jurídico, a una media de 0,6. En los cuatro primeros años de
Feijóo se celebraron 176 Consellos con 529 informes, a una media de tres por reunión. Y en lo
que va de segunda legislatura hubo ya 40 consellos con 135 informes, a 3,37 por reunión. Si
Touriño recurría a la propaganda una vez cada dos Consellos, Feijóo lo hace tres veces por
reunión.
En la primera legislatura de Feijóo hubo Consellos con hasta ocho informes propagandísticos (25
de marzo de 2010 y 4 y 18 de octubre de 2012) mientras que en esta el récord es siete (16 de
mayo y 27 de septiembre de este año).
Ayer fueron seis los informes divulgados, que permitieron a Feijóo anunciar ya medidas de
flexibilidad horaria para los funcionarios, financiación para la vendimia o apoyo a las familias
desahuciadas, entre otras. Pero lo único que se aprobó realmente fue una modificación
urbanística en una calle de Maside (Ourense), los estatutos de la Academia de Enfermería de
Galicia y la entrega de 149.828,79 euros a la Catedral de Santiago para acondicionar una sala de
exposiciones. Otros ejemplos de bajas inversiones, aunque superiores a las de ayer, se registraron
el pasado 19 de septiembre, con 170.000 euros, o el 12 de abril del año pasado, con 750.000,
pero en Consellos que aprobaron otras cuestiones relevantes.
Mientras divulga informes propagandísticos y reduce inversión, el Consello ha llegado a aprobar
acuerdos con validez legal que ha ocultado. Así sucedió con el perdón de una multa de tres
millones de euros al diputado popular y promotor inmobiliario Telmo Martín, acuerdo del 24 de
noviembre de 2011 y que no trascendió hasta el 16 de abril de 2012, cuando lo publicó este
diario. Similar proceder siguió el Gobierno cuando aprobó en secreto, en su reunión del 4 de
agosto de 2011, la recalificación de 173 hectáreas de bosque en Guitiriz para un macrogeriátrico
privado. O cuando renunció a llevar a juicio a la empresa Brenntag por el desastre ecológico del
río Umia, acuerdo del 8 de marzo de 2012 que aquel día ocultó. En secreto la Xunta también ha
regularizado viviendas y piscifactorías ilegales, subido tasas o modificado entes públicos.
LA CORRUPCIÓN ASEDIA AL PP DE SANTIAGO
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El gobierno municipal acumula media docena de imputaciones
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La Pokémon se extiende a Cataluña y Asturias
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Consulte toda la información sobre la Operación Pokémon
Ni una semana sin susto en el Ayuntamiento de Santiago. Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera irrumpieron ayer a primera hora en el Pazo de Raxoi después de detener al exjefe de
gabinete de la alcaldía Ángel Espadas, al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y a José
Luis Míguez, gerente de la concesionaria Aquagest que gestiona el servicio de abastecimiento de
agua en la ciudad. Junto a ellos también fue arrestado un cuñado de este último, Jesús Fuentes,
empresario y organizador de eventos.
La investigación nació, otra vez más, en la mesa de la juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye el
sumario Pokémon sobre supuestas adjudicaciones amañadas en varios ayuntamientos gallegos y
que ya supuso la imputación del alcalde compostelano, Ángel Currás, y de su concejala de
Educación, Rebeca Domínguez. Al tirar de ese ovillo, surgió la Operación Manga, que propició
los arrestos de ayer en Santiago incluidos registros en el Ayuntamiento, en los domicilios
familiares de los detenidos, en la sede de la empresa adjudicataria y también en la vivienda del
anterior regidor de la ciudad, Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir cuando Hacienda le
denunció por un presunto fraude fiscal de 291.000 euros. Espadas era la mano derecha de Conde
Roa.
Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los arrestados declaran hoy ante la
juez. La policía se incautó de varias cajas de documentación en las viviendas de Conde Roa,
Espadas y Vázquez Aldrey y requirió al gobierno municipal documentación sobre los contratos
de Aquagest, el servicio de la grúa y hora y la gestión de multas de tráfico, además de revisar los
ordenadores en busca de correos electrónicos. Durante casi ocho horas, los agentes peinaron los
servidores informáticos del Ayuntamiento en varios departamentos.
Fuentes próximas a la investigación apuntan que la juez indaga sobre las relaciones entre
Espadas, hombre fuerte del anterior alcalde, su amigo José Luis Míguez, apodado El Pesetas y
que fue ascendido a gerente de Aquagest en Santiago cuando el PP llegó al Gobierno, y las
gestiones que ambos tramaban para beneficiar presuntamente a la concesionaria del agua. Según
se desprende de los pinchazos telefónicos, los detenidos planearon crear una empresa mixta con
capital de Aguagest y del gobierno municipal para que se hiciera cargo del servicio sin tener que
depender de la contratación pública. Otra de las fórmulas que manejaban los detenidos, según se
desprende de las conversaciones grabadas, pasaba por aumentar el tiempo de concesión a cambio
de que Aquagest asumiesen el coste de infraestructuras para la ciudad.
Los investigadores sospechan que el negocio pretendía fraguarse a golpe de comisiones ilegales.
Las presuntas negociaciones tuvieron lugar durante el mandato de Conde Roa, que incluso llegó
a anunciar en un desayuno informativo su intención de llevar a cabo un ambicioso plan de
infraestructuras con financiación público-privada. Cuando este tuvo que dimitir y Espadas fue
destituido por su sucesor, Ángel Currás, el negocio se frustró.
Otro de los expedientes bajo la lupa de la juez es la adjudicación del servicio de ORA que el
gobierno de Conde Roa otorgó a la empresa Setex Aparki poco después de llegar al poder. El
concurso había sido convocado por el bipartito y contaba con un informe técnico que avalaba la
adjudicación a la empresa que finalmente resultó concesionaria, ya con el PP en el gobierno,
desbancando a su rival del grupo Vendex, que la juez sitúa en el epicentro de la Operación
Pokémon. Tras perder el concurso, Vendex denunció irregularidades en el proceso, que acabó
recurriendo. El concejal responsable del servicio, Albino Vázquez Aldrey, también pasó la noche
en los calabozos.
El nuevo escándalo en el Ayuntamiento de Santiago se produce solo tres semanas después de que
otra juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y al actual regidor partiendo de la
querella de un policía municipal que les acusa de degradarlo en sus funciones y de acoso moral.
En menos de dos años mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones.
Conde Roa está acusado de defraudar a Hacienda y de prevaricación al relegar al citado
funcionario, el mismo delito que la juez investiga en su sucesor, también encausado en la
Operación Pokemon por prorrogar la concesión de una guardería municipal a Vendex, igual que
su edil de Educación, Rebeca Domínguez. El jefe de gabinete actual, Francisco Castro, está
imputado por el mismo caso. El hombre al que sustituyó, Ángel Espadas, condenado en la
precampaña de las municipales por conducir bajo los efectos del alcohol, durmió anoche en
comisaría arrestado también en este caso. Y hasta el presidente de la Xunta y del PP gallego,
Alberto Núñez Feijóo, que siempre había pedido esperar a la resolución de los distintos
sumarios, admitió ayer que lo que pasa en su partido en Santiago "no es normal" y animó al
gobierno local a pedir disculpas.
Al presidente se le agota la paciencia
Alberto Núñez Feijóo había mostrado hasta ahora un respaldo sin fisuras al alcalde de Santiago,
Ángel Currás. Convencido por las explicaciones de este de que su implicación en el caso
Pokémon no tendría finalmente ninguna trascendencia penal, Feijóo expresó en reiteradas
ocasiones su apoyo al alcalde. Y ante las fuertes desavenencias en el gobierno local incluso
permitió a Currás quitarse de enmedio a su gran rival interna, la concejala Paula Prado, que
dimitió del Ayuntamiento tras ser nombrada portavoz del PP gallego.
Pero ayer, sin entrar en alusiones directas a Currás, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia
cambió de tono. Ante la nueva ronda de detenciones y la sensación de caos total en la capital de
Galicia, Feijóo tuvo que admitir: "Lo que pasa en el Ayuntamiento de Santiago no es normal y a
ningún ciudadano le parece normal". El presidente anticipó que este nuevo episodio requerirá de
los gobernantes locales "explicaciones amplias y disculpas concretas".
En el gobierno municipal, sin embargo, se empeñan en aparentar normalidad. Con el alcalde de
viaje en Madrid, la portavoz del ejecutivo compostelano, María Castelao, afirmó a la Cadena
SER que la sucesión de detenciones e imputaciones "no interfiere en el gobierno del día a día de
la ciudad". "Seguimos trabajando y sacando adelante expedientes", aseguró.
Pero la oposición dio un paso al frente y exigió medidas ante una situación que considera ya
insostenible. Hasta ayer los socialistas habían evitado pedir la dimisión de Currás. La postura del
PSdeG estaba condicionada por el hecho de que un alcalde suyo, el de Lugo, Xosé López
Orozco, también está imputado en la Operación Pokémon. Pero ante la evidencia de que la
sospecha de corrupción se ha extendido por el gobierno municipal, los socialistas dieron un giro
a su postura y, a través de su portavoz, Francisco Reyes, pidieron la retirada del alcalde ante la
situación de "práctica ingobernabilidad" del municipio. Antes, el líder local del BNG, Rubén
Cela, había reiterado también su exigencia de que Currás se retire. Los dos partidos de la
oposición coincidieron además en apelar a Feijóo para que, más allá de las palabras, tome
medidas para normalizar la institución local. Desde fuera del Ayuntamiento, se plantearon
soluciones más extremas: Esquerda Unida pidió nuevas elecciones y Compromiso por Galicia,
que se disuelva la Corporación Municipal.
FEIJÓO PIDE LA CONFIANZA CIUDADANA Y PROTEGE A SU ALTO CARGO
PROCESADO
Publicará su renta desde antes de ser presidente y el patrimonio de los conselleiros
Alberto Núñez Feijóo asume que la confianza de la ciudadanía en los dirigentes políticos "se ha
visto especialmente minada en los últimos meses" por la proliferación de casos de corrupción y
por eso considera que deben hacer un esfuerzo de transparencia, a fin de recobrar crédito. En esa
línea va la publicación de su declaración de patrimonio y la del resto de sus conselleiros,
información fiscal que se completará con las declaraciones de la renta exclusivamente del
presidente gallego desde antes de llegar al cargo hasta la actualidad. Compatibiliza esta apuesta
con decisiones como la de mantener en el cargo al delegado de su Gobierno en Ourense, Rogelio
Martínez, procesado por malversación, estafa y falsedad en documento público.
El mandatario autonómico aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para publicitar su
"política de transparencia" con la decisión de seguir la senda abierta por Mariano Rajoy, con la
publicación de los datos sobre su situación económica. Se hará en los próximos días a través del
sitio web del Ejecutivo y del Diario Oficial de Galicia, aunque hasta el lunes no precisará desde
qué año se podrá conocer su renta. En cuanto a las declaraciones de patrimonio, que ya se
difundieron en diciembre de 2011, explicó que el objetivo es que los ciudadanos puedan conocer
de primera mano la evolución patrimonial del presidente y de sus conselleiros desde la toma de
posesión hasta que cesen en sus funciones.
Apenas unos minutos después de su alegato en pro de la transparencia, que se suma a la
contundencia con la que se refirió al caso Bárcenas —"me repugna", dijo en el Parlamento—,
obviaba que su hombre fuerte en la provincia ourensana ha pasado de imputado a procesado. Se
escudó en que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa. "Por lo que yo sé, entiende
que no hay delito", arguyó, cuando en realidad el ministerio fiscal solicitó el archivo por
considerar que los supuestos delitos —la certificación y el cobro de una subvención para una
obra que nunca se ejecutó— habían prescrito. Así, avanzó que por el momento no va a "cambiar
de opinión", es decir, mantiene su confianza en Martínez.
"Si se inicia un procedimiento (que en verdad ya ha comenzado), veremos la situación procesal
en la que queda y en función de esto tomaremos una decisión coherente y consecuente con otras
que hemos tomado", fue todo lo que concretó. Preguntado sobre si le pediría su dimisión en caso
de sentarse en el banquillo de los acusados, como parece que ocurrirá a tenor del último auto del
juez, Feijóo desvío el tiro hacia el comportamiento de otros partidos ante casos similares,
deslizando que en la misma situación estas formaciones —no explicitó cuáles— mantendrían a
su alto cargo.
Por otra parte, la reunión del Gabinete sirvió para analizar el calendario legislativo para los
próximos cuatro años. El Gobierno pretende impulsar unas 40 leyes, la mitad de ellas de carácter
económico y la otra mitad reformas y actualizaciones de textos legales con más de una década de
vigencia. En este paquete, el presidente confirmó que no estará el Estatuto de Autonomía, una
modificación que, a su juicio, no está entre las preocupaciones ciudadanas. Sí se abordará la
anunciada reducción de diputados.
En ese marco, abogó por "abrir un periodo de reflexión" sobre el sueldo de los parlamentarios y
el sistema de cobro, que en la actualidad deja una parte importante del contante percibido libre
de tributación, al consignarse en concepto de dietas. Empaquetó esta reducción de los gastos de
la Cámara, así como todo el calendario legislativo analizado, con su ritual alusión a conseguir
una Administración "eficiente y austera".
El Consello también aprobó el Plan Galego de Igualdade entre Homes e Mulleres para el período
2013-2015, que aglutina 320 actuaciones con una inversión de 220 millones de euros. Entre
todas esas medidas no está la de dejar de subvencionar a los colegios concertados que separan
por sexo. Aludió a la libertad de elección de los padres y a que todos los gobiernos autonómicos
mantuvieron esos convenios, aunque el bipartito, en sus estertores había decidido suprimirlos.
FEIJÓO AVISA AHORA DE QUE GALICIA NO EMPEZARÁ A CRECER HASTA 2015
El presidente consagra la austeridad y pide caminar hacia el déficit cero
Casi a la misma hora que la OCDE pronosticaba para 2013 una caída del PIB que triplica las
previsiones del Gobierno, seis millones de parados para el el año próximo y el siguiente, y
advertía de que el camino no pasa por más recortes, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP y
alumno aventajado de la austeridad, seguía recetando desde la tribuna del parlamento gallego
más de lo mismo para los próximos cuatro años. Feijóo -que el sábado será investido presidente
por segunda vez- no solo ratificó su compromiso con el rigor presupuestario y el cumplimiento
del techo de gasto fijado por el Gobierno. Prometió que Galicia caminará "hacia el déficit cero"
en la legislatura que ahora comienza.
Ese es el plan que, según el aún candidato del PP, encarrilará a Galicia en la senda del
crecimiento. "Los gallegos podrán vivir de lo que producen sin endeudar a los gallegos de
mañana y dedicar el 100% de los recursos a políticas que estimulen el crecimiento y el
bienestar". Según esa hoja de ruta, la legislatura del crecimiento que los populares anunciaron en
los mítines y el programa electoral hace unas semanas quedará partida a la mitad. Empezará en
2015, tras "dos años de transición hacia ese objetivo". Y todo, según dijo entre grandes aplausos
de la bancada popular, porque Galicia es una comunidad "solvente" y a la vez "la más preparada
para salir de la crisis". Junto a la contención del gasto que inició ya en 2009, anunció rebajas
selectivas de impuestos para futuros emprendedores y su "austeridad bien entendida" anticipa
recortes en las subvenciones de los sindicatos, partidos políticos y la patronal, así como en el
número de diputados autonómicos, que bajará de 75 a 61. El presidente en funciones no aclaró si
intentará pactar la nueva configuración de la Cámara con el resto de partidos o si pretende aplicar
el tijeretazo a los escaños primando los territorios que tradicionalmente votan más al PP, tal y
como amagó con hacer antes del adelanto electoral.
Su hora y media de discurso tuvo presente al expresidente socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, a quien responsabilizó sin citarlo por su nombre de la crisis económica pero también
puso deberes al Gobierno amigo: pedirá a Rajoy que compense los fondos europeos que
autonomías como Galicia perderán a partir de 2014 y un nuevo modelo de financiación que
prime la dispersión y el envejecimiento de la población.
Del castillo kafkiano a la torre Eiffel
Se había esmerado el presidente en pedir al resto de partidos con escaño que tomen ejemplo de la
sociedad y afronten la legislatura con templanza porque "la mayor división de la oposición no
debe traducirse en mayor confrontación". Como si Feijóo temiese lo que se le venía encima.
Aunque la respuesta de sus adversarios en el hemiciclo se demorará hasta el jueves, la oposición
ya le adelantó ayer, con los micrófonos de por medio, que no comparte la visión de Galicia del
presidente en funciones.
Desde el BNG, su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera criticó "el discurso de un
candidato carente de la más mínima sensibilidade social" y también sin "ambición nacional". El
líder de la coalición Alternativa Galega de Esquerdas, Xosé Manuel Beiras, fue aún más duro y
dudó incluso de que su formación sea "capaz" de plantar cara a la derecha gallega. Si no pueden
solos los partidos de la coalición, llamarán a la "rebelión cívica para que los echen del castillo
kafkiano". Tampoco el portavoz del PSdeG, Abel Losada, escatimó críticas a Feijóo. Aseguró
que las políticas del déficit cero y el recorte selectivo de impuestos "abocan a este país a la
pobreza". Como está convencido de que el presidente en funciones reincide en esta segunda
legislatura, el dirigente socialista lo comparó con "el mayor estafador del mundo, Victor Lusting,
que intentó vender dos veces la torre Eiffel".
Sin llamar por su nombre a los recortes, explicó que "las decisiones, por complejas que pueden
resultar, tienen una razón de ser y un fin que es el social". Tras advertir que el cuidado de los
servicios públicos no depende "del nombre de un partido" sino de la eficacia de la gestión, lanzó
un compromiso para primar a las personas desahuciadas en la adjudicación de viviendas de
protección oficial, sin extenderse en los detalles. Su guión de 49 folios ofertó pactos sobre el
territorio, el crecimiento, los fondos europeos, el mapa municipal y los servicios públicos. Y
reservó unos párrafos para que Feijóo admitiese por primera vez "la incertidumbre" que pesa
sobre Novagalicia Banco.
Un grupo de ganaderos que estos días arrojan su producción de leche como protesta contra los
bajos precios habían interrumpido antes la solemne sesión con reproches a Feijóo. Fueron
desalojados por los servicios de seguridad antes incluso de que lo ordenase la presidenta, Pilar
Rojo.
NOVENA AMONESTACIÓN A LA XUNTA POR PARTE DE LA JUNTA ELECTORAL
El PsdG ha pedido que se traslade a la Fiscalía el reiterado incumplimieno de la Ley electoral por
parte del gobierno gallego
La Junta Electoral ha vuelto a exigir a la Xunta, por novena vez desde que se convocaron los
comicios, que "se abstenga de la realización de actos prohibidos" por la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General (Loreg), después de que el PSdeG denunciase la visita que realizó el
pasado día 8 el conselleiro de Medio Ambiente al municipio pontevedrés de A Estrada para
anunciar el proyecto de urbanización de la Ciudad del Mueble. En su resolución, el órgano
encargado de velar por la limpieza de la campaña electoral, considera que se trata de una
"actuación prohibida" por el artículo 50.3 de la Loreg al no tratarse de "un acto estrictamente
institucional en los términos del punto tercero de esta Instrucción".
El coordinador de la campaña electoral del PSdeG, Pablo García, ha instado a la Junta Electoral
de Galicia el traslado a la Fiscalía de las resoluciones en que consideró que el PPdeG había
vulnerado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El representante socialista
aporta en su requerimiento la documentación sobre los cinco casos en que, a instancia del
PSdeG, la Junta se pronunció contra la participación de miembros del Gobierno en diversos actos
o informaciones contenidas en la página web del Gobierno, que considera que demuestran la
reiteración en las irregularidades. En su escrito, el PSdeG aporta la documentación referida a la
participación de Núñez Feijóo en la firma de unos 'supuestos contratos' con Pemex y en una
recepción a nuevos integrantes de la Policía Nacional.
También cita la resolución que obligó a la Xunta a retirar de su página web una noticia sobre
acusaciones contra el alcalde de Lugo, y las visitas del conselleiro de Educación a centros de
Valdeorras y de la titular de Sanidade a las obras del nuevo hospital de Vigo. El coordinador de
la campaña socialista señala en su escrito que estos hechos pueden ser constitutivos de una
infracción penal, 'concretamente de un delito electoral, tanto por los hechos mismos como por su
reiteración en el uso de instituciones públicas para la venta de logros en campaña electoral'. Por
ello, García le pide a la Junta Electoral de Galicia que traslade la documentación que aporta a la
Fiscalía.
FEIJÓO CONCEDIÓ CONTRATOS POR MÁS DE 1,2 MILLONES A EMPRESAS DE LAS
QUE SU HERMANA ES APODERADA
La mayor parte de las adjudicaciones se realizaron en los últimos nueve meses, justo antes de la
convocatoria de elecciones. El PSdeG exige al presidente de la Xunta que dé explicaciones
Micaela Núñez Feijóo ha podido comprobar en apenas nueve meses el privilegio que supone
tener a un hermano como presidente de una comunidad autónoma. Las diferentes filiales de la
empresa Eulen, de las que ella es apoderada desde hace ocho años, se han beneficiado desde
principios de año de nueve contratos de la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo y
que, en total, han supuesto a la entidad unos ingresos que alcanzan 900.000 euros.
Si a esa cuantía se le suma la del contrato que se concedió a Eulen S.A. en 2010, apenas unos
meses después de que el actual presidente accediera al poder, la cantidad total que han recibido
las empresas que gestiona la hermana de Núñez Feijóo desde hace tres años asciende a más de
1,2 millones de euros.
Es especialmente llamativo el número de contratos adjudicados a Eulen en los últimos meses,
justo antes de que el presidente gallego convocara elecciones anticipadas y, por tanto, viera
peligrar su continuidad al frente de la Xunta. Según la página web oficial que el Gobierno
autonómico ha creado para hacer públicas todas sus contrataciones (seguir este enlace), el
Ejecutivo gallego ha contratado con las diferentes empresas del grupo licitaciones que incluso
han alcanzado los 432.000 euros, como la que el pasado mes de marzo adjudicó a Eulen S.A. el
servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes del complejo medioambiental de Cerceda
(A Coruña).
Otro de los contratos más jugosos es el que, en febrero, supuso la adjudicación a Eulen
Seguridad S.A del servicio de seguridad general del recinto ferial y particular de la Semana verde
de Galicia, cuyo gasto asume la Xunta, y que ascendió a 147.500 euros. Así, en total, hasta nueve
adjudicaciones a las empresas vinculadas a la hermana de Núñez Feijóo en tan sólo ocho meses,
apurando el plazo hasta las elecciones que se celebrarán el próximo día 21.
El PSdeG quiere que Feijóo dé la cara
Según los diferentes documentos de los registros a los que ha tenido acceso Público, Micaela
Núñez Feijóo figura como apoderada de cuatro empresas. Entre ellas están Eulen Sociedad
Anónima, con sede en Bizkaia, Eulen Seguridad S.A. y Eulen Servicios Sanitarios S.A., ambas
situadas en Madrid. La figura de apoderada que ostenta la hermana del presidente gallego supone
que los propietarios de las empresas le han dado poderes y, por tanto, ella se encarga de
administrar algunas de sus gestiones.
El escándalo, que ha sido desvelado esta misma mañana por el diario ourensano La Región,
entrará de lleno en la campaña electoral del 21-O que comenzó la semana pasada. De hecho, los
socialistas gallegos ya tienen pensado poner en marcha diversas iniciativas para que Núñez
Feijóo dé la cara. Fuentes del PSdeG consultadas por este diario han exigido al presidente de la
Xunta que "explique y aclare" las condiciones en las que se han producido todos esos contratos.
Y, en rueda de prensa, el líder de los socialistas coruñeses, Francisco Caamaño, ha instado a
Núñez Feijóo a dar "explicaciones" y ha tildado de "inquietante" la noticia que se ha hecho
pública este lunes
http://www.publico.es/espana/443581/feijoo-concedio-contratos-por-mas-de-1-2-millones-aempresas-de-las-que-su-hermana-es-apoderada
EL MAQUILLAJE DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE GALICIA ESTALLA EN CAMPAÑA
Feijóo se aferra a que cumplió el déficit en 2010
El PSOE ha pedido explicaciones a la secretaria de Estado de Presupuestos
El presidente señala que “es imposible” trasladar 400 millones en facturas
El termómetro de la campaña electoral gallega se disparó este martes después de que EL PAÍS
publicara el informe del Consello de Contas que certifica que la Xunta desplazó irregularmente
facturas por valor de 411 millones del ejercicio 2010 al 2011, lo que le permitió cumplir con el
límite de déficit para ese año (el 2,4%) y no entrar en el grupo de las comunidades incumplidoras
por seis décimas.
Varias horas después de conocerse el documento, que está pendiente de las alegaciones de la
Xunta para su aprobación definitiva, la Consejería de Hacienda se defendió diciendo que las
cuentas públicas ese año fueron “avaladas tanto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF), como por el Gobierno central socialista”. Sin embargo, el comunicado no entra a
analizar los desplazamientos de 223 millones de euros de gastos que varias consejerías
endosaron al ejercicio 2011 “sin que existan razones de orden económico, contable o
presupuestario que lo justifique”, como señala Contas, y fuera de los supuestos recogidos en la
ley. Tampoco dice nada sobre los 188,2 millones de euros que el Servicio Gallego de Salud
trasladó irregularmente de un año a otro. Hacienda, sin embargo, apunta a que actuó siempre
“cumpliendo de manera estricta la normativa vigente”, pese a que un análisis aleatorio de
facturas realizado por el órgano fiscalizador desvela que el 83% de los pagos comprometidos de
ocho departamentos se computasen mal.
El presidente y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a negar la mayor a
primera hora de la mañana. “Es imposible”, dijo, trasladar 400 millones de facturas de 2010 a
2011 y cerrar ese ejercicio con un déficit del 1,6%, “el más bajo de España. Sería un gran
milagro”, ironizó. Sus palabras chocaron con las del consejero mayor del Consello de Contas,
Luciano Fariña, que intentó quitar hierro al asunto asegurando que “no es la primera vez” que el
ente fiscalizador detecta estas anomalías y auguró que “habrá gastos que se pasen del ejercicio de
2011 al de 2012”.
El PSOE aprovechó todas las comparecencias públicas de sus candidatos para arremeter contra la
gestión de los populares y aprovechó para solicitar en el Congreso la comparecencia de la
secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, que entonces llevaba las riendas
de la Hacienda gallega.
El cabeza de lista por A Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, consideró que el
informe es “la evidencia palmaria de que Feijóo, que tanto presume de solvencia, consigue esa
apariencia haciendo trampas en las cuentas”. El propio Pachi Vázquez, candidato a la
presidencia, lo sacó a relucir en el debate televisado por el canal autonómico en el que se medía
la pasada noche con el nacionalista Francisco Jorquera. Desde el BNG insistieron en que “Feijóo
está montado en la mentira permanente”.
La Xunta no solo desplazó 411 millones en facturas mal contabilizadas del ejercicio 2010 a
2011. También incumplió la propia ley presupuestaria, que en el artículo tres “no permite
disminuir los créditos consignados en el programa 312D-Servicios Sociales de atención a
personas dependientes”. El documento señala que a lo largo de aquel ejercicio se aprobaron
“9.674.865,21 euros de transferencias positivas y 20.853.621,41 euros de transferencias
negativas”, para esta partida, por lo que el saldo resultante es “significativamente negativo”.
“Resultan preocupantes las carencias de control”
El informe emitido por el Consello de Contas, organismo fiscalizador de la Xunta de Galicia, no
deja lugar a dudas sobre los movimientos irregulares de créditos que se realizaron en el ejercicio
2010 para cuadrar los números.
“El artículo 60.2.b de la Ley de Régimen Presupuestario y Financiero de Galicia permite aplicar
a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de la expedición de las órdenes de pago,
obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores. (...) Sin embargo, la Administración no hace un reconocimiento formal de estas
obligaciones, y por lo tanto tampoco realiza su contabilización dentro del ejercicio”.
Según el Consello de Contas, “resultan preocupantes las carencias de control en el seguimiento y
validación del gasto desplazado, que no facilita una cuantificación fiable del mismo”. Esta
práctica, que afectó a facturas de 411 millones de euros, puede acabar “distorsionando el
resultado presupuestario”, y afecta “negativamente a los presupuestos futuros”, al disminuir la
capacidad de maniobra “por las cargas arrastradas”.
FEIJÓO ‘CAMUFLÓ’ SUS CUENTAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT EN 2010
El Consello de Contas denuncia el traslado irregular de facturas al año siguiente
La Xunta de Galicia desplazó de forma irregular 411 millones en facturas mal contabilizadas del
ejercicio 2010 al 2011. Así lo demuestra una auditoría realizada por el Consello de Contas
pendiente de aprobación por el pleno de este organismo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Gracias a esta fórmula, la Xunta logró cumplir con el techo de gasto al reducir en siete décimas
el déficit presentado al Ministerio de Hacienda que entonces presidía la socialista Elena Salgado.
Según desvela el informe instruido por un exconselleiro de Economía de Fraga, José Antonio
Orza, solo el Servicio Galego de Saude invirtió 188,20 millones de euros como "gasto no
contabilizado" en 2010 que trasladó irregularmente a los presupuestos de 2011. A ello se suma
un análisis aleatorio sobre una importante bolsa de gasto en varias consellerías que reveló que la
mayoría de los pagos se imputaron erróneamente de un año a otro, lo que arroja un aplazamiento
de gasto de 223 millones. En el resto de departamentos del Ejecutivo de Feijóo, el Consello de
Contas también destapó prácticas dudosas. Se da la circunstancia de que la responsable de las
cuentas de la Xunta en aquel momento es la actual secretaria de Estado de Presupuestos del
Gobierno central, Marta Fernández Currás, fichada por el ministro Cristóbal Montoro poco
después de acceder al cargo.
De los 265,7 millones de obligaciones de gasto trasladadas en 2010 a las cuentas de 2011 por
ocho departamentos del Gobierno gallego, el 83,95% (223 millones de euros) se cambiaron de
ejercicio de un modo anómalo. El cálculo es una estimación que parte del trabajo de los auditores
después de que estos analizasen una a una facturas por importe de 111,3 millones de euros
emitidas por consejerías y otros organismos oficiales. En ese exhaustivo repaso el órgano de
control de las cuentas de la Xunta detectó 93,4 millones mal computados. El trabajo de campo de
los auditores dispuso de una muestra inusitadamente elevada, tras analizar el 41,88% de las
obligaciones imputadas en 2010 al ejercicio contable siguiente.
En aquella anualidad —y en las posteriores— Feijóo siempre presumió de que la Xunta bajo su
mandato entró en el selecto y reducido grupo de comunidades que hicieron los deberes
cumpliendo el objetivo de déficit. El techo marcado por el Gobierno central, del 2,4%, no se
llegó a rozar en Galicia por tres centésimas (2,37%), y la autonomía resultó la quinta que mejor
cumplió con el rigor presupuestario. Semejante aval sirvió al presidente gallego para sacar pecho
e inaugurar el mantra que le ha acompañado hasta el fin de la legislatura. La Xunta " hace más
con menos" y Galicia es "una comunidad solvente".
Sin embargo, de la información de Contas se deduce que los números presentados al ministerio
deberían haber sido muy distintos. Los 411 millones que se trasladaron al ejercicio posterior (y
se fueron pagando a costa de una menor ejecución presupuestaria) obraron el milagro de evitar
que el gasto se disparase siete décimas, hasta el 3,09%. Sin esos apaños contables, la realidad
habría sido radicalmente opuesta, Galicia ocuparía el puesto número 11, entre Aragón y La
Rioja, en el ranking nacional y habría sido la séptima en incumplir el techo de gasto. Todo ello,
como indica el Consello de Contas, gracias a que se ampararon desplazamientos de obligaciones
"sin que exista razón de orden económico, contable o presupuestaria que lo justifique", y fuera de
los supuestos en que legalmente se pueden aplazar. De ahí que el documento deslice gran
preocupación por la disciplina interna aplicada en el gasto.
El informe también alerta de otra circunstancia: las facturas que se traspasan se convierten en
una bola de nieve cada vez más peligrosa que navega de presupuesto en presupuesto y que en
algún momento corre el riesgo de estallar. Eso explicaría la premura con que la Xunta está
cerrando sus presupuestos, hasta el punto de que en 2011 se agotó en septiembre.
Como ejemplo está la práctica del Servicio Galego de Saúde, que amplió el crédito en 2010 para
financiar la farmacia o el personal. "El recurso a este mecanismo, reiterado a lo largo de los años,
deriva en buena medida de la insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura
a las obligaciones de cada ejercicio, y no incentiva a los gestores para contar con presupuestos
realistas", apunta el informe de Contas, plagado de reproches.
"Estamos ante supuestos de gasto que debieron reconocerse en el ejercicio y respecto de los que
procederían los ajustes necesarios tanto en la contabilidad presupuestaria como patrimonial. La
práctica totalidad del gasto desplazado que resulta de la revisión responde a este supuesto",
subraya la auditoría. Los reparos a la contabilidad del Ejecutivo de Feijóo no se paran ahí y el
organismo de control avisa: "Cabe advertir que resultan preocupantes las carencias del control
interno en el seguimiento y la validación del gasto desplazado, que no facilitan una
cuantificación fiable del mismo igualmente resulta preciso prestar atención a la dinámica
creciente de las imputaciones de gasto de años anteriores, que se incrementan en este ejercicio y
que pueden acabar distorsionando ese resultado presupuestario y también porque, en cualquier
caso, afectan negativamente a los presupuestos futuros para atender a las necesidades previstas
debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores".
Por eso, tras analizar los números de 2010, el Consello de Contas a la hora de certificar que
Galicia ha cumplido el objetivo de déficit del 2,4% añade la siguiente coletilla: "Con las
necesarias reservas de los posibles ajustes que puedan resultar de este informe".
FEIJÓO ALEGA QUE EL MILLONARIO DUEÑO DEL AVIÓN ERA MILITANTE DEL PP
La Xunta Electoral amonesta al Gobierno gallego por séptima vez por vulnerar la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General
Un ataque a Zapatero como defensa. Con esa estrategia despachó ayer Alberto Núñez Feijóo la
fotografía que lo mostraba a punto de subir al avión Paxariño Novo, propiedad del
multimillonario de origen gallego José Benito López Carballedo. "Yo asisto a todos los actos y
mítines del PP con dinero del partido o de militantes del partido, como fue el caso", alegó el
presidente de la Xunta, "y no me parece adecuado que otros utilicen aviones del ejército o Falcon
para hacerlo". La referencia era al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez, acusado en
2009 por los populares de emplear aeronaves militares para desplazarse a actos del PSOE.
La imagen que provocó la reacción de Feijóo muestra al jefe del Ejecutivo y candidato a la
Xunta del PP el pasado 15 de septiembre en el aeropuerto internacional de San Fernando, en
Buenos Aires. Junto a él, el embajador español en Argentina, Román Oyarzun, el delegado del
Gobierno gallego en la capital de aquel país, Alejandro López Dobarro, o el secretario general de
Emigración, Santiago López Camba. El empresario López Carballedo, propietario de una firma
de servicios de limpieza líder en el sector, los recogió en el Paxariño Novo, que él mismo pilota
habitualmente. Durante la campaña electoral de 2009, que llevó a Feijóo a Monte Pío, una foto
del entonces vicepresidente Anxo Quintana en el yate del empresario Jacinto Rey sirvió al PP
para atacar al bipartito y lanzar insinuaciones sobre los vínculos empresariales del nacionalismo.
La precampaña —oficialmente, la campaña comenzó anoche— hace días que ha aumentado su
intensidad. El cartel con el que los populares pedirán el voto para sus candidaturas escondía, en
su presentación pública del miércoles, el logotipo del PP. Ayer, Feijóo, en la misma
comparecencia posterior al Consello de la Xunta en la que justificó su viaje en el jet del
millonario gallego argentino, explicó que el personal de comunicación del partido tapó la parte
del "vota PP" para no violar la ley electoral que prohíbe pedir el voto antes del comienzo oficial
de la campaña.
Pero la derecha no ha sido siempre tan escrupulosa. De hecho, también ayer recibió su séptima
amonestación en el último mes por incumplir el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (Loreg). En esta ocasión, la Xunta Electoral de Zona de Santiago apercibió a la
conselleira de Traballo y número uno del PP por A Coruña, Beatriz Mato, por una visita al
Centro Integral de Recuperación da Muller. La Justicia exige a Mato y a la concejala de Benestar
Social de Santiago, Paula Prado —que la acompañaba en la visita— que "se abstengan de
participar en actos similares que pueden vulnerar la normativa electoral bajo paercibimiento de
incoar el correspondiente procedimiento sancionador". Además del PP, solo el alcalde de
Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha sido amonestado.
FEIJÓO ENDURECE SUS ATAQUES A MARIO CONDE
"Votarlo significa avales para que gobierne un cuatripartito”
El candidato del PPdeG a la reelección y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha
afirmado que votar a partidos como el de Mario Conde --Sociedad Civil y Democracia-"significa avales para que gobierne un cuatripartito en Galicia". En una entrevista a Punto Radio,
Núñez Feijóo ha señalado que "cualquier voto a este tipo de personas que debutan, no se sabe
muy bien por qué, significa avales para que gobierne un cuatripartito en Galicia". "Y recordamos
todavía el bipartito", ha apostillado. "Me preocupa que personas de buena fe estén entregando el
gobierno a organizaciones políticas contra las que se muestran disconformes. Un voto a este tipo
de personas es un voto para que gobierne el Partido Socialista y los nacionalistas en todas sus
facetas", ha manifestado preguntado por la posible incursión de Mario Conde en la política
gallega. "No creo que Galicia se merezca una ración de bipartito ni una ración de cuatripartito",
ha agregado.
Sobre la presentación este sábado de su candidatura arropado por el PPdeG, a la que no se prevé
la asistencia de miembros del Gobierno central, el candidato popular ha justificado la ausencia de
Mariano Rajoy, recordado que "hace una semana" inauguró en Soutomaior (Pontevedra) junto a
él el curso político. "Parece razonable que venga todas las veces que quiera durante la campaña
electoral. Por nosotros estaría aquí como en la última campaña, en 2009, en la que gracias a él y
a todo el partido sacamos mayoría", ha comentado Feijóo, quien ha matizado que Rajoy "ahora
es el presidente del Gobierno y las citas del presidente no son las mismas que las del líder de la
oposición". "Estoy en política porque el señor Rajoy me lo propuso", ha recordado.
Además, ha diferenciado entre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el
actual titular del Gobierno central al ser preguntado sobre si podría repercutir la presencia del
líder del PP en la campaña de los populares gallegos. "Son dos personas distintas con dos
responsabilidades distintas; Rajoy es el bombero de la economía que ha destrozado el señor
Zapatero y el señor Rajoy se encuentra con un gran incendio en su país y no me parece muy justo
que de los incendios se les eche la culpa a quien intenta apagarlos", ha argumentado.
Por su parte, ha defendido el trabajo de su gobierno al frente de la Xunta. "No hemos venido aquí
a mantenernos en el poder, hemos venido a ser útiles", ha aseverado, para rechazar que las
medidas promovidas por el Ejecutivo central repercutan en su campaña. "Las políticas del actual
Gobierno vienen condicionadas por el desastre de la economía española", ha puntualizado
Feijóo.
"A nadie le gusta recibir noticias malas. Rajoy se ha encontrado con una España enferma desde
el punto de vista económico, con todos su órganos vitales afectados", ha comentado, para
subrayar que "cuando un médico tiene que dar un diagnóstico tan brutal a un paciente eso genera
una enorme desolación". Por ello, ha abogado por "admitir la situación" actual porque hay que
"gestionar la realidad" y "decírselo a la gente por muy doloroso que sea". "La gente se irá dando
cuenta que es mucho mejor ir atajando los problemas desde el principio que ocultarlos. Lo
importante no es como empieza un partido sino como acaba", ha sentenciado.
UN CARGO DE CAÑETE RECORRE MUNICIPIOS DEL LITORAL PARA PROMETER LA
LEGALIZACIÓN DE CASAS
Costas elude compromisos ante las demandas de alcaldes del PP
Entre el goteo de promesas electorales que empiezan a lanzar al vuelo los partidos regresa la de
solucionar el problema de las edificaciones junto a la costa. Con el caso paradigmático de los
núcleos costeros tradicionales de Marín ya bastante encauzado tras la aprobación de su plan de
ordenación, los afectados de otros municipios con un estatus menos claro quieren garantías de
que la reforma en trámite de la Ley de Costas se ocupará de sus casos. El conselleiro de
Territorio, Agustín Hernández, pasó ayer por Moaña y Vilanova de Arousa para transmitir a los
afectados el mensaje de que el PP no se olvida de ellos, acompañado del director general de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, venido desde Madrid. La visita dio para
poco más que el socorrido “estamos trabajando en ello” y, en el caso de Moaña, para sembrar
dudas sobre su posible encaje en la reforma esbozada por el Ministerio de Medio Ambiente.
“Es muy pronto para saberlo, estamos identificando los problemas, hay distintos tramos de
deslinde, afectados que eran propietarios de terrenos y otros que no”, señaló Saavedra en la
localidad de O Morrazo, tras reunirse junto a Hernández con el alcalde, José Fervenza, del PP, y
representantes de la asociación de afectados, y con la ausencia de última hora del presidente
provincial, Rafael Louzán, que había anunciado que asistiría. El anteproyecto hecho público en
julio de reforma de la ley de Costas prevé la reducción de la servidumbre de dominio público de
100 a 20 metros, pero para el caso de Moaña, donde en algún caso las viviendas afectadas están
levantadas sobre la arena en edificios de varias plantas de arquitectura nada tradicional, el
remiendo normativo no es suficiente. Fervenza defendió en el Parlamento autónomo hace dos
años una reforma mucho más atrevida, que llegaba a plantear cambios en las condiciones de uso
del dominio público. Aquel texto se envió a Madrid para su discusión, abortada con la propuesta
de Cañete, que pretendía refundir las reclamaciones llegadas de toda España. Enterrada aquella
idea, el alcalde apuesta ahora por realizar un nuevo deslinde que permita consolidar el hormigón
en primera línea de playa. “No es que estemos en contra de la ley, pero sí a favor de modificar
algún punto”, dijo. El director general no quiso comprometerse. “Hay que ver si es posible el
equilibrio entre satisfacer las demandas de los afectados y la protección del dominio público”,
advirtió Saavedra, que solo fue tajante para asegurar que no se va a “rebajar el nivel de
protección del dominio público”. “Es un asunto complejo que requiere tiempo”, despejó, y
apuntó, sin mucho entusiasmo, a otra posible solución “por vía administrativa”.
Los afectados se aferran a que muchas de las viviendas en peligro se adquirieron con licencia
municipal. José Gallego, portavoz de la asociación, apreció la “buena disposición” de los
dirigentes populares, pero también expresó dudas. “Este debe ser el tercer o cuarto director
general con el que nos reunimos. Si el Gobierno tiene intención de resolver el problema, por
nosotros mejor imposible, pero lo vemos difícil”. El conselleiro se salió igualmente por la
tangente.”"Tenemos abierta una línea de entendimiento con el Ministerio, y hoy nuestro objetivo
no era cerrar nada al 100%. La modificación legal ya tiene en cuenta en parte las demandas de la
Xunta en relación con los núcleos”. El anteproyecto legal prevé rebajar la protección pero solo
para aquellos suelos equiparables al urbano según los servicios y abastecimiento de que
disponían en 1988, lo que no daría cobertura a áreas transformadas a partir de entonces.
EL SERGAS PAGÓ 220.000 EUROS POR UN INFORME QUE NO APARECE
El informe no figura en el expediente completo recabado por el Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia al organismo sanitario
El Sergas pagó 220.000 euros a la consultora PricewaterhouseCoopers por su asesoría para la
contratación de la UTE concesionaria del nuevo hospital de Vigo, pero su informe no figura en el
expediente completo recabado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al organismo
sanitario en la tramitación del contencioso administrativo planteado por la Asociación para a
Defensa da Sanidade Pública, según informaron ayer sus portavoces, “por lo que debemos pensar
que no existe”.
Fue la más “anecdótica” de las irregularidades del proceso concesional del nuevo hospital de
Vigo señaladas por los portavoces de la asociación, que halla suficientes “incumplimientos
importantes del contrato” por parte de la UTE concesionaria para motivar su anulación, como
requirieron. Entre ellos, la financiación a riesgo y ventura de la concesionaria, alterada por la
solicitud de la Xunta del crédito del Banco Europeo de Inversiones; el volumen y calidad del
edificio y de los servicios, o el control y seguimiento del desarrollo y de los plazos de la obra a
través de auditorías.
“La construcción está paralizada por la incapacidad de la concesionaria para financiar el
proyecto”, aseguraron los portavoces de la asociación, un resultado que la propia asociación ha
venido anunciando, recordaron, en sus alegaciones (que el Sergas ignoró) al modelo PFI elegido,
en el contencioso administrativo interpuesto contra la concesión y en su denuncia ante el Valedor
do Pobo. Incluso citaron un estudio de la misma Pricewaterhouse que, en general, declaraba el
modelo “no viable” en 2008 por lo improbable de obtener recursos financieros a tasas comunes
antes de 2007. El contrato de la UTE de Vigo las fijó al 8%, “pero ya nadie presta a eso”.
CARGOS DEL SERGAS VIAJAN A CANCÚN A UN CONGRESO DE FIRMAS
SANITARIAS
Las dos directivas permanecerán en México tres días más después de finalizar las jornadas y la
Xunta no aclara quién financia la estancia
No todo el mundo padece los efectos de la austeridad en la Administración. La directora técnica
del Centro de Transfusión de Galicia, Inmaculada Rodríguez Calvo, y la hematóloga jefa de la
entidad, Azucena Castrillo Fernández, permanecen desde el 6 de julio en un congreso científico
sobre transfusión de sangre en Cancún, en un viaje cuya financiación y finalidad la Xunta no ha
querido aclarar. Aunque las jornadas dieron comienzo el 7 de julio y finalizaron en el día de
ayer, las directivas del Sergas permanecerán en la ciudad mexicana hasta el domingo.
Lo insólito del caso es que, según se explica en el programa del evento, organizado por ISBT —
una sociedad internacional cuyos miembros son multinacionales de la industria sanitaria—, las
dos directivas del Sergas no intervinieron en ninguna de las ponencias centrales, no formaron
parte de los comités científicos ni constan como invitados observadores. En el programa la única
referencia que se hace a Inmaculada Rodríguez y Azucena Castrillo tiene que ver con la
presentación de dos breves investigaciones, en un tiempo mínimo de 10 minutos cada una.
A la noticia tuvo acceso este diario a través de un supuesto comunicado enviado por correo
electrónico desde una cuenta del comité de empresa del Centro de Transfusión de Galicia. En él
se aseguraba que el precio del viaje —que incluiría inscripción, avión y hotel— supera los 4.000
euros por persona, cuestión que la Xunta no ha querido aclarar, si bien ha confirmado que las dos
directivas estarán de vuelta el domingo, permaneciendo en México tres días más después de
finalizar el evento.
En el supuesto comunicado del comité, también se alerta de la posibilidad de que el viaje fuese
financiado por empresas médicas “a las que se les hicieron adjudicaciones millonarias” desde el
Ejecutivo autónomo. “Esto aún es peor ya que la directora preside las mesas de contratación y la
hematóloga que la acompaña es encargada de elaborar los informes técnicos que se tienen en
cuenta para las adjudicaciones de compra de los productos de las empresas que patrocinan este
tipo de viajes”, añade el comunicado. Asimismo, la nota alude al código de buenas prácticas del
sector sanitario y critica que este tipo de eventos tengan lugar en espacios con un perfil
marcadamente turístico.
Lo sorprendente es que el presidente del comité de trabajadores, José Ángel Varela, a pesar de
tener constancia del viaje de las directivas del Sergas, desconoce quién fue el remitente de la
denuncia. “En el comité nadie habló de filtrar esto y por lo menos yo desconozco el coste del
viaje”, asegura. Además, añade que “es muy posible” que la estancia fuese financiada por
empresas adjudicatarias de la Xunta, una práctica que considera “normal”. “Lo raro sería que
pagasen empresas con las que no trabajamos”, finaliza.
TRES AÑOS, SEIS MESES Y ONCE DÍAS
El índice de paro casi se ha duplicado en el mandato de Feijóo mientras la Xunta se ponía a la
cabeza de las políticas de ajuste del gasto público
A Manuel Fraga se le atribuyó el síndrome de la bicicleta, siempre necesitado de movimiento
para no caerse. Los ciclistas, sin embargo, pueden apearse a voluntad. Su heredero conservador
en la presidencia gallega, Alberto Núñez Feijóo, tiene el síndrome del surfista. Necesita estar en
la cresta de la ola para no acabar descabalgado. Feijóo se subió después de que su antecesor, el
socialista Emilio Pérez Touriño, pasara hace cuatro años el mismo verano de dudas, consejos y
presiones sobre si adelantar las elecciones para evitar los efectos de la entonces incipiente crisis,
o agotar la legislatura. Touriño, que gobernaba en coalición con los nacionalistas, argumentó que
los intereses de Galicia estaban por encima y perdió —en realidad perdieron sus socios— el
diputado que daba la mayoría.
Hay dos consensos sobre la victoria del PP de Galicia. Uno, que salvó por la campana a un
Mariano Rajoy a punto de ser defenestrado por su partido. El otro, que constituyó el primer
ejemplo de lo que unos llamaron campaña sucia y otros, empleo de la táctica "no pienses en un
elefante". Al bipartito, el PP les reprochó gastos suntuarios que hoy harían sonreír, como la
remodelación de un despacho y compra de sillas, y la sustitución de coches oficiales, por mucho
que el propio Feijóo viajase en uno de ellos en su etapa de vicepresidente de Fraga.
Dentro del capítulo de promesas serias, Feijóo aseguró que en 45 días presentaría un plan para
recuperar empleo, anularía el concurso eólico recientemente adjudicado, eliminaría las trabas que
el bipartito ponía a las piscifactorías y, sobre todo, acabaría con la imposición del idioma
gallego, que, según habían alertado oportunamente al PP algunos colectivos, se pretendía hacer
aprovechando la normativa aprobada por consenso en tiempos de Fraga. También tendría
remedio otro de los problemas recurrentes, el de los incendios forestales. El bipartito había
tenido en 2006 un verano de fuego y muerte, con cuatro fallecidos. "Con nosotros no había
muertos", dijo con naturalidad Feijóo.
Grandes proyectos como el desarrollo eólico se han quedado en nada
A la hora de hacer balance de todo aquello hay paro, claro. Mucho. El mayor de la historia de
Galicia, del 12,4% en aquel marzo electoral de 2009 se ha llegado al 21,1% el pasado febrero,
según la Encuesta de Población Activa. A partir de 2009, Galicia ha perdido el diferencial
positivo de crecimiento del PIB que tuvo entre 2005 y 2008. El concurso eólico, efectivamente,
se anuló, y se realizó uno nuevo. El problema es que entre una cosa y otra, el Gobierno central
decidió dejar de subvencionar a las energías renovables, y los recursos interpuestos por algunos
concesionarios beneficiados en el primer reparto prosperaron. Hace pocos días, el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia determinó que la anulación del primer decreto fue ilegal. Las
concesiones nunca se pusieron en marcha. Y estamos hablando, o eso se dijo, de una inversión
de 6.000 millones de euros y de 13.000 puestos de trabajo.
Tampoco se ha instalado ninguna piscifactoría, pero lo de la enseñanza en gallego sí dio que
hablar. Una reforma que provocó ríos de tinta, pronunciamientos y grandes manifestaciones,
encuestas a los padres cuyos resultados nunca se hicieron públicos, el triturado de cientos de
miles de libros de texto porque explicaban que dos y dos eran cuatro en gallego y un decreto que
no contentó ni a unos ni a otros. También hubo incendios, dependiendo del calor y de las lluvias.
Y, desgraciadamente, hubo muertos.
Del gobernante Fraga se ha pasado al papel de mero administrador
A lo largo de esta legislatura, que cumplirá el 21-O tres años, seis meses y once días, Feijóo ha
ido sacando conejos de la chistera. Además del eólico, en las municipales lanzó el globo de un
complejo industrial en Ourense para producir un coche eléctrico, una inversión que crearía 1.030
puestos directos, y que acabó pinchando. A primeros de año, anunció también un plan que, con
una dotación de 30 millones de euros, crearía nada más y nada menos que 44.000 empleos.
Tampoco ha pasado de los titulares a la realidad. El último unicornio es un contrato con la
petrolera mexicana Pemex para construir unos remolcadores. En lo político, el logro prometido
—además de atender el clamor popular de reducir el número de diputados, finalmente
desatendido por el adelanto electoral— fue el de fusionar dos ayuntamientos de 5.500 habitantes
(entre los dos), proceso que ni se ha iniciado.
En el capítulo de lo positivo, PP y PSdeG aprobaron una reforma de la ley de los medios
públicos similar a la que regía en RTVE antes de que la cambiara el PP (aunque todavía no la
han aplicado). Feijóo logró evitar la emigración de las dos cajas, y fusionarlas, aunque no
asegurar su futuro, obviamente. Y las cuentas de la Xunta arrojan mejores resultados que la
mayoría de las comunidades autónomas, aunque sea mediante usos como decretar años contables
de siete meses, y aunque esa austeridad no sirva a funcionarios o dependientes para librarse de
los mismos recortes aplicados en los territorios donde se despilfarra.
Posiblemente en Madrid, en cuyos medios se prodiga, Feijóo haya ganado puntos con su aspecto
de joven obsequioso y eficaz ejecutivo sobre el atrabiliario, un tanto tosco y menos dúctil Fraga
Iribarne. En Galicia es al revés. Ha bajado el nivel de gobernante al de mero administrador. Sus
alcaldes no están precisamente contentos por la austeridad. Además, tampoco es que sean suyos.
A pesar de sus intentos, el PP de Ourense sigue siendo del PP de Ourense, es decir de los Baltar
y no suyo. Excepto en A Coruña, donde el mérito es del presidente provincial y alcalde coruñés,
Carlos Negreira, en Pontevedra y Lugo no ha logrado nuevas conquistas.
Con ese panorama, o más bien, con esa falta de panorama, ¿para qué esperar seis meses más?
Adiós a la investigación de las cajas
Con la disolución hoy del Parlamento, quedan enterrados varios trabajos y textos legislativos
promovidos por el PP y la Xunta. Con tan solo cinco días de vida, se desactiva la comisión de
investigación sobre la gestión de las cajas de ahorros. El PP, en un gesto ante las protestas de las
víctimas de preferentes, decidió ponerla en marcha el pasado miércoles, pese a que la posibilidad
de un adelanto electoral ya estaba encima de la mesa.
También enterrado queda el proyecto promovido para modificar la ley gallega de cajas y la
gestión de la obra social de las antiguas entidades de ahorro. Aprobada inicialmente en el último
pleno, el 2 de agosto, estaba abierto el plazo de enmiendas para un texto que ahora decae y queda
sin vigencia alguna. Igualmente, desaparecen otros cinco proyectos de ley del Gobierno. Tres de
estas iniciativas, hasta ahora en trámite, pretendían ser de especial incidencia ya que con ellas la
Xunta intentaba un cambio del sistema productivo, como son los textos para el fomento de la
investigación y la innovación, el de impulso de las infraestructuras de telecomunicaciones y el de
reforma del sistema universitario.
Además de la abortada reforma de la ley electoral, que no llegó a presentarse formalmente, se
aplaza el desarrollo de la nueva ley de la Compañía de Radio Televisión de Galicia. Está en
vigor, pero los grupos parlamentarios aún negociaban un plan marco para constituir la
corporación de los medios públicos con nuevos criterios. La designación, por primera vez, del
director general de CRTVG por una mayoría cualificada del Parlamento todavía deberá esperar.
FEIJÓO ACEPTA QUE RAJOY APARQUE SU PROMESA DE APLAZAR LA DEUDA DE
GALICIA
Ahora admite que Rajoy reconsidere su promesa de aplazar la deuda autonómica
De la firmeza con que cada jueves, desde el atril en el que desgrana los acuerdos de los
Consellos de la Xunta, exige al Gobierno que le aplace la deuda con el Estado, al apaciguamiento
con Rajoy. Alberto Núñez Feijóo hizo frente ayer a las preguntas de los periodistas después de
que Javier Arenas, en nombre de los barones autonómicos del PP y tras reunirse con el futuro
presidente, anunciase que queda en suspenso el compromiso de ampliar de cinco a 10 años el
plazo de devolución del dinero que las comunidades adeudan al Estado, por anticipos efectuados
en 2008 y 2009 que no se recaudaron por la crisis. La Xunta mantiene intacta su reclamación,
afirmó Feijóo, pero aceptó que el futuro presidente no tome la decisión mientras no conozca "el
estado de las cuentas y del Tesoro público".
El futuro jefe del Gobierno prometió en campaña demorar las devoluciones
El aplazamiento de la devolución de esos ingresos a cuenta, que en el caso de Galicia asciende a
unos 2.000 millones de euros, era un compromiso asumido y reiterado por el presidente del PP,
Mariano Rajoy. La última vez, en la apertura del curso político tras el verano en el castillo de
Soutomaior. El jueves, Arenas condicionó el cumplimiento de esa promesa a las cuentas que se
encuentre el Partido Popular: "Se abordará desde la mejor voluntad cuando tengamos
conocimiento del déficit y la situación de la tesorería". Feijóo se agarró ayer a esas intenciones
para aplaudir la "disposición" y "sensibilidad" del futuro presidente.
"Es importante y positivo que el nuevo Gobierno abra una puerta al aplazamiento del pago", se
conformó Feijóo, que añadió: "Pero un presidente que aún no es presidente no puede tomar
decisiones que afectan a los Presupuestos ni al Tesoro de la Hacienda Pública". Y, en todo caso,
Galicia está "en el camino de ese objetivo".
Feijóo incluyó el de la deuda entre los "problemas que se encontrará y tendrá que solucionar" el
nuevo Gobierno cuando tome posesión. "Fuimos incapaces de entendernos con el Ejecutivo
anterior: que aceptase que las comunidades autónomas no pueden dedicar el 5% de sus
presupuestos hasta 2016 [a pagar la deuda] porque el Gobierno socialista hizo unos Presupuestos
irreales", afirmó.
La comprensión que mostró ayer Feijóo con la inconcreción de Rajoy se produce después de una
jornada, la del jueves, que se abrió con las declaraciones del coordinador de Política Autonómica
y Local del PP, Juan Manuel Moreno, en las que dio por hecho el aplazamiento de la deuda. La
Consellería de Facenda se apresuró a aplaudir el anuncio. "Es muy buena noticia para Galicia",
afirmaron fuentes del departamento de Marta Fernández Currás, que recordaron que el
aplazamiento en los pagos fue una petición que lideró el Gobierno gallego y a la que
posteriormente se unieron otras comunidades autónomas. Pero después compareció Arenas con
un jarro de agua fría a las expectativas de la Xunta. El presidente gallego restó importancia a
estas contradicciones y a la apresurada reacción de Facenda. Feijóo, que no pudo acudir a la cita
con Rajoy en la sede del PP por problemas de agenda, afirmó que aclaró la cuestión por teléfono
por la noche con Arenas. "Nos confirmó que el compromiso sigue", zanjó.
En la misma rueda de prensa, Feijóo eludió cualquier responsabilidad en el aumento del paro en
noviembre en Galicia, la comunidad autónoma donde más creció el número de desempleados.
"¿En qué ha fallado la Xunta?", le preguntó un periodista. El presidente se aferró a los datos de
los últimos 11 meses, en los que el incremento fue "un punto inferior" que la media estatal.
En todo caso, depositó toda la responsabilidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,
y apeló a los datos, "malos sin contemplaciones", para defender como "imprescindibles" algunas
de las tareas que tiene por delante Rajoy, como acometer la reforma laboral, rebajar la prima de
riesgo, enjugar el déficit y restablecer el sistema financiero. "Está fallando prácticamente todo",
afirmó. Feijóo aseguró que el futuro presidente ya está trabajando y tiene "enfocados" todos esos
problemas para adoptar decisiones cuando tome las riendas del Ejecutivo.
www.elpais.es 03.12.11
PARADOS SIN PRESTACIÓN LLEVAN DOS MESES PAGANDO SUS MEDICAMENTOS
Los afectados siguen con la tarjeta sanitaria bloqueada pese a la promesa del Sergas de que las
reactivaría inmediatamente de oficio
E.N.G, vecina de A Coruña, lleva más de tres años en paro, pero nunca imaginó que se quedaría
sin cobertura sanitaria sin previo aviso del Sergas. Hace casi dos meses que se paga sus
medicamentos y este jueves, para vacunarse contra la gripe, ya no se pasó por el centro de salud,
fue directamente a la farmacia. "Tuve que comprar yo la vacuna. En la farmacia llamaron a un
practicante para que me la pusiera, aunque no me quiso cobrar", cuenta.
Esta mujer de 61 años, enferma crónica, cumple la condición que reseñan todos los pacientes
parados que estos días descubren que su tarjeta está desactivada: ha agotado su prestación por
desempleo hace más de 12 meses. No tiene derecho a consulta con su médico de cabecera y si
durante los dos o tres meses que tardará el Sergas en tramitarle una tarjeta PSR (para personas
sin recursos) tiene que acudir a Urgencias, deberá firmar un compromiso de pago. Aunque la
conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha repetido hasta la saciedad que solo los extranjeros que
no acrediten derecho a asistencia estarán obligados a firmar dicho documento, la información
que recibe del Sergas dice todo lo contrario."A mí lo que me dijeron es que por urgencias [la
única asistencia a la que sigue teniendo derecho] me van a cobrar, que tengo que cubrir un
compromiso de pago", relata. El ir y venir de E. desde su centro de salud de O Ventorrillo a la
delegación de Hacienda y el Ayuntamiento de A Coruña comenzó hace algo menos de dos
meses, cuando intentó comprar los fármacos que le había recetado el médico. "Como estoy
enferma y tomo mucha medicación, voy a la farmacia con frecuencia, por eso me enteré". El
boticario no pudo acceder a la receta electrónica que debía contener su tarjeta, ya anulada.
En el centro de salud le dieron un número de teléfono para que aclarase su situación. "Me dijeron
que el Sergas tenía una lista con la gente que se quedaba sin Seguridad Social, y que yo estaba en
esa lista". Los trabajadores del Sergas le indicaron también qué opciones tenía para recuperar su
derecho a la asistencia gratuita. Una de esas alternativas, la de incluirse en la tarjeta de un
pariente, no le sirve porque todos sus familiares están empadronados en otras ciudades, por eso
se ha decantado por la tarjeta para personas sin recursos. La solicitó el 4 de octubre, pero todavía
no ha recibido nada. El pasado jueves intentó pedir cita para comprobar si su trámite estaba ya
completo, porque Farjas afirma que todas las tarjetas bloqueadas se están activando "de oficio".
Su nombre sigue sin figurar.
Tampoco tiene su tarjeta activada Mercedes Amaral, la primera ciudadana en denunciar el fin
sorpresivo de su derecho a la asistencia sanitaria hace una semana. Parada de larga duración y a
tratamiento por una depresión, Amaral asegura que su nueva tarjeta PSR no llegará antes de seis
u ocho meses. Por ahora, mientras el Sergas no la da de alta, paga sus medicinas. Tendrá que
presentar, como el resto de los afectados, una justificación de ingresos que demuestre que su
única vía para recobrar la asistencia sanitaria es solicitar tarjeta destinada a las personas sin
recursos. El Sergas le exige, además, un certificado de empadronamiento. "¿Qué está pasando
aquí? Desde hace unas semanas no deja de llegar gente por este asunto de la tarjeta", le preguntó
a principios de octubre una trabajadora del Ayuntamiento de A Coruña cuando E., la paciente de
O Ventorrillo, le explicó que necesitaba un certificado de empadronamiento para recuperar su
tarjeta.
"Hasta puedo entender que tenga que pagar las consultas, pero no que me quiten el médico". Luis
(nombre ficticio) se enteró hace 17 días de que su tarjeta estaba bloqueada. Hace tiempo que a
este vecino de A Coruña le van mal los negocios, tanto que ya ni siquiera puede pagar la
Seguridad Social. "Declaro mis impuestos, pero el negocio es un desastre", se lamenta. El cruce
de datos que le hizo hace dos semanas una trabajadora del Sergas cuando llamó para enterarse de
su situación reveló el diagnóstico esperado. Su tarjeta sanitaria estaba desactivada. Ahora tramita
su declaración como PSR y mientras paga sus medicinas.
"Desde el momento en el que me dan de baja no recibí ningún tipo de notificación", cuenta
Marcos Otero, también residente en A Coruña, que teme que los próximos meses se conviertan
en un ir y venir del centro de salud solo para presentar papeles "y sin cobertura". A diferencia de
los casos anteriores, Otero, que actualmente estudia para sacarse una oposición y es demandante
de empleo, llevaba un tiempo con la mosca detrás de la oreja. Casi no va al médico, pero hace un
mes pidió cita para una consulta porque tenía molestias en un pie. No se la pudieron dar porque
no tenía un médico adjudicado desde agosto. "Pensé que era algo ajeno a mí, un error
administrativo", explica. Hasta la semana pasada no fue consciente de lo que le pasaba.
"Solución no me han dado ninguna, más que pasarme a la tarjeta de algún familiar". Tampoco en
esta ocasión se cumple la promesa de Farjas de reactivar automáticamente las tarjetas
bloqueadas.
A la vez que continúa el goteo de casos, aumenta el número de firmas reunidas en la plataforma
digital Actuable para pedir al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el desbloqueo de la
tarjeta sanitaria a los parados que llevan más de 12 meses sin prestación. Ayer apoyaban la
iniciativa de Alejandro J. Pérez Morán 11.000 personas. Los firmantes exigen a Feijóo "la
retirada inmediata de la orden del 5 de septiembre de 2011", la norma que cambia los requisitos
de acceso a la asistencia sanitaria de las personas sin empleo o con pocos recursos.
Vaivenes del Sergas con la tarjeta sanitaria
- 20 de octubre. Pago de 10 euros por el extravío. Al Consello Económico e Social de Galicia le
parece que la propuesta "debe de ser un error" y propone "eliminarla".
- 23 de octubre. Trascienden las limitaciones del nuevo reglamento de Sanidade, en vigor desde
el 29 de septiembre, al uso de la tarjeta para parados de larga duración, personas sin recursos y
extranjeros. Sanidade alega que es para evitar el fraude a la Seguridad Social y que sigue una
recomendación de la Comisión Europea para "detectarlo".
- 18 de noviembre. Primeras denuncias de desactivación de la tarjeta. "Es absolutamente falso",
responde el Sergas. Atribuye las denuncias a las elecciones.
- 12 de noviembre. El Sergas admite que se bloquean tarjetas y señala que ha ordenado
reactivarlas de oficio. Los afectados "no tendrán que tramitar nada". Galicia solo se adelanta
cuatro meses "a una medida del Gobierno de España".
- 24 de noviembre. La conselleira, Pilar Farjas, afirma que se limita a recoger los requerimientos
del INSS y que es este organismo del Ministerio de Trabajo el que deja a 300.000 personas sin
cobertura hasta el 1 de enero. El INSS sostiene lo contrario, que garantiza la cobertura a los
300.000 y que la Xunta no ha firmado un convenio para reducir trámites. Farjas dice que lo
firmó, pero se refiere a un acuerdo de un año antes.
FEIJÓO DEFIENDE QUE SE PAGUE MÁS POR FÁRMACOS Y TASAS
UNIVERSITARIAS
El presidente coincide con el rector de Santiago en subir tasas universitarias
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está a favor de un nuevo modelo de prestación
farmacéutica que lleve a que los pacientes tengan que pagar más por las medicinas. Lo avanzò
ayer en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta en la que se sucedieron cinco
preguntas consecutivas acerca de su postura sobre el copago. Feijóo sembró primero todas las
dudas posibles sobre las cuentas del Estado: dijo textualmente que hay que conocer el "déficit
real", aseguró que existen "facturas sin computar" y "deudas ocultas", de forma que el Gobierno
de Rajoy recibe una "herencia compleja".
El jefe del Ejecutivo rechaza cobrar por consultas o estancias hospitalarias
Cuando tome posesión el nuevo gabinete y se conozca el "déficit real", se abrirá un debate sobre
el futuro de la sanidad. Feijóo pidió "no demonizar" formulas como el copago pero se presuró a
anticipar que si el futuro presidente le consulta, él desaconsejará "el cobro por consultas, pruebas
y estancias hospitalarias". Invocó su experiencia como gestor -fue presidente del Insalud cuando
José Manuel Romay Beccaría era ministro de Sanidad- para desecharla. No obstante, en su afán
por "buscar eficiencias" para que el sistema sanitario sea viable, abrió la puerta a aumentar el
precio que se paga por los fármacos. No facilitó más datos ni ofreció ninguna pista.
Solo abogó por "hablar y adentrarse" en una nueva prestación farmacéutica, el capítulo que más
presupuesto consume de toda la Xunta. Lo importante, subrayó, es "garantizar la pervivencia del
sistema público y universal para que no quiebre", dando a entender que puede venirse abajo "con
un déficit de 18.000 millones" o los "500 euros que debe cada español" en este capítulo. En
cualquier caso, defendió que no se deben hacer distinciones entre territorios y que el debate
habrá de afrontarse "desde el todo".
De ahí que se felicitase por que Rajoy anunciara ya la misma noche de su victoria que convocará
a todos los presidentes autonómicos. En ese foro es en el que Feijóo apuesta por "proponer
fórmulas para salir entre todos del agujero económico". Interrogado sobre si el modelo de CiU de
introducir el copago en en forma de "tique moderador" para evitar el "uso abusivo" del sistema,
Feijóo insistió en que no utilizará "la demagogia" para referirse a dirigentes que "quieren ser
rigurosos".
En la misma línea, se posicionó del lado del rector de la Universidad de Santiago de Compostela,
Juan Casares Long, que ha propuesto una subida de las tasas universitarias en la línea de otros
países europeos. El presidente gallego calificó la idea del rector como "valiente y no
improvisada". Feijóo defendió las becas para aquellos "que no tienen recursos" y subrayó que las
matrículas para cursar estudios universitarios son más baratas que un colegio privado de
educación secundaria. Además recordó que su Gobierno congeló las tasas en su primer año y las
actualizó después por debajo del listón que propuso el Ministerio de Educación.
Fue en la misma rueda de prensa en la que dio por finalizadas "las fiestas presupuestaria" y
avanzó que llegaron los tiempos del rigor, en que "los políticos que dejan agujeros son
sustituidos por otros que los solucionan". Cuando llegó la recurrente pregunta sobre el número de
ministros gallegos con los que podría contar el líder de su partido, despejó la cuestión, como
lleva haciendo desde el pasado domingo, y pronosticó que el futuro gabinete de Rajoy no contará
con cuotas territoriales, como tampoco lo hizo el que nombró él mismo para la Xunta en abril de
2009. Aseguró que en Galicia y fuera de ella hay políticos muy competentes, "la prueba es que el
presidente del Gobierno es un gallego". La cuestión de si tiene pensado hacer cambios en la
Xunta después de que el lunes anunciase su intención de acabar la legislatura la dejó sin
responder.
EL MODELO DE RAJOY SE DESPLOMA
Galicia, a la que el líder del PP cita como ejemplo para su futura gestión, ve cómo cae su
industria y el paro sube por encima de la media nacional
Por encima de Cospedal, Monago, Rudi o Bauzá -las nuevas caras del poder omnímodo del PP
en las autonomías-, el ejemplo de Mariano Rajoy, según repite a la caravana electoral, está en
Galicia y se llama Alberto Núñez Feijóo. Preside una comunidad que en dos años y medio de
Gobierno popular ha dejado de converger con España y Europa, genera más paro que la media
nacional, tiene a los colectivos profesionales de la sanidad y la educación en pie de guerra y
amenaza con no pagar los casos menos severos de dependencia. También es la única autonomía
junto a Madrid que ha cumplido en 2009 y 2010 con los objetivos de déficit presupuestario y
mantiene una calificación por encima del resto de comunidades -A2, en términos de Moody's-,
un notable alto que le permite pagar menos por una deuda que se ha incrementado en 3.600
millones de euros desde que Feijóo es presidente. Sin contar los compromisos
extrapresupuestarios.
El presidente gallego presume de cumplir el déficit presupuestario
La deuda de la comunidad se ha incrementado en 3.600 millones
El curso empezó con 3.000 alumnos más y 1.000 profesores menos
El índice de producción industrial ha bajado en picado
Al igual que repite ahora Rajoy, también hubo un tiempo en que su líder en Galicia disponía de
las recetas para atajar el paro y reactivar la economía. Lo decía, de gira por las carreteras
gallegas, en febrero de 2009, cuando hizo famoso el Audi blindado de su antecesor, Emilio Pérez
Touriño, y el supuesto despilfarro del bipartito que mandaba en Galicia. Entonces, como ahora,
el PP invocaba "el milagro" de Aznar en 1996. La receta también en aquellas vísperas electorales
pasaba por bajar impuestos. En la promesa que Feijóo lanzó el 18 de febrero de 2009 no había
ambigüedad posible: eran descuentos generalizados (de hasta el 8,2%) en el tramo autonómico
del IRPF para ayudar a 600.000 familias a llegar a fin de mes. Costarían 100 millones de euros a
las arcas de la comunidad y supondría "una inyección en vena al consumo".
Los condicionales aún sirven, porque esa medida nunca se llevó a cabo. El presidente repite
ahora, tras cuadrar su tercer presupuesto, que aún tiene tiempo para aplicar su promesa estrella
porque era un compromiso de legislatura. Si no lo hizo antes, alega, fue por "la herencia" que se
encontró al llegar al Gobierno.
Por más que dibujase en campaña el panorama económico más negro que uno se pueda imaginar,
el PP no contó con el desplome de la recaudación que se produjo en 2008, cuando Galicia entró
de lleno en la recesión. Tras la victoria en las urnas y mientras se acomodaba en el poder,
empezó a hablar de agujeros que pronto cifró en 2.600 millones de euros. La cuenta salía de
sumar los anticipos a cuenta que la Xunta recibió en 2008 y 2009 del Estado y que debía
devolver en los cinco años siguientes. Galicia solo ha afrontado un pago, 114 millones; el
segundo ya no lo tendrá que efectuar, puesto que el aumento de la recaudación en 2010 ha
compensado los 434 millones del segundo plazo que debía abonar en este ejercicio al Ministerio
de Economía. Al final, en 2011 será lo comido por lo servido, pero aquel supuesto agujero sirvió
y sirve para enterrar las publicitadísimas rebajas fiscales y justificar de paso muchos de los
recortes.
En lugar de copiar la fórmula del 96, el PP gallego calcó la de 2007 cuando, en la campaña de las
municipales, prometió bajar en los Ayuntamientos un 25% del IBI a los hogares con ingresos
menores a 20.000 euros, una medida de la que nunca más se supo.
La Administración de Feijóo tampoco ha dado en la primera mitad de legislatura con la tecla del
empleo. "La fábrica de parados de Zapatero" a la que suele aludir el presidente tiene en Galicia
una subcontrata muy eficiente. En Galicia hay ahora 63.000 parados más que con el Gobierno
anterior y Feijóo ha llegado a decir en el Parlamento que la Xunta "casi no tiene competencias
para luchar contra el desempleo". Los datos del INEM y la Encuesta de Población Activa
ratifican que el paro crece en Galicia dos décimas por encima de la media nacional y el índice de
producción industrial se ha desplomado: acumula 11 meses consecutivos de caída, con una
media de descensos del 7,5%, frente al 1,7% en el resto de España. Y por primera vez desde
2005, la Comunidad crece a un ritmo menor que la media española. Desde el Ejecutivo del PP
admiten que se debe a que esta comunidad fue la primera en aplicar los recortes, una suerte de
keinesianismo con la boca pequeña
La austeridad que pregonó Feijóo antes que nadie -y ahora Rajoy- sí entró a saco en la
Administración gallega: redujo de 14 a 10 las consejerías, laminó a 45 de los 52 delegados de la
Xunta en las provincias y dejó envejecer docenas de Audi en el garaje, la mayoría adquiridos por
Fraga, antes de malvenderlos a proveedores habituales del Gobierno. Cayó el gasto superfluo, se
recortó en asesores y personal de gabinete, y la Xunta impulsó un catálogo priorizado de
medicamentos (solo subvencionaba el más barato) que fue recurrido por el ministerio ante el
Tribunal Constitucional y que según el Servicio Galego de Saúde le ha permitido ahorrar
300.000 euros al día.
El candidato y presidente nacional del PP cita Galicia porque, a diferencia de las cuentas en
Castilla-La Mancha o Cataluña, que se han desplomado súbitamente, en la Xunta la caída del
presupuesto ha sido gradual desde 2009, y entretanto los populares presumen de dedicar "tres de
cada cuatro euros a gasto social". Las cuentas han perdido 2.500 millones de euros en dos años y
la Xunta tiene hoy una capacidad de gasto similar a la de 2006: 9.135 millones. El capítulo más
castigado ha sido el de las obras públicas, que han sufrido caídas de más del 40% año tras año en
la licitación.
Pero la sanidad y la educación públicas y por supuesto la dependencia, donde tanto Feijóo como
su consejera de Bienestar, Beatriz Mato, deslizan que deberían librarse fondos para los casos más
severos, también se han dejado jirones en este camino. Se puso fin a la gratuidad universal de los
libros de texto instaurada por Touriño y desde enero cada usuario deberá pagar por la tarjeta
sanitaria. La versión oficial es que se perdían muchas.
El curso 2011 ha empezado en Galicia con 3.000 alumnos más y 1.000 profesores menos. Y
cuando estalló el conflicto en las aulas y se convocaron las primeras manifestaciones de
alumnos, padres y profesores, el presidente pidió a los docentes que tomasen nota de la
responsabilidad de los médicos. Sucedió al revés, los sindicatos se enteraron de que la Consejería
de Sanidad solo cubrirá 176 de las 1.760 vacantes por jubilaciones, y fueron los médicos los que
programaron huelga para el jueves anterior a las elecciones. Entretanto, Feijóo, aun a riesgo de
incomodar a su secretaria general, reitera que mientras en Barcelona y Toledo "se cierran
quirófanos y alas enteras de clínicas públicas, Galicia financia nuevos hospitales en tiempos de
crisis".
Es una verdad a medias, porque, aunque la Xunta tiene previsto levantar dos macrocomplejos
sanitarios en Pontevedra y Vigo y 19 centros de salud desperdigados por las cuatro provincias, el
Gobierno actual no pagará ni un céntimo de esas infraestructuras. La fórmula de la colaboración
público-privada (para pagar los edificios y algunos servicios no sanitarios) provocará que sean
los próximos cinco Gobiernos los que sufraguen esas obras durante los próximos 20 años.
De momento, el PP asume estas políticas recurriendo al enemigo exterior -la culpa siempre es de
Zapatero- y sin ningún castigo electoral. Desde las municipales de mayo gobierna 212 de los 315
ayuntamientos, incluidos los de A Coruña, Santiago y Ferrol, además de tres de las cuatro
Diputaciones. Y las encuestas vaticinan que el 20-N subirá un diputado por provincia hasta
festejar su récord: 15 de los 23 parlamentarios en liza. Pero la cita electoral también tendrá
efectos colaterales; si gana Rajoy, cuando pase la resaca a Feijóo se le habrán acabado las
excusas.
FEIJÓO NIEGA QUE SE VAYA A COBRAR POR FALTAR A CITAS DEL SERGAS PESE
AL DECRETO QUE LO PREVÉ
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó ayer con indignación cuando se le
preguntó si el Sergas prevé cobrar cuando un usuario no comunique la no utilización por
cualquier causa de un servicio programado previamente, una acusación que tachó de "fraude
electoral". Pese a la firmeza de su afirmación, el decreto publicado el pasado martes establece en
una disposición adicional por la que "podrá establecerse un procedimiento para repercutir en los
usuarios" gastos ocasionados por cuatro de los 12 supuestos que la Ley de Saúde, de 2008,
establece como "deberes de la ciudadanía". Entre esas cuatro obligaciones se encuentra la
número 11, que reza así: "Comunicar al sistema sanitario, a la mayor brevedad posible, la no
utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente".
Feijóo aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que fue el Gobierno
bipartito al incluir ese deber el que "posibilita" el cobro, y expuso como demostración de que de
momento Sanidade no lo va a ejercer el hecho de que el nuevo decreto deba desarrollarse en una
orden de la consellería. "No se puede cobrar nada que no está totalmente tipificado", afirmó. No
aclaró si lo piensa aplicar en el futuro.
El decreto que permite el cobro por el uso irresponsable de las prestaciones asistenciales es,
según Feijóo, "lucha contra el fraude". La misma calificación concedió a la modificación de la
Ley de Salud que obliga a los extranjeros a permanecer seis meses censados para acceder a
servicios sanitarios distintos de los de urgencias, que aparece en la ley de acompañamiento de los
Presupuestos Galicia.
Defendió el presidente de la Xunta esta modificación para combatir lo que denominó "turismo
sanitario", de extranjeros que se empadronan para beneficiarse de servicios de la sanidad pública
española, como pruebas u operaciones quirúrgicas. Y de paso, criticó duramente al Ministerio de
Sanidad por su rechazo a las restricciones al usufructo de los servicios del Sergas y por la
posibilidad de que lo recurra judicialmente. "Ya sabemos la opinión de la ministra en asuntos
judiciales", afirmó, en referencia al recurso contra el catálogo de medicamentos de la Xunta.
Otro recurso contra una ley gallega, la de Comercio Interior, ha obligado a la Consellería de
Economía a modificar la norma, para suavizar los criterios de autorización de grandes superficies
comerciales. Así lo reconoció ayer el titular del departamento, Javier Guerra, que compareció
tras al Consello de la Xunta para presentar el anteproyecto de ley del consumidor, aprobado ayer.
Entre las novedades de la nueva norma está la de impedir contratar con el sector público a
empresas que cometan infracciones graves.
LA XUNTA SUPRIME 120 LIBERADOS SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN
La mitad de los afectados salen de Educación y sin acuerdo con las centrales
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lo envolvió en la política de austeridad que predica
la Xunta. Un total de 120 liberados sindicales de la Administración autonómica dejarán de
disponer de horas libres para dedicarlas a su actividad como representantes de los trabajadores,
con un ahorro de cuatro millones de euros al año. Según Rueda, que ayer ejerció de portavoz del
Gobierno tras presidir el Consello de la Xunta en ausencia de Feijóo, de viaje en América, la
medida fue adoptada con el beneplácito sindical. La afirmación es cierta solo a medias: las
principales centrales apoyaron el recorte en Sanidade y Xustiza, pero no en Educación, del que
saldrán más de la mitad de los liberados que dejarán de serlo.
CC OO desmiente a Rueda y la CIG tacha la medida de "castigo al profesorado"
El sector de Sanidade pierde 45 liberados y el de Xustiza, 11
El conselleiro afirma que se dejarán de gastar al año cuatro millones
El Gobierno gallego prepara un segundo plan de ahorro en el parque móvil
No fue un acuerdo del Consello, sino un informe del departamento de Presidencia el que ayer se
examinó en la reunión del Gobierno gallego. En él se especifica que el recorte de horas
sindicales afectará al equivalente a la jornada anual de 64 liberados en Educación, 45 en
Sanidade y 11 en Xustiza. Estas tres áreas de la Administración autonómica concentran el 80%
del personal autonómico, formado por unas 90.000 personas, pero menos de la mitad del total de
liberados sindicales del comité de personal, que superan los 600. Los 120 afectados son, por
tanto, alrededor del 20% del total.
"El consenso no es total, pero sí amplio", defendió Alfonso Rueda. En realidad, el recorte en
Educación, que supone más de la mitad del ayer anunciado, resultó el más conflictivo de todos,
ya que se efectúa sin ningún tipo de acuerdo. El secretario general de CIG-Ensino, Anxo Louzao,
atribuyó la decisión a "un castigo" de la Consellería de Educación por las movilizaciones del
profesorado de estos días. "Es un acuerdo adoptado de forma unilateral por la Xunta", lamentó el
dirigente del sindicato nacionalista, que aseguró que la medida dejará la actividad sindical "bajo
mínimos".
Comisiones Obreras, mientras, negó haber firmado acuerdo alguno con la Xunta para reducir el
número de liberaciones en ninguna de las áreas afectadas. El coordinador del Área Pública del
sindicato, Ramiro Otero, emplazó al Gobierno gallego a constituir una mesa global para negociar
esta cuestión. Las declaraciones de Rueda, prosiguió Otero, "no responden a la realidad de los
hechos". "La Xunta no nos ha hecho llegar ninguna propuesta por escrito, por lo que es falso
decir que llegásemos a un acuerdo", sostuvo. El sindicato UGT, mientras, eludió l comentar las
afirmaciones del conselleiro, aunque un portavoz de la central afirmó que hubo acuerdo en
Sanidade y Xustiza, pero no en Educación.
La Consellería de Presidencia sostiene que en Educación no era necesaria la firma de acuerdo,
por lo que se procedió a "una regularización derivada de la aplicación de los acuerdos vigentes".
El pacto en Sanidade fue suscrito por CESM-Omega, CIG, UGT, CSIF y USAE, pero se
desmarcaron Comisiones Obreras y SATSE. Presidencia se refiere en el caso de Xustiza a un
"preacuerdo" firmado el pasado mes de agosto. Pese al desmentido de CC OO, la consellería
asegura que fue asumido por "todas las centrales sindicales implicadas" y que supone una
modificación del acuerdo existente en 2000.
La Xunta enmarca las medidas dentro de un plan de ajuste, que se concretará en la minoración
del número de liberados institucionales, en la reducción de los liberados derivados de acuerdos
específicos en materia de prevención de riesgos laborales y, con especial incidencia, en el recorte
aplicado a los liberados por acumulación de créditos horarios.
Los 120 afectados por el recorte suponen, según Alfonso Rueda, el 40% de los 300 efectivos
negociables en las tres áreas afectadas, que son los que la Xunta considera que no están
blindados por ley. Esta medida "de ahorro", como la calificó el conselleiro, permitirá a la Xunta
dejar de gastar cuatro millones de euros anuales en sustituciones. El conselleiro aseguró que la
medida se realiza "en proporción" al número de funcionarios en cada sector y se adopta "con las
máximas garantías jurídicas". El Gobierno gallego, añadió Rueda, aspira a lograr un recorte
similar, de entre el 35% y el 40%, del resto de liberados de la Administración central
autonómica, en las negociaciones que se siguen para extender la medida al resto de áreas
funcionales.
Rueda aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para anunciar que ha pedido
comparecer en el Parlamento para detallar una segunda fase de medidas de ahorro con el parque
móvil de la Xunta. El conselleiro aseguró que cree "posible" economizar más en la gestión de los
vehículos oficiales, por lo que ha decidido implantar nuevas medidas de contención del gasto.
"Es lo que demandan los ciudadanos", argumentó. Alfonso Rueda evitó anticipar cuáles serán
estas medidas y rechazó pronunciarse sobre la posibilidad de restringir el uso de los coches
oficiales solo a los conselleiros y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
DE GALICIA A PANAMÁ
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inició ayer su gira por México y Panamá en
este último país, donde reivindicó el "prestigio" de las empresas gallegas, que "son fiables,
cumplen con sus contratos y están acostumbradas a competir". Así lo sostuvo en la en la
inauguración de un foro que estudiará las posibilidades de negocio entre Galicia y Panamá. En el
encuentro, en el que participaron los ministros de Vivienda y de Obras Públicas y el embajador
de España en Panamá, Jesús Silva, Feijóo destacó, informa Europa Press, las "enormes
expectativas económicas" que la comunidad tiene en este país, para conquistar "nuevos
mercados" y atraer nuevas inversiones para la comunidad. A su llegada a Panamá, el presidente
gallego marcó como "objetivo prioritario" de esta primera etapa de su viaje convertir los puertos
gallegos en "puerta de entrada" de las nuevas rutas marítimas que se abrirán con la ampliación
del Canal.
El PSdeG acusó a Feijóo de "huir de la crisis en Galicia" para hacer campaña en América "en
favor de Mariano Rajoy y del PP". El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, reprochó a los
socialistas sus críticas "sin sentido" y los animó a unirse al "objetivo de internacionalizar la
economía
BALTAR CONVIERTE EN FUNCIONARIOS A 15 CARGOS MÁS DEL PP Y FAMILIARES
SUYOS
Entre ellos, la hija del regidor de Cea, que ya tiene a cuatro parientes en la Diputación
José Luis Baltar sigue llenando la Diputación de alcaldes y concejales del PP, e hijos de todos
ellos. Una nueva remesa de personas vinculadas a este partido en la provincia de Ourense ha
resultado la mejor calificada en los exámenes de las oposiciones abiertas recientemente por el
barón del PP gallego. La puntuación la puso un tribunal examinador que, como es habitual,
estuvo integrado mayoritariamente por alcaldes, exalcades, concejales, o vástagos de ellos,
también del PP. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ourense de ayer detalla el nombre
de una quincena de nuevos funcionarios de la endeudada institución ourensana al mismo tiempo
que informa de la convocatoria, por procedimiento de urgencia, de cuatro plazas más.
El barón popular anunció en junio una política "de recortes" en la institución
Entre los nuevos funcionarios figuran María Pilar García Tizón, concejala del PP en Cea;
Nicolás Pérez Pereira, hijo del alcalde de Padrenda; Diego Paz Taín, concejal de Verea; María
Jesús Casas Nieto, hija del exchófer del vicepresidente de la Diputación y portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández; Javier Fernández Varela, sobrino del alcalde de
Boborás, y Avelino Pazos Pérez, número dos del PP en Castrelo de Miño y miembro de la
ejecutiva provincial de este partido. Junto a ellos, la hija del alcalde de Cea, José Luis
Valladares, que tras quedar sin escaño en la Diputación, decidió subirse el sueldo en el
Ayuntamiento un 70% y cobrar de las arcas municipales en torno a 34.000 euros anuales. Con el
acceso de esta hija a la institución provincial, Valladares suma ya cinco familiares empleados por
Baltar.
En el verano de 2010, el presidente de la Diputación de Ourense le vio las orejas a la crisis.
Entonces alertó de que había "graves problemas" económicos en la institución provincial, con 17
millones de euros menos en el presupuesto de 2011. Baltar encaró la situación con el anuncio de
que reduciría el gasto corriente y de personal así como las subvenciones. Pese a ello, en los
primeros meses de este año blindó a su hijo para las municipales con una nueva remesa de
aprobados en la Diputación, repitiendo la práctica de convocar plazas coincidiendo con las citas
electorales. Solo entre octubre y junio, el presidente de la Diputación firmó 170 contratos
temporales y convocó 50 nuevas plazas de funcionarios. La nueva remesa de aprobados que
anuncia el BOP de ayer se suma a una plantilla que en este momento alcanza las 700 personas. Y
la cuenta sigue.
La mayor parte de los empleos que ofrece la Diputación ourensana son, aunque bien
remunerados, de baja cualificación. Es el caso de los 33 porteros de que dispone el edificio
cultural de la Diputación que tiene tres puertas. En la tanda que ahora se ha hecho con plaza fija,
figuran nueve puestos de peón caminero. Y el BOP de ayer informa de la convocatoria, por
procedimiento de urgencia, de otras cuatro plazas más de estos peones. La hija de Valladares
accede como administrativa.
Baltar contrata al nuevo personal vinculado al PP apenas unos meses después de explicar su
política de recortes. En junio, el barón del PP advirtió públicamente de que "dietas y horas
extraordinarias, las mínimas" y anunció que realizaría desde la institución un "estudio del gasto
en teléfonos móviles porque se hace un abuso de ellos". "Hay que ver quiénes tienen que llevar
móviles y a qué números pueden llamar", precisó entonces. Y aclaró en ese momento que los
recortes no podían afectar en gran manera a los coches oficiales toda vez que "ningún diputado,
excepto el presidente" lo tiene. Mientras tanto, el presidente convoca, mediante decretos
publicados en el BOP de ayer, nuevas plazas de chóferes para la institución.
Pese a la crisis, pese a los anuncios de recortes para afrontarla y pese a la carga de personal,
Baltar sigue colocando a los vástagos de los suyos ahora que espera finalizar su carrera política y
dejar el legado de la institución -como hizo con el del partido- a su propio hijo.
LOS NUEVOS COLEGIOS CONCERTADOS SE SALTAN LAS NORMAS DE ADMISIÓN
Educación autoriza que cierren las matrículas antes de concederles el convenio
Los alumnos de tres años que este curso estudian gratis (subvencionados con fondos públicos) en
el selecto y ultracatólico colegio Miraflores de Ourense no pasaron el criterio de selección que
establece la normativa de la Xunta. El centro cerró el plazo de matrícula el pasado marzo. La
dirección ya había solicitado el concierto, y el comité de evaluación provincial -no vinculante- lo
había informado favorablemente, aunque faltaba la aprobación de la consellería. Pero la
población no se enteró hasta agosto (el 19 de ese mes se publicó en el DOG) de que esa aula
quedaba subvencionada con fondos públicos y de que, por lo tanto, podía aspirar a matricular a
sus hijos gratis. Al día siguiente de que la Xunta autorizara el concierto, el colegio ya no admitía
matrículas. Cerró su plazo en marzo, según confirman fuentes de Educación, que justifican la
"normalidad" de este hecho en que "en ese momento, el centro era privado y no estaba sujeto a
los controles administrativos a los que se someten los centros sostenidos con fondos públicos".
La práctica es habitual en los nuevos centros concertados.
La consellería ve normal que el colegio aplique su criterio de selección
Cuando los padres del municipio quisieron hacer la matrícula, era tarde
El colegio Miraflores tenía en el curso pasado siete alumnos en el aula de cuarto curso de Infantil
(niños de tres años) a la que se le concedió la subvención. En marzo, triplicó la matrícula y
obtuvo el tope máximo de 25 niños para poder suscribir el concierto, según confirman las
mismas fuentes de la consellería. Los matriculados no pasaron los criterios de selección que
establece la Xunta (y entre los que figura como prioritaria la proximidad geográfica al domicilio
familiar o al lugar de trabajo de los padres, el nivel de renta, la condición de familia numerosa y
tener otros hermanos matriculados en el mismo centro).
La normativa relativa a matriculación de la Consellería de Educación establece que "los padres y
madres tienen derecho a elegir centro docente entre la oferta de centros sostenidos con fondos
públicos", pero los de los alumnos del municipio de Pereiro de Aguiar no lo tuvieron. No se
enteraron hasta agosto (cuando ya no había plazas) de que sus hijos podían estudiar en el selecto
y bien dotado centro en lugar de hacerlo en el público, Ben-Cho-Shey, donde Educación ha
suprimido un profesor y ha creado un aula mixta de alumnos de distintos cursos académicos
atendidos en el mismo horario por un solo maestro.
La consellería considera normal el proceso de admisión de los alumnos y asegura-citando fuentes
del centro- que las matrículas se realizaron "por riguroso orden de solicitud". Educación
puntualiza que el proceso de admisión "fuera cual fuere, se hizo según el criterio del colegio
cuya unidad concertada sí que se verá sometida a partir de ahora a todo tipo de control".
Padres de alumnos domiciliados en el municipio de Pereiro de Aguiar en el que se enclava este
centro -junto al también privado Guillelme Brown y al público Ben-Cho-Shey- aseguran que no
tuvieron noticia alguna de que podían llevar a sus hijos a ese colegio. Y tienen difícil poder
acceder en próximos cursos. "Nosotros nos sabíamos que lo iban a concertar pero, por lo que se
ve, ellos sí, ya que avisaron a los suyos para que se matricularan", destaca un portavoz del Anpa
del Ben-Cho-Shey.
El concierto que la Xunta concedió al aula de Infantil del colegio Miraflores se irá ampliado como ocurre con todos los conciertos- año a año, de forma que estos niños podrán finalizar sus
estudios en el centro y tendrán, en todo caso, prioridad sobre los restantes. Es lo que ha ocurrido
este año con el también colegio privado -en este caso de ideología progresista- de Pereiro de
Aguiar, Guillelme Brown. Educación le concedió el curso anterior el concierto que
automáticamente se amplió este año.
El responsable de Educación de CC OO en Galicia, José Fuentes, advierte de que esta práctica de
matriculación que la consellería autoriza es "fraudulenta". "Educación buscó un resquicio en la
ley para permitir que colegios como en este caso el Miraflores matriculen a los suyos con dinero
público en lugar de a los alumnos del pueblo". Los sindicatos reclaman que las matrículas de los
concertados las concedan "comisiones de escolarización externas al centro y vinculadas a la
Administración, que es la que aporta el dinero". Creen que sería la única forma de impedir que el
colegio "ofrezca a los suyos plazas que pagamos todos, incumpliendo los criterios de selección
que impone la Administración.
EL TIJERETAZO A LAS CUENTAS RESTA OTROS 23 MILLONES A EDUCACIÓN Y
SANIDAD
Los presupuestos para infraestructuras y cultura sufren una caída del 5%, el mayor porcentaje Facenda insiste en que "se mantiene la calidad educativa"
Este otoño se notarán las consecuencias de un nuevo ajuste en el presupuesto de la Xunta, el
segundo que acomete este año. Las consellerías verán restados sus fondos en 103 millones y
paralelamente Galicia emitirá deuda por otros 114. Otros 26 millones se recaudarán de modo
extraordinario a través del nuevo impuesto sobre el juego y de otras partidas menores.
El equilibrio pasa, según Alberto Núñez Feijóo, por no perjudicar el gasto social, que sin
embargo se verá afectado. Los departamentos de Sanidade y Educación pierden ahora un 0,4%
de sus fondos, por debajo de la media de consellerías, que recortan un 3%. Aún así son 23
millones menos para educación y sanidad que aún no se ha aclarado de dónde se restarán. El
resto de las consellerías, con alguna excepción, evitaron ayer explicar los planes de ahorro que
avanzó la conselleira de Facenda. La tijera obligará a aplazar obras de reparación en colegios, así
que según Facenda "se mantiene la calidad educativa".
La consellería que dirige Pilar Farjas también declinó detallar a este periódico los pormenores de
su ajuste de 14,2 millones en la sanidad pública. El gabinete de comunicación dijo desconocer
incluso "los datos concretos del recorte" y desvío cualquier explicación al departamento de
Facenda.
A tenor de lo que explicó Currás, quedarán a resguardo del recorte "el gasto farmacéutico, los
programas de vacunación y salud mental, la coordinación de trasplantes y los equipos de
atención primaria". También se "reprogramarán", inversiones que no se han iniciado.
En el área de Traballo se habla de "reformular" (suprimir) las órdenes de ayudas que no están
teniendo demanda. De manera genérica se alude a que se "optimizarán recursos" y se
introducirán "mejoras en la gestión" de los centros, sin más concreciones.
Como en anteriores ocasiones, el departamento más perjudicado será el de Infraestructuras, cuya
previsión de gasto se desploma un 5% (30 millones). Sufrirán las obras en proyecto y se
priorizan las de titularidad propia. Aunque con un presupuesto cuantitativamente menor, otro
damnificado es el departamento de Cultura, que tiene que ajustarse en un porcentaje similar, lo
que le llevará a gastar siete millones menos. Los edificios del Gaiás seguirán esperando.
EL CONSELLEIRO DA LA ESPALDA A LAS CRÍTICAS
Jesús Vázquez salió ayer custodiado por la Guardia Civil del colegio público de Maside en el que
iba a inaugurar el nuevo curso escolar. No pudo hacerlo. Los sindicatos educativos lo acorralaron
con sus reivindicaciones. Le reprocharon el aumento del horario lectivo y el desmantelamiento
de la enseñanza pública en beneficio de la privada. El conselleiro lo negó todo.
LAS INFRAESTRUCTURAS SUFREN DE NUEVO EL MAYOR RECORTE
El conselleiro Hernández pierde otros 30 millones de euros para obras
El Gobierno gallego deberá apañárselas este año con 1.282 millones de euros menos que en
2010, una caída del 11,8%, y del 15% si se compara con las últimas cuentas que manejó el
bipartito. La Xunta lo sabía desde hace un año -porque ya entonces el Ministerio de Economía
avisó de que no transferiría hasta 2013 los 243 millones que le corresponden a Galicia por el
fondo de cooperacion en este ejercicio- pero prefirió ejecutar los recortes en dos tandas.
Ningún departamento explicó dónde aplicará el ahorro
Facenda ultima el pleito en el Constitucional contra el Gobierno
Así que en otoño aplicará un nuevo tijeretazo. El Gobierno gallego resta 103 millones de todas
las consellerías y emite deuda (que no computará como déficit) por 114 millones. Los 26 que
faltan hasta completar los 243 saldrán (o eso espera la titular de Facenda, Marta Fernández
Curras) de la recaudación del nuevo impuesto sobre el juego que estableció el Gobierno central y
empezará a cobrar en octubre, de un par de convenios con el Estado en materia de Medio Rural y
de Sanidad, y de partidas de subvenciones que no tuvieron éxito entre los demandantes.
El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en las últimas semanas en que su
gabinente preservará el gasto social en este nuevo ajuste, tesis que aún esgrimió ayer la
conselleira de Facenda. En términos porcentuales es así: los departamentos de Sanidade y
Educación pierden ahora un 0,4% de sus fondos, bastante menos que la media de las consellerías,
que caen un 3%. Eso no evita que se dejen casi 23 millones en total (14,2 en sanidad, y 8,7 más
en la rama educativa). Traballo y Benestar deberá meter la tijera para suprimir 17,8 millones sin
que sus responsables hayan desglosado qué parte corresponde a políticas activas de empleo y
cuál a servicios asistenciales. Fue la titular de Facenda quien pronosticó que "se blindará" el
complemento de las pensiones no contributivas, la renta de integración social, las ayudas a
ayuntamientos para centros de día, la dependencia y las subvenciones a discapacitados.
Casi ninguna consellería quiso explicitar ayer dónde centrará su plan de ahorro, así que fue
Currás quien anticipó la filosofía del Gobierno. Aclaró que en la de Educación "no se tocarán"
los capítulos detinados a transporte, ni a comedores, ni la financiación de universidades, ni el
decreto de plurilingüismo, ni la formación del profesorado, ni las ayudas a la investigación. La
tijera obligará a aplazar obras de reparación en colegios, así que según Facenda "se mantiene la
calidad educativa".
Con su habitual oscurantismo, la consellería de Pilar Farjas también declinó detallar a este
periódico los pormenores de su ajuste de 14,2 millones en la sanidad pública. El gabinete de
comunicación dijo desconocer incluso "los datos concretos del recorte" y desvío cualquier
explicación al departamento de Facenda. A tenor de lo que explicó Currás, quedarán a resguardo
del recorte "el gasto farmacéutico, los programas de vacunación y salud mental, la coordinación
de trasplantes y los equipos de atención primaria". Defendió que perderán fondos "los servicios
que aportan menos valor" y algunas inversiones en tecnología que no hayan sido iniciadas.
Preguntada sobre qué servicios aportan menor valor en la sanidad, la conselleira de Facenda
titubeó primero y luego afirmó que se trata de concentrar servicios en algunos centros para ganar
eficiencia. Nadie del gabinete de Farjas quiso ampliar esta explicación.
Como ya sucedió cuando se presentaron las cuentas, el principal damnificado vuelve a ser el
departamento de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández.
Más que caer, se desploma, se mire como se mire. En términos porcentuales, un 5%, en dinero
contante, 30 millones de euros. De dónde van a salir es otro de los misterios que ayer dejaron en
el aire los distintos gabinetes de prensa de la Xunta. Si bien, un portavoz oficial de este
departamento aseguró que Hernández aún está haciendo números. Su idea es respetar los
capítulos dedicados a saneamiento, seguridad vial, supresión de peajes, y planeamiento
urbanístico. El calendario de obras será replanteado, tendrán prioridad las de titularidad de la
Xunta, las que están en marcha, y se castigarán las inversiones conjuntas con la Administración
local, ya sean ayuntamientos o diputaciones. En los próximos días, Hernández se compromete a
detallarlo todo en una comparecencia pública.
La cartera de Cultura, en manos de Roberto Varela, también tendrá que echar cuentas para
arreglárselas con un 5% menos de fondos y renunciar a siete millones. Se retraerán del epígrafe
de nuevos equipamientos culturales e infraestructuras. No habrá fondos para nuevos proyectos,
aunque "se tratará de mantener" los que ya se encuentran en marcha. Las subvenciones "ya
concedidas" tampoco sufrirán modificaciones y obviamente el Teatro Obradoiro y el Centro de
Arte Internacional, los edificios por concluir en la Cidade da Cultura, aguardarán tiempos
mejores..
La comparecencia de la responsable de Facenda sirvió también para conocer que, pese al
adelanto electoral, la Xunta presentará antes de que acabe el mes el recurso de
inconstitucionalidad contra el Gobierno central por un supuesto incumplimiento del sistema de
financiación. El Gobierno gallego le reclamará en los tribunales 805 millones de euros. Currás
también aprovechó para pronunciarse sobre el impuesto de patrimonio que el Ejecutivo de
Madrid tiene previsto reinstaurar ahora que agoniza su mandato. La conselleira hizo ver que con
sus progresivas deducciones el tributo había quedado descafeinado y recalcó que desde su
desaparición Galicia está siendo compensada por lo que deja de recaudar.
UN TESTIGO DECLARA QUE PORRO LE INDUJO A FALSEDAD DOCUMENTAL
¿Hubo dimisión o despido improcedente? Es la cuestión capital que tendrá que sentenciar el
Juzgado de lo Social número 3 de Vigo en relación con el primer director gerente de la
Fundación Puerto de Vigo (FPV), que aún sigue presidiendo Corina Porro, desde hace unos
meses presidenta a la vez del Consello Económico e Social de Galicia (CES). El despido
improcedente comportaría una indemnización al demandante, Pablo Alborés, de 570.000 euros,
cuando, según todos los indicios conocidos por este periódico, la FPV se encuentra en situación
de quiebra técnica.
Las dos partes presentaron sendos documentos determinantes y contradictorios: el escrito de
dimisión y el de aprobación de la excedencia del director gerente, respectivamente. Y solo prestó
testimonio Mario Ubiaga, que sucedió en el cargo a Alborés y que declaró que había certificado
la celebración de un consejo del Patronato de la FPV, el que aprueba la dimisión de Alborés, que
nunca llegó a tener lugar. ¿Admitía entonces que había cometido un delito de falsedad
documental?, le preguntó el abogado de la FPV. "Firmé por orden de mi presidenta", respondió
en un par de ocasiones.
Pablo Arbolés firmó su contrato con la FPV el mismo día de su presentación pública, el 16 de
abril de 2010. Fijaba un sueldo anual de 57.000 euros y una cláusula de rescisión equivalente a
10 anualidades en caso de despido improcedente. Doce días después, el 28 de abril, Porro y
Alborés firman la aceptación de la excedencia del director gerente hasta el 2 de mayo de 2011,
concediéndosele un plazo de 20 días a partir de entonces para pedir la reincorporación a su
puesto. Oficializaron el documento ante notario y ayer Porro reconoció su firma en el mismo.
El 5 de mayo de 2010, sin embargo, Alborés recibió una notificación notarial que le informaba
de que el Patronato de la FPV, con fecha 30 de abril, había aceptado su dimisión, presentada por
escrito el mismo 28. No hubo tal escrito de dimisión, según Alborés, ni tampoco reunión alguna
del Patronato, según el testimonio de su sucesor en el cargo, Mario Ubiaga. "No me consta que
hasta el 14 de diciembre, en que cojo la baja, se celebrara ningún consejo del Patronato", afirmó
ayer.
Ubiaga sigue de baja desde entonces y con otro litigio pendiente con la FPV -el juicio está
marcado para el 6 de octubre- para hacer valer un contrato análogo al de Arbolés a cuyas
condiciones habría renunciado en un acuerdo ante el servicio de mediación laboral -a cambio de
una indemnización aplazada de 100.000 euros- pero que ahora desea anular porque entonces
estaba en tratamiento psiquiátrico.
Porro reconoció su firma en el documento de excedencia de Alborés, aunque no el propio
documento, y declaró que el gerente le entregó su dimisión en mano y que no podía recordar la
fecha concreta de la reunión del Patronato que la aprobó. "No se ha acreditado nada", afirmó su
abogado en las conclusiones, expresando su extrañeza por que Alborés no hubiera hecho nada
cuando recibió, el 5 de mayo, el acta en que se revocaban sus poderes y esperara un año, hasta
después de las elecciones municipales, para entablar el litigio.
Alborés sostiene que retomó los contactos con la FPV al vencimiento de su excedencia y fue
entonces, a primeros de mayo último, cuando se le emplazó a esperar a que pasasen las
elecciones del 22-M para buscar una salida negociada. En esos momentos Porro confiaba en
ganar la alcaldía de Vigo. Al no cumplirse ese objetivo, también se desentendieron y
desaparecieron los interlocutores de la FPV que Alborés había tenido durante la campaña
electoral. Aunque mantuvo el acceso a las cuentas bancarias de la fundación hasta el último 31
de agosto.
EL PP VE "COHERENTE" PERMITIR QUE MILLÁN ASTRAY SEA HIJO PREDILECTO
El portavoz conservador en A Coruña defiende no recurrir la sentencia que insta a devolver los
honores al fundador de la Legión
El portavoz del PPdeG en el Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores, ha defendido en el pleno
celebrado hoy la decisión de no recurrir la sentencia que obliga a devolver al fundador de La
Legión, Millán Astray, el título de hijo predilecto de la ciudad, una postura que ha suscitado las
críticas de la oposición.
"El nuevo Ayuntamiento ha actuado con absoluta transparencia y coherencia y en base a los
dictámenes de los servicios jurídicos"; ha insistido Flores, quien ha pedido que se deje trabajar a
la justicia.
"Los políticos tienen que callarse y respetar las decisiones judiciales. Ante dos sentencias
contradictorias, el gobierno municipal respetará lo que diga el Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia", ha zanjado Flores.
La decisión del gobierno local de no recurrir la sentencia que obliga a devolver la distinción de
hijo predilecto al fundador de la Legión, Millán Astray, ha sido censurada por la oposición.
De hecho, el BNG ha presentado un voto particular ante el dictamen de la comisión de Hacienda
y Administración Pública al entender que esta resolución "omite todos los precedentes
judiciales", incluida una sentencia anterior que sí avalaba la decisión del gobierno precedente
bipartito del PSdeG-BNG de retirar el galardón al militar.
El portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, ha criticado el informe "lacónico" y "extremadamente
breve" del director de la asesoría jurídica que "omite toda referencia" a la sentencia anterior, así
como a otros informes de la asesoría jurídica que sí se pronunciaba a favor de la legalidad del
acuerdo municipal.
"El PP no tiene voluntad política y retorna a sus orígenes franquistas", asegura el BNG"El PP no
tiene voluntad política y retorna a sus orígenes franquistas", ha censurado Carril.
Esta argumentación crítica ha sido utilizado por IU, que ha asegurado que un "traidor" como
Millán Astray "no puede representar los valores de una ciudad abierta y plural como A Coruña".
No obstante, IU ha lamentado que se utilice este conflicto como "cortina de humo" para "desviar
la atención" de los verdaderos problemas de la ciudadanía.
Por su parte, el PSdeG ha pedido al Ayuntamiento que defienda "los intereses de los coruñeses"
y se persone para evitar que se devuelvan los honores al golpista, "con riesgo de devolver la
estatua y el nombre a la plaza.
www.publico.es 12.09.11
QUERELLA CONTRA UN ALTO CARGO DE TRABALLO POR PREVARICACIÓN
La secretaria general de la Consellería de Traballo e Benestar, Cristina Ortiz, tendrá que declarar
como imputada el 28 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. Lo hará
junto a otras dos funcionarias de la Xunta, María José Fernández Ribero, la representante del
Protectorado de Fundaciones de Interés Gallego, y María Amadora Rodríguez Carreiro,
encargada del Registro de Fundaciones de Interés Gallego. La citación judicial al alto cargo y las
dos funcionarias fue revelada ayer en el Parlamento por el portavoz parlamentario del BNG,
Carlos Aymerich.
En el auto del pasado 29 de julio, el magistrado José Antonio Vázquez Taín sostiene que existen
indicios de posibles delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricación y usurpación
de funciones por parte de la alto cargo de Traballo y las funcionarias, en un caso relacionado con
la Fundación Nuestra Señora de Fátima. El magistrado matiza que no están determinadas la
naturaleza y circunstancias de los hechos, por lo que instruye diligencias previas para decidir si
les imputa los citados delitos. Por el mismo caso habrá de declarar Gerardo Rodríguez Encinas,
último presidente de la fundación, que está inmerso en un enredado proceso judicial promovido
desde la Seguridad Social, ante las denuncias de irregularidades detectadas en la gestión de
varios geriátricos, uno de ellos en O Barco de Valdeorras.Tras ser apartado de la dirección por
una orden judicial, asumió la gestión de la fundación Carles Enric Moner como administrador
judicial.Fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar aseguraron a este diario que la
implicación de su alto cargo se debe a que este departamento gestiona el registro único de
fundaciones de interés gallego e inciden en que "no hay nada más allá de un tema farragoso,
entre el expresidente de la Fundación Nuestra Señora de Fátima y el administrador judicial,
difícil de explicar". Hace un año, otra querella de Moner contra Cristina Ortiz por el mismo
motivo fue archivada.
Moner -administrador judicial hasta que un juzgado de Barcelona le apartó en mayo de 2010solicitó a Cristina Ortiz que le inscribiese como patrono de la misma y la secretaria general
emitió un certificado asegurando que no lo podía nombrar. "Moner siguió actuando como
administrador cuando ya no lo era y le imputaron por desobediencia. Ahora Moner la acusa de
prevaricar y de conchabeo con Gerardo Rodríguez", aseguran desde el departamento de Traballo
e Benestar.
La querella que ahora instruye Vázquez Taín alega, sin embargo, que la secretaria general de
Beatriz Mato y las otras dos funcionarias son cómplices del expresidente de la Fundación. El
escrito asegura que Cristina Ortiz es "cómplice necesario" al facilitar a Rodríguez Encinas la
apariencia de ser el representante de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, a pesar de
constarle que había sido sustituido en dicho cargo el 11 de diciembre de 2009.
Graves delitos
A la funcionaria María José Fernández Ribeiro la culpa el denunciante de ayudar en el
nombramiento de distintos testaferros como representantes de la fundación, cuando el mismo ya
no podía ocupar ese puesto por mandato judicial. Y sobre María Amadora Rodríguez Carreiro la
denuncia afirma que se negó a inscribir y certificar los "asientos inscribibles en los Libros Diario
y de Inscripciones del registro a su cargo".
Gerardo Rodríguez también está imputado por el Juzgado de Instrucción número 19 de
Barcelona, como presunto autor de un fraude a la Seguridad Social por importe de 1,6 millones y
por la apropiación indebida de 8,4 millones, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social,
contra los derechos de los trabajadores, societario y también de un delito contra el medio
ambiente.
EDUCACIÓN CIERRA UN AULA PÚBLICA PARA CONCERTARLA CON CENTROS
PRIVADOS
El colegio de Pereiro suple la carencia con una clase mixta de distintos cursos
El ayuntamiento ourensano de Pereiro de Aguiar se convierte este curso en exponente del avance
de la enseñanza privada a costa de la pública. El colegio ultrarreligioso Miraflores, de la orden de
las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, acaba de obtener un concierto de
la Consellería de Educación para un aula de Infantil. Recibirá 46.000 euros de las arcas públicas.
El Miraflores, del que es máxima responsable en la gestión del conglomerado internacional la
religiosa ourensana afincada en México Salud Conde -con estupendas conexiones con el PP
gallego y el empresariado mexicano- es un centro elitista que pretende formar a "apóstoles" en la
fe cristiana, según ha reconocido Conde públicamente. Sin embargo, en contra de lo que publicó
el domingo pasado este diario, no segrega por sexos.
El colegio público alerta de que pierde competitividad frente a los privados
El Anpa lamenta que "gasten más en los conciertos que lo que ahorran aquí"
Junto al Miraflores, el centro también privado, éste progresista, Guillelme Brown, consiguió el
año pasado el concierto para un aula de Primaria y este año lo extendió a otra. Mientras estas
empresas educativas privadas ven multiplicada su matrícula, el colegio público del municipio,
Ben-Cho-Shey, masificado, no solo no ha conseguido su objetivo de obtener un aula más, sino
que, lejos de ello, se quedará con una menos y pierde un profesor. El Anpa ha convocado una
manifestación esta mañana ante la Delegación de Educación en Ourense en protesta por esta
decisión.
Educación suscribió durante las vacaciones de verano los conciertos para financiar los dos
centros privados del muncipio de Pereiro. El pasado 10 de agosto, la presidenta del Anpa del
Ben-Cho-Shey remitió, alarmada, una carta a la delegada territorial de Educación. Protestaba por
el anuncio que acababa de recibir de la supresión de un aula de quinto curso de educación
infantil. El que se concedía al Miraflores.
La comisión provincial de valoración de los conciertos educativos ya había dado el visto bueno a
los de los dos colegios privados de Pereiro de Aguiar el año pasado. El acta de la sesión
celebrada el 11 de febrero de 2010 presidida por la jefa territorial de Educación, Marisol Díaz,
informó favorablemente el concierto de una nueva unidad de educación infantil (para alumnos de
4 años) en el Guillelme Brown, "para que se lleve a cabo un concierto progresivo". Se
compromteía a informar favorablemente el concierto de todas las unidades del colegio "en caso
de haber dotación presupuestaria". La comisión informaba también favorablemente la petición
del Miraflores. El colegio quería tres unidades de educación infantil y seis de primaria y le
concedieron inicialmente una de infantil. El resto, como en el caso del Guillelme Brown,
quedaron condicionadas a la existencia de presupuesto.
El Anpa del centro público se enteró hace unos días de que "las aulas concertadas con los
privados son a costa de una mayor masificación" del Ben-Cho-Shey, al que se le suprime un aula
y se convierte otra en mixta, con dos niveles educativos distintos "a cargo de un mismo
profesor". Aunque docentes y padres de alumnos sostienen que Educación no les ha dado
explicaciones, lo atribuyen a la política de recortes. "Nos habríamos resignado si no fuera a
cambio de gastar en los centros privados más de lo que se ahorran suprimiendo un aula y un
profesor aquí", sostienen los representantes del Ben-Cho-Shey.
Ayer, remitieron una carta a la jefa territorial de la Consellería de Educación en Ourense.
Denuncian su "sensación de abandono" por la administración autonómica y le piden una reunión
de urgencia que la consellería ha convocado para esta misma mañana. Amenazan con que los
alumnos no asistirán a clases hasta que "se solucione esta situación".
Para organizar el nuevo curso al ya masificado alumnado del colegio público, ahora con un
grupo y un profesor menos, Educación informó al Ben-Cho-Shey de que debía crear un aula
mixta que concentrara a alumnos de quinto y sexto curso de educación infantil. Un mismo
profesor impartiría las materias de los dos cursos en la misma aula y horario escolar, explican el
"despropósito" los representantes del Anpa, que consideran la decisión de la Xunta "un atentado
a la enseñanza pública". Para organizar al alumnado con un aula menos, Educación sustituye la
distribución "lógica" de dos aulas para alumnos de 3 años, otras dos para alumnos de 4 y dos más
para los de 5 por "dos aulas para alumnos de 3 años, una masificada para niños de 4 y una mixta
de sexto con 12 niños de 5 años, además de otra aula masificada de 25 niños de 5 años".
EDUCACIÓN SUBVENCIONA CON 46.000 EUROS UN CENTRO DE ÉLITE
ULTRARRELIGIOSO
El colegio Miraflores propone formar a los niños "como verdaderos apóstoles"
La orden religiosa de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la madre de Dios -de origen
mexicano y con excelentes relaciones políticas y económicas en el país azteca y en Galicia- ha
obtenido un concierto educativo de la Consellería de Educación. Recibirá más de 46.000 euros
de las arcas públicas este año para formar a los niños "como verdaderos apóstoles" en la fe
cristiana. La aseveración sobre el objetivo educativo la formuló el año pasado, en una entrevista
publicada en La Voz de Galicia, la máxima responsable de los centros Miraflores esparcidos por
el mundo, Salud Conde. "La verdad es que este colegio no es para todos", precisó la monja en la
entrevista para destacar el elitismo del centro escolar que ahora subvenciona la Xunta. Y dibujó
el perfil de quienes deben ser sus alumnos: "La familia, que sea lo mejor integrada posible y si
está disfuncional, que no haya problemas". "El perfil de estos niños es que sean verdaderos
apóstoles en el medio en el que se desenvuelvan. Que sean niños que se sientan capacitados en
todos los sentidos: espiritual, académico, social... y también son muy importantes los idiomas",
enumeró la religiosa los valores del centro ahora concertado.
"La verdad es que esta institución no es para todos", afirma la directora
El centro opta por alumnos integrados sin problemas de disfunción familiar
Salud Conde (ourensana emigrada a México, en donde lleva más de medio siglo creando y
dirigiendo el conglomerado de los centros religiosos Miraflores) es íntima amiga de Manuel
Fraga. El entonces presidente de la Xunta acudió a la inauguración del colegio ourensano en
2004. Junto a él, el empresario ourensano afincado en México Olegario Vázquez Raña
(propietario de diversos grupos de comunicación en México), la plana mayor del PP provincial y,
además, representantes de la directiva de la Fundación San Rosendo que presidía el cura Benigno
Moure, ahora en la cárcel cumpliendo condena por estafa.
La concesión de un aula de Infantil concertada para el colegio ultrarreligioso supone un primer
paso en la cofinanciación por la Xunta del centro. La Consellería de Educación confirmó a este
diario que en años sucesivos podrían incrementarse las aulas concertadas. "Cumple todos los
requisitos que figuran en la norma, de demanda y de población", sostienen las fuentes de
Educación.
Sin embargo, el elitismo del centro -que segrega por sexos- y las condiciones familiares que
exige la dirección para aceptar a sus alumnos, han hecho que hasta el momento su matrícula se
nutra básicamente de familias de la ciudad con alto poder adquisitivo y de las de nueva
adscripción en el municipio.
En el mismo ayuntamiento de Pereiro de Aguiar está el colegio público Ben-Cho-Shey.
Masificado. El profesorado se ha movilizado constantemente en los últimos años en demanda de
nuevas aulas que la Consellería de Educación les ha negado "mientras las concede al colegio
privado". Ello, aun cuando Salud Conde no es partidaria de subvenciones. En la entrevista
concedida a La Voz de Galicia, la máxima responsable de los centros Miraflores del mundo
aseguraba tajante: "Hemos pedido el concierto porque lo quieren las madrecitas, pero no me
gustan las subvenciones porque no quiero vivir amarrada". Lo hará. Pero con el malestar de
todos los sindicatos.
A comienzos de este año, Comisiones Obreras, CIG, STEG y UGT denunciaron ya el inminente
"despilfarro" que supone la concertación con el Colegio Miraflores. "La Xunta le paga la
educación a los ricos cuando esa necesidad está cubierta ya por el centro público de Pereiro de
Aguiar", sostienen, indignados. El colegio Miraflores crece, según los profesores, a expensas del
centro público.
Las buenas relaciones de Salud Conde con el Partido Popular acrecientan el malestar de los
sindicatos. No solo Fraga acudió a arroparla en el acto inaugural del centro privado en 2004,
acompañado de importantes empresarios. Seis años después, Alberto Núñez Feijóo representaba
a la Xunta en el respaldo al centro que había aumentado ya sus aulas, en previsión del
crecimiento que ahora llegará con el concierto. Junto a él, el presidente de la Diputación
provincial, José Luis Baltar, el presidente de Coren, Manuel Gómez Franqueira, el obispo de
Ourense y Vázquez Raña, el gran benefactor de todos los centros educativos Miraflores que
están esparcidos por el mundo.
Masificación en la escuela pública
El concierto que la Consellería de Educación ha concedido al colegio Miraflores supone "la
asfixia del centro público". Sindicatos y profesores del colegio Ben-Cho-Shey no tienen duda
alguna de que la Xunta ha impedido la ampliación del colegio público para garantizar la
subvención del religioso.
"Los niños del Ben-Cho-Shey están masificados, superando la ratio recomendable de alumnos
por aula", sostienen los representantes sindicales que advierten de que los vecinos del municipio
no acudirán al centro privado "porque no pueden pagar transporte y comedor".
El concierto con el centro Miraflores pone el punto final a una "evidencia" que profesorado
público y sindicatos esperaban desde 2010, cuando Salud Conde acudió a Ourense para
inaugurar la ampliación de las instalaciones acompañada de los máximos representantes del PP
gallego y provincial. "La vinculación con el PP es diáfana", destacan los representantes de
Comisiones Obreras, que, al mismo tiempo, tildan de "ultrarreligioso" el centro.
La monja despejó abiertamente la incógnita sobre el elitismo del centro cuando, ampliado el
espacio del colegio, explicó a La Voz de Galicia: "Los colegios para nuestros niños tienen que
ser muy oreados, con mucha vegetación, con mucho espacio. El niño tiene que crecer distendido,
no puede crecer a oscuras. Tiene que ser un colegio en el que los niños se sientan en su casa".
Los alumnos del Ben-Cho-Shey no podrán disfrutar de tanto espacio. "Están masificados y
utilizan las aulas de informática e inglés por falta de espacio", detallan molestos los sindicatos.
FEIJÓO DEJA HACER EN EL PARTIDO
El presidente evita comparecer como líder del PP y se desmarca de las polémicas de sus alcaldes
- En las listas de las municipales dio carta blanca a sus barones
Nada más recuperar el poder, a la primera, con mayoría absoluta y en solo tres años, el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo de la designación del Gobierno una
demostración de fuerza. Sin concesiones a los barones provinciales, invistió a 10 conselleiros a
su gusto y solo obedeció indicaciones del que fue su mentor político y actual tesorero del PP
nacional, José Manuel Romay Beccaría. Incluso se permitió llamar a Nueva York a Roberto
Varela, un desconocido en el partido, para entregarle la cartera de Cultura y Turismo. El
presidente ratificaba así el comienzo de una nueva era, coherente con su filosofía de campaña,
que se podía resumir en dos ideas: Feijóo es un líder sin pasado en Galicia que si gobierna
"acabará con el caciquismo y el clientelismo en un día". Lo último lo llegó a prometer de forma
textual en la recta final de sus mítines, antes de regresar a la Xunta.
Tras el fracaso de su pulso a Baltar, el líder evita cualquier conflicto interno
Hace como si las declaraciones del portavoz popular no fueran con él
Dos años y medio después, Feijóo sigue controlándolo todo en el Gobierno, supervisa las líneas
generales de cada consellería y hasta revisa personalmente los comunicados de su gabinete de
comunicación. Esa omnipresencia en la Xunta le ha llevado a desatender el día a día del partido
que deja en manos de su secretario genral, Alfonso Rueda, y a dejar hacer a sus barones. En las
listas de las municipales apenas metió baza, tal y como recordó a los presidentes provinciales de
Ourense, Xosé Manuel Baltar, y Pontevedra, Rafael Louzán, durante la renunión de su ejecutiva
el primero de agosto, para advertirles que la última palabra sobre la candidatura de las generales
le compete ahora a Génova 13.
No siempre fue así. Hubo un tiempo en el principio de la legislatura en la que el presidente
intentó mudar las oxidadas estructuras del partido que heredó de Fraga. Feijóo solía quejarse ante
sus colaboradores más cercanos de las prácticas de Baltar en Ourense -y los consiguientes
disgustos en forma de titulares-, lo que sumado a las presiones del sector más urbano del partido
en aquella provincia, lo empujó a plantar cara al sempiterno clan ourensano. Auspició una
candidatura rival en la que situó al número 3 del PP gallego, el portavoz Antonio Rodríguez
Miranda, pero perdió en el congreso de enero de 2010 en el que Xosé Manuel Baltar, sucedió a
su padre como presidente provincial, mientras el equipo de Feijóo lamentaba en privado las
prácticas de la saga familiar.
Algunos compañeros del partido siguen lamentando que no hubiera levantado el teléfono para
llamar a cada alcalde y tumbar a Baltar hijo. Apuntan que el presidente lo hubiera logrado sin
problemas. Pero no lo hizo y desde entonces, el líder del PP opta por relajar su intervención en
los conflictos internos. Cuando llegó el momento de cuadrar las listas de las municipales, dejó
manos libres a los barones.
Ni siquiera interfirió cuando la nueva dirección del PP en Ourense decidió ajustar cuentas con el
entonces portavoz municipal en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique, Poly, Novoa, -a quien los
Baltar consideraron un traidor por alinearse con su rival, el regidor de Verín, Juan Manuel
Jiménez Morán, en el congreso de Ourense- para colocar al diputado Rosendo Fernández en el
cartel de campaña en la capital de provincia, pese a saber por los sondeos que tenía menos
posibilidades. La inacción de Feijóo defraudó al sector urbanita de los populares ourensanos,
igual que disgustó entre las bases de Pontevedra que el presidente no hubiera intercedido ante
Telmo Martín para que la concejal Guadalupe Murillo, hija de un histórico en el partido, el
médico Diego Murillo, tuviese hueco en sus listas.
Ese dejar hacer al PP de Feijóo para evitar nuevos choques internos le llevó a tragar con la
inclusión de tránsfugas e imputados en las candidaturas, por más que el líder repitiese en los
foros internos e incluso en algún acto público que no era partidario de hacerlo. Si fue una pose, o
el ansia de evitar nuevos conflictos de puertas para adentro, es algo en lo que discrepan los
dirigentes consultados.
La estrategia de dotar de perfil bajo a todo lo que sucede en la sede regional del PP pasa por
encomendar las ruedas de prensa a un portavoz, Rodríguez Miranda, con nula ascendencia sobre
el partido. Pero sobre todo, por evitar respaldar sus declaraciones cuando éste saca los pies del
tiesto. Lo ha hecho varias veces, las más evidentes cuando el presidente fue interpelado sobre las
graves acusaciones de financiacón ilegal del PSOE sobre la supuesta trama corrupta que tanto
Rueda como Miranda imputaron a Unións Agrarias. Y ha empleado la misma táctica cada vez
que un alcalde suyo se ve envuelto en asuntos turbios. Si acaso, discrepa sobre ciertas actitudes
en la sala de prensa, pero evita intervenir para corregir esas actitudes. Lo ha repetido en
numerosas ocasiones, la última a propósito de la idea de la alcaldesa de Melón de nombrar a su
marido -al que sucedió después de que este fuese inhabilitado por un juez- director general de ese
pequeño ayuntamiento orensano. Feijóo dijo que él no lo haría en ningún caso, pero se negó a
tomar cartas en el asunto. Tampoco lo hizo con los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados
en graves delitos relacionados con la corrupción.
En los últimos meses la única vez que levantó el teléfono para ordenar un cese fue cuando se
conoció la detención del concejal y entonces candidato en Santiago, Ángel Espadas -hoy jefe de
gabinete en la alcaldía de Gerardo Conde Roa- por estar dormido y borracho al volante de un
coche encendido ante un semáforo. Ese día la noticia saltó a los medios nacionales que tanto
preocupan a Feijóo.
Cábalas sobre el adelanto y una crisis de Gobierno
El runrún sobre una inminente remodelación de Gobierno con la que se ha especulado en los
mentideros del PP desde antes de las elecciones municipales ha llegado al Consello de la Xunta.
Uno de sus integrantes apunta que no sería extraño que Feijóo, empeñado en liderar el programa
de la austeridad, optase por reducir aun más el tamaño de su Gobierno, ahora que algunos de sus
compañeros de partido ha conformado ún gabinete con menos carteras. De ser cierto, estaría solo
en la cabeza de Feijóo, que no es muy dado a compartir sus planes con terceros, y, como mucho,
de su secretario general y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda.
El entorno del presidente niega que vaya a adoptar ninguna medida en ese sentido. Y eso que son
legión los dirigentes consultados que admiten en voz baja la necesidad de hacer algún relevo,
sobre todo en el departamento de Industria, donde Javier Guerra no acaba de responder a las
expectativas y menos después de la detención del director que eligió para el Igape, Joaquín
Varela de Limia, que ha tenido que ser relevado del puesto. Algunas de las fuentes consultadas
admiten esa necesidad pero recuerdan que Feijóo ya tuvo muchos problemas para cerrar su
gabinete, hasta el punto de que en algunas consellerías tuvo que conformarse con la que la que
era su cuarta opción para el puesto.
El núcleo duro del presidente se muestra aun más firme cuando se le plantea la tesis sorprendentemente cada vez más extendida- de que su líder abandonará Galicia para incorporarse
a un hipotético Gobierno de Rajoy.
Según todos los asesores consultados, esa posibilidad no entra en los planes del presidente, quien
repite en público y privado que "ser primer ministro de Galicia" es más que gestionar una cartera
en Madrid.
Tras el anuncio del adelanto electoral de Zapatero, alcaldes de Pontevedra han pedido a Feijóo
que anticipe también en Galicia los comicios para hacerlos coincidir con las andaluzas que se
celebrarán en marzo. Uno de los conselleiros consultados comparte esta idea "para evitar que la
sociedad pueda pasar factura a Feijóo por los recortes que inevitablemente ha de llevar a cabo
Rajoy" si finalmente llega a la Moncloa. El presidente no se ha pronunciado, si bien lo que está
absolutamente descartado es que las elecciones gallegas se celebren el 20-N con las nacionales.
EL SUPREMO DECLARA ILEGAL UN EDIFICIO DE LA PROMOTORA DE TELMO
MARTÍN
La creatividad administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de
Manuel Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en
Sanxenxo. La promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo
Martín, hoy presidente del PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas
junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la
vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no
respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo
denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso
imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble.
El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo
paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto
del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo. El primer fallo obligaba a
retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa
que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22
de julio, hace suyos los argumentos del Superior.
López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le
correspondía responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta
contradicción en los deslindes. Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble
superaba en más de dos metros la distancia legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro
estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este determinó que la invasión
de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió a López Veiga para dar
carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también con casa junto al
mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra.
El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La
supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificioso". La
empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El
Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade
que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y
anulado".
OURENSE EMPLEA A 400 EDILES DEL PP Y FAMILIARES SUYOS
Baltar paga a 950 personas que se llevan un tercio del presupuesto
José Luis Baltar Pumar acumula 21 años al frente de la Diputación de Ourense, que pretende
legar -como ya hizo con la presidencia provincial del PP- a su hijo, José Manuel, hoy
vicepresidente del Parlamento gallego. Se autodefine como un "cacique bueno" y suele recordar
a los vecinos en los mítines que su brigada de obras llegará rauda a asfaltar pistas y carreteras si
las municipales las gana un alcalde popular. El sempiterno barón, que amenazó con romper el
último Gobierno a Manuel Fraga si no se avenía a sus manejos, ha controlado desde siempre su
provincia con mayorías absolutas en sus feudos rurales, donde obtiene porcentajes de voto
escandalosos, que superan el 70%.
La Diputación, la segunda mayor empresa en personal de Ourense, 950 nóminas de las que 400
se reservan para alcaldes del PP o familiares directos, gasta en el capítulo de recursos humanos
un tercio de sus cuentas anuales. Incluso dedica una partida para ayudar a sus trabajadores fijos a
pagar la hipoteca. Mientras Baltar presume de no subcontratar servicios, de que los camiones que
recogen la basura los conducen funcionarios bien pagados, su institución roza el máximo de
deuda permitida, 80 millones, el 110% de su presupuesto. Coincidiendo con las vísperas del
último congreso del PP de Ourense, un pulso a Feijóo que acabó ganando para que su hijo le
sucediese al frente del partido, convocó oposiciones en la institución provincial. Los nuevos
puestos se los adjudicaron los compromisarios del congreso o familiares de estos que apoyaron a
su vástago. Entonces, incluso los colaboradores de Feijóo hicieron oír sus quejas sobre las
prácticas de la saga.
El edificio Simeón, un centro cultural en la capital, emplea a 33 porteros para cuidar de sus tres
accesos. El ente público cuenta incluso con un centro de equitación que llegó a pagar a 17
personas que atendían a 15 caballos. La nómina de funcionarios es tan abusiva que hubo que
organizar un sistema de sillas calientes, de forma que los trabajadores se turnasen en el
mobiliario de oficina. Como ni así había hueco para todos, a algunos contratados de la institución
provincial los acabó cediendo a ayuntamientos de su mismo color político.
En los pasillos de la Diputación, un día a la semana hacen cola responsables de entidades
culturales y deportivas a la espera de una subvención que Baltar concede de forma graciosa. Su
filosofía de Gobierno la resume el cántico con el que él y su tropa de colaboradores solían
amenizar las campañas electorales con el trombón a la espalda: "Y si no eres del PP, jódete,
jódete..."
LA FÁBRICA DE EMPLEOS DE BALTAR
La Diputación de Ourense gasta un 41% en sueldos y sólo un 15% en obras
Al presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar (PP), se le conoce, además de por las
reiteradas acusaciones de nepotismo que le lanza la oposición, por sus escasos reparos a la hora
de gastar y por hacerlo con cierta extravagancia.
Valga de ejemplo la cena que uno de los organismos dependientes de la institución, el Inorde,
organizó en A Limia en 2009, a la que invitó a más de 700 personas, o los 3.000 euros que el
pasado mes de mayo, y a la salida de un mitin, entregó en mano a un alcalde como anticipo de
una subvención, dinero que según explicó días más tarde, adelantó de su bolsillo para la
instalación de un sistema de aire acondicionado.
Un organismo de la diputación llegó a organizar comidas para 700 personas
Gastos de funcionamiento
Esos gastos puntuales hacen que Baltar, que afronta su sexto mandato al frente de la institución
provincial, salte a los medios y los partidos de la oposición le exijan explicaciones, pero a la
Diputación ourensana la mayor parte del dinero, un 63%, se le va en gastos de personal y en los
llamados gastos corrientes.
De los 73 millones de euros presupuestados para este año casi 30 (el 41%) están reservados al
pago de las nóminas de 286 funcionarios, 410 trabajadores fijos y un eventual. En total, casi 700
empleados según el cuadro de personal aprobado a comienzos de año.
La diputación subvenciona hasta viajes a Fátima y Lourdes
Pero la diputación también realiza numerosos contratos temporales y cuenta con tres organismos
autónomos el Inorde, el Padroado Provincial de Turismo y la Sociedade Urbanística Provincial
de Ourense que tienen sus propios presupuestos y plantilla. El portavoz del PSOE en la
Diputación, Ignacio Gómez, advierte de que de octubre a junio se han firmado unos 170
contratos temporales y se han convocado 50 nuevas plazas de funcionario.
Todo ello a pesar de que la deuda de la institución provincial se aproxima al máximo legalmente
permitido, lo que ha hecho que Baltar se haya apuntado al discurso de la austeridad.
El pasado mes de junio anunció un recorte en materia de personal, pero aclaró que sólo afectaría
a los contratos temporales, por lo que en la práctica la plantilla se mantendría casi igual: más de
700 trabajadores fijos, en su mayor parte cargos del PP, familiares o militantes, según denuncia
el PSOE. Pero además, a pesar de las declaraciones del veterano político, la Diputación
anunciaba este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de una docena de
nuevos contratos temporales.
La oposición socialista exige la realización de una auditoría de cuentas
Ni sus propias medidas para "apretarse el cinturón" ni los tirones de orejas que le ha dado el
Consello de Contas parece que vayan a ser efectivos y Baltar mantiene su sistema de
contratación y prácticas como la de otorgar subvenciones sin una convocatoria pública "para
tanatorios o viajes a Fátima y Lourdes", como destacan los socialistas, que en el próximo pleno
tienen previsto solicitar una auditoría.
Duplicidades
El portavoz del BNG en la Diputación, Xoán Xosé Jardón, recuerda que su formación reclama la
supresión de las diputaciones desde hace años y denuncia las "flagrantes duplicidades" que se
dan en materia de competencias, que de evitarse ahorrarían a la institución ourensana "entre
nueve y diez millones de euros". "Los centros ecuestres los habría que suprimir y las granjas se
podrían transmitir a la Consellería de Medio Rural o alquilarlas", comenta.
El presidente provincial repartió dinero en mano en plena campaña
Para Jardón, "las diputaciones tienen que ser un instrumento de cooperación, no de control
político" y es "el porcentaje en inversión real lo que incide en la calidad de vida de los
ciudadanos". Porcentaje que la Diputación de Ourense fijó este año en un 15%, frente al 41%
reservado a gastos de personal, cifra que prácticamente duplica la de cualquier otra diputación
gallega
NEGREIRA OCULTÓ QUE UN JUEZ AVALA RETIRAR LOS HONORES A MILLÁNASTRAY
El gobierno coruñés dice ahora que esperará a un nuevo pronunciamiento judicial
Parapetado tras un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de A Coruña que se niega
a hacer público, el gobierno local de Carlos Negreira (PP) se mantiene firme en acatar sin más la
sentencia que avala la retirada de la estatua del teniente coronel golpista José Millán-Astray pero
anula la revocación del titulo de hijo predilecto de la ciudad. Sin embargo, el ejecutivo local
ocultó que hay otro fallo judicial, anterior a este y contradictorio, que da la razón al
Ayuntamiento y da por buena su decisión de suprimir todos los honores al militar amigo y
colaborador de Franco. La polémica volvió a arreciar ayer al difundirse la existencia de este
primer fallo, emitido en mayo, dos semanas antes de las elecciones municipales que ganó el PP
en A Coruña.
"El debate político sobre esto está zanjado", alega el ejecutivo de Negreira
La sentencia que se ocultó fue emitida dos semanas antes de las municipales
La oposición municipal en bloque denunció la complacencia del equipo de gobierno de Negreira
con un golpista que llegó a defender como "un coruñés de pro". Será ahora el Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia el que decidirá sobre la legalidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento
por el que, en 2009, se decidió la retirada de medio centenar de símbolos del franquismo,
incluido los dedicados a Millán-Astray.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña rechazó el recurso de la
Asociación de Veteranos de la Legión contra la retirada de la enorme estatua de cuerpo entero
que lucía una pequeña y céntrica plaza también dedicada a Millán-Astray así como la revocación
del título de hijo predilecto de A Coruña que el Ayuntamiento le había concedido en 1922, en su
calidad de fundador de la Legión. Pero nada se dijo de esa sentencia que avala en el fondo y el
procedimiento la decisión del pleno del Ayuntamiento de retirar todos los honores a MillánAstray en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Y el gobierno de Negreira se apresuró,
el pasado día 15, en pleno periodo estival, a dar a conocer solo otro fallo posterior de un juzgado
de la misma instancia, el Contencioso-Administrativo número 3, que también avala la retirada
del enorme mamotreto de bronce pero anula la revocación del título por haber sido concedido 14
años antes de la Guerra Civil.
Pese a que ambas sentencias, ahora recurridas ante el Tribunal Superior, reconocen la potestad
del Ayuntamiento para dar o retirar títulos honoríficos, el equipo de Negreira prefirió silenciar el
primer fallo judicial que avala la actuación de la Corporación y decidió renunciar a defender sus
derechos presentando un recurso contra la segunda sentencia. "El debate político sobre esta
cuestión está zanjado", arguyó ayer el primer teniente de alcalde, Julio Flores.Y se limitó a
afirmar que acatará lo que decida el Tribunal Superior, ante el cual recurrieron tanto la
Asociación Veteranos de la Legión como la hija del militar. PSOE, BNG y EU reiteraron su
intención de forzar un nuevo acuerdo, ante la Comisión Municipal de Honores y Distinciones
para retirar de nuevo todos los honores al militar golpista.
MILLÁN-ASTRAY RECUPERA EL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DEL
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
En El Ala Oeste de la Casa Blanca, la serie que mejor ha contado los entresijos del Despacho
Oval y la corte de asesores de un presidente demócrata en la ficción, el gabinete gubernamental
fija un día al año para servir asuntos espinosos a la prensa. Le llaman "el día de sacar la basura" y
suelen hacerlo coincidir con la víspera de una fiesta en la que cae la lectura de prensa.
Ayer, en el festivo por excelencia, en medio de un puente con toda Galicia, incluida su ciudad,
de celebración, el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, programó también su día de sacar la
basura. Comunicó a media tarde en una nota de prensa encabezada con el título "actividad
municipal" que el Ayuntamiento que preside no va a recurrir la sentencia que anula la retirada
del título de hijo predilecto de A Coruña a José Millán-Astray, fundador de la legión, y el que
gritó a Miguel de Unamuno "¡muera la inteligencia!", después de que el intelectual y rector de la
Universidad de Salamanca, replicase al discurso de un fascista a las pocas semanas del golpe de
estado de 1936.
El regidor coruñés basa su decisión en un informe de la asesoría jurídica municipal que avala la
"solidez" de los argumentos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A
Coruña, que decidió anular el acuerdo plenario adoptado por el bipartito. El comunicado del
Gobierno coruñés subraya que no quiere "perder ni un minuto en politizar el pasado y prefiere
mirar al futuro y apostar por la concordia y por trabajar en cuestiones que preocupan a los
ciudadanos".
Resalta además que "el fallo obliga a devolver el título de hijo predilecto a Millán Astray porque
esta distinción no se puede retirar de acuerdo a la Ley de la Memoria Histórica, ya que, como
indica la juez en el fallo, el nombramiento se aprobó en un pleno municipal de agosto de 1922,
14 años antes de la sublevación". Como l distinción fue previa a la Guerra Civil, el fallo estima
que no cabe retirar los honores apoyándose en esa ley.La sentencia judicial dice algo más que
obvia el comunicado de Negreira: que el Gobierno coruñes es libre de retirar o no dicha
distinción al dirigente franquista, siempre que no apele a la Lei de Memoria Histórica. Y eso fue
lo que ayer le exigieron los grupos de la oposición al alcalde, que cuando era portavoz del PP en
la oposición decidió abstenerse en la votación para retirar la distinción a Millán-Astray.
Nada más conocer su decisión, el PSOE de A Coruña, a través de su portavoz, Mar Barcón,
atribuyó la decisión "indigna" de abandonar el contencioso con la familia de Millán-Astray a
Negreira, "quien en su día definió como coruñés de pro a este golpista que no merece ningún
reconocimiento de la ciudad de A Coruña". Barcón censuró a su vez la "sorprendente tibieza"
con la que siempre se dirigió Negreira en este asunto.
En el mismo sentido se pronunció el BNG, que reclamó al alcalde del PP que tome decisiones
para que A Coruña "deje de ser la capital de la simbología franquista". También los nacionalistas
acusan al regidor de "refrendar los honores a un fascista después de llamarle coruñés de pro".
Por su parte, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, calificó la postura del
Gobierno coruñés como "una decisión política revestida de acatamiento judicial", que "trata de
satisfacer a los nostálgicos franquistas" al tiempo que "defiende a un golpista".
FEIJÓO LIDERA LA PRESIÓN DEL PP PARA PEDIR MÁS DINERO A SALGADO POR
LA CRISIS
Rajoy suma fuerzas hoy con sus barones para un difícil Consejo de Política Fiscal
No es un asunto puramente económico el que se discute en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera convocado para mañana. El eje de la política española pasa por ahí. Si la legislatura se
agotara y las comunidades del PP se vieran obligadas a hacer drásticos recortes de gastos en
otoño-invierno, con el consiguiente coste político, el asunto podría convertirse en el eje de la
campaña. Por eso, conscientes de que todos se juegan mucho, no solo los barones autonómicos
sino también Mariano Rajoy, los populares llegan a la cita con una estrategia.
En la única rueda de prensa en la sede nacional del PP que ha ofrecido Rajoy en todo el año, tres
días después del gran éxito electoral del 22 de mayo, lo dejó muy claro: reclamó un Consejo de
Política Fiscal y Financiera urgente para pactar con el Gobierno cómo cumplir el objetivo del
déficit del 1,3% para todas las autonomías. Unos días después, prometió la "lealtad" del PP si el
Gobierno hablaba "a calzón quitado" del déficit. Ese momento ha llegado, y el PP, que domina
ya 11 de las 17 autonomías, aprovechará toda esa potencia para tratar de que sea el Gobierno, y
no ellos,quien asuma el coste político de las medidas duras que se avecinan.
Rajoy ha convocado hoy en Génova a sus 11 presidentes autonómicos para unir fuerzas, y la
línea empieza a verse ya muy clara. Alberto Núñez Feijóo y su consejera de Hacienda, Marta
Fernández Currás, van a liderar la estrategia central del PP para este difícil consejo, que llega
cuando autonomías populares como Castilla-La Mancha aseguran que su déficit real puede estar
entre el 5% y el 6% a mitad de año.
El mensaje que está trasladando Feijóo y otros dirigentes del PP, y que se pactará hoy, no está
centrado en la reducción del gasto, aunque sí hay una planteamiento genérico de austeridad. Su
discurso se concentra en pedir al Gobierno más dinero, en reclamar una interpretación más
flexible del modelo de financiación autonómico que aprobó el Ejecutivo con la abstención de las
comunidades del PP. Las autonomías populares, lideradas por Galicia, que exige 800 millones de
euros por distintos conceptos de interpretación del sistema de financiación, reclamarán una
moratoria para devolver el dinero que, según el nuevo sistema, deberían entregar al Gobierno
porque han cobrado de más. También exigirán que Salgado haga un planteamiento de fondo para
resolver la deuda del sistema sanitario, gran caballo de batalla.
El trasfondo es evidente: el PP quiere que el Gobierno y el PSOE sigan asumiendo políticamente
el principal coste de la crisis, como sucedió en las últimas elecciones autonómicas, donde
autonomías del PP con muchos problemas de gestión, como Murcia o la Comunidad Valenciana,
apenas sufrieron desgaste político. El propio Feijóo lo dejó ayer muy claro: si el Gobierno
"incumple" el modelo de financiación, esto es si no acepta la interpretación del PP, tendrá que ir
al consejo "con una guía sobre dónde deben recortarse las aportaciones y los servicios públicos
que prestan las comunidades autónomas". En esa interpretación de Feijoo, si el Gobierno plantea
avances importantes en este tema de la financiación es señal también de que quiere agotar la
legislatura y en caso contrario de que anticiparán.
Esto es algo que también ha planteado Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La
Mancha: que Salgado le diga dónde tiene que recortar para alcanzar el objetivo de déficit. Es una
forma de trasladar el coste político de las medidas duras al Gobierno.
Salgado rechaza esta idea. Insiste en que el Gobierno no tiene por qué decidir esos recortes. Pone
el objetivo, del 1,3%, y son las comunidades, también los gobiernos recién llegados como el de
Cospedal, los que tienen que decidir cómo cumplirlo. Feijóo promete que él cumplirá el objetivo,
y Rajoy no puede admitir un incumplimiento que en Castilla-La Mancha ya se da por hecho,
porque iría contra el eje de su discurso de reducción del déficit. Tal vez por eso se busca
trasladar esa responsabilidad al Ejecutivo. En cualquier caso, el sistema de votación del consejo
hace que el Gobierno pueda aprobar lo que quiera con el apoyo de una sola autonomía, y tiene
para eso a varias del PSOE o de aliados. Los populares están ahí más cerca de la abstención.
EL PP GALLEGO RECHAZA QUE LOS MÉDICOS SOLO RECETEN LOS FÁRMACOS
MÁS BARATOS
Farjas argumenta que se sustrae a los médicos la elección del fármaco
No hay tregua. El enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno central sobre el catálogo de
medicamentos sobrevive a todos los intentos de consenso. El último, el del jueves, en el Consejo
Interterritorial de Sanidad presidido por la ministra Leire Pajín. En este caso, Galicia se desmarca
no solo de la propuesta del ministerio, sino también de la de comunidades gobernadas por el PP,
como Madrid o Valencia, que aceptan la medida.
El ministerio ve imposible "prescribir un genérico más barato"
El Gobierno gallego estará obligado a cumplir el nuevo decreto
La máxima responsable de Sanidad del Gobierno de España informó, en esa reunión del Consejo
interterritorial, a los 17 consejeros autonómicos de su decisión de que los médicos comiencen a
recetar por principio activo en lugar de hacerlo por marca. Esto es, que las farmacias deberán
dispensar genéricos y tendrán que optar siempre por el más barato. "Ingresos, ahorro y
eficiencia", resumió Pajín su objetivo a los consejeros autonómicos de Sanidad, la mayoría del
PP. A la de Galicia, Pilar Farjas, "no le gustó nada". "La ministra no puede hablar de que hay
acuerdo, porque nosotros no lo aceptamos", explicó ayer a este diario un portavoz de la
consellería de Sanidade.
El argumento de la Xunta en contra de la decisión del ministerio se sustenta en que "quita al
médico, que debería ser el actor principal, la facultad de elegir el medicamento, lo que ahora
quedará en manos de las distribuidoras farmacéuticas". Junto a ello, Farjas entiende que el ahorro
es mayor con la aplicación del catálogo gallego -un listado de genéricos al que los médicos
deben ceñirse para recetar- que mediante la propuesta del Gobierno de España de no recetar
marca, sino un principio activo que luego dispensa el farmacéutico, optando obligatoriamente
por el más barato.
La Consellería de Sanidade apela, además, al rechazo del Parlamento gallego a la propuesta de
recetar por principio activo, con lo que da por zanjada cualquier propuesta al respecto. "Portugal
aprobó en su día esta obligatoriedad del principio activo y tuvo que paralizarlo", sostiene la
Consellería.
La rotunda reacción del Gobierno gallego ha sorprendido en Madrid. "En la reunión del Consejo
no se opuso ninguna comunidad autónoma", precisa un portavoz del Ministerio de Sanidad.
Sostiene que la intención de Pajín es "aprobarlo cuanto antes, llevarlo al Consejo de Ministros de
la próxima semana para buscar lo más rápidamente posible la fórmula legal", que comprometerá
a toda España, con lo que Galicia no tendrá más remedio que cumplirlo".
El Ministerio reconoce que algunos consejeros de comunidades del PP criticaron la falta de
concreción de la propuesta y que esta no se sometiera a votación, "pero ninguno de ellos se
opuso". El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty,
destacó que la propuesta del ministerio recogía "exactamente" sus peticiones. En similares
términos se expresó el representante de la Comunidad Valenciana, Luis Rosada, también
gobernada por el PP.
En el Ministerio de Sanidad no entienden la postura de la Xunta. "Si lo que pretenden es ahorrar
con su catálogo, de esta forma, se ahorra más: es imposible recetar un genérico más barato ya
que las farmacias quedan obligadas a dispensar el más barato de todos", precisa el portavoz del
ministerio. Al mismo tiempo, explica que con esta decisión, la ministra pretende "que no se
rompa la cohesión nacional" en cuestión de recetas de la sanidad pública. "No puede ser que un
señor de León vaya a veranear a Pontevedra y, ahí, el médico no pueda recetarle el mismo
medicamento que está tomando porque no está en el vademécum de la Xunta".
Desde el ministerio insisten en que la decisión tiene como objetivo "beneficiar a las comunidades
autónomas y contribuir a aliviar su carga financiera", motivo por el que no entienden el rechazo
de Galicia. Pero la oposición de la Xunta es rotunda. El portavoz de la conselleira asegura que no
se trata de una batalla política ni jurídica. "Defendemos el catálogo y nuestra única batalla es
mantenerlo en pie", destacan en la Consellería.
La misma propuesta que Feijóo
Una de las propuestas del Ministerio de Sanidad que rechaza la conselleira Pilar Farjas es la
misma que hace menos de diez días avalaba el presidente de la Xunta. En una entrevista
publicada por este diario el pasado día 10, Feijóo explicaba que el catálogo "no es más que
volver a la legislación anterior", la aprobada bajo la presidencia de Aznar y que reformó el
Gobierno del PSOE.
El presidente gallego advertía de que si el PP ganaba las elecciones generales implantaría el
sistema de la última legislatura de Aznar, cuando "automáticamente se hacían unos precios de
referencia, es decir, el Estado solo financiaba los medicamentos que tuviesen un precio similar al
genérico".
La ministra de Sanidad, Leire Pajín, anunció en la reunión del jueves que retomaría esa misma
propuesta que supone la supresión de las patentes farmacéuticas a los diez años. Esto es, sin la
prórroga de tres años más que ofreció la socialista Elena Salgado durante su etapa al frente de
este Ministerio.
La modificación de los precios de referencia que propone Pajín prevé una reabaja del 15% del
precio de los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado sin que haya aparecido un
genérico.
Ayer, la Consellería de Sanidade -preguntada por esta posición del presidente gallego que Farjas
acababa también de rechazar en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud- destacaba que
"la obligatoriedad de la receta de principio activo no tiene nada que ver con el catálogo" de
medicamentos aprobado por la Xunta.
La desintonía entre ambas instituciones es absoluta y afecta a todas las propuestas. Para la
Consellería de Sanidade, la propuesta del Ministerio "va a remolque" de la suya. Y para el
Ministerio, es el "reducido catálogo aprobado por el Gobierno gallego" el que queda superado
por su medida "de mayor alcance".
Mientras la ministra de Sanidad intenta realizar "cuanto antes" la modificación legal que dé
soporte a la nueva medida "de ahorro sanitario", la conselleira gallega alerta de que "no se sabe
qué es lo que se va a aprobar" y alude a la "frivolidad del Ministerio" en su reunión del Consejo
Interterritorial.
Farjas lamenta que "no se presentara una sola propuesta concreta, ni un documento que acredite
cómo, dónde y de qué forma" se va a aplicar el sistema de receta por principio activo que acabará
con el catálogo gallego.
CONDE ROA SE NIEGA A REVELAR EL COSTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA
DAVIS
El regidor solo informará del presupuesto si Santiago sale elegida como sede
El precio que supone albergar una semifinal de Copa Davis en Santiago es todavía un misterio.
Aunque el proyecto ya está en la sede de la Federación Española de Tenis, el alcalde, el popular
Gerardo Conde Roa, rechazó ayer cifrar el gasto que conllevará su organización en caso que la
capital gallega resulte elegida. El día 1 de agosto la Federación española deberá comunicar a la
internacional su decisión, y el presupuesto necesario no se conocerá hasta saber si Santiago es la
seleccionada, explicó ayer Conde Roa, quien sí insistió en el retorno económico que puede tener
el evento para la ciudad, así como la proyección internacional que supondría. "No puedo entrar
en detalles económicos porque podrían perjudicar las negociaciones", indicó sin dar más
explicaciones. Tampoco quiso expecificar si el ayuntamiento se ha marcado un techo de gasto,
solo se limitó a afirmar que los dos millones de euros de coste que se estimaron en Gijón -ciudad
que retiró su candidatura por el alto coste- "están muy alejadas de la realidad". "Conocerán los
datos, pero no puedo adelantarlos", insistió.
La federación de tenis debe tomar la decisión antes del 1 de agosto
El ayuntamiento trabaja ya en buscar algún tipo de ayuda "o fórmula económica" para aligerar
los gastos, cuenta también con obtener el apoyo de la Xunta y recibirá además el 40% de los
ingresos de los partidos, explicó el alcalde, que lo definió como "un cuadro económico para salir
honrosamente de este evento". Tanto PSdeG como BNG admitieron la relevancia que tendría
acoger las semifinales, pero manifestaron sus dudas sobre cómo se va a financiar.
El lugar elegido para instalar la pista central con capacidad para 16.000 espectadores, dos pistas
de entrenamientos, vestuarios y aparcamiento VIP es la explanada abierta junto a los edificios de
la Cidade da Cultura. Aunque también se barajaron el pabellón del Sar y el estadio municipal, no
cumplían los requisitos de aforo que marca la Federación. "La Cidade da Cultura es un icono
cultural y podría ser de sus mejores proyecciones para el futuro", defendió el alcalde. Los 300
metros de altura, apuntaron desde la Federación gallega, "son asumibles" y el parte
meteorológico para esas fechas de mediados de septiembre arroja unas condiciones de humedad
y lluvia buenas para el tenis. En los tres días de competición se organizarán además actividades
paralelas en la ciudad
VÍA LIBRE A LAS 3.000 VIVIENDAS ILEGALES CONSTRUIDAS EN LA COSTA DE
BARREIROS
Hernández retira los recursos judiciales del bipartito a raíz de un pacto con los promotores Feijóo no informó del acuerdo tras la última reunión de gobierno
En la rueda de prensa del último Consello de la Xunta, Feijóo tuvo tiempo para detallar hasta un
informe de actividades de la Fundación Illa de San Simón. Se le quedó en el tintero una de las
decisiones más importantes que acababa de adoptar su Gobierno: la retirada de 21 recursos
judiciales presentados por el anterior Ejecutivo gallego contra otras tantas promociones ilegales
en el Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el PP, lo que supone el desbloqueo definitivo de
3.174 viviendas levantadas en zonas que carecían del menor servicio. El conselleiro de
Territorio, Agustín Hernández, completa así el tenaz camino emprendido para la legalización de
unas viviendas de las que cientos de ellas ya han sido declaradas ilegales.
La legalización afecta a 3.174 casas en un municipio de 3.200 habitantes
La retirada de los 21 recursos, que se corresponden con otras tantas promociones inmobiliarias,
confirma la existencia de un acuerdo de Agustín Hernández con la asociación de promotores de
la localidad lucense, cuyo presidente aseguró contar con el compromiso del conselleiro para la
retirada del recurso antes de agosto. Los responsables de las promociones tenían prisa para
intentar vender los pisos en agosto, un mes clave en el negocio por la visita de turistas a A
Mariña de Lugo.
La retirada de los recursos no fue mencionada en la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo ni
apareció en la reseña de los acuerdos que la Xunta cuelga después de cada Consello en Internet.
Fuentes de la Consellería de Territorio negaron que esa omisión tuviese voluntad de silenciar la
retirada de los recursos. "Son actos jurídicos rutinarios de los que no se acostumbra a informar",
afirmó un portavoz del departamento.
Con intención o sin ella, lo cierto es que la retirada de los recursos culmina dos años de esfuerzos
de la Xunta para desandar el camino que emprendió el Gobierno bipartito en 2006, cuando
suspendió las normas urbanísticas de Barreiros ante la autorización municipal en menos de un
año de 5.800 viviendas en un ayuntamiento de apenas 3.200 habitantes. Después de tomar esa
decisión, la Xunta de Emilio Pérez Touriño emprendió a través de la Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística (APLU) un contencioso contra la autorización de licencias en zonas sin
servicios básicos, como abastecimiento y saneamiento de agua o infraestructuras viarias.
La Consellería de Territorio considera la retirada de los recursos parte del "proceso lógico"
después de que se aprobara la memoria ambiental del proyecto sectorial urbanístico de la zona.
Este documento se desarrolló después de que Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Barreiros
firmaran un convenio por 14 millones de euros para dotar a las zonas afectadas de los servicios
que impiden su consideración de solar, por lo que los juzgados las consideran en sus primeras
sentencias suelo no urbanizable. De acuerdo con la ley, esas obras deberían correr a cargo de los
promotores inmobiliarios.
Dicha memoria ambiental da por buena la previsión, incluida en el plan sectorial, de que en plena
crisis demográfica y del sector inmobiliario, el Ayuntamiento de Barreiros multiplique su
población por siete, para pasar de sus 3.200 habitantes a 23.500. Para hacer ese cálculo, el plan
tiene en cuenta las propias viviendas objeto de la polémica.
La actuación del conselleiro Agustín Hernández en el caso de Barreiros provocó su denuncia
ante el fiscal por parte de la asociación Adega, que le acusa de prevaricación y de delito contra la
hacienda pública. Con el plan sectorial aprobado por la Xunta de Feijóo, la Administración
renuncia a la cesión obligatoria del 10% y asume costes de urbanización que deberían ser
asumidos por los promotores. Adega calificó el plan de "recalificación encubierta" del suelo, lo
que implicaría "un inaceptable trato de favor" a unos promotores a los que se les permite triplicar
la edificabilidad de sus terrenos.
PONTEAREAS CONTRATA A AFILIADOS Y EXEDILES DEL PP EN UNA OFERTA DE
49 EMPLEOS QUE NO PUBLICITÓ
El Gobierno local de Ponteareas (PP) soslayó el dar publicidad a la convocatoria abierta de 49
plazas municipales, dentro de un programa de cooperación con la Xunta, que han ido a parar a
afiliados y simpatizantes del propio partido, entre ellos dos exconcejalas. El BNG, que acusa
directamente al alcalde, Salvador González Solla, del "escándalo" que suponen estas
contrataciones "a dedo", anuncia que pedirá la anulación del concurso por el que fueron
adjudicadas las citadas plazas y la convocatoria de otro nuevo.
La primera convocatoria de plazas fue decidida por la Xunta de Goberno de Ponteareas el 30 de
mayo, pese a la advertencia de nulidad de la misma que expuso la secretaria municipal
precisamente por no darse publicidad a la convocatoria. Con ello, los vecinos fueron privados de
optar a un puesto de trabajo en condiciones de igualdad y aunque reunieran preparación y
capacidad para desempeñar las plazas convocadas.
"Solla ocultó deliberadamente la convocatoria", afirman los nacionalistas, "para colocar a las dos
exconcejales y a otros candidatos, afiliados y apoderados del PP". El Gobierno local realizó en
las últimas semanas la selección para esas plazas, con contratos por un periodo de siete meses.
Rosemary Rodríguez Ogando e Isabel González Lago dirigieron hasta el 22 de mayo las
concejalías de Empleo y Personal, respectivamente. Ambas, "que destacaron por la ausencia total
de gestión y dejación de responsabilidades durante su etapa en el Gobierno local", denuncia el
BNG, "reciben ahora su premio por parte del alcalde".
El Gobierno local se limitó a solicitar en el INEM una oferta de empleo, sin la menor publicidad.
"No es posible que habiendo en Ponteareas 2.700 parados, a las citadas plazas solo se
presentaran cuatro o cinco personas por cada convocatoria", señalan los nacionalistas.
Rosemary Rodríguez e Isabel González fueron las últimas en anotarse en el INEM. La primera
está contratada en la Escuela Infantil Municipal y la otra, en el Registro Municipal. Ambas,
según subraya el BNG, incluso participaron en el Gobierno local que tramitó el programa de
cooperación e intervinieron también en el comienzo del programa de contratación, con el
Gobierno ya en funciones. Ponteareas ya es, desde hace décadas, uno de los municipios gallegos
con más carga de personal en su plantilla.
NUEVE IMPUTADOS EN LA XUNTA DE FEIJÓO
El cese del titular de Portos alivia solo parcialmente los problemas judiciales en el Gobierno
gallego - El presidente mantiene a dos cargos ya condenados. Feijóo "apartó" al director del
Igape, pero no lo destituyó
José Manuel Álvarez Campana fue destituido el jueves como presidente de Portos de Galicia "a
petición propia". Nada que ver, aseguró Feijóo, con su implicación en el caso Rinlo, en el que el
fiscal le acusa de supuesta prevaricación administrativa y ambiental al aprobar una piscifactoría
en Ribadeo. El presidente de la Xunta, que esta misma semana consideró que a Francisco Camps
"le honra" su dimisión, mantiene por lo tanto una máxima bien distinta en su Gobierno, en el que
permanecían 10 cargos pese a estar imputados por la justicia, nueve tras el cese de Álvarez
Campana.
Antes de las elecciones autonómicas, la filosofía era distinta. En febrero de 2009, Feijóo retiró de
la candidatura del PP por Ourense a su cabeza de lista, Luis Carrera, tras saberse que cobró
240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán. Eran otros
tiempos: faltaba apenas un mes para las elecciones. Ya al frente de la Xunta, la filosofía del "yo
predico con el ejemplo", de la que presumió Feijóo al prescindir de Carrera, ha sido sustituida
por la de "evitar prejuicios y precipitaciones". El presidente ha llevado hasta tal extremo la
tolerancia con los imputados que no ha destituido a ninguno de los que se le acumulan en la
Administración autonómica, que son unos cuantos. Además de los nueve cargos que hacen frente
a acusaciones judiciales, otros dos permanecen pese a haber sido ya condenados.
La lista de imputados de la Xunta comenzó a hacerse demasiado larga este verano, cuando la
juez que impulsó la Operación Campeón implicó a tres altos cargos de la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Los imputados de la Consellería de Medio Ambiente, que
dirige Agustín Hernández, son la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y los
subdirectores de Planificación, Antonio López Blanco, y Estradas, Mateo Maigler. Con ellos
hacen cinco los altos cargos de la Xunta imputados en la presunta trama de obtención fraudulenta
de subvenciones y préstamos públicos a través del Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape).
Feijóo y Hernández apostaron por la continuidad de los tres implicados de Medio Ambiente, y
los llamamientos a la "regeneración democrática" que predicaba el primero en vísperas
electorales se ha convertido en apelaciones al "máximo respeto a la presunción de inocencia", en
palabras del conselleiro. Feijóo aún no ha dado explicaciones por la imputación de estos tres
altos cargos.
A los dos responsables del Igape imputados -su director general, Joaquín Varela, y su subdirector
de Información Especializada, Carlos Silva Liste-, el presidente de la Xunta decidió "apartarlos
de sus funciones". Varela tiene, en efecto, "suspendidas" las funciones, pero no dimitió ni fue
destituido, y puede reincorporarse en cualquier momento al Igape. Silva fue recompensado con
un ascenso de categoría.
Tráfico de influencias
Parecida tolerancia mantiene Feijóo con los dos imputados por abuso de poder en la
investigación a Unións Agrarias. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la
Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e
Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero. Ambos
lideraron la investigación a una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar
por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales". Los dos siguen
en sus cargos, mientras la titular del juzgado número 1 de Santiago, que les imputa prevaricación
administrativa, en su modalidad de desvío de poder, continúa con su investigación.
Otros dos imputados son los dos jefes de servicio de la sociedad pública Sogama a los que el juez
atribuye un supuesto delito de tráfico de influencias. El responsable del área técnica de la
sociedad pública, Ramón Pérez Mariño, y el jefe de transferencia y transporte, Ángel Javier
Costal Vázquez, intentaron influir presuntamente en varios procesos de contratación, de acuerdo
con la investigación judicial. La reacción de la Xunta ha sido apartarlos de los procesos de
adjudicación, manteniendo el resto de sus atribuciones y, por su puesto, su sueldo íntegro.
Hasta su destitución del ya expresidente de Portos de Galicia, que Feijóo atribuyó a su deseo de
trabajar para la Diputación de A Coruña, completaba la nómina de los implicados de la Xunta
José Manuel Álvarez-Campana, acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y
urbanística por aprobar una declaración ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo
(Ribadeo), cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último
Gobierno de Manuel Fraga.
Además de los 10 imputados, siguen en sus funciones los dos cargos de la Xunta ya condenados
judicialmente. Se trata del superdelegado del Gobierno gallego en Ourense, Rogelio Martínez, y
de la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díez López. El primero fue
condenado en firme 2009 por la Audiencia Nacional a devolver el importe de obras
"inexistentes" realizadas con fondos comunitarios. También está imputado penalmente por este
mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de
Arnoia. La directora de Formación fue condenada por un juzgado de Ferrol por despido
improcedente.
FEIJÓO ENSEÑA EL CAMINO AL PP
El presidente gallego ya denunció en 2009 un agujero que haría peligrar las nóminas, pero nunca
se dejaron de cobrar
La hecatombe de las cuentas públicas que augura ahora el PP en las comunidades que debe
gobernar ya la pregonó hace más de dos años en Galicia Alberto Núñez Feijóo. Tampoco las
alusiones de los dirigentes populares a los coches oficiales, el supuesto lujo y el dispendio con
que viven las Administraciones socialistas tienen nada de originales. En vísperas de las
autonómicas gallegas, en 2009, Núñez Feijóo desató una campaña para acusar de despilfarro al
expresidente socialista Emilio Pérez Touriño, basada en la compra de un Audi A8 blindado,
similar a los dos que tenía Fraga y a los que trasladaban por entonces a Gallardón, Camps y Rita
Barberá.
Nada más llegar al poder, Feijóo se deshizo de la berlina de su antecesor por un tercio de lo que
había costado y enajenó otros 17 audis comprados por Fraga. Al poco de tomar posesión, se
subió a un Citroën sin blindar y un mes después ya ensayaba un discurso nuevo: el de los
agujeros en el Presupuesto, la herencia envenenada que, según sus términos, le había legado el
bipartito de PSOE y BNG. Feijóo tomó posesión el 18 de abril y el 8 de mayo de ese año ya
había detectado una falla de 600 millones de euros en las cuentas. Según explicó ese día en una
entrevista en Onda Cero, la falta de fondos hacía peligrar "la paga de trienios al personal
facultativo, las guardias médicas, el gasto farmacéutico e, incluso, una campaña contraincendios
razonable".
Nada de eso llegó a suceder, pese a que los cálculos del presidente pronto elevaron el presunto
agujero hasta 1.200 millones de euros. Al cierre de 2009 Feijóo lo cifraba ya en 2.550 millones.
Computaba así los fondos que la Xunta deberá devolver al Estado en los próximos cuatro años
por el dinero que recibió entre 2008 y 2009 tras una previsión de impuestos que no contó con la
crisis. De ese supuesto desfase de 2.500 milones, 1.950 corresponden al ejercicio de 2009 que el
propio Feijóo gestionó entre abril y diciembre de ese año.
La última queja del presidente gallego tiene que ver con el fondo de cooperación, 243 millones
que el Gobierno central incluyó en el nuevo modelo de financiación pero que no pagará a las
comunidades hasta 2013. La nueva Xunta del PP hizo entonces lo que reprochaba a sus
antecesores y, pese a todo, incluyó la partida en el Presupuesto para seguir cargando contra
Zapatero y Touriño como culpables de los recortes. Entretanto, el cacareado plan de austeridad
del PP ha suprimido 42 entes administrativos, la mayoría creados por Fraga, hasta ahorrar, según
sus datos, 20 millones. Galicia es junto a Madrid la única comunidad que ha cumplido desde
2009 con los objetivos de déficit presupuestario e incluso cerró el último trimestre con superávit.
Y a pesar de los agujeros, los médicos, los bomberos y las farmacias han seguido cobrando.
DETENIDOS EL DIRECTOR Y EL SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DE CRÉDITO DE LA
XUNTA
Agentes de Aduanas arrestan a ocho personas imputadas por delito fiscal y cohecho
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron en Santiago de Compostela al director
general del Instituto Galego de Promoción Económica, Joaquín Varela de Limia Cominges, y al
subdirector de Información Especializada de este organismo, Carlos Silva Liste. Las detenciones
se produjeron en el marco de una investigación relacionada con el blanqueo de dinero, que dirige
la juez Estela Sanjosé, titular del Juzgado número 3 de Lugo. Este instituto de crédito,
dependiente de la Xunta, se encarga de repartir ayudas públicas a empresas.
Los altos cargos están acusados de asesorar a los autores del fraude
El Servicio de Vigilancia Aduanera registró también las sedes de dos empresas en el polígono
lucense de O Ceao, la farmacéutica Nupel y la consultora fiscal Proitec, encargada de tramitar las
ayudas públicas al laboratorio. El dispositivo policial concluyó con la detención de 15 personas
con imputaciones por fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, blanqueo de
capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal, entre ellas el dueño de la primera de estas
compañías, Jorge Dorribo, y una médico a la que se le imputa un delito de alzamiento de bienes
y que ayer por la tarde se encontraba arrestada en la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo.
Once agentes de Aduanas se presentaron en la sede compostelana del Igape a primera hora de la
mañana y aguardaron la llegada del director y el subdirector. El primero en acudir a su puesto de
trabajo fue Joaquín Varela de Limia, y los agentes se encerraron con él en su despacho. Uno de
ellos, sin embargo, quedó fuera a la espera del otro responsable del organismo, Carlos Silva, que
fue llevado a otro despacho. El objetivo era que no se pudiesen comunicar en ningún momento
los dos jefes del Igape. Después de una larga mañana en la que los vigilantes de Aduanas
requirieron numerosa información y realizaron abundantes fotocopias, Varela y Silva
abandonaron con los agentes en torno a las dos de la tarde la sede del Igape en Santiago y se
dirigieron a Lugo.
La Consejería de Economía e Industria confirmó la noticia ayer por la tarde a través de un
comunicado en el que informaba de que los agentes de Aduanas solicitaron datos sobre "una
veintena de empresas", aunque "solo había expedientes de tres de ellas". La Xunta se ofreció,
según la nota de prensa, a colaborar con la Agencia Tributaria, de la que depende Vigilancia
Aduanera, para que "se investigue sin límites". Además, la consejería "defiende la presunción de
inocencia" del director y el subdirector puestos a disposición judicial.
El director del Igape, Joaquín Varela de Limia Cominges, no tenía experiencia en el sector
público hasta que llegó a este organismo. Licenciado en Económicas y máster por la Escuela de
Negocios Caixanova, el vigués desarrolló su carrera en la consultora PriceWaterhouse Cooper.
Por su parte, Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica lucense Nupel, es uno de los
empresarios más influyentes de Lugo, hecho a sí mismo desde la nada, que llegó a exportar sus
medicamentos en una treintena de países, a inaugurar un centro de distribución en Abu Dabi y a
patrocinar su propio equipo de ralies. Últimamente, la empresa, que recibió varias ayudas de la
Xunta, la última para una planta de envasado unidosis en Rábade (Lugo), atravesaba una
situación económica difícil.
La titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, es responsable de varias
investigaciones de gran calado, como una que relacionó a varios políticos con un caso de tráfico
de influencias en Castro de Rei y otra sobre la retirada masiva de multas en Lugo a cargo de los
agentes.
EL EMPRESARIO DETENIDO LOGRÓ DEL IGAPE CUATRO MILLONES DESDE
DICIEMBRE
La Xunta anuncia una investigación interna sobre el instituto de crédito
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, ordenó anoche el ingreso
en prisión del empresario Jorge Dorribo, unos de los principales implicados en la trama que
presuntamente defraudaba ayudas de la Xunta. La juez tomará hoy declaración al director del
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el organismo que canaliza ayudas y
préstamos a empresas de la Xunta, Joaquín Varela Cominges, y a Carlos Silva, subdirector de
Información Especializada de ese organismo. Ambos continuaron ayer incomunicados en los
calabozos de las dependencias policiales después de que el martes fuesen detenidos en la sede
del instituto dependiente de la Consellería de Economía. Además de diversa documentación (que
incluye los expedientes de concesión de casi cuatro millones de euros, en préstamos y ayudas,
durante los últimos seis meses, a empresas de Dorribo), la policía se incautó de los ordenadores
personales.
El empresario Jorge Dorribo fue interrogado durante cuatro horas
Fuentes del PP mostraron malestar por cómo trata la juez a los directivos
Dorribo fue conducido a la prisión provincial de Bonxe, pasadas las diez de la noche, tras
declarar ante la juez. Otros cuatro presuntos implicados en la Operación Campeón quedaron en
libertad. Entre ellos se encuentra la esposa de Dorribo y dos empleadas de su empresa, la
farmacéutica Nupel. La operación, en la que intervienen 30 agentes de Vigilancia Aduanera,
halló indicios de que los 15 detenidos el martes podrían haber cometido delitos de fraude en
subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y
fraude fiscal. Las cuentas bancarias de 14 de ellos han sido intervenidas y la policía tiene en su
poder grabaciones de conversaciones telefónicas entre los implicados.
Los agentes del organismo desplazados desde Madrid seguirán en Galicia por lo menos hasta
este viernes, por lo que no se descartan más detenciones y registros. A los cargos de la Xunta se
les atribuye el supuesto asesoramiento para montar la trama que permitiese a Dorribo obtener
cuantiosas ayudas públicas.
En los últimos seis meses, la empresa farmacéutica Nupel, sobre la que se centran todos los
focos, tuvo suerte con sus solicitudes ante el Igape. En marzo el organismo publicó la concesión
a fondo perdido de 992.942,55 euros para un proyecto de inversión de la firma centrado en una
planta de medicamentos en Rábade (Lugo). El Igape dio luz verde a la operación pese a que ya
se encontraba en una situación económica delicada. Unos meses antes, en diciembre, consiguió
del mismo organismo un préstamo en condiciones muy favorables (euribor más el 0,5%) de
2.956.000 euros financiado con fondos del Banco Europeo de Inversiones. Otra de las empresas
de la supuesta trama, la consultora Proitec -que asesoraba a empresas para lograr ayudas
públicas- había recibido en 2009 subvenciones a fondo perdido de menor cuantía.
Fuentes del Igape aseguraron ayer que la orden de resolución por las que se otorgaron las
subvenciones fue "perfectamente correcta". Aun así, la Consellería de Industria quiso dejar clara
su voluntad de cooperación y anunció que ha solicitado a otro departamento, el de Presidencia,
que compruebe los expedientes vinculados con la investigación. La Consellería que dirige Javier
Guerra pidió que actúe la unidad especializada de la Dirección Xeral de Avaliaciónn
Administrativa. En un comunicado -Guerra no compareció ante los medios y su departamento
remitió a la intervención en el Parlamento del presidente, Alberto Núñez Feijóo-, Economía
insiste en la presunción de inocencia de los altos cargos y en su voluntad de arrojar al caso "la
mayor transparencia".
Ante el revuelo mediático que ha levantado la Operación Campeón, fuentes del PP y los
abogados de varios detenidos mostraron ayer su malestar por los pasos que está dando la juez
Estela Sanjosé, que ya ha dirigido otras operaciones de gran repercusión pública. "No se entiende
el motivo de que [Joaquín Varela] lleve dos días detenido y no le dejen ni comunicarse con su
familia", señalaron esas fuentes, "sobre todo teniendo en cuenta que es un ejecutivo respetado,
que le han registrado el despacho y que no hay riesgo de fuga".
FEIJÓO: "A MÍ ME LLEGAN LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE ME DAN LOS VOTOS"
El presidente gallego mantiene a los dos cargos detenidos
Tras ver cómo el director y otro alto cargo del instituto económico de la Xunta dormían en los
calabozos, acusados de esta implicados en graves delitos económicos, el presidente gallego,
Alberto Núñez Feijóo, hizo ayer en el Parlamento una defensa cerrada de los dos directivos. Pese
a la insistencia de la oposición en reclamar ceses, Feijóo pidió tiempo para decidir sobre los
arrestados -todavía no han declarado- en la Operación Campeón, que persigue a una presunta red
para captar subvenciones, y a la que la juez le atribuye delitos de fraude, falsedad documental,
alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Los investigadores sospechan que los altos cargos
asesoraban a un empresario, también detenido, que logró un crédito de cuatro millones de la
Xunta. Feijóo apeló a su victoria en las municipales del 22-M para ganar tiempo. "A mí me
llegan los principios éticos que me dan los votos", zanjó el debate.
PRESIDENCIA NO INVESTIGA EL 'CASO ORQUESTA' Y RUEDA RECHAZA
"LECCIONES DE MORALIDAD"
Justo después de la bronca por el caso Campeón, llegó al hemiciclo la Operación Orquesta, por la
que están imputados los alcaldes de Cee, el independiente Manuel Vigo, y los populares de
Fisterra, Manuel Traba, y de Mazaricos, Juan Manuel Santos, (que el domingo revalidaron sus
mayorías absolutas). La pregunta la formuló el Bloque y pretendía conocer las actuaciones que la
Xunta ha llevado a cabo en este caso, que ha puesto al descubierto gestiones del alcalde de
Fisterra ante la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, para que emplease a una familiar de un
constructor también detenido en la trama, e incluso las subvenciones de Cultura que recibió una
asociación para lanzar políticamente al candidato del PP de Corcubión.
Con todo eso, prometió ponerse Feijóo cuando se conocieran los detalles del sumario. Y el
portavoz parlamentario del BNG quiso saber cómo iban las gestiones del Gobierno gallego. No
obtuvo respuesta. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien sí mandó a los
investigadores de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa a fiscalizar 13
entidades denunciadas por él mismo desde la sede del PP, invocó esta vez la presunción de
inocencia. E incluso acusó a Aymerich de actuar con "parcialidad". Luego el conselleiro subrayó
su defensa del "derecho a la presunción de inocencia, la colaboración máxima con los órganos
judiciales, investigación a tope y la contundencia siempre que sea posible". No detalló qué
gestiones concretas ha realizado su departamento, si es que ha hecho alguna.
Y cuando escuchó el ataque del Bloque a la inclusión de los alcaldes imputados en las listas,
Rueda recuperó un episodio del sumario en el que uno de los imputados contaba a otro que
determinado alcalde nacionalista [del que Rueda no citó nombre ni localidad] "solía meter el
cazo para venderse al mejor ofertante".
Ese pasaje, del que Rueda no dio más datos -en el caso Orquesta no hay imputado ningún regidor
del BNG- sirvió al conselleiro para subrayar que no acepta "lecciones de moralidad". Aymerich
siguió preguntando por qué Portos de Galicia, según aparece en el sumario, permitía al
constructor imputado ver el resto de ofertas para mejorarlas y hacerse con los contratos, pero no
recibió respuestas.
FEIJÓO EVITA ACLARAR EN EL PARLAMENTO EL CASO DEL AGENTE ELECTORAL
DE BALTAR
El presidente implica a Vázquez en el 'caso Orquesta' en un bronco debate
Como si uno viviese en Marte y el otro en Venus, Feijóo y Pachi Vázquez disputaron ayer un
duelo ininteligible en la sesión de control al Gobierno, en la que el presidente de la Xunta pasó
por alto las acusaciones más graves del líder del PSdeG y contraatacó con munición de calibre
tan grueso como vincular a Vázquez con la Operación Orquesta. Pese a la insistencia del
socialista, Alberto Núñez Feijóo obvió el caso del agente electoral confeso de la Diputación de
Ourense, pagado por esta institución para buscar votos en Argentina para el PP en las
municipales de 2007. Su presidente, José Luis Baltar, no lo negó. Feijóo optó por el silencio.
El líder del PSdeG tacha a Feijóo de "presidente del transfuguismo"
A medida que se acercan las municipales, las sesiones de control del Parlamento ganan en
tensión pleno a pleno. La pregunta de Vázquez iba sobre el "incumplimiento del programa
electoral" del PP. En ese documento, la regeneración democrática tenía especial protagonismo,
pero la pasividad de ese partido con sus alcaldes imputados en el caso Orquesta, el fichaje de
tránsfugas y los últimos escándalos que afectan a la Diputación ourensana desmienten esa
promesa, acusó Vázquez.
En su primera respuesta, Feijóo no se apeó del guión que llevaba escrito, un resumen de lo que
consideró los logros de su Gobierno. Vázquez replicó con su versión particular de esos dos años:
"Más paro, menos servicios públicos, paralización de grandes infraestructuras y degeneración,
que no regeneración democrática". En algo sí le reconoció como "el mejor": "En comprar
voluntades es usted el presidente del transfuguismo de Galicia". Y como Feijóo no entró en el
caso del agente electoral, Vázquez insistió: "Lo que es ilegal es coger dinero de la Diputación de
Ourense". Y ya que el empleado de Baltar asegura que Feijóo estaba informado de sus
actividades en América, le preguntó por qué no acudió a la justicia.
Fue en su segundo turno cuando Feijóo contraatacó con la Operación Orquesta, por el que están
imputados dos alcaldes del PP y otro independiente de la Costa da Morte por presunta
prevaricación y cohecho en contrataciones municipales. "En la Operación Orquesta hay cosas
que se van a saber. Por ejemplo, su nombre aparece en el sumario y el mío no", acusó. Según
desveló después el PSdeG, la cita es una conversación del empresario Daniel Ogando con el
alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, en el que este se excusa de no poder acudir a una
cita por tener una entrevista con Pachi Vázquez. Esa entrevista fue en el Parlamento con la
directiva de la Asociación Neria, de ayuntamientos de la zona, y de la Federación de
Empresarios de la Costa da Morte. Feijóo también afirmó que un alcalde imputado acusó a "un
ministro" de amenazarle si no iba en la lista del PSdeG. Tras el pleno, los socialistas exigieron
disculpas a Feijóo por su "terrorismo político e informativo".
Las insinuaciones de Feijóo calentaron los ánimos en los bancos de la oposición, que estallaron
cuando atacó a los concejales de los gobiernos municipales bipartitos por "vivir exclusivamente
de sus ayuntamientos". Diputados del PSdeG interrumpieron al presidente con gritos de "¿Y tú
de qué vives?" o "¡Fuera el populismo!". Feijóo cerró el turno con una propuesta de "acuerdo por
la regeneración democrática".
Previamente, Feijóo provocó las carcajadas de la oposición cuando, en respuesta a la pregunta
del nacionalista Carlos Aymerich sobre la evolución del desempleo, presumió de presidir "la
comunidad pluriprovincial del régimen general con menos paro de España". El presidente alertó,
no obstante, que "es difícil crear empleo con un Gobierno interino" en España, y afirmó que las
dos ciudades con más paro son Vigo y Pontevedra, "gobernadas por el PSOE y el BNG".
LA DIPUTACIÓN OURENSANA ADMITE QUE PERMITIÓ AL AGENTE DEL PP IR A
AMÉRICA
José Vázquez asegura que informó por carta a Feijóo de su misión en Argentina
Alberto Núñez Feijóo "estaba al corriente" de que el exempleado de José Luis Baltar en la
Diputación que asegura haber actuado como agente electoral para el PP en Argentina cobrando
de la institución provincial, iba a denunciar públicamente estos hechos. José Vázquez, conocido
entre los populares ourensanos como El Argentino, asegura que envió hace dos meses una carta
al presidente de la Xunta y del PP informándole de la denuncia que ayer publicó este periódico.
"El presidente me contestó por un emisario diciendo que él no respondía por la Diputación, que
eso era cosa de Ourense". Y optó por hacerlo público.
El presidente provincial culpa del caso a la "buena fe" de un funcionario
José Luis Baltar: "Les das un bocadillo y te muerden la mano"
Baltar se mostró ayer muy ofendido con su antiguo empleado -"le das un bocadillo y te muerde
la mano", dijo- y no fue capaz de desmentirlo, aunque negó su participación. Una hora antes,
Alfonso Rueda echaba balones fuera contestando a los periodistas que "debe ser la Diputación de
Ourense quien explique" los hechos denunciados. "No hago valoraciones sobre las noticias de la
prensa", afirmó.
Pero Baltar ya se había explicado ante sus superiores del PP de Galicia. "Hablé esta mañana con
Santiago y ya les dije que íbamos a abrir un expediente informativo para ver si hubo alguna
responsabilidad" de la Diputación, aunque él cree que "se actuó bien". Los servicios jurídicos de
la institución estudian la "reclamarle" a El Argentino "las mensualidades que cobró" del
organismo público durante su estancia como agente electoral en Buenos Aires.
El barón del PP de Ourense reconoció que el entonces empleado de la Diputación se había ido a
Argentina los tres meses previos a las municipales de 2007 -regresó un día antes de la cita
electoral- con la "autorización de su jefe superior". Baltar intentó quedarse al margen del
supuesto fraude señalando que su protegido "abusó de la buena fe" del funcionario jefe: "Le
engañó diciéndole que tenía mi autorización para irse".
Pero mientras Baltar sostiene que, "la Diputación no llegó a enterarse" de que Vázquez se había
ausentado los tres meses preelectorales de su puesto de trabajo, El Argentino asegura que tiene
las facturas de sus llamadas desde Buenos Aires a José Manuel Baltar Blanco -entonces
responsable de organización del PP de Ourense, que presidía su padre- y a Jorge Pumar, uno de
los dirigente que Vázquez asegura que le pidió, junto con el alcalde de Melón, Alberto Pardellas,
que "les trajera votos de allá".
En el relato de su versión de los hechos, el presidente de la Diputación detalló el criterio que
utilizó para contratar a Vázquez en 2002 cuando éste llegó a España, arruinado, desde Argentina.
"Pese a que nadie me pidió por él ni era de mi familia", dijo, lo contrató "porque no tenía ni para
comer".
Ayer, el barón del PP reconoció que se siente decepcionado con su antiguo protegido. "Es una
persona a la que ayudas y te saltas a la torera determinadas cosas". Y añadió: "Hay rumores de
que ha dicho que me quería ver tirado por la calle y de que pidió dinero, aunque parece que no se
lo dieron".
El PSdeG no tardó en reaccionar. Su líder, Pachi Vázquez, tildó de "muy graves" las acusaciones
y demandó que sean desmentidas por el PP y Feijóo, a la vista de la documentación aportada.
Además, reclamó la intervención de la fiscalía en caso de que las denuncias "tengan visos de
realidad".
"FUI AGENTE ELECTORAL DEL PP PAGADO POR LA DIPUTACIÓN DE OURENSE"
Un excontratado por Baltar asegura que recabó votos en Argentina en las pasadas municipales
mientras cobraba una nómina del organismo provincial- Su pasaporte acredita que estaba en
Argentina mientras cobraba de la Diputación
José Vázquez, empleado a dedo por Baltar en la Diputación durante cinco años, asegura que
ejerció como "agente electoral para el PP" en Argentina durante los tres meses previos a las
municipales de 2007. "Fui agente electoral del PP pagado por la Diputación de Ourense", afirma.
Vázquez, ourensano emigrado a Buenos Aires con sus padres cuando apenas era un niño, recaló
en Madrid en 2000. Estaba arruinado. Tras dos años de penurias se le "ocurrió" pedirle cita, para
hacerse con un empleo, al presidente de la Diputación de Ourense, quien no se lo pensó. A los
dos meses de formularle su petición, El Argentino, como lo llaman en el PP provincial, tenía un
trabajo de legoeiro -vigilante de obras de infraestructuras- en la institución provincial.
José Vázquez sostiene que logró 152 sufragios para el alcalde de Melón
"Sigo militando en el PP pero les devuelvo el recibo todos los meses"
Era un contrato temporal y renovable, como el de cientos de ourensanos a quienes el barón del
PP suele recompensar en la institución que preside su trabajo político, según se han hartado de
denunciar los grupos de oposición, PSOE y BNG. Con Vázquez, Baltar hizo al revés. Primero lo
contrató "altruístamente" -"por lo que le quedé muy agradecido"- y después le "reclamó el favor
político".
En 2007, Alberto Pardellas, alcalde de Melón -condenado ahora a ocho años de inhabilitación
por prevaricación- se entrevistó con él. "Me encomendó que me fuera a Buenos Aires a trabajar
el voto de los emigrantes para su ayuntamiento y para los de Ribadavia, O Carballiño, Carballeda
de Avia y Ourense", gobernados estos últimos por el PSOE o por bipartitos.
La reunión se celebró a comienzos de marzo de aquel año. Vázquez sostiene que acompañaban a
Pardellas el exalcalde popular de Ribadavia José Luis Pérez Iglesias, el portavoz del PP en
Carballeda de Avia, Lorenzo González, además del exconcejal ourensano, del círculo más intimo
de José Manuel Baltar Blanco, Jorge Pumar. "Le dije a Pardellas que cómo iba a irme a
Argentina y dejar el empleo. Solo me quedaban 15 días de vacaciones. Pero él me advirtió de
que eso quedaba por su cuenta".
Inmediatamente Vázquez recibió "un llamada de Baltar". "Me dijo que hablara con el jefe de
Personal de la Diputación, José Luis Suárez", hijo del alcalde baltarista de Monterrei, quien le
dijo que "estaba todo en orden". Vázquez viajó entonces a Argentina, donde permaneció -según
consta en su visado de entrada y salida de ese país- durante tres meses.Según el listado de
nóminas que aporta, durante ese trimestre de trabajo como "agente electoral del PP" siguió
cobrando el sueldo de la institución provincial por su empleo de legoeiro mientras acudía "puerta
por puerta" a pedir el voto a los ourensanos afincados en Argentina, fundamentalmente en
Buenos Aires: "Además el PP me ingresaba un extra y, cuando me fui de Ourense, me dieron
dinero en mano para los gastos".
El exempleado de la Diputación explica cómo trabajó el voto "visitando casa por casa":
"También hice algunas llamadas telefónicas desde la sede del PP en la calle San José". Asegura
que aportó a la victoria de Pardellas en Melón 152 votos de Argentina. Para el PP de Bande, el
concejal Enrique Badás -con residencia en Buenos Aires: no acude a las sesiones plenarias del
municipio ourensano- aportó "sobre 400 votos".
Pardellas visitó a Vázquez en Buenos Aires. El entonces candidato a la alcaldía de Melón
organizó en la capital argentina comidas multitudinarias con los emigrantes de su pueblo, a
quienes entregaba un diploma de asistencia al evento con la leyenda "I Xuntaza de Melón en
Argentina" y con los que se fotografiaba. "Las comidas las pagaba el PP; eso sí, no sé con qué
dinero", reconoce el exempleado de la Diputación.
El agradecido baltarista que era José Vázquez se convirtió en un decepcionado con los métodos
del presidente de la Diputación en cuanto, según asegura, este "rompió su promesa" de renovarle
el contrato que le garantizara la jubilación. La ruptura se produjo en enero de 2010 cuando, en el
congreso provincial, José Manuel Baltar Blanco, el hijo del presidente provincial saliente, venció
al candidato arropado por Rajoy y Feijóo, el alcalde de Verín Juan Manuel Jiménez Morán.
En ese momento "Baltar prescindió de mis servicios y no me renovó el contrato", sostiene,
dolido, El Argentino quien, tras agotar las percepciones de desempleo asegura que vive, sin
ingresos, en una casa de Cáritas: "Sigo militando en el PP, pero me tomo el gusto de devolverles
el recibo todos los meses".
José Vázquez salió de Ourense el 16 de marzo de 2007 rumbo a Argentina y regresó, "con la
misión cumplida", el 24 de mayo. "Mi único trabajo allí era pedir el voto", sostiene. La
vinculación del legoeiro con la cúpula del PP fue estrecha. No solo Baltar le ofreció empleo de
inmediato, sino que Vázquez asegura que la pareja del actual presidente provincial, la
exparlamentaria María José Caldelas, ya le había mostrado la confianza del partido y de los
Baltar nombrándolo, apenas aterrizado en Ourense, "jefe de la carpa electoral del PP" de la calle
Paseo en las autonómicas de 2005. Durante su trimestre en Argentina, Vázquez vivió la
transformación de la histórica Casa de Hijos y Nietos de Bande en la Casa de Ourense en Buenos
Aires, una especie de sede duplicada del PP.
"Baltar padre me había prometido que trabajaría para su hijo cinco años más [los necesarios para
cobrar la jubilación] tras el congreso. Pero no cumplió y ahora no me llega para vivir porque no
tengo los 15 años cotizados", afirma. Un portavoz de la Diputación de Ourense confirmó ayer
que Vázquez ha trabajado de legoeiro en la institución, aunque afirmó que lo hizo hasta su
jubilación. El representante del organismo que preside Baltar añade que no le consta ninguna
"petición o autorización" a nombre de José Vázquez para que marchara durante tres meses a
Argentina a trabajar el voto emigrante.
FEIJÓO RESPALDA A LOS IMPUTADOS DEL 'CASO ORQUESTA'
El líder del PP descarta "prejuicios y precipitaciones" con sus alcaldes
A poco más de un mes de las elecciones, Feijóo pide justo lo que no tiene antes de tomar una
decisión sobre los alcaldes del PP imputados en la Operación Orquesta: tiempo. "Tenemos que
conocer ese sumario y conocerlo todo, absolutamente todo", contestó ayer el presidente de la
Xunta y del PP, a la pregunta de si es partidario de que los regidores de Fisterra y Mazaricos,
imputados por el juez, vuelvan a ser candidatos. El "todo" al que se refería son regidores de otros
partidos que Feijóo considera "señalados" en el sumario, ya que aparecen citados en
conversaciones intervenidas por la policía, pero sobre los que el juez no ha encontrado indicios
para imputarlos.
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El presidente deja en manos del grupo popular la comisión de la 'trama agraria'
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Pide explicaciones al PP de A Coruña por el intento de soborno en Arzúa
El presidente gallego no descartó actuar contra sus dos alcaldes, pero las imputaciones judiciales
-prevaricación, cohecho y tráfico de influencias- no le parecen material suficiente para que el PP
los aparte ya de las candidaturas. Para explicarlo, apeló Feijóo a la necesidad de actuar de forma
"contundente y consecuente", lo que en su opinión "está reñido con cualquier prejuicio o
precipitación". De alguna manera, la decisión que tome el Partido Popular estará vinculada a lo
que Feijóo espera que ocurra con otros cargos públicos, a pesar de que los dos alcaldes del PP y
el de Cee, independiente, son los únicos regidores imputados por el juez. "Vamos a conocer la
investigación sin límites, a cuántos alcaldes afecta, qué se les imputa, cuál es la graduación de las
imputaciones y conocer con amplitud todo el sumario", añadió.
Preguntado sobre si lo conocido -las imputaciones y la totalidad del sumario- no es suficiente,
Feijóo respondió: "No sé exactamente qué es lo que se conoce, porque el sumario, que nosotros
sepamos, no lo conocen las partes ni sus abogados en su totalidad". El presidente añadió que,
"por lo leído en los medios de comunicación", resulta "muy sorprendente" que solo estén
imputados los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos.
Algo más contundente se mostró respecto a la posibilidad de investigar la implicación de
funcionarios y cargos públicos de la Xunta en la presunta tramitación irregular de subvenciones,
que también aparecen en los autos judiciales. Será, eso sí, cuando el Gobierno gallego tenga "ese
sumario por capítulos" de la Operación Orquesta. En ese momento, y no antes, "será investigado
en el ámbito de la Administración autonómica y será clarificado".
"Espero que nadie lo considere un abuso de poder", ironizó, en alusión a las acusaciones de la
oposición sobre la investigación de la Xunta a Unións Agrarias, por la que el juez imputa a dos
directores generales del Gobierno gallego por presunta desviación de poder. A diferencia de la
demora de la investigación sobre el caso Orquesta, la Xunta tardó solo una semana en irrumpir
en las sedes de las asociaciones vinculadas a Unións Agrarias desde que el PP denunció en una
rueda de prensa las presuntas irregularidades.
Lo que no parece tan claro es que el PP vaya a impulsar en el Parlamento la comisión de
investigación sobre lo que denomina "trama agraria", esto es, el supuesto desvío al PSdeG de
fondos a través de subvenciones a asociaciones afines a Unións Agrarias. Tras el ofrecimiento de
retirar la solicitud de investigación si los socialistas no insisten en su denuncia de "abuso de
poder" de la Xunta, un trato ya rechazado por el PSdeG, Feijóo dejó en manos de "la autonomía"
del grupo parlamentario el impulsar o no la comisión.
El presidente fue preguntado en tres ocasiones sobre sus intenciones de abrir la comisión, ya
solicitada formalmente por el PP en el Parlamento. Prefirió criticar la actitud del PSdeG el
miércoles en la Cámara. "No sé si le molesta que se investigue o por qué teme que un Gobierno
ejerza sus funciones", afirmó, en referencia a la investigación de la Xunta, que consideró "un
cumplimiento estricto de las normas", y no un "abuso de poder". No fue hasta la tercera pregunta
cuando aclaró que la decisión queda en manos del grupo popular, que él preside.
Sobre Baltar: "Cada uno responde de lo que hace"
Alberto Núñez Feijóo arrojó ayer la toalla sobre la posibilidad de echarle el lazo a la política de
personal del presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Preguntado por los
últimos casos de enchufismo en la institución provincial, el titular de la Xunta decidió
desentenderse. "Cada cual es responsable de lo que haga", respondió.
La frase vino precedida de un alegato en defensa de las competencias que le corresponden a cada
Administración. La Xunta "ejecutará" las que le son propias en cuestiones que afecten a la
Administración local, pero no consideró que competan a su Gobierno las de "personal y
contratación" de ayuntamientos y diputaciones.
"Lo que hace el Gobierno gallego será el Gobierno gallego el que deba responder en todos los
ámbitos, y cada administración pública deberá ser responsable de lo que hace en materia de
personal y contratación", manifestó. Los periodistas insistieron. ¿Cree entonces que no hay
mecanismos para controlar la situación? Feijóo no se salió del carril. "Cada uno es responsable
de lo que hace, y la Xunta es responsable de lo que hace, de lo cual yo doy cuenta diariamente, y
al resto de administraciones públicas le toca dar cuenta a sus órganos de gobierno".
Pese a esta declaración, la Consellería de Presidencia explicó ayer que dentro de los 147
requerimientos enviados a las administraciones locales contra las bases de oposiciones, 14
corresponden a las diputaciones provinciales. La intervención de la Xunta se limita a la fase
previa, ya que que los representantes del Gobierno gallego no participan en los tribunales de las
instituciones provinciales. Entre la última remesa de aprobados por al Diputación de Ourense no
figura el hijo del número 13 de la lista del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Aurelio Gómez,
en contra de lo que publicó este periódico. El resto de los citados en la misma noticia sí
aprobaron.
Feijóo, por otra parte, pidió una aclaración al PP de A Coruña sobre el intento de soborno del
candidato popular al alcalde de Arzúa, aunque advirtió que no lo considera probado. El caso le
pareció "suficientemente grave" para que la dirección provincial del partido "lo analice en
profundidad".
EL BNG Y EL PSOE PIDEN CUENTAS A FEIJÓO POR LA FOTO DE RAJOY EN EL
BARCO DE UN CLAN DE LA DROGA
El BNG y el PSOE gallego han pedido explicaciones en el Parlamento gallego al Partido Popular
por la foto en la que su líder aparece en el barco Moropa, propiedad de un narcotraficante.
"Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún esperan explicaciones
por ese turbio asunto”, afirmó el diputado socialista José Luis Méndez Romeu.
En un pleno, este martes, en el que se debatía el plan eólico puesto en marcha por el gobierno del
popular Alberto Núñez Feijóo, tras una pregunta de la oposición, el conselleiro de Economía e
Industria, Javier Guerra, se defendió mostrando una foto del exvicepresidente de la Xunta Anxo
Quintana en un yate con el empresario Jacinto Rey, a quien en su momento el PP acusó de
favorecerle. Fue entonces cuando el diputado del BNG Enrique Viéitez mostró la portada del
diario Público, que reveló los hechos, donde aparece Rajoy en el yate de un narcotraficante.
Un turbio asunto
El parlamentario socialista José Luis Méndez Romeu también exigió al PP que se aclare por qué
Mariano Rajoy estaba en ese yate. “Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los
gallegos aún esperan explicaciones por ese turbio asunto”, afirmó.
La presidenta del Parlamento recrimina al nacionalista
La presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, reprochó al parlamentario gallego que mostrara
la portada de Público mientras estuvo en el estrado. “Un recordatorio antes de abandonar la
tribuna: puede usted mostrar cualquier tipo de papeles, pero en cualquier caso, que sepa, para
otra vez, que la tribuna no está para colocar ningún tipo de pósters”, precisó.
La visita de Rajoy a Cambados
El 19 de marzo de 2009, en vísperas de la campaña de las elecciones europeas, el PP gallego
organizó un acto en el que participó Mariano Rajoy, que incluyó una visita a la lonja de
Cambados (Pontevedra), donde fue invitado a subir a la embarcación Moropa, dispuesta para la
ocasión.
www.elplural.com 13.04.11
FEIJÓO, SOBRE BALTAR: "YO SOLO SOY RESPONSABLE DE LA XUNTA"
El presidente del PP gallego no se siente con autoridad para recriminar, ni aplaudir, la política de
contrataciones que el barón ourensano de su partido, José Luis Baltar, lleva a cabo en la
Diputación. Ayer, flanqueado por su representante institucional en Ourense -Rogelio Martínez,
condenado a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios,
imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación
de un tanatorio en su pueblo de Arnoia- y por el propio Baltar -a quien la fiscalía investiga por
las contrataciones de personal de la Diputación- Feijóo evitó poner la mano en el fuego por
ninguno de sus dos bastiones en la provincia.
"Yo no soy intérprete de nadie, solo soy responsable la Administración que presido", contestó
cuando los periodistas le preguntaron si respaldaba la política de contrataciones del presidente de
la Diputación y número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense, que contradice su
discurso sobre la contención del gasto: de los 74 millones de euros presupuestados, Baltar
consume 28 en el capítulo de Personal. "La Administración autonómica tiene que dar cuenta de
las políticas de personal que lleva a cabo y las otras administraciones, de las suyas", precisó
presidente de la Xunta y del PP de Galicia, ante Baltar.
Contención del gasto
Obviando el caso de la Diputación de Ourense, sobre el que insiste en no pronunciarse, Feijóo
considera que la política de contención del gasto que predica queda reflejada en el hecho de que
"Galicia es una de las cinco comunidades que cumple con los criterios de déficit público y una de
las dos, con Madrid, que en 2009 y 2010 cumplieron con el objetivo del déficit público".
No fue su única evasiva sobre la actuación de sus representantes en la provincia. El presidente
gallego dejó en manos de la justicia la cuestionada actuación institucional de su delegado en
Ourense, el ex alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez.
"Tengo absoluta confianza en la justicia", aseguró evitando poner la mano en el fuego por su
representante provincial. "En un Estado de derecho todos tenemos que ser responsables con la
ley. Todos", precisó, para argumentar a continuación que los responsables políticos tienen "que
lanzar un mensaje de independencia de la justicia y que ésta actúe con rigor y con todas las
consecuencias".
C.A GALICIA: FEIJÓO: "¿LA POLÍTICA DE PERSONAL DE BALTAR? AHORA ME VOY
A XINZO Y A CELANOVA"
El presidente presume junto a Baltar de "austeridad y contención del gasto"
A 82 días para las municipales, Feijóo abraza el baltarismo. "Se acabaron los tiempos de las
luchas internas", proclamó ayer en Ourense el presidente del PP de Galicia flanqueado por los
dos Baltar (padre e hijo) y por el aspirante a la alcaldía de la ciudad, el parlamentario Rosendo
Fernández, en la inauguración de la oficina del candidato. En el momento en el que arrecian las
críticas, y las denuncias judiciales, contra la gestión de la Diputación por parte del barón
ourensano, Feijóo lo redime con su presencia y su discurso.
Baltar Blanco carga contra el "despilfarro" de los gobiernos bipartitos
El líder del PP gallego proclama el fin de las "luchas internas" en Ourense
No fueron solo sus palabras. Los populares convocaron a los medios de comunicación a unos
100 metros del local en el que se iba a celebrar el acto para que levantaran acta del encuentro del
dirigente gallego con los presidentes del PP y de la Diputación. Los tres, acompañados por un
pequeño séquito, sonrieron para los fotógrafos, se estrecharon las manos y se dieron palmaditas
en la espalda mientras se dejaban ver paseando juntos por la céntrica calle del Paseo.
Ante el portal de la oficina del candidato, medio centenar de militantes baltaristas aclamaron al
aspirante, hombre de la máxima confianza de José Manuel Baltar Blanco, al grito de "alcalde,
alcalde, alcalde", mientras se acercaban a saludar al presidente provincial, a quien felicitaron por
su inminente paternidad. "Presidente, avísame cuando sea el mitin de Esgos", le pidió un
militante.
El presidente del PP gallego quedó prácticamente diluido en medio del baltarismo ourensano a
pie de calle. En la abarrotada oficina del candidato, Baltar Blanco arremetió contra los
"inoperantes y despilfarradores" gobiernos bipartitos y proclamó a Feijóo como "espejo" en el
que se habrá de mirar el "próximo alcalde del PP".
Feijóo le devolvió con creces el piropo. Felicitó al PP de Ourense por "abrir las puertas del
partido" y animó a los militantes allí presentes a "entrar en las casas" para anunciar el "cambio en
la gestión" municipal. Frente al "despilfarro de los socialistas", Feijóo propuso el modelo de
"austeridad y contención del gasto del PP".
Cuando, finalizado el acto, los periodistas le preguntaron si ese modelo de contener el gasto será
el de la política de contrataciones que lleva a cabo José Luis Baltar en la Diputación, Feijóo evitó
responder. "Con todos los respetos, estamos hablando de las elecciones municipales. Y ahora me
voy a Xinzo y después a Celanova", esquivó.
En la oficina del candidato, el presidente gallego había arremetido contra los bipartitos "que
gobiernan aunque pierden las elecciones" en contraposición al "democrático PP", que "se
compromete a gobernar solo si las gana". "Aquí no hay trampa ni cartón, nosotros no tenemos
compromisos con nadie", afirmó Feijóo en la provincia con más denuncias de enchufismo.
Cuando los periodistas le preguntaron si su partido incluirá a tránsfugas en las listas, acusó al
PSOE de haber roto el pacto anti-transfuguismo y despejó el camino para que cada junta local
del PP decida a quién incluye en las candidaturas "de acuerdo con nuestros estatutos".
Un candidato eclipsado por el aparato provincial
El candidato que inauguraba oficina es, pese a haber desempeñado casi todos los cargos
institucionales posibles en el PP, prácticamente un desconocido para la opinión pública
ourensana. El elevado protagonismo de los dos Baltar aniquila la proyección de este político de
discreto perfil que fue alcalde de A Merca, subdelegado del Gobierno y parlamentario
autonómico.
Feijóo se arrima al baltarismo en un momento en el que las encuestas realizadas por el propio PP
le dan una pérdida de tres concejales en la ciudad, dejando al partido a cuatro escaños de la
mayoría absoluta. Ourense sería la excepción al previsible crecimiento del PP en el resto de las
ciudades gallegas.
El candidato no ayuda. Lo reconocen baltaristas y oficialistas, que destacan su bonhomía. La
crispación interna desatada por el nuevo líder provincial -Baltar hijo, que ha laminado en la
ciudad al sector crítico- tampoco. Rosendo Fernández pasa desapercibido en los actos que
celebra, cuyo verdadero protagonista es el presidente provincial, Baltar Blanco.
Ayer Baltar Blanco dio cuenta ante su militancia de la labor que realiza el candidato. "Lleva
trabajando muchos meses en todos los barrios y distritos, fue recibido por el presidente de la
Diputación y por el del PP nacional, con quien estuvimos hace unas semanas", enumeró Baltar
Blanco los logros de su hombre de confianza y apuesta personal frente al más conocido y
valorado por sus votantes -según la encuesta del propio partido- el portavoz municipal del PP y
ex alcalde, Enrique Poly Nóvoa.
En el discurso en su sede de aspirante a la alcaldía, Fernández repitió prácticamente las críticas
del presidente provincial a los bipartitos y al alcalde ourensano, el socialista Francisco
Rodríguez, a quien ambos acusaron de "echar por tierra una buena entrada para el AVE" y de
haber convocado, ayer mismo, "un paripé" con el secretario de Estado de Fomento, "de espaldas
a todos los colectivos sociales y empresariales".
FACENDA ABRIÓ OTRA INVESTIGACIÓN A UNIÓNS AGRARIAS TRAS ACUDIR EL
PP AL JUZGADO
Facenda inició el control financiero de UU AA cuando el caso estaba judicializado
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo implicó a personal de cuatro consellerías en la
investigación a Unións Agrarias, después de que la cúpula del PP acusase en junio pasado al
sindicato de "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas
electorales del PSOE". Además de los investigadores de Traballo y Presidencia, funcionarios de
Sanidade y de Facenda se involucraron también en las pesquisas sobre la central agraria.
Traballo certificó por escrito en octubre que la investigación seguía en marcha
La titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha citado hoy a declarar en calidad de
imputados al director general de Promoción do Emprego, Andres Hermida Trastoy, y al de
Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada Romero, por el modo en que se ordenó y
se llevó a cabo esa investigación. La decisión judicial tiene su raíz en una querella de Unións
Agrarias que atribuye a la Xunta desviación de poder, un tipo de prevaricación administrativa.
El caso parte de una querella anterior que el PP presentó en Corcubión contra el alcalde socialista
de Muxía, Félix Porto, también imputado, al que acusa de utilizar para las municipales de 2007
en Buenos Aires a una trabajadora del sindicato, donde entonces Porto tenía responsabilidades.
Justo doce días después de que el PP ampliase esa denuncia, Facenda abrió un procedimiento de
control financiero contra el sindicato y varias entidades afines que todavía no ha dado
resultados.Lo que sigue es la cronología del expediente abierto por la Xunta a Unións Agraria: el
7 de junio de 2010, coincidiendo con el inicio de un juicio por corrupción a dos ediles del PP de
Gondomar finalmente condenados, la dirección de este partido encabezada por su secretario
general, Alfonso Rueda, y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, extendía el supuesto fraude
en las subvenciones a Unións Agrarias a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. El punto de partida de
su denuncia era la confesión de una trabajadora de Unions Agrarias, que dijo haber hecho
campaña para el PSOE de Muxía en las municipales de 2007, pese a estar contratada por Unións
Agrarias.
La orden se la habría dado el entonces candidato socialista de Muxía y hoy alcalde, Félix Porto,
imputado por este caso. Tras señalar que 28 asociaciones vinculadas a Unións Agrarias habían
percibido ayudas de la Xunta para contratar personal con cargo al fondo de cooperación que
subvencionó en esos años a 300 colectivos, la dirección del PP denunció una "trama agraria para
beneficiar al PSOE". No aportó ni una sola pista más, pero se ganó unos titulares de prensa que,
según reconoció el director general de Promoción de Emprego, Andres Hermida Trastoy, en la
documentación enviada al juez, llevó a su departamento a abrir ese mismo día, el 7 de junio, una
investigación sobre el sindicato.
En ella participó personal de Traballo y de la Consellería de Presidencia del mismo Alfonso
Rueda, que aireó, como secretario general, las denuncias desde la sede del PP. Solo tres semanas
después, el 30 de junio, los populares ampliaron la querella presentada contra el alcalde socialista
de Muxía en Corcubión. Pese a la petición que Unións Agrarias formuló a la Xunta el 9 de julio
para que se frenase el expediente administrativo, tal y como establece la ley para asuntos que
están judicializados, Traballo continuó con su investigación.
Y la Consellería de Facenda inició otra paralela de control financiero sobre las cuentas de Unións
Agrarias. Según consta en la documentación que maneja este diario (en la imagen se reproduce el
documento oficial de Facenda), la Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, adscrita al
departamento de Marta Fernández Currás, puso a trabajar al equipo auditor el 12 de julio de
2010, semana y media después de que el PP ampliase su denuncia. Ni Traballo ni Facenda han
ofrecido ocho meses después ningún dato sobre el resultado de sus indagaciones.
La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, aseguró ayer que "sobre ese tema la Xunta poco más
tiene que decir porque el procedimiento administrativo queda condicionado desde que hay un
proceso judicial abierto. Mientras uno de ellos no termine, que será el judicial, el otro no va a
continuar".
Pese a sus palabras, el departamento que dirige siguió practicando pruebas sobre la supuesta
trama entre junio y noviembre pasado. El pasado 21 de octubre, la jefa de servicio de programas
de cooperación de su consellería, Silvia Cortiñas Fernández, admitía en un documento con sello
oficial que ambas pesquisas, la de Facenda y la de Traballo, estaban coordinadas y seguían su
trámite. Así lo comunicó a varias asociaciones en el siguiente escrito: "Por lo que respecta al
estado de tramitación del procedimiento, se informa que en la actualidad desde la Intervención
Xeral se están terminando los trabajos de control realizados por el equipo auditor, que en
ejecución del Plan de Control Financiero de 2010, realizaron sobre su entidad".
Pese a las palabras de Mato, su departamento siguió recabando información de las entidades
fiscalizadas entre junio, en que se judicializó el caso, y diciembre, según consta en varios
documentos oficiales. Horas después de la comparecencia de la conselleira, un portavoz oficial
dijo a este periódico que el expediente se paralizó el pasado enero.
EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE RUEDA POR SUS PRÁCTICAS "NEONAZIS"
El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, a quien el Partido Popular situó en el
centro de la supuesta trama por ser directivo de Unións Agrarias hasta 2009, exigió ayer la
dimisión del conselleiro de Presidencia y secretario general del PP, Alfonso Rueda, por "utilizar
la Administración con fines partidistas y métodos mafiosos y antidemocráticos". García vinculó
a los populares con prácticas propias de la "noche de los cristales rotos" y culpó a Feijóo de
"presentarse como la vanguardia de la derecha, mientras convierte la Administración en una
brigada central del partido, al estilo neonazi".
Entretanto, el diputado socialista José Manuel Lage Tuñas también registro una pregunta
parlamentaria para que Rueda aclare en el pleno del próximo mes qué papel jugó como
denunciante, desde el PP, e investigador, al frente de la consellería, en la supuesta trama agraria
que los populares atribuyen al sindicato y que según su portavoz Antonio Rodríguez Miranda
habría servido para "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas
electorales".
Preguntado por si ocho meses después de iniciada la investigación respaldaba esa acusación de
financiación ilegal, el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, evitó refrendar esa
imputación que atribuye un grave delito tanto al PSOE como al sindicato Unións Agrarias.
DOS CARGOS DE LA XUNTA DECLARAN COMO IMPUTADOS POR INVESTIGAR A
UU AA
Los responsables de los dos departamentos del Gobierno gallego que investigan desde hace ocho
meses una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás
de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales" deberán comparecer mañana en los
juzgados de Santiago en calidad de imputados. Se trata del director general de Promoción do
Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de
Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero.
La "trama" nació el día que un edil de Gondomar admitió comisiones ilegales
La titular del juzgado número 1 de Santiago quiere escuchar la versión de ambos sobre las
inspecciones y comprobaciones realizadas por personal de la Xunta en distintas sedes del
sindicato el pasado mes de junio, días después de que varios cargos del PP, entre ellos su
portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, y el secretario general, conselleiro de Presidencia y
superior de Bouzada, Alfonso Rueda, denunciasen la existencia de una red de financiación ilegal
que habría servido al PSOE para captar dinero público de la Administración a través de
organizaciones afines.
El giro en los acontecimientos -de denunciar una trama corrupta el PP pasa a ver a dos de sus
cargos en la Xunta declarando como imputados- se produce una vez que el sindicato agrario
Unións Agrarias (UU AA) presentó una querella contra la Xunta a la que acusa de desvío de
poder, un tipo de prevaricación administrativa, por el modo en que se ordenaron y llevaron a
cabo las comprobaciones en los locales del sindicato.
La juez que instruye el caso también ha requerido a la Consellería de Traballo para que le
proporcione documentación que explique el sentido de aquellas visitas. En el escrito que remitió
al juzgado el pasado mes de noviembre, el departamento de Beatriz Mato alega que el personal
que entró el día 7 de junio en 13 oficinas de Unións Agrarias no realizó inspecciones sino
"visitas de seguimiento y control".
En la información que la Xunta remitió a la juez, Traballo admite que la decisión de enviar a su
personal a las sedes de Unións Agrarias se adoptó "ante las informaciones publicadas en
diferentes medios sobre la existencia de presuntas irregularidades por parte de determinadas
entidades vinculadas a Unións Agrarias en la gestión de ayudas para el fomento del empleo
durante 2006, 2007 y 2008 para comprobar in situ la prestación del servicio por parte de los
trabajadores contratados a través de las subvenciones".
O lo que es lo mismo, Traballo reconoce a la juez que la decisión de entrar de forma simultánea
en las oficinas del sindicato se adoptó el mismo día en que el portavoz del PP denunció supuestas
irregularidades en las subvenciones de 2006, 2007 y 2008 concedidas por el bipartito. En la
documentación remitida al juzgado, la consellería se esfuerza en remarcar y repite hasta en tres
ocasiones que el personal desplazado el 7 de junio de 2010 a las sedes del sindicato y las
organizaciones afines, no realizó "inspecciones" sino "visitas de control y seguimiento" para
comprobar que los contratados estaban trabajando.
Argumenta que como 13 de los 28 entes que recibieron ayudas con la Xunta anterior siguieron
cobrando subvenciones tras la llegada del PP al poder, se trataba de supervisar si el personal
contratado desempeñaba alguna tarea en esas asociaciones.
Frente a la tesis de la consellería de que fueron visitas rutinarias para certificar que los
empleados acudían a las oficinas, algunos trabajadores del sindicato aseguraron ya entonces que
el personal de la consellería se autoidentificó como "inspección" y que accedió a las oficinas sin
presentar ninguna orden que les acreditase ni permitirles realizar alegaciones.
El matiz es clave porque las personas que acudieron a las sedes de Unións Agrarias aquel día, el
7 de junio de 2010, no estaban legitimados para inspeccionarlas, puesto que no eran personal
competente ni disponían aún de la orden que la consellería acabó firmando una semana más
tarde, el 14 de junio, y en la que se basaron posteriormente los inspectores de Traballo y de la
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, adscritos a la Consellería de
Presidencia, para interrogar al personal de Unións Agrarias, ganaderos, agricultores y presidentes
de asociaciones rurales.
La llamada "trama agraria" partió de una denuncia del PP el mismo día en que estaban citados a
declarar ante el juez dos concejales de ese partido en Gondomar a quienes la policía detuvo
cobrando comisiones ilegales a promotores inmobiliarios en una cafetería de Vigo. Coincidiendo
con el juicio en el que uno de los ediles, el titular de Cultura, José Luis Mosquera, finalmente
condenado por cohecho, admitió haber cobrado 60.000 euros y pactado otros 90.000 para
financiar campañas del PP y de un partido independiente afín, la cúpula del PP capitaneada por
su portavoz, Rodríguez Miranda, y el secretario general, Alfonso Rueda, hicieron estallar el
escándalo.
La única prueba que presentaron los populares para respaldar sus acusaciones es el testimonio de
una mujer contratada por una de las sociedades vinculadas a Unións Agrarias que declaró haber
hecho campaña por el PSOE de Muxía en Argentina durante 2007. De ese episodio que instruye
un juez de Corcubión y que mantiene imputado al alcalde de Muxía, Félix Porto -por aquel
entonces candidato y dirigente de Unións Agrarias- los populares derivaron una causa general
contra el sindicato y acusaron al PSOE de financiación ilegal.
Un secretario y varios administrativos
Ni uno sola de las diez personas que la Xunta envío el 7 de mayo de 2010 a los locales de Unións
Agrarias tenía la condición de inspector de la Consellería de Traballo. Según admite en la
relación de puestos de trabajo -que el Gobierno gallego mandó al juzgado cuando se le requirió
que identificase al personal que acudió a las oficinas del sindicato-, en la plantilla figura una
ensalada de categorías profesionales, ninguna de ellas capacitada para realizar tareas de
inspección.
Las heterodoxas excursiones a las sedes de Unións Agrarias las integraron desde jefes de sección
hasta una auxiliar administrativa que es personal laboral y por tanto no tiene la condición de
funcionaria, así como varios técnicos laborales e incluso el secretario del subdirector general de
Escolas Obradoiro de la consellería. En el mismo documento, que figura ya en la causa, el
director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida
Trastoy, asume que la orden de realizar las visitas -que no inspecciones- fue suya por estar al
frente del órgano que concedió las ayudas.
XUNTA DE GALICIA: UN GOBIERNO MANIATADO
La mayor caída del presupuesto en la historia de la autonomía atenaza a la Xunta, que apenas es
capaz de aprobar asuntos de trámite en los consellos
Todos los periodistas que siguen regularmente la actividad de la Xunta recuerdan el Consello de
la filloa. Se celebró el 28 de enero de 2008. Aquel día, el bipartito llevó un único asunto a su
reunión semanal de Gobierno: declaró el interés turístico y cultural de la Festa da Filloa de
Lestedo. No hubo más acuerdo que ese y desde entonces se convirtió en un símbolo de la falta de
ideas de la coalición. Dos años más tarde, la Xunta de Feijóo, que ha sufrido el mayor desplome
presupuestario de la historia de la Autonomía, vive bajo el síndrome del Consello de la filloa.
En su peor semana, Feijóo alegó no tener competencias para luchar contra el paro
Facenda reclamará 563 millones más al Gobierno central en los tribunales
Desde que comenzó 2011, año en que las cuentas públicas deberán reducirse en 1.177 millones
de euros hasta llegar a los niveles de inversión de 2006, el Gobierno gallego, sin fondos para
financiar grandes proyectos, apenas aprueba asuntos de trámite y se limita a despachar el día a
día de la gestión. En lo que va de año ha celebrado cinco consellos donde ha dado luz verde a 16
decretos, 31 acuerdos y repasado 21 informes. Excepción hecha de la aprobación definitiva del
Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices do Territorio, que salvaron su último trámite el
pasado jueves, ningún asunto de calado. La Consellería de Industria renueva avales a empresas,
la de Presidencia firma convenios en materia de emergencias e incendios, y la de Educación
cambia nombres a los centros universitarios de Vigo, igual que la de Cultura declara algún
monumento bien de interés cultural.
La prueba de que la falta de fondos atenaza a la Administración gallega estuvo en el Consello de
la Xunta que el presidente desplazó a Coruña el pasado 3 de febrero. A falta de obras para vender
en una de las ciudades que el PP pretende gobernar tras las municipales, el conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, pregonó los fondos que destina en la
provincia a la conservación de las carreteras: 30 millones de euros. Es, con mucho, la mayor
inversión de las aprobadas en este mes y medio. La siguiente son 13 millones de euros que se
destinan a urbanizar el parque industrial de Tomiño, paralizado por este mismo Gobierno al poco
de llegar al poder.
Y mientras, las cifras de la Encuesta de Población Activa colocan a Galicia como la comunidad
donde más ha crecido el paro en 2010, un 20,9%, a pesar de los efectos turístico y los supuestos
récords del Xacobeo. El pésimo dato económico ha pillado al presidente y al PP con el pie
cambiado. En medio de esa cascada de cifras negativas, los populares programaron como
primera comparecencia parlamentaria tras las vacaciones, la del titular de Medio Rural, Samuel
Juárez, para informar de un tratamiento contra la plaga del pino.
Enzarzado en la batalla de las cajas y en mil guerras contra el Gobierno central, Feijóo vive sus
peores días desde que accedió al poder. Esta semana llegó a alegar en el Parlamento que carece
de competencias para luchar contra el desempleo, en un claro signo de impotencia, mientras la
oposición, igual que hizo él la legislatura pasada, le reprocha cada nuevo parado. El presidente
reconoció algo más: que por mucho que reciba más fondos del Gobierno central, los
desempleados serán los mismos.
Lo que no impide que se parapete tras el Ejecutivo de Zapatero al que el propio Feijóo ha
convertido en el payaso de las bofetadas. Sin apenas programas que aprobar, las ruedas de prensa
posteriores al Consello se convierten en un pim pam pum contra el Gobierno socialista,
"culpable" de que la Xunta no pueda ahorrar 100 millones anuales en medicamentos, del
desmoronamiento de las cajas, pero sobre todo de no transferir a Galicia 243 millones de euros
del Fondo de Cooperación firmado en el último acuerdo de financiación autonómica.
Ese dinero que el Ministerio de Economía pretende transferir en 2013 sirve a Feijóo y al PP para
justificar la inacción de la Xunta en cualquier asunto imaginable. Atendiendo a las explicaciones
del presidente y de algunos de sus diputados durante estas últimas semanas, la llegada de esa
partida solucionaría a la vez la financiación de las universidades, el pago de las ayudas por
dependencia, una mayor apuesta por las políticas activas de empleo y hasta la apertura de
guarderías infantiles y residencias de ancianos.
Demasiados problemas que solucionar con solo 243 millones de euros. A esa cantidad sumó la
Conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, una nueva deuda, otros 563 millones, en
recaudación del IVA y otros conceptos, que la Xunta amenaza con reclamar en los tribunales.
La mano del presidente, en las notas de prensa
Que el actual Gobierno de la Xunta no es el que soñó Feijóo tras ganar las autonómicas es algo
que sabe todo el partido y que ni siquiera los asesores del presidente se atreven a desmentir. En
circulos financieros está corrido que Juan Ramón Quintas, ex presidente de la Confederación
Española de Cajas de Ahorro, era el elegido por Feijóo para capitanear la economía gallega en
medio de esta tormenta perfecta que resultó ser la crisis. Dijo que no.
Directivos de empresas importantes también desecharon otras ofertas del presidente para hacerse
con una cartera en la Xunta y al final, pese a que gozó de plena libertad para configurar su
gabinete, Feijóo tiene el Gobierno que puede, pero no el que le gustaría.
Cuenta entre sus personas de máxima confianza a Agustín Hernández, titular de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, la más inversora, y a Alfonso Rueda, titular de
Presidencia y su alter ego en el partido, pero algunos alcaldes y cargos intermedios de la Xunta
empiezan a echar en falta más peso político en otros departamentos, especialmente en el área
económica.
Y así las cosas, es el propio Feijóo el que no solo coordina, también supervisa toda la labor del
Gobierno, hasta el punto de que llega a revisar personalmente los comunicados de prensa que
manda la Xunta a los medios de comunicación sobre sus discursos. El presidente cambia titulares
e incluso dicta la redacción de las notas que se envían a los medios. Algunas fuentes señalan que
ese afán por controlarlo todo, por estar en el más mínimo detalles, que siempre ha caracterizado a
Feijóo, ralentiza la acción del Gobierno.
Su apretada y mediática agenda que suele requerir de su presencia en medios nacionales -al
contrario de lo que hacen otros dirigentes, Feijóo no suele denegar entrevistas, por pequeño o
crítico que sea con él el medio de comunicación- lastra también capacidad ejecutiva a la Xunta.
EL PP PROMETIÓ SIETE PLANES PARA CREAR EMPLEO EN SU PROGRAMA
ELECTORAL
Ninguno de esos programas se ha puesto en marcha tras dos años de Gobierno
El primer eje en el que el PP gallego basaba su programa de campaña en las pasadas elecciones
autonómicas se refería a impulsar la competitividad y la apertura de la economía gallega. Uno de
los puntos para conseguirlo era el fomento del empleo a través de políticas específicas y de la
actividad emprendedora. De seis planes concretos destinados a emplear a mujeres, jóvenes,
inmigrantes, personas con discapacidad, parados de larga duración y autónomos, así como un
plan autonómico de empleo general, ninguno se ha puesto en marcha tras casi dos años de
Gobierno. Los planes, que conllevan una dotación específica para sus años de duración y
engloban todas las medidas sobre un ámbito, estaban pensados para el periodo 2009-2013.
Las últimas ayudas para fomentar el empleo de jóvenes se publicaron en 2009
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba el pasado miércoles que Galicia no
tenga competencias suficientes en materia de empleo para hacer frente al crecimiento del paro en
la comunidad autónoma donde más creció el año pasado, un 20,9%. El programa con el que
Feijóo llegó a la Xunta, sin embargo, recoge decenas de medidas en planes que aún no se han
puesto en marcha. La Consellería de Traballo explica que esos planes se están debatiendo en las
mesas de diálogo social, de donde quieren que salgan con el mayor consenso posible.
Aunque no hay programa director, Traballo asegura que ha adoptado medidas destinadas a los
colectivos más vulnerables incluidas en diversas líneas de ayuda de la Consellería. Las acciones
específicas para jóvenes -hay 22.000 parados menores de 25 años- desaparecieron de las
convocatorias de ayudas y subvenciones durante el año pasado y las últimas puestas en marcha
son de comienzos de 2009. Las actuaciones de empleo y formación para jóvenes desempleados
se centran en escuelas taller y talleres de empleo. Traballo asegura que también el plan
estratégico de juventud incluye medidas de fomento de empleo. Las mujeres no tienen tampoco
nuevas medidas específicas a su alcance, aunque desde Traballo insisten en que recibe un trato
diferenciado en todas las ayudas de la Consellería a este colectivo, como los incentivos a las
empresas por contratos indefinidos de trabajadoras. Están en marchar varias medidas como el
programa Executiva, que pretende impulsar el liderazgo de las mujeres a través de su formación
en escuelas de negocio, y los incentivos a las pequeñas y medianas empresas para que ejecuten
planes de igualdad. El colectivo de los inmigrantes no dispone de subvenciones para su
integración laboral, mientras que los parados de larga duración cuentan con ayudas para la
contratación indefinida a mayores de 45 años.
Otros ámbitos, como el de los autónomos, sí que disponen de una o dos líneas de ayuda como la
financiación de proyectos que promocionan este tipo de empleo o el que ayuda a sufragar los
gastos de sus entidades asociativas. Para potenciar el empleo de personas con discapacidad
existen incentivos para financiar los costes laborales y de la Seguridad Social de estos
trabajadores y para la creación y mantenimiento de centros especiales de empleo.
EL CACIQUISMO NO SE ACABA EN UN DÍA
Feijóo prometió hace dos años regenerar la política y tumbar el clientelismo en 24 horas pero los
incumplimientos del código ético se repiten sin que el PP actúe
Una mañana de febrero, hace ahora dos años, lanzado hacia la presidencia de la Xunta, el
candidato Alberto Núñez Feijóo prometió que nada más llegar al poder acabaría "con el
caciquismo y el clientelismo en un solo día". Un bus de excursionistas jubilados camino de
Portugal había parado por sorpresa en Oia para completar el aforo de un mitin del BNG y el
episodio le sirvió a Feijóo para "pedir perdón en nombre de la política" y exigir la dimisión de
Anxo Quintana. Cuando vio que el entonces vicepresidente no estaba por la labor, elevó el tiro y
reclamó al presidente, Emilio Pérez Touriño, la destitución "fulminante" de su socio cuando
quedaban cinco días para las elecciones.
Alcaldes y cargos imputados esperan los juicios desde sus despachos
Para significar la nueva era que abriría su mandato, en aquellos mítines deslizaba incluso alguna
crítica a los Ejecutivos de Fraga. Frente al bipartito y "sus escándalos", el nuevo PP no admitiría
mácula en sus dirigentes. Eso fue antes de ganar las elecciones. Desde entonces, media docena
de cargos institucionales y de partido han vulnerado el código ético del PP sin que su presidente
haya movido un dedo. El último caso significativo es el de los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, a
quienes el juez ha dejado en libertad provisional tras imputarle los delitos de cohecho,
prevaricación y tráfico de influencias en la Operación Orquesta contra una presunta red de
corrupción en la Cosa da Morte. Según los estatutos del partido, ambos regidores deberían ser
apartados de sus cargos institucionales. De momento, compatibilizarán sus visitas al juzgado
cada quincena con el bastón de mando, y el PP sigue considerando la idea de presentarlos como
candidatos.
No son casos aislados. El ambicioso listón de la ética de Feijóo en campaña queda también muy
alto para Evaristo Juncal. El ex delegado de Urbanismo de la Xunta en Pontevedra abandonó su
puesto en el Gobierno cuando se supo de su chalé ilegal y de los negocios que mantenía con
testaferros de narcotraficantes. Tras las informaciones publicadas por este diario, fue relevado en
la consellería, pero sigue como presidente del PP de Caldas, donde nunca ha pagado impuestos
por su segunda residencia.
La ansiada regeneración democrática de aquellos mítines está, sobre todo, en las antípodas del
comportamiento de las diputaciones de Pontevedra y Ourense. Al frente de esta última, José Luis
Baltar, simultanea el mensaje de austeridad del PP, que repiten Mariano Rajoy y Feijóo, con la
contratación de familiares de los compromisarios que permitieron a su hijo hacerse con la
presidencia provincial del partido. La institución gasta más en personal que la Diputación de A
Coruña, mientras busca acomodo a familias populares para saldar favores. Y la dirección
regional mira hacia otro lado. El barón de la provincia de al lado, Rafael Louzán, disfruta de
manga ancha para fraguar mociones de censura y pactos con tránsfugas en los ayuntamientos que
controla. Si alguna ha disgustado a la cúpula del PP gallego, sus dirigentes optaron por ver, oír y
callar.
Igual que hizo hace mes y medio cuando el alcalde de A Merca -un municipio con 2.500
vecinos-, Manuel Jorge Velo, se adjudicó un sueldo de 3.600 euros en el Ayuntamiento hasta el
día de las elecciones. Interrogado sobre si avalaba esa decisión, Feijóo respondió hace un mes
que pediría explicaciones y actuaría en consecuencia. Nunca más se supo.
Tampoco hubo represalias contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal
denunció en un juzgado por prevaricación urbanística, después de que permitiese aflorar
mamotretos por todo el municipio que ni siquiera contaban con los servicios básicos. Las
primeras sentencias han anulado los permisos que concedió su Junta de Gobierno, pero, lejos de
castigar su conducta, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas lo ha
premiado con un convenio para corregir todas esas deficiencias de los suelos con dinero público,
14 millones de la Xunta, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo.
El regidor de Portas, Roberto Vázquez Souto, espera también un juicio por delito fiscal sentado
en su despacho. Como lo ha hecho durante estos dos años el alcalde de Tui, Antonio Fernández
Rocha, otro habitual de los juzgados por cuestiones urbanísticas y que es además promotor
inmobiliario en su propio municipio.
La regeneración que obvia Feijóo
- Los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados por cohecho y prevaricación siguen ostentando
el bastón de mando, pese a que el código ético del PP obligaría a apartarlos de sus cargos.
- El presidente del PP de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, continúa al frente del partido después
de ser relevado en la Xunta cuando se conoció que tenía un chalé ilegal y sus negocios con
testaferros de narcotraficantes.
- El alcalde de Barreiros se mantiene en el poder después de que el fiscal lo haya denunciado en
el juzgado por prevariación urbanística. La Xunta y la Diputación de Lugo financian los
servicios de los que carecen los suelos donde concedió licencias.
- El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, continúa dando contratos a
familiares de los compromisarios que ayudaron a su hijo a ganar el congreso provincial.
- Rafael Louzán pergeña mociones de censura con tránsfugas en Mos y Silleda con la
aquiescencia de dirección regional.
GALICIA ENTRA EN LO PEOR DE LA CRISIS
El paro avanza en Galicia más rápido que en el resto de España y la producción industrial se
desploma - Las ventas al exterior pierden fuelle
A Galicia las cosas le suceden tarde, para bien o para mal. Hace dos años, cuando media España
temblaba de miedo por la crisis, un sindicalista se quejaba amargamente porque, decía, los
jóvenes gallegos interpretaban un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como unas
vacaciones pagadas. Ahora, con 21.000 menores de 25 años apuntados al Servicio de
Colocación, ya no se hacen bromas con el tema. Los 237.313 parados con que acabó 2010 son
14.474 más que los anotados en las oficinas un año antes. Galicia es la cuarta comunidad que
más desempleados ha generado en los últimos doce meses. Sus listas corren un 25% más rápido
que la media española. Aún así, según la Encuesta de Población Activa (datos del tercer trimestre
de 2010), la tasa de paro roza el 15% cuando la media del país acaricia el 20%.
La bolsa de pisos nuevos sin vender suma 34.323 viviendas
"El debate no debe centrarse en el Xacobeo", opina Manuel Lago
Unos 21.000 menores de 25 años no encuentran trabajo en Galicia
El crecimiento de viajeros en 2010 fue del 6% según Estadística
La mala evolución del paro se suma a otros datos bastante desalentadores. La producción
industrial cae entre enero y noviembre de 2010 un 3,4%, mientras que el índice general español
avanza en positivo un 2,7%. Las últimas cifras de vivienda del Ministerio de Fomento muestran
que la bolsa de pisos nuevos sin vender ha crecido en Galicia más que en ninguna otra
comunidad (excepto Valencia) el año pasado. Suma 4.462 inmuebles vacíos y alcanza las 34.323
unidades, por encima de los 20.000 que estimaban los promotores. Los precios del metro
cuadrado construido, por el contrario, crecieron un 0,2% cuando en el resto del país bajaban
(aunque moderadamente), lo que significa que los constructores no quieren asumir las pérdidas
mientras la banca les siga refinanciando.
¿Significa que se acaba aquel plus de resistencia del que presumía el anterior gobierno bipartito
de la Xunta, o es que realmente nunca existió? "En el último año el índice de producción
industrial y el empleo caen fuertemente. Una vez descontado el menor shock inicial de una
burbuja inmobiliaria, que aquí estaba menos inflada, y barrido el activismo del gobierno bipartito
en inversiones, dependencia y servicios sociales, tan solo queda como factor diferencial la obra
pública en AVE, autovías y puertos". Para Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Santiago, estos son los únicos combustibles de la máquina que tira del
mercado. Sectores básicos están sufriendo el correctivo de la crisis (automóvil, naval,
construcción, lácteo) cuando en otras comunidades autónomas se tocó fondo. "Las exportaciones
son el único componente de la demanda agregada que genera crecimiento económico. Pero a
diferencia de España, donde observamos que un trimestre tras otro las exportaciones crecen más
que las importaciones, en Galicia constatamos lo contrario. En el tercer trimestre han crecido
más las importaciones y en consecuencia han lastrado el crecimiento", añade Venancio Salcines,
presidente de la Escuela de Finanzas de la Fundación Barrié.
El PIB gallego, que en 2008 crecía con un diferencial positivo de ocho décimas frente al del
conjunto del Estado, ha perdido buena parte de ese empuje. En el tercer trimestre del año pasado,
esa diferencia, positiva para Galicia, se redujo a la mitad. Y ese plus se recortará aún más, según
las propias previsiones de la Consellería de Facenda. "Debemos partir de la base de que estamos
ante una crisis de ámbito mundial. Galicia, como el resto de las economías, está sufriendo las
consecuencias", concluye el catedrático de economía financiera de la Universidad de Santiago
José A. Redondo, que destaca la menor tasa de paro y el superávit de la balanza comercial. "No
debemos ocultar deficiencias estructurales que es necesario corregir y que solo tienen solución a
muy largo plazo".
El efecto Xacobeo ha ayudado a amortiguar un poco el empeoramiento de los índices, aunque las
estadísticas de viajeros que se alojan en establecimientos turísticos (excluidos, por tanto, los
peregrinos), hablan de crecimientos modestos (del 6% en el número de visitantes y del 5% en
pernoctaciones cuando solo falta por contabilizar el mes de diciembre).
"El Xacobeo no es suficiente para contrarrestar el grave problema industrial", apunta el
economista Manuel Lago. "El debate no debe centrarse en si el Xacobeo aportó crecimiento, el
verdadero debate es nuestro sector industrial y la Xunta lo elude obsesionándose con un tema
menor", añade. No es de la misma opinión Luis Caramés, catedrático de la Universidade de
Santiago: "Galicia viene de vivir un exitoso Xacobeo con cifras millonarias de visitantes.
Presenta una tasa de crecimiento más positivo que el del conjunto de España. Si la industria
levanta cabeza es posible que concluyamos 2011 creciendo el 1% o, lo que es lo mismo, todavía
sin crear empleo". Es de la teoría de que Galicia "sigue un ciclo relativamente especial dentro de
España", con crecimientos menos espectaculares cuando las cosas van bien y recesiones menos
bruscas.
Entretanto, para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "la culpa de todas las tensiones
económicas" es del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En concreto le reprocha los acuerdos de
financiación autonómica (en los que las comunidades del PP se abstuvieron), la presión para
reducir el déficit de las autonomías, la política sanitaria (por la contestación al catálogo de
medicamentos) y la Ley de Dependencia. Cierto que Galicia es una de las pocas regiones
disciplinadas en el objetivo del déficit, pero también que su deuda alcanza ya el 10,6% del PIB,
por encima de la media.
"La Xunta tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros y amplias competencias en
industria, economía, infraestructuras, empleo o educación. Es, por lo tanto, el principal agente
económico del país, por encima del Gobierno central. De ahí que la responsabilidad de la
evolución económica mejor o peor recae en el Gobierno autónomo y su presidente", reflexiona
Manuel Lago.
El año pasado 12.963 trabajadores estuvieron afectados por un ERE. De ellos, 1.470 fueron
despedidos. Son, comparativamente, 7.501 y 434 menos que en 2009, aunque según un informe
de CC OO, las empresas gallegas utilizan los ERE sólo en el 5% de los casos de despido. En seis
de cada diez rupturas de contrato prefieren la vía rápida: reconocer inmediatamente carácter
improcedente del acto y depositar la indemnización.
En este mar revuelto de la economía, la comunidad autónoma acaba de asistir a la operación que
dio lugar a la fusión de las cajas. Su objetivo a largo plazo es convertirse en un elemento de
dinamización. Pero Novacaixagalicia tiene que hacer frente de forma inmediata a un montón de
problemas, como despedir a 1.200 trabajadores, afrontar los pagos del dinero que ha pedido
prestado al Frob y pelear para seguir siendo una caja de ahorros. Si Merrill Lynch ha acertado en
su último informe, la caja gallega necesita recapitalizarse con 3.100 millones. No va a ser fácil
que, en estas condiciones, financie además la recuperación económica de sectores clave para
Galicia.
PACHI VÁZQUEZ ACUSA A FEIJÓO DE DEJAR A GALICIA SIN PRESIDENTE
DURANTE 10 DÍAS
Pasados 10 días desde que comenzó sus vacaciones, no había ayer agenda oficial del presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Sí hubo una escueta nota en su nombre con declaraciones
sobre el comunicado de ETA, y críticas de la oposición por permanecer "ausente de los
problemas de Galicia" durante todo este tiempo, en palabras del portavoz parlamentario del
BNG, Carlos Aymerich. El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, reconoció el derecho del presidente
de la Xunta a estar de vacaciones, pero advirtió: "Lo que no es normal es que Galicia esté sin
presidente durante 10 días".
"Llevamos 10 días sin saber oficialmente dónde está el presidente de Galicia, y sin que el Diario
Oficial de Galicia haga mención alguna a si está aquí o nos está dirigiendo desde Brasil o desde
cualquier parte del planeta", acusó el secretario general del PSdeG. En ausencia de Feijóo, que
pasó sus vacaciones en Salvador de Bahía, y a falta de una delegación expresa de competencias a
otro conselleiro, la presidencia de la Xunta recayó en funciones todos estos días en la titular de
Sanidade, Pilar Farjas, como miembro del Gobierno de mayor edad.
Vázquez recordó a Feijóo su actitud en la oposición, cuando exigió las cuentas de unas
vacaciones del entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, en una casa de O Grove. "Yo doy por
sentado que se las paga él", contrastó, aunque consideró "muy difícil de explicar a los gallegos"
que en momentos complicados, a causa de las inundaciones o los datos del paro, "no se sepa
dónde está el presidente". "Si Zapatero se va el día 1 a Cancún sin decir nada y el 10 sigue igual,
yo creo que cae el país", opinó.
Carlos Aymerich, mientras, tiró de ironía para referirse a las vacaciones del presidente. Así,
subrayó que, mientras Feijóo estaba en Brasil, realizó un mensaje de fin de año "en directo o
falso directo" en el que aseguraba sentirse "muy próximo" a los gallegos que están viviendo con
desánimo por el desempleo y en el que recordaba su situación de "responsabilidad". Al respecto,
bromeó con que esa responsabilidad se debía de referir a "la elección complicada" de qué cuál
"compañía aérea" iba a elegir para su viaje, y relacionó el "espacio para la ilusión" del que habló
en su mensaje navideño con las vacaciones que le esperaban.
El grupo parlamentario del PP replicó a la oposición con un comunicado en el que acusa a
socialistas y nacionalistas de "dramatizar", pero que no aclara el paradero del presidente de la
Xunta ni la delegación de competencias. Según el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz
Rivas, Feijóo estuvo "en contacto, no solo con su Gobierno, sino también con el de España".
Como prueba de esto último, cita las conversaciones que mantuvo por teléfono con las ministras
de Defensa y Pesca por el secuestro del Vega 5.
LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD
La mitad de las adjudicaciones de las consellerías en 2010 se efectúan a dedo
Se suceden los gobiernos, se multiplican las promesas pero, a la hora de la verdad, ninguno
renuncia al ventajoso sistema de la adjudicación directa. Sólo en los 11 primeros meses de 2010,
la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha repartido más de 151 millones de euros en 733
procedimientos negociados sin publicidad. Eso supone que más de la mitad de las adjudicaciones
del Gobierno gallego han sorteado la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por un
importe que supera al 8% del total destinado a contratos de obras y servicios.
Deportes distribuyó en un solo día dos millones de euros entre 56 clubes
La ley de contratos del sector público establece el procedimiento negociado como una modalidad
que debe estar justificada por razones "técnicas", "artísticas" o "de urgencia", y que no deben
superar los 60.000 euros salvo excepciones. Con este sistema, la Administración debe consultar
con un mínimo de tres candidatos, de los que resultará un adjudicatario elegido por la mesa de
contratación. Eso dice la ley, pero otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la realidad, ya que
tanto el Gobierno de Feijóo como el bipartito o antes el de Fraga exprimen al máximo un sistema
que ni propicia la competencia entre licitadores ni promueve la concurrencia en condiciones de
igualdad.
Los 733 contratos negociados sin publicidad firmados entre enero y noviembre de 2010, ambos
incluidos, figuran en la propia plataforma de contratación de la Xunta en Internet, que funciona
desde 2008 y se puede consultar en la web de la Xunta. La cantidad total asciende a 150.847.542
euros. Su número total supera en 73 (un 11%) al de contrataciones de obras y servicios de la
Xunta que se publicaron en el DOG en el mismo período, por una cantidad total de 1.667
millones de euros. En esa cifra entran grandes contrataciones como el hospital de Vigo, que
supera los 300 millones.
Aunque todas las consellerías recurren a este sistema, la de Medio Rural es la que más destaca.
También ha empleado muy recientemente el mismo método la Fundación Deporte Galego, que el
pasado 2 de diciembre repartió de una tacada 1,9 millones de euros entre 56 clubes mediante una
orden firmada por el presidente de la comisión ejecutiva, el director general de Deportes, José
Ramón Lete. El informe del Consello de Contas de 2006 destapó un fraude en las ayudas a
federaciones y clubes deportivos, y atribuía a Lete "graves deficiencias" en su gestión de
Deportes durante el mandato de Manuel Fraga.
En este caso, ninguno de los clubes seleccionados supera el límite legal de 60.000 euros sin IVA
que la ley establece para los contratos a dedo, listón que se han saltado en abundantes ocasiones
otros departamentos del Gobierno gallego acogiéndose a las excepciones que establece la ley. Es
lo que hizo la Presidencia de la Xunta para contratar "sistemas de alimentación ininterrumpida
para los nodos de la red corporativa de la Xunta" (254.310 euros); Educación, para "las
actividades Abrapalabra e ola, ola, la!" (206.800 euros), y Medio Rural, para los servicios de
"difusión y divulgación de información agroganadera y forestal" en Lugo y Ourense (125.000
euros cada contrato).
GALICIA. UN BLINDADO DE FRAGA, 31.000 EUROS
Pesaron en la campaña electoral de las autonómicas de 2009 tanto o más que la rebaja fiscal
generalizada que Feijóo prometió para 600.000 familias. Eran el símbolo "del lujo y la
suntuosidad" que el PP atribuía a Touriño y, por extensión, a todo conselleiro del bipartito que
osase remodelar un despacho. Pero cambió el Gobierno, y, como en el caso de la bajada del
IRPF, nunca más se supo de aquellos audis. En realidad, del Audi, porque de los tres blindados
que había en el parque móvil de la Xunta, el gabinete del presidente socialista había comprado
uno por 480.000 euros, frente a otros dos acorazados que por un precio similar (300.000 euros,
pero siete años antes) se habían adquirido para Manuel Fraga, el primero en septiembre de 2001
y el segundo catorce meses más tarde.
Los tres blindados siguen hoy en las instalaciones de un grupo de concesionarios de Santiago,
Noyamóvil, que comercializa Citroën y Lancia, entre otras marcas, y proveedor habitual de la
Xunta, y que se hizo con ellos a cambio de pagar a la Consellería de Presidencia 330.000 euros
en especie (entregó coches que el Gobierno gallego prometió destinar a servicios sociales).
Y no parece que tengan mucha salida en el mercado de segunda mano las berlinas blindadas con
inhibidor de frecuencia y sistema antibombas durante esta época de crisis. En el escaparate de
Noyamóvil conviven desde hace meses los dos vehículos de Fraga junto a pequeños utilitarios
diésel y fáciles de aparcar, mucho más demandados como vehículos de ocasión. Ambos tienen el
mismo precio, 31.000 euros.
El más antiguo, matriculado en septiembre de 2001, cuenta con tracción a las cuatro ruedas,
4.200 centímetros cúbicos en su motor a gasolina, cristales a prueba de explosivos, y blindaje
especial, como el que salvó al ex presidente del Gobierno José María Aznar del atentado de
ETA. Entre la tapicería de cuero sobresale el teléfono con cables desde el que daba órdenes
Fraga en medio de sus maratonianas jornadas en la carretera. El cartel detalla incluso el número
de kilómetros, 157.323, y ofrece garantía de un año para el que se lleve este turismo "full equip".
El equipamiento del otro Audi A8 que transportaba a Fraga cuando gobernaba Galicia es similar:
también cuenta con asistente de aparcamiento mediante sensores (una auténtica revolución
tecnológica a principios de 2000) y en cada lateral tiene incluso soportes para colgar esas
banderitas que tanto lucen en las cumbres internacionales. Si bien en este caso, no hay anuncio
que explicite las características del vehículo, y los vendedores de tienda tampoco ofrecen
demasiados datos porque "esos modelos los gestiona directamente la dirección". "El que puede
comprar uno de esos coches habla directamente con la dirección", admite un comercial.
En cuanto se menciona el tercer Audi, el de la polémica, el que usó el PP en campaña para decir
que era "más caro que el de Obama", del que algunos candidatos llegaron a decir que "tenía
misiles", nadie sabe nada. Ni siquiera la dirección de Noyamóvil que le busca comprador desde
hace un año. A diferencia de los otros dos, el blindado de Touriño no está en exposición y el
concesionario tampoco explica el precio a los periodistas. "Bastante polémica tuvo ya ese
coche", es lo máximo que acierta a decir uno de los gestores, al otro lado del teléfono. Después
de meses acumulando polvo en los sótanos de la Xunta, el Audi de Touriño espera chófer en
algún garaje de Santiago.
(www.elpais.com, 31/10/10)
"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS"
La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó el
pasado miércoles a la oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una
proposición de ley para localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los
socialistas era aguardado. "Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica
Concepción Burgo (PSdeG), que calificó las palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras"
y "unidas a valores del pasado que hoy nadie debería asumir".
El parlamentario conservador advirtió en el Parlamento de Galicia del peligro que supone, a su
juicio, "revivir fantasmas" del pasado y llegó a decir que "un abuelo falangista lo tiene
cualquiera". El nacionalista Bieito Lobeira dejó claro que no era su caso y se encargó de
recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por el régimen. Ayer, el propio presidente
gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y aseguró que la Guerra
Civil está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política.
- La postura contraria del PP a que se localicen los desaparecidos deja en manos de las
universidades gallegas, a través del proyecto Nomes e voces, esa tarea.
- El rechazo era previsible, pero dado que era una propuesta de ley abierta a todas las víctimas,
esperábamos una reacción más ética y no unida a unos valores que no asume ninguna derecha
europea, que ha condenado el franquismo y otras muchas atrocidades que ocurrieron en sus
respectivos países. No esperábamos una respuesta tan virulenta, que nos enseña que en el PP
queda una derecha poco civilizada, alejada del centro, unida a valores del pasado y que parece
querer imponer sus ideas sobre las de los demás. Algo que consideramos lamentable.
- Feijóo comentó que sentía un "respeto profundo para los abuelos que se mataron entre sí",
aunque esa afirmación resulta tan inexacta como la de los "abuelos falangistas" de Baamonde.
- En Galicia no hubo guerra y fundamentalmente hablamos de represaliados. Desde el primer
instante, la represión fue muy fuerte y terminó, según algunos historiadores, con unos 7.000
muertos. Me dolió el desprecio que utilizó contra las víctimas cuando dijo que el pasado tenía
que quedar enterrado, lo que quiere decir enterrado en las cunetas. En cuanto a Feijóo, es terrible,
porque las denigra. En Galicia no se mataron entre sí: solo murió una parte, la que sufrió la
represión.
- El PP les acusa de buscar la rentabilidad política.
- Feijóo se contradice. Si es algo del pasado y está enterrado, como sostiene él, qué rentabilidad
política vamos a encontrar en esos restos. La Guerra Civil está en el pasado, cierto, pero las
heridas están presentes y se curan diciendo la verdad. Pero éste, el de la memoria histórica, es un
terreno muy duro y difícil para ellos, donde se manejan muy mal y con mala conciencia, por lo
que es normal que intenten apartar el asunto.
- Familias y asociaciones de víctimas aseguran que la Ley de Memoria Histórica, en la práctica,
no se aplica.
- La Ley recoge el derecho de las familias a identificar a sus muertos y en Galicia la Xunta no ha
hecho nada al respecto. No quiso firmar con el ministro Caamaño el convenio para realizar el
mapa de fosas ni el protocolo de exhumaciones. En definitiva, han abandonado toda la política
de la memoria histórica, por lo que decidimos presentar esta proposición de ley. Veíamos una
indefensión de los afectados —familiares y asociaciones que tienen derecho a buscar a sus seres
queridos y honrarlos públicamente— frente a la Xunta del PP, que sufre de inacción: no están
haciendo nada y no quieren hacerlo. Había que denunciarlo, porque tenemos un compromiso
moral con las víctimas, de nuestro partido y de otros, incluidos republicanos conservadores.
(www.publico.es, 15/10/10)
GALICIA. FEIJÓO PERMITIRÁ MANTENER NEGOCIOS PRIVADOS A LOS ASESORES
DE LA XUNTA
De forma silenciosa, en la misma Ley de Presupuestos en la que la Xunta quiere recuperar el
nombramiento a dedo de los jefes de servicio, Feijóo pretende imponer un cambio sustancial en
el régimen de incompatibilidades que rige para los cargos públicos. Se trata de una modificación
de la norma que promovió Fraga en 1996, por la que se eximirá a los asesores de la Xunta de
atenerse al sistema de incompatibilidades que deben respetar los demás cargos de la
Administración autonómica.
La modificación figura entre la documentación remitida por la Consellería de Presidencia a los
sindicatos para discutir hoy la reforma de otra ley, la de Función Pública. El Gobierno gallego
colgará ambos cambios normativos del proyecto de Ley de Presupuestos. En la de
incompatibilidades, la modificación afecta a un único artículo, el 2, en el que figura la relación
de cargos públicos a los que les incumbe el régimen de control. Desaparece el personal de
confianza y de asesoramiento especial, tanto de la Xunta como de organismos autónomos,
sociedades y entes públicos y fundaciones, unas 200 personas, y se les sustituye por los jefes de
Gabinete del presidente y los conselleiros, 11 en la actualidad. Como consecuencia de este
cambio, asesores y demás cargos de confianza de la Administración gallega ya no estarán sujetos
al férreo régimen que deben atender los miembros del Gobierno, secretarios generales,
directores, delegados, responsables de organismos autónomos y cualquier otro puesto cuyo
nombramiento se efectúe por decreto del Consello de la Xunta. Así, dejarán de ejercer sus
funciones con dedicación absoluta, y podrán combinar su actividad pública con cualquier otra
profesión por cuenta propia o ajena.
A diferencia de como viene ocurriendo desde 1996, también podrán ocupar cargos de dirección,
representación o asesoramiento de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles y consorcios. La
reforma legal les permitirá asimismo compatibilizar el cargo en la Xunta con la percepción de
pensiones de jubilación, y cobrar más de una remuneración, periódica o eventual, con cargo a los
presupuestos públicos. Con su salida del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades,
asesores y personal de confianza perderán la obligación de inhibirse del conocimiento de los
asuntos en cuyo despacho interviene empresas o sociedades en las que han participado ellos o
sus familiares. También podrán poseer la titularidad de participaciones sin límite en empresas
con conciertos o contratos con el sector público, ya sea estatal, autonómico o local.
La medida beneficia al personal que nombran para su asesoramiento tanto el presidente de la
Xunta como los conselleiros y el resto de altos cargos, ya sean de la Administración autonómica
como de organismos públicos o fundaciones. A diferencia del resto de cargos, con la
modificación de la ley dejarán de estar obligados a formular las declaraciones de actividades y de
bienes patrimoniales, en las que debían incluir todos sus negocios, la totalidad de sus bienes y
obligaciones y las participaciones en todo tipo de empresas y sociedades.
Se trata de la segunda modificación que experimenta el artículo 2 de la Lei de
Incompatibilidades de Galicia en sus 14 años de existencia. En 2006, el bipartito aprovechó la
Lei de Transparencia y Buenas Prácticas para establecer un cambio, aunque en el sentido
contrario al ahora emprendido, al extender las limitaciones a los asesores y personal de confianza
de presidentes y directores de organismos autónomos, sociedades públicas y fundaciones, entre
otros entes.
La nueva reforma se tramitará en el mismo proyecto que los Presupuestos y la de Función
Pública que recuperará el nombramiento a dedo de al menos 700 cargos administrativos, a partir
de los jefes de servicio.
FEIJÓO HA CREADO 200 CARGOS POLÍTICOS, SEGÚN EL PSOE
El viceportavoz del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, denunció ayer que el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "con su falsa austeridad fuerza la ley de presupuestos" para
designar "más de 200 nuevos cargos políticos" y premiar a los funcionarios por su "obediencia
partidaria" y no por "su capacidad".
Así lo manifestó el PSOE en un comunicado, en el que además apuntaba que "el consellerio de
Presidencia, Alfonso Rueda, y Feijóo renuncian a la reforma" de la Función Pública prometida y
"cuelan por la puerta de atrás" la movilidad forzosa de los funcionarios.
El portavoz de Presidencia del PSdeG consideró que las políticas de Feijóo "huyen de la
austeridad" y, además, "evitan una reforma en profundidad" de la administración pública. Ante
estas cuestiones, el PSdeG animó a los sindicatos de la función pública "a revelarse" contra la
discrecionalidad de la que "quiere hacer uso" la Xunta, al "clasificar a los funcionarios en buenos
o malos", en función de sus preferencias políticas.
La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó a la
oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una proposición de ley para
localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los socialistas era aguardado.
"Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica Concepción Burgo (PSdeG), que
calificó las palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras" y "unidas a valores del pasado
que hoy nadie debería asumir".
recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por el régimen. El propio presidente gallego,
Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y aseguró que la Guerra Civil
está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política.
represión.
no se aplica.
FEIJÓO ENSEÑA SUS COSTURAS
Empequeñeció las siglas del PP en el atrezo de campaña cuando arreciaba lo más duro de la
trama Gürtel, rompió con su imagen de vicepresidente de Fraga llegando a admitir en público
algunos errores del antiguo régimen, pero sobre todo prometió regenerar la vida pública tras el
bipartito que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. Ese era el candidato Alberto Núñez Feijóo, que
se proponía regresar a la Xunta pidiendo perdón, mitin a mitin, "en nombre de la política", para
conjurar los pecados de PSOE y BNG. Prueba de su convicción, cesó de forma fulminante al
cabeza de cartel en Ourense, Luis Carrera Pásaro, llamado a convertirse en gurú económico del
futuro gobierno, cuando supo que se iba a revelar que había cobrado comisiones no declaradas en
paraísos fiscales.
El episodio sucedió a semana y media de las autonómicas de 2009 y Feijóo buscó el espejo de
Obama, que por aquellos días también había relevado a quien iba a ser su jefa de control
presupuestario, Nancy Killefer, por no haber declarado el sueldo de su empleada del hogar. "El
presidente de los Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer y yo he hecho lo que tenía que
hacer", sentenció entonces Feijóo.
De esa cita hace año y medio. Además de recuperar el poder en Galicia -o sobre todo por eso- el
presidente de la Xunta se ha convertido en líder emergente del PP nacional y una de las voces
que más influye en Mariano Rajoy. Tal y como había prometido, la nueva cara amable de la
derecha ha rebajado antes que ningún otro presidente regional los gastos de su Administración,
suprimido cuatro de 12 consejerías y 47 altos cargos con sus correspondientes chóferes y coches
oficiales. No hay rueda de prensa del Gobierno gallego en que "la austeridad de Feijóo" no salga
a relucir, mientras la oposición aprovecha para denunciar recortes sociales como el fin de la
gratuidad universal de los libros de texto.
De aquel discurso de la regeneración democrática que prometía cortar de raíz cualquier sombra
de duda, antes incluso de que intervenieran los juzgados, no hay noticias. A pesar de que durante
estos 18 meses se han sucedido las imputaciones judiciales de altos cargos del Gobierno, el
presidente evita echar mano ya de la doctrina Obama. Y eso que en su primer año de legislatura,
Feijóo tuvo oportunidad de toparse con su propio caso Killefer. Ana María Díaz López, directora
general de Formación y colocación en la consejería de Trabajo, fue condenada en sentencia firme
por despido improcedente (de una empleada sin contrato y sin seguro en un domicilio y un
restaurante familiar)
Feijóo optó por dejarlo correr. Un año después, Díaz sigue en su puesto y a principio de cada
mes hace balance de los datos del paro. Igual que el hombre fuerte del Gobierno, Agustín
Hernández, que preside el departamento más inversor, la Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras, aún después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo
haya imputado por certificar en falso desde su anterior puesto como director de infraestructuras
la Diputación de Pontevedra el final de una obra que apenas había comenzado a una
constructora, Sercoysa, en la que él mismo había trabajado como directivo. Hernández, aforado
por ser miembro del Gobierno, compareció este viernes ante el tribunal y regresó como si nada a
su consejería. Feijóo sigue respaldándolo. Es su hombre para las obras públicas porque, según
repite en público y en privado, está seguro de que el consejero "pudo meter la pata, pero nunca la
mano".
El jefe territorial de este mismo departamento en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal,
también mantiene su silla después de que este diario revelase hace semanas que en 2001 pagó
156.166 euros a la trama Gürtel (a través de la firma Special Events de Francisco Correa) por un
informe para instalar un sistema de información telefónica a ganaderos que en la Xunta nadie
encuentra por ningún lado.
En este primer año de Gobierno del PP, se ha desvelado además que el delegado de la misma
consejería, responsable del urbanismo en Pontevedra, Evaristo Juncal, tiene un chalé ilegal por el
que en 24 años no ha pagado el IBI en el Ayuntamiento donde es concejal. Juncal había saltado
ya a los titulares cuando se supo de sus negocios con testaferros de narcos. El presidente de
Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, también se ha dado de bruces con el juzgado.
La fiscalía le atribuye haber autorizado en tiempos de Fraga una piscifactoría por "intereses
económicos ajenos". El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, que se ha visto
involucrado en un fraude de ayudas de la Unión Europea, sigue representando a todas las
consejerías del Gobierno gallego en aquella provincia. No hay noticia de que ni Feijóo ni el PP
vayan a aplicar el rigor del código ético que rige en los estatutos del partido.
El compromiso de "acabar con el caciquismo en un solo día" que el nuevo PP gallego, y sobre
todo su líder, abanderaron también es papel mojado. En Ourense, donde el sempiterno barón,
José Luis Baltar provincial, ha cedido los trastos del partido a su hijo, José Manuel, se repiten los
enchufes para acceder a la Diputación. Familiares e hijos de los compromisarios que permitieron
a Baltar, tras treinta años de mandato, sucederse a sí mismo, han copado las nuevas plazas de
funcionario en la Diputación de Ourense. Y mientras, la oposición no deja de repetirse qué debe
pasar para que Feijóo cese por fin a alguien en la Xunta o el partido.
LOS CASOS QUE EL PRESIDENTE NO QUIERE VER
- Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, imputado por el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia por certificar obras en falso.
- Ana María Díaz, directora de Formación y Colocación en la consejería de Trabajo, condenada
por despido improcedente.
- El jefe territorial de Medio Ambiente en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, pagó 156.000
euros a Gürtel por un informe que no aparece. Su homólogo en Pontevedra, Evaristo Juncal,
delegado de urbanismo, tiene un chalé ilegal.
- El presidente de Puertos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, denunciado por el fiscal
que ve prevaricación en el permiso de una piscifactoría.
- El superdelegado en Pontevedra, Rogelio Martínez, imputado por fraude documental.
FEIJÓO GASTA AHORA MEDIO MILLÓN DE EUROS SÓLO EN MOBILIARIO PARA LA
BIBLIOTECA DEL GAIÁS
El presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, quien acusó a Zapatero de “actuar como
un nuevo rico en épocas de vacas flacas", ha anunciado que va a gastar más de medio millón de
euros en dotar de mobiliario la biblioteca del Gaiás, la Ciudad de la Cultura, que se construye a
las afueras de Santiago de Compostela.
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La oposición acusa a Feijóo de viajes partidarios con fondos públicos
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tres...
Unos 88 millones de las antiguas pesetas destinado a la adquisición, entre otros muebles, de
sillas de diseño por valor de 509 euros cada una y butacas para el auditorio por unos 800 euros la
unidad. Un arrebato de despilfarro que, sin embargo, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela,
se ha apresurado a justificar afirmando que “no contradice la política de austeridad de la Xunta”.
Sillas de 509 euros
Feijóo, que ha reiterado sus mensajes de austeridad, después que basara su campaña política para
llegar a la presidencia de Galicia en una fuerte cruzada contra el supuesto despilfarro de su
antecesor Emilio Pérez Touriño, ha decidido anunciar cuatro licitaciones que suman exactamente
533.610 euros (lo que equivale a 88,8 millones de pesetas). La primera de ellas, con un
presupuesto de 191.600 euros, está destinada a la adquisición de 376 sillas, que tendrán un coste,
de media, de 509,10 euros cada una. En el pliego destaca la oferta para comprar 188 sillas
destinadas a los visitantes y que son del tipo Bertoia, apellido del célebre artista y diseñador
italiano que hizo el modelo Diamond de varilla soldada en la década de los años cincuenta. El
precio de mercado de cada una oscila entre los 200 y los 400 euros, según La Voz de Galicia.
Butacas de 800 euros
El segundo pliego, con un presupuesto asignado de 94.600, está destinado a la compra de
muebles fijos -mesas para puestos de trabajo. El tercero es una partida de 150.610 euros para
mobiliario auxiliar (escritorios, cajoneras, archivos y mesas de reuniones). Y la cuarta licitación,
que cuenta con 96.800 euros, es para dotar con 121 butacas el auditorio de la biblioteca. Cada
unidad costaría unos 800 euros.
La austeridad de Feijóo
Hace unos días, siguiendo con su mensaje de austeridad, Feijóo anunció su decisión de rebajar el
sueldo a los funcionarios y altos cargos, una medida que ahorrará unos 60 millones de euros. Sin
embargo, la Xunta mantiene su intención de gastarse 40 millones de euros en la obra más cara
que tiene en marcha Galicia, la Ciudad de la Cultura, que se construye en el monte Gaiás.
Los gastos de la Ciudad de la Cultura
El Gaiás, que será abierto en noviembre próximo, generará anualmente unos gastos fijos de
890.000 euros en concepto de consumos de energía y agua, vigilancia, limpieza y tareas de
mantenimiento. El cálculo no incluye otros desembolsos corrientes, como, por ejemplo, los de
suministros de material de oficina, los de primas de seguros, comunicaciones, ni, sobre todo, los
de plantilla, según destaca la prensa gallega.
FEIJÓO ADMITE QUE LA XUNTA GASTÓ EN EXCESO PARA IR A LA EXPO
En medio de las acusaciones de la oposición por los gastos de los viajes de Alberto Núñez
Feijóo, el presidente de la Xunta ha llamado la atención al departamento de Cultura por gastarse
más de 14.000 euros en los pasajes del conselleiro, su jefa de gabinete y el director del Xacobeo
de dos acompañantes para ir a la Expo de Shanghai (China). Feijóo admitió ayer que el coste de
los billetes "pudo ser excesivo", por lo que instó a los departamentos de su Gobierno a vigilar las
agencias con las que contratan y la anterioridad con la que cierran sus viajes, informa Europa
Press.
Sin embargo, el presidente de la Xunta se negó a aceptar "lecciones de austeridad" por parte del
PSdeG. Así, mostró su sorpresa por que los socialistas hagan ese tipo de denuncias cuando el
actual Gobierno ahorró "un 90%" de los 3,5 millones de euros de presupuesto inicial previsto por
el bipartito para la presencia gallega en China.
Cultura acostumbra a hacer en clase preferente todos los viajes de más de seis horas para llegar
al destino "con unas pocas fuerzas". El responsable de la consellería, Roberto Varela, aseguró
que en su departamento está así regulado para "viajar en unas mínimas condiciones que puedan
garantizar la realización" de su trabajo, que calificó de "muy duro". Así, explicó que tuvo un acto
en Shanghai a las nueve y media de la mañana tras doce horas de viaje. "Si cuento con la
confianza de mi presidente tengo pensado seguir haciéndolo", sentenció.
El Gobierno deberá dar explicaciones también por estos viajes en el Parlamento. Los socialistas
presentarán una moción para regular los viajes institucionales, mientras que el BNG defenderá
otra iniciativa sobre la "hiperactividad viajera" de Feijóo. Además, "la confusión entre lo
institucional y lo partidario", dicen, les está costando dinero público a los gallegos. El portavoz
nacionalista, Carlos Aymerich, criticó las frecuentes ausencias de Galicia del presidente de la
Xunta y se preguntó: "¿Estamos pagándole los viajes y gastos para que haga campaña por
España?", se preguntó. El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, acusó a Feijóo de
"estar de bolos por España". "Tiene una pierna aquí y otra en Madrid".
Para el PP, estas críticas se deben a que la oposición "está rabiosa porque Feijóo, como Fraga,
fueron admirados y queridos en el Estado español".
LA OPOSICIÓN ACUSA A FEIJÓO DE VIAJES PARTIDARIOS CON FONDOS PÚBLICOS
Los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE y BNG han acusado al presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de estar "de bolos" en viajes institucionales por toda España que,
según la oposición, tienen carácter partidario, pese a que son pagados con fondos públicos.
Tras la junta de portavoces, sin embargo, el popular Manuel Ruiz Rivas dijo de socialistas y
nacionalistas que, en realidad, lo que les contraría es el "afecto y admiración" hacia la figura del
presidente de la Xunta en el resto de España, mientras que señaló que el anterior Ejecutivo sí que
era un ejemplo de "despilfarro" en sus viajes.
Cuestiones
El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, anunció tras la reunión de la Junta de
Portavoces que su grupo llevará al próximo pleno una interpelación sobre los viajes de miembros
de la Xunta, en los que, a su juicio, se mezcla lo institucional y lo partidario.
Venezuela
A este respecto, recordó el viaje del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, a Venezuela, que
coincidió con el congreso del PP en aquel país y con la entrega por la Xunta de un cheque al
presidente de los populares venezolanos, como miembro de una fundación de emigrantes.
Shangai
Este viaje, dijo Leiceaga, "le está costando dinero al conjunto de los gallegos", y citó también el
desplazamiento a Shangai del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y su equipo, que costó más
de quince mil euros, en un momento en que "todos deberíamos apretarnos el cinturón".
De bolos por España
Se refirió también a que el presidente de la Xunta "está de bolos por toda España, publicitando su
figura". Núñez Feijóo, subrayó, "tiene una pierna aquí y otra en Madrid, por si acaso suena la
flauta por casualidad y tiene que desempeñar alguna función" en el PP nacional, lo que "nos está
costando demasiados recursos a los gallegos".
Hiperactividad viajera
Por su parte, el portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, lamentó la "hiperactividad viajera" del
presidente e indicó que estaría bien que el Gobierno gallego ofrezca explicaciones sobre ella.
"Como mínimo, dos días a la semana", el presidente no está en Galicia, manifestó el dirigente del
BNG, que lamentó que ayer Núñez Feijóo estuviese en Andalucía "compareciendo con Arenas",
presidente del PP andaluz.
En campaña
A este respecto, se preguntó si los gallegos "le estamos pagando el salario, gastos y viajes al
señor Feijóo para que haga una campaña partidaria por España adelante".
Explicación del PP
El portavoz popular Manuel Ruiz Rivas replicó a la oposición al asegurar que socialistas y
nacionalistas están "dolientes" por que el presidente gallego sea una figura "admirada y querida
en todo el territorio español. El PSOE y el BNG, manifestó, tuvieron "bastante tiempo" para
regular los viajes institucionales cuando estuvieron en el Gobierno, y así habrían "evitado
muchos gastos y cuartos a los ciudadanos" y citó visitas a La Habana del anterior Ejecutivo, que
a su juicio no generaron "absolutamente nada positivo".
Contra el PSOE y el BNG
"Ahora dan muchas ideas que bien pudieron plasmar en la práctica cuando dieron ejemplo de
todo lo contrario" a la austeridad, señaló el portavozdel PP, que indicó que el PSOE y el BNG
han sido "ejemplo de despilfarro", mientras el actual Ejecutivo reduce los gastos institucionales.
(www.elplural.com, 02/06/10)
EL PSDEG DENUNCIA CONTRATOS CON "AMIGOS DEL PP"
El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, denunció ayer que la Xunta adjudicó
19,6 millones de euros a empresas de "familiares, compañeros de partido y amigos del alma".
García citó las adjudicaciones a una empresa de la que es directiva la sobrina del ex ministro
José Manuel Romay Beccaría, a la que se concedieron contratos por valor de cuatro millones de
euros, "algunos sin publicidad".
En la lista está Tecnoma, que preside el ex conselleiro Carlos del Álamo, que "de momento"
obtuvo 1,6 millones. Carat-España, que hasta 2006 fue presidida por el ex portavoz del Gobierno
Miguel Ángel Rodríguez, recibió siete millones de euros para el Plan de Medios del Xacobeo.
Vueling, dirigida por el ex líder del PP catalán Josep Piqué, percibió siete millones, según el
PSdeG, sin concurso. Hizo "mención aparte" el gasto de siete millones en más de 400 coches
"del mismo concesionario", "casualmente, del que regaló a Feijóo un coche". También se refirió
a la adjudicación de 120.000 euros a una fundación que lidera el presidente del PP en Venezuela.
GALICIA EMULA A VALENCIA Y HARÁ CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO ENTRE
JÓVENES
La Xunta de Galicia promoverá campañas de sensibilización para a la protección del "derecho a
la vida en formación", según recoge específicamente el anteproyecto de ley de apoyo a la familia
que presentó el lunes. Se trata de una terminología habitual entre los colectivos antiabortistas y
calcada de la ley valenciana de protección de la maternidad de 2009, abiertamente contraria a la
interrupción del embarazo.
La ley introduce medidas de apoyo a los mayores y de reeducación de menores que delincan,
pero cuando habla de la maternidad copia preceptos de la ley valenciana, como el "derecho de
los hijos a desarrollarse en un entorno familiar alternativo al biológico, cuando este no sea
propicio". También prescribe "campañas informativas" para niños y promueve la acogida y la
adopción "como alternativa para que la mujer gestante pueda continuar con su embarazo".
Fuentes de la consejería descartan que la ley sea antiabortista y avisan de que su tramitación aún
se encuentra en una etapa inicial.
LAS PROMESAS EN EL AIRE DE FEIJÓO
Las propuestas electorales que le auparon a la Xunta de Galicia no se han cumplido en sus 12
meses de mandato
La estampa que inauguró la nueva era en la Xunta de Galicia no pudo ser más elocuente: 10
lustrosos Citroën aguardaron en la Plaza del Obradoiro de Santiago a que otros tantos
conselleiros regresasen de su toma de posesión. La primera pregunta que tuvo que responder el 2
de marzo el presidente in péctore en la resaca de su victoria electoral fue sobre la venta del Audi
A8 blindado de su predecesor, objeto de una larga polémica durante la campaña electoral. Dos
anécdotas que explican el tono de la campaña que devolvió al PP al Gobierno gallego. Sin ese
doble discurso, el de la crisis y el lujo del saliente bipartito, presidido por el PSOE, no se
entendería este primer año de legislatura.
Nada más aterrizar en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo rebajó un 25% el número de consejerías y
laminó a 45 de los 52 delegados provinciales, para cuadrar su anunciada reducción del 70% de
altos cargos. De ese "plan de austeridad", que dejó envejecer docenas de audis en el garaje de la
Xunta mientras se siguen pagando sus seguros, vivió el nuevo presidente durante sus primeros
meses.
Hasta que llegó el momento de cuadrar los Presupuestos para 2010. En sus primeras cuentas, el
compromiso estrella del PP para bajar el IRPF, dormita en el cajón a la espera de tiempos
mejores. El propio Feijóo admite que no será posible acometer la cacareada rebaja, que ya ha
pospuesto hasta el final de la legislatura. A cambio, la consejera de Hacienda, Marta Fernández
Currás, sí ha cumplido con el propósito de recortar el impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, con mucho menor impacto en los bolsillos de los contribuyentes.
Y, mientras, la cola del paro se alarga en Galicia. Si el programa del PP lamentaba el número de
desempleados, 189.903 en enero de 2009, esa cifra ahora ha engordado en 41.725 personas más.
El Presupuesto de 2010 también ha dejado al aire otras costuras de la nueva Xunta: si hace un
año el PP censuraba que la partida para Universidades sólo crecía un 4%, en los nuevos números
cae un 2,39%.
Otro gran argumento de la campaña, el del uso del gallego en la enseñanza, sigue rigiéndose por
el tan criticado decreto del anterior Gobierno de Emilio Pérez Touriño, después de que
Educación presentase unas bases que el único consenso que lograron fue el del rechazo, con una
multitudinaria manifestación y protestas generalizadas entre la comunidad educativa y los
padres. Feijóo augura que la futura norma (que según varias fuentes está ya muy avanzada)
entrará en vigor el próximo curso, mientras busca fórmulas para conciliar la libertad que
prometía en sus mítines, y el equilibrio entre gallego y castellano que consagraba su "contrato
con los ciudadanos".
Pero los principales desvelos del presidente de la Xunta en su arranque de mandato, sobre todo
en los últimos meses, están en su proyecto de fusionar las dos cajas gallegas. Una de ellas,
Caixanova, se opone. La ley de cajas, aprobada por trámite de urgencia, permitiría renovar su
órgano directivo y desbloquear la unión, pero el recurso del Gobierno ante el Tribunal
Constitucional ha frustrado la hoja de ruta de Feijóo.
FEIJÓO: "VOY A SER BREVE PORQUE HE QUEDADO CON MARÍA"
El presidente de la Xunta se insinúa a una joven actriz durante una cena con jóvenes
simpatizantes del PP gallego
""Si os calláis, sigo hablando". La voz del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, intenta hacerse eco entre la algarabía de un restaurante cercano a Santiago.
Allí se han congregado jóvenes simpatizantes del Partido Popular de Boqueixón, Vedra, Arzúa,
Melide y demás ayuntamientos limítrofes, aunque en la cita también están presentes miembros
de Novas Xeracións (la franquicia gallega de las juventudes del PP) y cargos políticos venidos de
otros rincones de la región.
El ambiente es festivo y algunos asistentes lo interrumpen con comentarios jocosos. "Calla la
boca, que está emocionado, joder". El líder conservador cierra la Noche Solidaria con Haití,
organizada por varias asociaciones juveniles el pasado 5 de marzo en un local de Montouto
(Teo), justo antes de dar paso a la actuación de una orquesta. En el programa no se menciona al
partido, pero sí constan las intervenciones del director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro Tato,
y del propio presidente.
El discurso comienza de modo formal. "Os agradezco mucho que os sintáis orgullosos de
participar en los intereses generales de Galicia", arranca Feijóo. Luego, critica a las juventudes
del PSOE y del BNG, ensalza las virtudes de los suyos y suelta la primera machada: "Voy a ser
breve porque he quedado con María Mera a partir de la una en ir a tomar una copa. De momento
me dijo que no, pero lo voy a intentar". Un joven suelta: "Un sinvergüenza. Es un payaso".
De la pasarela del centro comercial a la TVG
La joven a la que se refiere Feijóo, presente en el comedor, es María Mera, una actriz nacida en
1986 en Boqueixón y natural de Vedra. Cuando tenía 16 años, ganó un concurso de belleza
organizado por un centro comercial santiagués y, desde entonces, ha participado en programas y
series de la TVG como Acompáñenos o Matalobos. El comentario, en el que insistiría más tarde,
ha sido calificado de "machista" por la oposición política.
El BNG local ha censurado "el trato negligente con la chica, a quien trata como un objeto
sexual", así como su "actitud machista, ya que delante de unos jóvenes Feijóo vende el rol de
estar por encima de ellos, que tienen que plegarse a sus deseos". Fuentes nacionalistas también
aseguran que, además, proyecta a los jóvenes "una imagen muy negativa" y "fomenta ir de fiesta
hasta las seis de la madrugada", como se puede ver en las imágenes. Una "fiesta de verdad".
El PP resta importancia a la "anécdota"
Fuentes del Partido Popular de Galicia han informado de que Feijóo tenía un compromiso al día
siguiente, por lo que debía ausentarse del acto. Sin embargo, la excusa del presidente ha
levantado sarpullidos en el BNG de Boqueixón, que no se explica como "se puede hablar de la
generación ni-ni y, a la vez, plantear que se empalmen las copas con el desayuno", como propone
Feijóo. "Y de aquí hasta que se organice la fiesta", prosigue el líder conservador en el vídeo, "yo
voy a seguir hablando con María Mera para ver si tengo alguna posibilidad". Fin del discurso.
"Muchas gracias".
"De momento me dijo que no, pero voy a seguir hablando con ella para ver si tengo alguna
posibilidad", aventuró Feijóo
Una mera "anécdota", según el partido. "En un acto informal, sin corsés ni discursos preparados,
Feijóo comenta que no le parece pertinente insultar a ningún partido, no hace apología del PP y
habla de libertad lingüística", subrayan fuentes conservadoras. La grabación también muestra a
un Feijóo convencido de que, si en vez de jóvenes populares los invitados fuesen socialistas,
"casi todos estarían empleados en algún chollo [trabajo] de algún Ministerio" y, si se tratase de
nacionalistas, "sólo se podrían dirigir en un idioma, sólo se podría hablar una cosa y estarían toda
la noche hablando mal del PP".
Respecto a la referencia a la actriz, las mismas fuentes —que no han confirmado si es militante
de la formación conservadora— le restan importancia. "María, lejos de sentirse ofendida, se lo
tomó a broma", aseguran tras hablar con ella. "Y le sorprende que se haya dramatizado de esa
forma".
FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO
MULTIMILLONARIO PARA QUE GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS
Galicia contará con tres nuevos destinos internacionales: Vigo- Bruselas, A Coruña- Amsterdam
y Santiago-Zurich. La Xunta gastará 4,5 millones de euros este año en subvencionar esas líneas
aéreas. El anuncio lo hizo personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo en una rueda de
prensa celebrada en noviembre último. El lado bueno de esta noticia fue recogido por los medios
de comunicación gallegos. El malo pasó desapercibido para la mayoría. La empresa que hará los
vuelos y recibirá la subvención, sin que haya mediado un concurso público, es Vueling, la
compañía que preside Josep Piqué, ex presidente del PP de Cataluña y amigo de Feijóo.
Les han visto juntos paseando por Santiago. Degustando exquisiteces gallegas en una pulpería en
Casas Novas, la zona donde está ubicada la residencia oficial del presidente gallego, Monte Pío.
Fuentes oficiales dijeron que se trató de una visita privada.
Una estrecha amistad
Entre Piqué y Feijóo existe una estrecha relación desde hace años. El presidente gallego respaldó
al ex líder de los populares catalanes cuando este presentó su dimisión en julio de 2007, por sus
diferencias con la cúpula del partido, y por su parte, Piqué apoyó a Feijóo en diversos actos
políticos durante su campaña electoral en las autonómicas gallegas.
Piqué, el abridor de Vueling
Josep Piqué fue nombrado presidente de la compañía aérea Vueling en 2007. Más que un
presidente ejecutivo, se ocupa de las relaciones institucionales, de abrir negocio, un puesto que,
para quien ha sido ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología y de Exteriores, debe resultar
relativamente más fácil que para otros, y que, como se ve, desempeña con éxito.
Los 4,5 millones
La Xunta destinará este año 4,5 millones de euros para potenciar los tres destinos
internacionales, que en su totalidad realizará Vueling, y que tendrán una frecuencia de tres días
por semana. Los nuevos servicios supondrán repartir la citada cantidad entre las tres terminales,
de forma que el aeropuerto de Lavacolla (Santiago) recibirá 1.870.000 euros, el de Peinador
(Vigo), 1.390.000 y el de Alvedro (A Coruña), 1.230.000 euros.
Ryanair, el trato oscuro
De la cifra destinada al aeropuerto de Santiago, se concederán 500.000 euros a subvencionar a la
compañía irlandesa Ryanair en los vuelos que ya realiza con destino a Roma. Según fuentes del
sector, la forma de operar de esta compañía, que tiene una política comercial muy agresiva, está
“provocando una distorsión del mercado”, y se quejan de que las relaciones de la Xunta de
Galicia con esta empresa son poco transparentes. Ryanair recibe todos los años una subvención,
que tramita el organismo de Turismo de Santiago, y en el que participa el Gobierno autonómico,
el de A Coruña y Santiago, además de una entidad privada.
Violación de la normativa europea
Fuentes del sector han trasmitido a El Plural su malestar por la adjudicación a Vueling de los tres
nuevos destinos internacionales y afirman que no se ha respetado la normativa europea que
regula las subvenciones al transporte aéreo a través de una serie de pasos administrativos, que
tienen como requisito imprescindible la máxima transparencia a través de concursos públicos.
Las Aerolíneas históricas en Galicia
Air Europa, KLM y Air France son algunas de las compañías que operan en Galicia desde hace
años y que han trasmitido ya su queja al Gobierno de Feijóo por su actuación en esta
adjudicación a dedo a Vueling.
¿Concurso amañado?
En la mencionada rueda de prensa, que se celebró en noviembre último, Feijóo y su consellero de
Turismo, Roberto Varela, anunciaron, también, dos nuevos destinos nacionales: Valencia y
Sevilla, aunque precisaron que en este caso sí se convocaría un concurso público. Algo que sin
embargo, han recibido con suspicacia las mismas fuentes del sector consultadas por El plural,
que expresaron su temor de que se trate de un concurso cuyas puntuaciones estén manipuladas
para favorecer a una única empresa: Air Nostrum, del grupo Nesfinsa, cuyo propietario es la
familia Serratosa, que mantiene estrechos lazos con administraciones donde gobierna el PP,
como la Comunidad Valenciana.
PSdeG: “Dudosa” adjudicación
También desde la oposición política se ha cuestionado la adjudicación. Los socialistas gallegos la
han calificado de “dudosa”, y han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de
beneficiar "al señor Piqué”, de "promulgar la austeridad sólo para los gallegos, recortando
derechos en educación o en inversión para hospitales, pero no para sus amigos”. La portavoz de
Turismo del PSdeG, María Quintas, ha pedido ya explicaciones.
El Delfín y el vuelo a Gürtel
Alberto Núñez Feijóo, un político joven, cuyo curriculum no está relacionado con la era Aznar,
es considerado por los dirigentes populares como el nuevo delfín del PP. El preferido de Rajoy,
después de que la imagen del presidente valenciano, Francisco Camps, resultara dañada, y
además, su victoria en Galicia le dio al líder nacional el respiro que necesitaba. Por estas razones
muchos ven en él a una promesa política dentro del partido. Aunque no lleva todavía un año
como presidente de la Xunta y ya estamos hablando de falta de transparencia en adjudicaciones.
Debería cuidarse Feijóo de este modo de hacer que puede comprometer su futuro político. Se
comienza con este tipo de manejos turbios y se termina embarcado en un vuelo con destino a
Gürtel.
FEIJÓO SE GASTA SEIS MILLONES EN COCHES EN NUEVE MESES
La austeridad de Alberto Núñez Feijóo no da para más. La Xunta que preside se ha gastado en
nueve meses 6,3 millones de euros en la adquisición de 347 coches, varios de ellos de alta gama,
mediante leasing (alquiler con derecho de compra) o renting (alquiler a largo plazo con todos los
servicios incluidos), según el diputado socialista Xosé Manuel Lage. La lista confeccionada por
el parlamentario del PSdeG incluye vehículos para el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la
Consellería de Medio Rural.
Xosé Manuel Lage, que pedirá explicaciones en el Parlamento al conselleiro de Presidencia,
Alfonso Rueda, centró sus críticas en la adquisición de varios vehículos de alta gama para altos
cargos cuando la Xunta sigue teniendo en sus cocheras 17 Audis parados desde que Feijóo llegó
a la presidencia. Entre ellos, citó un todoterreno "de gran cilindrada" y dos berlinas de alta gama
para Sogama, una sociedad participada por la Xunta que se dedica a gestionar los residuos de los
ayuntamientos. Para uno de los coches, la convocatoria exigió 240 caballos de potencia y
tapicería de piel.
Otras dos entidades dependientes del Gobierno han adquirido vehículos de lujo, según el PSOE.
Se trata de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y de Portos de Galicia. El coche
contratado por esta última, que es el que ahora utiliza la conselleira de Mar, fue adquirido
además mediante procedimiento negociado y sin publicidad.
Lage aseguró que estos gastos ponen de manifiesto la "doble moral" de la Xunta. "Por un lado,
compran berlinas de clase superior con tapicería de cuero y, por otro, tienen guardados 17 coches
de alta gama sin utilizar", dijo.
La Xunta, a través de un comunicado, aseguró que se ha limitado a renovar el renting y leasing
de los vehículos usados durante la legislatura anterior y confirmó su intención de adquirir nueve
coches para altos cargos a lo largo de los próximos tres años.
Feijóo hizo del supuesto gasto del Gobierno de Emilio Pérez Touriño en coches de lujo el eje
principal de la campaña electoral que le dio la victoria el año pasado por un margen de apenas
50.000 votos. Lo hizo a pesar de que, como se supo después, de los 32 Audi que integraban
entonces el parque móvil de la Xunta, 29 habían sido adquiridos por el PP durante la época de
Fraga (19 de ellos específicamente cuando el propio Feijóo era vicepresidente).
El hoy jefe del Ejecutivo gallego insistió en deshacerse de ellos, pero la subasta que convocó en
octubre sólo logró enajenar tres de los 20 vehículos sometidos a puja. Los otros 17 permanecen
cubiertos de polvo en dependencias oficiales de la Xunta. Previamente, Feijóo se había
desprendido de tres Audi A8 blindados (uno comprado por Touriño y dos por Fraga) a cambio de
12 vehículos que, según su Gobierno, se dedican a prestar servicios sociales.
El Gobierno de Feijóo ha hecho bandera de la transparencia, pero ayer la Consellería de Facenda
no quiso confirmar ni desmentir si el informe que encargó a la empresa KPMG para respaldar su
propuesta de fusión de las cajas de ahorros de Galicia ha costado un millón de euros. Fuentes de
Facenda aseguraron a ‘Público’ que el informe, que se realizó en tres semanas y que la Xunta
presentó el 20 de enero, no está concluido y que su precio se corresponde al trabajo de “35
profesionales que realizaron una labor compleja con premura y en una fecha complicada”
(durante la Navidad). El millón de euros, cifra citada ayer por Cotizalia.com, corresponde, según
la Xunta, a una estimación que se niega a confirmar. La auditoría, insiste, comprende varias fases
y aún no está acabada, informa Mariola Moreno.
FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO
MULTIMILLONARIO PARA QUE GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS
Galicia contará con tres nuevos destinos internacionales: Vigo- Bruselas, A Coruña- Amsterdam
y Santiago-Zurich. La Xunta gastará 4,5 millones de euros este año en subvencionar esas líneas
aéreas. El anuncio lo hizo personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo en una rueda de
prensa celebrada en noviembre último. El lado bueno de esta noticia fue recogido por los medios
de comunicación gallegos. El malo pasó desapercibido para la mayoría. La empresa que hará los
vuelos y recibirá la subvención, sin que haya mediado un concurso público, es Vueling, la
compañía que preside Josep Piqué, ex presidente del PP de Cataluña y amigo de Feijóo.
Les han visto juntos paseando por Santiago. Degustando exquisiteces gallegas en una pulpería en
Casas Novas, la zona donde está ubicada la residencia oficial del presidente gallego, Monte Pío.
Fuentes oficiales dijeron que se trató de una visita privada.
Una estrecha amistad
Entre Piqué y Feijóo existe una estrecha relación desde hace años. El presidente gallego respaldó
al ex líder de los populares catalanes cuando este presentó su dimisión en julio de 2007, por sus
diferencias con la cúpula del partido, y por su parte, Piqué apoyó a Feijóo en diversos actos
políticos durante su campaña electoral en las autonómicas gallegas.
Piqué, el abridor de Vueling
Josep Piqué fue nombrado presidente de la compañía aérea Vueling en 2007. Más que un
presidente ejecutivo, se ocupa de las relaciones institucionales, de abrir negocio, un puesto que,
para quien ha sido ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología y de Exteriores, debe resultar
relativamente más fácil que para otros, y que, como se ve, desempeña con éxito.
Los 4,5 millones
La Xunta destinará este año 4,5 millones de euros para potenciar los tres destinos
internacionales, que en su totalidad realizará Vueling, y que tendrán una frecuencia de tres días
por semana. Los nuevos servicios supondrán repartir la citada cantidad entre las tres terminales,
de forma que el aeropuerto de Lavacolla (Santiago) recibirá 1.870.000 euros, el de Peinador
(Vigo), 1.390.000 y el de Alvedro (A Coruña), 1.230.000 euros.
Ryanair, el trato oscuro
De la cifra destinada al aeropuerto de Santiago, se concederán 500.000 euros a subvencionar a la
compañía irlandesa Ryanair en los vuelos que ya realiza con destino a Roma. Según fuentes del
sector, la forma de operar de esta compañía, que tiene una política comercial muy agresiva, está
“provocando una distorsión del mercado”, y se quejan de que las relaciones de la Xunta de
Galicia con esta empresa son poco transparentes. Ryanair recibe todos los años una subvención,
que tramita el organismo de Turismo de Santiago, y en el que participa el Gobierno autonómico,
el de A Coruña y Santiago, además de una entidad privada.
Violación de la normativa europea
Fuentes del sector han trasmitido a El Plural su malestar por la adjudicación a Vueling de los tres
nuevos destinos internacionales y afirman que no se ha respetado la normativa europea que
regula las subvenciones al transporte aéreo a través de una serie de pasos administrativos, que
tienen como requisito imprescindible la máxima transparencia a través de concursos públicos.
Las Aerolíneas históricas en Galicia
Air Europa, KLM y Air France son algunas de las compañías que operan en Galicia desde hace
años y que han trasmitido ya su queja al Gobierno de Feijóo por su actuación en esta
adjudicación a dedo a Vueling.
¿Concurso amañado?
En la mencionada rueda de prensa, que se celebró en noviembre último, Feijóo y su consellero de
Turismo, Roberto Varela, anunciaron, también, dos nuevos destinos nacionales: Valencia y
Sevilla, aunque precisaron que en este caso sí se convocaría un concurso público. Algo que sin
embargo, han recibido con suspicacia las mismas fuentes del sector consultadas por El plural,
que expresaron su temor de que se trate de un concurso cuyas puntuaciones estén manipuladas
para favorecer a una única empresa: Air Nostrum, del grupo Nesfinsa, cuyo propietario es la
familia Serratosa, que mantiene estrechos lazos con administraciones donde gobierna el PP,
como la Comunidad Valenciana.
PSdeG: “Dudosa” adjudicación
También desde la oposición política se ha cuestionado la adjudicación. Los socialistas gallegos la
han calificado de “dudosa”, y han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de
beneficiar "al señor Piqué”, de "promulgar la austeridad sólo para los gallegos, recortando
derechos en educación o en inversión para hospitales, pero no para sus amigos”. La portavoz de
Turismo del PSdeG, María Quintas, ha pedido ya explicaciones.
El Delfín y el vuelo a Gürtel
Alberto Núñez Feijóo, un político joven, cuyo curriculum no está relacionado con la era Aznar,
es considerado por los dirigentes populares como el nuevo delfín del PP. El preferido de Rajoy,
después de que la imagen del presidente valenciano, Francisco Camps, resultara dañada, y
además, su victoria en Galicia le dio al líder nacional el respiro que necesitaba. Por estas razones
muchos ven en él a una promesa política dentro del partido. Aunque no lleva todavía un año
como presidente de la Xunta y ya estamos hablando de falta de transparencia en adjudicaciones.
Debería cuidarse Feijóo de este modo de hacer que puede comprometer su futuro político. Se
comienza con este tipo de manejos turbios y se termina embarcado en un vuelo con destino a
Gürtel.
PROTESTA HISTÓRICA CONTRA EL RECORTE DEL GALLEGO
Había muchos estudiantes. Eran los más ruidosos, pero también abundaban profesores,
sindicalistas, políticos, intelectuales, artistas o trabajadores que se escaparon de sus puestos para
protestar por la política lingüística de la Xunta. Llenaron ayer la Praza do Obradoiro -donde
caben unas 25.000 personas- y muchos quedaron fuera marchando por las calles del casco viejo
de Santiago. La Policía Local de la ciudad cifra en 30.000 personas las asistentes a la
manifestación contra las bases del decreto del gallego que reducirá las horas de este idioma en la
enseñanza. Los convocantes elevan la cifra a 50.000. Los datos son difíciles de concretar porque,
durante toda la mañana, no dejaron de llegar manifestantes desde la Alameda, el punto de
partida, incluso cuando ya había concluido la protesta y muchas personas regresaban a los
autobuses para volver a los diferentes puntos de Galicia.
Tampoco hay coincidencia sobre el porcentaje de profesores que secundó la huelga que había
convocada ayer en la enseñanza pública por las mismas razones. La Consellería de Educación
asegura que no llegó la mitad de los docentes, mientras que las entidades sindicales convocantes
elevan la cantidad a casi el 90% de los profesores y alumnos.Educación argumenta que "las
clases transcurrieron como en un día normal" porque "la mayoría de los profesores entendieron
la falta de argumentos de los convocantes", mientras los sindicatos valoran que la jornada de
paro fue un "éxito que dejó las aulas de toda Galicia vacías".
Fuera de ellas, la manifestación estuvo nutrida por numerosos políticos. Acudieron los dos
principales líderes de la oposición, el socialista Manuel Vázquez y el nacionalista Guillerme
Vázquez, y destacados miembros del anterior Gobierno bipartito de la Xunta como el ex
vicepresidente Anxo Quintana y la ex conselleira de Educación Laura Sánchez Piñón, autora del
decreto que pretende derogar la Xunta. Pero los nacionalistas tomaron el protagonismo de la
marcha. Desde los sindicatos, la CIG y STEG, que anduvieron siempre al frente, hasta los
políticos: el líder del BNG fue el único que se colocó en la cabecera de la marcha. Tanto los
sindicatos UGT y CC OO como el PSdeG se quedaron en una posición más retrasada y no
habían llegado a la Praza do Obradoiro cuando la protesta estaba concluyendo.
La marcha transcurrió sin apenas incidentes. El PP difundió una foto de unos manifestantes
quemando una bandera española y otros vertieron pintura roja en escaparates comerciales. Pero,
en general, el ambiente fue festivo, con chascarrillos sobre la propuesta de trilingüismo de la
Xunta. Se oyó cantar A Rianxeira en inglés: "The virgin of Guadalupe, when goes down the
river..." y había decenas de carteles con lemas parecidos a este: We love very moito o galego.
Los gritos más coreados, sin embargo, fueron otros: "Nas aulas de Galiza queremos galego";
"pola nosa lingua ni un paso atrás"; "aquí está, aquí se ve a mocidade galega en pé"; "este
decreto, ímolo parar".
Desde el escenario montado en la plaza, los convocatnes pidieron que Educación destine a Haití
el dinero que les descuenten a los profesores por la huelga de ayer. Además, docentes,
estudiantes y padres leyeron razones por las que se oponen al decreto de la Xunta: "Porque no
garantiza que los jóvenes terminen sus estudios dominando el idioma propio"; "porque es una
propuesta a espaldas de la realidad, sin consenso y presentada con nocturnidad"; "porque creará
enfrentamientos entre los centros y traslada un problema a los profesores y a los padres". En una
de estas alegaciones alguien gritó otra consigna: "Esta norma, nunca máis". Y toda la plaza coreó
el grito.
En ese mismo escenario, Fran Rei, presidente de la plataforma Queremos Galego, convocante de
la protesta, pidió al Gobierno que se "vaya a casa" si no sabe "escuchar ni hablar". Carlos Callón,
de la Mesa pola Normalización Lingüística, se preguntó: "¿En qué lugar del mundo se aprueba
una norma en contra de todo el mundo?". El portavoz del sindicato mayoritario en la enseñanza
pública gallega (CIG), Anxo Louzao consideró un "hito" el apoyo de la ciudadanía a la
movilización, que demuestra la "repulsa a unas bases que pretenden es erradicar el gallego en la
enseñanza". El objetivo para los convocantes no es el cambio de las bases que presentó la Xunta,
sino su retirada y replanteamiento "sin un paso atrás sobre lo ya conseguido". De no ser así,
piden a los profesores que enseñaban en gallego que lo sigan haciendo en el futuro.
PRESIDENCIA ANUNCIA AHORA LA COMPRA DE 67 COCHES
A la Xunta del PP le está costando más de lo previsto gestionar el parque móvil de la
Administración autonómica, del que tanto rédito electoral obtuvo. Amortizadas las críticas al
despilfarro del bipartito, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lidia ahora con unas
promesas electorales difíciles de cumplir, como la venta de los automóviles que usaban los
anteriores conselleiros y altos cargos. En medio de esa fiebre contra la marca Audi, Rueda
anunció ayer la compra por la Xunta de 67 vehículos, nueve de ellos para los miembros del
Gobierno, en la que se entregarán a cambio como parte del pago 82 coches de titularidad
autonómica.
La adquisición de los nuevos coches se realizará a lo largo de esta legislatura por el sistema de
leasing, es decir, de alquiler con opción de compra. Para ello, la Xunta convocará un concurso en
cuyo precio integrará 82 coches que no utiliza. En ese lote van incluidos los 17 audis que
Presidencia sacó a subasta y que no logró vender. Para justificar la operación, Alfonso Rueda
apeló al "alto coste de mantenimiento" de los vehículos que permanecen inactivos en los garajes
de la Xunta.
No será el primer negocio dudoso al que se ve abocada la Xunta en su gestión del parque móvil.
La Administración autonómica perdió más de 200.000 euros con la venta del coche blindado en
el que viajaba el ex presidente Touriño, traspasado con dos años y 157.305 kilómetros. En el
mismo lote se vendieron otros dos blindados, ambos comprados por la Xunta de Fraga. En
conjunto, costaron 1,1 millones de euros. Salieron al mercado por 330.650 euros. Se los llevó un
proveedor habitual del Gobierno gallego. A cambio, el concesionario entregó nueve furgonetas
Citroën Berlingo adaptadas para minusválidos y tres monovolúmenes C4 Picasso, que ayer
presentó Rueda.
Además de anunciar la compra de los 67 nuevos coches, que se integrarán en un parque móvil
que cuenta ahora con 366 unidades, en la presentación el conselleiro tuvo que explicar la compra
para la conselleira do Mar, Rosa Quintana, de un Citroën C5 a través del ente Portos de Galicia.
Rueda recordó que Portos forma parte de Mar y negó haber recurrido a "subterfugios" para
ocultar la adquisición, que atribuyó a "motivos de seguridad". "Para que los diez miembros del
Gobierno tengan un coche adecuado", añadió.
EL PRESIDENTE GALLEGO MALVENDE LOS COCHES DE ALTA GAMA, LA
MAYORÍA ADQUIRIDOS POR FRAGA
Alberto Núñez Feijóo continúa inmerso en su campaña de marketing, queriendo huir de todo lo
que huele a lujo, por eso de las apariencias. El presidente gallego está queriendo deshacerse de
20 coches de gama alta, en estos momentos en posesión de la Xunta, pero hasta ahora sólo ha
conseguido subastar tres vehículos, con los que ha recaudado apenas 28.870 euros.
Feijóo anda ansioso por perder de vista el Audi A8 de su antecesor en el cargo, el socialista
Emilio Pérez Touriño, un vehículo que le valió de bastión en su campaña electoral presentándolo
como un símbolo de despilfarro. Claro que entonces ocultó que su compañero de partido, Manuel
Fraga, adquirió 32 coches de la misma marca, entre ellos dos blindados como el de Touriño y
que él mismo, en su época de vicepresidente utilizó un A8.
La subasta de Feijóo
La subasta organizada por el presidente gallego tuvo lugar en el complejo administrativo de San
Caetano, donde un particular adquirió por el valor tasado de 9.830 euros uno de los coches. Otro
se hizo con otros dos por 9.140 y 9.990 euros. Los dos primeros turismos son modelos A8 de la
marca Audi, con más de 200.000 kilómetros y fecha de matriculación del año 2001 y 2000. El
tercero es un Audi A6 de 2001 con casi 300.000 kilómetros.
Un blindado para Feijóo
Toda esta campaña montada por Feijóo parece un poco precipitada, teniendo en cuenta que el
mes pasado el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, confirmó que todavía no se había
conseguido vender los automóviles, pero pidió responsabilidad para abordar cuestiones
“relacionadas con la seguridad” del presidente, con lo cual no descartó la compra de un blindado
para el nuevo inquilino de San Caetano.
Quedarse los coches
La Xunta tiene la posibilidad de ir a una nueva subasta con un descuento del 15%, aunque la
Consellería de Presidencia está estudiando utilizar los coches sin vender para abaratar el precio
de futuras adquisiciones de vehículos, lo cual parece tener más sentido común.
FEIJOO SE DESMELENA Y FLIRTEA CON LA INSUMISIÓN FISCAL GALLEGA
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que sube enteros cada día como uno
de los pesos pesados del Partido Popular, se desmelenó ayer ante los medios de comunicación y
abogó, de forma más o menos directa, por la insumisión fiscal de Galicia. Aseguró, en un
desayuno informativo organizado por Europa Press, que el Gobierno de su comunidad no tiene
dinero para devolver los ingresos que recibió de más como anticipos de la financiación
autonómica por parte del Estado en los ejercicios del 2008 y el actual, que cifró en unos 2.000
millones de euros, y subrayó que difícilmente Galicia lo devolverá ahora «porque nadie puede
dar lo que no tiene».
Feijoo emergió ayer como un dirigente mucho menos moderado que hasta ahora, abonando
posiciones contrarias, de hecho, al cumplimiento de determinadas leyes. Se situó así en línea con
otros presidentes autonómicos populares que se han opuesto a aplicar leyes como la que restringe
los ámbitos para el consumo del tabaco, permitiendo fumar en muchos más locales, o como la
frontal oposición, cuando no boicot, a la aplicación en sus aulas de la asignatura de educación
para la ciudadanía.
Sin embargo, en este caso la posición de Feijoo sube un escalón, ya que se opone, con sus
justificaciones pertinentes, a aplicar una consecuencia del pacto de financiación que acordó el
propio PP con CiU en el 2001. En esa ley, vigente hasta el 2009, se establece que cada año las
autonomías recibirán la financiación con entregas a cuenta por los conceptos que les
corresponda, y en el año que se tengan los datos reales se hará «la liquidación por la diferencia
entre el importe de las entregas a cuenta percibidas y los valores definitivos de los mismos».
Hasta el 2007, las liquidaciones siempre habían salido a favor de las autonomías, que cobraban la
diferencia, y nadie protestaba. A mediados de este año las autonomías han ingresado 6.070
millones de euros de la liquidación del 2007, de los que a Galicia le han tocado 393. Ahora que
la liquidación del 2008 sale negativa, Feijoo se niega a pagar. Lo argumenta atribuyendo al
Estado un error en sus previsiones que «ahora pretende hacer pagar a las autonomías». Y añade
que en los presupuestos Generales del 2009 se persistió en ello «a sabiendas».
Con el nuevo acuerdo de financiación, pendiente de aprobación en el Congreso, las autonomías
podrán devolver el dinero cobrado de más el 2008 a partir del 2011, en lugar del 2010, mediante
un descuento en los anticipos a cuenta del citado ejercicio que recibirán del Estado. Feijoo
también desveló que ofreció la Consejería de Economía al presidente de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros , Juan Ramón Quintás, que la semana pasada abogó por un
adelanto electoral.
(www.elperiodico.com, 22/09/09)
FEIJÓO JUSTIFICA ANTE RAJOY LOS PACTOS CON TRÁNSFUGAS EN SILLEDA Y
GONDOMAR
En la víspera de la moción de censura de Benidorm, la que centra desde hace un mes todas las
acusaciones del PP contra el PSOE, el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, volvió a justificar los pactos con tránsfugas que ha sellado su partido en
Gondomar para recuperar la alcaldía y el que se ultima, con el mismo propósito, en Silleda. La
doctrina que defiende el presidente gallego no puede ser más distinta a la que pregona el
presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que sin embargo aplaudió ayer las explicaciones de
Feijóo en un desayuno informativo en Madrid.
A 600 kilómetros de distancia, acostumbra el presidente gallego a ofrecer su muy personal
versión de lo que aquí sucede. Lo de Gondomar -donde los populares desalojaron al alcalde del
BNG después de acordarlo con ediles tránsfugas del PSdeG- es para él un "pacto poselectoral".
Feijóo aderezó su argumento: el PP fue el partido más votado en ese ayuntamiento pontevedrés.
Algo que no sucedió en Silleda donde la dirección del PP ha recomendado a su portavoz José
Fernández Viéitez esperar "ordenes de arriba" antes de ejecutar la maniobra y cambiar de manos
el bastón de mando, actualmente en manos de una alcaldesa socialista. En este caso, Feijóo se
mostró más cauto, si bien se negó a desautorizar el probable pacto con tránsfugas.
El presidente trasladó la responsabilidad al PSOE. "Si usted vive conmigo en un pueblo donde
vemos que mandan tres concejales y todos los demás están en contra, a lo mejor lo podemos
aguantar un tiempo pero no indefinidamente", dijo. Pese a todo, admitió que si por él fuese, no se
llevaría a cabo la moción de censura.La complicidad con las mociones de censura que se valen
de tránsfugas se disipó cuando llegó la previsible pregunta por el caso Benidorm. Feijóo despejó
la cuestión con un chascarrillo. "No puedo asegurar que mi madre y yo lleguemos siempre a
acuerdos políticos", aludió con sorna al parentesco entre la número tres del PSOE, Leire Pajín, y
su madre, una de las impulsoras del pacto contra el PP en Benidorm.
Como sucede cada vez que el presidente gallego pisa tierras madrileñas, y cada vez las frecuenta
más este valor en alza en el PP, el presidente gallego repasó la actualidad política. Aprovechó su
presencia en la capital para pedir al Ejecutivo central y a su presidente Zapatero que "reflexione"
antes de reclamar a las comunidades autónomas "un dinero que no tienen".
Esa referencia a los fondos que Galicia debe devolver a partir de 2011 (1.900 millones de euros)
por los anticipos a cuenta recibidos del Estado no estuvo exento de crítica. No se puede pedir
cuentas a las comunidades, vino a decir, "por los errores de una política presupuestaria"
elaborada para ocultar la crisis.
Y volvió sobre el acuerdo de financiación autonómica que se aprobó con la abstención de las
comunidades con presidente del PP, "una improvisación" del Gobierno central que "perjudica a
las autonomías menos desarrolladas". Feijóo lamentó que inversiones previstas durante los
mandatos de Zapatero por 3.000 millones de euros "nunca llegaron", y "el incremento de la
fiscalidad" que se cebará con las rentas altas o medias.
Tuvo tiempo de confirmar que el presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro era su
elegido para la cartera de Economía, si bien se permitió discrepar con Juan Ramón Quintas,
sobre las críticas que este último formuló contra el intervencionismo de los gobiernos autónomos
en estas entidades financieras.
Sobre la necesidad de convocar elecciones anticipadas, algo que reclamó el propio Quintas, el
presidente de la Xunta se quedó a medio camino. Apuntó que deben ser "el último recurso en
democracia".
LA XUNTA NO LOGRA VENDER EL AUDI DE TOURIÑO
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a tropezar con el Audi A8
de su antecesor en el cargo, el socialista Emilio Pérez Touriño, un vehículo que él mismo
catapultó a la fama en plena campaña de acoso y derribo pre electoral. Antes de las elecciones de
marzo pasado, Feijóo y los suyos encumbraron el blindado de Touriño al puesto de máximo
símbolo del despilfarro. Olvidaron explicar, por ejemplo, que en la etapa de Manuel Fraga
Iribarne el Ejecutivo adquirió 32 coches de la misma marca, entre ellos dos blindados y un
Touareg del ex presidente. De hecho, el mismo Feijóo siendo vicepresidente de Fraga utilizó un
A8, en su caso sin blindar. Ansioso de construirse una fama de hombre austero en supuesta
contraposición a Touriño, el entonces aspirante al Gobierno regional prometió vender el legado
de su ya antecesor y circular en un Citroën de fabricación local. La última promesa la incumplió
nada más hacerla: no se fabrican citroëns blindados en España. La primera está rozando el
fracaso seis meses después: ni siquiera rebajando en 200.000 los vehículos se ha logrado
“malvenderlos”.
Fue en mitin en Vigo donde Feijóo recrudeció su embestida contra Touriño con dos promesas:
“poner el cartel de se vende” al A8 blindado y usar un coche “hecho aquí al lado, en la factoría
de Citroën”, recuerda El País.
Citroën de importación
Verdades a medias. Efectivamente, la mayor fábrica de Galicia es una fábrica de Citroën y, sin
embargo, ésta no hace berlinas blindadas: es necesario importarlas de Francia. Claro que el
compadreo de Feijóo con Citroën venía de lejos. En su etapa frente a la oposición, esta
multinacional le facilitó un vehículo que nunca se declaró a Hacienda como préstamo según se
aconseja en estos casos.
Se “malvende”
En cuanto al “cartel de se vende”, el primer matiz ya lo introdujeron los socialistas en marzo
pasado: se “malvende” y no sólo el Audi de Touriño. “El PP malvende los Audi que ellos
mismos compraron”, es decir, un total de 23 vehículos de los que sólo uno era del ex presidente.
La etapa Fraga equipó a la Xunta con un parqué de 32 vehículos. Olvidando su propia
responsabilidad en la compra y obsesionados con el vehículo del ex presidente, el PP llegó a
organizar visitas guiadas a los sótanos de San Caetano -sede del Gobierno- para mostrar a la
prensa cómo acumulaban polvo estos coches, apunta el medio antes citado.
Sin comprador
La segunda rectificación acaba de salir a la luz: seis meses después de su anuncio, Feijóo no ha
colocado el A8 de su antecesor –ni los dos de Fraga-.La berlina blindada y con inhibidor de
frecuencia antibomba costó en su momento 480.000 euros. El PP ha intentado darle salida por
280.000 euros año y medio después de su adquisición. Para ello, se abrió una subasta pública que
pretendía cambiarla, al igual que a las dos de Fraga, por “vehículos para colectivos sociales y de
Protección Social”. El plazo expiró el pasado sábado y, a estas alturas, sólo se sabe que la Xunta
recibió una oferta in extremis durante esa misma mañana.
Nueva subasta
El Gobierno gallego no ha dado explicaciones al respecto. Ayer compareció el consejero de
Presidencia, Alfonso Rueda, quien se mostró más parco que cuando tuvo que criticar los
supuestos despilfarros socialistas. Rueda se limitó a aclarar que todavía no se había conseguido
vender los automóviles y, curiosamente, pidió responsabilidad para abordar cuestiones
“relacionadas con la seguridad” sin descartar la compra de un blindado para su jefe en el
Ejecutivo. Finalmente, el consejero anunció una nueva subasta para deshacerse de 20 de los
audis de Fraga, entre ellos el A8 que utilizara el mismo Feijóo.
ESCÁNDALOS Y OPACIDAD MARCAN LOS PRIMEROS PASOS DEL GOBIERNO DE
FEIJÓO
Con motivo de su reciente gira por Galicia para inaugurar el curso político tras las vacaciones,
Mariano Rajoy no ha dudado en poner la Xunta de Alberto Núñez Feijóo como referente para
todo el país, instando a "exportar" su modelo y poniéndolo como ejemplo de eficacia en la
gestión económica. Sin embargo Feijóo, que hizo de la austeridad y la transparencia su caballo
de batalla durante la campaña electoral, ya ha levantado malestar y sospechas en sus primeros
pasos como presidente. En los pocos meses que lleva de andadura, la Xunta popular ya ha
privilegiado con dinero público a colegios del Opus Dei y a organizaciones ultracatólicas como
el Foro de la Familia, ha tratado de tapar el escándalo de un alto cargo de la consejería de
Trabajo condenado tras despedir a un trabajador sin papeles o ha aprovechado el mes de agosto
para adjudicar sin razón aparente contratos millonarios por el procedimiento "negociado sin
publicidad", reservado para determinados supuestos.
Las primeras alarmas en torno a las políticas de la Xunta comenzaron su política de recortes en
gastos sociales combinada con partidas para financiar a colectivos afines, según denunciaba este
verano la portavoz de Igualdad del grupo parlamentario del PSdeG, Laura Seara.
Opus Dei y Foro de la Familia
“Empezaron financiando colegios del Opus Dei, que apuestan por la segregación, pero ahora van
a financiar las organizaciones del Foro de la Familia para que lleven acabo acciones que atentan
contra la libertad y los derechos consolidados de la ciudadanía”, alertó Seara. La diputada
socialista advirtió asimismo del apoyo del Ejecutivo gallego a las iniciativas legales
antiabortistas del Foro de la Familia, un colectivo “ultracatólico” constituido por entidades como
“la Asociación Católica de Propagandistas o la Confederación Católica de Padres de Alumnos
(Concapa)”. Así, el PPdeG ha presentado un marco legal para que estas organizaciones
ultraderechistas asesoren a través de la Xunta a mujeres embarazadas de la Xunta, cobrando por
ello.
Ayudas para la empresa de un alto cargo
Otros quebraderos de cabeza para la Xunta están siendo protagonizados por sus altos cargos,
como explica El Confidencial. Así, a principios de julio tomaba posesión el director de la
Agencia Gallega de Industrias Culturales (Agadic), Juan Ramón Fernández Fasero. El 22 del
mismo mes, su empresa Zouma Producciones recibía 18.000 euros en tres subvenciones de la
Xunta y sólo cinco días después Fernández Fasero la vendía. Fuentes cercanas a la
administración autonómica consultadas por el digital niegan irregularidades porque Zouma ya
había recibido otras ayudas con el bipartito (PSdG y BNG) en el poder y Fernández Fasero no
todavía no formaba parte del Ejecutivo cuando se cerraron las subvenciones.
Deudas con Hacienda y trabajadores sin contrato
Pero el nombre de Fernández Fasero ya está relacionado con otros escándalos, y es que una de
sus empresas, Talleres de Ilusión Editorial, figura en el BOE como deudora de Hacienda tras
varios intentos infructuosos de que pagara. Además, la directora general de Formación y
Colocación, Ana María Díaz López, fue condenada en firme por haber despedido a una
trabajadora que no tenía contrato. La empleada, que fue despedida por la propia Díaz López
según la sentencia, trabajaba en su casa particular por las mañanas y como cocinera en la
empresa familiar que tiene la concesión del bar de la estación de autobuses de la ciudad de
Ferrol, por las tardes. La Xunta primero lo negó, luego obvió que la sentencia era firme y
finalmente desde el PPG atribuyeron todo a una confusión entre los apellidos de la directora y los
de sus padres, pero la sentencia deja claro ese aspecto y señala claramente a la dirigente popular
como autora del despido.
Contratos millonarios por vía urgente
El mes de agosto también ha sido aprovechada por la Xunta, según da cuenta El Confidencial,
para realizar adjudicaciones millonarias sobre asuntos que no son urgentes. Así, la consejería de
Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras adjudicó obras por valor de unos 40 millones de
euros durante por el procedimiento “negociado sin publicidad”, destinado normalmente a
procesos que se justifican por su urgencia o por otra razón de peso que en este caso se
desconocen. La consejería de Trabajo, la de Medio Ambiente y la de Hacienda también han
recurrido este verano al procedimiento “sin publicidad” para adjudicar diversos contratos.
Opacidad también con en el Xacabeo
La licitación sobre la campaña publicitaria de un proyecto clave para el turismo gallego, el
Xacobeo del año próximo, ha sido publicada también en pleno mes de agosto y no en el Diario
Oficial de Galicia, sino en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), según desveló el
diario Xornal de Galicia, aunque ni el montante ni los plazos del contrato justifican este
procedimiento.
LA FLOTA DE COCHES DE CAMPS
El presidente Francisco Camps tiene a su disposición una flota de tres vehículos oficiales de alta
gama, todos de la marca Audi y uno blindado, según reconoce el Gobierno valenciano por escrito
en respuesta a una pregunta del diputado del PSPV en las Corts José Camarasa. Uno de ellos es
un modelo A8 blindado, "comprado en el año 2001 conforme a precio de mercado", refiere el
vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps. Camarasa denunció ayer la "doble vara de
medir" del PP tras el "linchamiento" al ex presidente socialista de Galicia, Emilio Pérez Touriño,
por gastar 432.000 euros en comprar un Audi A8 blindado.
El Consell no informa en su respuesta sobre el precio que costaron los coches destinados al
presidente, pero los socialistas consideran que el valor actual de mercado de estos automóviles
de alta gama blindados está en torno a los 400.000 euros. Unido a los otros dos Audi, la flota
presidencial superaría los 500.000 euros con los precios de hoy. Especialistas del sector
consultados por este periódico indicaron que, aunque hay niveles de blindaje, el coste total suele
ser cercano a los 400.000 euros. La Xunta pagó en 2007 432.000 euros por el vehículo de
Touriño. Éste sustituía otro idéntico adquirido en la etapa de Manuel Fraga en 2001 y por el que
se abonaron 266.230 euros. Sin embargo, otro comprado en 2002 también por Fraga ya subió a
331.157 euros.
Presidencia de la Generalitat, a preguntas de este periódico, declinó ofrecer explicaciones sobre
las necesidades que justifican "flota" del mandatario autonómico o el coste. Según la
información de Gerardo Camps, el A8 blindado "ha realizado 86.111 kilómetros". El coche lo
heredó del ex presidente Eduardo Zaplana y, a tenor de los kilómetros, no ha tenido un gran uso.
A diferencia del blindado, Camps cuenta con otro Audi A8, comprado en 2005 "a precio de
mercado", con un recorrido de 264.741 kilómetros. El coste actual podría estar en torno a los
80.000 euros. Finalmente, hay otro Audi más nuevo, de 2006, pero A6, con un escaso uso,
59.983 kilómetros. El precio hoy giraría entre 60.000 y 70.000 euros.
El PSPV contrapuso los ataques a Pérez Touriño con el hecho de que dirigentes del PP como
Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, también
cuentan con un vehículo blindado Audi A8, recriminó el socialista Camarasa. "Ahora vemos que
Camps no solo tenía afición por los trajes a medida, sino también por los coches de alta gama",
una situación que rompe "la falsa imagen de austeridad" que había vendido el jefe del Consell,
según el diputado del PSPV.
El gusto de las autoridades por los selectos Audi A8 y A6 no casa mucho con la crisis. Por eso, el
portavoz del PSPV para grandes proyectos, José Camarasa, emplazó ayer al Consell a renovar,
cuando proceda, el parque móvil de la Generalitat con el fin de sustituir los vehículos Audi
existentes por otros Ford, igual que Feijóo se ha pasado a Citröen, con fábrica en Vigo. "Sería
una forma más de mostrar la apuesta por la marca de Almussafes en estos tiempos", enfatizó
Camarasa. El hecho de que el A8 blindado lo heredó Camps de Zaplana no es excusa para el
socialista. "Podía, como acaba de hacer Feijóo con los Audi, por cierto, casi todos de la etapa de
Fraga, haberlo sacado a subasta", resalta el diputado del PSPV, para el que Camps, "en vez de
dar consejos de austeridad, podría dar ejemplos".
(www.levante-emv.com, 14/07/09)
EL PRESIDENTE COMPRARÁ UN COCHE BLINDADO SI SE LO RECOMIENDA EL
SERVICIO DE SEGURIDAD
La Xunta se va a quedar sin coches blindados, pero su presidente no descarta adquirir uno nuevo.
Lo hará "si se lo recomiendan los servicios de seguridad", reconoció ayer. A pesar de ello, la
operación para enajenar esos tres vehículos y otros 20 convencionales, todos ellos de la marca
Audi, se puso ayer en marcha, con la autorización de la operación por el Consello de la Xunta.
Los tres blindados, cuyo precio de compra conjunto supera el millón de euros, serán permutados
por 12 vehículos que se destinarán a Protección Civil y fines sociales, lo que ha provocado las
críticas de la oposición por "despilfarro". Pero la austeridad es precisamente el argumento que
esgrime el Gobierno para promover su venta. Uno de los tres Audi A8 blindados es el que
provocó una polémica en la campaña electoral, cuando el PP reprochó al ex presidente Emilio
Pérez Touriño su afán por el lujo. Según datos confirmados ayer por la Consellería de
Presidencia, Fraga compró otros dos vehículos similares en características y precio entre 2001 y
2002.
Si Fraga compró dos blindados y Touriño uno, Alberto Núñez Feijóo puede adquirir el siguiente
tras desprenderse de los tres de su parque móvil, según reconoció ayer. "Viajo en un coche que
creo que cumple con todos los requisitos", manifestó. Pero a continuación matizó: "Si en algún
momento soy avisado por los servicios de seguridad de algún tipo de riesgo, estoy dispuesto a
revisar mi decisión".
Mientras Feijóo no descartaba la adquisición de un coche blindado, la portavoz del PSdeG, Mar
Barcón, aseguraba ayer que el presidente de la Xunta ya ha encargado en París el blindaje de un
coche de la marca Citroën. Lo hizo en su blog personal, en el que asegura que mientras Feijóo
vende los vehículos de la marca Audi, encarga otros de Citroën "para sí mismo y para sus
conselleiros, mientras espera que en París le blinden el presidencial".
De los 23 coches que salen a la venta, 20 fueron comprados durante los gobiernos de Manuel
Fraga. Con los convencionales, que serán subastados, la Xunta recaudará unos 350.000 euros.
Feijóo salió al paso de las críticas de socialistas y nacionalistas a la dudosa rentabilidad de la
operación. "Esta no es una medida contra el bipartito", expuso, antes de preguntarse si el anterior
gobierno no tenía previsto vender esos 23 vehículos "que no se usan".
Para justificar el carácter económico de la operación apeló al ahorro en mantenimiento de los
vehículos. Feijóo situó la venta en un marco de "eficiencia y austeridad", y resaltó que la
reordenación de los vehículos permitirá reducir en un 25% los gastos del parque móvil de la
Xunta.
“EL PP MALVENDE LOS AUDI QUE ELLOS MISMOS COMPRARON”
El Ejecutivo gallego ya ha iniciado el proceso de permutas y subastas por el que se desharán de
23 coches de su parque móvil, aunque anteriormente han reconocido las dificultades para poder
revenderlos, al menos a buen precio. Los socialistas gallegos creen que el PP está
“malvendiendo” el patrimonio de los gallegos y que además responde a una “bravata electoral”.
La Xunta ha anunciado un concurso público para permutar sus tres coches blindados Audi -dos
adquiridos por Fraga y otro durante el gobierno de Touriño- por vehículos para fines sociales.
También sacarán hoy a subasta otros 20 Audi del parque móvil oficial con un precio de salida de
entre 350.000 y 400.000 euros, aunque el Ejecutivo gallego ha dejado entrever en varias
ocasiones la dificultad de dar salida a estos coches, especialmente en el caso de los blindados.
PSG alerta de la “austeridad” del PP
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que centró su campaña electoral en criticar los gastos del
bipartito PSOE-BNG e hizo del coche blindado de Touriño un símbolo, enmarca ahora la venta
de los coches en un plan de “austeridad”. Sin embargo, los socialistas gallegos insisten en que en
lo que en realidad hace el PP es “malvender los Audi que ellos mismos compraron, entre ellos el
que usaba el propio Feijóo cuando era vicepresidente” en el último Gobierno de Fraga. Así lo
expone a El Plural el responsable de comunicación del grupo socialista en el Parlamento gallego,
Xosé Carballo, quien alerta de que el PP “compró por mucho más de lo que ahora venden” los
coches con el consiguiente perjuicio a lar arcas pública, y todo “para mantener una bravata
electoral”.
“Que empiece por los tres millones de su residencia”
Carballo advierte además contra medidas de “austeridad” de Feijóo, como la de “suprimir los
libros de textos gratuitos” a los que ahora sólo podrán acceder el 25% de los ciudadanos, el cierre
de las delegaciones de la Xunta en Buenos Aires o Montevideo que atendían al numeroso
colectivo gallego emigrante en Argentina y Uruguay, o la paralización de la construcción de
hospitales. Por eso propone que si quiere recortar gastos Feijóo empiece por ejemplo por “los
250.000 euros que cuesta mensualmente su residencia oficial, tres millones al año”.
Solo los últimos blindados de Fraga costaron 600.000
La coordinadora de acción electoral del PSdeG, Mar Barcón, también acusó ayer al PP de
“dilapidar” el patrimonio de los gallegos “malvendiendo” los Audi así como que sólo los dos A8
adquiridos por Fraga en un mismo año, en 2002, costaron 600.000 euros.
FRAGA COMPRÓ EN UN AÑO DOS BLINDADOS COMO EL DE TOURIÑO
La Xunta pone en venta 20 coches adquiridos por el Gobierno de Fraga
La Xunta ha puesto en venta una parte importante de su parque móvil. El conselleiro de
Presidencia, Alfonso Rueda, se extendió ayer en detalles sobre el sistema que se seguirá para
permutar tres Audi blindados y subastar otros 20 de los modelos A6 y A8. Ahora que está en el
Gobierno, el PP, que convirtió los coches oficiales en bandera electoral, le resta importancia al
responsable del gasto. "Lo importante no es hacer distinción de quién los compró, sino optimizar
el ahorro en época de crisis", argumentó Rueda. En realidad, dos de los blindados y 18 de los
convencionales que salen a la venta fueron adquiridos durante el mandato de Manuel Fraga.
Todos los vehículos del lote excepto tres fueron adquiridos antes del bipartito
De acuerdo con los datos confirmados por Presidencia, Fraga adquirió en el plazo de 14 meses,
entre septiembre de 2001 y noviembre de 2002, dos Audi A8 blindados de características y
precio similar al polémico blindado del anterior presidente, Emilio Pérez Touriño: 266.230 euros
de la época el primero y 331.157 el segundo. De la relación de audis que permanecen en el
parque móvil de la Xunta se desprende que el rechazo del PP a esta marca es reciente. Sólo en
2003, la Xunta de Fraga adquirió 13 coches Audi. La cifra se eleva a 34 entre 1999 y 2005, los
dos últimos, matriculados con el Gobierno ya en funciones. No fueron las únicas compras de
coches en período de transición. En 2005 el bipartito recibió 24 Volkswagen Passat encargados
por el anterior Gobierno.
Pero ayer no era la intención de Alfonso Rueda distinguir quién adquirió los vehículos y sí poner
de relieve los criterios de "racionalidad, austeridad y eficiencia" que imperan en el nuevo
Gobierno gallego. La oposición lo tendrá difícil para calcular cuánto dinero se pierde en la venta
del blindado de Touriño, ya que para enajenar los tres blindados, Presidencia opta por un sistema
de "permuta" por otros vehículos nuevos, que se destinarán a fines sociales y Protección Civil. El
resto saldrá en subasta con un precio global de salida de entre 350.000 y 400.000 euros. Estos
ingresos se destinarán a "gasto social y equipamiento para policías locales". En este paquete no
entran algunos de los coches más antiguos de la marca Audi que permanecen en los garajes de la
Xunta, pero sí los dos únicos A-6 que adquirió el bipartito.
La oferta inicial, que hoy aprobará el Consello de la Xunta, es de 12 vehículos para servicios
sociales y Protección Civil para la permuta por los tres blindados, aunque se negociarán
"posibles mejoras" en las ofertas. Los 20 vehículos sin blindar se someterán a un proceso de
subasta "abierta y publicitada" que se abrirá en septiembre. Según los cálculos de Rueda,
permuta y subasta permitirán reducir en un 25% los gastos del parque móvil oficial en la
legislatura, con un ahorro de entre un millón y 1,5 millones de euros a lo largo de cuatro años.
Con la enajenación de esta parte del parque móvil, la comunidad autónoma se queda sin ningún
vehículo blindado. Rueda afirmó que "a día de hoy" la Xunta no prevé hacerse con ningún coche
de estas características.
Para el PSdeG, la operación supone "malvender" patrimonio público para "justificar la campaña
electoral del Partido Popular, acusó la portavoz del partido, Mar Barcón. La dirigente socialista
lamentó los "tintes ridículos" de la operación anunciada ayer por la Xunta, y se preguntó si el
Gobierno gallego incluirá en la subasta el coche que utiliza en la actualidad el ex presidente
Fraga, un Volkswagen Touareg pagado por la comunidad autónoma.
También el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, subrayó que los coches oficiales
que salen a subasta son "los mismos" que compró el Gobierno de Fraga "en su mayoría", y que
también utilizó el ahora presidente Alberto Núñez Feijóo en su etapa de vicepresidente.
Aymerich afirmó que "se venderán todos" excepto uno "de color burdeos", que quedó "siniestro
total" tras un accidente ocurrido durante la campaña de las autonómicas de 2005 con Feijóo a
bordo, según denunció el portavoz del BNG.
HERNÁNDEZ COMPRÓ DESDE LA XUNTA TRES AUDI POR VALOR DE 262.000
EUROS
Tres Audi de alta gama adquiridos durante dos años, cada vez más caros y con precios que
oscilaban entre los 53.374 euros del primero y los 133.128 del último. Todos ellos fueron
incorporados al parque móvil de una sociedad de la Xunta que contaba con apenas cinco
trabajadores y se encontraba en pérdidas. Así era la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos, dependiente de Augas de Galicia, bajo la presidencia del actual conselleiro de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández Fernández de Rojas. El valor
de los tres turismos de lujo alcanzó 261.963 euros.
El Consello de Contas, en su informe de fiscalización del año 2000, ya dedicó un capítulo a la
sociedad que Hernández presidió hasta febrero del 2002. Y, entre otros excesos detectados en la
gestión de la empresa, se detiene a analizar la compra de los tres vehículos, de una marca ahora
denostada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Como responsable de Augas de Galicia,
Hernández presidió entre septiembre de 1998 y febrero de 2002 el consejo de administración de
la sociedad pública, que Contas califica de "instrumental" por su actividad.
El primer Audi, un A-8 con 260 caballos de potencia, llegó en octubre de 1999, mediante la
firma de un contrato de arrendamiento financiero, o leasing, con una entidad bancaria, con un
precio de 53.374 euros, unos 8,7 millones de pesetas de entonces. El contrato, dice el informe,
tiene una duración de 36 meses, con un tipo de interés del 5%, lo que supone una cuota anual de
18.926 euros.
Casi un año después se modifica el contrato anterior, respetando las mismas condiciones, pero
con el acuerdo del cambio de dicho vehículo por otro Audi, en este caso un modelo deportivo S8 4,2 V8 Quatro trip tronic. El coche más caro de la marca alemana costaba entonces 75.460
euros, unos 12,3 millones de pesetas. La querencia por los Audi desde la Empresa Pública de
Obras y Servicios Hidráulicos durante el mandato de Hernández no cejó.A finales de 2001, la
empresa de Hernández firmó la tercera adquisición, el modelo de más alta gama: un A-8 largo
4,2 Quatro trip tronic, con un precio de 133.128 euros. De esta operación, dice el Consello de
Contas: "Se mantuvieron las demás condiciones inicialmente pactadas, tanto en lo que se refiere
al tipo de interés como al vencimiento del contrato, lo que supuso la modificación de la cuantía
de las cuotas abonadas, de manera que no guarda la más mínima proporcionalidad con el resto de
las cifras de la sociedad".
Los tres coches se convirtieron, a juicio del Consello de Contas, en el bien con más valor de la
empresa. "El mayor saldo del activo del balance de situación está constituido por los derechos
sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero de un vehículo", denuncia el órgano
fiscalizador.
Todas estas operaciones se realizaron pese a que la sociedad registraba abultadas pérdidas.
También lo constata el informe del Consello de Contas. En 2000, señala, obtuvo unos resultados
negativos de explotación de 226.994 euros. La empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos
se constituyó en 1993, y bajo la tutela de Hernández realizó en aquel año una sola obra: la
mejora de la red de saneamiento del río Lagares.
Las alegaciones a Contas realizadas por la sociedad apelan a "razones de necesidades
operativas", que considera "lógicas teniendo en cuenta las funciones a desarrollar". Explica la
sociedad que en octubre de 1999 se realizó un arrendamiento financiero, pero con posterioridad,
en 2001, se tuvo que cambiar por otro "como consecuencia de un grave siniestro que sufrió el
primer vehículo y que derivó en su inutilidad". Para evitar más explicaciones, la empresa pública
respondió al Consello de Contas que sólo una de las compras se realizó en 2000, el ejercicio que
revisaba el órgano fiscalizador, por lo que no se sentía obligada a justificar las dos operaciones
posteriores.
Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio aseguraron ayer que, siendo presidente
de Augas de Galicia y de Obras y Servicios Hidráulicos, Hérnandez no hizo uso de los coches
oficiales adquiridos, ni Audi ni otros modelos y que empleó como vehículo oficial un Passat
asignado a la Dirección Xeral de Obras Públicas, de la que él era titular. La adquisición de los
Audi "fue una decisión de la consellería", aseguran las mismas fuentes. En aquel momento, el
titular de Política Territorial era el difunto Xosé Cuiña.
Los tres Audi
- Octubre de 1999. Audi A-8. 3.7. MPT 260 cv. Precio: 53.374 euros
- Diciembre de 2000. Audi S-8. 4,2. V8 Quatro trip tronic. Precio: 75.460 euros.
- Octubre de 2001. Audi A-8 largo 4,2 Quatro trip tronic. Precio: 133.128 euros
FEIJÓO REDUCE ANTE LOSANTOS EL PROBLEMA DE LOS AUDIS A UN SOLO
“COCHE INSIGNIA” Y RECONOCE QUE LA XUNTA YA TENÍA CITROËN
El nuevo presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en los micrófonos de la
COPE para ser entrevistado por el locutor Federico Jiménez Losantos, quien no recibió de buen
grado su victoria en Galicia por lo que suponía de espaldarazo para la continuidad de Mariano
Rajoy al frente del PP. El locutor recibió al popular restando trascendencia la victoria del PPdG
aunque acabó sacando la bandera blanca: “A unos les parece mucho, a otros les parece poco,
pero a ninguno les parece mal…”. Preguntado por un oyente sobre el eje de su campaña
electoral, los supuestos gastos fastuosos de la Xunta en puntos como los muebles, el despacho de
Touriño o la flota de vehículos oficiales, el nuevo presidente se limitó a reducir el asunto a un
“coche insignia” del que intentarán desprenderse. Asegura que ya ha cumplido su promesa
porque el Gobierno “usa Citroën”, pero reconoció que ya eran vehículos de la Xunta. Además,
Feijóo mostró su reticencia a privatizar hoy por hoy TVG y en referencia a Esperanza Aguirre y
a sus planes para Telemadrid concluyó que hacerlo “aisladamente” por parte de una comunidad
“es muy arriesgado”.
Feijóo inició su entrevista con Losantos -quien no recibió con demasiado entusiasmo su victoria
en las urnas- abordando la situación de los Audi oficiales de la Xunta. Estos vehículos ya eran
usados por el Gobierno gallego con la presidencia de Fraga pero el PP denunció reiteradamente
durante la campaña su empleo y prometió usar Citröen porque tiene factoría en Vigo. “Lo
primero que hemos hecho es cumplir esa promesa, en estos momentos todo el Gobierno tiene un
Citroën”. Sin embargo, a continuación aclaró que “no hemos comprado un solo coche”
reconociendo que en realidad “son Citroën que ya estaban en el parque móvil de la Xunta”. En
cuanto a los criticados Audi oficiales, al menos hasta el 1-M, apuntó que son unos 25 y que una
empresa se encargará de “del mantenimiento razonable del parque” automovilístico y “buscará
una fórmula de renting”.
¿El derroche se reduce a un solo Audi?
Feijóo acabó reduciendo el problema de los Audi a uno que “es el buque insignia de escudería”
que vale “medio millón de euros” y que ahora intentará “colocar” con la empresa que gestiona el
parque. Si no lo consiguen colocar lo sacarán a subasta “y se venderá al mejor postor”. Losantos
propuso entonces que se lo regalen a la Iglesia para utilizarlo en “los comedores de los pobres”.
Aunque un oyente había preguntado sobre los presuntos gastos excesivos en el despacho y los
muebles de su predecesor Touriño, Feijóo no comentó nada al respecto. Precisamente ayer, El
Plural publicó la fotografía del famoso despacho, que Feijóo abrió hace unos días a los
periodistas y, casualmente, no había ni rastro de los lujos denunciados por el PP durante la
campaña.
¿Y el resto de las fábricas de España?
El presidente gallego insistió en su defensa del empleo de Citroën por parte de la Xunta porque
cuenta con factoría en Vigo, aunque reconoció que ésta es “una de las seis grandes fábricas” que
hay en toda España. La lógica de Feijóo obligaría por ejemplo a la Generalitat Valenciana a
deshacerse también de su actual flota de Audis para recurrir a Ford, la marca que produce allí.
Pedro J. le insta a privatizar TVG
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, también presente en la entrevista, criticó que Galicia
cuente con “una televisión pública” propia cuando ya hay canales privados en la comunidad.
Feijóo defendió que TVG nació entre otras cosas para “promover la cultura gallega” y este punto
no tienen por qué cubrirlo las televisiones privadas. “Se puede más por Galicia con 200 millones
de euros que estar compitiendo en un terreno, si la Comunidad tiene una TV, ¿por qué no un
periódico?”, insistió Pedro J., y ahí otro de los contertulios, el director de La Razón Francisco
Marhuenda, recordó el proyecto de Aguirre de “privatizar” Telemadrid.
Ir “aisladamente” es “arriesgado”
Sin embargo, Feijóo discrepó abiertamente de la presidenta madrileña, apuntando que en Galicia
tienen “mucho trabajo por hacer antes de llegar a ese estadio” y que la “discusión” sobre el
futuro de las televisiones autonómicas debería afrontarse “por parte de muchas”, por lo que
concluyó que si “aisladamente” lo hacía una comunidad es “muy arriesgado por parte de ese
Gobierno”.
SU COCHE OFICIAL COMO VICEPRESIDENTE DE LA XUNTA ERA... ¡UN A-8!
El presidente en funciones de la Xunta gallega, Emilio Pérez Touriño, respondió ayer a las
acusaciones que se le han hecho durante la campaña electoral, cuando su oponente político,
Alberto Núñez Feijóo arremetió contra él por su vehículo oficial, un Audi A8. Touriño desveló
ayer que el anterior Ejecutivo gallego, presidido por Manuel Fraga contaba con 32 vehículos de
la misma marca, y el propio veterano dirigente adquirió dos Audi A8, uno de los cuales le costó a
la Xunta 331.000 euros. Además, según indicó, el propio Feijóo dispuso también de un Audi A8
cuando era vicepresidente regional, por lo que Touriño calificó de “inadmisible e intolerable” el
ejercicio de “demagogia” que el PP ha hecho con este asunto en los días previos a las elecciones.
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Ni coche oficial gallego, ni el personal: prefiere la marca Audi
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El coche "prestado" de Feijóo va camino de atropellarle y de paso, al PP
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¿Sabe Feijóo, especialista en falsos escándalos, que el Gobierno del PP de La Rioja tiene
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¿De dónde sacará Feijóo un Citroën gallego blindado?
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Feijóo se pasea desde hace tres años en un coche que le presta Citroën
Ya parecía claro que Alberto Núñez Feijóo no cambiará, como prometió durante la campaña
electoral, su coche oficial, un Audi A8, por un Citroen C4. El presidente saliente de la Xunta ha
desvelado ahora que antes de su llegada al Ejecutivo regional, el ex presidente popular Manuel
Fraga ya contaba con una flota de 32 vehículos de la polémica marca. El propio Fraga adquirió
otros dos Audi A8 y también un Volkswagen Touareg entre 2001 y 2004.
"Ya costaban los coches"
Touriño lamentó el “oportunismo” y la “falsedad” de las acusaciones de despilfarro que se
hicieron contra él durante la campaña electoral y señaló que uno de los Audi adquiridos por
Fraga costó 331.000 euros. “Ya costaban entonces los coches”, ironizó, y recordó que las
compras de los dos vehículos se hicieron “sin dotación presupuestaria”. En el caso del
Volkswagen Touareg, que se compró en 2004, se adquirió además “sin siquiera procedimiento
de contratación”, por lo que a posteriori tuvo que pasar un expediente de convalidación de gasto.
"Demagogia, oportunismo y falsedad"
“Le pasaré a Feijóo información de primera mano y papeles que lo acreditan, aunque él sabe bien
de lo que hablo”, apuntó Touriño, que afirmó que “tanta demagogia, oportunismo y falsedad
acumulada no cabe en los edificios de San Caetano”, sede del Parlamento autonómico. Además
recordó que el PP había pagado la flota de 32 Audi, por lo que “debe saber bien de lo que habla
el señor Feijóo cuando habla de los Audi”.
Un Audi para el vicepresidente
Además, Touriño señaló que el propio Feijóo, cuando ocupaba la vicepresidencia de la Xunta
“tuvo desde el primer día a su servicio, y circuló por el país, incluso en la campaña electoral,
subido a un Audi A8”, este sin blindaje, porque su cargo no lo estipulaba. En este sentido, se
preguntó si esta es la “austeridad y regeneración democrática” que pregonó el candidato popular
durante la campaña.
Todos los presidentes autonómicos
El dirigente socialista apuntó que, a la vista de cómo se han desarrollado los hechos, “tal vez”
debió hacer pública esta información antes de que se celebrasen las elecciones, pero apuntó que
“cada uno tiene su actitud en la vida”, y la suya no pasa por “enturbiar ni enlodar”. Según
apuntó, nunca ha criticado que su antecesor contase con un coche blindado ya que lo tienen todos
los presidentes autonómicos.
EL COCHE "PRESTADO" DE FEIJÓO VA CAMINO DE ATROPELLARLE Y DE PASO,
AL PP
El Peugeot 607 que utiliza el inesperado ganador de las elecciones gallegas, Alberto Núñez
Feijóo, desde hace tres años fue “un préstamo” de la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo a
“una institución” –el PP-. Es la versión que ayer defendía una portavoz del grupo en Galicia para
acallar los rumores de que Feijóo habría defraudado a Hacienda al no declarar su vehículo. Al
apuntar al partido como usufructuario, sin embargo, el grupo se ha metido en una nueva
encrucijada: en ese caso, Feijóo no habría cometido delitos fiscales, pero el PP habría violado la
Ley de Financiación de Partidos, que no contempla la figura del “préstamo”.
Según su última justificación, el PPdeG es usufructuario del coche oficial del su presidente, un
Peugeot 607 que proviene de “un préstamo” de la factoría Citroën de Vigo. Pero la Ley de
Partidos no contempla la figura del “préstamo” y es muy estricta ante este tipo de operaciones,
recoge Público.
Violan la Ley
El artículo 4.2 del citado reglamento aclara que los partidos “podrán recibir donaciones, no
finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro
de los límites y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley”, pero las
mencionadas donaciones deben tener “carácter irrevocable” y este concepto es incompatible con
el de “préstamo” con el que se justifica Feijóo.
No hay contrato
Además, las donaciones de personas jurídicas –el caso de la fábrica Citroën de Vigo- necesitan
siempre un “acuerdo adoptado en debida forma”, algo que Feijóo no hizo. El dirigente ni siquiera
firmó un contrato como tal: la operación sólo quedó recogida en una “papel de autorización para
la utilización del vehículo”, tal como han explicado fuentes de la factoría.
Ni acreditaciones
Pero a efectos legales, esta no basta. La normativa requiere que se acredite “mediante
certificación expedida por el partido político” la “identificación del donante”, un documento
“que acredite la entrega del bien donado” y una “mención expresa del carácter irrevocable de la
donación”. En ningún momento se contempla la justificación de Feijóo –el “préstamo” gratis y
total-.
“Interés específico” de Feijóo
En el PP rehúsan hablar del tema, a pesar de la locuacidad que se demostró con el Audi del
presidente saliente, Emilio Pérez Touriño. PSA Peugeot Citroën Vigo sí ha dado explicaciones
pero estas no dejan bien parado al líder popular. “Más que el PP, fue un interés específico de
Alberto Núñez Feijóo por probar el vehículo. El nos expresó su interés por comprarlo” apuntó
ayer un portavoz de la fábrica. “Manifestó su deseo de conocer nuestros vehículos y se le hizo un
préstamo”, agrega.
Promesas incumplidas
El “préstamo”, que se alargó durante tres años, parece haber tocado fin: Feijóo tiene intención de
sustituir el Peugeot 607 –el coche de los ministros-, por un Citröen C6 –el coche de Sarkozy-,
incumpliendo así, por cierto, su primera promesa: el dirigente, que había aseverado que se
desplazaría en un coche fabricado en Galicia, finalmente lo hará en un vehículo que sólo se
produce en Francia.
EL COCHE GRATIS TOTAL DE FEIJÓO INCUMPLE LA LEY DE FINANCIACIÓN
El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, utiliza desde hace tres años el coche que la
factoría PSA Peugeot Citröen de Vigo le presta de manera gratuita. Feijóo no ha declarado el
vehículo a Hacienda ya que fue "un préstamo a una institución", según justificó una portavoz del
líder de la derecha en Galicia.
Al erigirse en "institución"–lo es el Parlamento, pero no sus diputados, portavoces o grupos–,
Feijóo convirtió de forma implícita en usufructuario de su coche oficial al PP gallego. La Ley
sobre Financiación de Partidos Políticos, sin embargo, no recoge la aludida figura del "préstamo"
y es muy estricta ante operaciones como la que ha beneficiado al próximo presidente de la Xunta
desde hace tres años, como adelantó Público el miércoles. Los requisitos que impone no se han
cumplido en este caso.
El artículo 4.2 del citado texto establece que los partidos "podrán recibir donaciones, no
finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro
de los límites, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley". Su
articulado obliga a que las donaciones tengan "carácter irrevocable", concepto que es
incompatible con "el préstamo" con el que se excusa Feijóo. Además, las donaciones procedentes
de personas jurídicas –como es la factoría Citröen de Vigo– requieren siempre "acuerdo
adoptado en debida forma por el órgano social competente al efecto, haciendo constar de forma
expresa el cumplimiento de las previsiones de la presente ley". Tampoco se hizo así.
Marketing con Feijóo
En esta ocasión, el préstamo del vehículo que utilizó Feijóo, un Peugeot 607 –el coche que
utilizan la mayoría de ministros– se realizó en el marco de "una acción de relaciones públicas y
promoción de producto", según aseguró este lunes a este diario un portavoz de la factoría.
Este mismo interlocutor admitió que no ha mediado contrato alguno en la operación.
Simplemente se firmó "un papel de autorización para la utilización del vehículo". El trámite es,
sin embargo, bastante más complejo. La ley especifica que "cuando se trate de donaciones en
especie, la efectividad de las percibidas se acreditará mediante certificación expedida por el
partido político en el que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento
público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado, haciendo mención
expresa del carácter irrevocable de la donación". La ley de financiación de partidos no
contempla, por tanto, la opción elegida por Feijóo: el "préstamo" gratis total.
"Interés de Feijóo, no del PP"
El líder del PP gallego no quiso aclarar el lunes estas circunstancias. "No vamos a hablar más de
este tema", zanjó su portavoz. La locuacidad exhibida por Feijóo contra el Audi de su antecesor
en la Xunta se apagó así a la hora de explicar los detalles que envuelven a su vehículo gratuito,
un empeño personal de Feijóo. Fue él quien, hace tres años, recién elegido presidente del PP
gallego, mostró su interés a los responsables de la factoría de Citröen de Vigo para hacerse con
un coche gracias a su favor.
"Más que el PP, fue un interés específico de Alberto Núñez Feijóo por probar el vehículo, él no
expresó su interés por comprarlo", explicó el lunes el portavoz de la factoría. "Manifestó su
deseo de conocer nuestros vehículos y se le hizo un préstamo", se justificó. El préstamo ha
durado más de tres años.
Feijóo sustituyó este vehículo por un Citröen C6, también gratis, antes de comenzar la campaña
electoral gallega. Este modelo –el mismo que usa el presidente francés– es el que ha elegido
finalmente como coche oficial, a pesar de haber prometido que se serviría de uno de los modelos
fabricados en la factoría gallega. La limusina que ha encargado se produce únicamente en
Francia.
EL HIJO DEL SATURNINO Y LA SIRA
Alberto Núñez Feijóo, el próximo presidente de la Xunta de Galicia, ganó contra pronóstico y
devolvió el aliento a Rajoy. Ésta es su historia
Acabo de tirar al Touro en el contenedor", le confesó una tarde de éstas la señora Ramona a su
vecina Geluca, en alusión a los carteles con la cara de Touriño. En el pueblo de Os Peares, el
único de Galicia que está dividido -por tres ríos y la vía del tren- en cuatro municipios y dos
provincias, todos los habitantes se han unido por la causa de Feijóo. "Alberto, o noso
presidente", proclama gloriosa una pancarta que atraviesa la vía a la entrada de la localidad.
Detrás del letrero, la primera casa que aparece es una de piedra en la que el próximo gobernante
de Galicia nació el 10 de septiembre de 1961, y vivió casi toda su infancia y adolescencia. El
número 6 del lugar de O Mesón, Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, provincia de Ourense,
feudo hoy del barón popular José Luis Baltar, ya era entonces un caserón habitado por cuatro
familias. Eladia, la abuela de Feijóo, su abuela del alma, y el abuelo Manolo, que era panadero,
ocupaban, con sus ocho hijos y luego también con el yerno, el nieto Alberto y su hermana
Micaela, parte del primer piso y de la planta baja. Allí, Eladia atendía al mismo tiempo una
expendeduría de tabacos y una tienda de ultramarinos menos surtida que la de la acera de
enfrente, la del Alpargateiro.
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PSOE y BNG denuncian que el PP llevó hasta el colegio electoral en autobús y en coche
a potenciales votantes
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En un día acabaré con el caciquismo en Galicia, prometió Feijóo durante la campaña
electoral
En Os Peares había una tienda debajo de cada casa y la clientela se repartía. "Era difícil llegar a
rico y ellos eran bastante pobres", recuerda ahora Ramona, que a sus 93 años es la más anciana
del pueblo. "Si vienes buscando cosas, aquí nadie te hablará mal de los de la Eladia, y menos del
Alberto", advierte la vecina. Un rincón de Galicia difícil de gobernar, donde todo va lento porque
es preciso el consenso de cuatro alcaldes y dos diputaciones.
El nieto de Eladia no será sólo el próximo presidente de Galicia: el niño nacido en el número 6
de O Mesón ha logrado salvar a Mariano Rajoy, asediado por las tramas de espías y de
corrupción, de los enemigos internos que se aprestaban a cortarle la cabeza, esperando la
previsible derrota del PP en las elecciones gallegas.
En Os Peares están Alberto, el hijo de Pepito dos Barcos, y Alberto, el hijo del Quintela. Pero el
Alberto por antonomasia es el que ya sólo pasa de vez en cuando de visita, acompañado de
políticos conocidos, para saludar a todos y comer en el bar Barra. Es Alberto, "el hijo del
Saturnino y la Sira", aquí no tiene apellidos. Su padre empezó de "listero". Pasaba lista y
controlaba a los obreros que construían la carretera y los embalses del río Sil. Luego llegó a
encargado. Mientras, el niño, "responsable y obediente", estudiaba todo el día. Todo el mundo lo
recuerda así: encerrado siempre en casa. "Sólo salía a estirar las piernas". Daba "un par de
vueltas" por la acera y volvía sobre sus libros. Casi nunca iba a jugar con los otros chicos.
Con el tiempo, los Núñez Feijóo compraron su parte de inmueble, y hace cuatro años la
vendieron con la condición de que Alberto pudiese seguir ocupando un cuarto con llave. Allí,
según Rosa Caride, la nueva propietaria, guarda "papeles, libros, botellas de vino y ese montón
de regalos que le hacen desde que está tan arriba". Hasta que la familia marchó a vivir a Ourense,
no tuvo baño en casa.
Si Saturnino, su padre, no se hubiese quedado en paro, Alberto no habría sido presidente de
Galicia. Porque el chico, que acababa de terminar Derecho, no mostraba interés por la política y
lo que quería era llegar a juez. Pero al perder Saturnino el empleo, y con una hermana seis años
menor, Alberto tuvo que ponerse a trabajar. En 1984, preparó en dos meses las primeras
oposiciones a la Xunta y las aprobó con el número dos. El primero fue un amigo de la
universidad, Carlos Negreira, que tenía fama de ser más listo, pero también menos disciplinado.
En estas elecciones, Negreira iba de primero en la lista del PP por A Coruña. Y Feijóo, de
primero por Pontevedra. Otro compañero de Derecho, el socialista José Blanco, dice que no se
acuerda de él porque estuvo poco tiempo en la Facultad; pero alguna vez Feijóo ha preguntado
por los apuntes que Blanco nunca le devolvió, sólo para dejar claro que él era mejor estudiante.
Dos años antes de entrar en la Xunta, el hombre que el domingo pasado salvó a un Rajoy en
caída libre había votado a Felipe González. No tenía una ideología formada. Lo que le
preocupaba era sacar buenas notas, ayudar a su familia y no perder el tiempo. Era, y sigue
siendo, según los que lo conocen, "católico, apostólico y romano", y frecuentaba algo más la
iglesia que en la actualidad. En su casa natal se hablaba más castellano que gallego. Al pueblo
que medró gracias a las centrales hidráulicas había llegado mucha gente de fuera, y la denostada
lengua propia era lo que se hablaba "en la montaña", allá en núcleos alejados.
Con Feijóo, el PP abandonó la política de apoyo a la lengua gallega que durante años había
defendido Fraga y se enfrentó por ello al Gobierno bipartito. Durante la precampaña, la cúpula
del partido encabezó la manifestación del colectivo Galicia Bilingüe, que acabó con
enfrentamientos violentos entre grupos independentistas y la policía. Él no asistió. Estaba en
Argentina visitando a la emigración votante. Unos días antes, le había asegurado al periodista
Jiménez Losantos que apoyaba la marcha en defensa del castellano. El mismo Jiménez Losantos
que en una ocasión le preguntó a Rajoy "de qué escombrera ideológica" le había sacado.
Feijóo suele contar que se interesó por la política viendo por la tele las tertulias de La Clave. José
Luis Balbín tuvo la culpa, pero también el antiguo conselleiro y ministro José Manuel Romay
Beccaría, su verdadero padrino en el PP. Romay era el representante más visible, junto a Rajoy,
del sector urbano de los populares gallegos (los que en el partido llamaban del birrete,
conservadores tradicionales) enfrentado en una larguísima disputa interna a la facción rural y
caciquil, impregnada de galleguismo y populismo y encarnada por Xosé Cuiña y José Luis
Baltar, los de la boina, adversarios de la dirección nacional del PP. Romay no lo conocía de
nada, pero en 1991, siendo conselleiro de Agricultura, necesitaba un secretario general para su
departamento. Así que hizo una encuesta rápida entre el cuerpo de letrados y todos le
comentaron que el que más valía era un tal Alberto, de 29 años.
Lo llamó a su despacho, charló con él, y en el acto decidió su nombramiento. Se lo llevó
después, como secretario general, al Servizo Galego de Saúde. Y cuando José María Aznar
nombró a Romay ministro de Sanidad, Feijóo se convirtió en presidente del sistema sanitario
nacional. Tenía 35 años. Se cuenta que Romay lo dejó en el edificio del Insalud y ya no volvió.
La leyenda dice también que al llegar le hicieron una advertencia: "De la tercera planta hacia
arriba no trabaja ni dios". "Pues él los puso a trabajar, porque tiene una capacidad de motivación
tremenda, contagia su energía", asegura ahora el ex ministro. A la hora de hacer equipos y
nombrar gerentes de hospital, no miraba el carné político de nadie. Todo el mundo le tenía por
un gestor pragmático sin inclinaciones ideológicas, que se había limitado a hacer carrera en
administraciones del PP. De hecho, no se afilió hasta 2002.
"Todavía se recuerda su gestión porque en cuatro años redujo las listas de espera quirúrgicas de
212 a 53 días. Acabó con las diferencias regionales. Y yo entonces ya pensaba que podría llegar
a presidente de la Xunta". Romay, que está "orgullosísimo", destaca su "capacidad de trabajo, su
liderazgo, su honestidad y su gran sentido de la oportunidad". En sus tiempos, él no logró
imponer el birrete, pero su delfín ha "unificado el partido", y tras ganar estas elecciones, Baltar,
el último patriarca con boina, ha anunciado que se irá "en dos o tres años".
"En un día acabaré con el caciquismo", prometía Feijóo en la campaña. Mientras, el barón Baltar
enrarecía la contienda dando rienda suelta a su lengua desbocada. Insultos (del tipo "maricón" y
"sinvergüenza") hacia unos y comentarios sobre la supuesta vida íntima del nacionalista Anxo
Quintana. Ése era el contenido de sus mítines por los pueblos. Y su juego sucio resultó
doblemente eficaz cuando algunos medios publicaron noticias y fotos comprometidas sobre el
líder del BNG.
El error más grave de Quintana, en los primeros días de la campaña, fue dar un mitin ante un
grupo de ancianos que habían asistido engañados por un colectivo organizador del acto. Habían
pagado 15 euros para viajar a Portugal y el autobús paró en un hotel a pocos kilómetros de la
frontera. El PP se cebó en este hecho a pesar de que Baltar es el gurú de lo que en Galicia se
llama carrexo (transporte al colegio electoral de votantes, por lo general de cierta edad, en coches
particulares de los políticos locales). El sábado de reflexión, la Diputación de Ourense movilizó
una flota de vehículos para llevar de excursión por la Ribeira Sacra a vecinos de varios
municipios. El BNG y el PSOE denuncian que tanto los alcaldes como Baltar, presidente de la
institución provincial, compartieron banquete con los potenciales electores. Al día siguiente, el
carrexo se volvió a repetir. Hay pruebas gráficas y denuncias, ante la Guardia Civil y la Junta
Electoral, de que incluso se transportó a los votantes hasta el colegio electoral en autocar... Pero
Feijóo promete que acabará en un día con el caciquismo.
Cuando Romay dejó el ministerio, Álvarez-Cascos, que también había puesto los ojos en el
empollón de Os Peares -y Feijóo le considera otro padrino político-, se lo llevó de director
general a Correos. De ahí, y de su etapa en el Insalud, viene su estrecha amistad con varios
sindicalistas como Regino Martín, de CC OO. En esta organización aseguran que su gestión fue
"muy buena", que con él se consiguió firmar un plan de pensiones que sigue en vigor y el primer
convenio colectivo, que consolidó 10.000 empleos.
Unos cuantos años después, Esperanza Aguirre lo quiso fichar como consejero de Sanidad, pero
entonces el ahijado político de Romay ya estaba "casado con Galicia", como dice su madre. "Se
casó con Galicia, pero Galicia no me da nietos", se lamentaba la madre en un vídeo electoral
propagandístico, con el que el partido intentaba acercar la figura distante y todavía desconocida
del candidato. La frase era, en realidad, una indirecta. Porque aunque casi nadie lo sabía
entonces, Feijóo tiene una novia ocho días más joven que él. "Los dos somos virgo, y por lo
tanto, tímidos y reservados", comentó ella un día. Lo de la timidez de Alberto, disfrazada de
chulería y un humor desconcertante cuando trata con quienes no le dan confianza, es vox pópuli.
Y sus rivales lo saben y lo utilizan. El socialista Francisco Cerviño, diputado autonómico,
explica que es fácil percibir cuándo en un debate se ha dado en el blanco "porque se pone todo
colorado". Pese a ello, dicen que "encaja bien los golpes".
La periodista madrileña Carmen Gámir, Chinny (de chinita) para todo el mundo, porque su
madre es española nacida en Filipinas, lo conoció en el año 2000, cuando lo entrevistó como
director de Correos para el diario orensano La Región. Durante nueve años mantuvieron su
relación en secreto. A Feijóo se le atribuyeron antes otras relaciones. Pero en el ecuador de esta
campaña Gámir salió a la luz, precisamente en un reportaje que le dedicaba su diario. La
periodista, que trabaja para el semanario internacional de La Región, terminó pidiendo una
excedencia hace algo más de dos meses para seguir a Alberto y vive con él en una de las dos
torres gemelas más altas y exclusivas de Vigo. Feijóo está pagando la hipoteca y presume de
ello, pero sus allegados no aclaran si tiene más propiedades.
En contra de lo que mostraba otro vídeo electoral, Feijóo no recoge los platos en su domicilio.
"Un día a la semana", explica un amigo, "le va una mujer", pero eso es porque "trabaja 16 horas
al día". Pese a que es un hombre "corriente", o quizá por eso, el líder del PP gallego "jamás
plancha". Los domingos por la noche telefonea a su padre para que le cuente cómo han quedado
el Depor y el Madrid. En la noche electoral también lo llamó. Saturnino, en lugar de darle la
enhorabuena, le cantó los resultados de la jornada.
En una muestra de heterodoxia para el PP, Feijóo suele afirmar que "el matrimonio es la
institución menos democrática que hay". En una ocasión, Fraga dijo que su único defecto era
estar soltero. Años antes, el ex presidente de la Xunta también le había recomendado a Rajoy que
se casase y tuviese hijos. En una charla en el Club Financiero de Vigo, le preguntaron a Feijóo
qué medidas pensaba tomar para fomentar la natalidad. Siempre rápido en sus respuestas,
contestó con otra pregunta, "¿vais con segundas?", y con una afirmación: "Yo, por lo pronto, el
año que viene me pongo a ello".
Desde una ventana de su domicilio, el presidente in péctore de Galicia se despide de la ría por la
mañana, antes de marchar a Santiago en el C6 negro que puso hace tiempo a su servicio la
factoría viguesa de Citroën (la misma empresa que ahora fabricará su coche presidencial, en
Francia). Feijóo no ha confirmado aún si piensa instalarse en la residencia oficial de Monte Pío,
en Santiago. "Le gusta demasiado el mar", cuenta uno de sus próximos. Él pesca y tiene "muchos
amigos marineros".
Lo que ya ha puesto a la venta, dice Feijóo, es el lujoso Audi oficial de Touriño, que
seguramente tantos votos le valió al PP. El mensaje sobre los gastos astronómicos del presidente
socialista ("con el Audi de Touriño se podrían comprar 24 ambulancias") y una historia de sillas
a 2.269 euros para una sala de la Xunta (que en realidad nunca fueron compradas) caló en la
opinión más que las noticias de corrupción y casos de espionaje del PP. Ni siquiera llamó la
atención un escándalo del dinero procedente de las Caimán que había cobrado Luis Carrera, el
número uno del PP por Ourense, sin declararlo a Hacienda. Feijóo ganó con holgura tras una
campaña en la que el chaval vergonzoso, interno de los 10 a los 14 en los Maristas de León,
aparcó sus escrúpulos y abundó en la demagogia. "Él estaba seguro de que iba a ganar, y logró
transmitirlo", afirman sus íntimos. "Hace años que en los mítines del PP no había tanta alegría y
tanta gente".
Feijóo presume de ser leal, humilde y austero. Sus amigos aseguran que "no le gusta gastar por
gastar". Lleva años con el mismo móvil Nokia. Un modelo básico roto por todas partes. Durante
el tiempo que ejerció cargos públicos en Madrid se resistió a cambiar de vehículo. Al llegar a la
Xunta llamado por Fraga, primero para sustituir a Cuiña como conselleiro de Política Territorial
y luego como vicepresidente, heredó un Audi A8 y con éste siguió hasta que el bipartito le
arrebató el poder al PP en 2005. Entonces aquel gestor sin ideología aparente fue el hombre
elegido por Rajoy para suceder a don Manuel. Ofrecía una imagen centrista y moderada, que en
buena parte se ha roto con la dureza de la reciente campaña.
Cuando era vicepresidente, le ofrecieron un A8 nuevo, pero él se negó a estrenarlo. En un acto,
durante el traspaso de poderes, Quintana le preguntó qué coche tenía. Feijóo le aconsejó que
fuese a mirar en el garaje de la Xunta: "Hay un A8 sin estrenar que yo nunca acepté". En un
segundo encuentro, el del BNG le volvió a preguntar: "Es que no está donde me dijiste".
"Pregúntale a Méndez Romeu [conselleiro socialista de Presidencia]; lo está usando él", le
contestó Feijóo, dando muestras de que se encontraba más al tanto de las cosas de palacio que el
socio nacionalista de Touriño.
Esta semana, cuando después de la victoria viajó a Madrid para reunirse con la dirección del
partido, Feijóo cenó en un bar de carretera. Era muy tarde, sólo estaban los camareros, pero lo
reconocieron y le felicitaron. Luego, él, su novia y su chófer se sentaron en una mesa y pidieron,
para los hombres, un pepito de ternera, y para ella, un sándwich. Su primera cena como
presidente recién elegido era de veras modesta.
Y suele decir que sus platos favoritos son "las xoubas [sardinillas] fritas y los huevos fritos",
aunque siempre que puede acude al restaurante Estrella, del municipio pontevedrés de Bueu, en
el que trabaja su amigo Andrés Pérez, percebeiro de mañana y cocinero por las tardes. "Es de
buen diente", asegura Pérez, "suele pedir percebes, centollas, arroz con bogavante, rape y
lenguado". En verano, con éste y con otros amigos, Feijóo suele pasar unos días en la isla de
Ons. Con otro de sus colegas, los fines de semana va a correr por el parque vigués de Castrelos.
"Está en forma y eso le valió para aguantar como un toro la campaña". A diario visitaba tres
provincias, pero físicamente no se resintió. Él, "que suele sufrir de la garganta", conservó la voz
todo el tiempo y "sólo se acatarró el último día". Mientras Quintana, por ejemplo, perdió siete
kilos, Feijóo sólo adelgazó uno y medio.
El de Os Peares sigue haciendo alarde de su origen y llama "señoritos" a sus contrincantes.
Nunca se arrepentirá lo suficiente de aquella foto, durante los terribles incendios del verano de
2006, que lo mostraba sosteniendo una manguerita vestido de domingo. Combatir su fama de
estirado es tarea difícil. Tras una encuesta entre los alcaldes del PP, concluyó que tenía que
cambiar de imagen. En la precampaña, el candidato que de niño se lavaba en una palangana se
cortó el pelo y abandonó la gomina para siempre.
EL PRESIDENTE RIOJANO, PEDRO SANZ, VIAJA EN UN A-8 COMO EL DE TOURIÑO,
TUNEADO ADEMÁS CON TV Y FAX
¿Sabe Feijóo, especialista en falsos escándalos, que el Gobierno del PP de La Rioja tiene 25
Audis de alta gama?
“Creo que deberíamos parar de hablar de esto”, rogaba Alberto Núñez Feijóo, presidente electo
de la Xunta de Galicia, el pasado miércoles en la Cadena Ser. La marcha atrás de Feijóo en lo
que había sido el pilar de su campaña electoral (el gasto “suntuoso” de Touriño en su Audi A8),
no parece funcionar. En realidad, el popular parece haber abierto la caja de Pandora
automovilística y ha hecho mirar con lupa cuánto gastan las Comunidades Autónomas en
vehículos. Entre todas, resulta llamativo el caso de La Rioja, donde gobierna el también popular
Pedro Sanz y que cuenta -sólo en el ámbito de presidencia- con cinco coches de alta gama. En
concreto, cuatro Audi A-6 para diferentes usos. El presidente, en cambio, se reserva para él un
espléndido Audi A-8.
Y es que, en La Rioja, cada consejero tiene a su disposición un coche de alta gama. En total, se
han pagado 200.000 euros en horas extras de los conductores. El Partido Riojano denuncia casos
de conductores “esperando cinco horas en un restaurante a que un consejero coma y juegue al
mus” o el traslado de hijos de consejeros al colegio en coches oficiales.
Sanz, también en Audi A8
El Gobierno riojano cuenta en su haber con un parque automovilístico que provocaría la envidia
de cualquier coleccionista de Audi. En total 24 modelos A6 al que habría que sumar el
espléndido, y equipadísimo, Audi A8 con que se mueve su presidente, el popular Pedro Sanz.
En el Diario La Rioja
Las protestas del Partido Riojano (PR) no se han hecho esperar y en una rueda de prensa ofrecida
ayer denunciaron, no sólo este amplio parqué automovilístico, sino los abultados gastos de horas
extras y el kilometraje realizado con los coches. La comparecencia del PR la recogía el diario La
Rioja en una pequeña pieza en la página 8. La inclinación creciente de este rotativo -el único
editado en la Rioja- hacia el PP en general, y hacia su presidente en particular, es conocida en la
región.
Un modelo familiar
El Audi A8 es el mismo modelo que utilizaba Emilio Pérez Touriño, presidente en funciones de
la Xunta de Galicia, y al que tanto rédito electoral ha sabido sacar Alberto Núñez Feijóo –
especialista en escándalos artificiales-, gracias a sus críticas sin fundamento durante la pasada
campaña electoral. También es el mismo modelo en el que se mueven Alberto Ruiz-Gallardón
(aunque es un ejemplar bastante más caro), Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Rita Barberá y
otros altos cargos populares…
Jugoso Plan Renove
El modelo que usa el presidente riojano fue adquirido el 3 de noviembre de 2005 para su uso
exclusivo y gracias a un beneficioso Plan Renove, de manera que sólo pagó, tras entregar el
coche antiguo, 100.436 euros por él. Sin embargo, habría que sumarle la instalación –
perfectamente justificada- de un inhibidor de frecuencia y el blindaje que llevan los coches de los
altos cargos autonómicos.
Habitáculo tuneado
Hasta aquí todo normal. No lo es tanto la mejora del habitáculo que se suministró Pedro Sanz.
Gracias a una reducción del maletero, el presidente riojano ganó espacio en la parte de atrás del
coche. Justo lo necesario para poder instalarse un fax, una televisión, etc. Ahora pocos recuerdan
cuando el PP puso el grito en el cielo porque el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach
(ERC), se había instalardo una mini oficina en su Audi A-8 por valor de 20.000 euros.
Finalmente, las críticas obligaron a Benach a dar marcha atrás.
25 Audi para el Gobierno
Pero el patrimonio riojano en vehículos no se queda aquí. El pasado 5 de diciembre, se
adquirieron para el parqué automovilístico 3 Audi A-6 por valor de casi 40.000 euros cada uno.
Este es el modelo con el que el Gobierno riojano se encuentra más cómodo. Cada una de las
nueve consejerías tiene uno a disposición de su responsable. A estos, habría que sumar los cuatro
que tiene Presidencia (aparte del A-8): 1 destinado al Gabinete de Comunicación, 2 para la
Consejería de Presidencia y uno más para asuntos varios. De todos estos, quedarían al margen
los 4 puestos a disposición de altos cargos y otros 6 para servicios alternativos. Queda uno más
que realiza los traslados al Hospital Psiquiátrico. En total, 25 Audi.
2.384 kilómetros al día
Más allá de la cantidad de vehículos, llaman la atención, tal y como denuncia el PR, el
kilometraje realizado con los vehículos y las horas extras pagadas a los conductores. En el año
2008, en total se realizaron 870.182 kilómetros. La cuenta sale a 2.384 kilómetros al día, pero
hay que tener en cuenta que en cada jornada, sin descontar festivos, no se parece que se hayan de
mover tanto todos los coches.
La penúltima Comunidad
Si prestamos atención al mapa español, estas cantidades parecen, por lo menos, exageradas. En
términos de territorio, La Rioja, con 29.574 m2, es la 16ª Comunidad Autónoma de España. Sólo
supera en tamaño a las Islas Baleares. Galicia, raíz de la polémica, es la 7ª Comunidad más
grande de España. Si hablamos de población, La Rioja cuenta con 317.501 habitantes. Esto la
convierte en la Comunidad Autónoma con menos habitantes de España. Mil menos de los que
tiene la ciudad de Valladolid. Galicia, con casi tres millones de almas está en el 5º puesto de
población.
Horas extra a la espera de un mus
¿Y las horas extra de los conductores? El PR defiende que tienen todo el derecho a cobrarlas
“porque las han realizado”. Pero, ¿en qué? El Partido Riojano denuncia que se ha hecho “una
utilización abusiva”. Es el caso de los desplazamientos a Riojafórum, yendo “cada consejero en
un coche”. Pero hay desplazamientos más estrafalarios: “Hay consejeros que llevan en el coche
oficial a sus niñas al colegio” y se ha dado el caso de que “haya un conductor esperando cinco
horas en un restaurante a que un consejero coma y juegue al mus”.
FEIJÓO ERA EL ÚNICO PORTAVOZ QUE USABA UN COCHE GRATIS TOTAL
Los líderes de PSOE y BNG en la Cámara sólo tuvieron opción de compra de un vehículo
Alberto Núñez Feijóo ha disfrutado desde 2006, cuando fue aupado al liderazgo del PP gallego,
de una ventaja exclusiva: era el único líder parlamentario que disponía de un vehículo “prestado”
por la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo. Los portavoces en la Cámara autonómica de PSOE
(Ismael Rego) y BNG (Carlos Aymerich) nunca tuvieron a su disposición un vehículo cedido por
la empresa más importante de Galicia. Así lo han confirmado ambos a Público.
"Adquirimos en 2002 un 607 por 39.000 euros", dicen en el PSdeG
Citroën procuró a Feijóo un Peugeot 607 hace tres años “en calidad de presidente del Grupo
Parlamentario Popular”, había explicado una portavoz del partido a este diario. Se trataba,
añadió, de “un préstamo a una institución, como se presta a otras instituciones, caso del
Ayuntamiento de Vigo o la Diputación de Pontevedra”. En caso de que el Grupo Popular fuese
una institución, ¿por qué no hubo una cesión similar a los grupos de BNG y PSOE? Este
periódico intentó contactar, sin éxito, con algún responsable de la compañía que explicase la
diferencia de criterio.
El problema es que los grupos parlamentarios no son una institución. Lo es el Parlamento
gallego, o la Xunta, pero no un grupo que, como lo asume el Reglamento de la Cámara –y de
todas las asambleas legislativas–, es una forma de organización de los diputados para acceder a
los recursos y articular el trabajo parlamentario.
Feijóo usaba el 607 “prestado, a nombre de Citroën”, aunque su grupo corría con “todos los
gastos de mantenimiento”, desde el seguro a la gasolina o el chófer. “Nunca” utilizó el único
Audi A6 que el Parlamento pone a disposición de los portavoces de los tres grupos, previa
solicitud.
Rego recordaba ayer que en la última legislatura de Manuel Fraga (2001-2005) se consiguió que
la Cámara aumentase la subvención a los grupos para que estos, si querían, comprasen un coche.
Socialistas y Bloque quieren saber la "situación fiscal" del automóvil
“Adquirimos un 607 el 5 de abril de 2002 en un concesionario de Santiago, con mediación de la
fábrica de Vigo. Nos salió por 38.890,41 euros, y aún pagamos una letra de 565,36 euros”,
relató. “¿Por qué se le presta a Feijóo y se nos cobra a nosotros? ¿Y lo acepta por qué? Ni se nos
habría ocurrido al PSdeG. ¿Y a cambio de qué? Con mayor razón se lo regalarán ahora, cuando
sea presidente de la Xunta”. El portavoz socialista le exigió que explique “cuanto antes” la
“situación fiscal” del coche y “la relación con Citroën”. Ayer, en el PP decían ignorar si Feijóo
ha declarado el Peugeot a Hacienda. “Me sorprende su desparpajo, y que no haya dicho nada.
Veo cierto tufillo”, afirmó Rego.
Sin coche en el grupo del BNG
En el BNG, Aymerich pidió respuestas a las “preguntas que todo el mundo se hace”. Y citó:
“¿Un político debe aceptar regalos? ¿Con qué contraprestración? ¿Debemos creer que es un
préstamo y punto? Es un escándalo que se nos oculte esta presunta irregularidad. Casa mal con la
austeridad que ha predicado”. Aymerich subrayó que su grupo no ha comprado ningún vehículo.
Fuentes del PP, consultadas por este diario, no pudieron precisar si su grupo adquirió un coche.
Añadieron que el portavoz en la pasada legislatura, Manuel Ruiz, “solía conducir su vehículo y
usó muy ocasionalmente el del Parlamento”. Feijóo ha prometido “andar en un Citroën”. Fuentes
de la Xunta recordaron ayer que el próximo presidente deberá convocar un concurso público para
adjudicar el coche oficial al tratarse de un contrato mayor de 18.000 euros. No podrá darlo sin
más, a dedo.
LAS INSTITUCIONES DE VERDAD: LOS "PRÉSTAMOS" A PONTEVEDRA Y AL
ALCALDE DE VIGO
En el PP gallego citaron el “préstamo” al Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra. Hay
diferencias.
En la Diputación explican que Citroën cede tres C5, uno para el presidente del órgano, Rafael
Louzán (PP), y los otros “para los cinco vicepresidentes o algún jefe de servicio”. Al cabo de
“15.000 ó 20.000 kilómetros”, el coche se devuelve a la fábrica, que lo pone a la venta. La
Diputación corre con los gastos. “Se nos da como institución, no a la persona. Y no hay
contraprestación”. ¿Un grupo parlamentario es una institución? “No”, responden fuentes de la
Diputación.
En Vigo, situación similar. “Desde hace años se llegó a un convenio con Citroën: la fábrica cedía
al alcalde un coche [hoy, un C6] que renueva cada ocho meses y luego se vende. Lo hace como
máximo dignatario de la ciudad, para promocionar la marca. Todos los demás coches son
Citroën, comprados o de alquiler”, relatan fuentes próximas al alcalde, Abel Caballero (PSOE).
EL PP DESCONOCE SI FEIJÓO DECLARÓ A HACIENDA EL COCHE
Alberto Núñez Feijóo ha disfrutado durante tres años de coche gratis desde que es presidente del
PP gallego. Se trata de un Peugeot 607, "prestado" por la factoría PSA Peugeot Citroën ubicada
en Vigo (Pontevedra), según confirmó ayer a Público una portavoz. La fábrica se lo cedió "como
presidente del Grupo Parlamentario Popular". Y, como era un "préstamo", el coche figuraba "a
nombre de la compañía, de Citroën". ¿Declaró Feijóo alguna vez a Hacienda el 607? "No lo sé",
respondió la portavoz del PP.
El próximo presidente de la Xunta, como desveló ayer este diario, ha utilizado como coche
oficial el citado 607 desde 2006. Hace tres semanas, antes de que comenzara la campaña, "un
concesionario de Citroën prestó a Feijóo un C6". "Pero hasta entonces sólo usó el 607", repitió la
portavoz. No aprovechó "nunca" el Audi A6 que el Parlamento gallego pone a disposición de los
portavoces de los tres grupos parlamentarios. La Cámara cuenta con un parque móvil reducido:
cinco automóviles para los cinco miembros de la Mesa y otro más para los portavoces "previa
solicitud", precisaron fuentes del Parlamento.
"No es un regalo, sino un préstamo a una institución. La fábrica PSA es la principal empresa de
Galicia, con el mayor número de trabajadores. Ha prestado a Feijóo como a otras instituciones, al
Ayuntamiento de Vigo [gobernado por PSOE y BNG] o la Diputación de Pontevedra [dirigida
por el PP]", añadió la portavoz.
En el PP recalcan que "en ningún caso se trata de una donación". Si así fuera, debería tributarse
el coche a Hacienda. Pero aun siendo un "préstamo", Feijóo podría tener que declararlo como
renta en especie si usara el vehículo para disfrute personal, como interpretan los expertos en
fiscalidad consultados por este periódico, que señalan los artículos 42 y 43 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 2006. "Usó el 607 como presidente del
grupo, nunca para uso personal", subrayan en el PP.
¿Por qué no se dijo nunca nada del vehículo, precisamente cuando Feijóo empleó el argumento
del "despilfarro" de Pérez Touriño? "No se preguntó. Cuando se nos ha preguntado, lo hemos
dicho, sin problema". ¿Ha supuesto un ahorro para el PP el préstamo del 607? "No hay nada más
que decir", zanjó la portavoz.
"Refleja la impostura del PP y de Feijóo, que se presentó como abanderado de la austeridad y la
regeneración", replicó Carlos Aymerich, portavoz del BNG en el Parlamento. "Lo más grave es
que ese préstamo le impide defender los derechos de los trabajadores de Citroën de Vigo. ¿De
parte de quién se va a poner cuando se presente el ERE?", añadió. "¿Por qué ocultó ese dato?",
inquiere Mar Barcón, miembro de la gestora del PSdeG. "El PP debe explicarse por si se saliera
de los márgenes de la Ley de Financiación de Partidos. ¿Y cómo es posible que una empresa que
recibe dinero público para evitar despidos preste coches?"
En EEUU, el candidato de Barack Obama para Sanidad, Tom Daschle, tuvo que renunciar al
puesto al no declarar como ingresos el uso de un coche gratis con chófer que le puso una
compañía a la que asesoraba.
Si hay uso personal, hay que pagar tasas
Si es renta en especie
El artículo 42 de la Ley 35/2006, del IRPF, señala que “constituyen rentas en especie la
utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de
forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real
para quien las conceda”. El artículo 43 añade que “en el supuesto de uso” de coches, esa renta en
especie será el 20% del valor del vehículo. Si el pagador no es el propietario, “se aplicará sobre
el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo”.
Si es una donación
Si Citroën hubiese donado el coche a Feijóo, y estuviese a nombre de éste, se aplicaría la ley del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de 1987, ya que la norma gallega sólo prevé reducciones
para casos de parentesco. La ley del Estado establece una tarifa progresiva, del 7% al 34%, en
función del valor de la donación.
EL FUTURO COCHE OFICIAL SE FABRICA EN FRANCIA
Hizo del "lujo bipartito" y del coche oficial de Touriño el eje de la campaña y ahora el Audi A8
del presidente en funciones persigue a Alberto Núñez Feijóo en cada comparecencia pública. La
Cadena SER avanzó ayer que el candidato del PP no midió bien sus promesas cuando anunció
que compraría un vehículo fabricado en Galicia. El Citroën C6, la berlina que ha probado
durante la campaña y que ahora pretende comprar para la Xunta, no se produce en Vigo sino en
Francia.
Tal vez por eso, el presidente electo, que la semana pasada repetía en cada mitin que nunca se
subiría a "un coche que cuesta como 24 ambulancias", pidió ayer "parar de hablar de esto". "Sólo
hemos dicho que no nos gustan los gastos suntuarios del ex presidente", dijo Feijóo, quien
reclamó "empezar ya a construir el futuro". El futuro jefe del Ejecutivo reiteró su intención de
comprar un Citroën C6, por ser "el vehículo de representación" de la marca francesa. Feijóo no
dio pistas sobre el futuro del A8 blindado que intentará vender.
(www.elpais.com, 05/03/09
PAJÍN ACUSA A FEIJÓO DE HACER "MUCHA DEMAGOGIA" SOBRE EL COCHE
OFICIAL Y AHORA NO PUEDE CUMPLIR SUS PROMESAS
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, acusó hoy al candidato del PPdeG y futuro
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de haber hecho "mucha demagogia" sobre el coche
oficial del presidente saliente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, de manera que ahora no puede
cumplir sus promesas.
PSOE ve "tufillo" en que Feijóo elija un coche oficial de Citroën tras saberse que la marca le cedió
"uno de cortesía"
Pajín señaló que se ha hecho "mucha demagogia" y eso, a su juicio, supone que a veces "uno
sea prisionero de sus propias palabras como le ha pasado a Feijóo". "Hoy vemos en algunas de
las portadas que Feijóo hizo algunas promesas sobre el cambio de coche que ahora no puede
cumplir", agregó.
En su opinión, el futuro presidente de la Xunta quiso hacer una campaña electoral "basada en
declaraciones como ésta", en vez de estar basada "en las propuestas que los ciudadanos
gallegos querían hacerle". No obstante, recordó que son los ciudadanos los que han hablado y
los socialistas "saben escuchar" y, por eso, "se ha empezado una nueva etapa".
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090305/tpl-pajn-acusa-a-feijo-de-hacer-mucha-de-679ba16.html
EL PP VALENCIANO SE PASEA EN EL AUDI QUE FEIJÓO REPROCHABA A TOURIÑO
Ahora el líder popular gallego quiere “parar de hablar de esto” El PP valenciano se pasea en el
Audi que Feijóo reprochaba a Touriño y con el que se desplazaron a Alicante. Las críticas al Audi
de Touriño comprometen a Gallardón y Aguirre, que usan el mismo modelo
Coche ‘gratis total’ desde hace tres años
Citröen Vigo ha cedido un coche a Feijóo desde que preside el PP gallego hace tres años . Ahora
pasará “del coche de Obama” de Touriño a la limusina de Sarkozy
El líder del PP gallego ha incumplido también su primera promesa electoral…. El pasado 26 de
febrero, igual que en otras citas electorales, pero en Vigo, donde los empleos de la factoría de
Citröen añaden votos en tiempos de crisis, Feijóo solemnizó un compromiso: el 2 de marzo “el
presidente de la Xunta solamente se acercará a ese coche [el de Touriño], que es más caro que el
de Obama, para poner un cartel de se vende y montarse en un coche hecho en Vigo”
El bulo de Obama
Feijóo ha optado así por la limusina de Sarkozy para jubilar “el coche de Obama”. Como un arma
recurrente en campaña, el PP ha hecho bandera de “la tendencia al lujo” del socialista Emilio
Pérez Touriño. Feijóo ejemplificó esta supuesta inclinación al dispendio en su coche oficial, un
Audi A8. Para redondear el argumento, la derecha gallega lo simplificó tejiendo un bulo rentable:
el coche de Touriño es más caro que el del presidente de Estados Unidos, Barak Obama.
Las acusaciones contra Touriño no han sido, sin embargo, una estrategia original. El PP ha
cargado también contra el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, por instalar una
oficina móvil en su coche oficial que acabó retirando y contra el líder del BNG, Anxo Quintana, a
quien acusó de instalar en su vehículo un minibar de 6.000 euros que resultó ser, finalmente, una
nevera de playa.
El PP nunca ha criticado, sin embargo, que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, disfrute
de un Audi A8 el modelo de Touriño aparcado bajo su despacho, cuyo alquiler asciende a 591.624
euros
por
cinco
años,
entre
2008
y
2012.
Fuente: Público
http://alacant.wordpress.com/2009/03/05/el-pp-valenciano-se-pasea-en-el-audi-que-feijooreprochaba-a-tourino
FEIJÓO NO QUIERE HABLAR AHORA SOBRE EL COCHE
El recién elegido presidente se ha decantado por un C6 que se fabrica en Francia y no en la
factoría de Vigo
Feijóo no quiere hablar ahora sobre el coche
http://www.cadenaser.com/espana/audios/feijoo-quiere-hablar-ahoracoche/csrcsrpor/20090304csrcsrnac_2/Aes/
FEIJÓO INTENTARÁ VENDER EL COCHE OFICIAL DE TOURIÑO A TRAVÉS DE LA
CONCESIONARIA ANTES DE RECURRIR A LA SUBASTA PÚBLICA
El candidato del PPdeG y futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó hoy que
intentará vender el coche oficial del máximo mandatario autonómico en funciones, Emilio Pérez
Touriño, a través de la concesionaria, antes de recurrir a la subasta pública. En una entrevista a la
Cadena Cope, recogida por Europa Press, entendió que "pocas personas" podrían comprar "un
coche de esa categoría", por lo que optó por recurrir a la fábrica, que "puede conocer clientes que
necesiten este tipo de vehículos", un Audi A8 blindado. No obstante, el dirigente popular no
descartó, llegado el caso, acudir al "procedimiento habitual" y subastar públicamente este
vehículo oficial de la Xunta de Galicia.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-feijoo-intentara-vender-coche-oficial-tourino-travesconcesionaria-antes-recurrir-subasta-publica-20090305124554.html
FEIJÓO DISFRUTA DESDE HACE TRES AÑOS DE UN COCHE GRATIS TOTAL
El presidente del Partido Popular gallego cambiará "el coche de Obama" de Touriño por la
limusina de Sarkozy
Cuando el presidente electo de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mencionó a la firma
Citröen durante su campaña electoral asegurando que es "mi marca y mi coche", no dijo toda la
verdad. Suyo no ha sido nunca. Ni del PP gallego. El líder conservador emplea desde hace tres
años vehículos cedidos por la factoría que Citröen tiene en Vigo de manera totalmente gratuita,
según confirmó a Público el miércoles el propio Feijóo a través de una portavoz.
Desde que fue elegido presidente del PP gallego, el 15 de enero de 2006, Feijóo ha dispuesto
siempre de vehículos de alta gama cedidos por la factoría PSA Peugeot Citröen ubicada en Vigo.
Primero fue un Peugeot 607 el mismo modelo que emplean la mayoría de ministros y después un
Citröen C6, el más exclusivo de la firma francesa.
Feijóo ha disfrutado de este vehículo gratis total durante toda la campaña electoral gallega. Una
portavoz de Citröen España explicó ayer a Público que la planta de Vigo "dispone de autonomía"
para ceder vehículos según su estrategia de empresa ya que "tienen su propia flota y sus propios
criterios". No es por tanto la marca, sino la fábrica de Vigo, la que ha proporcionado a Feijóo
locomoción gratis durante los últimos tres años. Ahora, desde su responsabilidad al frente de la
Xunta, el líder del PP gallego deberá tomar decisiones que afecten al futuro de este centro de
producción. Este diario intentó este miércoles insistentemente recabar la versión de la factoría
Citröen de Vigo, pero ninguno de sus responsables estuvo "localizable" desde primera hora de la
tarde, según aseguró una portavoz de la planta.
Utilizará el coche de Sarkozy
El modelo que Núñez Feijóo ha disfrutado gratis durante la campaña gallega será, además, el
coche elegido por el próximo presidente de la Xunta para convertirlo en su coche oficial.
El agradecimiento a la marca ha llevado Feijóo a encargar un Citröen C6 el más representativo de
la marca para su uso institucional, según anunció en la Ser. Este modelo es el mismo que emplea
en sus desplazamientos oficiales el presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy. Al
elegir su nuevo C6, el líder del PP gallego ha incumplido también su primera promesa electoral
aún antes de estrenar su despacho.
El pasado 26 de febrero, igual que en otras citas electorales, pero en Vigo, donde los empleos de
la factoría de Citröen añaden votos en tiempos de crisis, Feijóo solemnizó un compromiso: el 2 de
marzo "el presidente de la Xunta solamente se acercará a ese coche [el de Touriño], que es más
caro que el de Obama, para poner un cartel de se vende y montarse en un coche hecho en Vigo" .
Dos días después de vencer el plazo de su palabra dada, el líder conservador ha fallado ya a su
primera obligación contraída. El coche lo comprará a cargo de la Xunta, pero lo hará en Francia,
único país en el que se fabrica el exclusivo modelo elegido.
La firma francesa produce en Galicia los modelos Xsara Picasso, C4 Picasso, y el Berlingo, así
como la Peugeot Partner. Ninguno ha sido escogido, a pesar de que el modelo más alto de la
gama C4 sí admite blindaje y los elementos adicionales de seguridad que requiere un vehículo de
altas prestaciones dispuesto para el servicio oficial. Su coste no supera los 30.000 euros, la mitad
que el vehículo seleccionado, el Citröen C6, cuyo precio es de 60.000 euros sin incluir refuerzos
de seguridad en neumáticos, carrocería y cristales, que pueden duplicar la factura final que
abonará la Xunta.
El bulo de Obama
Feijóo ha optado así por la limusina de Sarkozy para jubilar "el coche de Obama". Como un arma
recurrente en campaña, el PP ha hecho bandera de "la tendencia al lujo" del socialista Emilio
Pérez Touriño. Feijóo ejemplificó esta supuesta inclinación al dispendio en su coche oficial, un
Audi A8. Para redondear el argumento, la derecha gallega lo simplificó tejiendo un bulo rentable:
el coche de Touriño es más caro que el del presidente de Estados Unidos, Barak Obama.
Después de ganar las elecciones, Feijóo aparcará el vehículo alemán de Touriño y disfrutará de
uno francés "muy digno", según el líder gallego intentando cerrar el juego electoral que le ha
acompañado durante las últimas semanas. "Creo que deberíamos dejar de hablar de esto", pidió
el martes Feijóo en la misma entrevista en la que anunció qué exclusivo modelo presidirá su
parque móvil oficial.
Las acusaciones contra Touriño no han sido, sin embargo, una estrategia original. El PP ha
cargado también contra el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, por instalar una
oficina móvil en su coche oficial que acabó retirando y contra el líder del BNG, Anxo Quintana, a
quien acusó de instalar en su vehículo un minibar de 6.000 euros que resultó ser, finalmente, una
nevera de playa.
El PP nunca ha criticado, sin embargo, que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, disfrute
de un Audi A8 el modelo de Touriño aparcado bajo su despacho, cuyo alquiler asciende a 591.624
euros por cinco años, entre 2008 y 2012.
Una campaña en el Audi de Emilio Pérez Touriño
Según aseguró Alberto Núñez Feijóo durante la campaña electoral gallega, "todos los periódicos
y tertulias" se han hecho eco del "deterioro" de imagen de una Galicia gobernada por un bipartito
con aires de nuevo rico. En realidad, fueron ABC y la Cope quienes más insistieron en esa idea. El
PP rentabilizó en campaña la acusación generalizada de "despilfarro" que lanzó sobre la Xunta
presidida por Touriño y caricaturizada en su coche oficial, un Audi A8, "más caro que el de
Obama". La inclinación "al lujo" del ex presidente socialista no acababa ahí ya que sus sillas son
–y serán si no las cambia ahora– "mejores que las de los Reyes Católicos", según Feijóo . El líder
de la derecha gallega llegó a decirse "avergonzado" por tanto dispendio y erigió a Galicia en
"referente nacional del despilfarro", gobernada por dos "jeques", Emilio Pérez Touriño y Anxo
Quintana
http://www.publico.es/espana/politica/206600/feijoo/disfruta/tresanos/coche/gratis/total
FIN A OCHO AÑOS EN LA SOMBRA LA PERIODISTA CHINNY GÁMIR SE ‘DESCUBRE’ COMO LA
PAREJA OFICIAL DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
A Carmen Gámir todo el mundo le llama Chinny, incluso sus compañeros de trabajo y, por
supuesto, Alberto Núñez Feijóo, que es su pareja desde hace más de ocho años, mucho tiempo
con una enorme discreción que se terminó hace apenas una semanas cuando comenzó a
aparecer tímidamente a su lado. Reconoce que cada vez le cuesta más mantener este perfil bajo
que se autoimpuso cuando Feijóo volvió a Galicia, primero para formar parte de la Xunta y
después para asumir la presidencia del PPdeG.
Hasta hace dos meses Chinny era periodista en activo de La Región y Atlántico, y hasta ahora
había conseguido esquivar los focos, no sin dificultad. Hasta ahora, porque, reconoce, cada vez
le resulta más difícil evitar una cierta curiosidad en su condición de pareja del antes
vicepresidente de la Xunta, mucho antes presidente de Correos y ahora líder de la oposición y
aspirante a dirigir el próximo Gobierno gallego. ‘Hasta ahora, no tenía ningún problema para
hacer informaciones de todos los partidos. Aunque sabían lo mío con Alberto, nadie me puso
problemas’, explica tras un mitin del PP en el que ocupó un discretísimo y lejano lugar, muy lejos
de
donde
Feijóo
hablaba.
Chinny ha tenido que dejar la profesión, de momento, y pedir una excedencia mientras la
campaña se encuentra en lo más alto, así que ahora tiene instalada su residencia en Vigo.
Carmen Gamir nació en Filipinas y parece que de eso le viene su diminutivo. Desde hace muchos
años vive en Madrid, donde sigue la información relacionada con Galicia, sobre todo en el
Congreso y el Senado. Allí fue donde conoció a Alberto Núñez, cuando éste era presidente de
Correos. Fue el año 2000, y el inicio de su relación fue por una entrevista para este diario. Desde
entonces, hasta ahora (más de ocho años), primero con cierta libertad y desde que Feijóo fue
llamado por Fraga a Galicia, con más dificultades. Con todo, asegura que cuenta con los dedos
de una mano los fines de semana que no pudie ron pasar juntos. ‘Recuerdo algunos viajes que
tuvo que hacer a América y algunos encierros que organizaba Fraga para el Gobierno. Ha sido
más o menos llevadero hasta ahora, que empieza a costar más que nuestra relación pase
desapercibida’,
cuenta.
¿Cómo es Núñez Feijóo? ‘Muy divertido, con mucho sentido del humor. Muchas veces se ríe, y yo
también, cuando en las informaciones aparece que está soltero y no tiene pareja. Para mí era
mejor así, me permitía seguir con mi trabajo, pero ahora es más difícil’, añade.
http://www.laregion.es/noticia/82682/elecciones09/auton%C3%B3micas09/pp/chinny/periodista/g
%C3%A1mir/feij%C3%B3o/pareja/ 22.02.09
NÚÑEZ FEIJÓO OFRECE VENDER EL AUDI DE TOURIÑO PORQUE NO LO NECESITA
El candidato del PP a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado
partidario de vender el Audi oficial del hasta ahora presidente Emilio Pérez Touriño y ha ofrecido
el vehículo a quien quiera comprarlo porque el Gobierno de la Xunta "no lo necesita".
Ha asegurado que él "andará" en un Citroen que es "un coche muy digno" para el presidente de
Galicia
En una entrevista en el programa de Antena 3 "Espejo Público", Núñez Feijóo se ha dirigido a la
entrevistadora para decirle: "si usted conoce a alguien que lo quiera comprar, yo desde ahora
mismo me someto a cualquier persona que quiera comprar ese coche, porque creo que no lo
necesitamos y lo que no se necesita es mejor cambiar y comprar otra cosa". Además, a la
pregunta de si cumplirá su promesa de comprar un Citroen de los que venden en la planta de
Vigo, Núñez Feijóo ha comentado que espera que el Gobierno se lo compre. El candidato popular
a la Presidencia ha asegurado que él "andará" en un Citroen que es "un coche muy digno" para el
presidente de Galicia y ha reiterado que "esa es su marca y ese es su coche". Sobre el despacho
de Touriño y a la pregunta de si también lo venderá, Núñez Feijóo ha dicho que el despacho es
"una obra civil" que espera estará "consolidada". El candidato del PP ha subrayado que lo que sí
hará el Gobierno de la Xunta es "dar ejemplo" al igual que muchas familias que están haciendo
"un enorme esfuerzo de austeridad". Núñez Feijóo también ha comentado que el Plan es
"adelgazar" el Gobierno en un 25 por ciento y pasar de 13 consejerías a 10, y disminuir en un 40
por ciento el número de altos cargos, de 52 delegaciones provinciales que tiene la Xunta a cuatro.
RAJOY: «FEIJÓO NO TIENE COCHE NI YATE PERO ES MEJOR QUE TOURIÑO Y QUINTANA»
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el candidato popular a la Presidencia de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene coche ni yate", pero "es mucho mejor" que sus rivales
electorales del PSdeG y del BNG, Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, respectivamente. Rajoy
se ha expresado de este modo durante un acto electoral celebrado en Ourense y en referencia a
una foto, publicada en algunos medios, en la que figura el líder de los nacionalistas gallegos,
Anxo Quintana, en un yate junto al empresario Jacinto Rey, beneficiario al parecer de un
concurso del Gobierno gallego para la concesión de un plan eólico.
El presidente del PP ha añadido que por esta imagen los integrantes de la Xunta están "obligados
a dar una explicación".Igualmente ha ironizado sobre la "desaparición" de los kioscos de
Ourense de los periódicos que publican la imagen o se hacen eco de la estampa. Al margen de la
fotografía de Quintana con el empresario, Rajoy nuevamente ha elogiado las virtudes del
candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, un político "competente, trabajador, con
conocimientos y experiencia", artífice en gran medida del salto adelante que ha dado Galicia en
materia de infraestructuras, y por tanto, "bueno" para una comunidad autónoma que el domingo
vivirá jornada electoral. Y para sentenciar cualquier alusión a la foto del yate, ha dicho: "Y es
mucho mejor que Quintana y que -el candidato socialista- Emilio Pérez Touriño juntos; no tiene
coche ni yate, pero es mucho mejor". Además, el PP, "un gran partido", está volcado en la victoria
electoral de Feijóo, pues tiene un programa y quiere gobernar, según ha señalado Rajoy, con los
votos de la gente y "no ligarse con otros con programas distintos".El presidente del PP ha
recurrido de nuevo al sarcasmo para afirmar que si bien socialistas y nacionalistas plantean
propuestas propias del gobierno, "Touriño, si tiene la oportunidad, irá detrás de Quintana de aquí
a Sanlúcar de Barrameda, ida y vuelta, y varias veces".
Por ello, ha pedido a los ciudadanos, especialmente a los simpatizantes del partido, un "esfuerzo"
para evitar "otros cuatro años perdidos", algo que sólo puede asegurar el PPdeG, pues sabe
cómo resolver la crisis económica -ya lo hizo en 1996-.La receta para ello consiste en tener
"objetivos claros" y medidas diáfanas, entre ellas la reducción de impuestos, planteamiento que
Feijóo llevará a la práctica en Galicia si gobierna y que el PP establecerá en el Estado cuando
llegue a La Moncloa, para lo que tampoco, ha dicho Rajoy, "falta mucho".
http://www.larazon.es/noticia/rajoy-feijoo-no-tiene-coche-ni-yate-pero-es-mejor-que-tourino-yquintana 25.02.09
FEIJÓO DECLARA 570.000 EUROS, CON PISOS Y FINCAS EN GALICIA Y MADRID
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiene un patrimonio de 517.000 euros, que
incluye dos viviendas en Vigo y Madrid, fincas en Moaña (Pontevedra) y Santiago de
Compostela, y un Citroën -su marca preferida desde que volvió a la Xunta- comprado este
mismo año, que vino a sustituir a su Audi A4 de cuando estaba en la oposición. Al igual que hizo
al llegar al poder, también en su vida personal, Feijóo optó por jubilar la berlina alemana
cambiarla por un todo terreno de la marca francesa que al menos tiene factoría en Vigo. Pero el
del presidente no es ni de lejos el patrimonio más abultado del Gobierno gallego. Lo supera con
mucho el titular de Economía e Industria, Javier Guerra, con más de 15,6 millones de euros en
propiedades.
Este conselleiro y ex directivo de varias multinacionales, ex propietario de la firma El Secreto
del Mar, que comercializa la marcas de moda juvenil como El Niño y Gurú, no debe un céntimo.
En la declaración de bienes que publicó ayer la Xunta tiene el pasivo a cero y declara 365.000
euros en bienes inmuebles -según su valor catastral, no el de mercado- y 15,3 millones en el
apartado de "otros bienes". Antes de emprender su aventura empresarial por libre fue directivo de
multinacionales como Nike GFT Moda, Alfico y Skechers. Su condición de empresario ha
suscitado variadas polémicas en el Parlamento y el Bloque suele acusarlo de tener deslocalizada
la producción de sus factorías en Portugal. Guerra suele repetir a la prensa y a algunos
compañeros de partido que no precisa de la política para vivir y que si decidió enrolarse en la
Xunta fue para echar una mano a Galicia.
Le sigue en la lista Roberto Varela, responsable de Cultura y excónsul en Nueva York, con
436.000 y 201.000 euros respectivamente. El pasivo del diplomático, sin embargo, asciende a
312.000 euros. Es el más endeudado del Ejecutivo.
En el otro extremo, la que menos bienes declara es la responsable de las cuentas públicas de
Galicia, la titular de Facenda, Marta Fernández Currás: solo 78.000 euros. La relación se publicó
ayer en el Diario Oficial de Galicia, como había anunciado Feijóo hace más de dos meses, y
tendrá que actualizarse, ese es el compromiso, cuando cese el Ejecutivo "al final de la
legislatura". El Gobierno central ya cumplió en septiembre y con el mismo detalle. Incluía, eso
sí, a sus secretarios de Estado.
La lista de imputados del trilero de Feijöo
Alberto Núñez Feijóo , Presidente de la Xunta de Galicia y Presidente de los genoveses gallegos
tiene una extraña habilidad para engañar a mucha gente a la vez. Es un trilero profesional y
aunque trata de disimularlo pertenece a la misma escuela genovesa de Formación del Espíritu
Nacional que la nueva Emperatriz de la Mancha, Mª Dolores de Cospedal.
También tiene su propia doctrina sobre la importancia de los votos frente a las actuaciones
judiciales. Dice el trilero que : "A mí me llegan los principios éticos que me dan los votos". Y
se queda tan contento. Con esta declaración de plantilla suele curarse en salud cuando los jueces
actúan y le achuchan.
Además Feijóo tiene su propio fondo de armario en el que conviven caciques clásicos tipo José
Luis Baltar con sospechosos consejeros que a su vez almacenan a todo tipo de imputados por los
tribunales. Aquí os va una relación provisional suceptible de ampliación en los próximos días :
José Manuel Álvarez Campana . Ex Presidente de Portos de Galicia.Implicado en el Caso Rinlo,
en el que el fiscal le acusa de supuesta prevaricación administrativa y ambiental al aprobar una
piscifactoría en Ribadeo.
Ethel Vázquez. Directora General de Infraestructuras. Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas. Imputada
Antonio López Blanco. Subdirector de Planificación.Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas.Imputado por la Operación Campeón.
Mateo Maigler. Subdirector de Estradas.Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas.Imputado por la Operación Campeón.
Joaquín Varela de Limia Cominge. Director General del Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape).Imputado en la presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y
préstamos públicos
Carlos Silva Liste. Subdirector de Información Especializada. Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape).Imputado en la presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y
préstamos públicos
Andrés Hermida Trastoy. Director General de Promoción do Emprego de la Consellería de
Traballo.
Jaime Bouzada Romero. Director General de Avaliación e Reforma Administrativa de la
Consellería de Presidencia. Imputado por abuso de poder en la investigación a Unións Agrarias
Ramón Pérez Mariño. Jefe de Servicio del área técnica de la sociedad pública Sogama .
Imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias
Ángel Javier Costal Vázquez. Jefe de Transferencia y Transporte de la sociedad pública Sogama
. Imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias
Además de estos 10 imputados, siguen en sus funciones cargos de la Xunta ya condenados
judicialmente:
Rogelio Martínez. Superdelegado del Gobierno en Ourense. Está condenado en firme 2009 por la
Audiencia Nacional a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos
comunitarios. También está imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por
prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia
Ana María Díez López. Directora General de Formación y Colocación. Condenada por un
juzgado de Ferrol por despido improcedente.
Alberto Nuñez Feijóo es un genovés despreocupado y sin complejos.
Además no le importa que se sepa como dispendia sin control el patrimonio p´blico en ponerse
cómodo yse adjudica por decreto un Porteiro Maior y.
Por ejemplo, en plena crisis económica ha tirado la casa por la ventana y ha cogido a su parienta
colaboradora, no se sabe bien si a costa o no del contribuyente y se ha marchado a Brasil a pasar
unas largas y tranquilas vacaciones.
Van ya 10 días y si te he visto no me acuerdo. Dejó grabado el mensaje navideño para sus
súbditos, incluidos los que le votan y los que le botarían y a vivir que son dos días.
Imaginémonos por un instante que hubiera sucedido y que hubieran clamado las Cospedal y los
Pons si por ejemplo ZP hubiera hecho lo mismo que el trilero de Feijóo y desde el 30 de
Diciembre estuviera de vacaciones en algún lugar del Caribe. El cinismo y la poca vergüenza es
lo que tiene.
FEIJÓO LLEVA TRES AÑOS SIN PUBLICAR SUS DATOS DE IRPF TRAS PRESUMIR DE
TRANSPARENCIA CUANDO ESTALLÓ EL ‘CASO BÁRCENAS’
En marzo de 2013 Feijóo publicó su declaración de IRPF correspondiente al año 2011, la última
presentada en aquel momento El presidente gallego calificó como una "exigencia moral" la
necesidad de los políticos de ser transparentes Desde entonces no ha vuelto a publicar su IRPF y
la Xunta no explica por qué oculta los datos de las rentas percibidas en los tres últimos años
"Una exigencia moral". Así calificó en 2013 el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, la necesidad de que los dirigentes políticos fuesen transparentes.meses después del
estallido del caso de los papeles de Bárcenas, Feijóo hizo pública su declaración de bienes por
segunda vez desde que llegó al poder –en 2011, tanto el presidente como los consejeros de la
Xunta también revelaron sus patrimonios–. En ese momento, el dirigente gallego sostenía como
máxima que "cuanta más transparencia, más tranquilidad para los ciudadanos", y de hecho llegó
a proponer en el Parlamento de Galicia que todos los diputados hiciesen públicos sus bienes,
patrimonio y rentas.
“Voy a seguir dando las explicaciones que me solicite la Cámara y los gallegos. Voy a seguir
tomando decisiones y voy a seguir garantizando la gobernabilidad de Galicia”, aseguró entonces
Feijóo, que exigió al resto de grupos que diesen ejemplo “por el bien de la política”.
En aquel año 2013, Feijóo llegó a calificar como "una exigencia moral" la necesidad de que los
dirigentes políticos fuesen transparentes. Pero esta postura del presidente gallego pronto quedó
en agua de borrajas, ya que desde entonces el presidente de la Xunta no ha publicado más datos
sobre sus ingresos y su patrimonio.
Los datos de Feijóo entre 2009 y 2012
Actualmente, en la web de la Xunta los ciudadanos pueden acceder a siete documentos relativos
a Feijóo: las declaraciones de bienes de los años 2009 y 2012 –los años en los que accedió a su
primer y segundo mandato, respectivamente–, las declaraciones de IRPF de entre 2008 y 2011 –
ambos años incluidos– y un documento donde se acreditan las nóminas recibidas por el
presidente en el año 2012. Hay que tener en cuenta que, cuando se hizo pública esta
documentación en marzo de 2013, la última declaración de IRPF que habían presentado los
contribuyentes era la correspondiente al año 2011.
Desde entonces, Feijóo no ha hecho público ningún documento relativo a los siguientes
ejercicios y la Xunta, a preguntas de infoLibre, no quiso explicar por qué oculta los datos de las
rentas percibidas en los tres últimos años.
En otras palabras: cuando el escándalo de los papeles de Bárcenas estaba en su máximo apogeo,
Feijóo se presentó como un abanderado de la transparencia fiscal y patrimonial de los políticos.
Desde entonces, no volvió a publicar ningún dato más sobre la evolución de sus rentas y de su
patrimonio.
En su declaración de bienes más reciente, con fecha de 2 de noviembre de 2012, Feijóo declaró
tener 109.000 euros en un depósito a plazo fijo, otros 11.506 en una cuenta corriente y 82.509 en
un plan de pensiones, así como varias propiedades inmobiliarias: dos viviendas, una en Madrid y
otra en Vigo, y una plaza de garaje, también en la ciudad pontevedresa. El presidente también
declaró poseer una finca rústica en Santiago de Compostela y otra urbana en la localidad de
Moaña (Pontevedra), así como un coche de 2011. Todos estos bienes procedían de
compraventas.
La declaración de bienes de Feijóo también incluía las rentas que percibió durante ese año: su
sueldo como presidente de la Xunta, que ascendió a 76.765 euros, supuso la mayor parte de la
retribución del dirigente, si bien los intereses de sus depósitos bancarios le reportaron casi 3.500
euros y con el alquiler de uno de sus inmuebles ganó 10.800 euros más. Feijóo complemento sus
ingresos con 114 euros procedentes de los dividendos a los que tuvo derecho como poseedor de
75 acciones de Telefónica.
Las diferencias con respecto a su declaración del año 2009 son palpables, sobre todo a nivel
dinerario. Y es que el presidente de la Xunta declaró poseer 45.377 euros en una cuenta
corriente, así como un plan de pensiones con un valor de 51.183 euros; lejos, en cualquier caso,
de las cifras que sumaba tan sólo tres años después. Sus ingresos también eran mucho más
modestos: cobraba 31.040 euros como diputado en el Parlamento de Galicia, a los que se
añadieron 839 euros en concepto de intereses por un depósito bancario y otros 149 euros por los
dividendos de sus acciones de Telefónica.
Rajoy aún no ha publicado su IRPF de 2014
La falta de transparencia del Gobierno gallego llama la atención por la vehemencia con la que
Feijóo defendió la publicación de las declaraciones de bienes e IRPF en 2013. Por su parte, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también hizo públicas en plena tormenta por la
aparición de los papeles de Bárcenas sus declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio,
así como sus retribuciones anuales desde el año 2003 hasta el 2013. Sin embargo, aún no ha
publicado los datos correspondientes a 2014, a pesar de que hace casi dos meses que concluyó el
plazo para presentar la declaración.
La publicación de estos datos vino acompañada de un comunicado en el cual Moncloa detallaba
que Rajoy percibió entre 2004 y 2011 "su sueldo como diputado por Madrid más la retribución
como presidente del PP, abonada en concepto de gastos de representación y declarada en su
integridad", una cantidad total que ascendió a casi 1,1 millones de euros. Todo ello, explicaba la
nota, sin contar las "rentas adicionales producto de su patrimonio invertido en deuda pública,
valores y bienes inmobiliarios", así como las dietas del Congreso, exentas de tributación.
"En los ejercicios fiscales facilitados, el presidente del Gobierno abonó a Hacienda una cantidad
total de 840.131 euros en concepto de cuota de su Impuesto de la Renta, y otros 30.161 euros
como cuota del Impuesto del Patrimonio", remachaba Moncloa.
De igual forma, para encontrar una declaración de bienes de Rajoy hay que acudir a su ficha en
la web del Congreso de los Diputados, cuando en 2011 detalló su patrimonio al tomar posesión
de su escaño. En ese momento, el presidente del Gobierno declaraba tener un depósito bancario
de 59.909 euros, así como 313.780 euros invertidos en un fondo de inversión, otros 143.181
euros en acciones y 80.572 en seguros de ahorro. En cuanto a sus bienes inmuebles, Rajoy
declaró cinco propiedades urbanas: dos en Madrid –un apartamento y su vivienda habitual–, dos
en Pontevedra –otro apartamento con plaza de garaje y una oficina– y el 25% de una cuarta
vivienda en Canarias.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/20/feijoo_lleva_tres_anos_sin_publicar_patrim
onio_irpf_pesar_presumir_transparencia_36670_1012.html
UN INFORME DE HACIENDA FRENA EL PROCESAMIENTO DE UN CARGO DE
FEIJÓO
El caso por cuatro delitos acumula seis jueces y nueve años de trámites
Rogelio Martínez está acusado de fraude de fondos europeos cuando era alcalde
Tras media docena de jueces y nueve años de interminables trámites en diferentes tribunales, el
procesamiento de Rogelio Martínez, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, por la
comisión de los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad documental y prevaricación
continuada, cuando era alcalde de su pueblo, se ha topado con un nuevo obstáculo. El cierre de la
instrucción y su envío a juicio oral permanece nuevamente paralizado, a la espera de un informe
que la fiscalía reclamó el pasado mes de febrero a la Agencia Tributaria. Según detallan las
fuentes consultadas, el ministerio público —que pidió reiteradamente el archivo de la causa
contra Martínez— afirma que, sin ese nuevo informe patrimonial de los técnicos de Hacienda, no
puede formular el escrito de calificación, un documento imprescindible para que el juez pueda
continuar los trámites previos a la orden de apertura de juicio.
Y es que, en el caso que salpica al superdelegado y hombre de máxima confianza de Alberto
Núñez Feijóo en la tercera ciudad de Galicia, los plazos judiciales se dilatan de forma reiterada
desde que en 2006 fue llevado ante los tribunales por el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Siete años después de aquella denuncia, en octubre de 2013, la instrucción concluyó (por
segunda vez) que había indicios delictivos suficientes para ordenar el procesamiento de Martínez
y los otros nueve imputados, por presunto fraude en el uso de fondos públicos concedidos por la
Unión Europea para diferentes proyectos de cohesión en los años 1999 y 2000 que, a pesar de
haber sido certificados, nunca se materializaron.
La decisión fue inmediatamente paralizada por una oleada de recursos presentada por los
imputados, pero también por la fiscalía, que pidió el archivo de la causa porque, en su opinión,
los delitos habían prescrito y las cantidades supuestamente defraudadas no alcanzaban la
cantidad mínima para ser considerado delito. Hace 10 meses, en junio de 2014, la Audiencia de
Ourense tumbó los recursos y avaló la decisión del juez que los situó a un paso del banquillo de
los acusados. Era la tercera vez que Martínez reclamaba el sobreseimiento o archivo de una
causa que pasó por tres jueces titulares y varios sustitutos.
A pesar de que la investigación concluyó formalmente hace 18 meses y de que la decisión de la
Audiencia Provincial de enviar el caso a una vista oral es firme, el juzgado permanece a la espera
de que todas las partes personadas califiquen los hechos y la responsabilidad de los imputados.
Este estancamiento es un capítulo más en la cadena de dilaciones que la instrucción acumula
desde hace casi una década. Previamente, otros dos jueces intentaron archivar la causa. Nunca
pudieron porque la Audiencia siempre ordenó su continuación. En enero de 2013, Martínez
estuvo a punto de sentarse en el banquillo, pero la vista oral fue aplazada porque el juez decidió
citar a más testigos y porque, además, encomendó el veredicto sobre la culpabilidad o la
inocencia a un jurado popular. El PSOE —también personado en la denuncia— recurrió aquella
decisión ya que no le parecía adecuado y su propuesta fue aceptada. Finalmente será un
magistrado el que decida. Ahora y a un paso de que se produzca un nuevo cambio de titularidad
en el tribunal de Ribadavia, el caso vuelve a estar parado.
En el auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez relata la supuesta apropiación
de fondos comunitarios concedidos al grupo de acción local Centro de Iniciativas para el
Desarrollo de Val do Miño (Ceivam), que el delegado ourensano de la Xunta presidía cuando era
alcalde de Arnoia, destinados a la construcción de una planta de biomasa nunca materializada
pero que sí fue certificada por Rogelio Martínez, “a pesar de que sabía que no se había ejecutado,
sino que se había llevado a cabo la reconstrucción de un galpón”. El juez también detalla
ilegalidades en el cobro de subvenciones destinadas a la ejecución de talleres artesanales en los
que siguió “estipulaciones similares a las de la planta de biomasa”.
LA CÚSPIDE DEL PP
pinchado la UDEF".
los 18 años”
consellería.
LA CAUSA POR LA CAJA B EN OURENSE SALPICA YA A 28 DIRIGENTES DEL PP
Halladas facturas sospechosas de diputados, senadores y cargos de la Xunta
La juez De Lara cree que el objetivo era “encubrir donaciones” al partido
La supuesta financiación ilegal del PP de Ourense salpica a cargos de la ejecutiva gallega de ese
partido y de la Xunta. De los 28 altos representantes del PP ourensano que la instructora de la
Operación Pokémon, Pilar de Lara, cita como receptores de facturas supuestamente ilícitas,
cuatro son miembros del órgano de dirección del PP de Galicia: el presidente del PP de Ourense,
José Manuel Baltar; el secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; la gerente
del hospital público ourensano, Eloína Núñez; y el secretario del PP provincial, Rosendo Luis
Fernández. Junto a ellos figuran la directora general de Familia de la Xunta, Amparo González;
el vicepresidente del Parlamento, Miguel Santalices; el subdelegado del Gobierno en la
provincia, Roberto Castro; el diputados en Cortes Guillermo Collarte; diputados autonómicos,
concejales y exconcejales. La juez sospecha que pueden existir además facturas, que reclama al
diario La Región, emitidas a nombre de la senadora Carmen Leyte, a la presidenta de Nuevas
Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández, y a la diputada nacional Ana Belén Vázquez.
Todos ellos han supuestamente percibido cantidades de dinero en años electorales de empresas
ourensanas que facturaban “falsamente para encubrir donaciones” al PP. Así consta en el último
auto dictado por la juez, que investiga la comisión de los presuntos delitos de falseamiento de
cuentas, apropiación indebida, cohecho y tráfico de influencias. La instructora sostiene que los
gastos electorales del PP de Ourense, especialmente los relativos a la publicidad, fueron
facturados a nombre de estos cargos con el objetivo de presuntamente “burlar la legislación
electoral y de financiación de los partidos políticos”.
Publicidad para la campaña electoral
En lo que respecta a la supuesta financiación ilegal durante la presidencia del hijo de José Luis
Baltar, la juez destaca la incorporación de Nacher Publicidad, que en 2011 emitió facturas “por
gastos de publicidad en la campaña electoral” a nombre del diputado nacional Guillermo Collarte
por importe de 12.443,10 —en concepto de publicidad electoral de diversos candidatos entre los
que figura Mariano Rajoy— y del secretario provincial del partido, Rosendo Luis Fernández, por
9.584,55 euros. Nacher facturó ese mismo año también al PP y, según el auto judicial, en las
declaraciones tributarias realizadas por la empresa y el partido no coinciden los importes
relativos a su relación comercial.
De Lara ha detectado también facturación de Telemiño, SA, en el mismo año 2011, a nombre de
otros cargos del PP: el senador Miguel Pérez de Juan y la concejala de Educación en O
Carballiño Montserrat Pilar Caride. La instructora considera relevante que “según Telemiño, las
facturas en concepto de Estudio sociológico de la provincia de Ourense” estén impagadas, “no
constando que se haya reclamado su importe judicialmente”. De Lara destaca que los conceptos
facturados se corresponden con un encargo previo realizado por La Región a las empresas
Infortécnica, Media Share Europe, SL.
La juez sospecha que el grupo La Región emitió además facturas ilícitas a nombre de la
presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández; de la
vicesecretaria provincial, senadora y alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte; del diputado
provincial Francisco José Fernández y de la diputada nacional Ana Belén Vázquez.
A la vista de la documentación en su poder, la instructora concluye que además de a los cargos
políticos, Telemiño facturó distintas cantidades a las empresas de la trama de la Pokémon PAU,
Doal y Aquagest. En el caso de Doal, consta una factura por el concepto de “Especial
elecciones” que, sostiene la juez, “nada tiene que ver con el objeto social de la empresa”.
Telemiño habría emitido en 2012 “un total de 12 facturas, una por mes, abonadas por Aquagest a
lo largo de ese año y los dos primeros meses de 2013” varias de las cuales “no tienen
correspondencia” en sus respectivas contabilidades.
De las diligencias practicadas hasta el momento, De Lara deduce que el PP ourensano “se habría
podido financiar ilícitamente” utilizando, durante los años de presidencia del exbarón, a partir de
2003, “al menos” dos empresas: Telemiño, del grupo La Región, y la agencia Planos (Gallega de
Publicidad y Diseño, SA,) a las que durante la presidencia del hijo-sucesor, a partir de 2010, se
habría añadido Nacher Publicidad.
La lista de los receptores la encabeza el expresidente de la Diputación José Luis Baltar —
condenado por prevaricación—, a quien el responsable de Vendex en Galicia, José María Tutor,
visitó en Ourense, en el curso de la denominada “ruta del bacalao” que realizó el 20 de mayo de
2011, para supuestamente entregarle una suma de dinero, según afirma el informe del Servicio de
Vigilancia Audanera.
La juez sostiene que en 2005, con el primero de los Baltar al frente del partido en la provincia,
Planos facturó 4.060 euros a nombre de su hijo y actual presidente de la Diputación de Ourense,
entonces diputado autonómico. En la documentación aportada a la juez por la agencia
publicitaria aparece “una facturación correlativa” en la que, además de Baltar Blanco, figura el
secretario general de Emigración, Rodríguez Miranda, con 4.408 euros; la directora general de
Familia e Inclusión, Amparo González, con 4.176 euros; el vicepresidente del Parlamento
gallego, Miguel Ángel Santalices, con 4.292 euros; el subdelegado del Gobierno en Ourense,
Roberto Castro, con 3.944, y la concejala de Verín María Luisa Valladares Rodríguez, con
4.120,32 .
Todas las cantidades se facturaron el 28 de mayo de 2005 y se pagaron también el mismo día, el
2 de enero de 2006, “sin que conste la forma”, sostiene la instructora, lo que en su opinión
“parece indicar un pago en efectivo”. También es correlativa, sostiene el auto, la facturación
realizada en el año 2007 —el mismo día, de nuevo por idénticos importes de 2.975,40 euros cada
uno de ellos y también en efectivo— en la que aparecen como receptores la actual gerente del
complejo hospitalario del Sergas, Eloína Núñez; el exalcalde ourensano Enrique Nóvoa; el
propio exbarón; la diputada autonómica Marta Rodríguez Vispo; y otros diez exconcejales.
Todos ellos formaban entonces el grupo del PP en el Ayuntamiento de Ourense.
LA JUEZA ACUSA A LA MANO DERECHA DE RAJOY EN EL SENADO DE COHECHO
Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
De Lara, instructora del caso Pokemon, envía una exposición razonada al Supremo para que
decida si imputa a Barreiro por el presunto cobro de un soborno y el enchufe de un afín en la
empresa que gestó la trama corrupta.
Un soborno de 5.000 ó 6.000 euros y la colocación de un conocido en la empresa Vendex,
investigada por el diseño de un completísimo sistema de mordidas a políticos y funcionarios para
conseguir contratos públicos. Ésos son los hechos -constitutivos de los delitos de cohecho y
tráfico de influencias- que la jueza instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara -
respaldada por el fiscal jefe de Lugo-, quiere que el Tribunal Supremo investigue en la persona
de José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado, presidente del PP de Lugo y
exvicepresidente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga. Así lo hace constar De Lara en una
exposición razonada que ha elevado al Alto Tribunal esta semana, a la que ha tenido acceso
Público, y en la que la jueza pide la imputación de Barreiro.
El portavoz conservador, que niega los hechos que se le imputan, es un acompañante fijo del
presidente del Gobierno en sus visitas a Galicia y en sus comparecencias en el Senado, por lo que
la trayectoria de este caso está siendo seguida con mucha preocupación en las filas del Partido
Popular. Si se produce, la imputación de su portavoz en la Cámara Alta por el Supremo llegaría
en el peor momento para el partido del Gobierno, muy tocado con los casos de la tarjetas opacas
de Caja Madrid y la crisis del ébola y a las puertas de unas elecciones autonómicas y
municipales. El PP de Galicia (PPdeG) es partidario de que sus diputados o dirigentes imputados,
como mínimo, pongan sus cargos a disposición de la dirección conservadora.
En su exposición, De Lara considera probado mediante las declaraciones de los directivos de
Vendex, los seguimientos de los agentes de Vigilancia Aduanera o los pinchazos telefónicos que
Barreiro (El Chino o El Oriental para la trama corrupta) cobró de Véndex 5.000 ó 6.000 euros
por intermediar para lograr contratos públicos a la misma empresa. Además, el dirigente del PP
habría enchufado a un conocido de Antas de Ulla (Lugo) en Véndex, según el escrito de De Lara.
La jueza, además y después de examinar las cuentas del PP remitidas al juzgado de Instrucción
núm. 1 de Lugo, concluye que el pago de los 5.000 euros o más se le habría hecho a Barreiro "a
título particular", ya que no hay ni rastro del dinero en la citada documentación.
http://www.publico.es/espana/551007/la-jueza-acusa-a-la-mano-derecha-de-rajoy-en-el-senadode-cohecho-y-trafico-de-influencias
LA JUEZA VE INDICIOS SUFICIENTES PARA INVESTIGAR A BARREIRO Y ELEVA
LAS DILIGENCIAS AL TS
El portavoz del PP en el Senado se reunió, según la jueza, con el delegado de Vendex en Galicia,
que le habría entregado 5.000 euros
La magistrada entiende que el senador "podría haber cometido, al menos indiciariamente, y al
margen de otras supuestas infracciones, un presunto delito de cohecho"
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, señala que hay "indicios
suficientes" y "existen motivos" para interrogar al portavoz del PP en el Senado, José Manuel
Barreiro, e indagar si cometió un delito de cohecho y recibió 5.000 euros de la empresa Vendex
–eje de la Operación Pokémon–.
En auto judicial con fecha del 15 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la
magistrada apunta que existen "indicios suficientes" sobre que el también presidente provincial
del PP en Lugo "podría haber cometido, al menos indiciariamente, y al margen de otras
supuestas infracciones, un presunto delito de cohecho".
Para ello, la instructora se basa en los informes elaborados por Vigilancia Aduanera, la
documentación existente, los registros en la sede de la empresa, las intervenciones telefónicas y
en las "contradicciones" en las que habrían incurrido algunos de los imputados.
Así, explica que "según los indicios obtenidos" en las diligencias de investigación, Barreiro "se
reunió" con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos, el 20 de mayo de 2011
"siendo objeto de dicha reunión la presunta entrega, por parte del delegado de Vendex en Galicia
al (ahora) senador de 5.000 euros".
Además, se apoya en que "tal y como advierte el Ministerio Fiscal", existen "motivos bastantes"
para que Barreiro "sea interrogado sobre los encuentros, llamadas y conversaciones que tuvo
Tutor en los años 2011 y 2012", así como "sobre la presunta recepción de dinero", algo que,
añade, "habrá de serle hecho en calidad de imputado y por el órgano competente", que es el
Tribunal Supremo al ser aforado.
De esta manera, la jueza ha ordenado que se forme una pieza separada y que se envíen a la Sala
de lo Penal del Supremo la documentación relativa a Barreiro, junto con el informe del fiscal jefe
de la Fiscalía Provincial de Lugo.
En días pasados, la jueza emitió una providencia en la que pedía que se remitiesen en formato
digital todas las conversaciones relativas a Barreiro y las diligencias practicadas para su remisión
al Supremo.
El Servicio de Vigilancia Aduanera emitió un informe, según el cual, el portavoz del PP en el
Senado habría recibido 5.000 euros de Vendex –principal empresa investigada en la Pokémon–
el 20 de mayo de 2011, un supuesto hecho que el propio Barreiro ya ha desmentido. En ese
momento, el ahora senador era concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Lugo.
Además, en otro escrito, Vigilancia Aduanera concluye que el PP de Lugo dejó de criticar la
concesión de la ORA tras reunirse con Barreiro el delegado de Vendex en Galicia, José María
Tutor.
Este informe, que constata al menos dos encuentros entre El Chino –como los investigados se
referían a Barreiro– y Tutor en base a pinchazos telefónicos y operativos de vigilancia, concluye
que el PP dejó "no volvió a manifestar públicamente sus dudas de la validez" de la concesión de
la ORA en Lugo después de la segunda reunión, que tuvo lugar en el aparcamiento del
aeropuerto de A Coruña, el 13 de julio de 2012.
Las primeras referencias a Barreiro en el informe que Aduanas centra en el portavoz del PP en el
Senado se sitúan en mayo de 2011 cuando Tutor le dice a Javier Reguera, el responsable de
Doal, filial encargada de gestionar la ORA en la capital lucense, que tiene que "ver al Chino".
Posteriormente, en noviembre del mismo año, Aduanas confirma que "se programa" una reunión
entre ambos y en diciembre, según refleja el informe, Tutor envía un mensaje de texto a Barreiro
felicitándole por su designación como portavoz del PP en el Senado. "Enhorabuena, el esfuerzo
de los años se ha visto recompensado", recoge el texto.
Barreiro ha admitido que conoce al delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, y que éste
fue a verle "en alguna ocasión" para expresarle quejas, pero insistió en que ni esta empresa ni
ninguna otra "jamás" le ha ofrecido "absolutamente nada".
Al margen de las diligencias de Barreiro, la jueza ya ordenó conformar y remitir otra pieza
separada, en este caso al respecto de la exportavoz del PP gallego y diputada autonómica, Paula
Prado.
Paula Prado acudió el 10 de julio de 2013 al juzgado instructor de la Pokémon a prestar
declaración –la cual permanece bajo secreto de sumario– en calidad de testigo, tras lo que había
abandonado la sede judicial sin imputación alguna tras cuatro horas y media de comparecencia
ante De Lara.
Además, según un auto del pasado 23 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de
Lugo investiga a su marido por supuestamente obtener beneficios en su negocio "prevaliéndose
de su relación matrimonial" en su actividad de venta de materiales textiles a determinados
organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón (A Coruña).
También se investiga la participación de Paula Prado cuando era concejala en el Ayuntamiento
de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja
Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en
"adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.
Asimismo, se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas
personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de
obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a
los puestos de trabajo"
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/15/la_jueza_indicios_suficientes_para_investig
ar_barreiro_eleva_las_diligencias_ts_21486_1012.html
EDUCACIÓN AMPLÍA LOS CONCIERTOS CON LOS CENTROS QUE SEGREGAN POR
SEXOS
La Xunta apela a la nueva ley educativa, que legalizó las ayudas públicas a este tipo de colegios
Los cinco colegios gallegos de orientación religiosa que separan a niños y niñas vuelven a estar
plenamente bajo el paraguas del sistema educativo público. En realidad nunca dejaron de estarlo,
pese a que numerosas sentencias judiciales —la última, del Tribunal Supremo, el pasado julio—
habían declarado que los conciertos públicos con ese tipo de centros vulneraban la anterior ley
educativa. La Consellería de Educación se limitó el pasado curso a someter a los colegios a un
leve recorte a la espera de que, como había anunciado, el ministro de Educación, José Ignacio
Wert, legalizara las ayudas de la Administración a esos centros. La Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ley Wert, ya está en vigor y a eso se acogió la
Xunta para restablecer en su totalidad los conciertos mediante una orden que este lunes publicó
el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Las sucesivas sentencias, entre ellas varias del Tribunal Supremo, habían dictaminado
claramente que la anterior ley educativa prohibía la discriminación de los alumnos en función de
su sexo. Por tanto, la doctrina jurídica establecida era que los conciertos con los colegios que
segregan a niños y niñas, vinculados al Opus Dei, vulneraba la legislación. Tanto el Supremo
como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalaron en varias ocasiones que no
discutían el derecho de los padres a elegir lo que ellos llaman “educación diferenciada” sino que
entendían que la ley no permitía darles amparo económico desde el sistema público.
Pese a los numerosos pronunciamientos judiciales, la Xunta siguió manteniendo los conciertos y
ganando tiempo con el argumento de que aún estaban pendientes recursos sin resolver.
Educación mantuvo unos conciertos que, según datos aportados en su día por los sindicatos y no
desmentidos por el Gobierno gallego, suponían para las arcas públicas unos tres millones de
euros al año, en medio de una política de recortes presupuestarios que afectó a toda la comunidad
educativa. Hasta que, el curso pasado, la avalancha de sentencias forzó a la Xunta a tomar una
medida: el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, anunció que suspendía los conciertos
únicamente en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios que impartían ese nivel, Las
Acacias y Montecastelo, de Vigo, y Peñarredonda y Montespiño, de A Coruña. En los demás
niveles se mantuvieron ya que, según Vázquez, retirarlos perjudicaría a los padres que ya habían
decidido escolarizar a sus hijos con ese modelo educativo.
Entonces, ya el ministro Wert había anunciado que la ley que preparaba eliminaría los obstáculos
legales para la subvención pública a la “educación diferenciada”. La Xunta no tuvo más que
esperar a que la norma entrara en vigor. Y la orden publicada este lunes en el DOG restablece los
conciertos en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios citados con el argumento de que
así lo permite la disposición transitoria segunda de la Lomce. Con ciertas modificaciones, la
Xunta renueva además los conciertos con esos cuatro centros en otros niveles educativos, así
como con otro más que separa niños y niñas, el Aloya de Vigo, especializado en Formación
Profesional.
La decisión no cogió de sorpresa aunque, como viene siendo habitual, se anunció en el DOG en
pleno agosto, en medio de la resolución sobre los demás conciertos educativos con centros
privados. Con todo, oposición y sindicatos volvieron a arremeter contra la política del Gobierno
de Alberto Núñez Feijóo en esta materia. Para los socialistas, la decisión es una muestra de
“sectarismo ideológico radical” del Ejecutivo del PP. El diputado autonómico Vicente Docasar
instó además a la Xunta a que “busque la fórmula para que esos cinco colegios vinculados al
Opus devuelvan el dinero cobrado indebidamente” durante los últimos años. El también diputado
de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Ramón Vázquez acusó a Educación de “declararse en
rebeldía” frente a las sentencias judiciales anteriores a la Lomce.
El sindicato CIG deploró que “se sostenga con fondos públicos una educación que perpetúa la
desigualdad entre hombres y mujeres”. Al mismo tiempo, subrayó que, en conjunto, los
conciertos con centros privados sumarán el próximo curso 58 unidades más “mientras en la
pública se recorta profesorado”.
ADUANAS ACUSA AL 'NÚMERO UNO' DEL PP EN EL SENADO DE RECIBIR
SOBORNOS DE LA TRAMA CORRUPTA POKÉMON
La empresa Vendex, epicentro de los pagos a políticos, habría entregado 5.000 euros a José
Manuel Barreiro, según figura en un informe de Vigilancia Aduanera remitido a la jueza De Lara
El portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, José Manuel Barreiro, habría recibido en
mayo de 2011 5.000 euros de la empresa Vendex, epicentro de la trama corrupta Pokémon que
investiga la jueza Pilar de Lara. Así lo constata el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de Vigilancia Aduanera de Galicia en un informe sobre la participación del número
uno de Mariano Rajoy en la Cámara Alta (al que los responsables de Vendex llaman el Chino) al
que ha tenido acceso Público y que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de
Lugo.
En el informe que Vigilancia Aduanera ha hecho llegar a la jueza instructora se hace un análisis
pormenorizado de los hechos por los que el departamento dependiente de la Agencia Tributaria
concluye que Barreiro cobró, al menos, estos 5.000 euros (al principio, iban a ser 6.000, según
figura en el documento) de manos de José María Tutor, máximo responsable de la empresa
Vendex e imputado en la operación Pokémon.
La razón por las que Vendex habría pagado este soborno al alto dirigente del PP y hombre de la
confianza del presidente del Gobierno serían, según Aduanas, que Barreiro frenara una campaña
del PP gallego contra el proyecto de la ORA (cobro por estacionamiento en la calle) en
ayuntamientos gobernados por PSOE o BNG y que gestionaba Vendex. Efectivamente, subraya
el informe, "a partir de esta reunión [entre Barreiro y Tutor], deja de salir en los medios de
comunicación información sobre las dudas del PP sobre la ORA en Lugo". La entrega del dinero
al portavoz conservador se denomina en las conversaciones de los responsables de Vendex alertados ya de posibles pinchazos en sus teléfonos- como "informe", "documentación" o
"proyecto".
A las puertas de la imputación
Hace meses que la investigación de la operación Pokemon tiene cercado a José Manuel Barreiro,
mano derecha de Rajoy en el Senado y presidente del PP de Lugo, tal y como contó este diario
en febrero. Ahora, sin embargo, las fuentes judiciales consultadas creen que Barreiro será
imputado por el Tribunal Supremo en su condición de aforado y a requerimiento de la jueza De
Lara. El alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, que sí está imputado en la trama
desde hace meses, había pedido públicamente en varias ocasiones que "a Xustiza sexa igual para
todos" y Barreiro fuese asimismo imputado.
La operación Pokémon, que mantiene imputados a decenas de políticos de todos los partidos que
gobiernan administraciones gallegas (PP, PSOE y BNG), ha dado un nuevo giro al conocerse que
tanto el alcalde de Ferrol (PP), José Manuel Rey, como el ex presidente de la diputación de
Ourense (PP), Xosé Manuel Baltar, y otros cargos de PSOE y BNG habrían recibido diferentes
pagos de la empresa Vendex
http://www.publico.es/politica/529936/aduanas-acusa-al-numero-uno-del-pp-en-el-senado-derecibir-sobornos-de-la-trama-corrupta-pokemon
LA CORRUPCIÓN REVIENTA SANTIAGO
• El gobierno de la capital de Galicia agoniza por los escándalos
• En tres años han caído un alcalde y 11 concejales por corrupción
El gobierno de la capital de Galicia ha fallecido. El cadáver empezó a desprenderse de su carne
política muerta en primavera de 2012, apenas un año después de que el PP conquistase la
anhelada alcaldía, en manos del PSOE desde 1983 (salvo el paso de AP como una exhalación
tras una moción de censura). La dimisión del alcalde Gerardo Conde Roa, entonces acusado y
luego condenado por defraudar a Hacienda 291.000 euros de IVA por una urbanización de 61
viviendas cuando se metió en el negocio inmobiliario, fue la primera señal, hace dos años. Era el
primer aviso de la descomposición en vida de una corporación que acabó agonizando esta
semana por la metástasis del caso Pokémon, una investigación judicial que empezó rastreando la
corrupción en Lugo y terminó destapando escándalos de mayor calado en Santiago, Ourense y A
Coruña, junto a otras localidades gallegas, catalanas y asturianas.
En solo ocho días han renunciado a seguir aferrándose al cargo nueve ediles y ha abandonado la
portavocía del PP gallego Paula Prado, otra concejal (por ahora no imputada, pero investigada)
que dejó de serlo cuando el gobierno local empezó a hacerse añicos tras la estrepitosa salida de
Conde Roa. Todos y cada uno de los que han dimitido son de una u otra forma fichas que se
comió la Pokémon. El último imputado, y por partida doble, que ha quedado en pie, resistiéndose
a las embestidas que lo abocan al naufragio, reclutando a duras penas una nueva tripulación, es el
capitán del barco, el alcalde de reemplazo Ángel Currás. El regidor compostelano intenta
recomponer con técnicos (y algún personaje llamativo como el exárbitro García de Loza) el
puzzle a partir de los únicos tres concejales sin imputar: la actual teniente de alcalde, Reyes Leis,
y dos ediles adscritos que no tenían competencias y cuyos nombres no suenan a los ciudadanos.
La fama de los otros, los que se han ido, era infinitamente mayor. Más por las noticias de los
juzgados que por sus obras en beneficio de la ciudad. Pero la crónica de esta muerte adivinada
empezó a escribirse incluso antes del día en que el fiscal denunció por fraude a Conde Roa, un
jabato de Alianza Popular que se hizo adulto y llegó a diputado del Congreso bajo el paraguas
protector de Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado. En realidad, el
apocalipsis consistorial comenzó a fraguarse tiempo antes de la noche de la victoria electoral.
El primer acto de esta larga función, o defunción, a la que asisten estupefactos los vecinos de
Santiago podría ser la foto fija de una joven promesa del PP durmiendo la borrachera sobre el
volante de su coche, parado de madrugada ante un semáforo urbano que va cambiando de color.
Es Ángel Espadas, entonces concejal en la oposición y hombre de confianza de Conde Roa. Por
este desliz (triplicaba la tasa límite de alcohol) tuvo que renunciar a ir en la candidatura. Pero al
ganar el PP las elecciones, el flamante alcalde reflotó su carrera haciéndolo jefe de gabinete.
Según han revelado los pinchazos de la Operación Pokémon, que dirige la juez de Lugo Pilar de
Lara, las supuestas actividades ilícitas del equipo de gobierno comenzaron enseguida. Espadas es
citado con el alias de Puñales en las charlas en clave de la trama empresarial que presuntamente
obtenía contratas y favores a cambio de regalos, enchufes masivos para familiares y amigos,
dinero y donativos opacos para campañas electorales.
Puñales, según los investigadores de Aduanas, se convirtió muy pronto en el conseguidor que
facilitaba los contactos municipales a las firmas investigadas, principalmente el grupo Vendex y
Aquagest. Después de la dimisión de Conde Roa, llegó la fractura entre bandos enfrentados en el
grupo de gobierno. En la guerra interna ganó Currás, y Paula Prado, que también sonaba como
alcaldesa, dejó el Ayuntamiento para seguir como diputada autonómica y asumir la portavocía
del PP. También acabó marchando el que era asesor de Conde Roa, Ángel Espadas, que unos
meses después fue detenido y enviado a prisión en el marco de la Operación Manga, hija
primogénita de la Pokémon.
La célebre noche de fiesta de Espadas está también en el origen de otro de los frentes judiciales
del Ayuntamiento. Entre otros, están imputados el alcalde y el exalcalde por urdir un supuesto
plan para acosar y sacar del medio al policía local que se negó a destruir el atestado contra el
político ebrio.
Cuando Espadas, o Puñales, marginado por Currás se fue, su posición de conseguidor la ocupó
supuestamente otro joven concejal, el responsable del área de Deportes, Adrián Varela, apodado
Pijolandia por los empresarios de la trama. Varela no dimitió por las graves imputaciones de la
Pokémon, sino después de que el sindicato nacionalista CIG lo demandase al saberse (gracias a
otra escucha) que exigió a Vendex el despido de una empleada de guardería por el simple hecho
de estar casada con un representante de los trabajadores en el consistorio.
En otro de sus momentos de gloria desde que estalló la operación judicial, Varela, ya imputado
por varios delitos, reclamó a sus compañeros de gobierno que aprobasen el pago de la minuta de
su abogado con cargo a las arcas públicas. Los siete ediles reunidos aquel día cumplieron sus
deseos obviando un informe técnico que les advertía de la ilegalidad. Y si no fuese porque una
vecina indignada decidió denunciar, el plan habría prosperado.
La condena de un juzgado de Santiago contra los siete cayó esta semana como un alud sobre el
PP gallego. Fueron inhabilitados nueve años por prevaricación y esa tarde dimitieron. Al día
siguiente, lo hizo la última (sin contar al alcalde) imputada en la Pokémon. Y el esqueleto
descarnado del gobierno local, expuesto a la vista de todos, se desmoronó. En la memoria
colectiva se han grabado mientras tanto elocuentes frases de los pinchazos: “Vendex hace unos
regalos de la hostia” o “lo poco que hace Conde Roa huele a pelotazo urbanístico”. Estas dos,
concretamente, de la exportavoz del PP gallego.
EL CASO POKÉMON HACE CAER A LA NÚMERO TRES DE FEIJÓO EN EL PP
GALLEGO
Paula Prado dimite de la portavocía de los conservadores en Galicia pero continuará como
diputada porque "una cosa es la labor de comunicación y otra, la legislativa".
El varapalo de las europeas y la Justicia provocan una cascada de dimisiones en el partido.
Un juicio, una condena por prevaricación y una caída histórica en las urnas. Han sido las tres
llaves que en menos dos semanas han servido para abrir en el PP gallego la puerta de las
dimisiones, las mismas que la oposición venía reclamando desde hace meses y para las que los
conservadores, al menos en público, no encontraban motivos suficientes. El primero en hacerlo
fue el concejal de Deportes de Santiago, tras un año imputado en la Pokémon y cuando sumó una
nueva querella, siguieron los ediles condenados por pretender pagarle el abogado sin cumplir la
legalidad, continuó otra concejal incausada por la presunta trama corrupta y este miércoles
culminó Paula Prado, portavoz de los populares en Galicia y, por lo tanto, número tres de
Alberto Núñez Feijóo en el partido.
En las últimas horas de ausencia del presidente de la Xunta -Feijóo regresa este miércoles de un
viaje a Japón que duró casi una semana- Prado convocó a la prensa para, tres meses después de
su última comparecencia pública, anunciar su renuncia al puesto en el partido, pero no a su
escaño en el Parlamento de Galicia. La que había sido considerada como aspirante natural a la
Alcaldía de la capital de Galicia se va porque sus intervenciones ante los periodistas ya "no
servían para transmitir el mensaje del PP", toda vez que las preguntas se centraban
sistemáticamente en las revelaciones del sumario de la Pokémon que la vinculan con una factura
presuntamente "hinchada" y con supuestos enchufes.
"Nunca jamás participé en ese contrato, hinché ninguna factura ni manipulé ningún expediente",
asegura, en un contexto en el que su situación procesal "no ha cambiado". Sigue siendo testigo,
al menos de momento, aunque la jueza Pilar de Lara haya creado una pieza separada sobre ella al
considerar que sus operaciones como concejal en Santiago " podrían ser constitutivas de
infracción penal". A juicio de Prado todas estas revelaciones tienen una "dudosa relevancia" y
son, únicamente, "extractos" de su "vida personal". "No contemplo, en ningún caso, la
posibilidad de que me imputen", agrega.
En estas circunstancias cabe preguntarse por qué se produce ahora esta dimisión. Ella, asegura,
puso su cargo a la disposición de Feijóo y del secretario general, Alfonso Rueda, ya en el mes de
febrero y sus jefes de filas respondieron con palabras de "apoyo". Ahora abandona la portavocía
de manera "irrevocable" porque "el partido está experimentando cambios en otros niveles" y cree
adecuado que las elecciones municipales de 2015 sean afrontadas por "un equipo nuevo".
"Son días de salidas" y, "diez días después de las elecciones europeas" es un buen momento"
para el relevo en su cargo orgánico pero no así en el institucional. "Soyuna diputada muy
trabajadora" y por eso va a seguir en el Pazo do Hórreo y aforada. "Una cosa es la labor de
comunicación y otra, la de legisladora". A su juicio, sus eventuales implicaciones en la Pokémon
"no afectan en absoluto" a su puesto parlamentario.
http://www.eldiario.es/galicia/Pokemon-numero-Feijoo-PP-gallego_0_267373942.html
FEIJÓO PROMETE UN CÓDIGO ÉTICO EN LA XUNTA MIENTRAS MANTIENE A
PROCESADOS
El Gobierno gallego “eliminará o restringirá" los regalos a cargos públicos
Un debate más sobre corrupción. El enésimo en el Parlamento desde que las portadas se han
plagado de sumarios. Intercambio dialécticos que se saldan sin cirugía ni dimisiones por más que
haya corporaciones repletas de imputados, algunas pendientes de meros trámites para sentar a
concejales en el banquillo acusados de delitos muy graves.
Ayer los que reclamaron medidas de regeneración democrática y dimisiones fueron el portavoz
parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, y la de AGE, Yolanda Díaz. Salió a relucir la
anomalía de Santiago: 10 de 13 ediles imputados en cuatro causas judiciales distintas. Feijóo
reprochó al portavoz nacionalista que no impulse gobiernos del PP en Lugo y Ourense donde hay
dos alcaldes socialistas imputados: “Con el mismo dedo que solicita responsabilidades en
Santiago, mantienen a los alcaldes de Lugo y Ourense. Y dicen que moción de censura en ningún
caso”. Llegó a recriminar al BNG incluso que no apoye los presupuestos de Teo, donde el
alcalde, Martiño Noriega, se presentó por esas siglas y ahora gobierna como líder de Anova. Pero
a continuación aseguró que no pretende contribuir al “y tú más” porque él cree y defiende la
política. Y enumeró una lista de 20 políticos imputados que finalmente han resultado absueltos.
Citó de carrerilla cargos de todos los colores y hasta incluyó al exministro de Fomento José
Blanco, objeto de duros ataques por su parte cuando estuvo imputado en el caso Campeón. Se
preguntó “quién repondría el honor y el cargo democrático” de estos dirigentes juzgados y
absueltos si se sigue la doctrina de destituirlos en cuanto son imputados, como reclaman BNG y
AGE. “¿Qué le decimos a los alcaldes con causas sobreseidas?. Yo puedo seguir mirando a los
ojos a todos”.
Jorquera aprovechó para citar al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien hace unas
semanas pidió distinguir entre responsabilidades políticas y penales, ahora que la corrupción se
erige en la tercera causa de preocupación de los españoles, según el CIS. También la portavoz de
AGE, Yolanda Díaz, recordó que la ética no tiene que esperar a las sentencias y le invitó a tomar
decisiones en Santiago “donde no hay una manzana podrida, se ha podrido la cesta”. “¿Quién
gobierna en Santiago?”, se preguntó. “Porque la corrupción es una fórmula para que los que no
se presentan a las elecciones sigan mandando”,
El presidente, que en el pleno de hace dos semanas prometió que haría dimitir a cualquier cargo
con medidas judiciales cautelares, dio a entender que no adoptará medida alguna en Santiago
hasta que haya una sentencia. Díaz le recordó que en ese mismo hemiciclo se sienta una diputada
—María Faraldo, exalcaldesa de Betanzos por el PP— también procesada por el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia que le atribuye prevaricación por una contratación desde el
Ayuntamiento.
Feijóo obvió el caso de Faraldo —quien ha puesto su cargo a disposición del grupo
parlamentario— y aprovechó su último turno para lanzar el anuncio de que promoverá un código
ético en la Xunta que impida los regalos a los cargos públicos y llegue a “donde la ley no
legisla”. Al avanzar cuáles serán sus líneas maestras evidenció su deseo de contrarrestar las
bochornosas conversaciones que contiene el sumario del caso Pokémon, donde directivos de
subcontratas municipales trazaban planes para convencer a ediles y alcaldes a base de relojes y
artículos de lujo. Ese código, respondió a Díaz, servirá “para concretar la conducta de los cargos
institucionales y restringir todo tipo de regalos en la Administración pública”. “Un cargo público
no puede tener derechos ni privilegios solo obligaciones, pero como persona también tiene
derechos, aunque usted a los del PP no se los reconozca”.
Patinazo del presidente sobre la crisis de Santiago
Empeñado en involucrar a todas las siglas en casos de corrupción, en medio de la gresca, el
presidente reprochó ayer a Jorquera que dos concejales del BNG hubiesen aprobado la pasada
legislatura desde el bipartito de Santiago “pagar los honorarios de un abogado y una
procuradora” al concejal socialista Bernardino Rama, imputado en un caso de corrupción. Feijóo,
asesorado desde el escaño por la portavoz del PP, Paula Prado, edil entonces en Santiago, que le
entregó papeles, insistió un par de veces en que aquel Gobierno pagó la minuta.
Hasta que el diputado socialista y alcalde de Santiago en aquel momento, Xosé Sánchez Bugallo,
pidió la palabra por una cuestión de orden y acusó a Feijóo de “mentir”. Bugallo explicó que lo
que hizo su Junta de Gobierno el pasado mandato fue designar abogado pero sin aprobar ningún
compromiso de gasto ni abonar factura alguna. Y recordó que elegir abogado para un edil sin
cargar su minuta a las arcas públicas no constituye delito alguno. Feijóo volvió a pedir la palabra
para desdecirse y asegurar que él no había atribuido pago alguno al Ayuntamiento de Santiago.
Bugallo replicó que sí lo había hecho tres veces.
El caso al que aludió el presidente ya fue analizado en el auto de la juez de Santiago Ana LópezSuevos que dictó la apertura de juicio oral contra los siete ediles compostelanos por acordar el
abono de los gastos de defensa de su compañero Adrián Varela, “a sabiendas” de que estaba
inmerso en un caso de corrupción, lo que inhabilitaba a un gobierno a pagar la minuta. En su
auto del pasado 4 de febrero, López-Suevos analiza el precedente del gobierno socialista y
concluye: “Tal y como se comprueba, no fue aprobada en aquella ocasión ninguna asunción de
gastos u honorarios y fue el alcalde [Sánchez Bugallo] quien designó nominalmente al abogado y
al procurador”. La juez establece una diferencia evidente con el acuerdo que motivó las siete
imputaciones del gobierno del PP ya que en este caso el acuerdo sí “facultaba al letrado a hacer
valer el acuerdo y que sus honorarios se cargasen al presupuesto municipal”
EL CACIQUISMO GALLEGO SE MODERNIZA
Las políticas individualistas y personalizadas en los tratos de favor que antaño ofrecían Baltar,
Cuíña o Cacharro Pardo han dado paso a otras formas formas de gobierno no exentas de
corrupción, según los expertos consultados por 'Público'
De la época gloriosa del contrabando y el narcotráfico a la de las tramas corruptas que en los
últimos tiempos copan los juzgados gallegos hubo en Galicia otro fenómeno político que a día de
hoy aún da sus últimos coletazos. El caciquismo, personalizado en las figuras de Xosé Cuiña,
Xosé Luis Baltar o Francisco Cacharro Pardo —entre otros—, sigue presente en las figuras de
sus hijos o de muchos familiares y amigos que recogieron su estela y aún ocupan cargos en sus
correspondientes diputaciones.
En las décadas de los 80 y de los 90, el sistema político gallego se basaba ampliamente en el
clientelismo, es decir, en el "favor por favor", "hoy por ti, mañana por mí". Los ciudadanos
aplaudían (y votaban) a aquellos que conseguían un trabajo para sus hijos, que acudían a dar el
pésame cuando se moría alguien cercano o que se quitaban la chaqueta para tocar el trombón en
una fiesta de pueblo. Las mayorías absolutas eran aplastantes y la perpetuidad en el poder estaba
a la orden del día.
Para algunos expertos esta situación no es sólo propia de Galicia, sino que se trata de un modo
más de corrupción, al estilo del caso Gürtel o los papeles de Bárcenas, pero con ciertas
particularidades. Quienes opinan así creen también que, precisamente por ese motivo, el
caciquismo no ha terminado, sino que sigue presente en todas las comunidades, en todos los
colores, y que se presenta de muchas formas distintas. "Los mismos perros con distintos
collares", dicen.+
Méndez Romeu (PSOE): "Las personas no son corruptas, son corruptibles y a día de hoy no se
ha hecho ningún cambio estructural legal que evite la corrupción"Este es el caso del socialista
José Luis Méndez Romeu o del nacionalista Bieito Lobeira. El actual portavoz del PSOE en el
Parlamento gallego considera que "la situación ha evolucionado en los últimos años como
consecuencia de la urbanización". "El caciquismo de los 80, basado en el intercambio de favores,
estuvo vigente mientras Galicia era una comunidad agraria; después fue evolucionando con la
urbanización, a partir —sobre todo— de la entrada de España en Europa", explica. "Ahora
asistimos a los coletazos finales de ese proceso que se unen a asuntos más novedosos que se
deben a insuficiencias en el marco legislativo relacionado con la contratación de bienes y
servicios, la contratación de personas, las concesiones administrativas y los asuntos
urbanísticos", enumera el también exsecretario de Estado en la época de Zapatero.
Para Romeu, "las personas no son corruptas, son corruptibles" y, por ello, aunque se haya
modificado la "red clientelar que estaba muy desarrollada por las personas que llevaban gran
tiempo en el poder", cree que "hasta ahora no se ha hecho ningún cambio legal estructural que
evite la corrupción". Para el secretario de Organización del BNG, ahora en Galicia reinan "los
mismos perros pero con distintos collares". Aunque Lobeira lamenta el "tópico del caciquismo
gallego, que no son más que prácticas perversas que se dan en otras partes del Estado", cree que
hoy en día se ha sustituido el "clientelismo que se verifica con comportamientos individualistas"
por "prácticas corruptas de las instituciones", como las privatizaciones de ciertos servicios que
giran en torno a "intereses económicos". "Cuiña se movía por intereses empresariales vinculados
a la familia; Feijóo utiliza unos mecanismos de control social más sofisticados —sin trato
directo, pero utilizando a los medios de comunicación a su antojo, por ejemplo— para que las
grandes empresas del 'palco del Bernabeu' (pone el ejemplo de Ferrovial, cuya filial Cespa está
inmersa en la operación Patos) se encarguen de las obras públicas de Galicia", ejemplifica.
Bieito Lobeiro (BNG): "El caciquismo no es más que prácticas perversas que se dan en todo el
Estado, no sólo en Galicia"
Para Cristina Ares, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Santiago, que hasta 2011
fue concejal del PP en Lugo, clientelismo y corrupción son conceptos diferentes y ninguno de los
dos exclusivo de Galicia. Sin embargo, cree que ambos problemas se deben a una "falta de
cultura política" que todavía pervive en la sociedad. "[Los ciudadanos] no interiorizamos las
reglas del juego democrático [dice haciendo alusión a la 'aceptación' social del enchufismo, por
ejemplo] y los partidos tampoco avanzan. La gente está acostumbrada a ese modelo en el que se
ofrecen favores a determinadas empresas para financiar partidos y así el poder corrupto se
perpetúa", concluye.
En la misma línea se expresa el también periodista y escritor gallego Antón Losada, que no cree
que la corrupción actual tenga "ninguna conexión" con el antiguo caciquismo. "El cacique usaba
mecanismos administrativos para conseguir favores, colocaba a gente en la Administración y
gastaba dinero público dentro de lo público; ahora se dedican a las privatizaciones", resume.
Aunque reconoce que, de alguna manera, "sigue pasando, porque hay importantes segmentos de
población —en toda España— para los que el clientelismo sigue siendo el sistema que más
confianza les ofrece para relacionarse con la Administración", también opina que "hay otros
segmentos en los que no". Y por este motivo considera que "una ciudadanía que ahora está
asustada y desorientada castiga cada vez más los comportamientos de este tipo".
Cristina Ares (PP): "Los ciudadanos no hemos interiorizado las reglas del juego democrático"
Para otros expertos, de hecho, aquella época de ofrecer papeletas en mano a las puertas del
colegio electoral ya terminó, la corrupción no son los últimos flecos del clientelismo y ahora
presenciamos una situación distinta. Quienes opinan así presentan a un Alberto Núñez-Feijóo
que ejerció de "limpiador" de su partido, tomando el relevo de Manuel Fraga pero sin la
permisividad que éste tenía con los "caciques buenos", como llegó a autodenominarse el propio
Baltar.
Este es el caso del excritor y periodista de El Progreso de Lugo Santiago Jaureguizar, que opina
que el individualismo propio de la política caciquil, en la que "se vota un nombre y no a un
partido, una ideología, unas siglas" terminó a finales de los 90, con la llegada al poder en el PP
del actual presidente de la Xunta. "Feijóo —que no me parece un gran político, pero sí un gran
técnico— viene de otro mundo, de otro modelo de formación y fue inteligente y práctico: se da
cuenta de que la política vieja del tú a tú, de dar la mano ya no funciona o funciona, como
mucho, en zonas pequeñas", argumenta. "El PP de Feijóo ya es de las ciudades y no se reconoce
en eso. Sabe que las clases medias gallegas que votan al PP quieren una gestión moderna y por
eso él hace limpieza", continúa el autor de Casa Skylab, que cuenta precisamente la historia de
un cacique gallego.
"El sistema del clientelismo se da en Galicia —como en todas las sociedades poco desarrolladas
económicamente— cuando los ciudadanos, para solucionar su vida, acudían a quienes tienen los
recursos económicos, que eran los que tienen el poder político", agrega Jaureguizar. "La gente
para subsistir tenía que entregar su dignidad a los políticos, pero el modelo cacique ya se terminó
porque la mayor parte de la sociedad gallega vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y ya
no es posible que se dé la cultura política del intercambio de favores que ha funcionado toda la
vida en todo el mundo", concluye
http://www.publico.es/politica/503539/el-caciquismo-gallego-se-moderniza
EL 'NÚMERO UNO' DE RAJOY EN EL SENADO, CERCADO POR LA CORRUPCIÓN
GALLEGA
La estrecha relación de Barreiro con los protagonistas de la trama Pokemon mantiene en vilo al
PP. El alcalde de Lugo, imputado en esta operación, pide el mismo trato judicial para el dirigente
conservador
El protagonismo del portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro, en el sumario de la
operación Pokemon, al que ha tenido acceso Público, tiene en vilo al Partido Popular, acosado
por los casos de corrupción en Galicia que brotan sin tregua ante los ojos de los estupefactos
gallegos. Orquesta, Campeón, Carioca, Pokemon, Pikachu, Patos,... las tramas se suceden y los
sumarios e imputaciones se multiplican y relacionan cubriendo a demasiados responsables de
PPdG y PSdG de un extenso manto de delitos de corrupción. Presuntos la mayoría, de momento.
La responsabilidad nacional de Barreiro (Lugo, 1957) en la Cámara Alta, sin embargo, supera
con mucho la de cualquier alcalde o concejal relacionado o implicado con las distintas tramas
gallegas, por lo que la inquietud en las filas conservadoras crece a medida que se conocen
detalles de la operación Pokemon y la estrecha vinculación del también presidente del PP lucense
con los capos de la trama, recogida en el sumario judicial. Barreiro es gallego, y aunque no
pertenece estrictamente al círculo de confianza de Mariano Rajoy, lo acompaña frecuentemente
en sus visitas a Galicia y mantienen un trato cercano, que se ha estrechado con el tiempo y el
paisanaje.
Crece la inquietud en el PP según se va conociendo la estrecha vinculación de Barreiro con los
capos de la Pokemon. El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), imputado en la operación
Pokemon por recibir presuntamente dinero de la trama a cambio de adjudicaciones del
Ayuntamiento, ha reiterado una y otra vez que espera "que a Xustiza sexa igual para todos" y se
pregunta por qué la jueza de Lara no llama a declarar a Barreiro. Pero la investigación, que
consta ya de 122 tomos, no está cerrada, según aseguró De Lara. Hay siete páginas del sumario
de la operación Pokemon (140-146), particularmente, que instruye la titular del Juzgado núm. 1
de Lugo Pilar de Lara, que han caído como un jarro de agua fría en las filas del PP gallego y la
sede central de la calle Génova (Barreiro pertenece a la dirección nacional del partido)
'El Chino' impaciente
El Chino, apodo que la trama adjudica al portavoz del PP en la Cámara Alta, es un habitual de
los contactos telefónicos y las reuniones con José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia, y
Javier Reguera, responsable de la empresa concesionaria del sistema ORA en Lugo -filial,
asimismo, del grupo Vendex-, y ambos representantes del verdadero cerebro de la red, Gervasio
Rolando Rodríguez, responsable en el ámbito nacional de esta empresa. Vendex constituye el
epicentro de operación Pokemon, desde donde se efectúan los presuntos pagos a cambio de
favores y contratos en las administraciones, se hacen los regalos a los benefactores públicos, se
enchufa a los recomendados, etc.
Vendex contrató a un trabajador por "enchufe" de BarreiroBarreiro llama y recibe llamadas
constantes de Tutor y/o de Requena. Cinco recogidas en esta parte del sumario de De Lara.
También se reproducen dos encuentros de Tutor y Barreiro en las siete páginas, uno en la sede
del PP de Lugo (6 de julio de 2012: "Barreiro le pregunta [a Tutor] cómo anda, que le dijeron
que está en la ciudad amurallada [Lugo]. Tutor le dice que está en la ciudad amurallada. Barreiro
le dice que le pidieron que le dejara (a Tutor) un papel con una información. Tutor le dice que lo
ve. Barreiro le dice que va a estar en la sede un rato (...) Tutor se acerca un momento") y otro, en
el aparcamiento del aeropuerto de A Coruña, éste documentado con un vídeo de Vigilancia
Aduanera (13 de julio de 2012: "Sobre las 17:40 horas, se observa a José Manuel Barreiro
Fernández en la salida de pasajeros, quien se dirige hacia las oficinas del parking del aeropuerto,
momento en el que permanece por un espacio breve de tiempo hablando con José María Tutor
Lemos, para acto seguido, despedirse y dirigirse al sótano -1 del parking, abandonando el mismo
en vehículo particular")
'El Chino' habla por teléfono con los responsables de Vendex y mantiene varios encuentros, uno
en el parking del aeropuerto de A Coruña
Existen asimismo multitud de referencias al Chino por parte de Tutor y de Requena en sus
conversaciones telefónicas recogidas en el sumario analizado, muy crípticas siempre, pues ya
desde 2011, Tutor sospechaba que tenían los teléfonos pinchados. Los asuntos que podían traerse
entre manos, según el sumario, eran que "el SR BARREIRO influyera en los concejales de
LUGO para que dejen de criticar la gestión de DOAL [filial de Vendex] relacionada con la ORA,
máxime tras la sentencia del TSJ GALICIA anulando la concesión, debido a las críticas surgidas
en diversos medios de comunicación" o en "tratar de influir en la estimación del recurso
interpuesto en SANTIAGO en el concurso de la ORA, que habrían obtenido de no haber
abandonado la alcaldía GERARDO CONDE ROA".
De las conversaciones que Tutor y Reguera mantiene sobre el Chino, se traduce un trato habitual
y confiado con el portavoz del PP en el Senado, hasta el punto de creer que Barreiro debe
relajarse: "Reguera dice que él (el Chino), después de ver a Tutor, va a cortar el viento. Tutor
dice que debería, que no lo corten de la noche a la mañana, pero que empiece a relajar". En su
declaración ante la jueza De Lara, Reguera confesó que Vendex contrató como "vigilante de la
ORA" a un trabajador ("Fidel") por "enchufe" de Barreiro, que tenía "interés" en que así fuera.
Asimismo, el encargado de la filial DOAL dio por hecho en esa misma comparecencia que su
jefe Tutor "pidió" al dirigente del PP que "cesase el acoso mediático" de su partido a la gestión
del servicio en Lugo
http://www.publico.es/espana/503128/el-numero-uno-de-rajoy-en-el-senado-cercado-por-lacorrupcion-gallega
ESCANDALOSAS ADJUDICACIONES DE FEIJÓO A LA EMPRESA DE SU HERMANA
Eulen ha sido beneficiada durante todo 2013 con contratos de diferentes consejerías de la Xunta
y la Televisión Gallega
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mantiene sus adjudicaciones millonarias a la empresa
Eulen, de la que es apoderada Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente autonómico. Según
refleja la web de la Xunta www.contratosdegalicia.es, el citado grupo de empresas ha recibido
este año contratos desde diferentes consejerías y de la Televisión gallega.
Cerca de 800.000 euros en enero y marzo
En enero, la empresa de la hermana de Feijóo fue adjudicataria de un contrato de 207.940,00
euros sin IVA de la Conejería de presidencia para el servicio de vigilancia y seguridad en varios
edificios judiciales de la Junta. Tres meses después, en marzo consiguió el contrato de servicios
de conserjería , mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales del
Concello de Fene, por 577.025,48 euros sin IVA.
Mayo, un mes de oro
En mayo pasado, la Televisión de Galicia le adjudicó a Eulen el contrato para el servicio de
seguridad por cerca de un millón de euros sin IVA, exactamente, de 930.000 euros. No fueron las
únicas adjudicaciones de ese mes. También consiguió el servicio de limpieza de edificios y
locales municipales del Concello de Sade por 709.061 euros y el contrato de la consellería de
Trabajo y Bienestar para la gestión del servicio público denominado Puntos de Encuentro
Familiar de Pontevedra y Vigo”, por un coste de 357.000 euros.
Más contratos en septiembre
En septiembre, Eulen fue beneficiada con el mantenimiento del edificio administrativo de la
Escola Galega de Administración Pública (EGAP), por 41.500 euros y, además, recibió de la
Consellería de Trabajo y Bienestar la adjudicación del servicio de control de las instalaciones del
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil, por 21.340, 80 euros.
Las polémicas adjudicaciones a la sobrina de Romay Beccaría
Feijóo ha mantenido las adjudicaciones a la empresa de su hermana después de los contratos
millonarios que le concedió en 2012, como informó ELPLURAL.COM.
No son las únicas adjudicaciones cuestionables del presidente gallego, que en enero de este año
dio el contrato para el desarrollo del portal de las entidades locales de Galicia, un plan
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a la empresa Atos Origin, de la que
es apoderada la sobrina de José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Una
adjudicación de 455.000 euros.
Una empresa con sede en Madrid
Según denunció Galicia Confidencial, la empresa de la sobrina de Romay Beccaría, con sede en
Madrid, recibió casi medio millón de euros por actualizar una web ya existente.
Hace un mes, la misma agencia de la Xunta contraba a Atos para un “servicio complementario
de evolución y mantenimiento de sistema de gestión de personal de la Xunta” por 135.755 euros
sin IVA. Según comprobó el citado diario, en el Registro Mercantil, Carmen Martín de Pozuelo
Romay es la apoderada de esta consultora, que suma 4,6 millones en contratas del Gobierno
gallego, 312.000€ mediante encargos adjudicados a dedo.
Colaboradora de Feijóo en Correos
Martín de Pozuelo es sobrina de Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Feijóo la
fichó para su equipo cuando dirigía Correos y también cuando estuvo como consejero de Política
Territorial.
La Xunta de Galicia, cuanto menos, ha dado cinco contratos a Atos Origin a dedo desde que
gobierna Alberto Nuñez Feijóo. En los últimos cuatro años, la consultora logró en total más de
4.5 millones de la administración autonómica.
http://www.elplural.com/2013/12/22/escandalosas-adjudicaciones-de-feijoo-a-la-empresa-de-suhermana/
LOS ALCALDES HACEN COLA EN LOS JUZGADOS
Una decena de cargos públicos de la provincia de Ourense, en su mayoría del Partido Popular,
están pendientes de decisiones judiciales
Rogelio Martínez lleva casi ocho años entrando y saliendo impertérrito de un juzgado de
Ribadavia. Tiene que dirimir ante la Justicia el desvío de fondos públicos cometido en 2000.
Martínez es el máximo representante de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense: el
hombre de confianza del presidente, Alberto Núñez Feijóo, que lo ha mantenido en el cargo en
sus distintas y cada vez más incómodas posiciones de investigado, imputado y finalmente
procesado por las que ha ido pasando, lentamente, en este largo periplo judicial. El
superdelegadoestá acusado de haber desviado más de 51.000 euros de ayudas de Bruselas en su
etapa de alcalde de Arnoia y presidente de una agrupación local, un hecho que la Audiencia
Nacional consideró ya probado en 2009 y por el que lo condenó, en vía administrativa, a la
devolución del dinero.
Pero el alto responsable institucional, inmerso ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste
de los constantes recursos contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la
Audiencia Provincial ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su inocencia o,
según el caso, la prescripción del delito; no se aparta del cargo. Como él, una decena más de
representantes institucionales ourensanos, casi en su totalidad del PP y encabezados por el que
fue su máximo líder, el “cacique bueno” José Luis Baltar, desfilan estos días por los juzgados de
la provincia implicados en causas que, salvo condena a la inhabilitación, jamás los arrancan de
sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil, tiran de sus parientes más
cercanos para que los sucedan temporalmente al frente de las instituciones.
Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al
autorizar un polideportivo a 10 metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas
miró entonces a su entorno inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco,
neófita en política, de candidata-sucesora a la alcaldía. Ganó las elecciones. El exregidor
condenado la ha acompañado en las jornadas laborales al frente de la institución, cuyas obras ha
supervisado él personalmente (lo nombró asesor) y también en la visita al juzgado: De Francisco
ha acabado imputada por falsedad en documento público y por colaboración en quebranto de
condena por firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones Penitenciarias
para que determinados presos hicieran en su municipio labores para la comunidad “que jamás
llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue gobernando asesorada por su marido condenado.
Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana pasada ante los jueces ourensanos otros
alcaldes del PP: el de Baltar, José Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes
del PSdeG) y el de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia,
acusado de incumplir las sentencias que le obligaban a pagar a una trabajadora municipal.
Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG y acabó en el juzgado tras ser reelegido para
el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa pendiente. Está procesado por un supuesto delito
de prevaricación: la secretaria-interventora dictó contra él en un solo año 88 reparos de legalidad
correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de Rairiz se expone a una
pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento, no se inmuta.
Todo es limbo
No solo los populares tienen asuntos pendientes con la Justicia aunque hasta el momento eran
ellos quienes se fundían especialmente con el cargo en espera de una sentencia que los arrancara
de cuajo. A la larga lista de políticos del PP con causas abiertas se suman, en el otro bando, las
imputaciones, en el marco de la Operación Pokémon, del exalcaldeourensano Francisco
Rodríguez y del exconcejal del BNG Fernando Varela. Ambos dimitieron; el socialista, tras
forcejear con la dirección gallega de su partido. No renunció sin embargo el alcalde de O
Carballiño, Argimiro Marnotes, del PP, imputado en la misma causa.
Pero los socialistas se han topado ahora con una nueva brecha judicial y han reculado en el
hábito de las dimisiones. Un juez de instrucción ourensano ha imputado a la teniente de alcalde y
concejala de Benestar del Ayuntamiento de Ourense, Marga Martín (PSOE) un delito de
malversación de fondos públicos y el alcalde (Agustín Fernández, sustituto del procesado en la
Pokémon) se ha apresurado a arroparla: Martín no ha dimitido.
En esta vorágine de imputaciones y procesamientos judiciales se lleva la palma el “cacique
bueno”, el otrora todopoderoso presidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar.
Como su íntimo rival en el PP provincial, el superdelegado Martínez, Baltar atenderá dos frentes
en los juzgados: de una parte se sentará en el banquillo acusado de prevaricar por colocar a dedo
en la institución provincial a 104 personas y, por otra, como Martínez, tendrá que explicar ante
un juez de instrucción por qué firmó desde ese mismo cargo la adjudicación a dedo a una misma
empresa de 106 depuradoras financiadas por la UE.
Pero a Baltar, las comparecencias judiciales lo han encontrado jubilado. “A mí no me inhabilita
nadie, que ya me inhabilité yo”, presumió de cintura política al conocer la primera de las
imputaciones que ha acabado sentándolo en el banquillo. Sin contar este oportuno despeje del
cacique, desde el superdelegado Martínez hacia abajo todo es limbo: ese lugar en el que los
cargos imputados o procesados se agarran al mástil de la institución que sujeta desde la base el
propio partido. No hay quien dimita.
Tampoco se inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras el
regidor continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado provincial en donde
mantiene la estricta disciplina de grupo pese a que la dirección del PP anunció, al conocer su
procesamiento, que le abría expediente disciplinario.
Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga, hacen doblete ante la justicia está el
superdelegado Martínez que en breve repetirá experiencia como imputado. La orden de
procesamiento emitida hace unos días por el juez que instruye la causa de la presunta
malversación de los fondos comunitarios cometida desde la agrupación local coincide con la
apertura de una nueva investigación judicial que también lo señala. Tendrá que responder por
otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE, por los supuestos
delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en relación con
la adjudicación a dedo a una empresa de 106 depuradoras en la provincia durante la misma etapa
en la que era alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación.
Esta es ya la foto fija de la provincia: una decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados,
imputados o procesados hacen cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena
parte de los casos, por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes populares
que ya acudieron estos días a los juzgados le seguirán en breve otros. Entre ellos, el de Barbadás,
José Manuel Freire Couto y su teniente de alcalde, Manuel García González. La juez instructora
los ha imputado tras analizar la acusación de prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se
hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el municipio que gobiernan) presentada por el
PSOE provincial.
IMPUTADOS 7 EDILES DEL PP SANTIAGUÉS POR APROBAR
AYUNTAMIENTO PAGASE LA DEFENSA DE OTRO CONCEJAL
QUE
EL
Adrián Varela fue imputado en la operación Pokemon, que investiga una supuesta trama para
obtener contratos y concesiones públicas en administraciones gallegas
Siete ediles del PP de Santiago han sido imputados por un delito de prevaricación por haber
aprobado en junta de gobierno local el pasado mes de mayo una resolución para que el
ayuntamiento costease la defensa del edil Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon.
Fuentes municipales han explicado que la concejal María Pardo ha hecho público hoy que ha
sido imputada, junto a sus compañeros de gobierno municipal Juan de la Fuente, María Castelao,
José Luis Bello, Amelia González, Cecilia Sierra y Francisco Noya. Todos ellos han sido citados
a declarar el próximo 19 de diciembre en el juzgado número uno de Santiago.
María Pardo, portavoz del grupo de gobierno, ha señalado en conferencia de prensa que su
partido respeta las decisiones judiciales y ha llamado la atención sobre la proliferación de casos
en los que se imputa a políticos y posteriormente son sobreseídos.
Trama para obtener contratos públicos
La Operación Pokemon, que sigue bajo secreto de sumario, se puso en marcha para investigar la
existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en distintas
administraciones gallegas, así como en Asturias y Catalunya. Las fuentes consultadas han
señalado que la decisión de la junta de gobierno para costear la defensa de su compañero "se
ajustó a derecho" y se tomó "avalada por informes de la asesoría jurídica del ayuntamiento".
Han indicado, además, que la defensa de un concejal con cargo a las arcas municipales "es un
derecho" que les asiste y que en este caso no se llegó a concretar porque el edil imputado en la
Pokemon renunció a ella. De hecho, han señalado, en otros ayuntamientos gallegos, como
Corcubión (A Coruña), se han adoptado decisiones similares, así como en el de Santiago "en
otras legislaturas" y con otros partidos en el gobierno municipal. La jueza ha tomado esta
decisión por la denuncia de un particular.
http://www.publico.es/474717/imputados-7-ediles-del-pp-santiagues-por-aprobar-que-elayuntamiento-pagase-la-defensa-de-otro-concejal
EL CONSELLO DE LA XUNTA MULTIPLICA LOS ACUERDOS SIN VALOR
ECONÓMICO NI LEGAL
La última reunión aprueba solo 150.000 euros y seis informes propagandísticos
El Gobierno gallego ha multiplicado por cinco en sus reuniones semanales la divulgación de
informes propagandísticos sin valor legal ni inversión real al tiempo que oculta sus decisiones
más polémicas, que solo trascienden tras investigaciones periodísticas. Ayer el Ejecutivo de
Alberto Núñez Feijóo batió su récord por abajo al aprobar apenas tres acuerdos con
repercusiones legales, de los que solo uno estaba dotado económicamente para entregar a la
Catedral de Santiago 150.000 euros. En la misma sesión divulgó seis informes propagandísticos
sin trascendencia jurídica.
Los Consellos de la Xunta pueden aprobar proyectos de ley, decretos o acuerdos, figuras legales
con un trabajo jurídico previo y repercusión sobre la vida real de los ciudadanos, ya sea a través
de inversiones, subvenciones o regulaciones. Pero también pueden tratar informes, documentos
sin validez legal que no tienen que ser aprobados, que pueden llegar a ser orales y que son
usados por el presidente de turno para poner de relieve algún tema sobre el que le interese
pronunciarse personalmente, orientando así la agenda política e informativa.
Todos los gobiernos han recurrido a esos informes de autobombo, ya sea para alejar la atención
de otras cuestiones conflictivas o para tapar la falta de contenido real de sus reuniones. Pero su
uso aumentó desde que la crisis ha estrangulado las cuentas públicas, y los Consellos se suceden
sin contenido legal ni inversiones.
Manuel Fraga podía difundir hasta una veintena de informes por reunión. Feijóo se queda lejos,
pero ha multiplicado por cinco su uso con respecto al bipartito de PSOE y BNG. Como
comparación, Emilio Pérez Touriño presidió en su último año 47 Consellos en los que se
divulgaron 29 informes sin valor jurídico, a una media de 0,6. En los cuatro primeros años de
Feijóo se celebraron 176 Consellos con 529 informes, a una media de tres por reunión. Y en lo
que va de segunda legislatura hubo ya 40 consellos con 135 informes, a 3,37 por reunión. Si
Touriño recurría a la propaganda una vez cada dos Consellos, Feijóo lo hace tres veces por
reunión.
En la primera legislatura de Feijóo hubo Consellos con hasta ocho informes propagandísticos (25
de marzo de 2010 y 4 y 18 de octubre de 2012) mientras que en esta el récord es siete (16 de
mayo y 27 de septiembre de este año).
Ayer fueron seis los informes divulgados, que permitieron a Feijóo anunciar ya medidas de
flexibilidad horaria para los funcionarios, financiación para la vendimia o apoyo a las familias
desahuciadas, entre otras. Pero lo único que se aprobó realmente fue una modificación
urbanística en una calle de Maside (Ourense), los estatutos de la Academia de Enfermería de
Galicia y la entrega de 149.828,79 euros a la Catedral de Santiago para acondicionar una sala de
exposiciones. Otros ejemplos de bajas inversiones, aunque superiores a las de ayer, se registraron
el pasado 19 de septiembre, con 170.000 euros, o el 12 de abril del año pasado, con 750.000,
pero en Consellos que aprobaron otras cuestiones relevantes.
Mientras divulga informes propagandísticos y reduce inversión, el Consello ha llegado a aprobar
acuerdos con validez legal que ha ocultado. Así sucedió con el perdón de una multa de tres
millones de euros al diputado popular y promotor inmobiliario Telmo Martín, acuerdo del 24 de
noviembre de 2011 y que no trascendió hasta el 16 de abril de 2012, cuando lo publicó este
diario. Similar proceder siguió el Gobierno cuando aprobó en secreto, en su reunión del 4 de
agosto de 2011, la recalificación de 173 hectáreas de bosque en Guitiriz para un macrogeriátrico
privado. O cuando renunció a llevar a juicio a la empresa Brenntag por el desastre ecológico del
río Umia, acuerdo del 8 de marzo de 2012 que aquel día ocultó. En secreto la Xunta también ha
regularizado viviendas y piscifactorías ilegales, subido tasas o modificado entes públicos.
LA CORRUPCIÓN ASEDIA AL PP DE SANTIAGO
El gobierno municipal acumula media docena de imputaciones
La Pokémon se extiende a Cataluña y Asturias
Consulte toda la información sobre la Operación Pokémon
Ni una semana sin susto en el Ayuntamiento de Santiago. Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera irrumpieron ayer a primera hora en el Pazo de Raxoi después de detener al exjefe de
gabinete de la alcaldía Ángel Espadas, al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y a José
Luis Míguez, gerente de la concesionaria Aquagest que gestiona el servicio de abastecimiento de
agua en la ciudad. Junto a ellos también fue arrestado un cuñado de este último, Jesús Fuentes,
empresario y organizador de eventos.
La investigación nació, otra vez más, en la mesa de la juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye el
sumario Pokémon sobre supuestas adjudicaciones amañadas en varios ayuntamientos gallegos y
que ya supuso la imputación del alcalde compostelano, Ángel Currás, y de su concejala de
Educación, Rebeca Domínguez. Al tirar de ese ovillo, surgió la Operación Manga, que propició
los arrestos de ayer en Santiago incluidos registros en el Ayuntamiento, en los domicilios
familiares de los detenidos, en la sede de la empresa adjudicataria y también en la vivienda del
anterior regidor de la ciudad, Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir cuando Hacienda le
denunció por un presunto fraude fiscal de 291.000 euros. Espadas era la mano derecha de Conde
Roa.
Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los arrestados declaran hoy ante la
juez. La policía se incautó de varias cajas de documentación en las viviendas de Conde Roa,
Espadas y Vázquez Aldrey y requirió al gobierno municipal documentación sobre los contratos
de Aquagest, el servicio de la grúa y hora y la gestión de multas de tráfico, además de revisar los
ordenadores en busca de correos electrónicos. Durante casi ocho horas, los agentes peinaron los
servidores informáticos del Ayuntamiento en varios departamentos.
Fuentes próximas a la investigación apuntan que la juez indaga sobre las relaciones entre
Espadas, hombre fuerte del anterior alcalde, su amigo José Luis Míguez, apodado El Pesetas y
que fue ascendido a gerente de Aquagest en Santiago cuando el PP llegó al Gobierno, y las
gestiones que ambos tramaban para beneficiar presuntamente a la concesionaria del agua. Según
se desprende de los pinchazos telefónicos, los detenidos planearon crear una empresa mixta con
capital de Aguagest y del gobierno municipal para que se hiciera cargo del servicio sin tener que
depender de la contratación pública. Otra de las fórmulas que manejaban los detenidos, según se
desprende de las conversaciones grabadas, pasaba por aumentar el tiempo de concesión a cambio
de que Aquagest asumiesen el coste de infraestructuras para la ciudad.
Los investigadores sospechan que el negocio pretendía fraguarse a golpe de comisiones ilegales.
Las presuntas negociaciones tuvieron lugar durante el mandato de Conde Roa, que incluso llegó
a anunciar en un desayuno informativo su intención de llevar a cabo un ambicioso plan de
infraestructuras con financiación público-privada. Cuando este tuvo que dimitir y Espadas fue
destituido por su sucesor, Ángel Currás, el negocio se frustró.
Otro de los expedientes bajo la lupa de la juez es la adjudicación del servicio de ORA que el
gobierno de Conde Roa otorgó a la empresa Setex Aparki poco después de llegar al poder. El
concurso había sido convocado por el bipartito y contaba con un informe técnico que avalaba la
adjudicación a la empresa que finalmente resultó concesionaria, ya con el PP en el gobierno,
desbancando a su rival del grupo Vendex, que la juez sitúa en el epicentro de la Operación
Pokémon. Tras perder el concurso, Vendex denunció irregularidades en el proceso, que acabó
recurriendo. El concejal responsable del servicio, Albino Vázquez Aldrey, también pasó la noche
en los calabozos.
El nuevo escándalo en el Ayuntamiento de Santiago se produce solo tres semanas después de que
otra juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y al actual regidor partiendo de la
querella de un policía municipal que les acusa de degradarlo en sus funciones y de acoso moral.
En menos de dos años mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones.
Conde Roa está acusado de defraudar a Hacienda y de prevaricación al relegar al citado
funcionario, el mismo delito que la juez investiga en su sucesor, también encausado en la
Operación Pokemon por prorrogar la concesión de una guardería municipal a Vendex, igual que
su edil de Educación, Rebeca Domínguez. El jefe de gabinete actual, Francisco Castro, está
imputado por el mismo caso. El hombre al que sustituyó, Ángel Espadas, condenado en la
precampaña de las municipales por conducir bajo los efectos del alcohol, durmió anoche en
comisaría arrestado también en este caso. Y hasta el presidente de la Xunta y del PP gallego,
Alberto Núñez Feijóo, que siempre había pedido esperar a la resolución de los distintos
sumarios, admitió ayer que lo que pasa en su partido en Santiago "no es normal" y animó al
gobierno local a pedir disculpas.
Al presidente se le agota la paciencia
Alberto Núñez Feijóo había mostrado hasta ahora un respaldo sin fisuras al alcalde de Santiago,
Ángel Currás. Convencido por las explicaciones de este de que su implicación en el caso
Pokémon no tendría finalmente ninguna trascendencia penal, Feijóo expresó en reiteradas
ocasiones su apoyo al alcalde. Y ante las fuertes desavenencias en el gobierno local incluso
permitió a Currás quitarse de enmedio a su gran rival interna, la concejala Paula Prado, que
dimitió del Ayuntamiento tras ser nombrada portavoz del PP gallego.
Pero ayer, sin entrar en alusiones directas a Currás, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia
cambió de tono. Ante la nueva ronda de detenciones y la sensación de caos total en la capital de
Galicia, Feijóo tuvo que admitir: "Lo que pasa en el Ayuntamiento de Santiago no es normal y a
ningún ciudadano le parece normal". El presidente anticipó que este nuevo episodio requerirá de
los gobernantes locales "explicaciones amplias y disculpas concretas".
En el gobierno municipal, sin embargo, se empeñan en aparentar normalidad. Con el alcalde de
viaje en Madrid, la portavoz del ejecutivo compostelano, María Castelao, afirmó a la Cadena
SER que la sucesión de detenciones e imputaciones "no interfiere en el gobierno del día a día de
la ciudad". "Seguimos trabajando y sacando adelante expedientes", aseguró.
Pero la oposición dio un paso al frente y exigió medidas ante una situación que considera ya
insostenible. Hasta ayer los socialistas habían evitado pedir la dimisión de Currás. La postura del
PSdeG estaba condicionada por el hecho de que un alcalde suyo, el de Lugo, Xosé López
Orozco, también está imputado en la Operación Pokémon. Pero ante la evidencia de que la
sospecha de corrupción se ha extendido por el gobierno municipal, los socialistas dieron un giro
a su postura y, a través de su portavoz, Francisco Reyes, pidieron la retirada del alcalde ante la
situación de "práctica ingobernabilidad" del municipio. Antes, el líder local del BNG, Rubén
Cela, había reiterado también su exigencia de que Currás se retire. Los dos partidos de la
oposición coincidieron además en apelar a Feijóo para que, más allá de las palabras, tome
medidas para normalizar la institución local. Desde fuera del Ayuntamiento, se plantearon
soluciones más extremas: Esquerda Unida pidió nuevas elecciones y Compromiso por Galicia,
que se disuelva la Corporación Municipal.
FEIJÓO PIDE LA CONFIANZA CIUDADANA Y PROTEGE A SU ALTO CARGO
PROCESADO
Publicará su renta desde antes de ser presidente y el patrimonio de los conselleiros
Alberto Núñez Feijóo asume que la confianza de la ciudadanía en los dirigentes políticos "se ha
visto especialmente minada en los últimos meses" por la proliferación de casos de corrupción y
por eso considera que deben hacer un esfuerzo de transparencia, a fin de recobrar crédito. En esa
línea va la publicación de su declaración de patrimonio y la del resto de sus conselleiros,
información fiscal que se completará con las declaraciones de la renta exclusivamente del
presidente gallego desde antes de llegar al cargo hasta la actualidad. Compatibiliza esta apuesta
con decisiones como la de mantener en el cargo al delegado de su Gobierno en Ourense, Rogelio
Martínez, procesado por malversación, estafa y falsedad en documento público.
El mandatario autonómico aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para publicitar su
"política de transparencia" con la decisión de seguir la senda abierta por Mariano Rajoy, con la
publicación de los datos sobre su situación económica. Se hará en los próximos días a través del
sitio web del Ejecutivo y del Diario Oficial de Galicia, aunque hasta el lunes no precisará desde
qué año se podrá conocer su renta. En cuanto a las declaraciones de patrimonio, que ya se
difundieron en diciembre de 2011, explicó que el objetivo es que los ciudadanos puedan conocer
de primera mano la evolución patrimonial del presidente y de sus conselleiros desde la toma de
posesión hasta que cesen en sus funciones.
Apenas unos minutos después de su alegato en pro de la transparencia, que se suma a la
contundencia con la que se refirió al caso Bárcenas —"me repugna", dijo en el Parlamento—,
obviaba que su hombre fuerte en la provincia ourensana ha pasado de imputado a procesado. Se
escudó en que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa. "Por lo que yo sé, entiende
que no hay delito", arguyó, cuando en realidad el ministerio fiscal solicitó el archivo por
considerar que los supuestos delitos —la certificación y el cobro de una subvención para una
obra que nunca se ejecutó— habían prescrito. Así, avanzó que por el momento no va a "cambiar
de opinión", es decir, mantiene su confianza en Martínez.
"Si se inicia un procedimiento (que en verdad ya ha comenzado), veremos la situación procesal
en la que queda y en función de esto tomaremos una decisión coherente y consecuente con otras
que hemos tomado", fue todo lo que concretó. Preguntado sobre si le pediría su dimisión en caso
de sentarse en el banquillo de los acusados, como parece que ocurrirá a tenor del último auto del
juez, Feijóo desvío el tiro hacia el comportamiento de otros partidos ante casos similares,
deslizando que en la misma situación estas formaciones —no explicitó cuáles— mantendrían a
su alto cargo.
Por otra parte, la reunión del Gabinete sirvió para analizar el calendario legislativo para los
próximos cuatro años. El Gobierno pretende impulsar unas 40 leyes, la mitad de ellas de carácter
económico y la otra mitad reformas y actualizaciones de textos legales con más de una década de
vigencia. En este paquete, el presidente confirmó que no estará el Estatuto de Autonomía, una
modificación que, a su juicio, no está entre las preocupaciones ciudadanas. Sí se abordará la
anunciada reducción de diputados.
En ese marco, abogó por "abrir un periodo de reflexión" sobre el sueldo de los parlamentarios y
el sistema de cobro, que en la actualidad deja una parte importante del contante percibido libre
de tributación, al consignarse en concepto de dietas. Empaquetó esta reducción de los gastos de
la Cámara, así como todo el calendario legislativo analizado, con su ritual alusión a conseguir
una Administración "eficiente y austera".
El Consello también aprobó el Plan Galego de Igualdade entre Homes e Mulleres para el período
2013-2015, que aglutina 320 actuaciones con una inversión de 220 millones de euros. Entre
todas esas medidas no está la de dejar de subvencionar a los colegios concertados que separan
por sexo. Aludió a la libertad de elección de los padres y a que todos los gobiernos autonómicos
mantuvieron esos convenios, aunque el bipartito, en sus estertores había decidido suprimirlos.
FEIJÓO AVISA AHORA DE QUE GALICIA NO EMPEZARÁ A CRECER HASTA 2015
El presidente consagra la austeridad y pide caminar hacia el déficit cero
Casi a la misma hora que la OCDE pronosticaba para 2013 una caída del PIB que triplica las
previsiones del Gobierno, seis millones de parados para el el año próximo y el siguiente, y
advertía de que el camino no pasa por más recortes, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP y
alumno aventajado de la austeridad, seguía recetando desde la tribuna del parlamento gallego
más de lo mismo para los próximos cuatro años. Feijóo -que el sábado será investido presidente
por segunda vez- no solo ratificó su compromiso con el rigor presupuestario y el cumplimiento
del techo de gasto fijado por el Gobierno. Prometió que Galicia caminará "hacia el déficit cero"
en la legislatura que ahora comienza.
Ese es el plan que, según el aún candidato del PP, encarrilará a Galicia en la senda del
crecimiento. "Los gallegos podrán vivir de lo que producen sin endeudar a los gallegos de
mañana y dedicar el 100% de los recursos a políticas que estimulen el crecimiento y el
bienestar". Según esa hoja de ruta, la legislatura del crecimiento que los populares anunciaron en
los mítines y el programa electoral hace unas semanas quedará partida a la mitad. Empezará en
2015, tras "dos años de transición hacia ese objetivo". Y todo, según dijo entre grandes aplausos
de la bancada popular, porque Galicia es una comunidad "solvente" y a la vez "la más preparada
para salir de la crisis". Junto a la contención del gasto que inició ya en 2009, anunció rebajas
selectivas de impuestos para futuros emprendedores y su "austeridad bien entendida" anticipa
recortes en las subvenciones de los sindicatos, partidos políticos y la patronal, así como en el
número de diputados autonómicos, que bajará de 75 a 61. El presidente en funciones no aclaró si
intentará pactar la nueva configuración de la Cámara con el resto de partidos o si pretende aplicar
el tijeretazo a los escaños primando los territorios que tradicionalmente votan más al PP, tal y
como amagó con hacer antes del adelanto electoral.
Su hora y media de discurso tuvo presente al expresidente socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, a quien responsabilizó sin citarlo por su nombre de la crisis económica pero también
puso deberes al Gobierno amigo: pedirá a Rajoy que compense los fondos europeos que
autonomías como Galicia perderán a partir de 2014 y un nuevo modelo de financiación que
prime la dispersión y el envejecimiento de la población.
Del castillo kafkiano a la torre Eiffel
Se había esmerado el presidente en pedir al resto de partidos con escaño que tomen ejemplo de la
sociedad y afronten la legislatura con templanza porque "la mayor división de la oposición no
debe traducirse en mayor confrontación". Como si Feijóo temiese lo que se le venía encima.
Aunque la respuesta de sus adversarios en el hemiciclo se demorará hasta el jueves, la oposición
ya le adelantó ayer, con los micrófonos de por medio, que no comparte la visión de Galicia del
presidente en funciones.
Desde el BNG, su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera criticó "el discurso de un
candidato carente de la más mínima sensibilidade social" y también sin "ambición nacional". El
líder de la coalición Alternativa Galega de Esquerdas, Xosé Manuel Beiras, fue aún más duro y
dudó incluso de que su formación sea "capaz" de plantar cara a la derecha gallega. Si no pueden
solos los partidos de la coalición, llamarán a la "rebelión cívica para que los echen del castillo
kafkiano". Tampoco el portavoz del PSdeG, Abel Losada, escatimó críticas a Feijóo. Aseguró
que las políticas del déficit cero y el recorte selectivo de impuestos "abocan a este país a la
pobreza". Como está convencido de que el presidente en funciones reincide en esta segunda
legislatura, el dirigente socialista lo comparó con "el mayor estafador del mundo, Victor Lusting,
que intentó vender dos veces la torre Eiffel".
Sin llamar por su nombre a los recortes, explicó que "las decisiones, por complejas que pueden
resultar, tienen una razón de ser y un fin que es el social". Tras advertir que el cuidado de los
servicios públicos no depende "del nombre de un partido" sino de la eficacia de la gestión, lanzó
un compromiso para primar a las personas desahuciadas en la adjudicación de viviendas de
protección oficial, sin extenderse en los detalles. Su guión de 49 folios ofertó pactos sobre el
territorio, el crecimiento, los fondos europeos, el mapa municipal y los servicios públicos. Y
reservó unos párrafos para que Feijóo admitiese por primera vez "la incertidumbre" que pesa
sobre Novagalicia Banco.
Un grupo de ganaderos que estos días arrojan su producción de leche como protesta contra los
bajos precios habían interrumpido antes la solemne sesión con reproches a Feijóo. Fueron
desalojados por los servicios de seguridad antes incluso de que lo ordenase la presidenta, Pilar
Rojo.
NOVENA AMONESTACIÓN A LA XUNTA POR PARTE DE LA JUNTA ELECTORAL
El PsdG ha pedido que se traslade a la Fiscalía el reiterado incumplimieno de la Ley electoral por
parte del gobierno gallego
La Junta Electoral ha vuelto a exigir a la Xunta, por novena vez desde que se convocaron los
comicios, que "se abstenga de la realización de actos prohibidos" por la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General (Loreg), después de que el PSdeG denunciase la visita que realizó el
pasado día 8 el conselleiro de Medio Ambiente al municipio pontevedrés de A Estrada para
anunciar el proyecto de urbanización de la Ciudad del Mueble. En su resolución, el órgano
encargado de velar por la limpieza de la campaña electoral, considera que se trata de una
"actuación prohibida" por el artículo 50.3 de la Loreg al no tratarse de "un acto estrictamente
institucional en los términos del punto tercero de esta Instrucción".
El coordinador de la campaña electoral del PSdeG, Pablo García, ha instado a la Junta Electoral
de Galicia el traslado a la Fiscalía de las resoluciones en que consideró que el PPdeG había
vulnerado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El representante socialista
aporta en su requerimiento la documentación sobre los cinco casos en que, a instancia del
PSdeG, la Junta se pronunció contra la participación de miembros del Gobierno en diversos actos
o informaciones contenidas en la página web del Gobierno, que considera que demuestran la
reiteración en las irregularidades. En su escrito, el PSdeG aporta la documentación referida a la
participación de Núñez Feijóo en la firma de unos 'supuestos contratos' con Pemex y en una
recepción a nuevos integrantes de la Policía Nacional.
También cita la resolución que obligó a la Xunta a retirar de su página web una noticia sobre
acusaciones contra el alcalde de Lugo, y las visitas del conselleiro de Educación a centros de
Valdeorras y de la titular de Sanidade a las obras del nuevo hospital de Vigo. El coordinador de
la campaña socialista señala en su escrito que estos hechos pueden ser constitutivos de una
infracción penal, 'concretamente de un delito electoral, tanto por los hechos mismos como por su
reiteración en el uso de instituciones públicas para la venta de logros en campaña electoral'. Por
ello, García le pide a la Junta Electoral de Galicia que traslade la documentación que aporta a la
Fiscalía.
Feijóo concedió contratos por más de 1,2 millones a empresas de las que su hermana es
apoderada
La mayor parte de las adjudicaciones se realizaron en los últimos nueve meses, justo antes de la
convocatoria de elecciones. El PSdeG exige al presidente de la Xunta que dé explicaciones
Micaela Núñez Feijóo ha podido comprobar en apenas nueve meses el privilegio que supone
tener a un hermano como presidente de una comunidad autónoma. Las diferentes filiales de la
empresa Eulen, de las que ella es apoderada desde hace ocho años, se han beneficiado desde
principios de año de nueve contratos de la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo y
que, en total, han supuesto a la entidad unos ingresos que alcanzan 900.000 euros.
Si a esa cuantía se le suma la del contrato que se concedió a Eulen S.A. en 2010, apenas unos
meses después de que el actual presidente accediera al poder, la cantidad total que han recibido
las empresas que gestiona la hermana de Núñez Feijóo desde hace tres años asciende a más de
1,2 millones de euros.
Es especialmente llamativo el número de contratos adjudicados a Eulen en los últimos meses,
justo antes de que el presidente gallego convocara elecciones anticipadas y, por tanto, viera
peligrar su continuidad al frente de la Xunta. Según la página web oficial que el Gobierno
autonómico ha creado para hacer públicas todas sus contrataciones (seguir este enlace), el
Ejecutivo gallego ha contratado con las diferentes empresas del grupo licitaciones que incluso
han alcanzado los 432.000 euros, como la que el pasado mes de marzo adjudicó a Eulen S.A. el
servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes del complejo medioambiental de Cerceda
(A Coruña).
Otro de los contratos más jugosos es el que, en febrero, supuso la adjudicación a Eulen
Seguridad S.A del servicio de seguridad general del recinto ferial y particular de la Semana verde
de Galicia, cuyo gasto asume la Xunta, y que ascendió a 147.500 euros. Así, en total, hasta nueve
adjudicaciones a las empresas vinculadas a la hermana de Núñez Feijóo en tan sólo ocho meses,
apurando el plazo hasta las elecciones que se celebrarán el próximo día 21.
El PSdeG quiere que Feijóo dé la cara
Según los diferentes documentos de los registros a los que ha tenido acceso Público, Micaela
Núñez Feijóo figura como apoderada de cuatro empresas. Entre ellas están Eulen Sociedad
Anónima, con sede en Bizkaia, Eulen Seguridad S.A. y Eulen Servicios Sanitarios S.A., ambas
situadas en Madrid. La figura de apoderada que ostenta la hermana del presidente gallego supone
que los propietarios de las empresas le han dado poderes y, por tanto, ella se encarga de
administrar algunas de sus gestiones.
El escándalo, que ha sido desvelado esta misma mañana por el diario ourensano La Región,
entrará de lleno en la campaña electoral del 21-O que comenzó la semana pasada. De hecho, los
socialistas gallegos ya tienen pensado poner en marcha diversas iniciativas para que Núñez
Feijóo dé la cara. Fuentes del PSdeG consultadas por este diario han exigido al presidente de la
Xunta que "explique y aclare" las condiciones en las que se han producido todos esos contratos.
Y, en rueda de prensa, el líder de los socialistas coruñeses, Francisco Caamaño, ha instado a
Núñez Feijóo a dar "explicaciones" y ha tildado de "inquietante" la noticia que se ha hecho
pública este lunes
http://www.publico.es/espana/443581/feijoo-concedio-contratos-por-mas-de-1-2-millones-aempresas-de-las-que-su-hermana-es-apoderada
EL MAQUILLAJE DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE GALICIA ESTALLA EN CAMPAÑA
Feijóo se aferra a que cumplió el déficit en 2010
El PSOE ha pedido explicaciones a la secretaria de Estado de Presupuestos
El presidente señala que “es imposible” trasladar 400 millones en facturas
El termómetro de la campaña electoral gallega se disparó este martes después de que EL PAÍS
publicara el informe del Consello de Contas que certifica que la Xunta desplazó irregularmente
facturas por valor de 411 millones del ejercicio 2010 al 2011, lo que le permitió cumplir con el
límite de déficit para ese año (el 2,4%) y no entrar en el grupo de las comunidades incumplidoras
por seis décimas.
Varias horas después de conocerse el documento, que está pendiente de las alegaciones de la
Xunta para su aprobación definitiva, la Consejería de Hacienda se defendió diciendo que las
cuentas públicas ese año fueron “avaladas tanto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF), como por el Gobierno central socialista”. Sin embargo, el comunicado no entra a
analizar los desplazamientos de 223 millones de euros de gastos que varias consejerías
endosaron al ejercicio 2011 “sin que existan razones de orden económico, contable o
presupuestario que lo justifique”, como señala Contas, y fuera de los supuestos recogidos en la
ley. Tampoco dice nada sobre los 188,2 millones de euros que el Servicio Gallego de Salud
trasladó irregularmente de un año a otro. Hacienda, sin embargo, apunta a que actuó siempre
“cumpliendo de manera estricta la normativa vigente”, pese a que un análisis aleatorio de
facturas realizado por el órgano fiscalizador desvela que el 83% de los pagos comprometidos de
ocho departamentos se computasen mal.
El presidente y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a negar la mayor a
primera hora de la mañana. “Es imposible”, dijo, trasladar 400 millones de facturas de 2010 a
2011 y cerrar ese ejercicio con un déficit del 1,6%, “el más bajo de España. Sería un gran
milagro”, ironizó. Sus palabras chocaron con las del consejero mayor del Consello de Contas,
Luciano Fariña, que intentó quitar hierro al asunto asegurando que “no es la primera vez” que el
ente fiscalizador detecta estas anomalías y auguró que “habrá gastos que se pasen del ejercicio de
2011 al de 2012”.
El PSOE aprovechó todas las comparecencias públicas de sus candidatos para arremeter contra la
gestión de los populares y aprovechó para solicitar en el Congreso la comparecencia de la
secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, que entonces llevaba las riendas
de la Hacienda gallega.
El cabeza de lista por A Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, consideró que el
informe es “la evidencia palmaria de que Feijóo, que tanto presume de solvencia, consigue esa
apariencia haciendo trampas en las cuentas”. El propio Pachi Vázquez, candidato a la
presidencia, lo sacó a relucir en el debate televisado por el canal autonómico en el que se medía
la pasada noche con el nacionalista Francisco Jorquera. Desde el BNG insistieron en que “Feijóo
está montado en la mentira permanente”.
La Xunta no solo desplazó 411 millones en facturas mal contabilizadas del ejercicio 2010 a
2011. También incumplió la propia ley presupuestaria, que en el artículo tres “no permite
disminuir los créditos consignados en el programa 312D-Servicios Sociales de atención a
personas dependientes”. El documento señala que a lo largo de aquel ejercicio se aprobaron
“9.674.865,21 euros de transferencias positivas y 20.853.621,41 euros de transferencias
negativas”, para esta partida, por lo que el saldo resultante es “significativamente negativo”.
“Resultan preocupantes las carencias de control”
El informe emitido por el Consello de Contas, organismo fiscalizador de la Xunta de Galicia, no
deja lugar a dudas sobre los movimientos irregulares de créditos que se realizaron en el ejercicio
2010 para cuadrar los números.
“El artículo 60.2.b de la Ley de Régimen Presupuestario y Financiero de Galicia permite aplicar
a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de la expedición de las órdenes de pago,
obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores. (...) Sin embargo, la Administración no hace un reconocimiento formal de estas
obligaciones, y por lo tanto tampoco realiza su contabilización dentro del ejercicio”.
Según el Consello de Contas, “resultan preocupantes las carencias de control en el seguimiento y
validación del gasto desplazado, que no facilita una cuantificación fiable del mismo”. Esta
práctica, que afectó a facturas de 411 millones de euros, puede acabar “distorsionando el
resultado presupuestario”, y afecta “negativamente a los presupuestos futuros”, al disminuir la
capacidad de maniobra “por las cargas arrastradas”.
FEIJÓO ‘CAMUFLÓ’ SUS CUENTAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT EN 2010
El Consello de Contas denuncia el traslado irregular de facturas al año siguiente
La Xunta de Galicia desplazó de forma irregular 411 millones en facturas mal contabilizadas del
ejercicio 2010 al 2011. Así lo demuestra una auditoría realizada por el Consello de Contas
pendiente de aprobación por el pleno de este organismo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Gracias a esta fórmula, la Xunta logró cumplir con el techo de gasto al reducir en siete décimas
el déficit presentado al Ministerio de Hacienda que entonces presidía la socialista Elena Salgado.
Según desvela el informe instruido por un exconselleiro de Economía de Fraga, José Antonio
Orza, solo el Servicio Galego de Saude invirtió 188,20 millones de euros como "gasto no
contabilizado" en 2010 que trasladó irregularmente a los presupuestos de 2011. A ello se suma
un análisis aleatorio sobre una importante bolsa de gasto en varias consellerías que reveló que la
mayoría de los pagos se imputaron erróneamente de un año a otro, lo que arroja un aplazamiento
de gasto de 223 millones. En el resto de departamentos del Ejecutivo de Feijóo, el Consello de
Contas también destapó prácticas dudosas. Se da la circunstancia de que la responsable de las
cuentas de la Xunta en aquel momento es la actual secretaria de Estado de Presupuestos del
Gobierno central, Marta Fernández Currás, fichada por el ministro Cristóbal Montoro poco
después de acceder al cargo.
De los 265,7 millones de obligaciones de gasto trasladadas en 2010 a las cuentas de 2011 por
ocho departamentos del Gobierno gallego, el 83,95% (223 millones de euros) se cambiaron de
ejercicio de un modo anómalo. El cálculo es una estimación que parte del trabajo de los auditores
después de que estos analizasen una a una facturas por importe de 111,3 millones de euros
emitidas por consejerías y otros organismos oficiales. En ese exhaustivo repaso el órgano de
control de las cuentas de la Xunta detectó 93,4 millones mal computados. El trabajo de campo de
los auditores dispuso de una muestra inusitadamente elevada, tras analizar el 41,88% de las
obligaciones imputadas en 2010 al ejercicio contable siguiente.
En aquella anualidad —y en las posteriores— Feijóo siempre presumió de que la Xunta bajo su
mandato entró en el selecto y reducido grupo de comunidades que hicieron los deberes
cumpliendo el objetivo de déficit. El techo marcado por el Gobierno central, del 2,4%, no se
llegó a rozar en Galicia por tres centésimas (2,37%), y la autonomía resultó la quinta que mejor
cumplió con el rigor presupuestario. Semejante aval sirvió al presidente gallego para sacar pecho
e inaugurar el mantra que le ha acompañado hasta el fin de la legislatura. La Xunta " hace más
con menos" y Galicia es "una comunidad solvente".
Sin embargo, de la información de Contas se deduce que los números presentados al ministerio
deberían haber sido muy distintos. Los 411 millones que se trasladaron al ejercicio posterior (y
se fueron pagando a costa de una menor ejecución presupuestaria) obraron el milagro de evitar
que el gasto se disparase siete décimas, hasta el 3,09%. Sin esos apaños contables, la realidad
habría sido radicalmente opuesta, Galicia ocuparía el puesto número 11, entre Aragón y La
Rioja, en el ranking nacional y habría sido la séptima en incumplir el techo de gasto. Todo ello,
como indica el Consello de Contas, gracias a que se ampararon desplazamientos de obligaciones
"sin que exista razón de orden económico, contable o presupuestaria que lo justifique", y fuera de
los supuestos en que legalmente se pueden aplazar. De ahí que el documento deslice gran
preocupación por la disciplina interna aplicada en el gasto.
El informe también alerta de otra circunstancia: las facturas que se traspasan se convierten en
una bola de nieve cada vez más peligrosa que navega de presupuesto en presupuesto y que en
algún momento corre el riesgo de estallar. Eso explicaría la premura con que la Xunta está
cerrando sus presupuestos, hasta el punto de que en 2011 se agotó en septiembre.
Como ejemplo está la práctica del Servicio Galego de Saúde, que amplió el crédito en 2010 para
financiar la farmacia o el personal. "El recurso a este mecanismo, reiterado a lo largo de los años,
deriva en buena medida de la insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura
a las obligaciones de cada ejercicio, y no incentiva a los gestores para contar con presupuestos
realistas", apunta el informe de Contas, plagado de reproches.
"Estamos ante supuestos de gasto que debieron reconocerse en el ejercicio y respecto de los que
procederían los ajustes necesarios tanto en la contabilidad presupuestaria como patrimonial. La
práctica totalidad del gasto desplazado que resulta de la revisión responde a este supuesto",
subraya la auditoría. Los reparos a la contabilidad del Ejecutivo de Feijóo no se paran ahí y el
organismo de control avisa: "Cabe advertir que resultan preocupantes las carencias del control
interno en el seguimiento y la validación del gasto desplazado, que no facilitan una
cuantificación fiable del mismo igualmente resulta preciso prestar atención a la dinámica
creciente de las imputaciones de gasto de años anteriores, que se incrementan en este ejercicio y
que pueden acabar distorsionando ese resultado presupuestario y también porque, en cualquier
caso, afectan negativamente a los presupuestos futuros para atender a las necesidades previstas
debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores".
Por eso, tras analizar los números de 2010, el Consello de Contas a la hora de certificar que
Galicia ha cumplido el objetivo de déficit del 2,4% añade la siguiente coletilla: "Con las
necesarias reservas de los posibles ajustes que puedan resultar de este informe".
FEIJÓO ALEGA QUE EL MILLONARIO DUEÑO DEL AVIÓN ERA MILITANTE DEL PP
La Xunta Electoral amonesta al Gobierno gallego por séptima vez por vulnerar la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General
Un ataque a Zapatero como defensa. Con esa estrategia despachó ayer Alberto Núñez Feijóo la
fotografía que lo mostraba a punto de subir al avión Paxariño Novo, propiedad del
multimillonario de origen gallego José Benito López Carballedo. "Yo asisto a todos los actos y
mítines del PP con dinero del partido o de militantes del partido, como fue el caso", alegó el
presidente de la Xunta, "y no me parece adecuado que otros utilicen aviones del ejército o Falcon
para hacerlo". La referencia era al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez, acusado en
2009 por los populares de emplear aeronaves militares para desplazarse a actos del PSOE.
La imagen que provocó la reacción de Feijóo muestra al jefe del Ejecutivo y candidato a la
Xunta del PP el pasado 15 de septiembre en el aeropuerto internacional de San Fernando, en
Buenos Aires. Junto a él, el embajador español en Argentina, Román Oyarzun, el delegado del
Gobierno gallego en la capital de aquel país, Alejandro López Dobarro, o el secretario general de
Emigración, Santiago López Camba. El empresario López Carballedo, propietario de una firma
de servicios de limpieza líder en el sector, los recogió en el Paxariño Novo, que él mismo pilota
habitualmente. Durante la campaña electoral de 2009, que llevó a Feijóo a Monte Pío, una foto
del entonces vicepresidente Anxo Quintana en el yate del empresario Jacinto Rey sirvió al PP
para atacar al bipartito y lanzar insinuaciones sobre los vínculos empresariales del nacionalismo.
La precampaña —oficialmente, la campaña comenzó anoche— hace días que ha aumentado su
intensidad. El cartel con el que los populares pedirán el voto para sus candidaturas escondía, en
su presentación pública del miércoles, el logotipo del PP. Ayer, Feijóo, en la misma
comparecencia posterior al Consello de la Xunta en la que justificó su viaje en el jet del
millonario gallego argentino, explicó que el personal de comunicación del partido tapó la parte
del "vota PP" para no violar la ley electoral que prohíbe pedir el voto antes del comienzo oficial
de la campaña.
Pero la derecha no ha sido siempre tan escrupulosa. De hecho, también ayer recibió su séptima
amonestación en el último mes por incumplir el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (Loreg). En esta ocasión, la Xunta Electoral de Zona de Santiago apercibió a la
conselleira de Traballo y número uno del PP por A Coruña, Beatriz Mato, por una visita al
Centro Integral de Recuperación da Muller. La Justicia exige a Mato y a la concejala de Benestar
Social de Santiago, Paula Prado —que la acompañaba en la visita— que "se abstengan de
participar en actos similares que pueden vulnerar la normativa electoral bajo paercibimiento de
incoar el correspondiente procedimiento sancionador". Además del PP, solo el alcalde de
Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha sido amonestado.
FEIJÓO ENDURECE SUS ATAQUES A MARIO CONDE
"Votarlo significa avales para que gobierne un cuatripartito”
El candidato del PPdeG a la reelección y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha
afirmado que votar a partidos como el de Mario Conde --Sociedad Civil y Democracia-"significa avales para que gobierne un cuatripartito en Galicia". En una entrevista a Punto Radio,
Núñez Feijóo ha señalado que "cualquier voto a este tipo de personas que debutan, no se sabe
muy bien por qué, significa avales para que gobierne un cuatripartito en Galicia". "Y recordamos
todavía el bipartito", ha apostillado. "Me preocupa que personas de buena fe estén entregando el
gobierno a organizaciones políticas contra las que se muestran disconformes. Un voto a este tipo
de personas es un voto para que gobierne el Partido Socialista y los nacionalistas en todas sus
facetas", ha manifestado preguntado por la posible incursión de Mario Conde en la política
gallega. "No creo que Galicia se merezca una ración de bipartito ni una ración de cuatripartito",
ha agregado.
Sobre la presentación este sábado de su candidatura arropado por el PPdeG, a la que no se prevé
la asistencia de miembros del Gobierno central, el candidato popular ha justificado la ausencia de
Mariano Rajoy, recordado que "hace una semana" inauguró en Soutomaior (Pontevedra) junto a
él el curso político. "Parece razonable que venga todas las veces que quiera durante la campaña
electoral. Por nosotros estaría aquí como en la última campaña, en 2009, en la que gracias a él y
a todo el partido sacamos mayoría", ha comentado Feijóo, quien ha matizado que Rajoy "ahora
es el presidente del Gobierno y las citas del presidente no son las mismas que las del líder de la
oposición". "Estoy en política porque el señor Rajoy me lo propuso", ha recordado.
Además, ha diferenciado entre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el
actual titular del Gobierno central al ser preguntado sobre si podría repercutir la presencia del
líder del PP en la campaña de los populares gallegos. "Son dos personas distintas con dos
responsabilidades distintas; Rajoy es el bombero de la economía que ha destrozado el señor
Zapatero y el señor Rajoy se encuentra con un gran incendio en su país y no me parece muy justo
que de los incendios se les eche la culpa a quien intenta apagarlos", ha argumentado.
Por su parte, ha defendido el trabajo de su gobierno al frente de la Xunta. "No hemos venido aquí
a mantenernos en el poder, hemos venido a ser útiles", ha aseverado, para rechazar que las
medidas promovidas por el Ejecutivo central repercutan en su campaña. "Las políticas del actual
Gobierno vienen condicionadas por el desastre de la economía española", ha puntualizado
Feijóo.
"A nadie le gusta recibir noticias malas. Rajoy se ha encontrado con una España enferma desde
el punto de vista económico, con todos su órganos vitales afectados", ha comentado, para
subrayar que "cuando un médico tiene que dar un diagnóstico tan brutal a un paciente eso genera
una enorme desolación". Por ello, ha abogado por "admitir la situación" actual porque hay que
"gestionar la realidad" y "decírselo a la gente por muy doloroso que sea". "La gente se irá dando
cuenta que es mucho mejor ir atajando los problemas desde el principio que ocultarlos. Lo
importante no es como empieza un partido sino como acaba", ha sentenciado.
UN CARGO DE CAÑETE RECORRE MUNICIPIOS DEL LITORAL PARA PROMETER LA
LEGALIZACIÓN DE CASAS
Costas elude compromisos ante las demandas de alcaldes del PP
Entre el goteo de promesas electorales que empiezan a lanzar al vuelo los partidos regresa la de
solucionar el problema de las edificaciones junto a la costa. Con el caso paradigmático de los
núcleos costeros tradicionales de Marín ya bastante encauzado tras la aprobación de su plan de
ordenación, los afectados de otros municipios con un estatus menos claro quieren garantías de
que la reforma en trámite de la Ley de Costas se ocupará de sus casos. El conselleiro de
Territorio, Agustín Hernández, pasó ayer por Moaña y Vilanova de Arousa para transmitir a los
afectados el mensaje de que el PP no se olvida de ellos, acompañado del director general de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, venido desde Madrid. La visita dio para
poco más que el socorrido “estamos trabajando en ello” y, en el caso de Moaña, para sembrar
dudas sobre su posible encaje en la reforma esbozada por el Ministerio de Medio Ambiente.
“Es muy pronto para saberlo, estamos identificando los problemas, hay distintos tramos de
deslinde, afectados que eran propietarios de terrenos y otros que no”, señaló Saavedra en la
localidad de O Morrazo, tras reunirse junto a Hernández con el alcalde, José Fervenza, del PP, y
representantes de la asociación de afectados, y con la ausencia de última hora del presidente
provincial, Rafael Louzán, que había anunciado que asistiría. El anteproyecto hecho público en
julio de reforma de la ley de Costas prevé la reducción de la servidumbre de dominio público de
100 a 20 metros, pero para el caso de Moaña, donde en algún caso las viviendas afectadas están
levantadas sobre la arena en edificios de varias plantas de arquitectura nada tradicional, el
remiendo normativo no es suficiente. Fervenza defendió en el Parlamento autónomo hace dos
años una reforma mucho más atrevida, que llegaba a plantear cambios en las condiciones de uso
del dominio público. Aquel texto se envió a Madrid para su discusión, abortada con la propuesta
de Cañete, que pretendía refundir las reclamaciones llegadas de toda España. Enterrada aquella
idea, el alcalde apuesta ahora por realizar un nuevo deslinde que permita consolidar el hormigón
en primera línea de playa. “No es que estemos en contra de la ley, pero sí a favor de modificar
algún punto”, dijo. El director general no quiso comprometerse. “Hay que ver si es posible el
equilibrio entre satisfacer las demandas de los afectados y la protección del dominio público”,
advirtió Saavedra, que solo fue tajante para asegurar que no se va a “rebajar el nivel de
protección del dominio público”. “Es un asunto complejo que requiere tiempo”, despejó, y
apuntó, sin mucho entusiasmo, a otra posible solución “por vía administrativa”.
Los afectados se aferran a que muchas de las viviendas en peligro se adquirieron con licencia
municipal. José Gallego, portavoz de la asociación, apreció la “buena disposición” de los
dirigentes populares, pero también expresó dudas. “Este debe ser el tercer o cuarto director
general con el que nos reunimos. Si el Gobierno tiene intención de resolver el problema, por
nosotros mejor imposible, pero lo vemos difícil”. El conselleiro se salió igualmente por la
tangente.”"Tenemos abierta una línea de entendimiento con el Ministerio, y hoy nuestro objetivo
no era cerrar nada al 100%. La modificación legal ya tiene en cuenta en parte las demandas de la
Xunta en relación con los núcleos”. El anteproyecto legal prevé rebajar la protección pero solo
para aquellos suelos equiparables al urbano según los servicios y abastecimiento de que
disponían en 1988, lo que no daría cobertura a áreas transformadas a partir de entonces.
EL SERGAS PAGÓ 220.000 EUROS POR UN INFORME QUE NO APARECE
El informe no figura en el expediente completo recabado por el Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia al organismo sanitario
El Sergas pagó 220.000 euros a la consultora PricewaterhouseCoopers por su asesoría para la
contratación de la UTE concesionaria del nuevo hospital de Vigo, pero su informe no figura en el
expediente completo recabado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al organismo
sanitario en la tramitación del contencioso administrativo planteado por la Asociación para a
Defensa da Sanidade Pública, según informaron ayer sus portavoces, “por lo que debemos pensar
que no existe”.
Fue la más “anecdótica” de las irregularidades del proceso concesional del nuevo hospital de
Vigo señaladas por los portavoces de la asociación, que halla suficientes “incumplimientos
importantes del contrato” por parte de la UTE concesionaria para motivar su anulación, como
requirieron. Entre ellos, la financiación a riesgo y ventura de la concesionaria, alterada por la
solicitud de la Xunta del crédito del Banco Europeo de Inversiones; el volumen y calidad del
edificio y de los servicios, o el control y seguimiento del desarrollo y de los plazos de la obra a
través de auditorías.
“La construcción está paralizada por la incapacidad de la concesionaria para financiar el
proyecto”, aseguraron los portavoces de la asociación, un resultado que la propia asociación ha
venido anunciando, recordaron, en sus alegaciones (que el Sergas ignoró) al modelo PFI elegido,
en el contencioso administrativo interpuesto contra la concesión y en su denuncia ante el Valedor
do Pobo. Incluso citaron un estudio de la misma Pricewaterhouse que, en general, declaraba el
modelo “no viable” en 2008 por lo improbable de obtener recursos financieros a tasas comunes
antes de 2007. El contrato de la UTE de Vigo las fijó al 8%, “pero ya nadie presta a eso”.
CARGOS DEL SERGAS VIAJAN A CANCÚN A UN CONGRESO DE FIRMAS
SANITARIAS
Las dos directivas permanecerán en México tres días más después de finalizar las jornadas y la
Xunta no aclara quién financia la estancia
No todo el mundo padece los efectos de la austeridad en la Administración. La directora técnica
del Centro de Transfusión de Galicia, Inmaculada Rodríguez Calvo, y la hematóloga jefa de la
entidad, Azucena Castrillo Fernández, permanecen desde el 6 de julio en un congreso científico
sobre transfusión de sangre en Cancún, en un viaje cuya financiación y finalidad la Xunta no ha
querido aclarar. Aunque las jornadas dieron comienzo el 7 de julio y finalizaron en el día de
ayer, las directivas del Sergas permanecerán en la ciudad mexicana hasta el domingo.
Lo insólito del caso es que, según se explica en el programa del evento, organizado por ISBT —
una sociedad internacional cuyos miembros son multinacionales de la industria sanitaria—, las
dos directivas del Sergas no intervinieron en ninguna de las ponencias centrales, no formaron
parte de los comités científicos ni constan como invitados observadores. En el programa la única
referencia que se hace a Inmaculada Rodríguez y Azucena Castrillo tiene que ver con la
presentación de dos breves investigaciones, en un tiempo mínimo de 10 minutos cada una.
A la noticia tuvo acceso este diario a través de un supuesto comunicado enviado por correo
electrónico desde una cuenta del comité de empresa del Centro de Transfusión de Galicia. En él
se aseguraba que el precio del viaje —que incluiría inscripción, avión y hotel— supera los 4.000
euros por persona, cuestión que la Xunta no ha querido aclarar, si bien ha confirmado que las dos
directivas estarán de vuelta el domingo, permaneciendo en México tres días más después de
finalizar el evento.
En el supuesto comunicado del comité, también se alerta de la posibilidad de que el viaje fuese
financiado por empresas médicas “a las que se les hicieron adjudicaciones millonarias” desde el
Ejecutivo autónomo. “Esto aún es peor ya que la directora preside las mesas de contratación y la
hematóloga que la acompaña es encargada de elaborar los informes técnicos que se tienen en
cuenta para las adjudicaciones de compra de los productos de las empresas que patrocinan este
tipo de viajes”, añade el comunicado. Asimismo, la nota alude al código de buenas prácticas del
sector sanitario y critica que este tipo de eventos tengan lugar en espacios con un perfil
marcadamente turístico.
Lo sorprendente es que el presidente del comité de trabajadores, José Ángel Varela, a pesar de
tener constancia del viaje de las directivas del Sergas, desconoce quién fue el remitente de la
denuncia. “En el comité nadie habló de filtrar esto y por lo menos yo desconozco el coste del
viaje”, asegura. Además, añade que “es muy posible” que la estancia fuese financiada por
empresas adjudicatarias de la Xunta, una práctica que considera “normal”. “Lo raro sería que
pagasen empresas con las que no trabajamos”, finaliza.
TRES AÑOS, SEIS MESES Y ONCE DÍAS
El índice de paro casi se ha duplicado en el mandato de Feijóo mientras la Xunta se ponía a la
cabeza de las políticas de ajuste del gasto público
A Manuel Fraga se le atribuyó el síndrome de la bicicleta, siempre necesitado de movimiento
para no caerse. Los ciclistas, sin embargo, pueden apearse a voluntad. Su heredero conservador
en la presidencia gallega, Alberto Núñez Feijóo, tiene el síndrome del surfista. Necesita estar en
la cresta de la ola para no acabar descabalgado. Feijóo se subió después de que su antecesor, el
socialista Emilio Pérez Touriño, pasara hace cuatro años el mismo verano de dudas, consejos y
presiones sobre si adelantar las elecciones para evitar los efectos de la entonces incipiente crisis,
o agotar la legislatura. Touriño, que gobernaba en coalición con los nacionalistas, argumentó que
los intereses de Galicia estaban por encima y perdió —en realidad perdieron sus socios— el
diputado que daba la mayoría.
Hay dos consensos sobre la victoria del PP de Galicia. Uno, que salvó por la campana a un
Mariano Rajoy a punto de ser defenestrado por su partido. El otro, que constituyó el primer
ejemplo de lo que unos llamaron campaña sucia y otros, empleo de la táctica "no pienses en un
elefante". Al bipartito, el PP les reprochó gastos suntuarios que hoy harían sonreír, como la
remodelación de un despacho y compra de sillas, y la sustitución de coches oficiales, por mucho
que el propio Feijóo viajase en uno de ellos en su etapa de vicepresidente de Fraga.
Dentro del capítulo de promesas serias, Feijóo aseguró que en 45 días presentaría un plan para
recuperar empleo, anularía el concurso eólico recientemente adjudicado, eliminaría las trabas que
el bipartito ponía a las piscifactorías y, sobre todo, acabaría con la imposición del idioma
gallego, que, según habían alertado oportunamente al PP algunos colectivos, se pretendía hacer
aprovechando la normativa aprobada por consenso en tiempos de Fraga. También tendría
remedio otro de los problemas recurrentes, el de los incendios forestales. El bipartito había
tenido en 2006 un verano de fuego y muerte, con cuatro fallecidos. "Con nosotros no había
muertos", dijo con naturalidad Feijóo.
Grandes proyectos como el desarrollo eólico se han quedado en nada
A la hora de hacer balance de todo aquello hay paro, claro. Mucho. El mayor de la historia de
Galicia, del 12,4% en aquel marzo electoral de 2009 se ha llegado al 21,1% el pasado febrero,
según la Encuesta de Población Activa. A partir de 2009, Galicia ha perdido el diferencial
positivo de crecimiento del PIB que tuvo entre 2005 y 2008. El concurso eólico, efectivamente,
se anuló, y se realizó uno nuevo. El problema es que entre una cosa y otra, el Gobierno central
decidió dejar de subvencionar a las energías renovables, y los recursos interpuestos por algunos
concesionarios beneficiados en el primer reparto prosperaron. Hace pocos días, el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia determinó que la anulación del primer decreto fue ilegal. Las
concesiones nunca se pusieron en marcha. Y estamos hablando, o eso se dijo, de una inversión
de 6.000 millones de euros y de 13.000 puestos de trabajo.
Tampoco se ha instalado ninguna piscifactoría, pero lo de la enseñanza en gallego sí dio que
hablar. Una reforma que provocó ríos de tinta, pronunciamientos y grandes manifestaciones,
encuestas a los padres cuyos resultados nunca se hicieron públicos, el triturado de cientos de
miles de libros de texto porque explicaban que dos y dos eran cuatro en gallego y un decreto que
no contentó ni a unos ni a otros. También hubo incendios, dependiendo del calor y de las lluvias.
Y, desgraciadamente, hubo muertos.
Del gobernante Fraga se ha pasado al papel de mero administrador
A lo largo de esta legislatura, que cumplirá el 21-O tres años, seis meses y once días, Feijóo ha
ido sacando conejos de la chistera. Además del eólico, en las municipales lanzó el globo de un
complejo industrial en Ourense para producir un coche eléctrico, una inversión que crearía 1.030
puestos directos, y que acabó pinchando. A primeros de año, anunció también un plan que, con
una dotación de 30 millones de euros, crearía nada más y nada menos que 44.000 empleos.
Tampoco ha pasado de los titulares a la realidad. El último unicornio es un contrato con la
petrolera mexicana Pemex para construir unos remolcadores. En lo político, el logro prometido
—además de atender el clamor popular de reducir el número de diputados, finalmente
desatendido por el adelanto electoral— fue el de fusionar dos ayuntamientos de 5.500 habitantes
(entre los dos), proceso que ni se ha iniciado.
En el capítulo de lo positivo, PP y PSdeG aprobaron una reforma de la ley de los medios
públicos similar a la que regía en RTVE antes de que la cambiara el PP (aunque todavía no la
han aplicado). Feijóo logró evitar la emigración de las dos cajas, y fusionarlas, aunque no
asegurar su futuro, obviamente. Y las cuentas de la Xunta arrojan mejores resultados que la
mayoría de las comunidades autónomas, aunque sea mediante usos como decretar años contables
de siete meses, y aunque esa austeridad no sirva a funcionarios o dependientes para librarse de
los mismos recortes aplicados en los territorios donde se despilfarra.
Posiblemente en Madrid, en cuyos medios se prodiga, Feijóo haya ganado puntos con su aspecto
de joven obsequioso y eficaz ejecutivo sobre el atrabiliario, un tanto tosco y menos dúctil Fraga
Iribarne. En Galicia es al revés. Ha bajado el nivel de gobernante al de mero administrador. Sus
alcaldes no están precisamente contentos por la austeridad. Además, tampoco es que sean suyos.
A pesar de sus intentos, el PP de Ourense sigue siendo del PP de Ourense, es decir de los Baltar
y no suyo. Excepto en A Coruña, donde el mérito es del presidente provincial y alcalde coruñés,
Carlos Negreira, en Pontevedra y Lugo no ha logrado nuevas conquistas.
Con ese panorama, o más bien, con esa falta de panorama, ¿para qué esperar seis meses más?
Adiós a la investigación de las cajas
Con la disolución hoy del Parlamento, quedan enterrados varios trabajos y textos legislativos
promovidos por el PP y la Xunta. Con tan solo cinco días de vida, se desactiva la comisión de
investigación sobre la gestión de las cajas de ahorros. El PP, en un gesto ante las protestas de las
víctimas de preferentes, decidió ponerla en marcha el pasado miércoles, pese a que la posibilidad
de un adelanto electoral ya estaba encima de la mesa.
También enterrado queda el proyecto promovido para modificar la ley gallega de cajas y la
gestión de la obra social de las antiguas entidades de ahorro. Aprobada inicialmente en el último
pleno, el 2 de agosto, estaba abierto el plazo de enmiendas para un texto que ahora decae y queda
sin vigencia alguna. Igualmente, desaparecen otros cinco proyectos de ley del Gobierno. Tres de
estas iniciativas, hasta ahora en trámite, pretendían ser de especial incidencia ya que con ellas la
Xunta intentaba un cambio del sistema productivo, como son los textos para el fomento de la
investigación y la innovación, el de impulso de las infraestructuras de telecomunicaciones y el de
reforma del sistema universitario.
Además de la abortada reforma de la ley electoral, que no llegó a presentarse formalmente, se
aplaza el desarrollo de la nueva ley de la Compañía de Radio Televisión de Galicia. Está en
vigor, pero los grupos parlamentarios aún negociaban un plan marco para constituir la
corporación de los medios públicos con nuevos criterios. La designación, por primera vez, del
director general de CRTVG por una mayoría cualificada del Parlamento todavía deberá esperar.
Feijóo acepta que Rajoy aparque su promesa de aplazar la deuda de Galicia
Ahora admite que Rajoy reconsidere su promesa de aplazar la deuda autonómica
De la firmeza con que cada jueves, desde el atril en el que desgrana los acuerdos de los
Consellos de la Xunta, exige al Gobierno que le aplace la deuda con el Estado, al apaciguamiento
con Rajoy. Alberto Núñez Feijóo hizo frente ayer a las preguntas de los periodistas después de
que Javier Arenas, en nombre de los barones autonómicos del PP y tras reunirse con el futuro
presidente, anunciase que queda en suspenso el compromiso de ampliar de cinco a 10 años el
plazo de devolución del dinero que las comunidades adeudan al Estado, por anticipos efectuados
en 2008 y 2009 que no se recaudaron por la crisis. La Xunta mantiene intacta su reclamación,
afirmó Feijóo, pero aceptó que el futuro presidente no tome la decisión mientras no conozca "el
estado de las cuentas y del Tesoro público".
El futuro jefe del Gobierno prometió en campaña demorar las devoluciones
El aplazamiento de la devolución de esos ingresos a cuenta, que en el caso de Galicia asciende a
unos 2.000 millones de euros, era un compromiso asumido y reiterado por el presidente del PP,
Mariano Rajoy. La última vez, en la apertura del curso político tras el verano en el castillo de
Soutomaior. El jueves, Arenas condicionó el cumplimiento de esa promesa a las cuentas que se
encuentre el Partido Popular: "Se abordará desde la mejor voluntad cuando tengamos
conocimiento del déficit y la situación de la tesorería". Feijóo se agarró ayer a esas intenciones
para aplaudir la "disposición" y "sensibilidad" del futuro presidente.
"Es importante y positivo que el nuevo Gobierno abra una puerta al aplazamiento del pago", se
conformó Feijóo, que añadió: "Pero un presidente que aún no es presidente no puede tomar
decisiones que afectan a los Presupuestos ni al Tesoro de la Hacienda Pública". Y, en todo caso,
Galicia está "en el camino de ese objetivo".
Feijóo incluyó el de la deuda entre los "problemas que se encontrará y tendrá que solucionar" el
nuevo Gobierno cuando tome posesión. "Fuimos incapaces de entendernos con el Ejecutivo
anterior: que aceptase que las comunidades autónomas no pueden dedicar el 5% de sus
presupuestos hasta 2016 [a pagar la deuda] porque el Gobierno socialista hizo unos Presupuestos
irreales", afirmó.
La comprensión que mostró ayer Feijóo con la inconcreción de Rajoy se produce después de una
jornada, la del jueves, que se abrió con las declaraciones del coordinador de Política Autonómica
y Local del PP, Juan Manuel Moreno, en las que dio por hecho el aplazamiento de la deuda. La
Consellería de Facenda se apresuró a aplaudir el anuncio. "Es muy buena noticia para Galicia",
afirmaron fuentes del departamento de Marta Fernández Currás, que recordaron que el
aplazamiento en los pagos fue una petición que lideró el Gobierno gallego y a la que
posteriormente se unieron otras comunidades autónomas. Pero después compareció Arenas con
un jarro de agua fría a las expectativas de la Xunta. El presidente gallego restó importancia a
estas contradicciones y a la apresurada reacción de Facenda. Feijóo, que no pudo acudir a la cita
con Rajoy en la sede del PP por problemas de agenda, afirmó que aclaró la cuestión por teléfono
por la noche con Arenas. "Nos confirmó que el compromiso sigue", zanjó.
En la misma rueda de prensa, Feijóo eludió cualquier responsabilidad en el aumento del paro en
noviembre en Galicia, la comunidad autónoma donde más creció el número de desempleados.
"¿En qué ha fallado la Xunta?", le preguntó un periodista. El presidente se aferró a los datos de
los últimos 11 meses, en los que el incremento fue "un punto inferior" que la media estatal.
En todo caso, depositó toda la responsabilidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,
y apeló a los datos, "malos sin contemplaciones", para defender como "imprescindibles" algunas
de las tareas que tiene por delante Rajoy, como acometer la reforma laboral, rebajar la prima de
riesgo, enjugar el déficit y restablecer el sistema financiero. "Está fallando prácticamente todo",
afirmó. Feijóo aseguró que el futuro presidente ya está trabajando y tiene "enfocados" todos esos
problemas para adoptar decisiones cuando tome las riendas del Ejecutivo.
PARADOS SIN PRESTACIÓN LLEVAN DOS MESES PAGANDO SUS MEDICAMENTOS
Los afectados siguen con la tarjeta sanitaria bloqueada pese a la promesa del Sergas de que las
reactivaría inmediatamente de oficio
E.N.G, vecina de A Coruña, lleva más de tres años en paro, pero nunca imaginó que se quedaría
sin cobertura sanitaria sin previo aviso del Sergas. Hace casi dos meses que se paga sus
medicamentos y este jueves, para vacunarse contra la gripe, ya no se pasó por el centro de salud,
fue directamente a la farmacia. "Tuve que comprar yo la vacuna. En la farmacia llamaron a un
practicante para que me la pusiera, aunque no me quiso cobrar", cuenta.
Esta mujer de 61 años, enferma crónica, cumple la condición que reseñan todos los pacientes
parados que estos días descubren que su tarjeta está desactivada: ha agotado su prestación por
desempleo hace más de 12 meses. No tiene derecho a consulta con su médico de cabecera y si
durante los dos o tres meses que tardará el Sergas en tramitarle una tarjeta PSR (para personas
sin recursos) tiene que acudir a Urgencias, deberá firmar un compromiso de pago. Aunque la
conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha repetido hasta la saciedad que solo los extranjeros que
no acrediten derecho a asistencia estarán obligados a firmar dicho documento, la información
que recibe del Sergas dice todo lo contrario."A mí lo que me dijeron es que por urgencias [la
única asistencia a la que sigue teniendo derecho] me van a cobrar, que tengo que cubrir un
compromiso de pago", relata. El ir y venir de E. desde su centro de salud de O Ventorrillo a la
delegación de Hacienda y el Ayuntamiento de A Coruña comenzó hace algo menos de dos
meses, cuando intentó comprar los fármacos que le había recetado el médico. "Como estoy
enferma y tomo mucha medicación, voy a la farmacia con frecuencia, por eso me enteré". El
boticario no pudo acceder a la receta electrónica que debía contener su tarjeta, ya anulada.
En el centro de salud le dieron un número de teléfono para que aclarase su situación. "Me dijeron
que el Sergas tenía una lista con la gente que se quedaba sin Seguridad Social, y que yo estaba en
esa lista". Los trabajadores del Sergas le indicaron también qué opciones tenía para recuperar su
derecho a la asistencia gratuita. Una de esas alternativas, la de incluirse en la tarjeta de un
pariente, no le sirve porque todos sus familiares están empadronados en otras ciudades, por eso
se ha decantado por la tarjeta para personas sin recursos. La solicitó el 4 de octubre, pero todavía
no ha recibido nada. El pasado jueves intentó pedir cita para comprobar si su trámite estaba ya
completo, porque Farjas afirma que todas las tarjetas bloqueadas se están activando "de oficio".
Su nombre sigue sin figurar.
Tampoco tiene su tarjeta activada Mercedes Amaral, la primera ciudadana en denunciar el fin
sorpresivo de su derecho a la asistencia sanitaria hace una semana. Parada de larga duración y a
tratamiento por una depresión, Amaral asegura que su nueva tarjeta PSR no llegará antes de seis
u ocho meses. Por ahora, mientras el Sergas no la da de alta, paga sus medicinas. Tendrá que
presentar, como el resto de los afectados, una justificación de ingresos que demuestre que su
única vía para recobrar la asistencia sanitaria es solicitar tarjeta destinada a las personas sin
recursos. El Sergas le exige, además, un certificado de empadronamiento. "¿Qué está pasando
aquí? Desde hace unas semanas no deja de llegar gente por este asunto de la tarjeta", le preguntó
a principios de octubre una trabajadora del Ayuntamiento de A Coruña cuando E., la paciente de
O Ventorrillo, le explicó que necesitaba un certificado de empadronamiento para recuperar su
tarjeta.
"Hasta puedo entender que tenga que pagar las consultas, pero no que me quiten el médico". Luis
(nombre ficticio) se enteró hace 17 días de que su tarjeta estaba bloqueada. Hace tiempo que a
este vecino de A Coruña le van mal los negocios, tanto que ya ni siquiera puede pagar la
Seguridad Social. "Declaro mis impuestos, pero el negocio es un desastre", se lamenta. El cruce
de datos que le hizo hace dos semanas una trabajadora del Sergas cuando llamó para enterarse de
su situación reveló el diagnóstico esperado. Su tarjeta sanitaria estaba desactivada. Ahora tramita
su declaración como PSR y mientras paga sus medicinas.
"Desde el momento en el que me dan de baja no recibí ningún tipo de notificación", cuenta
Marcos Otero, también residente en A Coruña, que teme que los próximos meses se conviertan
en un ir y venir del centro de salud solo para presentar papeles "y sin cobertura". A diferencia de
los casos anteriores, Otero, que actualmente estudia para sacarse una oposición y es demandante
de empleo, llevaba un tiempo con la mosca detrás de la oreja. Casi no va al médico, pero hace un
mes pidió cita para una consulta porque tenía molestias en un pie. No se la pudieron dar porque
no tenía un médico adjudicado desde agosto. "Pensé que era algo ajeno a mí, un error
administrativo", explica. Hasta la semana pasada no fue consciente de lo que le pasaba.
"Solución no me han dado ninguna, más que pasarme a la tarjeta de algún familiar". Tampoco en
esta ocasión se cumple la promesa de Farjas de reactivar automáticamente las tarjetas
bloqueadas.
A la vez que continúa el goteo de casos, aumenta el número de firmas reunidas en la plataforma
digital Actuable para pedir al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el desbloqueo de la
tarjeta sanitaria a los parados que llevan más de 12 meses sin prestación. Ayer apoyaban la
iniciativa de Alejandro J. Pérez Morán 11.000 personas. Los firmantes exigen a Feijóo "la
retirada inmediata de la orden del 5 de septiembre de 2011", la norma que cambia los requisitos
de acceso a la asistencia sanitaria de las personas sin empleo o con pocos recursos.
Vaivenes del Sergas con la tarjeta sanitaria
- 20 de octubre. Pago de 10 euros por el extravío. Al Consello Económico e Social de Galicia le
parece que la propuesta "debe de ser un error" y propone "eliminarla".
- 23 de octubre. Trascienden las limitaciones del nuevo reglamento de Sanidade, en vigor desde
el 29 de septiembre, al uso de la tarjeta para parados de larga duración, personas sin recursos y
extranjeros. Sanidade alega que es para evitar el fraude a la Seguridad Social y que sigue una
recomendación de la Comisión Europea para "detectarlo".
- 18 de noviembre. Primeras denuncias de desactivación de la tarjeta. "Es absolutamente falso",
responde el Sergas. Atribuye las denuncias a las elecciones.
- 12 de noviembre. El Sergas admite que se bloquean tarjetas y señala que ha ordenado
reactivarlas de oficio. Los afectados "no tendrán que tramitar nada". Galicia solo se adelanta
cuatro meses "a una medida del Gobierno de España".
- 24 de noviembre. La conselleira, Pilar Farjas, afirma que se limita a recoger los requerimientos
del INSS y que es este organismo del Ministerio de Trabajo el que deja a 300.000 personas sin
cobertura hasta el 1 de enero. El INSS sostiene lo contrario, que garantiza la cobertura a los
300.000 y que la Xunta no ha firmado un convenio para reducir trámites. Farjas dice que lo
firmó, pero se refiere a un acuerdo de un año antes.
FEIJÓO DEFIENDE
UNIVERSITARIAS
QUE
SE
PAGUE
MÁS
POR
FÁRMACOS
Y
TASAS
El presidente coincide con el rector de Santiago en subir tasas universitarias
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está a favor de un nuevo modelo de prestación
farmacéutica que lleve a que los pacientes tengan que pagar más por las medicinas. Lo avanzò
ayer en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta en la que se sucedieron cinco
preguntas consecutivas acerca de su postura sobre el copago. Feijóo sembró primero todas las
dudas posibles sobre las cuentas del Estado: dijo textualmente que hay que conocer el "déficit
real", aseguró que existen "facturas sin computar" y "deudas ocultas", de forma que el Gobierno
de Rajoy recibe una "herencia compleja".
El jefe del Ejecutivo rechaza cobrar por consultas o estancias hospitalarias
Cuando tome posesión el nuevo gabinete y se conozca el "déficit real", se abrirá un debate sobre
el futuro de la sanidad. Feijóo pidió "no demonizar" formulas como el copago pero se presuró a
anticipar que si el futuro presidente le consulta, él desaconsejará "el cobro por consultas, pruebas
y estancias hospitalarias". Invocó su experiencia como gestor -fue presidente del Insalud cuando
José Manuel Romay Beccaría era ministro de Sanidad- para desecharla. No obstante, en su afán
por "buscar eficiencias" para que el sistema sanitario sea viable, abrió la puerta a aumentar el
precio que se paga por los fármacos. No facilitó más datos ni ofreció ninguna pista.
Solo abogó por "hablar y adentrarse" en una nueva prestación farmacéutica, el capítulo que más
presupuesto consume de toda la Xunta. Lo importante, subrayó, es "garantizar la pervivencia del
sistema público y universal para que no quiebre", dando a entender que puede venirse abajo "con
un déficit de 18.000 millones" o los "500 euros que debe cada español" en este capítulo. En
cualquier caso, defendió que no se deben hacer distinciones entre territorios y que el debate
habrá de afrontarse "desde el todo".
De ahí que se felicitase por que Rajoy anunciara ya la misma noche de su victoria que convocará
a todos los presidentes autonómicos. En ese foro es en el que Feijóo apuesta por "proponer
fórmulas para salir entre todos del agujero económico". Interrogado sobre si el modelo de CiU de
introducir el copago en en forma de "tique moderador" para evitar el "uso abusivo" del sistema,
Feijóo insistió en que no utilizará "la demagogia" para referirse a dirigentes que "quieren ser
rigurosos".
En la misma línea, se posicionó del lado del rector de la Universidad de Santiago de Compostela,
Juan Casares Long, que ha propuesto una subida de las tasas universitarias en la línea de otros
países europeos. El presidente gallego calificó la idea del rector como "valiente y no
improvisada". Feijóo defendió las becas para aquellos "que no tienen recursos" y subrayó que las
matrículas para cursar estudios universitarios son más baratas que un colegio privado de
educación secundaria. Además recordó que su Gobierno congeló las tasas en su primer año y las
actualizó después por debajo del listón que propuso el Ministerio de Educación.
Fue en la misma rueda de prensa en la que dio por finalizadas "las fiestas presupuestaria" y
avanzó que llegaron los tiempos del rigor, en que "los políticos que dejan agujeros son
sustituidos por otros que los solucionan". Cuando llegó la recurrente pregunta sobre el número de
ministros gallegos con los que podría contar el líder de su partido, despejó la cuestión, como
lleva haciendo desde el pasado domingo, y pronosticó que el futuro gabinete de Rajoy no contará
con cuotas territoriales, como tampoco lo hizo el que nombró él mismo para la Xunta en abril de
2009. Aseguró que en Galicia y fuera de ella hay políticos muy competentes, "la prueba es que el
presidente del Gobierno es un gallego". La cuestión de si tiene pensado hacer cambios en la
Xunta después de que el lunes anunciase su intención de acabar la legislatura la dejó sin
responder.
EL MODELO DE RAJOY SE DESPLOMA
Galicia, a la que el líder del PP cita como ejemplo para su futura gestión, ve cómo cae su
industria y el paro sube por encima de la media nacional
Por encima de Cospedal, Monago, Rudi o Bauzá -las nuevas caras del poder omnímodo del PP
en las autonomías-, el ejemplo de Mariano Rajoy, según repite a la caravana electoral, está en
Galicia y se llama Alberto Núñez Feijóo. Preside una comunidad que en dos años y medio de
Gobierno popular ha dejado de converger con España y Europa, genera más paro que la media
nacional, tiene a los colectivos profesionales de la sanidad y la educación en pie de guerra y
amenaza con no pagar los casos menos severos de dependencia. También es la única autonomía
junto a Madrid que ha cumplido en 2009 y 2010 con los objetivos de déficit presupuestario y
mantiene una calificación por encima del resto de comunidades -A2, en términos de Moody's-,
un notable alto que le permite pagar menos por una deuda que se ha incrementado en 3.600
millones de euros desde que Feijóo es presidente. Sin contar los compromisos
extrapresupuestarios.
El presidente gallego presume de cumplir el déficit presupuestario
La deuda de la comunidad se ha incrementado en 3.600 millones
El curso empezó con 3.000 alumnos más y 1.000 profesores menos
El índice de producción industrial ha bajado en picado
Al igual que repite ahora Rajoy, también hubo un tiempo en que su líder en Galicia disponía de
las recetas para atajar el paro y reactivar la economía. Lo decía, de gira por las carreteras
gallegas, en febrero de 2009, cuando hizo famoso el Audi blindado de su antecesor, Emilio Pérez
Touriño, y el supuesto despilfarro del bipartito que mandaba en Galicia. Entonces, como ahora,
el PP invocaba "el milagro" de Aznar en 1996. La receta también en aquellas vísperas electorales
pasaba por bajar impuestos. En la promesa que Feijóo lanzó el 18 de febrero de 2009 no había
ambigüedad posible: eran descuentos generalizados (de hasta el 8,2%) en el tramo autonómico
del IRPF para ayudar a 600.000 familias a llegar a fin de mes. Costarían 100 millones de euros a
las arcas de la comunidad y supondría "una inyección en vena al consumo".
Los condicionales aún sirven, porque esa medida nunca se llevó a cabo. El presidente repite
ahora, tras cuadrar su tercer presupuesto, que aún tiene tiempo para aplicar su promesa estrella
porque era un compromiso de legislatura. Si no lo hizo antes, alega, fue por "la herencia" que se
encontró al llegar al Gobierno.
Por más que dibujase en campaña el panorama económico más negro que uno se pueda imaginar,
el PP no contó con el desplome de la recaudación que se produjo en 2008, cuando Galicia entró
de lleno en la recesión. Tras la victoria en las urnas y mientras se acomodaba en el poder,
empezó a hablar de agujeros que pronto cifró en 2.600 millones de euros. La cuenta salía de
sumar los anticipos a cuenta que la Xunta recibió en 2008 y 2009 del Estado y que debía
devolver en los cinco años siguientes. Galicia solo ha afrontado un pago, 114 millones; el
segundo ya no lo tendrá que efectuar, puesto que el aumento de la recaudación en 2010 ha
compensado los 434 millones del segundo plazo que debía abonar en este ejercicio al Ministerio
de Economía. Al final, en 2011 será lo comido por lo servido, pero aquel supuesto agujero sirvió
y sirve para enterrar las publicitadísimas rebajas fiscales y justificar de paso muchos de los
recortes.
En lugar de copiar la fórmula del 96, el PP gallego calcó la de 2007 cuando, en la campaña de las
municipales, prometió bajar en los Ayuntamientos un 25% del IBI a los hogares con ingresos
menores a 20.000 euros, una medida de la que nunca más se supo.
La Administración de Feijóo tampoco ha dado en la primera mitad de legislatura con la tecla del
empleo. "La fábrica de parados de Zapatero" a la que suele aludir el presidente tiene en Galicia
una subcontrata muy eficiente. En Galicia hay ahora 63.000 parados más que con el Gobierno
anterior y Feijóo ha llegado a decir en el Parlamento que la Xunta "casi no tiene competencias
para luchar contra el desempleo". Los datos del INEM y la Encuesta de Población Activa
ratifican que el paro crece en Galicia dos décimas por encima de la media nacional y el índice de
producción industrial se ha desplomado: acumula 11 meses consecutivos de caída, con una
media de descensos del 7,5%, frente al 1,7% en el resto de España. Y por primera vez desde
2005, la Comunidad crece a un ritmo menor que la media española. Desde el Ejecutivo del PP
admiten que se debe a que esta comunidad fue la primera en aplicar los recortes, una suerte de
keinesianismo con la boca pequeña
La austeridad que pregonó Feijóo antes que nadie -y ahora Rajoy- sí entró a saco en la
Administración gallega: redujo de 14 a 10 las consejerías, laminó a 45 de los 52 delegados de la
Xunta en las provincias y dejó envejecer docenas de Audi en el garaje, la mayoría adquiridos por
Fraga, antes de malvenderlos a proveedores habituales del Gobierno. Cayó el gasto superfluo, se
recortó en asesores y personal de gabinete, y la Xunta impulsó un catálogo priorizado de
medicamentos (solo subvencionaba el más barato) que fue recurrido por el ministerio ante el
Tribunal Constitucional y que según el Servicio Galego de Saúde le ha permitido ahorrar
300.000 euros al día.
El candidato y presidente nacional del PP cita Galicia porque, a diferencia de las cuentas en
Castilla-La Mancha o Cataluña, que se han desplomado súbitamente, en la Xunta la caída del
presupuesto ha sido gradual desde 2009, y entretanto los populares presumen de dedicar "tres de
cada cuatro euros a gasto social". Las cuentas han perdido 2.500 millones de euros en dos años y
la Xunta tiene hoy una capacidad de gasto similar a la de 2006: 9.135 millones. El capítulo más
castigado ha sido el de las obras públicas, que han sufrido caídas de más del 40% año tras año en
la licitación.
Pero la sanidad y la educación públicas y por supuesto la dependencia, donde tanto Feijóo como
su consejera de Bienestar, Beatriz Mato, deslizan que deberían librarse fondos para los casos más
severos, también se han dejado jirones en este camino. Se puso fin a la gratuidad universal de los
libros de texto instaurada por Touriño y desde enero cada usuario deberá pagar por la tarjeta
sanitaria. La versión oficial es que se perdían muchas.
El curso 2011 ha empezado en Galicia con 3.000 alumnos más y 1.000 profesores menos. Y
cuando estalló el conflicto en las aulas y se convocaron las primeras manifestaciones de
alumnos, padres y profesores, el presidente pidió a los docentes que tomasen nota de la
responsabilidad de los médicos. Sucedió al revés, los sindicatos se enteraron de que la Consejería
de Sanidad solo cubrirá 176 de las 1.760 vacantes por jubilaciones, y fueron los médicos los que
programaron huelga para el jueves anterior a las elecciones. Entretanto, Feijóo, aun a riesgo de
incomodar a su secretaria general, reitera que mientras en Barcelona y Toledo "se cierran
quirófanos y alas enteras de clínicas públicas, Galicia financia nuevos hospitales en tiempos de
crisis".
Es una verdad a medias, porque, aunque la Xunta tiene previsto levantar dos macrocomplejos
sanitarios en Pontevedra y Vigo y 19 centros de salud desperdigados por las cuatro provincias, el
Gobierno actual no pagará ni un céntimo de esas infraestructuras. La fórmula de la colaboración
público-privada (para pagar los edificios y algunos servicios no sanitarios) provocará que sean
los próximos cinco Gobiernos los que sufraguen esas obras durante los próximos 20 años.
De momento, el PP asume estas políticas recurriendo al enemigo exterior -la culpa siempre es de
Zapatero- y sin ningún castigo electoral. Desde las municipales de mayo gobierna 212 de los 315
ayuntamientos, incluidos los de A Coruña, Santiago y Ferrol, además de tres de las cuatro
Diputaciones. Y las encuestas vaticinan que el 20-N subirá un diputado por provincia hasta
festejar su récord: 15 de los 23 parlamentarios en liza. Pero la cita electoral también tendrá
efectos colaterales; si gana Rajoy, cuando pase la resaca a Feijóo se le habrán acabado las
excusas.
FEIJÓO NIEGA QUE SE VAYA A COBRAR POR FALTAR A CITAS DEL SERGAS PESE
AL DECRETO QUE LO PREVÉ
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó ayer con indignación cuando se le
preguntó si el Sergas prevé cobrar cuando un usuario no comunique la no utilización por
cualquier causa de un servicio programado previamente, una acusación que tachó de "fraude
electoral". Pese a la firmeza de su afirmación, el decreto publicado el pasado martes establece en
una disposición adicional por la que "podrá establecerse un procedimiento para repercutir en los
usuarios" gastos ocasionados por cuatro de los 12 supuestos que la Ley de Saúde, de 2008,
establece como "deberes de la ciudadanía". Entre esas cuatro obligaciones se encuentra la
número 11, que reza así: "Comunicar al sistema sanitario, a la mayor brevedad posible, la no
utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente".
Feijóo aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que fue el Gobierno
bipartito al incluir ese deber el que "posibilita" el cobro, y expuso como demostración de que de
momento Sanidade no lo va a ejercer el hecho de que el nuevo decreto deba desarrollarse en una
orden de la consellería. "No se puede cobrar nada que no está totalmente tipificado", afirmó. No
aclaró si lo piensa aplicar en el futuro.
El decreto que permite el cobro por el uso irresponsable de las prestaciones asistenciales es,
según Feijóo, "lucha contra el fraude". La misma calificación concedió a la modificación de la
Ley de Salud que obliga a los extranjeros a permanecer seis meses censados para acceder a
servicios sanitarios distintos de los de urgencias, que aparece en la ley de acompañamiento de los
Presupuestos Galicia.
Defendió el presidente de la Xunta esta modificación para combatir lo que denominó "turismo
sanitario", de extranjeros que se empadronan para beneficiarse de servicios de la sanidad pública
española, como pruebas u operaciones quirúrgicas. Y de paso, criticó duramente al Ministerio de
Sanidad por su rechazo a las restricciones al usufructo de los servicios del Sergas y por la
posibilidad de que lo recurra judicialmente. "Ya sabemos la opinión de la ministra en asuntos
judiciales", afirmó, en referencia al recurso contra el catálogo de medicamentos de la Xunta.
Otro recurso contra una ley gallega, la de Comercio Interior, ha obligado a la Consellería de
Economía a modificar la norma, para suavizar los criterios de autorización de grandes superficies
comerciales. Así lo reconoció ayer el titular del departamento, Javier Guerra, que compareció
tras al Consello de la Xunta para presentar el anteproyecto de ley del consumidor, aprobado ayer.
Entre las novedades de la nueva norma está la de impedir contratar con el sector público a
empresas que cometan infracciones graves.
LA XUNTA SUPRIME 120 LIBERADOS SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN
La mitad de los afectados salen de Educación y sin acuerdo con las centrales
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lo envolvió en la política de austeridad que predica
la Xunta. Un total de 120 liberados sindicales de la Administración autonómica dejarán de
disponer de horas libres para dedicarlas a su actividad como representantes de los trabajadores,
con un ahorro de cuatro millones de euros al año. Según Rueda, que ayer ejerció de portavoz del
Gobierno tras presidir el Consello de la Xunta en ausencia de Feijóo, de viaje en América, la
medida fue adoptada con el beneplácito sindical. La afirmación es cierta solo a medias: las
principales centrales apoyaron el recorte en Sanidade y Xustiza, pero no en Educación, del que
saldrán más de la mitad de los liberados que dejarán de serlo.
CC OO desmiente a Rueda y la CIG tacha la medida de "castigo al profesorado"
El sector de Sanidade pierde 45 liberados y el de Xustiza, 11
El conselleiro afirma que se dejarán de gastar al año cuatro millones
El Gobierno gallego prepara un segundo plan de ahorro en el parque móvil
No fue un acuerdo del Consello, sino un informe del departamento de Presidencia el que ayer se
examinó en la reunión del Gobierno gallego. En él se especifica que el recorte de horas
sindicales afectará al equivalente a la jornada anual de 64 liberados en Educación, 45 en
Sanidade y 11 en Xustiza. Estas tres áreas de la Administración autonómica concentran el 80%
del personal autonómico, formado por unas 90.000 personas, pero menos de la mitad del total de
liberados sindicales del comité de personal, que superan los 600. Los 120 afectados son, por
tanto, alrededor del 20% del total.
"El consenso no es total, pero sí amplio", defendió Alfonso Rueda. En realidad, el recorte en
Educación, que supone más de la mitad del ayer anunciado, resultó el más conflictivo de todos,
ya que se efectúa sin ningún tipo de acuerdo. El secretario general de CIG-Ensino, Anxo Louzao,
atribuyó la decisión a "un castigo" de la Consellería de Educación por las movilizaciones del
profesorado de estos días. "Es un acuerdo adoptado de forma unilateral por la Xunta", lamentó el
dirigente del sindicato nacionalista, que aseguró que la medida dejará la actividad sindical "bajo
mínimos".
Comisiones Obreras, mientras, negó haber firmado acuerdo alguno con la Xunta para reducir el
número de liberaciones en ninguna de las áreas afectadas. El coordinador del Área Pública del
sindicato, Ramiro Otero, emplazó al Gobierno gallego a constituir una mesa global para negociar
esta cuestión. Las declaraciones de Rueda, prosiguió Otero, "no responden a la realidad de los
hechos". "La Xunta no nos ha hecho llegar ninguna propuesta por escrito, por lo que es falso
decir que llegásemos a un acuerdo", sostuvo. El sindicato UGT, mientras, eludió l comentar las
afirmaciones del conselleiro, aunque un portavoz de la central afirmó que hubo acuerdo en
Sanidade y Xustiza, pero no en Educación.
La Consellería de Presidencia sostiene que en Educación no era necesaria la firma de acuerdo,
por lo que se procedió a "una regularización derivada de la aplicación de los acuerdos vigentes".
El pacto en Sanidade fue suscrito por CESM-Omega, CIG, UGT, CSIF y USAE, pero se
desmarcaron Comisiones Obreras y SATSE. Presidencia se refiere en el caso de Xustiza a un
"preacuerdo" firmado el pasado mes de agosto. Pese al desmentido de CC OO, la consellería
asegura que fue asumido por "todas las centrales sindicales implicadas" y que supone una
modificación del acuerdo existente en 2000.
La Xunta enmarca las medidas dentro de un plan de ajuste, que se concretará en la minoración
del número de liberados institucionales, en la reducción de los liberados derivados de acuerdos
específicos en materia de prevención de riesgos laborales y, con especial incidencia, en el recorte
aplicado a los liberados por acumulación de créditos horarios.
Los 120 afectados por el recorte suponen, según Alfonso Rueda, el 40% de los 300 efectivos
negociables en las tres áreas afectadas, que son los que la Xunta considera que no están
blindados por ley. Esta medida "de ahorro", como la calificó el conselleiro, permitirá a la Xunta
dejar de gastar cuatro millones de euros anuales en sustituciones. El conselleiro aseguró que la
medida se realiza "en proporción" al número de funcionarios en cada sector y se adopta "con las
máximas garantías jurídicas". El Gobierno gallego, añadió Rueda, aspira a lograr un recorte
similar, de entre el 35% y el 40%, del resto de liberados de la Administración central
autonómica, en las negociaciones que se siguen para extender la medida al resto de áreas
funcionales.
Rueda aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para anunciar que ha pedido
comparecer en el Parlamento para detallar una segunda fase de medidas de ahorro con el parque
móvil de la Xunta. El conselleiro aseguró que cree "posible" economizar más en la gestión de los
vehículos oficiales, por lo que ha decidido implantar nuevas medidas de contención del gasto.
"Es lo que demandan los ciudadanos", argumentó. Alfonso Rueda evitó anticipar cuáles serán
estas medidas y rechazó pronunciarse sobre la posibilidad de restringir el uso de los coches
oficiales solo a los conselleiros y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
DE GALICIA A PANAMÁ
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inició ayer su gira por México y Panamá en
este último país, donde reivindicó el "prestigio" de las empresas gallegas, que "son fiables,
cumplen con sus contratos y están acostumbradas a competir". Así lo sostuvo en la en la
inauguración de un foro que estudiará las posibilidades de negocio entre Galicia y Panamá. En el
encuentro, en el que participaron los ministros de Vivienda y de Obras Públicas y el embajador
de España en Panamá, Jesús Silva, Feijóo destacó, informa Europa Press, las "enormes
expectativas económicas" que la comunidad tiene en este país, para conquistar "nuevos
mercados" y atraer nuevas inversiones para la comunidad. A su llegada a Panamá, el presidente
gallego marcó como "objetivo prioritario" de esta primera etapa de su viaje convertir los puertos
gallegos en "puerta de entrada" de las nuevas rutas marítimas que se abrirán con la ampliación
del Canal.
El PSdeG acusó a Feijóo de "huir de la crisis en Galicia" para hacer campaña en América "en
favor de Mariano Rajoy y del PP". El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, reprochó a los
socialistas sus críticas "sin sentido" y los animó a unirse al "objetivo de internacionalizar la
economía
BALTAR CONVIERTE EN FUNCIONARIOS A 15 CARGOS MÁS DEL PP Y FAMILIARES
SUYOS
Entre ellos, la hija del regidor de Cea, que ya tiene a cuatro parientes en la Diputación
José Luis Baltar sigue llenando la Diputación de alcaldes y concejales del PP, e hijos de todos
ellos. Una nueva remesa de personas vinculadas a este partido en la provincia de Ourense ha
resultado la mejor calificada en los exámenes de las oposiciones abiertas recientemente por el
barón del PP gallego. La puntuación la puso un tribunal examinador que, como es habitual,
estuvo integrado mayoritariamente por alcaldes, exalcades, concejales, o vástagos de ellos,
también del PP. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ourense de ayer detalla el nombre
de una quincena de nuevos funcionarios de la endeudada institución ourensana al mismo tiempo
que informa de la convocatoria, por procedimiento de urgencia, de cuatro plazas más.
El barón popular anunció en junio una política "de recortes" en la institución
Entre los nuevos funcionarios figuran María Pilar García Tizón, concejala del PP en Cea;
Nicolás Pérez Pereira, hijo del alcalde de Padrenda; Diego Paz Taín, concejal de Verea; María
Jesús Casas Nieto, hija del exchófer del vicepresidente de la Diputación y portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández; Javier Fernández Varela, sobrino del alcalde de
Boborás, y Avelino Pazos Pérez, número dos del PP en Castrelo de Miño y miembro de la
ejecutiva provincial de este partido. Junto a ellos, la hija del alcalde de Cea, José Luis
Valladares, que tras quedar sin escaño en la Diputación, decidió subirse el sueldo en el
Ayuntamiento un 70% y cobrar de las arcas municipales en torno a 34.000 euros anuales. Con el
acceso de esta hija a la institución provincial, Valladares suma ya cinco familiares empleados por
Baltar.
En el verano de 2010, el presidente de la Diputación de Ourense le vio las orejas a la crisis.
Entonces alertó de que había "graves problemas" económicos en la institución provincial, con 17
millones de euros menos en el presupuesto de 2011. Baltar encaró la situación con el anuncio de
que reduciría el gasto corriente y de personal así como las subvenciones. Pese a ello, en los
primeros meses de este año blindó a su hijo para las municipales con una nueva remesa de
aprobados en la Diputación, repitiendo la práctica de convocar plazas coincidiendo con las citas
electorales. Solo entre octubre y junio, el presidente de la Diputación firmó 170 contratos
temporales y convocó 50 nuevas plazas de funcionarios. La nueva remesa de aprobados que
anuncia el BOP de ayer se suma a una plantilla que en este momento alcanza las 700 personas. Y
la cuenta sigue.
La mayor parte de los empleos que ofrece la Diputación ourensana son, aunque bien
remunerados, de baja cualificación. Es el caso de los 33 porteros de que dispone el edificio
cultural de la Diputación que tiene tres puertas. En la tanda que ahora se ha hecho con plaza fija,
figuran nueve puestos de peón caminero. Y el BOP de ayer informa de la convocatoria, por
procedimiento de urgencia, de otras cuatro plazas más de estos peones. La hija de Valladares
accede como administrativa.
Baltar contrata al nuevo personal vinculado al PP apenas unos meses después de explicar su
política de recortes. En junio, el barón del PP advirtió públicamente de que "dietas y horas
extraordinarias, las mínimas" y anunció que realizaría desde la institución un "estudio del gasto
en teléfonos móviles porque se hace un abuso de ellos". "Hay que ver quiénes tienen que llevar
móviles y a qué números pueden llamar", precisó entonces. Y aclaró en ese momento que los
recortes no podían afectar en gran manera a los coches oficiales toda vez que "ningún diputado,
excepto el presidente" lo tiene. Mientras tanto, el presidente convoca, mediante decretos
publicados en el BOP de ayer, nuevas plazas de chóferes para la institución.
Pese a la crisis, pese a los anuncios de recortes para afrontarla y pese a la carga de personal,
Baltar sigue colocando a los vástagos de los suyos ahora que espera finalizar su carrera política y
dejar el legado de la institución -como hizo con el del partido- a su propio hijo.
LOS NUEVOS COLEGIOS CONCERTADOS SE SALTAN LAS NORMAS DE ADMISIÓN
Educación autoriza que cierren las matrículas antes de concederles el convenio
Los alumnos de tres años que este curso estudian gratis (subvencionados con fondos públicos) en
el selecto y ultracatólico colegio Miraflores de Ourense no pasaron el criterio de selección que
establece la normativa de la Xunta. El centro cerró el plazo de matrícula el pasado marzo. La
dirección ya había solicitado el concierto, y el comité de evaluación provincial -no vinculante- lo
había informado favorablemente, aunque faltaba la aprobación de la consellería. Pero la
población no se enteró hasta agosto (el 19 de ese mes se publicó en el DOG) de que esa aula
quedaba subvencionada con fondos públicos y de que, por lo tanto, podía aspirar a matricular a
sus hijos gratis. Al día siguiente de que la Xunta autorizara el concierto, el colegio ya no admitía
matrículas. Cerró su plazo en marzo, según confirman fuentes de Educación, que justifican la
"normalidad" de este hecho en que "en ese momento, el centro era privado y no estaba sujeto a
los controles administrativos a los que se someten los centros sostenidos con fondos públicos".
La práctica es habitual en los nuevos centros concertados.
La consellería ve normal que el colegio aplique su criterio de selección
Cuando los padres del municipio quisieron hacer la matrícula, era tarde
El colegio Miraflores tenía en el curso pasado siete alumnos en el aula de cuarto curso de Infantil
(niños de tres años) a la que se le concedió la subvención. En marzo, triplicó la matrícula y
obtuvo el tope máximo de 25 niños para poder suscribir el concierto, según confirman las
mismas fuentes de la consellería. Los matriculados no pasaron los criterios de selección que
establece la Xunta (y entre los que figura como prioritaria la proximidad geográfica al domicilio
familiar o al lugar de trabajo de los padres, el nivel de renta, la condición de familia numerosa y
tener otros hermanos matriculados en el mismo centro).
La normativa relativa a matriculación de la Consellería de Educación establece que "los padres y
madres tienen derecho a elegir centro docente entre la oferta de centros sostenidos con fondos
públicos", pero los de los alumnos del municipio de Pereiro de Aguiar no lo tuvieron. No se
enteraron hasta agosto (cuando ya no había plazas) de que sus hijos podían estudiar en el selecto
y bien dotado centro en lugar de hacerlo en el público, Ben-Cho-Shey, donde Educación ha
suprimido un profesor y ha creado un aula mixta de alumnos de distintos cursos académicos
atendidos en el mismo horario por un solo maestro.
La consellería considera normal el proceso de admisión de los alumnos y asegura-citando fuentes
del centro- que las matrículas se realizaron "por riguroso orden de solicitud". Educación
puntualiza que el proceso de admisión "fuera cual fuere, se hizo según el criterio del colegio
cuya unidad concertada sí que se verá sometida a partir de ahora a todo tipo de control".
Padres de alumnos domiciliados en el municipio de Pereiro de Aguiar en el que se enclava este
centro -junto al también privado Guillelme Brown y al público Ben-Cho-Shey- aseguran que no
tuvieron noticia alguna de que podían llevar a sus hijos a ese colegio. Y tienen difícil poder
acceder en próximos cursos. "Nosotros nos sabíamos que lo iban a concertar pero, por lo que se
ve, ellos sí, ya que avisaron a los suyos para que se matricularan", destaca un portavoz del Anpa
del Ben-Cho-Shey.
El concierto que la Xunta concedió al aula de Infantil del colegio Miraflores se irá ampliado como ocurre con todos los conciertos- año a año, de forma que estos niños podrán finalizar sus
estudios en el centro y tendrán, en todo caso, prioridad sobre los restantes. Es lo que ha ocurrido
este año con el también colegio privado -en este caso de ideología progresista- de Pereiro de
Aguiar, Guillelme Brown. Educación le concedió el curso anterior el concierto que
automáticamente se amplió este año.
El responsable de Educación de CC OO en Galicia, José Fuentes, advierte de que esta práctica de
matriculación que la consellería autoriza es "fraudulenta". "Educación buscó un resquicio en la
ley para permitir que colegios como en este caso el Miraflores matriculen a los suyos con dinero
público en lugar de a los alumnos del pueblo". Los sindicatos reclaman que las matrículas de los
concertados las concedan "comisiones de escolarización externas al centro y vinculadas a la
Administración, que es la que aporta el dinero". Creen que sería la única forma de impedir que el
colegio "ofrezca a los suyos plazas que pagamos todos, incumpliendo los criterios de selección
que impone la Administración.
EL TIJERETAZO A LAS CUENTAS RESTA OTROS 23 MILLONES A EDUCACIÓN Y
SANIDAD
Los presupuestos para infraestructuras y cultura sufren una caída del 5%, el mayor porcentaje Facenda insiste en que "se mantiene la calidad educativa"
Este otoño se notarán las consecuencias de un nuevo ajuste en el presupuesto de la Xunta, el
segundo que acomete este año. Las consellerías verán restados sus fondos en 103 millones y
paralelamente Galicia emitirá deuda por otros 114. Otros 26 millones se recaudarán de modo
extraordinario a través del nuevo impuesto sobre el juego y de otras partidas menores.
El equilibrio pasa, según Alberto Núñez Feijóo, por no perjudicar el gasto social, que sin
embargo se verá afectado. Los departamentos de Sanidade y Educación pierden ahora un 0,4%
de sus fondos, por debajo de la media de consellerías, que recortan un 3%. Aún así son 23
millones menos para educación y sanidad que aún no se ha aclarado de dónde se restarán. El
resto de las consellerías, con alguna excepción, evitaron ayer explicar los planes de ahorro que
avanzó la conselleira de Facenda. La tijera obligará a aplazar obras de reparación en colegios, así
que según Facenda "se mantiene la calidad educativa".
La consellería que dirige Pilar Farjas también declinó detallar a este periódico los pormenores de
su ajuste de 14,2 millones en la sanidad pública. El gabinete de comunicación dijo desconocer
incluso "los datos concretos del recorte" y desvío cualquier explicación al departamento de
Facenda.
A tenor de lo que explicó Currás, quedarán a resguardo del recorte "el gasto farmacéutico, los
programas de vacunación y salud mental, la coordinación de trasplantes y los equipos de
atención primaria". También se "reprogramarán", inversiones que no se han iniciado.
En el área de Traballo se habla de "reformular" (suprimir) las órdenes de ayudas que no están
teniendo demanda. De manera genérica se alude a que se "optimizarán recursos" y se
introducirán "mejoras en la gestión" de los centros, sin más concreciones.
Como en anteriores ocasiones, el departamento más perjudicado será el de Infraestructuras, cuya
previsión de gasto se desploma un 5% (30 millones). Sufrirán las obras en proyecto y se
priorizan las de titularidad propia. Aunque con un presupuesto cuantitativamente menor, otro
damnificado es el departamento de Cultura, que tiene que ajustarse en un porcentaje similar, lo
que le llevará a gastar siete millones menos. Los edificios del Gaiás seguirán esperando.
EL CONSELLEIRO DA LA ESPALDA A LAS CRÍTICAS
Jesús Vázquez salió ayer custodiado por la Guardia Civil del colegio público de Maside en el que
iba a inaugurar el nuevo curso escolar. No pudo hacerlo. Los sindicatos educativos lo acorralaron
con sus reivindicaciones. Le reprocharon el aumento del horario lectivo y el desmantelamiento
de la enseñanza pública en beneficio de la privada. El conselleiro lo negó todo.
LAS INFRAESTRUCTURAS SUFREN DE NUEVO EL MAYOR RECORTE
El conselleiro Hernández pierde otros 30 millones de euros para obras
El Gobierno gallego deberá apañárselas este año con 1.282 millones de euros menos que en
2010, una caída del 11,8%, y del 15% si se compara con las últimas cuentas que manejó el
bipartito. La Xunta lo sabía desde hace un año -porque ya entonces el Ministerio de Economía
avisó de que no transferiría hasta 2013 los 243 millones que le corresponden a Galicia por el
fondo de cooperacion en este ejercicio- pero prefirió ejecutar los recortes en dos tandas.
Ningún departamento explicó dónde aplicará el ahorro
Facenda ultima el pleito en el Constitucional contra el Gobierno
Así que en otoño aplicará un nuevo tijeretazo. El Gobierno gallego resta 103 millones de todas
las consellerías y emite deuda (que no computará como déficit) por 114 millones. Los 26 que
faltan hasta completar los 243 saldrán (o eso espera la titular de Facenda, Marta Fernández
Curras) de la recaudación del nuevo impuesto sobre el juego que estableció el Gobierno central y
empezará a cobrar en octubre, de un par de convenios con el Estado en materia de Medio Rural y
de Sanidad, y de partidas de subvenciones que no tuvieron éxito entre los demandantes.
El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en las últimas semanas en que su
gabinente preservará el gasto social en este nuevo ajuste, tesis que aún esgrimió ayer la
conselleira de Facenda. En términos porcentuales es así: los departamentos de Sanidade y
Educación pierden ahora un 0,4% de sus fondos, bastante menos que la media de las consellerías,
que caen un 3%. Eso no evita que se dejen casi 23 millones en total (14,2 en sanidad, y 8,7 más
en la rama educativa). Traballo y Benestar deberá meter la tijera para suprimir 17,8 millones sin
que sus responsables hayan desglosado qué parte corresponde a políticas activas de empleo y
cuál a servicios asistenciales. Fue la titular de Facenda quien pronosticó que "se blindará" el
complemento de las pensiones no contributivas, la renta de integración social, las ayudas a
ayuntamientos para centros de día, la dependencia y las subvenciones a discapacitados.
Casi ninguna consellería quiso explicitar ayer dónde centrará su plan de ahorro, así que fue
Currás quien anticipó la filosofía del Gobierno. Aclaró que en la de Educación "no se tocarán"
los capítulos detinados a transporte, ni a comedores, ni la financiación de universidades, ni el
decreto de plurilingüismo, ni la formación del profesorado, ni las ayudas a la investigación. La
tijera obligará a aplazar obras de reparación en colegios, así que según Facenda "se mantiene la
calidad educativa".
Con su habitual oscurantismo, la consellería de Pilar Farjas también declinó detallar a este
periódico los pormenores de su ajuste de 14,2 millones en la sanidad pública. El gabinete de
comunicación dijo desconocer incluso "los datos concretos del recorte" y desvío cualquier
explicación al departamento de Facenda. A tenor de lo que explicó Currás, quedarán a resguardo
del recorte "el gasto farmacéutico, los programas de vacunación y salud mental, la coordinación
de trasplantes y los equipos de atención primaria". Defendió que perderán fondos "los servicios
que aportan menos valor" y algunas inversiones en tecnología que no hayan sido iniciadas.
Preguntada sobre qué servicios aportan menor valor en la sanidad, la conselleira de Facenda
titubeó primero y luego afirmó que se trata de concentrar servicios en algunos centros para ganar
eficiencia. Nadie del gabinete de Farjas quiso ampliar esta explicación.
Como ya sucedió cuando se presentaron las cuentas, el principal damnificado vuelve a ser el
departamento de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández.
Más que caer, se desploma, se mire como se mire. En términos porcentuales, un 5%, en dinero
contante, 30 millones de euros. De dónde van a salir es otro de los misterios que ayer dejaron en
el aire los distintos gabinetes de prensa de la Xunta. Si bien, un portavoz oficial de este
departamento aseguró que Hernández aún está haciendo números. Su idea es respetar los
capítulos dedicados a saneamiento, seguridad vial, supresión de peajes, y planeamiento
urbanístico. El calendario de obras será replanteado, tendrán prioridad las de titularidad de la
Xunta, las que están en marcha, y se castigarán las inversiones conjuntas con la Administración
local, ya sean ayuntamientos o diputaciones. En los próximos días, Hernández se compromete a
detallarlo todo en una comparecencia pública.
La cartera de Cultura, en manos de Roberto Varela, también tendrá que echar cuentas para
arreglárselas con un 5% menos de fondos y renunciar a siete millones. Se retraerán del epígrafe
de nuevos equipamientos culturales e infraestructuras. No habrá fondos para nuevos proyectos,
aunque "se tratará de mantener" los que ya se encuentran en marcha. Las subvenciones "ya
concedidas" tampoco sufrirán modificaciones y obviamente el Teatro Obradoiro y el Centro de
Arte Internacional, los edificios por concluir en la Cidade da Cultura, aguardarán tiempos
mejores..
La comparecencia de la responsable de Facenda sirvió también para conocer que, pese al
adelanto electoral, la Xunta presentará antes de que acabe el mes el recurso de
inconstitucionalidad contra el Gobierno central por un supuesto incumplimiento del sistema de
financiación. El Gobierno gallego le reclamará en los tribunales 805 millones de euros. Currás
también aprovechó para pronunciarse sobre el impuesto de patrimonio que el Ejecutivo de
Madrid tiene previsto reinstaurar ahora que agoniza su mandato. La conselleira hizo ver que con
sus progresivas deducciones el tributo había quedado descafeinado y recalcó que desde su
desaparición Galicia está siendo compensada por lo que deja de recaudar.
UN TESTIGO DECLARA QUE PORRO LE INDUJO A FALSEDAD DOCUMENTAL
¿Hubo dimisión o despido improcedente? Es la cuestión capital que tendrá que sentenciar el
Juzgado de lo Social número 3 de Vigo en relación con el primer director gerente de la
Fundación Puerto de Vigo (FPV), que aún sigue presidiendo Corina Porro, desde hace unos
meses presidenta a la vez del Consello Económico e Social de Galicia (CES). El despido
improcedente comportaría una indemnización al demandante, Pablo Alborés, de 570.000 euros,
cuando, según todos los indicios conocidos por este periódico, la FPV se encuentra en situación
de quiebra técnica.
Las dos partes presentaron sendos documentos determinantes y contradictorios: el escrito de
dimisión y el de aprobación de la excedencia del director gerente, respectivamente. Y solo prestó
testimonio Mario Ubiaga, que sucedió en el cargo a Alborés y que declaró que había certificado
la celebración de un consejo del Patronato de la FPV, el que aprueba la dimisión de Alborés, que
nunca llegó a tener lugar. ¿Admitía entonces que había cometido un delito de falsedad
documental?, le preguntó el abogado de la FPV. "Firmé por orden de mi presidenta", respondió
en un par de ocasiones.
Pablo Arbolés firmó su contrato con la FPV el mismo día de su presentación pública, el 16 de
abril de 2010. Fijaba un sueldo anual de 57.000 euros y una cláusula de rescisión equivalente a
10 anualidades en caso de despido improcedente. Doce días después, el 28 de abril, Porro y
Alborés firman la aceptación de la excedencia del director gerente hasta el 2 de mayo de 2011,
concediéndosele un plazo de 20 días a partir de entonces para pedir la reincorporación a su
puesto. Oficializaron el documento ante notario y ayer Porro reconoció su firma en el mismo.
El 5 de mayo de 2010, sin embargo, Alborés recibió una notificación notarial que le informaba
de que el Patronato de la FPV, con fecha 30 de abril, había aceptado su dimisión, presentada por
escrito el mismo 28. No hubo tal escrito de dimisión, según Alborés, ni tampoco reunión alguna
del Patronato, según el testimonio de su sucesor en el cargo, Mario Ubiaga. "No me consta que
hasta el 14 de diciembre, en que cojo la baja, se celebrara ningún consejo del Patronato", afirmó
ayer.
Ubiaga sigue de baja desde entonces y con otro litigio pendiente con la FPV -el juicio está
marcado para el 6 de octubre- para hacer valer un contrato análogo al de Arbolés a cuyas
condiciones habría renunciado en un acuerdo ante el servicio de mediación laboral -a cambio de
una indemnización aplazada de 100.000 euros- pero que ahora desea anular porque entonces
estaba en tratamiento psiquiátrico.
Porro reconoció su firma en el documento de excedencia de Alborés, aunque no el propio
documento, y declaró que el gerente le entregó su dimisión en mano y que no podía recordar la
fecha concreta de la reunión del Patronato que la aprobó. "No se ha acreditado nada", afirmó su
abogado en las conclusiones, expresando su extrañeza por que Alborés no hubiera hecho nada
cuando recibió, el 5 de mayo, el acta en que se revocaban sus poderes y esperara un año, hasta
después de las elecciones municipales, para entablar el litigio.
Alborés sostiene que retomó los contactos con la FPV al vencimiento de su excedencia y fue
entonces, a primeros de mayo último, cuando se le emplazó a esperar a que pasasen las
elecciones del 22-M para buscar una salida negociada. En esos momentos Porro confiaba en
ganar la alcaldía de Vigo. Al no cumplirse ese objetivo, también se desentendieron y
desaparecieron los interlocutores de la FPV que Alborés había tenido durante la campaña
electoral. Aunque mantuvo el acceso a las cuentas bancarias de la fundación hasta el último 31
de agosto.
EL PP VE "COHERENTE" PERMITIR QUE MILLÁN ASTRAY SEA HIJO PREDILECTO
El portavoz conservador en A Coruña defiende no recurrir la sentencia que insta a devolver los
honores al fundador de la Legión
El portavoz del PPdeG en el Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores, ha defendido en el pleno
celebrado hoy la decisión de no recurrir la sentencia que obliga a devolver al fundador de La
Legión, Millán Astray, el título de hijo predilecto de la ciudad, una postura que ha suscitado las
críticas de la oposición.
"El nuevo Ayuntamiento ha actuado con absoluta transparencia y coherencia y en base a los
dictámenes de los servicios jurídicos"; ha insistido Flores, quien ha pedido que se deje trabajar a
la justicia.
"Los políticos tienen que callarse y respetar las decisiones judiciales. Ante dos sentencias
contradictorias, el gobierno municipal respetará lo que diga el Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia", ha zanjado Flores.
La decisión del gobierno local de no recurrir la sentencia que obliga a devolver la distinción de
hijo predilecto al fundador de la Legión, Millán Astray, ha sido censurada por la oposición.
De hecho, el BNG ha presentado un voto particular ante el dictamen de la comisión de Hacienda
y Administración Pública al entender que esta resolución "omite todos los precedentes
judiciales", incluida una sentencia anterior que sí avalaba la decisión del gobierno precedente
bipartito del PSdeG-BNG de retirar el galardón al militar.
El portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, ha criticado el informe "lacónico" y "extremadamente
breve" del director de la asesoría jurídica que "omite toda referencia" a la sentencia anterior, así
como a otros informes de la asesoría jurídica que sí se pronunciaba a favor de la legalidad del
acuerdo municipal.
"El PP no tiene voluntad política y retorna a sus orígenes franquistas", asegura el BNG"El PP no
tiene voluntad política y retorna a sus orígenes franquistas", ha censurado Carril.
Esta argumentación crítica ha sido utilizado por IU, que ha asegurado que un "traidor" como
Millán Astray "no puede representar los valores de una ciudad abierta y plural como A Coruña".
No obstante, IU ha lamentado que se utilice este conflicto como "cortina de humo" para "desviar
la atención" de los verdaderos problemas de la ciudadanía.
Por su parte, el PSdeG ha pedido al Ayuntamiento que defienda "los intereses de los coruñeses"
y se persone para evitar que se devuelvan los honores al golpista, "con riesgo de devolver la
estatua y el nombre a la plaza.
QUERELLA CONTRA UN ALTO CARGO DE TRABALLO POR PREVARICACIÓN
La secretaria general de la Consellería de Traballo e Benestar, Cristina Ortiz, tendrá que declarar
como imputada el 28 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. Lo hará
junto a otras dos funcionarias de la Xunta, María José Fernández Ribero, la representante del
Protectorado de Fundaciones de Interés Gallego, y María Amadora Rodríguez Carreiro,
encargada del Registro de Fundaciones de Interés Gallego. La citación judicial al alto cargo y las
dos funcionarias fue revelada ayer en el Parlamento por el portavoz parlamentario del BNG,
Carlos Aymerich.
En el auto del pasado 29 de julio, el magistrado José Antonio Vázquez Taín sostiene que existen
indicios de posibles delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricación y usurpación
de funciones por parte de la alto cargo de Traballo y las funcionarias, en un caso relacionado con
la Fundación Nuestra Señora de Fátima. El magistrado matiza que no están determinadas la
naturaleza y circunstancias de los hechos, por lo que instruye diligencias previas para decidir si
les imputa los citados delitos. Por el mismo caso habrá de declarar Gerardo Rodríguez Encinas,
último presidente de la fundación, que está inmerso en un enredado proceso judicial promovido
desde la Seguridad Social, ante las denuncias de irregularidades detectadas en la gestión de
varios geriátricos, uno de ellos en O Barco de Valdeorras.Tras ser apartado de la dirección por
una orden judicial, asumió la gestión de la fundación Carles Enric Moner como administrador
judicial.Fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar aseguraron a este diario que la
implicación de su alto cargo se debe a que este departamento gestiona el registro único de
fundaciones de interés gallego e inciden en que "no hay nada más allá de un tema farragoso,
entre el expresidente de la Fundación Nuestra Señora de Fátima y el administrador judicial,
difícil de explicar". Hace un año, otra querella de Moner contra Cristina Ortiz por el mismo
motivo fue archivada.
Moner -administrador judicial hasta que un juzgado de Barcelona le apartó en mayo de 2010solicitó a Cristina Ortiz que le inscribiese como patrono de la misma y la secretaria general
emitió un certificado asegurando que no lo podía nombrar. "Moner siguió actuando como
administrador cuando ya no lo era y le imputaron por desobediencia. Ahora Moner la acusa de
prevaricar y de conchabeo con Gerardo Rodríguez", aseguran desde el departamento de Traballo
e Benestar.
La querella que ahora instruye Vázquez Taín alega, sin embargo, que la secretaria general de
Beatriz Mato y las otras dos funcionarias son cómplices del expresidente de la Fundación. El
escrito asegura que Cristina Ortiz es "cómplice necesario" al facilitar a Rodríguez Encinas la
apariencia de ser el representante de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, a pesar de
constarle que había sido sustituido en dicho cargo el 11 de diciembre de 2009.
Graves delitos
A la funcionaria María José Fernández Ribeiro la culpa el denunciante de ayudar en el
nombramiento de distintos testaferros como representantes de la fundación, cuando el mismo ya
no podía ocupar ese puesto por mandato judicial. Y sobre María Amadora Rodríguez Carreiro la
denuncia afirma que se negó a inscribir y certificar los "asientos inscribibles en los Libros Diario
y de Inscripciones del registro a su cargo".
Gerardo Rodríguez también está imputado por el Juzgado de Instrucción número 19 de
Barcelona, como presunto autor de un fraude a la Seguridad Social por importe de 1,6 millones y
por la apropiación indebida de 8,4 millones, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social,
contra los derechos de los trabajadores, societario y también de un delito contra el medio
ambiente.
EDUCACIÓN CIERRA UN AULA PÚBLICA PARA CONCERTARLA CON CENTROS
PRIVADOS
El colegio de Pereiro suple la carencia con una clase mixta de distintos cursos
El ayuntamiento ourensano de Pereiro de Aguiar se convierte este curso en exponente del avance
de la enseñanza privada a costa de la pública. El colegio ultrarreligioso Miraflores, de la orden de
las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, acaba de obtener un concierto de
la Consellería de Educación para un aula de Infantil. Recibirá 46.000 euros de las arcas públicas.
El Miraflores, del que es máxima responsable en la gestión del conglomerado internacional la
religiosa ourensana afincada en México Salud Conde -con estupendas conexiones con el PP
gallego y el empresariado mexicano- es un centro elitista que pretende formar a "apóstoles" en la
fe cristiana, según ha reconocido Conde públicamente. Sin embargo, en contra de lo que publicó
el domingo pasado este diario, no segrega por sexos.
El colegio público alerta de que pierde competitividad frente a los privados
El Anpa lamenta que "gasten más en los conciertos que lo que ahorran aquí"
Junto al Miraflores, el centro también privado, éste progresista, Guillelme Brown, consiguió el
año pasado el concierto para un aula de Primaria y este año lo extendió a otra. Mientras estas
empresas educativas privadas ven multiplicada su matrícula, el colegio público del municipio,
Ben-Cho-Shey, masificado, no solo no ha conseguido su objetivo de obtener un aula más, sino
que, lejos de ello, se quedará con una menos y pierde un profesor. El Anpa ha convocado una
manifestación esta mañana ante la Delegación de Educación en Ourense en protesta por esta
decisión.
Educación suscribió durante las vacaciones de verano los conciertos para financiar los dos
centros privados del muncipio de Pereiro. El pasado 10 de agosto, la presidenta del Anpa del
Ben-Cho-Shey remitió, alarmada, una carta a la delegada territorial de Educación. Protestaba por
el anuncio que acababa de recibir de la supresión de un aula de quinto curso de educación
infantil. El que se concedía al Miraflores.
La comisión provincial de valoración de los conciertos educativos ya había dado el visto bueno a
los de los dos colegios privados de Pereiro de Aguiar el año pasado. El acta de la sesión
celebrada el 11 de febrero de 2010 presidida por la jefa territorial de Educación, Marisol Díaz,
informó favorablemente el concierto de una nueva unidad de educación infantil (para alumnos de
4 años) en el Guillelme Brown, "para que se lleve a cabo un concierto progresivo". Se
compromteía a informar favorablemente el concierto de todas las unidades del colegio "en caso
de haber dotación presupuestaria". La comisión informaba también favorablemente la petición
del Miraflores. El colegio quería tres unidades de educación infantil y seis de primaria y le
concedieron inicialmente una de infantil. El resto, como en el caso del Guillelme Brown,
quedaron condicionadas a la existencia de presupuesto.
El Anpa del centro público se enteró hace unos días de que "las aulas concertadas con los
privados son a costa de una mayor masificación" del Ben-Cho-Shey, al que se le suprime un aula
y se convierte otra en mixta, con dos niveles educativos distintos "a cargo de un mismo
profesor". Aunque docentes y padres de alumnos sostienen que Educación no les ha dado
explicaciones, lo atribuyen a la política de recortes. "Nos habríamos resignado si no fuera a
cambio de gastar en los centros privados más de lo que se ahorran suprimiendo un aula y un
profesor aquí", sostienen los representantes del Ben-Cho-Shey.
Ayer, remitieron una carta a la jefa territorial de la Consellería de Educación en Ourense.
Denuncian su "sensación de abandono" por la administración autonómica y le piden una reunión
de urgencia que la consellería ha convocado para esta misma mañana. Amenazan con que los
alumnos no asistirán a clases hasta que "se solucione esta situación".
Para organizar el nuevo curso al ya masificado alumnado del colegio público, ahora con un
grupo y un profesor menos, Educación informó al Ben-Cho-Shey de que debía crear un aula
mixta que concentrara a alumnos de quinto y sexto curso de educación infantil. Un mismo
profesor impartiría las materias de los dos cursos en la misma aula y horario escolar, explican el
"despropósito" los representantes del Anpa, que consideran la decisión de la Xunta "un atentado
a la enseñanza pública". Para organizar al alumnado con un aula menos, Educación sustituye la
distribución "lógica" de dos aulas para alumnos de 3 años, otras dos para alumnos de 4 y dos más
para los de 5 por "dos aulas para alumnos de 3 años, una masificada para niños de 4 y una mixta
de sexto con 12 niños de 5 años, además de otra aula masificada de 25 niños de 5 años".
EDUCACIÓN SUBVENCIONA
ULTRARRELIGIOSO
CON
46.000
EUROS
UN
CENTRO
DE
ÉLITE
El colegio Miraflores propone formar a los niños "como verdaderos apóstoles"
La orden religiosa de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la madre de Dios -de origen
mexicano y con excelentes relaciones políticas y económicas en el país azteca y en Galicia- ha
obtenido un concierto educativo de la Consellería de Educación. Recibirá más de 46.000 euros
de las arcas públicas este año para formar a los niños "como verdaderos apóstoles" en la fe
cristiana. La aseveración sobre el objetivo educativo la formuló el año pasado, en una entrevista
publicada en La Voz de Galicia, la máxima responsable de los centros Miraflores esparcidos por
el mundo, Salud Conde. "La verdad es que este colegio no es para todos", precisó la monja en la
entrevista para destacar el elitismo del centro escolar que ahora subvenciona la Xunta. Y dibujó
el perfil de quienes deben ser sus alumnos: "La familia, que sea lo mejor integrada posible y si
está disfuncional, que no haya problemas". "El perfil de estos niños es que sean verdaderos
apóstoles en el medio en el que se desenvuelvan. Que sean niños que se sientan capacitados en
todos los sentidos: espiritual, académico, social... y también son muy importantes los idiomas",
enumeró la religiosa los valores del centro ahora concertado.
"La verdad es que esta institución no es para todos", afirma la directora
El centro opta por alumnos integrados sin problemas de disfunción familiar
Salud Conde (ourensana emigrada a México, en donde lleva más de medio siglo creando y
dirigiendo el conglomerado de los centros religiosos Miraflores) es íntima amiga de Manuel
Fraga. El entonces presidente de la Xunta acudió a la inauguración del colegio ourensano en
2004. Junto a él, el empresario ourensano afincado en México Olegario Vázquez Raña
(propietario de diversos grupos de comunicación en México), la plana mayor del PP provincial y,
además, representantes de la directiva de la Fundación San Rosendo que presidía el cura Benigno
Moure, ahora en la cárcel cumpliendo condena por estafa.
La concesión de un aula de Infantil concertada para el colegio ultrarreligioso supone un primer
paso en la cofinanciación por la Xunta del centro. La Consellería de Educación confirmó a este
diario que en años sucesivos podrían incrementarse las aulas concertadas. "Cumple todos los
requisitos que figuran en la norma, de demanda y de población", sostienen las fuentes de
Educación.
Sin embargo, el elitismo del centro -que segrega por sexos- y las condiciones familiares que
exige la dirección para aceptar a sus alumnos, han hecho que hasta el momento su matrícula se
nutra básicamente de familias de la ciudad con alto poder adquisitivo y de las de nueva
adscripción en el municipio.
En el mismo ayuntamiento de Pereiro de Aguiar está el colegio público Ben-Cho-Shey.
Masificado. El profesorado se ha movilizado constantemente en los últimos años en demanda de
nuevas aulas que la Consellería de Educación les ha negado "mientras las concede al colegio
privado". Ello, aun cuando Salud Conde no es partidaria de subvenciones. En la entrevista
concedida a La Voz de Galicia, la máxima responsable de los centros Miraflores del mundo
aseguraba tajante: "Hemos pedido el concierto porque lo quieren las madrecitas, pero no me
gustan las subvenciones porque no quiero vivir amarrada". Lo hará. Pero con el malestar de
todos los sindicatos.
A comienzos de este año, Comisiones Obreras, CIG, STEG y UGT denunciaron ya el inminente
"despilfarro" que supone la concertación con el Colegio Miraflores. "La Xunta le paga la
educación a los ricos cuando esa necesidad está cubierta ya por el centro público de Pereiro de
Aguiar", sostienen, indignados. El colegio Miraflores crece, según los profesores, a expensas del
centro público.
Las buenas relaciones de Salud Conde con el Partido Popular acrecientan el malestar de los
sindicatos. No solo Fraga acudió a arroparla en el acto inaugural del centro privado en 2004,
acompañado de importantes empresarios. Seis años después, Alberto Núñez Feijóo representaba
a la Xunta en el respaldo al centro que había aumentado ya sus aulas, en previsión del
crecimiento que ahora llegará con el concierto. Junto a él, el presidente de la Diputación
provincial, José Luis Baltar, el presidente de Coren, Manuel Gómez Franqueira, el obispo de
Ourense y Vázquez Raña, el gran benefactor de todos los centros educativos Miraflores que
están esparcidos por el mundo.
Masificación en la escuela pública
El concierto que la Consellería de Educación ha concedido al colegio Miraflores supone "la
asfixia del centro público". Sindicatos y profesores del colegio Ben-Cho-Shey no tienen duda
alguna de que la Xunta ha impedido la ampliación del colegio público para garantizar la
subvención del religioso.
"Los niños del Ben-Cho-Shey están masificados, superando la ratio recomendable de alumnos
por aula", sostienen los representantes sindicales que advierten de que los vecinos del municipio
no acudirán al centro privado "porque no pueden pagar transporte y comedor".
El concierto con el centro Miraflores pone el punto final a una "evidencia" que profesorado
público y sindicatos esperaban desde 2010, cuando Salud Conde acudió a Ourense para
inaugurar la ampliación de las instalaciones acompañada de los máximos representantes del PP
gallego y provincial. "La vinculación con el PP es diáfana", destacan los representantes de
Comisiones Obreras, que, al mismo tiempo, tildan de "ultrarreligioso" el centro.
La monja despejó abiertamente la incógnita sobre el elitismo del centro cuando, ampliado el
espacio del colegio, explicó a La Voz de Galicia: "Los colegios para nuestros niños tienen que
ser muy oreados, con mucha vegetación, con mucho espacio. El niño tiene que crecer distendido,
no puede crecer a oscuras. Tiene que ser un colegio en el que los niños se sientan en su casa".
Los alumnos del Ben-Cho-Shey no podrán disfrutar de tanto espacio. "Están masificados y
utilizan las aulas de informática e inglés por falta de espacio", detallan molestos los sindicatos.
FEIJÓO DEJA HACER EN EL PARTIDO
El presidente evita comparecer como líder del PP y se desmarca de las polémicas de sus alcaldes
- En las listas de las municipales dio carta blanca a sus barones
Nada más recuperar el poder, a la primera, con mayoría absoluta y en solo tres años, el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo de la designación del Gobierno una
demostración de fuerza. Sin concesiones a los barones provinciales, invistió a 10 conselleiros a
su gusto y solo obedeció indicaciones del que fue su mentor político y actual tesorero del PP
nacional, José Manuel Romay Beccaría. Incluso se permitió llamar a Nueva York a Roberto
Varela, un desconocido en el partido, para entregarle la cartera de Cultura y Turismo. El
presidente ratificaba así el comienzo de una nueva era, coherente con su filosofía de campaña,
que se podía resumir en dos ideas: Feijóo es un líder sin pasado en Galicia que si gobierna
"acabará con el caciquismo y el clientelismo en un día". Lo último lo llegó a prometer de forma
textual en la recta final de sus mítines, antes de regresar a la Xunta.
Tras el fracaso de su pulso a Baltar, el líder evita cualquier conflicto interno
Hace como si las declaraciones del portavoz popular no fueran con él
Dos años y medio después, Feijóo sigue controlándolo todo en el Gobierno, supervisa las líneas
generales de cada consellería y hasta revisa personalmente los comunicados de su gabinete de
comunicación. Esa omnipresencia en la Xunta le ha llevado a desatender el día a día del partido
que deja en manos de su secretario genral, Alfonso Rueda, y a dejar hacer a sus barones. En las
listas de las municipales apenas metió baza, tal y como recordó a los presidentes provinciales de
Ourense, Xosé Manuel Baltar, y Pontevedra, Rafael Louzán, durante la renunión de su ejecutiva
el primero de agosto, para advertirles que la última palabra sobre la candidatura de las generales
le compete ahora a Génova 13.
No siempre fue así. Hubo un tiempo en el principio de la legislatura en la que el presidente
intentó mudar las oxidadas estructuras del partido que heredó de Fraga. Feijóo solía quejarse ante
sus colaboradores más cercanos de las prácticas de Baltar en Ourense -y los consiguientes
disgustos en forma de titulares-, lo que sumado a las presiones del sector más urbano del partido
en aquella provincia, lo empujó a plantar cara al sempiterno clan ourensano. Auspició una
candidatura rival en la que situó al número 3 del PP gallego, el portavoz Antonio Rodríguez
Miranda, pero perdió en el congreso de enero de 2010 en el que Xosé Manuel Baltar, sucedió a
su padre como presidente provincial, mientras el equipo de Feijóo lamentaba en privado las
prácticas de la saga familiar.
Algunos compañeros del partido siguen lamentando que no hubiera levantado el teléfono para
llamar a cada alcalde y tumbar a Baltar hijo. Apuntan que el presidente lo hubiera logrado sin
problemas. Pero no lo hizo y desde entonces, el líder del PP opta por relajar su intervención en
los conflictos internos. Cuando llegó el momento de cuadrar las listas de las municipales, dejó
manos libres a los barones.
Ni siquiera interfirió cuando la nueva dirección del PP en Ourense decidió ajustar cuentas con el
entonces portavoz municipal en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique, Poly, Novoa, -a quien los
Baltar consideraron un traidor por alinearse con su rival, el regidor de Verín, Juan Manuel
Jiménez Morán, en el congreso de Ourense- para colocar al diputado Rosendo Fernández en el
cartel de campaña en la capital de provincia, pese a saber por los sondeos que tenía menos
posibilidades. La inacción de Feijóo defraudó al sector urbanita de los populares ourensanos,
igual que disgustó entre las bases de Pontevedra que el presidente no hubiera intercedido ante
Telmo Martín para que la concejal Guadalupe Murillo, hija de un histórico en el partido, el
médico Diego Murillo, tuviese hueco en sus listas.
Ese dejar hacer al PP de Feijóo para evitar nuevos choques internos le llevó a tragar con la
inclusión de tránsfugas e imputados en las candidaturas, por más que el líder repitiese en los
foros internos e incluso en algún acto público que no era partidario de hacerlo. Si fue una pose, o
el ansia de evitar nuevos conflictos de puertas para adentro, es algo en lo que discrepan los
dirigentes consultados.
La estrategia de dotar de perfil bajo a todo lo que sucede en la sede regional del PP pasa por
encomendar las ruedas de prensa a un portavoz, Rodríguez Miranda, con nula ascendencia sobre
el partido. Pero sobre todo, por evitar respaldar sus declaraciones cuando éste saca los pies del
tiesto. Lo ha hecho varias veces, las más evidentes cuando el presidente fue interpelado sobre las
graves acusaciones de financiacón ilegal del PSOE sobre la supuesta trama corrupta que tanto
Rueda como Miranda imputaron a Unións Agrarias. Y ha empleado la misma táctica cada vez
que un alcalde suyo se ve envuelto en asuntos turbios. Si acaso, discrepa sobre ciertas actitudes
en la sala de prensa, pero evita intervenir para corregir esas actitudes. Lo ha repetido en
numerosas ocasiones, la última a propósito de la idea de la alcaldesa de Melón de nombrar a su
marido -al que sucedió después de que este fuese inhabilitado por un juez- director general de ese
pequeño ayuntamiento orensano. Feijóo dijo que él no lo haría en ningún caso, pero se negó a
tomar cartas en el asunto. Tampoco lo hizo con los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados
en graves delitos relacionados con la corrupción.
En los últimos meses la única vez que levantó el teléfono para ordenar un cese fue cuando se
conoció la detención del concejal y entonces candidato en Santiago, Ángel Espadas -hoy jefe de
gabinete en la alcaldía de Gerardo Conde Roa- por estar dormido y borracho al volante de un
coche encendido ante un semáforo. Ese día la noticia saltó a los medios nacionales que tanto
preocupan a Feijóo.
Cábalas sobre el adelanto y una crisis de Gobierno
El runrún sobre una inminente remodelación de Gobierno con la que se ha especulado en los
mentideros del PP desde antes de las elecciones municipales ha llegado al Consello de la Xunta.
Uno de sus integrantes apunta que no sería extraño que Feijóo, empeñado en liderar el programa
de la austeridad, optase por reducir aun más el tamaño de su Gobierno, ahora que algunos de sus
compañeros de partido ha conformado ún gabinete con menos carteras. De ser cierto, estaría solo
en la cabeza de Feijóo, que no es muy dado a compartir sus planes con terceros, y, como mucho,
de su secretario general y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda.
El entorno del presidente niega que vaya a adoptar ninguna medida en ese sentido. Y eso que son
legión los dirigentes consultados que admiten en voz baja la necesidad de hacer algún relevo,
sobre todo en el departamento de Industria, donde Javier Guerra no acaba de responder a las
expectativas y menos después de la detención del director que eligió para el Igape, Joaquín
Varela de Limia, que ha tenido que ser relevado del puesto. Algunas de las fuentes consultadas
admiten esa necesidad pero recuerdan que Feijóo ya tuvo muchos problemas para cerrar su
gabinete, hasta el punto de que en algunas consellerías tuvo que conformarse con la que la que
era su cuarta opción para el puesto.
El núcleo duro del presidente se muestra aun más firme cuando se le plantea la tesis sorprendentemente cada vez más extendida- de que su líder abandonará Galicia para incorporarse
a un hipotético Gobierno de Rajoy.
Según todos los asesores consultados, esa posibilidad no entra en los planes del presidente, quien
repite en público y privado que "ser primer ministro de Galicia" es más que gestionar una cartera
en Madrid.
Tras el anuncio del adelanto electoral de Zapatero, alcaldes de Pontevedra han pedido a Feijóo
que anticipe también en Galicia los comicios para hacerlos coincidir con las andaluzas que se
celebrarán en marzo. Uno de los conselleiros consultados comparte esta idea "para evitar que la
sociedad pueda pasar factura a Feijóo por los recortes que inevitablemente ha de llevar a cabo
Rajoy" si finalmente llega a la Moncloa. El presidente no se ha pronunciado, si bien lo que está
absolutamente descartado es que las elecciones gallegas se celebren el 20-N con las nacionales.
EL SUPREMO DECLARA ILEGAL UN EDIFICIO DE LA PROMOTORA DE TELMO
MARTÍN
La creatividad administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de
Manuel Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en
Sanxenxo. La promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo
Martín, hoy presidente del PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas
junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la
vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no
respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo
denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso
imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble.
El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo
paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto
del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo. El primer fallo obligaba a
retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa
que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22
de julio, hace suyos los argumentos del Superior.
López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le
correspondía responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta
contradicción en los deslindes. Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble
superaba en más de dos metros la distancia legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro
estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este determinó que la invasión
de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió a López Veiga para dar
carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también con casa junto al
mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra.
El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La
supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificioso". La
empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El
Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade
que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y
anulado".
OURENSE EMPLEA A 400 EDILES DEL PP Y FAMILIARES SUYOS
Baltar paga a 950 personas que se llevan un tercio del presupuesto
José Luis Baltar Pumar acumula 21 años al frente de la Diputación de Ourense, que pretende
legar -como ya hizo con la presidencia provincial del PP- a su hijo, José Manuel, hoy
vicepresidente del Parlamento gallego. Se autodefine como un "cacique bueno" y suele recordar
a los vecinos en los mítines que su brigada de obras llegará rauda a asfaltar pistas y carreteras si
las municipales las gana un alcalde popular. El sempiterno barón, que amenazó con romper el
último Gobierno a Manuel Fraga si no se avenía a sus manejos, ha controlado desde siempre su
provincia con mayorías absolutas en sus feudos rurales, donde obtiene porcentajes de voto
escandalosos, que superan el 70%.
La Diputación, la segunda mayor empresa en personal de Ourense, 950 nóminas de las que 400
se reservan para alcaldes del PP o familiares directos, gasta en el capítulo de recursos humanos
un tercio de sus cuentas anuales. Incluso dedica una partida para ayudar a sus trabajadores fijos a
pagar la hipoteca. Mientras Baltar presume de no subcontratar servicios, de que los camiones que
recogen la basura los conducen funcionarios bien pagados, su institución roza el máximo de
deuda permitida, 80 millones, el 110% de su presupuesto. Coincidiendo con las vísperas del
último congreso del PP de Ourense, un pulso a Feijóo que acabó ganando para que su hijo le
sucediese al frente del partido, convocó oposiciones en la institución provincial. Los nuevos
puestos se los adjudicaron los compromisarios del congreso o familiares de estos que apoyaron a
su vástago. Entonces, incluso los colaboradores de Feijóo hicieron oír sus quejas sobre las
prácticas de la saga.
El edificio Simeón, un centro cultural en la capital, emplea a 33 porteros para cuidar de sus tres
accesos. El ente público cuenta incluso con un centro de equitación que llegó a pagar a 17
personas que atendían a 15 caballos. La nómina de funcionarios es tan abusiva que hubo que
organizar un sistema de sillas calientes, de forma que los trabajadores se turnasen en el
mobiliario de oficina. Como ni así había hueco para todos, a algunos contratados de la institución
provincial los acabó cediendo a ayuntamientos de su mismo color político.
En los pasillos de la Diputación, un día a la semana hacen cola responsables de entidades
culturales y deportivas a la espera de una subvención que Baltar concede de forma graciosa. Su
filosofía de Gobierno la resume el cántico con el que él y su tropa de colaboradores solían
amenizar las campañas electorales con el trombón a la espalda: "Y si no eres del PP, jódete,
jódete..."
LA FÁBRICA DE EMPLEOS DE BALTAR
La Diputación de Ourense gasta un 41% en sueldos y sólo un 15% en obras
Al presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar (PP), se le conoce, además de por las
reiteradas acusaciones de nepotismo que le lanza la oposición, por sus escasos reparos a la hora
de gastar y por hacerlo con cierta extravagancia.
Valga de ejemplo la cena que uno de los organismos dependientes de la institución, el Inorde,
organizó en A Limia en 2009, a la que invitó a más de 700 personas, o los 3.000 euros que el
pasado mes de mayo, y a la salida de un mitin, entregó en mano a un alcalde como anticipo de
una subvención, dinero que según explicó días más tarde, adelantó de su bolsillo para la
instalación de un sistema de aire acondicionado.
Un organismo de la diputación llegó a organizar comidas para 700 personas
Gastos de funcionamiento
Esos gastos puntuales hacen que Baltar, que afronta su sexto mandato al frente de la institución
provincial, salte a los medios y los partidos de la oposición le exijan explicaciones, pero a la
Diputación ourensana la mayor parte del dinero, un 63%, se le va en gastos de personal y en los
llamados gastos corrientes.
De los 73 millones de euros presupuestados para este año casi 30 (el 41%) están reservados al
pago de las nóminas de 286 funcionarios, 410 trabajadores fijos y un eventual. En total, casi 700
empleados según el cuadro de personal aprobado a comienzos de año.
La diputación subvenciona hasta viajes a Fátima y Lourdes
Pero la diputación también realiza numerosos contratos temporales y cuenta con tres organismos
autónomos el Inorde, el Padroado Provincial de Turismo y la Sociedade Urbanística Provincial
de Ourense que tienen sus propios presupuestos y plantilla. El portavoz del PSOE en la
Diputación, Ignacio Gómez, advierte de que de octubre a junio se han firmado unos 170
contratos temporales y se han convocado 50 nuevas plazas de funcionario.
Todo ello a pesar de que la deuda de la institución provincial se aproxima al máximo legalmente
permitido, lo que ha hecho que Baltar se haya apuntado al discurso de la austeridad.
El pasado mes de junio anunció un recorte en materia de personal, pero aclaró que sólo afectaría
a los contratos temporales, por lo que en la práctica la plantilla se mantendría casi igual: más de
700 trabajadores fijos, en su mayor parte cargos del PP, familiares o militantes, según denuncia
el PSOE. Pero además, a pesar de las declaraciones del veterano político, la Diputación
anunciaba este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de una docena de
nuevos contratos temporales.
La oposición socialista exige la realización de una auditoría de cuentas
Ni sus propias medidas para "apretarse el cinturón" ni los tirones de orejas que le ha dado el
Consello de Contas parece que vayan a ser efectivos y Baltar mantiene su sistema de
contratación y prácticas como la de otorgar subvenciones sin una convocatoria pública "para
tanatorios o viajes a Fátima y Lourdes", como destacan los socialistas, que en el próximo pleno
tienen previsto solicitar una auditoría.
Duplicidades
El portavoz del BNG en la Diputación, Xoán Xosé Jardón, recuerda que su formación reclama la
supresión de las diputaciones desde hace años y denuncia las "flagrantes duplicidades" que se
dan en materia de competencias, que de evitarse ahorrarían a la institución ourensana "entre
nueve y diez millones de euros". "Los centros ecuestres los habría que suprimir y las granjas se
podrían transmitir a la Consellería de Medio Rural o alquilarlas", comenta.
El presidente provincial repartió dinero en mano en plena campaña
Para Jardón, "las diputaciones tienen que ser un instrumento de cooperación, no de control
político" y es "el porcentaje en inversión real lo que incide en la calidad de vida de los
ciudadanos". Porcentaje que la Diputación de Ourense fijó este año en un 15%, frente al 41%
reservado a gastos de personal, cifra que prácticamente duplica la de cualquier otra diputación
gallega
NEGREIRA OCULTÓ QUE UN JUEZ AVALA RETIRAR LOS HONORES A MILLÁNASTRAY
El gobierno coruñés dice ahora que esperará a un nuevo pronunciamiento judicial
Parapetado tras un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de A Coruña que se niega
a hacer público, el gobierno local de Carlos Negreira (PP) se mantiene firme en acatar sin más la
sentencia que avala la retirada de la estatua del teniente coronel golpista José Millán-Astray pero
anula la revocación del titulo de hijo predilecto de la ciudad. Sin embargo, el ejecutivo local
ocultó que hay otro fallo judicial, anterior a este y contradictorio, que da la razón al
Ayuntamiento y da por buena su decisión de suprimir todos los honores al militar amigo y
colaborador de Franco. La polémica volvió a arreciar ayer al difundirse la existencia de este
primer fallo, emitido en mayo, dos semanas antes de las elecciones municipales que ganó el PP
en A Coruña.
"El debate político sobre esto está zanjado", alega el ejecutivo de Negreira
La sentencia que se ocultó fue emitida dos semanas antes de las municipales
La oposición municipal en bloque denunció la complacencia del equipo de gobierno de Negreira
con un golpista que llegó a defender como "un coruñés de pro". Será ahora el Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia el que decidirá sobre la legalidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento
por el que, en 2009, se decidió la retirada de medio centenar de símbolos del franquismo,
incluido los dedicados a Millán-Astray.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña rechazó el recurso de la
Asociación de Veteranos de la Legión contra la retirada de la enorme estatua de cuerpo entero
que lucía una pequeña y céntrica plaza también dedicada a Millán-Astray así como la revocación
del título de hijo predilecto de A Coruña que el Ayuntamiento le había concedido en 1922, en su
calidad de fundador de la Legión. Pero nada se dijo de esa sentencia que avala en el fondo y el
procedimiento la decisión del pleno del Ayuntamiento de retirar todos los honores a MillánAstray en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Y el gobierno de Negreira se apresuró,
el pasado día 15, en pleno periodo estival, a dar a conocer solo otro fallo posterior de un juzgado
de la misma instancia, el Contencioso-Administrativo número 3, que también avala la retirada
del enorme mamotreto de bronce pero anula la revocación del título por haber sido concedido 14
años antes de la Guerra Civil.
Pese a que ambas sentencias, ahora recurridas ante el Tribunal Superior, reconocen la potestad
del Ayuntamiento para dar o retirar títulos honoríficos, el equipo de Negreira prefirió silenciar el
primer fallo judicial que avala la actuación de la Corporación y decidió renunciar a defender sus
derechos presentando un recurso contra la segunda sentencia. "El debate político sobre esta
cuestión está zanjado", arguyó ayer el primer teniente de alcalde, Julio Flores.Y se limitó a
afirmar que acatará lo que decida el Tribunal Superior, ante el cual recurrieron tanto la
Asociación Veteranos de la Legión como la hija del militar. PSOE, BNG y EU reiteraron su
intención de forzar un nuevo acuerdo, ante la Comisión Municipal de Honores y Distinciones
para retirar de nuevo todos los honores al militar golpista.
MILLÁN-ASTRAY RECUPERA EL
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
TÍTULO
DE
HIJO
PREDILECTO
DEL
En El Ala Oeste de la Casa Blanca, la serie que mejor ha contado los entresijos del Despacho
Oval y la corte de asesores de un presidente demócrata en la ficción, el gabinete gubernamental
fija un día al año para servir asuntos espinosos a la prensa. Le llaman "el día de sacar la basura" y
suelen hacerlo coincidir con la víspera de una fiesta en la que cae la lectura de prensa.
Ayer, en el festivo por excelencia, en medio de un puente con toda Galicia, incluida su ciudad,
de celebración, el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, programó también su día de sacar la
basura. Comunicó a media tarde en una nota de prensa encabezada con el título "actividad
municipal" que el Ayuntamiento que preside no va a recurrir la sentencia que anula la retirada
del título de hijo predilecto de A Coruña a José Millán-Astray, fundador de la legión, y el que
gritó a Miguel de Unamuno "¡muera la inteligencia!", después de que el intelectual y rector de la
Universidad de Salamanca, replicase al discurso de un fascista a las pocas semanas del golpe de
estado de 1936.
El regidor coruñés basa su decisión en un informe de la asesoría jurídica municipal que avala la
"solidez" de los argumentos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A
Coruña, que decidió anular el acuerdo plenario adoptado por el bipartito. El comunicado del
Gobierno coruñés subraya que no quiere "perder ni un minuto en politizar el pasado y prefiere
mirar al futuro y apostar por la concordia y por trabajar en cuestiones que preocupan a los
ciudadanos".
Resalta además que "el fallo obliga a devolver el título de hijo predilecto a Millán Astray porque
esta distinción no se puede retirar de acuerdo a la Ley de la Memoria Histórica, ya que, como
indica la juez en el fallo, el nombramiento se aprobó en un pleno municipal de agosto de 1922,
14 años antes de la sublevación". Como l distinción fue previa a la Guerra Civil, el fallo estima
que no cabe retirar los honores apoyándose en esa ley.La sentencia judicial dice algo más que
obvia el comunicado de Negreira: que el Gobierno coruñes es libre de retirar o no dicha
distinción al dirigente franquista, siempre que no apele a la Lei de Memoria Histórica. Y eso fue
lo que ayer le exigieron los grupos de la oposición al alcalde, que cuando era portavoz del PP en
la oposición decidió abstenerse en la votación para retirar la distinción a Millán-Astray.
Nada más conocer su decisión, el PSOE de A Coruña, a través de su portavoz, Mar Barcón,
atribuyó la decisión "indigna" de abandonar el contencioso con la familia de Millán-Astray a
Negreira, "quien en su día definió como coruñés de pro a este golpista que no merece ningún
reconocimiento de la ciudad de A Coruña". Barcón censuró a su vez la "sorprendente tibieza"
con la que siempre se dirigió Negreira en este asunto.
En el mismo sentido se pronunció el BNG, que reclamó al alcalde del PP que tome decisiones
para que A Coruña "deje de ser la capital de la simbología franquista". También los nacionalistas
acusan al regidor de "refrendar los honores a un fascista después de llamarle coruñés de pro".
Por su parte, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, calificó la postura del
Gobierno coruñés como "una decisión política revestida de acatamiento judicial", que "trata de
satisfacer a los nostálgicos franquistas" al tiempo que "defiende a un golpista".
FEIJÓO LIDERA LA PRESIÓN DEL PP PARA PEDIR MÁS DINERO A SALGADO POR
LA CRISIS
Rajoy suma fuerzas hoy con sus barones para un difícil Consejo de Política Fiscal
No es un asunto puramente económico el que se discute en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera convocado para mañana. El eje de la política española pasa por ahí. Si la legislatura se
agotara y las comunidades del PP se vieran obligadas a hacer drásticos recortes de gastos en
otoño-invierno, con el consiguiente coste político, el asunto podría convertirse en el eje de la
campaña. Por eso, conscientes de que todos se juegan mucho, no solo los barones autonómicos
sino también Mariano Rajoy, los populares llegan a la cita con una estrategia.
En la única rueda de prensa en la sede nacional del PP que ha ofrecido Rajoy en todo el año, tres
días después del gran éxito electoral del 22 de mayo, lo dejó muy claro: reclamó un Consejo de
Política Fiscal y Financiera urgente para pactar con el Gobierno cómo cumplir el objetivo del
déficit del 1,3% para todas las autonomías. Unos días después, prometió la "lealtad" del PP si el
Gobierno hablaba "a calzón quitado" del déficit. Ese momento ha llegado, y el PP, que domina
ya 11 de las 17 autonomías, aprovechará toda esa potencia para tratar de que sea el Gobierno, y
no ellos,quien asuma el coste político de las medidas duras que se avecinan.
Rajoy ha convocado hoy en Génova a sus 11 presidentes autonómicos para unir fuerzas, y la
línea empieza a verse ya muy clara. Alberto Núñez Feijóo y su consejera de Hacienda, Marta
Fernández Currás, van a liderar la estrategia central del PP para este difícil consejo, que llega
cuando autonomías populares como Castilla-La Mancha aseguran que su déficit real puede estar
entre el 5% y el 6% a mitad de año.
El mensaje que está trasladando Feijóo y otros dirigentes del PP, y que se pactará hoy, no está
centrado en la reducción del gasto, aunque sí hay una planteamiento genérico de austeridad. Su
discurso se concentra en pedir al Gobierno más dinero, en reclamar una interpretación más
flexible del modelo de financiación autonómico que aprobó el Ejecutivo con la abstención de las
comunidades del PP. Las autonomías populares, lideradas por Galicia, que exige 800 millones de
euros por distintos conceptos de interpretación del sistema de financiación, reclamarán una
moratoria para devolver el dinero que, según el nuevo sistema, deberían entregar al Gobierno
porque han cobrado de más. También exigirán que Salgado haga un planteamiento de fondo para
resolver la deuda del sistema sanitario, gran caballo de batalla.
El trasfondo es evidente: el PP quiere que el Gobierno y el PSOE sigan asumiendo políticamente
el principal coste de la crisis, como sucedió en las últimas elecciones autonómicas, donde
autonomías del PP con muchos problemas de gestión, como Murcia o la Comunidad Valenciana,
apenas sufrieron desgaste político. El propio Feijóo lo dejó ayer muy claro: si el Gobierno
"incumple" el modelo de financiación, esto es si no acepta la interpretación del PP, tendrá que ir
al consejo "con una guía sobre dónde deben recortarse las aportaciones y los servicios públicos
que prestan las comunidades autónomas". En esa interpretación de Feijoo, si el Gobierno plantea
avances importantes en este tema de la financiación es señal también de que quiere agotar la
legislatura y en caso contrario de que anticiparán.
Esto es algo que también ha planteado Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La
Mancha: que Salgado le diga dónde tiene que recortar para alcanzar el objetivo de déficit. Es una
forma de trasladar el coste político de las medidas duras al Gobierno.
Salgado rechaza esta idea. Insiste en que el Gobierno no tiene por qué decidir esos recortes. Pone
el objetivo, del 1,3%, y son las comunidades, también los gobiernos recién llegados como el de
Cospedal, los que tienen que decidir cómo cumplirlo. Feijóo promete que él cumplirá el objetivo,
y Rajoy no puede admitir un incumplimiento que en Castilla-La Mancha ya se da por hecho,
porque iría contra el eje de su discurso de reducción del déficit. Tal vez por eso se busca
trasladar esa responsabilidad al Ejecutivo. En cualquier caso, el sistema de votación del consejo
hace que el Gobierno pueda aprobar lo que quiera con el apoyo de una sola autonomía, y tiene
para eso a varias del PSOE o de aliados. Los populares están ahí más cerca de la abstención.
EL PP GALLEGO RECHAZA QUE LOS MÉDICOS SOLO RECETEN LOS FÁRMACOS
MÁS BARATOS
Farjas argumenta que se sustrae a los médicos la elección del fármaco
No hay tregua. El enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno central sobre el catálogo de
medicamentos sobrevive a todos los intentos de consenso. El último, el del jueves, en el Consejo
Interterritorial de Sanidad presidido por la ministra Leire Pajín. En este caso, Galicia se desmarca
no solo de la propuesta del ministerio, sino también de la de comunidades gobernadas por el PP,
como Madrid o Valencia, que aceptan la medida.
El ministerio ve imposible "prescribir un genérico más barato"
El Gobierno gallego estará obligado a cumplir el nuevo decreto
La máxima responsable de Sanidad del Gobierno de España informó, en esa reunión del Consejo
interterritorial, a los 17 consejeros autonómicos de su decisión de que los médicos comiencen a
recetar por principio activo en lugar de hacerlo por marca. Esto es, que las farmacias deberán
dispensar genéricos y tendrán que optar siempre por el más barato. "Ingresos, ahorro y
eficiencia", resumió Pajín su objetivo a los consejeros autonómicos de Sanidad, la mayoría del
PP. A la de Galicia, Pilar Farjas, "no le gustó nada". "La ministra no puede hablar de que hay
acuerdo, porque nosotros no lo aceptamos", explicó ayer a este diario un portavoz de la
consellería de Sanidade.
El argumento de la Xunta en contra de la decisión del ministerio se sustenta en que "quita al
médico, que debería ser el actor principal, la facultad de elegir el medicamento, lo que ahora
quedará en manos de las distribuidoras farmacéuticas". Junto a ello, Farjas entiende que el ahorro
es mayor con la aplicación del catálogo gallego -un listado de genéricos al que los médicos
deben ceñirse para recetar- que mediante la propuesta del Gobierno de España de no recetar
marca, sino un principio activo que luego dispensa el farmacéutico, optando obligatoriamente
por el más barato.
La Consellería de Sanidade apela, además, al rechazo del Parlamento gallego a la propuesta de
recetar por principio activo, con lo que da por zanjada cualquier propuesta al respecto. "Portugal
aprobó en su día esta obligatoriedad del principio activo y tuvo que paralizarlo", sostiene la
Consellería.
La rotunda reacción del Gobierno gallego ha sorprendido en Madrid. "En la reunión del Consejo
no se opuso ninguna comunidad autónoma", precisa un portavoz del Ministerio de Sanidad.
Sostiene que la intención de Pajín es "aprobarlo cuanto antes, llevarlo al Consejo de Ministros de
la próxima semana para buscar lo más rápidamente posible la fórmula legal", que comprometerá
a toda España, con lo que Galicia no tendrá más remedio que cumplirlo".
El Ministerio reconoce que algunos consejeros de comunidades del PP criticaron la falta de
concreción de la propuesta y que esta no se sometiera a votación, "pero ninguno de ellos se
opuso". El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty,
destacó que la propuesta del ministerio recogía "exactamente" sus peticiones. En similares
términos se expresó el representante de la Comunidad Valenciana, Luis Rosada, también
gobernada por el PP.
En el Ministerio de Sanidad no entienden la postura de la Xunta. "Si lo que pretenden es ahorrar
con su catálogo, de esta forma, se ahorra más: es imposible recetar un genérico más barato ya
que las farmacias quedan obligadas a dispensar el más barato de todos", precisa el portavoz del
ministerio. Al mismo tiempo, explica que con esta decisión, la ministra pretende "que no se
rompa la cohesión nacional" en cuestión de recetas de la sanidad pública. "No puede ser que un
señor de León vaya a veranear a Pontevedra y, ahí, el médico no pueda recetarle el mismo
medicamento que está tomando porque no está en el vademécum de la Xunta".
Desde el ministerio insisten en que la decisión tiene como objetivo "beneficiar a las comunidades
autónomas y contribuir a aliviar su carga financiera", motivo por el que no entienden el rechazo
de Galicia. Pero la oposición de la Xunta es rotunda. El portavoz de la conselleira asegura que no
se trata de una batalla política ni jurídica. "Defendemos el catálogo y nuestra única batalla es
mantenerlo en pie", destacan en la Consellería.
La misma propuesta que Feijóo
Una de las propuestas del Ministerio de Sanidad que rechaza la conselleira Pilar Farjas es la
misma que hace menos de diez días avalaba el presidente de la Xunta. En una entrevista
publicada por este diario el pasado día 10, Feijóo explicaba que el catálogo "no es más que
volver a la legislación anterior", la aprobada bajo la presidencia de Aznar y que reformó el
Gobierno del PSOE.
El presidente gallego advertía de que si el PP ganaba las elecciones generales implantaría el
sistema de la última legislatura de Aznar, cuando "automáticamente se hacían unos precios de
referencia, es decir, el Estado solo financiaba los medicamentos que tuviesen un precio similar al
genérico".
La ministra de Sanidad, Leire Pajín, anunció en la reunión del jueves que retomaría esa misma
propuesta que supone la supresión de las patentes farmacéuticas a los diez años. Esto es, sin la
prórroga de tres años más que ofreció la socialista Elena Salgado durante su etapa al frente de
este Ministerio.
La modificación de los precios de referencia que propone Pajín prevé una reabaja del 15% del
precio de los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado sin que haya aparecido un
genérico.
Ayer, la Consellería de Sanidade -preguntada por esta posición del presidente gallego que Farjas
acababa también de rechazar en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud- destacaba que
"la obligatoriedad de la receta de principio activo no tiene nada que ver con el catálogo" de
medicamentos aprobado por la Xunta.
La desintonía entre ambas instituciones es absoluta y afecta a todas las propuestas. Para la
Consellería de Sanidade, la propuesta del Ministerio "va a remolque" de la suya. Y para el
Ministerio, es el "reducido catálogo aprobado por el Gobierno gallego" el que queda superado
por su medida "de mayor alcance".
Mientras la ministra de Sanidad intenta realizar "cuanto antes" la modificación legal que dé
soporte a la nueva medida "de ahorro sanitario", la conselleira gallega alerta de que "no se sabe
qué es lo que se va a aprobar" y alude a la "frivolidad del Ministerio" en su reunión del Consejo
Interterritorial.
Farjas lamenta que "no se presentara una sola propuesta concreta, ni un documento que acredite
cómo, dónde y de qué forma" se va a aplicar el sistema de receta por principio activo que acabará
con el catálogo gallego.
CONDE ROA SE NIEGA A REVELAR EL COSTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA
DAVIS
El regidor solo informará del presupuesto si Santiago sale elegida como sede
El precio que supone albergar una semifinal de Copa Davis en Santiago es todavía un misterio.
Aunque el proyecto ya está en la sede de la Federación Española de Tenis, el alcalde, el popular
Gerardo Conde Roa, rechazó ayer cifrar el gasto que conllevará su organización en caso que la
capital gallega resulte elegida. El día 1 de agosto la Federación española deberá comunicar a la
internacional su decisión, y el presupuesto necesario no se conocerá hasta saber si Santiago es la
seleccionada, explicó ayer Conde Roa, quien sí insistió en el retorno económico que puede tener
el evento para la ciudad, así como la proyección internacional que supondría. "No puedo entrar
en detalles económicos porque podrían perjudicar las negociaciones", indicó sin dar más
explicaciones. Tampoco quiso expecificar si el ayuntamiento se ha marcado un techo de gasto,
solo se limitó a afirmar que los dos millones de euros de coste que se estimaron en Gijón -ciudad
que retiró su candidatura por el alto coste- "están muy alejadas de la realidad". "Conocerán los
datos, pero no puedo adelantarlos", insistió.
La federación de tenis debe tomar la decisión antes del 1 de agosto
El ayuntamiento trabaja ya en buscar algún tipo de ayuda "o fórmula económica" para aligerar
los gastos, cuenta también con obtener el apoyo de la Xunta y recibirá además el 40% de los
ingresos de los partidos, explicó el alcalde, que lo definió como "un cuadro económico para salir
honrosamente de este evento". Tanto PSdeG como BNG admitieron la relevancia que tendría
acoger las semifinales, pero manifestaron sus dudas sobre cómo se va a financiar.
El lugar elegido para instalar la pista central con capacidad para 16.000 espectadores, dos pistas
de entrenamientos, vestuarios y aparcamiento VIP es la explanada abierta junto a los edificios de
la Cidade da Cultura. Aunque también se barajaron el pabellón del Sar y el estadio municipal, no
cumplían los requisitos de aforo que marca la Federación. "La Cidade da Cultura es un icono
cultural y podría ser de sus mejores proyecciones para el futuro", defendió el alcalde. Los 300
metros de altura, apuntaron desde la Federación gallega, "son asumibles" y el parte
meteorológico para esas fechas de mediados de septiembre arroja unas condiciones de humedad
y lluvia buenas para el tenis. En los tres días de competición se organizarán además actividades
paralelas en la ciudad
VÍA LIBRE A LAS 3.000 VIVIENDAS ILEGALES CONSTRUIDAS EN LA COSTA DE
BARREIROS
Hernández retira los recursos judiciales del bipartito a raíz de un pacto con los promotores Feijóo no informó del acuerdo tras la última reunión de gobierno
En la rueda de prensa del último Consello de la Xunta, Feijóo tuvo tiempo para detallar hasta un
informe de actividades de la Fundación Illa de San Simón. Se le quedó en el tintero una de las
decisiones más importantes que acababa de adoptar su Gobierno: la retirada de 21 recursos
judiciales presentados por el anterior Ejecutivo gallego contra otras tantas promociones ilegales
en el Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el PP, lo que supone el desbloqueo definitivo de
3.174 viviendas levantadas en zonas que carecían del menor servicio. El conselleiro de
Territorio, Agustín Hernández, completa así el tenaz camino emprendido para la legalización de
unas viviendas de las que cientos de ellas ya han sido declaradas ilegales.
La legalización afecta a 3.174 casas en un municipio de 3.200 habitantes
La retirada de los 21 recursos, que se corresponden con otras tantas promociones inmobiliarias,
confirma la existencia de un acuerdo de Agustín Hernández con la asociación de promotores de
la localidad lucense, cuyo presidente aseguró contar con el compromiso del conselleiro para la
retirada del recurso antes de agosto. Los responsables de las promociones tenían prisa para
intentar vender los pisos en agosto, un mes clave en el negocio por la visita de turistas a A
Mariña de Lugo.
La retirada de los recursos no fue mencionada en la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo ni
apareció en la reseña de los acuerdos que la Xunta cuelga después de cada Consello en Internet.
Fuentes de la Consellería de Territorio negaron que esa omisión tuviese voluntad de silenciar la
retirada de los recursos. "Son actos jurídicos rutinarios de los que no se acostumbra a informar",
afirmó un portavoz del departamento.
Con intención o sin ella, lo cierto es que la retirada de los recursos culmina dos años de esfuerzos
de la Xunta para desandar el camino que emprendió el Gobierno bipartito en 2006, cuando
suspendió las normas urbanísticas de Barreiros ante la autorización municipal en menos de un
año de 5.800 viviendas en un ayuntamiento de apenas 3.200 habitantes. Después de tomar esa
decisión, la Xunta de Emilio Pérez Touriño emprendió a través de la Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística (APLU) un contencioso contra la autorización de licencias en zonas sin
servicios básicos, como abastecimiento y saneamiento de agua o infraestructuras viarias.
La Consellería de Territorio considera la retirada de los recursos parte del "proceso lógico"
después de que se aprobara la memoria ambiental del proyecto sectorial urbanístico de la zona.
Este documento se desarrolló después de que Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Barreiros
firmaran un convenio por 14 millones de euros para dotar a las zonas afectadas de los servicios
que impiden su consideración de solar, por lo que los juzgados las consideran en sus primeras
sentencias suelo no urbanizable. De acuerdo con la ley, esas obras deberían correr a cargo de los
promotores inmobiliarios.
Dicha memoria ambiental da por buena la previsión, incluida en el plan sectorial, de que en plena
crisis demográfica y del sector inmobiliario, el Ayuntamiento de Barreiros multiplique su
población por siete, para pasar de sus 3.200 habitantes a 23.500. Para hacer ese cálculo, el plan
tiene en cuenta las propias viviendas objeto de la polémica.
La actuación del conselleiro Agustín Hernández en el caso de Barreiros provocó su denuncia
ante el fiscal por parte de la asociación Adega, que le acusa de prevaricación y de delito contra la
hacienda pública. Con el plan sectorial aprobado por la Xunta de Feijóo, la Administración
renuncia a la cesión obligatoria del 10% y asume costes de urbanización que deberían ser
asumidos por los promotores. Adega calificó el plan de "recalificación encubierta" del suelo, lo
que implicaría "un inaceptable trato de favor" a unos promotores a los que se les permite triplicar
la edificabilidad de sus terrenos.
PONTEAREAS CONTRATA A AFILIADOS Y EXEDILES DEL PP EN UNA OFERTA DE
49 EMPLEOS QUE NO PUBLICITÓ
El Gobierno local de Ponteareas (PP) soslayó el dar publicidad a la convocatoria abierta de 49
plazas municipales, dentro de un programa de cooperación con la Xunta, que han ido a parar a
afiliados y simpatizantes del propio partido, entre ellos dos exconcejalas. El BNG, que acusa
directamente al alcalde, Salvador González Solla, del "escándalo" que suponen estas
contrataciones "a dedo", anuncia que pedirá la anulación del concurso por el que fueron
adjudicadas las citadas plazas y la convocatoria de otro nuevo.
La primera convocatoria de plazas fue decidida por la Xunta de Goberno de Ponteareas el 30 de
mayo, pese a la advertencia de nulidad de la misma que expuso la secretaria municipal
precisamente por no darse publicidad a la convocatoria. Con ello, los vecinos fueron privados de
optar a un puesto de trabajo en condiciones de igualdad y aunque reunieran preparación y
capacidad para desempeñar las plazas convocadas.
"Solla ocultó deliberadamente la convocatoria", afirman los nacionalistas, "para colocar a las dos
exconcejales y a otros candidatos, afiliados y apoderados del PP". El Gobierno local realizó en
las últimas semanas la selección para esas plazas, con contratos por un periodo de siete meses.
Rosemary Rodríguez Ogando e Isabel González Lago dirigieron hasta el 22 de mayo las
concejalías de Empleo y Personal, respectivamente. Ambas, "que destacaron por la ausencia total
de gestión y dejación de responsabilidades durante su etapa en el Gobierno local", denuncia el
BNG, "reciben ahora su premio por parte del alcalde".
El Gobierno local se limitó a solicitar en el INEM una oferta de empleo, sin la menor publicidad.
"No es posible que habiendo en Ponteareas 2.700 parados, a las citadas plazas solo se
presentaran cuatro o cinco personas por cada convocatoria", señalan los nacionalistas.
Rosemary Rodríguez e Isabel González fueron las últimas en anotarse en el INEM. La primera
está contratada en la Escuela Infantil Municipal y la otra, en el Registro Municipal. Ambas,
según subraya el BNG, incluso participaron en el Gobierno local que tramitó el programa de
cooperación e intervinieron también en el comienzo del programa de contratación, con el
Gobierno ya en funciones. Ponteareas ya es, desde hace décadas, uno de los municipios gallegos
con más carga de personal en su plantilla.
NUEVE IMPUTADOS EN LA XUNTA DE FEIJÓO
El cese del titular de Portos alivia solo parcialmente los problemas judiciales en el Gobierno
gallego - El presidente mantiene a dos cargos ya condenados. Feijóo "apartó" al director del
Igape, pero no lo destituyó
José Manuel Álvarez Campana fue destituido el jueves como presidente de Portos de Galicia "a
petición propia". Nada que ver, aseguró Feijóo, con su implicación en el caso Rinlo, en el que el
fiscal le acusa de supuesta prevaricación administrativa y ambiental al aprobar una piscifactoría
en Ribadeo. El presidente de la Xunta, que esta misma semana consideró que a Francisco Camps
"le honra" su dimisión, mantiene por lo tanto una máxima bien distinta en su Gobierno, en el que
permanecían 10 cargos pese a estar imputados por la justicia, nueve tras el cese de Álvarez
Campana.
Antes de las elecciones autonómicas, la filosofía era distinta. En febrero de 2009, Feijóo retiró de
la candidatura del PP por Ourense a su cabeza de lista, Luis Carrera, tras saberse que cobró
240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán. Eran otros
tiempos: faltaba apenas un mes para las elecciones. Ya al frente de la Xunta, la filosofía del "yo
predico con el ejemplo", de la que presumió Feijóo al prescindir de Carrera, ha sido sustituida
por la de "evitar prejuicios y precipitaciones". El presidente ha llevado hasta tal extremo la
tolerancia con los imputados que no ha destituido a ninguno de los que se le acumulan en la
Administración autonómica, que son unos cuantos. Además de los nueve cargos que hacen frente
a acusaciones judiciales, otros dos permanecen pese a haber sido ya condenados.
La lista de imputados de la Xunta comenzó a hacerse demasiado larga este verano, cuando la
juez que impulsó la Operación Campeón implicó a tres altos cargos de la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Los imputados de la Consellería de Medio Ambiente, que
dirige Agustín Hernández, son la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y los
subdirectores de Planificación, Antonio López Blanco, y Estradas, Mateo Maigler. Con ellos
hacen cinco los altos cargos de la Xunta imputados en la presunta trama de obtención fraudulenta
de subvenciones y préstamos públicos a través del Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape).
Feijóo y Hernández apostaron por la continuidad de los tres implicados de Medio Ambiente, y
los llamamientos a la "regeneración democrática" que predicaba el primero en vísperas
electorales se ha convertido en apelaciones al "máximo respeto a la presunción de inocencia", en
palabras del conselleiro. Feijóo aún no ha dado explicaciones por la imputación de estos tres
altos cargos.
A los dos responsables del Igape imputados -su director general, Joaquín Varela, y su subdirector
de Información Especializada, Carlos Silva Liste-, el presidente de la Xunta decidió "apartarlos
de sus funciones". Varela tiene, en efecto, "suspendidas" las funciones, pero no dimitió ni fue
destituido, y puede reincorporarse en cualquier momento al Igape. Silva fue recompensado con
un ascenso de categoría.
Tráfico de influencias
Parecida tolerancia mantiene Feijóo con los dos imputados por abuso de poder en la
investigación a Unións Agrarias. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la
Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e
Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero. Ambos
lideraron la investigación a una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar
por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales". Los dos siguen
en sus cargos, mientras la titular del juzgado número 1 de Santiago, que les imputa prevaricación
administrativa, en su modalidad de desvío de poder, continúa con su investigación.
Otros dos imputados son los dos jefes de servicio de la sociedad pública Sogama a los que el juez
atribuye un supuesto delito de tráfico de influencias. El responsable del área técnica de la
sociedad pública, Ramón Pérez Mariño, y el jefe de transferencia y transporte, Ángel Javier
Costal Vázquez, intentaron influir presuntamente en varios procesos de contratación, de acuerdo
con la investigación judicial. La reacción de la Xunta ha sido apartarlos de los procesos de
adjudicación, manteniendo el resto de sus atribuciones y, por su puesto, su sueldo íntegro.
Hasta su destitución del ya expresidente de Portos de Galicia, que Feijóo atribuyó a su deseo de
trabajar para la Diputación de A Coruña, completaba la nómina de los implicados de la Xunta
José Manuel Álvarez-Campana, acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y
urbanística por aprobar una declaración ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo
(Ribadeo), cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último
Gobierno de Manuel Fraga.
Además de los 10 imputados, siguen en sus funciones los dos cargos de la Xunta ya condenados
judicialmente. Se trata del superdelegado del Gobierno gallego en Ourense, Rogelio Martínez, y
de la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díez López. El primero fue
condenado en firme 2009 por la Audiencia Nacional a devolver el importe de obras
"inexistentes" realizadas con fondos comunitarios. También está imputado penalmente por este
mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de
Arnoia. La directora de Formación fue condenada por un juzgado de Ferrol por despido
improcedente.
FEIJÓO ENSEÑA EL CAMINO AL PP
El presidente gallego ya denunció en 2009 un agujero que haría peligrar las nóminas, pero nunca
se dejaron de cobrar
La hecatombe de las cuentas públicas que augura ahora el PP en las comunidades que debe
gobernar ya la pregonó hace más de dos años en Galicia Alberto Núñez Feijóo. Tampoco las
alusiones de los dirigentes populares a los coches oficiales, el supuesto lujo y el dispendio con
que viven las Administraciones socialistas tienen nada de originales. En vísperas de las
autonómicas gallegas, en 2009, Núñez Feijóo desató una campaña para acusar de despilfarro al
expresidente socialista Emilio Pérez Touriño, basada en la compra de un Audi A8 blindado,
similar a los dos que tenía Fraga y a los que trasladaban por entonces a Gallardón, Camps y Rita
Barberá.
Nada más llegar al poder, Feijóo se deshizo de la berlina de su antecesor por un tercio de lo que
había costado y enajenó otros 17 audis comprados por Fraga. Al poco de tomar posesión, se
subió a un Citroën sin blindar y un mes después ya ensayaba un discurso nuevo: el de los
agujeros en el Presupuesto, la herencia envenenada que, según sus términos, le había legado el
bipartito de PSOE y BNG. Feijóo tomó posesión el 18 de abril y el 8 de mayo de ese año ya
había detectado una falla de 600 millones de euros en las cuentas. Según explicó ese día en una
entrevista en Onda Cero, la falta de fondos hacía peligrar "la paga de trienios al personal
facultativo, las guardias médicas, el gasto farmacéutico e, incluso, una campaña contraincendios
razonable".
Nada de eso llegó a suceder, pese a que los cálculos del presidente pronto elevaron el presunto
agujero hasta 1.200 millones de euros. Al cierre de 2009 Feijóo lo cifraba ya en 2.550 millones.
Computaba así los fondos que la Xunta deberá devolver al Estado en los próximos cuatro años
por el dinero que recibió entre 2008 y 2009 tras una previsión de impuestos que no contó con la
crisis. De ese supuesto desfase de 2.500 milones, 1.950 corresponden al ejercicio de 2009 que el
propio Feijóo gestionó entre abril y diciembre de ese año.
La última queja del presidente gallego tiene que ver con el fondo de cooperación, 243 millones
que el Gobierno central incluyó en el nuevo modelo de financiación pero que no pagará a las
comunidades hasta 2013. La nueva Xunta del PP hizo entonces lo que reprochaba a sus
antecesores y, pese a todo, incluyó la partida en el Presupuesto para seguir cargando contra
Zapatero y Touriño como culpables de los recortes. Entretanto, el cacareado plan de austeridad
del PP ha suprimido 42 entes administrativos, la mayoría creados por Fraga, hasta ahorrar, según
sus datos, 20 millones. Galicia es junto a Madrid la única comunidad que ha cumplido desde
2009 con los objetivos de déficit presupuestario e incluso cerró el último trimestre con superávit.
Y a pesar de los agujeros, los médicos, los bomberos y las farmacias han seguido cobrando.
DETENIDOS EL DIRECTOR Y EL SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DE CRÉDITO DE LA
XUNTA
Agentes de Aduanas arrestan a ocho personas imputadas por delito fiscal y cohecho
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron en Santiago de Compostela al director
general del Instituto Galego de Promoción Económica, Joaquín Varela de Limia Cominges, y al
subdirector de Información Especializada de este organismo, Carlos Silva Liste. Las detenciones
se produjeron en el marco de una investigación relacionada con el blanqueo de dinero, que dirige
la juez Estela Sanjosé, titular del Juzgado número 3 de Lugo. Este instituto de crédito,
dependiente de la Xunta, se encarga de repartir ayudas públicas a empresas.
Los altos cargos están acusados de asesorar a los autores del fraude
El Servicio de Vigilancia Aduanera registró también las sedes de dos empresas en el polígono
lucense de O Ceao, la farmacéutica Nupel y la consultora fiscal Proitec, encargada de tramitar las
ayudas públicas al laboratorio. El dispositivo policial concluyó con la detención de 15 personas
con imputaciones por fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, blanqueo de
capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal, entre ellas el dueño de la primera de estas
compañías, Jorge Dorribo, y una médico a la que se le imputa un delito de alzamiento de bienes
y que ayer por la tarde se encontraba arrestada en la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo.
Once agentes de Aduanas se presentaron en la sede compostelana del Igape a primera hora de la
mañana y aguardaron la llegada del director y el subdirector. El primero en acudir a su puesto de
trabajo fue Joaquín Varela de Limia, y los agentes se encerraron con él en su despacho. Uno de
ellos, sin embargo, quedó fuera a la espera del otro responsable del organismo, Carlos Silva, que
fue llevado a otro despacho. El objetivo era que no se pudiesen comunicar en ningún momento
los dos jefes del Igape. Después de una larga mañana en la que los vigilantes de Aduanas
requirieron numerosa información y realizaron abundantes fotocopias, Varela y Silva
abandonaron con los agentes en torno a las dos de la tarde la sede del Igape en Santiago y se
dirigieron a Lugo.
La Consejería de Economía e Industria confirmó la noticia ayer por la tarde a través de un
comunicado en el que informaba de que los agentes de Aduanas solicitaron datos sobre "una
veintena de empresas", aunque "solo había expedientes de tres de ellas". La Xunta se ofreció,
según la nota de prensa, a colaborar con la Agencia Tributaria, de la que depende Vigilancia
Aduanera, para que "se investigue sin límites". Además, la consejería "defiende la presunción de
inocencia" del director y el subdirector puestos a disposición judicial.
El director del Igape, Joaquín Varela de Limia Cominges, no tenía experiencia en el sector
público hasta que llegó a este organismo. Licenciado en Económicas y máster por la Escuela de
Negocios Caixanova, el vigués desarrolló su carrera en la consultora PriceWaterhouse Cooper.
Por su parte, Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica lucense Nupel, es uno de los
empresarios más influyentes de Lugo, hecho a sí mismo desde la nada, que llegó a exportar sus
medicamentos en una treintena de países, a inaugurar un centro de distribución en Abu Dabi y a
patrocinar su propio equipo de ralies. Últimamente, la empresa, que recibió varias ayudas de la
Xunta, la última para una planta de envasado unidosis en Rábade (Lugo), atravesaba una
situación económica difícil.
La titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, es responsable de varias
investigaciones de gran calado, como una que relacionó a varios políticos con un caso de tráfico
de influencias en Castro de Rei y otra sobre la retirada masiva de multas en Lugo a cargo de los
agentes.
EL EMPRESARIO DETENIDO LOGRÓ DEL IGAPE CUATRO MILLONES DESDE
DICIEMBRE
La Xunta anuncia una investigación interna sobre el instituto de crédito
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, ordenó anoche el ingreso
en prisión del empresario Jorge Dorribo, unos de los principales implicados en la trama que
presuntamente defraudaba ayudas de la Xunta. La juez tomará hoy declaración al director del
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el organismo que canaliza ayudas y
préstamos a empresas de la Xunta, Joaquín Varela Cominges, y a Carlos Silva, subdirector de
Información Especializada de ese organismo. Ambos continuaron ayer incomunicados en los
calabozos de las dependencias policiales después de que el martes fuesen detenidos en la sede
del instituto dependiente de la Consellería de Economía. Además de diversa documentación (que
incluye los expedientes de concesión de casi cuatro millones de euros, en préstamos y ayudas,
durante los últimos seis meses, a empresas de Dorribo), la policía se incautó de los ordenadores
personales.
El empresario Jorge Dorribo fue interrogado durante cuatro horas
Fuentes del PP mostraron malestar por cómo trata la juez a los directivos
Dorribo fue conducido a la prisión provincial de Bonxe, pasadas las diez de la noche, tras
declarar ante la juez. Otros cuatro presuntos implicados en la Operación Campeón quedaron en
libertad. Entre ellos se encuentra la esposa de Dorribo y dos empleadas de su empresa, la
farmacéutica Nupel. La operación, en la que intervienen 30 agentes de Vigilancia Aduanera,
halló indicios de que los 15 detenidos el martes podrían haber cometido delitos de fraude en
subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y
fraude fiscal. Las cuentas bancarias de 14 de ellos han sido intervenidas y la policía tiene en su
poder grabaciones de conversaciones telefónicas entre los implicados.
Los agentes del organismo desplazados desde Madrid seguirán en Galicia por lo menos hasta
este viernes, por lo que no se descartan más detenciones y registros. A los cargos de la Xunta se
les atribuye el supuesto asesoramiento para montar la trama que permitiese a Dorribo obtener
cuantiosas ayudas públicas.
En los últimos seis meses, la empresa farmacéutica Nupel, sobre la que se centran todos los
focos, tuvo suerte con sus solicitudes ante el Igape. En marzo el organismo publicó la concesión
a fondo perdido de 992.942,55 euros para un proyecto de inversión de la firma centrado en una
planta de medicamentos en Rábade (Lugo). El Igape dio luz verde a la operación pese a que ya
se encontraba en una situación económica delicada. Unos meses antes, en diciembre, consiguió
del mismo organismo un préstamo en condiciones muy favorables (euribor más el 0,5%) de
2.956.000 euros financiado con fondos del Banco Europeo de Inversiones. Otra de las empresas
de la supuesta trama, la consultora Proitec -que asesoraba a empresas para lograr ayudas
públicas- había recibido en 2009 subvenciones a fondo perdido de menor cuantía.
Fuentes del Igape aseguraron ayer que la orden de resolución por las que se otorgaron las
subvenciones fue "perfectamente correcta". Aun así, la Consellería de Industria quiso dejar clara
su voluntad de cooperación y anunció que ha solicitado a otro departamento, el de Presidencia,
que compruebe los expedientes vinculados con la investigación. La Consellería que dirige Javier
Guerra pidió que actúe la unidad especializada de la Dirección Xeral de Avaliaciónn
Administrativa. En un comunicado -Guerra no compareció ante los medios y su departamento
remitió a la intervención en el Parlamento del presidente, Alberto Núñez Feijóo-, Economía
insiste en la presunción de inocencia de los altos cargos y en su voluntad de arrojar al caso "la
mayor transparencia".
Ante el revuelo mediático que ha levantado la Operación Campeón, fuentes del PP y los
abogados de varios detenidos mostraron ayer su malestar por los pasos que está dando la juez
Estela Sanjosé, que ya ha dirigido otras operaciones de gran repercusión pública. "No se entiende
el motivo de que [Joaquín Varela] lleve dos días detenido y no le dejen ni comunicarse con su
familia", señalaron esas fuentes, "sobre todo teniendo en cuenta que es un ejecutivo respetado,
que le han registrado el despacho y que no hay riesgo de fuga".
FEIJÓO: "A MÍ ME LLEGAN LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE ME DAN LOS VOTOS"
El presidente gallego mantiene a los dos cargos detenidos
Tras ver cómo el director y otro alto cargo del instituto económico de la Xunta dormían en los
calabozos, acusados de esta implicados en graves delitos económicos, el presidente gallego,
Alberto Núñez Feijóo, hizo ayer en el Parlamento una defensa cerrada de los dos directivos. Pese
a la insistencia de la oposición en reclamar ceses, Feijóo pidió tiempo para decidir sobre los
arrestados -todavía no han declarado- en la Operación Campeón, que persigue a una presunta red
para captar subvenciones, y a la que la juez le atribuye delitos de fraude, falsedad documental,
alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Los investigadores sospechan que los altos cargos
asesoraban a un empresario, también detenido, que logró un crédito de cuatro millones de la
Xunta. Feijóo apeló a su victoria en las municipales del 22-M para ganar tiempo. "A mí me
llegan los principios éticos que me dan los votos", zanjó el debate.
PRESIDENCIA NO INVESTIGA EL 'CASO ORQUESTA' Y RUEDA RECHAZA
"LECCIONES DE MORALIDAD"
Justo después de la bronca por el caso Campeón, llegó al hemiciclo la Operación Orquesta, por la
que están imputados los alcaldes de Cee, el independiente Manuel Vigo, y los populares de
Fisterra, Manuel Traba, y de Mazaricos, Juan Manuel Santos, (que el domingo revalidaron sus
mayorías absolutas). La pregunta la formuló el Bloque y pretendía conocer las actuaciones que la
Xunta ha llevado a cabo en este caso, que ha puesto al descubierto gestiones del alcalde de
Fisterra ante la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, para que emplease a una familiar de un
constructor también detenido en la trama, e incluso las subvenciones de Cultura que recibió una
asociación para lanzar políticamente al candidato del PP de Corcubión.
Con todo eso, prometió ponerse Feijóo cuando se conocieran los detalles del sumario. Y el
portavoz parlamentario del BNG quiso saber cómo iban las gestiones del Gobierno gallego. No
obtuvo respuesta. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien sí mandó a los
investigadores de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa a fiscalizar 13
entidades denunciadas por él mismo desde la sede del PP, invocó esta vez la presunción de
inocencia. E incluso acusó a Aymerich de actuar con "parcialidad". Luego el conselleiro subrayó
su defensa del "derecho a la presunción de inocencia, la colaboración máxima con los órganos
judiciales, investigación a tope y la contundencia siempre que sea posible". No detalló qué
gestiones concretas ha realizado su departamento, si es que ha hecho alguna.
Y cuando escuchó el ataque del Bloque a la inclusión de los alcaldes imputados en las listas,
Rueda recuperó un episodio del sumario en el que uno de los imputados contaba a otro que
determinado alcalde nacionalista [del que Rueda no citó nombre ni localidad] "solía meter el
cazo para venderse al mejor ofertante".
Ese pasaje, del que Rueda no dio más datos -en el caso Orquesta no hay imputado ningún regidor
del BNG- sirvió al conselleiro para subrayar que no acepta "lecciones de moralidad". Aymerich
siguió preguntando por qué Portos de Galicia, según aparece en el sumario, permitía al
constructor imputado ver el resto de ofertas para mejorarlas y hacerse con los contratos, pero no
recibió respuestas.
FEIJÓO EVITA ACLARAR EN EL PARLAMENTO EL CASO DEL AGENTE ELECTORAL
DE BALTAR
El presidente implica a Vázquez en el 'caso Orquesta' en un bronco debate
Como si uno viviese en Marte y el otro en Venus, Feijóo y Pachi Vázquez disputaron ayer un
duelo ininteligible en la sesión de control al Gobierno, en la que el presidente de la Xunta pasó
por alto las acusaciones más graves del líder del PSdeG y contraatacó con munición de calibre
tan grueso como vincular a Vázquez con la Operación Orquesta. Pese a la insistencia del
socialista, Alberto Núñez Feijóo obvió el caso del agente electoral confeso de la Diputación de
Ourense, pagado por esta institución para buscar votos en Argentina para el PP en las
municipales de 2007. Su presidente, José Luis Baltar, no lo negó. Feijóo optó por el silencio.
El líder del PSdeG tacha a Feijóo de "presidente del transfuguismo"
A medida que se acercan las municipales, las sesiones de control del Parlamento ganan en
tensión pleno a pleno. La pregunta de Vázquez iba sobre el "incumplimiento del programa
electoral" del PP. En ese documento, la regeneración democrática tenía especial protagonismo,
pero la pasividad de ese partido con sus alcaldes imputados en el caso Orquesta, el fichaje de
tránsfugas y los últimos escándalos que afectan a la Diputación ourensana desmienten esa
promesa, acusó Vázquez.
En su primera respuesta, Feijóo no se apeó del guión que llevaba escrito, un resumen de lo que
consideró los logros de su Gobierno. Vázquez replicó con su versión particular de esos dos años:
"Más paro, menos servicios públicos, paralización de grandes infraestructuras y degeneración,
que no regeneración democrática". En algo sí le reconoció como "el mejor": "En comprar
voluntades es usted el presidente del transfuguismo de Galicia". Y como Feijóo no entró en el
caso del agente electoral, Vázquez insistió: "Lo que es ilegal es coger dinero de la Diputación de
Ourense". Y ya que el empleado de Baltar asegura que Feijóo estaba informado de sus
actividades en América, le preguntó por qué no acudió a la justicia.
Fue en su segundo turno cuando Feijóo contraatacó con la Operación Orquesta, por el que están
imputados dos alcaldes del PP y otro independiente de la Costa da Morte por presunta
prevaricación y cohecho en contrataciones municipales. "En la Operación Orquesta hay cosas
que se van a saber. Por ejemplo, su nombre aparece en el sumario y el mío no", acusó. Según
desveló después el PSdeG, la cita es una conversación del empresario Daniel Ogando con el
alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, en el que este se excusa de no poder acudir a una
cita por tener una entrevista con Pachi Vázquez. Esa entrevista fue en el Parlamento con la
directiva de la Asociación Neria, de ayuntamientos de la zona, y de la Federación de
Empresarios de la Costa da Morte. Feijóo también afirmó que un alcalde imputado acusó a "un
ministro" de amenazarle si no iba en la lista del PSdeG. Tras el pleno, los socialistas exigieron
disculpas a Feijóo por su "terrorismo político e informativo".
Las insinuaciones de Feijóo calentaron los ánimos en los bancos de la oposición, que estallaron
cuando atacó a los concejales de los gobiernos municipales bipartitos por "vivir exclusivamente
de sus ayuntamientos". Diputados del PSdeG interrumpieron al presidente con gritos de "¿Y tú
de qué vives?" o "¡Fuera el populismo!". Feijóo cerró el turno con una propuesta de "acuerdo por
la regeneración democrática".
Previamente, Feijóo provocó las carcajadas de la oposición cuando, en respuesta a la pregunta
del nacionalista Carlos Aymerich sobre la evolución del desempleo, presumió de presidir "la
comunidad pluriprovincial del régimen general con menos paro de España". El presidente alertó,
no obstante, que "es difícil crear empleo con un Gobierno interino" en España, y afirmó que las
dos ciudades con más paro son Vigo y Pontevedra, "gobernadas por el PSOE y el BNG".
LA DIPUTACIÓN OURENSANA ADMITE QUE PERMITIÓ AL AGENTE DEL PP IR A
AMÉRICA
José Vázquez asegura que informó por carta a Feijóo de su misión en Argentina
Alberto Núñez Feijóo "estaba al corriente" de que el exempleado de José Luis Baltar en la
Diputación que asegura haber actuado como agente electoral para el PP en Argentina cobrando
de la institución provincial, iba a denunciar públicamente estos hechos. José Vázquez, conocido
entre los populares ourensanos como El Argentino, asegura que envió hace dos meses una carta
al presidente de la Xunta y del PP informándole de la denuncia que ayer publicó este periódico.
"El presidente me contestó por un emisario diciendo que él no respondía por la Diputación, que
eso era cosa de Ourense". Y optó por hacerlo público.
El presidente provincial culpa del caso a la "buena fe" de un funcionario
José Luis Baltar: "Les das un bocadillo y te muerden la mano"
Baltar se mostró ayer muy ofendido con su antiguo empleado -"le das un bocadillo y te muerde
la mano", dijo- y no fue capaz de desmentirlo, aunque negó su participación. Una hora antes,
Alfonso Rueda echaba balones fuera contestando a los periodistas que "debe ser la Diputación de
Ourense quien explique" los hechos denunciados. "No hago valoraciones sobre las noticias de la
prensa", afirmó.
Pero Baltar ya se había explicado ante sus superiores del PP de Galicia. "Hablé esta mañana con
Santiago y ya les dije que íbamos a abrir un expediente informativo para ver si hubo alguna
responsabilidad" de la Diputación, aunque él cree que "se actuó bien". Los servicios jurídicos de
la institución estudian la "reclamarle" a El Argentino "las mensualidades que cobró" del
organismo público durante su estancia como agente electoral en Buenos Aires.
El barón del PP de Ourense reconoció que el entonces empleado de la Diputación se había ido a
Argentina los tres meses previos a las municipales de 2007 -regresó un día antes de la cita
electoral- con la "autorización de su jefe superior". Baltar intentó quedarse al margen del
supuesto fraude señalando que su protegido "abusó de la buena fe" del funcionario jefe: "Le
engañó diciéndole que tenía mi autorización para irse".
Pero mientras Baltar sostiene que, "la Diputación no llegó a enterarse" de que Vázquez se había
ausentado los tres meses preelectorales de su puesto de trabajo, El Argentino asegura que tiene
las facturas de sus llamadas desde Buenos Aires a José Manuel Baltar Blanco -entonces
responsable de organización del PP de Ourense, que presidía su padre- y a Jorge Pumar, uno de
los dirigente que Vázquez asegura que le pidió, junto con el alcalde de Melón, Alberto Pardellas,
que "les trajera votos de allá".
En el relato de su versión de los hechos, el presidente de la Diputación detalló el criterio que
utilizó para contratar a Vázquez en 2002 cuando éste llegó a España, arruinado, desde Argentina.
"Pese a que nadie me pidió por él ni era de mi familia", dijo, lo contrató "porque no tenía ni para
comer".
Ayer, el barón del PP reconoció que se siente decepcionado con su antiguo protegido. "Es una
persona a la que ayudas y te saltas a la torera determinadas cosas". Y añadió: "Hay rumores de
que ha dicho que me quería ver tirado por la calle y de que pidió dinero, aunque parece que no se
lo dieron".
El PSdeG no tardó en reaccionar. Su líder, Pachi Vázquez, tildó de "muy graves" las acusaciones
y demandó que sean desmentidas por el PP y Feijóo, a la vista de la documentación aportada.
Además, reclamó la intervención de la fiscalía en caso de que las denuncias "tengan visos de
realidad".
"FUI AGENTE ELECTORAL DEL PP PAGADO POR LA DIPUTACIÓN DE OURENSE"
Un excontratado por Baltar asegura que recabó votos en Argentina en las pasadas municipales
mientras cobraba una nómina del organismo provincial- Su pasaporte acredita que estaba en
Argentina mientras cobraba de la Diputación
José Vázquez, empleado a dedo por Baltar en la Diputación durante cinco años, asegura que
ejerció como "agente electoral para el PP" en Argentina durante los tres meses previos a las
municipales de 2007. "Fui agente electoral del PP pagado por la Diputación de Ourense", afirma.
Vázquez, ourensano emigrado a Buenos Aires con sus padres cuando apenas era un niño, recaló
en Madrid en 2000. Estaba arruinado. Tras dos años de penurias se le "ocurrió" pedirle cita, para
hacerse con un empleo, al presidente de la Diputación de Ourense, quien no se lo pensó. A los
dos meses de formularle su petición, El Argentino, como lo llaman en el PP provincial, tenía un
trabajo de legoeiro -vigilante de obras de infraestructuras- en la institución provincial.
José Vázquez sostiene que logró 152 sufragios para el alcalde de Melón
"Sigo militando en el PP pero les devuelvo el recibo todos los meses"
Era un contrato temporal y renovable, como el de cientos de ourensanos a quienes el barón del
PP suele recompensar en la institución que preside su trabajo político, según se han hartado de
denunciar los grupos de oposición, PSOE y BNG. Con Vázquez, Baltar hizo al revés. Primero lo
contrató "altruístamente" -"por lo que le quedé muy agradecido"- y después le "reclamó el favor
político".
En 2007, Alberto Pardellas, alcalde de Melón -condenado ahora a ocho años de inhabilitación
por prevaricación- se entrevistó con él. "Me encomendó que me fuera a Buenos Aires a trabajar
el voto de los emigrantes para su ayuntamiento y para los de Ribadavia, O Carballiño, Carballeda
de Avia y Ourense", gobernados estos últimos por el PSOE o por bipartitos.
La reunión se celebró a comienzos de marzo de aquel año. Vázquez sostiene que acompañaban a
Pardellas el exalcalde popular de Ribadavia José Luis Pérez Iglesias, el portavoz del PP en
Carballeda de Avia, Lorenzo González, además del exconcejal ourensano, del círculo más intimo
de José Manuel Baltar Blanco, Jorge Pumar. "Le dije a Pardellas que cómo iba a irme a
Argentina y dejar el empleo. Solo me quedaban 15 días de vacaciones. Pero él me advirtió de
que eso quedaba por su cuenta".
Inmediatamente Vázquez recibió "un llamada de Baltar". "Me dijo que hablara con el jefe de
Personal de la Diputación, José Luis Suárez", hijo del alcalde baltarista de Monterrei, quien le
dijo que "estaba todo en orden". Vázquez viajó entonces a Argentina, donde permaneció -según
consta en su visado de entrada y salida de ese país- durante tres meses.Según el listado de
nóminas que aporta, durante ese trimestre de trabajo como "agente electoral del PP" siguió
cobrando el sueldo de la institución provincial por su empleo de legoeiro mientras acudía "puerta
por puerta" a pedir el voto a los ourensanos afincados en Argentina, fundamentalmente en
Buenos Aires: "Además el PP me ingresaba un extra y, cuando me fui de Ourense, me dieron
dinero en mano para los gastos".
El exempleado de la Diputación explica cómo trabajó el voto "visitando casa por casa":
"También hice algunas llamadas telefónicas desde la sede del PP en la calle San José". Asegura
que aportó a la victoria de Pardellas en Melón 152 votos de Argentina. Para el PP de Bande, el
concejal Enrique Badás -con residencia en Buenos Aires: no acude a las sesiones plenarias del
municipio ourensano- aportó "sobre 400 votos".
Pardellas visitó a Vázquez en Buenos Aires. El entonces candidato a la alcaldía de Melón
organizó en la capital argentina comidas multitudinarias con los emigrantes de su pueblo, a
quienes entregaba un diploma de asistencia al evento con la leyenda "I Xuntaza de Melón en
Argentina" y con los que se fotografiaba. "Las comidas las pagaba el PP; eso sí, no sé con qué
dinero", reconoce el exempleado de la Diputación.
El agradecido baltarista que era José Vázquez se convirtió en un decepcionado con los métodos
del presidente de la Diputación en cuanto, según asegura, este "rompió su promesa" de renovarle
el contrato que le garantizara la jubilación. La ruptura se produjo en enero de 2010 cuando, en el
congreso provincial, José Manuel Baltar Blanco, el hijo del presidente provincial saliente, venció
al candidato arropado por Rajoy y Feijóo, el alcalde de Verín Juan Manuel Jiménez Morán.
En ese momento "Baltar prescindió de mis servicios y no me renovó el contrato", sostiene,
dolido, El Argentino quien, tras agotar las percepciones de desempleo asegura que vive, sin
ingresos, en una casa de Cáritas: "Sigo militando en el PP, pero me tomo el gusto de devolverles
el recibo todos los meses".
José Vázquez salió de Ourense el 16 de marzo de 2007 rumbo a Argentina y regresó, "con la
misión cumplida", el 24 de mayo. "Mi único trabajo allí era pedir el voto", sostiene. La
vinculación del legoeiro con la cúpula del PP fue estrecha. No solo Baltar le ofreció empleo de
inmediato, sino que Vázquez asegura que la pareja del actual presidente provincial, la
exparlamentaria María José Caldelas, ya le había mostrado la confianza del partido y de los
Baltar nombrándolo, apenas aterrizado en Ourense, "jefe de la carpa electoral del PP" de la calle
Paseo en las autonómicas de 2005. Durante su trimestre en Argentina, Vázquez vivió la
transformación de la histórica Casa de Hijos y Nietos de Bande en la Casa de Ourense en Buenos
Aires, una especie de sede duplicada del PP.
"Baltar padre me había prometido que trabajaría para su hijo cinco años más [los necesarios para
cobrar la jubilación] tras el congreso. Pero no cumplió y ahora no me llega para vivir porque no
tengo los 15 años cotizados", afirma. Un portavoz de la Diputación de Ourense confirmó ayer
que Vázquez ha trabajado de legoeiro en la institución, aunque afirmó que lo hizo hasta su
jubilación. El representante del organismo que preside Baltar añade que no le consta ninguna
"petición o autorización" a nombre de José Vázquez para que marchara durante tres meses a
Argentina a trabajar el voto emigrante.
FEIJÓO RESPALDA A LOS IMPUTADOS DEL 'CASO ORQUESTA'
El líder del PP descarta "prejuicios y precipitaciones" con sus alcaldes
A poco más de un mes de las elecciones, Feijóo pide justo lo que no tiene antes de tomar una
decisión sobre los alcaldes del PP imputados en la Operación Orquesta: tiempo. "Tenemos que
conocer ese sumario y conocerlo todo, absolutamente todo", contestó ayer el presidente de la
Xunta y del PP, a la pregunta de si es partidario de que los regidores de Fisterra y Mazaricos,
imputados por el juez, vuelvan a ser candidatos. El "todo" al que se refería son regidores de otros
partidos que Feijóo considera "señalados" en el sumario, ya que aparecen citados en
conversaciones intervenidas por la policía, pero sobre los que el juez no ha encontrado indicios
para imputarlos.
El presidente deja en manos del grupo popular la comisión de la 'trama agraria'
Pide explicaciones al PP de A Coruña por el intento de soborno en Arzúa
El presidente gallego no descartó actuar contra sus dos alcaldes, pero las imputaciones judiciales
-prevaricación, cohecho y tráfico de influencias- no le parecen material suficiente para que el PP
los aparte ya de las candidaturas. Para explicarlo, apeló Feijóo a la necesidad de actuar de forma
"contundente y consecuente", lo que en su opinión "está reñido con cualquier prejuicio o
precipitación". De alguna manera, la decisión que tome el Partido Popular estará vinculada a lo
que Feijóo espera que ocurra con otros cargos públicos, a pesar de que los dos alcaldes del PP y
el de Cee, independiente, son los únicos regidores imputados por el juez. "Vamos a conocer la
investigación sin límites, a cuántos alcaldes afecta, qué se les imputa, cuál es la graduación de las
imputaciones y conocer con amplitud todo el sumario", añadió.
Preguntado sobre si lo conocido -las imputaciones y la totalidad del sumario- no es suficiente,
Feijóo respondió: "No sé exactamente qué es lo que se conoce, porque el sumario, que nosotros
sepamos, no lo conocen las partes ni sus abogados en su totalidad". El presidente añadió que,
"por lo leído en los medios de comunicación", resulta "muy sorprendente" que solo estén
imputados los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos.
Algo más contundente se mostró respecto a la posibilidad de investigar la implicación de
funcionarios y cargos públicos de la Xunta en la presunta tramitación irregular de subvenciones,
que también aparecen en los autos judiciales. Será, eso sí, cuando el Gobierno gallego tenga "ese
sumario por capítulos" de la Operación Orquesta. En ese momento, y no antes, "será investigado
en el ámbito de la Administración autonómica y será clarificado".
"Espero que nadie lo considere un abuso de poder", ironizó, en alusión a las acusaciones de la
oposición sobre la investigación de la Xunta a Unións Agrarias, por la que el juez imputa a dos
directores generales del Gobierno gallego por presunta desviación de poder. A diferencia de la
demora de la investigación sobre el caso Orquesta, la Xunta tardó solo una semana en irrumpir
en las sedes de las asociaciones vinculadas a Unións Agrarias desde que el PP denunció en una
rueda de prensa las presuntas irregularidades.
Lo que no parece tan claro es que el PP vaya a impulsar en el Parlamento la comisión de
investigación sobre lo que denomina "trama agraria", esto es, el supuesto desvío al PSdeG de
fondos a través de subvenciones a asociaciones afines a Unións Agrarias. Tras el ofrecimiento de
retirar la solicitud de investigación si los socialistas no insisten en su denuncia de "abuso de
poder" de la Xunta, un trato ya rechazado por el PSdeG, Feijóo dejó en manos de "la autonomía"
del grupo parlamentario el impulsar o no la comisión.
El presidente fue preguntado en tres ocasiones sobre sus intenciones de abrir la comisión, ya
solicitada formalmente por el PP en el Parlamento. Prefirió criticar la actitud del PSdeG el
miércoles en la Cámara. "No sé si le molesta que se investigue o por qué teme que un Gobierno
ejerza sus funciones", afirmó, en referencia a la investigación de la Xunta, que consideró "un
cumplimiento estricto de las normas", y no un "abuso de poder". No fue hasta la tercera pregunta
cuando aclaró que la decisión queda en manos del grupo popular, que él preside.
Sobre Baltar: "Cada uno responde de lo que hace"
Alberto Núñez Feijóo arrojó ayer la toalla sobre la posibilidad de echarle el lazo a la política de
personal del presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Preguntado por los
últimos casos de enchufismo en la institución provincial, el titular de la Xunta decidió
desentenderse. "Cada cual es responsable de lo que haga", respondió.
La frase vino precedida de un alegato en defensa de las competencias que le corresponden a cada
Administración. La Xunta "ejecutará" las que le son propias en cuestiones que afecten a la
Administración local, pero no consideró que competan a su Gobierno las de "personal y
contratación" de ayuntamientos y diputaciones.
"Lo que hace el Gobierno gallego será el Gobierno gallego el que deba responder en todos los
ámbitos, y cada administración pública deberá ser responsable de lo que hace en materia de
personal y contratación", manifestó. Los periodistas insistieron. ¿Cree entonces que no hay
mecanismos para controlar la situación? Feijóo no se salió del carril. "Cada uno es responsable
de lo que hace, y la Xunta es responsable de lo que hace, de lo cual yo doy cuenta diariamente, y
al resto de administraciones públicas le toca dar cuenta a sus órganos de gobierno".
Pese a esta declaración, la Consellería de Presidencia explicó ayer que dentro de los 147
requerimientos enviados a las administraciones locales contra las bases de oposiciones, 14
corresponden a las diputaciones provinciales. La intervención de la Xunta se limita a la fase
previa, ya que que los representantes del Gobierno gallego no participan en los tribunales de las
instituciones provinciales. Entre la última remesa de aprobados por al Diputación de Ourense no
figura el hijo del número 13 de la lista del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Aurelio Gómez,
en contra de lo que publicó este periódico. El resto de los citados en la misma noticia sí
aprobaron.
Feijóo, por otra parte, pidió una aclaración al PP de A Coruña sobre el intento de soborno del
candidato popular al alcalde de Arzúa, aunque advirtió que no lo considera probado. El caso le
pareció "suficientemente grave" para que la dirección provincial del partido "lo analice en
profundidad".
EL BNG Y EL PSOE PIDEN CUENTAS A FEIJÓO POR LA FOTO DE RAJOY EN EL
BARCO DE UN CLAN DE LA DROGA
El BNG y el PSOE gallego han pedido explicaciones en el Parlamento gallego al Partido Popular
por la foto en la que su líder aparece en el barco Moropa, propiedad de un narcotraficante.
"Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún esperan explicaciones
por ese turbio asunto”, afirmó el diputado socialista José Luis Méndez Romeu.
En un pleno, este martes, en el que se debatía el plan eólico puesto en marcha por el gobierno del
popular Alberto Núñez Feijóo, tras una pregunta de la oposición, el conselleiro de Economía e
Industria, Javier Guerra, se defendió mostrando una foto del exvicepresidente de la Xunta Anxo
Quintana en un yate con el empresario Jacinto Rey, a quien en su momento el PP acusó de
favorecerle. Fue entonces cuando el diputado del BNG Enrique Viéitez mostró la portada del
diario Público, que reveló los hechos, donde aparece Rajoy en el yate de un narcotraficante.
Un turbio asunto
El parlamentario socialista José Luis Méndez Romeu también exigió al PP que se aclare por qué
Mariano Rajoy estaba en ese yate. “Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los
gallegos aún esperan explicaciones por ese turbio asunto”, afirmó.
La presidenta del Parlamento recrimina al nacionalista
La presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, reprochó al parlamentario gallego que mostrara
la portada de Público mientras estuvo en el estrado. “Un recordatorio antes de abandonar la
tribuna: puede usted mostrar cualquier tipo de papeles, pero en cualquier caso, que sepa, para
otra vez, que la tribuna no está para colocar ningún tipo de pósters”, precisó.
La visita de Rajoy a Cambados
El 19 de marzo de 2009, en vísperas de la campaña de las elecciones europeas, el PP gallego
organizó un acto en el que participó Mariano Rajoy, que incluyó una visita a la lonja de
Cambados (Pontevedra), donde fue invitado a subir a la embarcación Moropa, dispuesta para la
ocasión.
FEIJÓO, SOBRE BALTAR: "YO SOLO SOY RESPONSABLE DE LA XUNTA"
El presidente del PP gallego no se siente con autoridad para recriminar, ni aplaudir, la política de
contrataciones que el barón ourensano de su partido, José Luis Baltar, lleva a cabo en la
Diputación. Ayer, flanqueado por su representante institucional en Ourense -Rogelio Martínez,
condenado a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios,
imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación
de un tanatorio en su pueblo de Arnoia- y por el propio Baltar -a quien la fiscalía investiga por
las contrataciones de personal de la Diputación- Feijóo evitó poner la mano en el fuego por
ninguno de sus dos bastiones en la provincia.
"Yo no soy intérprete de nadie, solo soy responsable la Administración que presido", contestó
cuando los periodistas le preguntaron si respaldaba la política de contrataciones del presidente de
la Diputación y número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense, que contradice su
discurso sobre la contención del gasto: de los 74 millones de euros presupuestados, Baltar
consume 28 en el capítulo de Personal. "La Administración autonómica tiene que dar cuenta de
las políticas de personal que lleva a cabo y las otras administraciones, de las suyas", precisó
presidente de la Xunta y del PP de Galicia, ante Baltar.
Contención del gasto
Obviando el caso de la Diputación de Ourense, sobre el que insiste en no pronunciarse, Feijóo
considera que la política de contención del gasto que predica queda reflejada en el hecho de que
"Galicia es una de las cinco comunidades que cumple con los criterios de déficit público y una de
las dos, con Madrid, que en 2009 y 2010 cumplieron con el objetivo del déficit público".
No fue su única evasiva sobre la actuación de sus representantes en la provincia. El presidente
gallego dejó en manos de la justicia la cuestionada actuación institucional de su delegado en
Ourense, el ex alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez.
"Tengo absoluta confianza en la justicia", aseguró evitando poner la mano en el fuego por su
representante provincial. "En un Estado de derecho todos tenemos que ser responsables con la
ley. Todos", precisó, para argumentar a continuación que los responsables políticos tienen "que
lanzar un mensaje de independencia de la justicia y que ésta actúe con rigor y con todas las
consecuencias".
C.A GALICIA: FEIJÓO: "¿LA POLÍTICA DE PERSONAL DE BALTAR? AHORA ME VOY
A XINZO Y A CELANOVA"
El presidente presume junto a Baltar de "austeridad y contención del gasto"
A 82 días para las municipales, Feijóo abraza el baltarismo. "Se acabaron los tiempos de las
luchas internas", proclamó ayer en Ourense el presidente del PP de Galicia flanqueado por los
dos Baltar (padre e hijo) y por el aspirante a la alcaldía de la ciudad, el parlamentario Rosendo
Fernández, en la inauguración de la oficina del candidato. En el momento en el que arrecian las
críticas, y las denuncias judiciales, contra la gestión de la Diputación por parte del barón
ourensano, Feijóo lo redime con su presencia y su discurso.
Baltar Blanco carga contra el "despilfarro" de los gobiernos bipartitos
El líder del PP gallego proclama el fin de las "luchas internas" en Ourense
No fueron solo sus palabras. Los populares convocaron a los medios de comunicación a unos
100 metros del local en el que se iba a celebrar el acto para que levantaran acta del encuentro del
dirigente gallego con los presidentes del PP y de la Diputación. Los tres, acompañados por un
pequeño séquito, sonrieron para los fotógrafos, se estrecharon las manos y se dieron palmaditas
en la espalda mientras se dejaban ver paseando juntos por la céntrica calle del Paseo.
Ante el portal de la oficina del candidato, medio centenar de militantes baltaristas aclamaron al
aspirante, hombre de la máxima confianza de José Manuel Baltar Blanco, al grito de "alcalde,
alcalde, alcalde", mientras se acercaban a saludar al presidente provincial, a quien felicitaron por
su inminente paternidad. "Presidente, avísame cuando sea el mitin de Esgos", le pidió un
militante.
El presidente del PP gallego quedó prácticamente diluido en medio del baltarismo ourensano a
pie de calle. En la abarrotada oficina del candidato, Baltar Blanco arremetió contra los
"inoperantes y despilfarradores" gobiernos bipartitos y proclamó a Feijóo como "espejo" en el
que se habrá de mirar el "próximo alcalde del PP".
Feijóo le devolvió con creces el piropo. Felicitó al PP de Ourense por "abrir las puertas del
partido" y animó a los militantes allí presentes a "entrar en las casas" para anunciar el "cambio en
la gestión" municipal. Frente al "despilfarro de los socialistas", Feijóo propuso el modelo de
"austeridad y contención del gasto del PP".
Cuando, finalizado el acto, los periodistas le preguntaron si ese modelo de contener el gasto será
el de la política de contrataciones que lleva a cabo José Luis Baltar en la Diputación, Feijóo evitó
responder. "Con todos los respetos, estamos hablando de las elecciones municipales. Y ahora me
voy a Xinzo y después a Celanova", esquivó.
En la oficina del candidato, el presidente gallego había arremetido contra los bipartitos "que
gobiernan aunque pierden las elecciones" en contraposición al "democrático PP", que "se
compromete a gobernar solo si las gana". "Aquí no hay trampa ni cartón, nosotros no tenemos
compromisos con nadie", afirmó Feijóo en la provincia con más denuncias de enchufismo.
Cuando los periodistas le preguntaron si su partido incluirá a tránsfugas en las listas, acusó al
PSOE de haber roto el pacto anti-transfuguismo y despejó el camino para que cada junta local
del PP decida a quién incluye en las candidaturas "de acuerdo con nuestros estatutos".
Un candidato eclipsado por el aparato provincial
El candidato que inauguraba oficina es, pese a haber desempeñado casi todos los cargos
institucionales posibles en el PP, prácticamente un desconocido para la opinión pública
ourensana. El elevado protagonismo de los dos Baltar aniquila la proyección de este político de
discreto perfil que fue alcalde de A Merca, subdelegado del Gobierno y parlamentario
autonómico.
Feijóo se arrima al baltarismo en un momento en el que las encuestas realizadas por el propio PP
le dan una pérdida de tres concejales en la ciudad, dejando al partido a cuatro escaños de la
mayoría absoluta. Ourense sería la excepción al previsible crecimiento del PP en el resto de las
ciudades gallegas.
El candidato no ayuda. Lo reconocen baltaristas y oficialistas, que destacan su bonhomía. La
crispación interna desatada por el nuevo líder provincial -Baltar hijo, que ha laminado en la
ciudad al sector crítico- tampoco. Rosendo Fernández pasa desapercibido en los actos que
celebra, cuyo verdadero protagonista es el presidente provincial, Baltar Blanco.
Ayer Baltar Blanco dio cuenta ante su militancia de la labor que realiza el candidato. "Lleva
trabajando muchos meses en todos los barrios y distritos, fue recibido por el presidente de la
Diputación y por el del PP nacional, con quien estuvimos hace unas semanas", enumeró Baltar
Blanco los logros de su hombre de confianza y apuesta personal frente al más conocido y
valorado por sus votantes -según la encuesta del propio partido- el portavoz municipal del PP y
ex alcalde, Enrique Poly Nóvoa.
En el discurso en su sede de aspirante a la alcaldía, Fernández repitió prácticamente las críticas
del presidente provincial a los bipartitos y al alcalde ourensano, el socialista Francisco
Rodríguez, a quien ambos acusaron de "echar por tierra una buena entrada para el AVE" y de
haber convocado, ayer mismo, "un paripé" con el secretario de Estado de Fomento, "de espaldas
a todos los colectivos sociales y empresariales".
FACENDA ABRIÓ OTRA INVESTIGACIÓN A UNIÓNS AGRARIAS TRAS ACUDIR EL
PP AL JUZGADO
Facenda inició el control financiero de UU AA cuando el caso estaba judicializado
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo implicó a personal de cuatro consellerías en la
investigación a Unións Agrarias, después de que la cúpula del PP acusase en junio pasado al
sindicato de "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas
electorales del PSOE". Además de los investigadores de Traballo y Presidencia, funcionarios de
Sanidade y de Facenda se involucraron también en las pesquisas sobre la central agraria.
Traballo certificó por escrito en octubre que la investigación seguía en marcha
La titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha citado hoy a declarar en calidad de
imputados al director general de Promoción do Emprego, Andres Hermida Trastoy, y al de
Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada Romero, por el modo en que se ordenó y
se llevó a cabo esa investigación. La decisión judicial tiene su raíz en una querella de Unións
Agrarias que atribuye a la Xunta desviación de poder, un tipo de prevaricación administrativa.
El caso parte de una querella anterior que el PP presentó en Corcubión contra el alcalde socialista
de Muxía, Félix Porto, también imputado, al que acusa de utilizar para las municipales de 2007
en Buenos Aires a una trabajadora del sindicato, donde entonces Porto tenía responsabilidades.
Justo doce días después de que el PP ampliase esa denuncia, Facenda abrió un procedimiento de
control financiero contra el sindicato y varias entidades afines que todavía no ha dado
resultados.Lo que sigue es la cronología del expediente abierto por la Xunta a Unións Agraria: el
7 de junio de 2010, coincidiendo con el inicio de un juicio por corrupción a dos ediles del PP de
Gondomar finalmente condenados, la dirección de este partido encabezada por su secretario
general, Alfonso Rueda, y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, extendía el supuesto fraude
en las subvenciones a Unións Agrarias a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. El punto de partida de
su denuncia era la confesión de una trabajadora de Unions Agrarias, que dijo haber hecho
campaña para el PSOE de Muxía en las municipales de 2007, pese a estar contratada por Unións
Agrarias.
La orden se la habría dado el entonces candidato socialista de Muxía y hoy alcalde, Félix Porto,
imputado por este caso. Tras señalar que 28 asociaciones vinculadas a Unións Agrarias habían
percibido ayudas de la Xunta para contratar personal con cargo al fondo de cooperación que
subvencionó en esos años a 300 colectivos, la dirección del PP denunció una "trama agraria para
beneficiar al PSOE". No aportó ni una sola pista más, pero se ganó unos titulares de prensa que,
según reconoció el director general de Promoción de Emprego, Andres Hermida Trastoy, en la
documentación enviada al juez, llevó a su departamento a abrir ese mismo día, el 7 de junio, una
investigación sobre el sindicato.
En ella participó personal de Traballo y de la Consellería de Presidencia del mismo Alfonso
Rueda, que aireó, como secretario general, las denuncias desde la sede del PP. Solo tres semanas
después, el 30 de junio, los populares ampliaron la querella presentada contra el alcalde socialista
de Muxía en Corcubión. Pese a la petición que Unións Agrarias formuló a la Xunta el 9 de julio
para que se frenase el expediente administrativo, tal y como establece la ley para asuntos que
están judicializados, Traballo continuó con su investigación.
Y la Consellería de Facenda inició otra paralela de control financiero sobre las cuentas de Unións
Agrarias. Según consta en la documentación que maneja este diario (en la imagen se reproduce el
documento oficial de Facenda), la Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, adscrita al
departamento de Marta Fernández Currás, puso a trabajar al equipo auditor el 12 de julio de
2010, semana y media después de que el PP ampliase su denuncia. Ni Traballo ni Facenda han
ofrecido ocho meses después ningún dato sobre el resultado de sus indagaciones.
La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, aseguró ayer que "sobre ese tema la Xunta poco más
tiene que decir porque el procedimiento administrativo queda condicionado desde que hay un
proceso judicial abierto. Mientras uno de ellos no termine, que será el judicial, el otro no va a
continuar".
Pese a sus palabras, el departamento que dirige siguió practicando pruebas sobre la supuesta
trama entre junio y noviembre pasado. El pasado 21 de octubre, la jefa de servicio de programas
de cooperación de su consellería, Silvia Cortiñas Fernández, admitía en un documento con sello
oficial que ambas pesquisas, la de Facenda y la de Traballo, estaban coordinadas y seguían su
trámite. Así lo comunicó a varias asociaciones en el siguiente escrito: "Por lo que respecta al
estado de tramitación del procedimiento, se informa que en la actualidad desde la Intervención
Xeral se están terminando los trabajos de control realizados por el equipo auditor, que en
ejecución del Plan de Control Financiero de 2010, realizaron sobre su entidad".
Pese a las palabras de Mato, su departamento siguió recabando información de las entidades
fiscalizadas entre junio, en que se judicializó el caso, y diciembre, según consta en varios
documentos oficiales. Horas después de la comparecencia de la conselleira, un portavoz oficial
dijo a este periódico que el expediente se paralizó el pasado enero.
EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE RUEDA POR SUS PRÁCTICAS "NEONAZIS"
El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, a quien el Partido Popular situó en el
centro de la supuesta trama por ser directivo de Unións Agrarias hasta 2009, exigió ayer la
dimisión del conselleiro de Presidencia y secretario general del PP, Alfonso Rueda, por "utilizar
la Administración con fines partidistas y métodos mafiosos y antidemocráticos". García vinculó
a los populares con prácticas propias de la "noche de los cristales rotos" y culpó a Feijóo de
"presentarse como la vanguardia de la derecha, mientras convierte la Administración en una
brigada central del partido, al estilo neonazi".
Entretanto, el diputado socialista José Manuel Lage Tuñas también registro una pregunta
parlamentaria para que Rueda aclare en el pleno del próximo mes qué papel jugó como
denunciante, desde el PP, e investigador, al frente de la consellería, en la supuesta trama agraria
que los populares atribuyen al sindicato y que según su portavoz Antonio Rodríguez Miranda
habría servido para "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas
electorales".
Preguntado por si ocho meses después de iniciada la investigación respaldaba esa acusación de
financiación ilegal, el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, evitó refrendar esa
imputación que atribuye un grave delito tanto al PSOE como al sindicato Unións Agrarias.
DOS CARGOS DE LA XUNTA DECLARAN COMO IMPUTADOS POR INVESTIGAR A
UU AA
Los responsables de los dos departamentos del Gobierno gallego que investigan desde hace ocho
meses una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás
de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales" deberán comparecer mañana en los
juzgados de Santiago en calidad de imputados. Se trata del director general de Promoción do
Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de
Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero.
La "trama" nació el día que un edil de Gondomar admitió comisiones ilegales
La titular del juzgado número 1 de Santiago quiere escuchar la versión de ambos sobre las
inspecciones y comprobaciones realizadas por personal de la Xunta en distintas sedes del
sindicato el pasado mes de junio, días después de que varios cargos del PP, entre ellos su
portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, y el secretario general, conselleiro de Presidencia y
superior de Bouzada, Alfonso Rueda, denunciasen la existencia de una red de financiación ilegal
que habría servido al PSOE para captar dinero público de la Administración a través de
organizaciones afines.
El giro en los acontecimientos -de denunciar una trama corrupta el PP pasa a ver a dos de sus
cargos en la Xunta declarando como imputados- se produce una vez que el sindicato agrario
Unións Agrarias (UU AA) presentó una querella contra la Xunta a la que acusa de desvío de
poder, un tipo de prevaricación administrativa, por el modo en que se ordenaron y llevaron a
cabo las comprobaciones en los locales del sindicato.
La juez que instruye el caso también ha requerido a la Consellería de Traballo para que le
proporcione documentación que explique el sentido de aquellas visitas. En el escrito que remitió
al juzgado el pasado mes de noviembre, el departamento de Beatriz Mato alega que el personal
que entró el día 7 de junio en 13 oficinas de Unións Agrarias no realizó inspecciones sino
"visitas de seguimiento y control".
En la información que la Xunta remitió a la juez, Traballo admite que la decisión de enviar a su
personal a las sedes de Unións Agrarias se adoptó "ante las informaciones publicadas en
diferentes medios sobre la existencia de presuntas irregularidades por parte de determinadas
entidades vinculadas a Unións Agrarias en la gestión de ayudas para el fomento del empleo
durante 2006, 2007 y 2008 para comprobar in situ la prestación del servicio por parte de los
trabajadores contratados a través de las subvenciones".
O lo que es lo mismo, Traballo reconoce a la juez que la decisión de entrar de forma simultánea
en las oficinas del sindicato se adoptó el mismo día en que el portavoz del PP denunció supuestas
irregularidades en las subvenciones de 2006, 2007 y 2008 concedidas por el bipartito. En la
documentación remitida al juzgado, la consellería se esfuerza en remarcar y repite hasta en tres
ocasiones que el personal desplazado el 7 de junio de 2010 a las sedes del sindicato y las
organizaciones afines, no realizó "inspecciones" sino "visitas de control y seguimiento" para
comprobar que los contratados estaban trabajando.
Argumenta que como 13 de los 28 entes que recibieron ayudas con la Xunta anterior siguieron
cobrando subvenciones tras la llegada del PP al poder, se trataba de supervisar si el personal
contratado desempeñaba alguna tarea en esas asociaciones.
Frente a la tesis de la consellería de que fueron visitas rutinarias para certificar que los
empleados acudían a las oficinas, algunos trabajadores del sindicato aseguraron ya entonces que
el personal de la consellería se autoidentificó como "inspección" y que accedió a las oficinas sin
presentar ninguna orden que les acreditase ni permitirles realizar alegaciones.
El matiz es clave porque las personas que acudieron a las sedes de Unións Agrarias aquel día, el
7 de junio de 2010, no estaban legitimados para inspeccionarlas, puesto que no eran personal
competente ni disponían aún de la orden que la consellería acabó firmando una semana más
tarde, el 14 de junio, y en la que se basaron posteriormente los inspectores de Traballo y de la
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, adscritos a la Consellería de
Presidencia, para interrogar al personal de Unións Agrarias, ganaderos, agricultores y presidentes
de asociaciones rurales.
La llamada "trama agraria" partió de una denuncia del PP el mismo día en que estaban citados a
declarar ante el juez dos concejales de ese partido en Gondomar a quienes la policía detuvo
cobrando comisiones ilegales a promotores inmobiliarios en una cafetería de Vigo. Coincidiendo
con el juicio en el que uno de los ediles, el titular de Cultura, José Luis Mosquera, finalmente
condenado por cohecho, admitió haber cobrado 60.000 euros y pactado otros 90.000 para
financiar campañas del PP y de un partido independiente afín, la cúpula del PP capitaneada por
su portavoz, Rodríguez Miranda, y el secretario general, Alfonso Rueda, hicieron estallar el
escándalo.
La única prueba que presentaron los populares para respaldar sus acusaciones es el testimonio de
una mujer contratada por una de las sociedades vinculadas a Unións Agrarias que declaró haber
hecho campaña por el PSOE de Muxía en Argentina durante 2007. De ese episodio que instruye
un juez de Corcubión y que mantiene imputado al alcalde de Muxía, Félix Porto -por aquel
entonces candidato y dirigente de Unións Agrarias- los populares derivaron una causa general
contra el sindicato y acusaron al PSOE de financiación ilegal.
Un secretario y varios administrativos
Ni uno sola de las diez personas que la Xunta envío el 7 de mayo de 2010 a los locales de Unións
Agrarias tenía la condición de inspector de la Consellería de Traballo. Según admite en la
relación de puestos de trabajo -que el Gobierno gallego mandó al juzgado cuando se le requirió
que identificase al personal que acudió a las oficinas del sindicato-, en la plantilla figura una
ensalada de categorías profesionales, ninguna de ellas capacitada para realizar tareas de
inspección.
Las heterodoxas excursiones a las sedes de Unións Agrarias las integraron desde jefes de sección
hasta una auxiliar administrativa que es personal laboral y por tanto no tiene la condición de
funcionaria, así como varios técnicos laborales e incluso el secretario del subdirector general de
Escolas Obradoiro de la consellería. En el mismo documento, que figura ya en la causa, el
director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida
Trastoy, asume que la orden de realizar las visitas -que no inspecciones- fue suya por estar al
frente del órgano que concedió las ayudas.
XUNTA DE GALICIA: UN GOBIERNO MANIATADO
La mayor caída del presupuesto en la historia de la autonomía atenaza a la Xunta, que apenas es
capaz de aprobar asuntos de trámite en los consellos
Todos los periodistas que siguen regularmente la actividad de la Xunta recuerdan el Consello de
la filloa. Se celebró el 28 de enero de 2008. Aquel día, el bipartito llevó un único asunto a su
reunión semanal de Gobierno: declaró el interés turístico y cultural de la Festa da Filloa de
Lestedo. No hubo más acuerdo que ese y desde entonces se convirtió en un símbolo de la falta de
ideas de la coalición. Dos años más tarde, la Xunta de Feijóo, que ha sufrido el mayor desplome
presupuestario de la historia de la Autonomía, vive bajo el síndrome del Consello de la filloa.
En su peor semana, Feijóo alegó no tener competencias para luchar contra el paro
Facenda reclamará 563 millones más al Gobierno central en los tribunales
Desde que comenzó 2011, año en que las cuentas públicas deberán reducirse en 1.177 millones
de euros hasta llegar a los niveles de inversión de 2006, el Gobierno gallego, sin fondos para
financiar grandes proyectos, apenas aprueba asuntos de trámite y se limita a despachar el día a
día de la gestión. En lo que va de año ha celebrado cinco consellos donde ha dado luz verde a 16
decretos, 31 acuerdos y repasado 21 informes. Excepción hecha de la aprobación definitiva del
Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices do Territorio, que salvaron su último trámite el
pasado jueves, ningún asunto de calado. La Consellería de Industria renueva avales a empresas,
la de Presidencia firma convenios en materia de emergencias e incendios, y la de Educación
cambia nombres a los centros universitarios de Vigo, igual que la de Cultura declara algún
monumento bien de interés cultural.
La prueba de que la falta de fondos atenaza a la Administración gallega estuvo en el Consello de
la Xunta que el presidente desplazó a Coruña el pasado 3 de febrero. A falta de obras para vender
en una de las ciudades que el PP pretende gobernar tras las municipales, el conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, pregonó los fondos que destina en la
provincia a la conservación de las carreteras: 30 millones de euros. Es, con mucho, la mayor
inversión de las aprobadas en este mes y medio. La siguiente son 13 millones de euros que se
destinan a urbanizar el parque industrial de Tomiño, paralizado por este mismo Gobierno al poco
de llegar al poder.
Y mientras, las cifras de la Encuesta de Población Activa colocan a Galicia como la comunidad
donde más ha crecido el paro en 2010, un 20,9%, a pesar de los efectos turístico y los supuestos
récords del Xacobeo. El pésimo dato económico ha pillado al presidente y al PP con el pie
cambiado. En medio de esa cascada de cifras negativas, los populares programaron como
primera comparecencia parlamentaria tras las vacaciones, la del titular de Medio Rural, Samuel
Juárez, para informar de un tratamiento contra la plaga del pino.
Enzarzado en la batalla de las cajas y en mil guerras contra el Gobierno central, Feijóo vive sus
peores días desde que accedió al poder. Esta semana llegó a alegar en el Parlamento que carece
de competencias para luchar contra el desempleo, en un claro signo de impotencia, mientras la
oposición, igual que hizo él la legislatura pasada, le reprocha cada nuevo parado. El presidente
reconoció algo más: que por mucho que reciba más fondos del Gobierno central, los
desempleados serán los mismos.
Lo que no impide que se parapete tras el Ejecutivo de Zapatero al que el propio Feijóo ha
convertido en el payaso de las bofetadas. Sin apenas programas que aprobar, las ruedas de prensa
posteriores al Consello se convierten en un pim pam pum contra el Gobierno socialista,
"culpable" de que la Xunta no pueda ahorrar 100 millones anuales en medicamentos, del
desmoronamiento de las cajas, pero sobre todo de no transferir a Galicia 243 millones de euros
del Fondo de Cooperación firmado en el último acuerdo de financiación autonómica.
Ese dinero que el Ministerio de Economía pretende transferir en 2013 sirve a Feijóo y al PP para
justificar la inacción de la Xunta en cualquier asunto imaginable. Atendiendo a las explicaciones
del presidente y de algunos de sus diputados durante estas últimas semanas, la llegada de esa
partida solucionaría a la vez la financiación de las universidades, el pago de las ayudas por
dependencia, una mayor apuesta por las políticas activas de empleo y hasta la apertura de
guarderías infantiles y residencias de ancianos.
Demasiados problemas que solucionar con solo 243 millones de euros. A esa cantidad sumó la
Conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, una nueva deuda, otros 563 millones, en
recaudación del IVA y otros conceptos, que la Xunta amenaza con reclamar en los tribunales.
La mano del presidente, en las notas de prensa
Que el actual Gobierno de la Xunta no es el que soñó Feijóo tras ganar las autonómicas es algo
que sabe todo el partido y que ni siquiera los asesores del presidente se atreven a desmentir. En
circulos financieros está corrido que Juan Ramón Quintas, ex presidente de la Confederación
Española de Cajas de Ahorro, era el elegido por Feijóo para capitanear la economía gallega en
medio de esta tormenta perfecta que resultó ser la crisis. Dijo que no.
Directivos de empresas importantes también desecharon otras ofertas del presidente para hacerse
con una cartera en la Xunta y al final, pese a que gozó de plena libertad para configurar su
gabinete, Feijóo tiene el Gobierno que puede, pero no el que le gustaría.
Cuenta entre sus personas de máxima confianza a Agustín Hernández, titular de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, la más inversora, y a Alfonso Rueda, titular de
Presidencia y su alter ego en el partido, pero algunos alcaldes y cargos intermedios de la Xunta
empiezan a echar en falta más peso político en otros departamentos, especialmente en el área
económica.
Y así las cosas, es el propio Feijóo el que no solo coordina, también supervisa toda la labor del
Gobierno, hasta el punto de que llega a revisar personalmente los comunicados de prensa que
manda la Xunta a los medios de comunicación sobre sus discursos. El presidente cambia titulares
e incluso dicta la redacción de las notas que se envían a los medios. Algunas fuentes señalan que
ese afán por controlarlo todo, por estar en el más mínimo detalles, que siempre ha caracterizado a
Feijóo, ralentiza la acción del Gobierno.
Su apretada y mediática agenda que suele requerir de su presencia en medios nacionales -al
contrario de lo que hacen otros dirigentes, Feijóo no suele denegar entrevistas, por pequeño o
crítico que sea con él el medio de comunicación- lastra también capacidad ejecutiva a la Xunta.
EL PP PROMETIÓ SIETE PLANES PARA CREAR EMPLEO EN SU PROGRAMA
ELECTORAL
Ninguno de esos programas se ha puesto en marcha tras dos años de Gobierno
El primer eje en el que el PP gallego basaba su programa de campaña en las pasadas elecciones
autonómicas se refería a impulsar la competitividad y la apertura de la economía gallega. Uno de
los puntos para conseguirlo era el fomento del empleo a través de políticas específicas y de la
actividad emprendedora. De seis planes concretos destinados a emplear a mujeres, jóvenes,
inmigrantes, personas con discapacidad, parados de larga duración y autónomos, así como un
plan autonómico de empleo general, ninguno se ha puesto en marcha tras casi dos años de
Gobierno. Los planes, que conllevan una dotación específica para sus años de duración y
engloban todas las medidas sobre un ámbito, estaban pensados para el periodo 2009-2013.
Las últimas ayudas para fomentar el empleo de jóvenes se publicaron en 2009
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba el pasado miércoles que Galicia no
tenga competencias suficientes en materia de empleo para hacer frente al crecimiento del paro en
la comunidad autónoma donde más creció el año pasado, un 20,9%. El programa con el que
Feijóo llegó a la Xunta, sin embargo, recoge decenas de medidas en planes que aún no se han
puesto en marcha. La Consellería de Traballo explica que esos planes se están debatiendo en las
mesas de diálogo social, de donde quieren que salgan con el mayor consenso posible.
Aunque no hay programa director, Traballo asegura que ha adoptado medidas destinadas a los
colectivos más vulnerables incluidas en diversas líneas de ayuda de la Consellería. Las acciones
específicas para jóvenes -hay 22.000 parados menores de 25 años- desaparecieron de las
convocatorias de ayudas y subvenciones durante el año pasado y las últimas puestas en marcha
son de comienzos de 2009. Las actuaciones de empleo y formación para jóvenes desempleados
se centran en escuelas taller y talleres de empleo. Traballo asegura que también el plan
estratégico de juventud incluye medidas de fomento de empleo. Las mujeres no tienen tampoco
nuevas medidas específicas a su alcance, aunque desde Traballo insisten en que recibe un trato
diferenciado en todas las ayudas de la Consellería a este colectivo, como los incentivos a las
empresas por contratos indefinidos de trabajadoras. Están en marchar varias medidas como el
programa Executiva, que pretende impulsar el liderazgo de las mujeres a través de su formación
en escuelas de negocio, y los incentivos a las pequeñas y medianas empresas para que ejecuten
planes de igualdad. El colectivo de los inmigrantes no dispone de subvenciones para su
integración laboral, mientras que los parados de larga duración cuentan con ayudas para la
contratación indefinida a mayores de 45 años.
Otros ámbitos, como el de los autónomos, sí que disponen de una o dos líneas de ayuda como la
financiación de proyectos que promocionan este tipo de empleo o el que ayuda a sufragar los
gastos de sus entidades asociativas. Para potenciar el empleo de personas con discapacidad
existen incentivos para financiar los costes laborales y de la Seguridad Social de estos
trabajadores y para la creación y mantenimiento de centros especiales de empleo.
EL CACIQUISMO NO SE ACABA EN UN DÍA
Feijóo prometió hace dos años regenerar la política y tumbar el clientelismo en 24 horas pero los
incumplimientos del código ético se repiten sin que el PP actúe
Una mañana de febrero, hace ahora dos años, lanzado hacia la presidencia de la Xunta, el
candidato Alberto Núñez Feijóo prometió que nada más llegar al poder acabaría "con el
caciquismo y el clientelismo en un solo día". Un bus de excursionistas jubilados camino de
Portugal había parado por sorpresa en Oia para completar el aforo de un mitin del BNG y el
episodio le sirvió a Feijóo para "pedir perdón en nombre de la política" y exigir la dimisión de
Anxo Quintana. Cuando vio que el entonces vicepresidente no estaba por la labor, elevó el tiro y
reclamó al presidente, Emilio Pérez Touriño, la destitución "fulminante" de su socio cuando
quedaban cinco días para las elecciones.
Alcaldes y cargos imputados esperan los juicios desde sus despachos
Para significar la nueva era que abriría su mandato, en aquellos mítines deslizaba incluso alguna
crítica a los Ejecutivos de Fraga. Frente al bipartito y "sus escándalos", el nuevo PP no admitiría
mácula en sus dirigentes. Eso fue antes de ganar las elecciones. Desde entonces, media docena
de cargos institucionales y de partido han vulnerado el código ético del PP sin que su presidente
haya movido un dedo. El último caso significativo es el de los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, a
quienes el juez ha dejado en libertad provisional tras imputarle los delitos de cohecho,
prevaricación y tráfico de influencias en la Operación Orquesta contra una presunta red de
corrupción en la Cosa da Morte. Según los estatutos del partido, ambos regidores deberían ser
apartados de sus cargos institucionales. De momento, compatibilizarán sus visitas al juzgado
cada quincena con el bastón de mando, y el PP sigue considerando la idea de presentarlos como
candidatos.
No son casos aislados. El ambicioso listón de la ética de Feijóo en campaña queda también muy
alto para Evaristo Juncal. El ex delegado de Urbanismo de la Xunta en Pontevedra abandonó su
puesto en el Gobierno cuando se supo de su chalé ilegal y de los negocios que mantenía con
testaferros de narcotraficantes. Tras las informaciones publicadas por este diario, fue relevado en
la consellería, pero sigue como presidente del PP de Caldas, donde nunca ha pagado impuestos
por su segunda residencia.
La ansiada regeneración democrática de aquellos mítines está, sobre todo, en las antípodas del
comportamiento de las diputaciones de Pontevedra y Ourense. Al frente de esta última, José Luis
Baltar, simultanea el mensaje de austeridad del PP, que repiten Mariano Rajoy y Feijóo, con la
contratación de familiares de los compromisarios que permitieron a su hijo hacerse con la
presidencia provincial del partido. La institución gasta más en personal que la Diputación de A
Coruña, mientras busca acomodo a familias populares para saldar favores. Y la dirección
regional mira hacia otro lado. El barón de la provincia de al lado, Rafael Louzán, disfruta de
manga ancha para fraguar mociones de censura y pactos con tránsfugas en los ayuntamientos que
controla. Si alguna ha disgustado a la cúpula del PP gallego, sus dirigentes optaron por ver, oír y
callar.
Igual que hizo hace mes y medio cuando el alcalde de A Merca -un municipio con 2.500
vecinos-, Manuel Jorge Velo, se adjudicó un sueldo de 3.600 euros en el Ayuntamiento hasta el
día de las elecciones. Interrogado sobre si avalaba esa decisión, Feijóo respondió hace un mes
que pediría explicaciones y actuaría en consecuencia. Nunca más se supo.
Tampoco hubo represalias contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal
denunció en un juzgado por prevaricación urbanística, después de que permitiese aflorar
mamotretos por todo el municipio que ni siquiera contaban con los servicios básicos. Las
primeras sentencias han anulado los permisos que concedió su Junta de Gobierno, pero, lejos de
castigar su conducta, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas lo ha
premiado con un convenio para corregir todas esas deficiencias de los suelos con dinero público,
14 millones de la Xunta, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo.
El regidor de Portas, Roberto Vázquez Souto, espera también un juicio por delito fiscal sentado
en su despacho. Como lo ha hecho durante estos dos años el alcalde de Tui, Antonio Fernández
Rocha, otro habitual de los juzgados por cuestiones urbanísticas y que es además promotor
inmobiliario en su propio municipio.
La regeneración que obvia Feijóo
- Los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados por cohecho y prevaricación siguen ostentando
el bastón de mando, pese a que el código ético del PP obligaría a apartarlos de sus cargos.
- El presidente del PP de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, continúa al frente del partido después
de ser relevado en la Xunta cuando se conoció que tenía un chalé ilegal y sus negocios con
testaferros de narcotraficantes.
- El alcalde de Barreiros se mantiene en el poder después de que el fiscal lo haya denunciado en
el juzgado por prevariación urbanística. La Xunta y la Diputación de Lugo financian los
servicios de los que carecen los suelos donde concedió licencias.
- El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, continúa dando contratos a
familiares de los compromisarios que ayudaron a su hijo a ganar el congreso provincial.
- Rafael Louzán pergeña mociones de censura con tránsfugas en Mos y Silleda con la
aquiescencia de dirección regional.
GALICIA ENTRA EN LO PEOR DE LA CRISIS
El paro avanza en Galicia más rápido que en el resto de España y la producción industrial se
desploma - Las ventas al exterior pierden fuelle
A Galicia las cosas le suceden tarde, para bien o para mal. Hace dos años, cuando media España
temblaba de miedo por la crisis, un sindicalista se quejaba amargamente porque, decía, los
jóvenes gallegos interpretaban un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como unas
vacaciones pagadas. Ahora, con 21.000 menores de 25 años apuntados al Servicio de
Colocación, ya no se hacen bromas con el tema. Los 237.313 parados con que acabó 2010 son
14.474 más que los anotados en las oficinas un año antes. Galicia es la cuarta comunidad que
más desempleados ha generado en los últimos doce meses. Sus listas corren un 25% más rápido
que la media española. Aún así, según la Encuesta de Población Activa (datos del tercer trimestre
de 2010), la tasa de paro roza el 15% cuando la media del país acaricia el 20%.
La bolsa de pisos nuevos sin vender suma 34.323 viviendas
"El debate no debe centrarse en el Xacobeo", opina Manuel Lago
Unos 21.000 menores de 25 años no encuentran trabajo en Galicia
El crecimiento de viajeros en 2010 fue del 6% según Estadística
La mala evolución del paro se suma a otros datos bastante desalentadores. La producción
industrial cae entre enero y noviembre de 2010 un 3,4%, mientras que el índice general español
avanza en positivo un 2,7%. Las últimas cifras de vivienda del Ministerio de Fomento muestran
que la bolsa de pisos nuevos sin vender ha crecido en Galicia más que en ninguna otra
comunidad (excepto Valencia) el año pasado. Suma 4.462 inmuebles vacíos y alcanza las 34.323
unidades, por encima de los 20.000 que estimaban los promotores. Los precios del metro
cuadrado construido, por el contrario, crecieron un 0,2% cuando en el resto del país bajaban
(aunque moderadamente), lo que significa que los constructores no quieren asumir las pérdidas
mientras la banca les siga refinanciando.
¿Significa que se acaba aquel plus de resistencia del que presumía el anterior gobierno bipartito
de la Xunta, o es que realmente nunca existió? "En el último año el índice de producción
industrial y el empleo caen fuertemente. Una vez descontado el menor shock inicial de una
burbuja inmobiliaria, que aquí estaba menos inflada, y barrido el activismo del gobierno bipartito
en inversiones, dependencia y servicios sociales, tan solo queda como factor diferencial la obra
pública en AVE, autovías y puertos". Para Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Santiago, estos son los únicos combustibles de la máquina que tira del
mercado. Sectores básicos están sufriendo el correctivo de la crisis (automóvil, naval,
construcción, lácteo) cuando en otras comunidades autónomas se tocó fondo. "Las exportaciones
son el único componente de la demanda agregada que genera crecimiento económico. Pero a
diferencia de España, donde observamos que un trimestre tras otro las exportaciones crecen más
que las importaciones, en Galicia constatamos lo contrario. En el tercer trimestre han crecido
más las importaciones y en consecuencia han lastrado el crecimiento", añade Venancio Salcines,
presidente de la Escuela de Finanzas de la Fundación Barrié.
El PIB gallego, que en 2008 crecía con un diferencial positivo de ocho décimas frente al del
conjunto del Estado, ha perdido buena parte de ese empuje. En el tercer trimestre del año pasado,
esa diferencia, positiva para Galicia, se redujo a la mitad. Y ese plus se recortará aún más, según
las propias previsiones de la Consellería de Facenda. "Debemos partir de la base de que estamos
ante una crisis de ámbito mundial. Galicia, como el resto de las economías, está sufriendo las
consecuencias", concluye el catedrático de economía financiera de la Universidad de Santiago
José A. Redondo, que destaca la menor tasa de paro y el superávit de la balanza comercial. "No
debemos ocultar deficiencias estructurales que es necesario corregir y que solo tienen solución a
muy largo plazo".
El efecto Xacobeo ha ayudado a amortiguar un poco el empeoramiento de los índices, aunque las
estadísticas de viajeros que se alojan en establecimientos turísticos (excluidos, por tanto, los
peregrinos), hablan de crecimientos modestos (del 6% en el número de visitantes y del 5% en
pernoctaciones cuando solo falta por contabilizar el mes de diciembre).
"El Xacobeo no es suficiente para contrarrestar el grave problema industrial", apunta el
economista Manuel Lago. "El debate no debe centrarse en si el Xacobeo aportó crecimiento, el
verdadero debate es nuestro sector industrial y la Xunta lo elude obsesionándose con un tema
menor", añade. No es de la misma opinión Luis Caramés, catedrático de la Universidade de
Santiago: "Galicia viene de vivir un exitoso Xacobeo con cifras millonarias de visitantes.
Presenta una tasa de crecimiento más positivo que el del conjunto de España. Si la industria
levanta cabeza es posible que concluyamos 2011 creciendo el 1% o, lo que es lo mismo, todavía
sin crear empleo". Es de la teoría de que Galicia "sigue un ciclo relativamente especial dentro de
España", con crecimientos menos espectaculares cuando las cosas van bien y recesiones menos
bruscas.
Entretanto, para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "la culpa de todas las tensiones
económicas" es del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En concreto le reprocha los acuerdos de
financiación autonómica (en los que las comunidades del PP se abstuvieron), la presión para
reducir el déficit de las autonomías, la política sanitaria (por la contestación al catálogo de
medicamentos) y la Ley de Dependencia. Cierto que Galicia es una de las pocas regiones
disciplinadas en el objetivo del déficit, pero también que su deuda alcanza ya el 10,6% del PIB,
por encima de la media.
"La Xunta tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros y amplias competencias en
industria, economía, infraestructuras, empleo o educación. Es, por lo tanto, el principal agente
económico del país, por encima del Gobierno central. De ahí que la responsabilidad de la
evolución económica mejor o peor recae en el Gobierno autónomo y su presidente", reflexiona
Manuel Lago.
El año pasado 12.963 trabajadores estuvieron afectados por un ERE. De ellos, 1.470 fueron
despedidos. Son, comparativamente, 7.501 y 434 menos que en 2009, aunque según un informe
de CC OO, las empresas gallegas utilizan los ERE sólo en el 5% de los casos de despido. En seis
de cada diez rupturas de contrato prefieren la vía rápida: reconocer inmediatamente carácter
improcedente del acto y depositar la indemnización.
En este mar revuelto de la economía, la comunidad autónoma acaba de asistir a la operación que
dio lugar a la fusión de las cajas. Su objetivo a largo plazo es convertirse en un elemento de
dinamización. Pero Novacaixagalicia tiene que hacer frente de forma inmediata a un montón de
problemas, como despedir a 1.200 trabajadores, afrontar los pagos del dinero que ha pedido
prestado al Frob y pelear para seguir siendo una caja de ahorros. Si Merrill Lynch ha acertado en
su último informe, la caja gallega necesita recapitalizarse con 3.100 millones. No va a ser fácil
que, en estas condiciones, financie además la recuperación económica de sectores clave para
Galicia.
PACHI VÁZQUEZ ACUSA A FEIJÓO DE DEJAR A GALICIA SIN PRESIDENTE
DURANTE 10 DÍAS
Pasados 10 días desde que comenzó sus vacaciones, no había ayer agenda oficial del presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Sí hubo una escueta nota en su nombre con declaraciones
sobre el comunicado de ETA, y críticas de la oposición por permanecer "ausente de los
problemas de Galicia" durante todo este tiempo, en palabras del portavoz parlamentario del
BNG, Carlos Aymerich. El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, reconoció el derecho del presidente
de la Xunta a estar de vacaciones, pero advirtió: "Lo que no es normal es que Galicia esté sin
presidente durante 10 días".
"Llevamos 10 días sin saber oficialmente dónde está el presidente de Galicia, y sin que el Diario
Oficial de Galicia haga mención alguna a si está aquí o nos está dirigiendo desde Brasil o desde
cualquier parte del planeta", acusó el secretario general del PSdeG. En ausencia de Feijóo, que
pasó sus vacaciones en Salvador de Bahía, y a falta de una delegación expresa de competencias a
otro conselleiro, la presidencia de la Xunta recayó en funciones todos estos días en la titular de
Sanidade, Pilar Farjas, como miembro del Gobierno de mayor edad.
Vázquez recordó a Feijóo su actitud en la oposición, cuando exigió las cuentas de unas
vacaciones del entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, en una casa de O Grove. "Yo doy por
sentado que se las paga él", contrastó, aunque consideró "muy difícil de explicar a los gallegos"
que en momentos complicados, a causa de las inundaciones o los datos del paro, "no se sepa
dónde está el presidente". "Si Zapatero se va el día 1 a Cancún sin decir nada y el 10 sigue igual,
yo creo que cae el país", opinó.
Carlos Aymerich, mientras, tiró de ironía para referirse a las vacaciones del presidente. Así,
subrayó que, mientras Feijóo estaba en Brasil, realizó un mensaje de fin de año "en directo o
falso directo" en el que aseguraba sentirse "muy próximo" a los gallegos que están viviendo con
desánimo por el desempleo y en el que recordaba su situación de "responsabilidad". Al respecto,
bromeó con que esa responsabilidad se debía de referir a "la elección complicada" de qué cuál
"compañía aérea" iba a elegir para su viaje, y relacionó el "espacio para la ilusión" del que habló
en su mensaje navideño con las vacaciones que le esperaban.
El grupo parlamentario del PP replicó a la oposición con un comunicado en el que acusa a
socialistas y nacionalistas de "dramatizar", pero que no aclara el paradero del presidente de la
Xunta ni la delegación de competencias. Según el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz
Rivas, Feijóo estuvo "en contacto, no solo con su Gobierno, sino también con el de España".
Como prueba de esto último, cita las conversaciones que mantuvo por teléfono con las ministras
de Defensa y Pesca por el secuestro del Vega 5.
LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD
La mitad de las adjudicaciones de las consellerías en 2010 se efectúan a dedo
Se suceden los gobiernos, se multiplican las promesas pero, a la hora de la verdad, ninguno
renuncia al ventajoso sistema de la adjudicación directa. Sólo en los 11 primeros meses de 2010,
la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha repartido más de 151 millones de euros en 733
procedimientos negociados sin publicidad. Eso supone que más de la mitad de las adjudicaciones
del Gobierno gallego han sorteado la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por un
importe que supera al 8% del total destinado a contratos de obras y servicios.
Deportes distribuyó en un solo día dos millones de euros entre 56 clubes
La ley de contratos del sector público establece el procedimiento negociado como una modalidad
que debe estar justificada por razones "técnicas", "artísticas" o "de urgencia", y que no deben
superar los 60.000 euros salvo excepciones. Con este sistema, la Administración debe consultar
con un mínimo de tres candidatos, de los que resultará un adjudicatario elegido por la mesa de
contratación. Eso dice la ley, pero otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la realidad, ya que
tanto el Gobierno de Feijóo como el bipartito o antes el de Fraga exprimen al máximo un sistema
que ni propicia la competencia entre licitadores ni promueve la concurrencia en condiciones de
igualdad.
Los 733 contratos negociados sin publicidad firmados entre enero y noviembre de 2010, ambos
incluidos, figuran en la propia plataforma de contratación de la Xunta en Internet, que funciona
desde 2008 y se puede consultar en la web de la Xunta. La cantidad total asciende a 150.847.542
euros. Su número total supera en 73 (un 11%) al de contrataciones de obras y servicios de la
Xunta que se publicaron en el DOG en el mismo período, por una cantidad total de 1.667
millones de euros. En esa cifra entran grandes contrataciones como el hospital de Vigo, que
supera los 300 millones.
Aunque todas las consellerías recurren a este sistema, la de Medio Rural es la que más destaca.
También ha empleado muy recientemente el mismo método la Fundación Deporte Galego, que el
pasado 2 de diciembre repartió de una tacada 1,9 millones de euros entre 56 clubes mediante una
orden firmada por el presidente de la comisión ejecutiva, el director general de Deportes, José
Ramón Lete. El informe del Consello de Contas de 2006 destapó un fraude en las ayudas a
federaciones y clubes deportivos, y atribuía a Lete "graves deficiencias" en su gestión de
Deportes durante el mandato de Manuel Fraga.
En este caso, ninguno de los clubes seleccionados supera el límite legal de 60.000 euros sin IVA
que la ley establece para los contratos a dedo, listón que se han saltado en abundantes ocasiones
otros departamentos del Gobierno gallego acogiéndose a las excepciones que establece la ley. Es
lo que hizo la Presidencia de la Xunta para contratar "sistemas de alimentación ininterrumpida
para los nodos de la red corporativa de la Xunta" (254.310 euros); Educación, para "las
actividades Abrapalabra e ola, ola, la!" (206.800 euros), y Medio Rural, para los servicios de
"difusión y divulgación de información agroganadera y forestal" en Lugo y Ourense (125.000
euros cada contrato).
GALICIA. UN BLINDADO DE FRAGA, 31.000 EUROS
Pesaron en la campaña electoral de las autonómicas de 2009 tanto o más que la rebaja fiscal
generalizada que Feijóo prometió para 600.000 familias. Eran el símbolo "del lujo y la
suntuosidad" que el PP atribuía a Touriño y, por extensión, a todo conselleiro del bipartito que
osase remodelar un despacho. Pero cambió el Gobierno, y, como en el caso de la bajada del
IRPF, nunca más se supo de aquellos audis. En realidad, del Audi, porque de los tres blindados
que había en el parque móvil de la Xunta, el gabinete del presidente socialista había comprado
uno por 480.000 euros, frente a otros dos acorazados que por un precio similar (300.000 euros,
pero siete años antes) se habían adquirido para Manuel Fraga, el primero en septiembre de 2001
y el segundo catorce meses más tarde.
Los tres blindados siguen hoy en las instalaciones de un grupo de concesionarios de Santiago,
Noyamóvil, que comercializa Citroën y Lancia, entre otras marcas, y proveedor habitual de la
Xunta, y que se hizo con ellos a cambio de pagar a la Consellería de Presidencia 330.000 euros
en especie (entregó coches que el Gobierno gallego prometió destinar a servicios sociales).
Y no parece que tengan mucha salida en el mercado de segunda mano las berlinas blindadas con
inhibidor de frecuencia y sistema antibombas durante esta época de crisis. En el escaparate de
Noyamóvil conviven desde hace meses los dos vehículos de Fraga junto a pequeños utilitarios
diésel y fáciles de aparcar, mucho más demandados como vehículos de ocasión. Ambos tienen el
mismo precio, 31.000 euros.
El más antiguo, matriculado en septiembre de 2001, cuenta con tracción a las cuatro ruedas,
4.200 centímetros cúbicos en su motor a gasolina, cristales a prueba de explosivos, y blindaje
especial, como el que salvó al ex presidente del Gobierno José María Aznar del atentado de
ETA. Entre la tapicería de cuero sobresale el teléfono con cables desde el que daba órdenes
Fraga en medio de sus maratonianas jornadas en la carretera. El cartel detalla incluso el número
de kilómetros, 157.323, y ofrece garantía de un año para el que se lleve este turismo "full equip".
El equipamiento del otro Audi A8 que transportaba a Fraga cuando gobernaba Galicia es similar:
también cuenta con asistente de aparcamiento mediante sensores (una auténtica revolución
tecnológica a principios de 2000) y en cada lateral tiene incluso soportes para colgar esas
banderitas que tanto lucen en las cumbres internacionales. Si bien en este caso, no hay anuncio
que explicite las características del vehículo, y los vendedores de tienda tampoco ofrecen
demasiados datos porque "esos modelos los gestiona directamente la dirección". "El que puede
comprar uno de esos coches habla directamente con la dirección", admite un comercial.
En cuanto se menciona el tercer Audi, el de la polémica, el que usó el PP en campaña para decir
que era "más caro que el de Obama", del que algunos candidatos llegaron a decir que "tenía
misiles", nadie sabe nada. Ni siquiera la dirección de Noyamóvil que le busca comprador desde
hace un año. A diferencia de los otros dos, el blindado de Touriño no está en exposición y el
concesionario tampoco explica el precio a los periodistas. "Bastante polémica tuvo ya ese
coche", es lo máximo que acierta a decir uno de los gestores, al otro lado del teléfono. Después
de meses acumulando polvo en los sótanos de la Xunta, el Audi de Touriño espera chófer en
algún garaje de Santiago.
La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó el
pasado miércoles a la oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una
proposición de ley para localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los
socialistas era aguardado. "Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica
Concepción Burgo (PSdeG), que calificó las palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras"
y "unidas a valores del pasado que hoy nadie debería asumir".
recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por el régimen. Ayer, el propio presidente
gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y aseguró que la Guerra
Civil está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política.
represión.
no se aplica.
GALICIA. FEIJÓO PERMITIRÁ MANTENER NEGOCIOS PRIVADOS A LOS ASESORES
DE LA XUNTA
De forma silenciosa, en la misma Ley de Presupuestos en la que la Xunta quiere recuperar el
nombramiento a dedo de los jefes de servicio, Feijóo pretende imponer un cambio sustancial en
el régimen de incompatibilidades que rige para los cargos públicos. Se trata de una modificación
de la norma que promovió Fraga en 1996, por la que se eximirá a los asesores de la Xunta de
atenerse al sistema de incompatibilidades que deben respetar los demás cargos de la
Administración autonómica.
La modificación figura entre la documentación remitida por la Consellería de Presidencia a los
sindicatos para discutir hoy la reforma de otra ley, la de Función Pública. El Gobierno gallego
colgará ambos cambios normativos del proyecto de Ley de Presupuestos. En la de
incompatibilidades, la modificación afecta a un único artículo, el 2, en el que figura la relación
de cargos públicos a los que les incumbe el régimen de control. Desaparece el personal de
confianza y de asesoramiento especial, tanto de la Xunta como de organismos autónomos,
sociedades y entes públicos y fundaciones, unas 200 personas, y se les sustituye por los jefes de
Gabinete del presidente y los conselleiros, 11 en la actualidad. Como consecuencia de este
cambio, asesores y demás cargos de confianza de la Administración gallega ya no estarán sujetos
al férreo régimen que deben atender los miembros del Gobierno, secretarios generales,
directores, delegados, responsables de organismos autónomos y cualquier otro puesto cuyo
nombramiento se efectúe por decreto del Consello de la Xunta. Así, dejarán de ejercer sus
funciones con dedicación absoluta, y podrán combinar su actividad pública con cualquier otra
profesión por cuenta propia o ajena.
A diferencia de como viene ocurriendo desde 1996, también podrán ocupar cargos de dirección,
representación o asesoramiento de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles y consorcios. La
reforma legal les permitirá asimismo compatibilizar el cargo en la Xunta con la percepción de
pensiones de jubilación, y cobrar más de una remuneración, periódica o eventual, con cargo a los
presupuestos públicos. Con su salida del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades,
asesores y personal de confianza perderán la obligación de inhibirse del conocimiento de los
asuntos en cuyo despacho interviene empresas o sociedades en las que han participado ellos o
sus familiares. También podrán poseer la titularidad de participaciones sin límite en empresas
con conciertos o contratos con el sector público, ya sea estatal, autonómico o local.
La medida beneficia al personal que nombran para su asesoramiento tanto el presidente de la
Xunta como los conselleiros y el resto de altos cargos, ya sean de la Administración autonómica
como de organismos públicos o fundaciones. A diferencia del resto de cargos, con la
modificación de la ley dejarán de estar obligados a formular las declaraciones de actividades y de
bienes patrimoniales, en las que debían incluir todos sus negocios, la totalidad de sus bienes y
obligaciones y las participaciones en todo tipo de empresas y sociedades.
Se trata de la segunda modificación que experimenta el artículo 2 de la Lei de
Incompatibilidades de Galicia en sus 14 años de existencia. En 2006, el bipartito aprovechó la
Lei de Transparencia y Buenas Prácticas para establecer un cambio, aunque en el sentido
contrario al ahora emprendido, al extender las limitaciones a los asesores y personal de confianza
de presidentes y directores de organismos autónomos, sociedades públicas y fundaciones, entre
otros entes.
La nueva reforma se tramitará en el mismo proyecto que los Presupuestos y la de Función
Pública que recuperará el nombramiento a dedo de al menos 700 cargos administrativos, a partir
de los jefes de servicio.
FEIJÓO HA CREADO 200 CARGOS POLÍTICOS, SEGÚN EL PSOE
El viceportavoz del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, denunció ayer que el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "con su falsa austeridad fuerza la ley de presupuestos" para
designar "más de 200 nuevos cargos políticos" y premiar a los funcionarios por su "obediencia
partidaria" y no por "su capacidad".
Así lo manifestó el PSOE en un comunicado, en el que además apuntaba que "el consellerio de
Presidencia, Alfonso Rueda, y Feijóo renuncian a la reforma" de la Función Pública prometida y
"cuelan por la puerta de atrás" la movilidad forzosa de los funcionarios.
El portavoz de Presidencia del PSdeG consideró que las políticas de Feijóo "huyen de la
austeridad" y, además, "evitan una reforma en profundidad" de la administración pública. Ante
estas cuestiones, el PSdeG animó a los sindicatos de la función pública "a revelarse" contra la
discrecionalidad de la que "quiere hacer uso" la Xunta, al "clasificar a los funcionarios en buenos
o malos", en función de sus preferencias políticas.
La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó a la
oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una proposición de ley para
localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los socialistas era aguardado.
"Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica Concepción Burgo (PSdeG), que
calificó las palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras" y "unidas a valores del pasado
que hoy nadie debería asumir".
recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por el régimen. El propio presidente gallego,
Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y aseguró que la Guerra Civil
está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política.
represión.
no se aplica.
FEIJÓO ENSEÑA SUS COSTURAS
Empequeñeció las siglas del PP en el atrezo de campaña cuando arreciaba lo más duro de la
trama Gürtel, rompió con su imagen de vicepresidente de Fraga llegando a admitir en público
algunos errores del antiguo régimen, pero sobre todo prometió regenerar la vida pública tras el
bipartito que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. Ese era el candidato Alberto Núñez Feijóo, que
se proponía regresar a la Xunta pidiendo perdón, mitin a mitin, "en nombre de la política", para
conjurar los pecados de PSOE y BNG. Prueba de su convicción, cesó de forma fulminante al
cabeza de cartel en Ourense, Luis Carrera Pásaro, llamado a convertirse en gurú económico del
futuro gobierno, cuando supo que se iba a revelar que había cobrado comisiones no declaradas en
paraísos fiscales.
El episodio sucedió a semana y media de las autonómicas de 2009 y Feijóo buscó el espejo de
Obama, que por aquellos días también había relevado a quien iba a ser su jefa de control
presupuestario, Nancy Killefer, por no haber declarado el sueldo de su empleada del hogar. "El
presidente de los Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer y yo he hecho lo que tenía que
hacer", sentenció entonces Feijóo.
De esa cita hace año y medio. Además de recuperar el poder en Galicia -o sobre todo por eso- el
presidente de la Xunta se ha convertido en líder emergente del PP nacional y una de las voces
que más influye en Mariano Rajoy. Tal y como había prometido, la nueva cara amable de la
derecha ha rebajado antes que ningún otro presidente regional los gastos de su Administración,
suprimido cuatro de 12 consejerías y 47 altos cargos con sus correspondientes chóferes y coches
oficiales. No hay rueda de prensa del Gobierno gallego en que "la austeridad de Feijóo" no salga
a relucir, mientras la oposición aprovecha para denunciar recortes sociales como el fin de la
gratuidad universal de los libros de texto.
De aquel discurso de la regeneración democrática que prometía cortar de raíz cualquier sombra
de duda, antes incluso de que intervenieran los juzgados, no hay noticias. A pesar de que durante
estos 18 meses se han sucedido las imputaciones judiciales de altos cargos del Gobierno, el
presidente evita echar mano ya de la doctrina Obama. Y eso que en su primer año de legislatura,
Feijóo tuvo oportunidad de toparse con su propio caso Killefer. Ana María Díaz López, directora
general de Formación y colocación en la consejería de Trabajo, fue condenada en sentencia firme
por despido improcedente (de una empleada sin contrato y sin seguro en un domicilio y un
restaurante familiar)
Feijóo optó por dejarlo correr. Un año después, Díaz sigue en su puesto y a principio de cada
mes hace balance de los datos del paro. Igual que el hombre fuerte del Gobierno, Agustín
Hernández, que preside el departamento más inversor, la Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras, aún después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo
haya imputado por certificar en falso desde su anterior puesto como director de infraestructuras
la Diputación de Pontevedra el final de una obra que apenas había comenzado a una
constructora, Sercoysa, en la que él mismo había trabajado como directivo. Hernández, aforado
por ser miembro del Gobierno, compareció este viernes ante el tribunal y regresó como si nada a
su consejería. Feijóo sigue respaldándolo. Es su hombre para las obras públicas porque, según
repite en público y en privado, está seguro de que el consejero "pudo meter la pata, pero nunca la
mano".
El jefe territorial de este mismo departamento en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal,
también mantiene su silla después de que este diario revelase hace semanas que en 2001 pagó
156.166 euros a la trama Gürtel (a través de la firma Special Events de Francisco Correa) por un
informe para instalar un sistema de información telefónica a ganaderos que en la Xunta nadie
encuentra por ningún lado.
En este primer año de Gobierno del PP, se ha desvelado además que el delegado de la misma
consejería, responsable del urbanismo en Pontevedra, Evaristo Juncal, tiene un chalé ilegal por el
que en 24 años no ha pagado el IBI en el Ayuntamiento donde es concejal. Juncal había saltado
ya a los titulares cuando se supo de sus negocios con testaferros de narcos. El presidente de
Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, también se ha dado de bruces con el juzgado.
La fiscalía le atribuye haber autorizado en tiempos de Fraga una piscifactoría por "intereses
económicos ajenos". El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, que se ha visto
involucrado en un fraude de ayudas de la Unión Europea, sigue representando a todas las
consejerías del Gobierno gallego en aquella provincia. No hay noticia de que ni Feijóo ni el PP
vayan a aplicar el rigor del código ético que rige en los estatutos del partido.
El compromiso de "acabar con el caciquismo en un solo día" que el nuevo PP gallego, y sobre
todo su líder, abanderaron también es papel mojado. En Ourense, donde el sempiterno barón,
José Luis Baltar provincial, ha cedido los trastos del partido a su hijo, José Manuel, se repiten los
enchufes para acceder a la Diputación. Familiares e hijos de los compromisarios que permitieron
a Baltar, tras treinta años de mandato, sucederse a sí mismo, han copado las nuevas plazas de
funcionario en la Diputación de Ourense. Y mientras, la oposición no deja de repetirse qué debe
pasar para que Feijóo cese por fin a alguien en la Xunta o el partido.
LOS CASOS QUE EL PRESIDENTE NO QUIERE VER
- Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, imputado por el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia por certificar obras en falso.
- Ana María Díaz, directora de Formación y Colocación en la consejería de Trabajo, condenada
por despido improcedente.
- El jefe territorial de Medio Ambiente en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, pagó 156.000
euros a Gürtel por un informe que no aparece. Su homólogo en Pontevedra, Evaristo Juncal,
delegado de urbanismo, tiene un chalé ilegal.
- El presidente de Puertos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, denunciado por el fiscal
que ve prevaricación en el permiso de una piscifactoría.
- El superdelegado en Pontevedra, Rogelio Martínez, imputado por fraude documental.
Feijóo gasta ahora medio millón de euros sólo en mobiliario para la biblioteca del Gaiás
El pres

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