España: Leyes "mordaza" restringen indebidamente la libertad de

España: Leyes "mordaza" restringen indebidamente la libertad de

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España: Leyes "mordaza" restringen indebidamente la libertad de
reunión y la defensa de los derechos humanos. Su entrada en vigor
no debe ser permitida.
IS
(Ginebra) - ISHR hace un llamado urgente al Gobierno español para posponer la entrada en vigor de tres
polémicas reformas que fueron aprobadas por el Congreso el 26 de marzo de 2015, y que son manifiestamente
incompatibles con los derechos y libertades fundamentales consagrados en el derecho internacional y en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España en 1979. Las leyes están programadas
actualmente para entrar en vigor en julio de este año.
Organizaciones de la sociedad civil, tales como Rights International Spain (RIS), junto con varios expertos en
derechos humanos de la ONU, han expresado su profunda preocupación por el impacto negativo que las
reformas tendrán en las libertades fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión, asociación y
reunión.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana exige previa autorización del gobierno para participar en protestas
pacíficas y limita severamente los lugares en los que este tipo de protestas pueden llevarse a cabo.
La reforma del Código Penal tiene el potencial para castigar injustamente a los que organizan las marchas,
asimismo aumenta las sanciones que pueden imponerse por las ofensas que se produzcan en el contexto de las
protestas.
Grupos de derechos humanos temen que, por su parte, la reforma antiterrorista la cual contiene varios
términos vagos e imprecisos, pueda aplicarse de manera arbitraria e imponer límites desproporcionados a la
libertad de expresión.
"Las leyes mordaza violan claramente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Imponen
restricciones arbitrarias e innecesarias y sanciones indebidas y excesivas a los que tratan de utilizar las calles
como un foro para la defensa de los derechos humanos y expresar sus preocupaciones acerca del sistema de
gobierno", dijo el Director de Comunicaciones e Incidencia de ISHR, Ben Leather. España ha experimentado
un incremento del 283 por ciento en las protestas callejeras desde el año 2008, que va acorde con el aumento
en las medidas de austeridad.
Cinco de los Procedimientos Especiales de la ONU ya habían señalado anteriormente que "el texto de los
proyectos de reforma incluye definiciones demasiado amplias o ambiguas que allanan el camino para una
ejecución desproporcionada o discrecional de la ley por las autoridades”. El Relator Especial sobre la libertad
de expresión, David Kaye, había dicho sobre la reforma al Código Penal que "la redacción de la ley es
problemática y los crímenes, según la definición, podría criminalizar a quienes convocan manifestaciones
pacíficas".
Por otra parte, las ONG han manifestado que la definición de los delitos de terrorismo - el uso de términos
tales como "actos de incitación y glorificación" o "justificación del terrorismo" - contenidas en la reforma
antiterrorista, son demasiado amplios y vagos, dejándolos abiertos a la interpretación arbitraria.
RIS ha subrayado que la Ley de Seguridad Ciudadana tiene tres objetivos claros y preocupantes: requiere que
las personas obtengan la autorización previa de una agencia del gobierno (en comparación con el requisito de
notificación previa a la agencia), para que una protesta pacífica sea lícita, violando el artículo 21 de la
Constitución; en segundo lugar, se propone prevenir que el espacio público sea utilizado como un lugar de
participación política, y, por último, cualquier forma de protesta pacífica, social y legítima en cualquier
sociedad democrática será sancionada. Según las condiciones de la nueva ley, los manifestantes podrían ser
multados por el monto de hasta € 600.000 por protestar frente a determinados edificios públicos, como el
Congreso por ejemplo.
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El año pasado ISHR publicó un documento informativo en Inglés y Español, planteando la cuestión de las
restricciones oficiales en el espacio para los defensores y activistas de derechos humanos y alentando al
Gobierno de España para invertir la tendencia de aumento a las restricciones y abusos contra los
manifestantes. El documento fue presentado oficialmente al proceso del Examen Periódico Universal de
España, que concluirá en el Consejo de Derechos Humanos el próximo mes de junio.
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"Es imperativo que el gobierno Español escuche a la ONU y a su propia sociedad civil y reforme las leyes con
el fin de cumplir con los estándares internacionales", dijo el señor Leather. "De no ser así, la responsabilidad
recaerá en otros Estados miembros de la ONU, de utilizar la aprobación y adopción del EPU de España en
junio como una plataforma para cuestionar estas nuevas leyes y demandar que se tomen acciones al respecto".
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Para más información, contactar a Ben Leather de ISHR al correo [email protected] o a Cristina de la Serna
de RIS al correo [email protected]
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2015