¿Milicias rurales? - Alejandro Encinas

¿Milicias rurales? - Alejandro Encinas

¿Milicias rurales?
Alejandro Encinas Rodríguez
Difícil, complicada en extremo, es la situación que se vive en diversas
entidades del país, en particular en el estado de Michoacán.
La suscripción del convenio de colaboración entre el gobierno federal y el
local, ha derivado en el nombramiento de un Comisionado Especial para la
Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Un poderoso comisionado, que
junto con representantes del gabinete federal y la derrama de 45 mil 500
millones de pesos, han desplazado de facto los poderes locales para “abatir al
crimen organizado”.
Se trata de una respuesta tardía frente a la ingobernabilidad en la entidad, el
control de amplias regiones del estado por la delincuencia organizada, la
ausencia de autoridad en todos sus órdenes y el fracaso del Programa Nacional
de Prevención del Delito que excluyó a los municipios de Michoacán donde
surgieron los grupos de autodefensa, pues como denunció México Evalúa, el
gobierno de Peña Nieto no consideró a la región de “Tierra Caliente” para ser
beneficiada por una bolsa de 2 mil 500 millones de pesos para inversión en
proyectos de rescate social, y que ahora, con gran demora, el Subsecretario de
Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa, ha anunciado un
programa especial para atender 29 municipios de esta región en la que Sedesol
invertirá además 3 mil millones de pesos.
Nadie puede negar la necesidad de canalizar un importante volumen de
recursos a Michoacán, como también a otras regiones del país, para atender el
flagelo de la pobreza y la inseguridad anidada en torno a ella. Pero la
reconstrucción del tejido social desintegrado a lo largo de varias décadas y el
restablecimiento de una autoridad con un mínimo de credibilidad, va a
requerir, más que dinero, infraestructura y sofocar a los cárteles delictivos, el
involucramiento pleno de las y los michoacanos en todas las esferas de los
asuntos públicos, respetando sus formas de organización y el ámbito de su
gestión. Por ejemplo: reconocer a los grupos de autodefensa como legítimos
representantes de las comunidades.
Sin embargo, la decisión de registrarlos bajo la figura de Cuerpos de Defensa
Rurales, tiene implicaciones que afectarán su legitimidad y en particular su
representatividad ante la comunidad, ya que conforme a la ley vigente y su
reglamento, los Cuerpos de Defensa Rural, se sujetan al fuero y a la disciplina
militar, ya que “el mando supremo de los Cuerpos de Defensas Rurales
corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o por
conducto del Secretario de la Defensa Nacional” y se someterán –sin percibir
ningún emolumento– a las reglas de las fuerzas armadas para su organización,
adiestramiento y operaciones, y podrán ser disueltas cuando la autoridad
militar lo juzgue conveniente.
Las Defensas Rurales cooperarán en “auxiliar a las tropas como guías,
exploradores y estafetas en la persecución, captura y consignación de
trastornadores del orden y seguridad pública”.
Además, cuando algún autodefensa cometa alguna falta se someterá a un
Consejo de Honor que podrá amonestar, destituir o dar de baja al defensa
rural, consignando cuando resulte la comisión de un delito a las autoridades
competentes del fuero de guerra, federal o común.
Ahí la inconveniencia de adoptar una medida que mine la naturaleza
autogestiva y comunitaria de las autodefensas, lo que puede crear mayores
problemas, como sucedió en Colombia, cuando las Autodefensas Unidas de
Colombia creadas en 1999 por políticos, militares y empresarios para
combatir a las FARC, se transformaron en cuerpos paramilitares vinculados a
la comisión de delitos y al control del territorio donde operaban. (Senador de
la República)