Las televisiones recortan gastos pero no cuestionan el modelo
Transcripción
Las televisiones recortan gastos pero no cuestionan el modelo
EL PAÍS, miércoles 21 de abril de 2010 26 la s s ni i1id;ad del Estado d 2. 401 `. nesta ° INISTRACIÓN. LAS CADENAS PUBLICAS Dan empleo a 7.000 personas en las 13 comunidades en las que están instaladas y absorben cada año 1.000 millones de euros de los presupuestos autonómicos. No soin capaces de autofinanciarse, pero ningún Gobierno regional está dispuesto a renunciar a su televisión gestión", añade. Pese al efecto de la crisis, el sector televisivo facturó el año pasado 2.300 millones de euros en publicidad. Del total de la tarta, las autonómicas acapararon un 10%. "Por cuota de audiencia nos correspondería un Las televisiones recortan gastos pero no cuestionan el modelo 15%, pero no somos tan agresivos Rechazan imitar a RTVE y proclaman que no renunciarán a la publicidad ROSARIO G. GOMEZ Madrid Las cuentas de los canales autonómicos Presupuesto +~ Subvención En tiempos de crisis, el foco apunta a las televisiones autonómicas. El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, sostiene que son "un saco sin fondo", que funcionan "para gloria de los gobernantes de turno" y que el dinero que cuestan estaría mejor invertido en carreteras, colegios u hospitales. Pero sus responsables lo ven diferente: son un elemento vertebrador del territorio y motor de la industria audiovisual. Las autonomías han desarrollado un enjambre de canales que cada año cuestan más de 1.000 millones de euros. Su modelo de financiación se apoya en dos pilares: subvenciones y publicidad. Ningún Ejecutivo regional cuestiona esta fórmula, pese a que los operadores privados reclaman que sigan los pasos de TVE y prohíban la emisión de publicidad. A cambio de renunciar a los ingresos de los anuncios, la corporación estatal se financia mediante una tasa que se aplica a las privadas (3% de sus ingresos) y a las empresas de telecomunicaciones (0,9%). Además, percibe el 80% de la recaudación por el uso del espacio radioeléctrico y una subvención que ronda los 500 millones. Total: 1.200 millones. ¿Es posible trasladar ese modelo a las autonómicas? Los expertos lo ponen en duda. ¿A cargo de quién pueden cobrar un canon? Hoy por hoy no tienen más que una respuesta: a cuenta de los ciudadanos. En Europa la televisión INVERSIÓN' EJERCICIO2010 Canales Corporación Catalana 82,4 238 Canal Sur 36,9 201 Televisión Valenciana 21,6 179 Euskal Telebista 16,6 136 RNG Telenr 2009 473 Aragón TV 64 Baleares IB3 i2 2,9 Pese a los mensajes que lanza el PP, la ley audiovisual impide privatizar 56 TV Autonómica Canaria TV Principado de Asturias 31,7 65 Castilla La Mancha TV TV Región de Murcia 17,7 132 id i 45 -Inversión publicitaria en los canales de las comunidades autónomas, en millones de euros 39 Fuente: InfoAdea, elaboración propm. pública sobrevive a golpe de canon: 360 euros en Austria o 190 en Reino Unido. Uteca, el organismo que agrupa a los canales privados, calcula que en España el coste neto por hogar oscila entre los seis euros por habitante y ano de Aragón y los 140 del País Vasco. Un coste que sin duda crecería si se cortara el grifo de la publicidad, tal y como reclama el presidente de Uteca, y de Telecinco, Alejandro Echevarría. Las autonómicas tienen claro que no van a renunciar a la publicidad. "Es una fuente de ingresos que contribuye a aligerar las aportaciones públicas", sostiene Enrique Laucirica, secretario general de la Forta, que integra 12 entes regionales (Extremadura no forma parte de este club, ni Castilla y León, Cantabria, Navarra y La Rioja, que carecen de televisión EL PAIS propia). Algunas emiten hasta cuatro canales. Y no todos con criterios de servicio público. ¿Es necesaria su existencia si ofrecen los mismos contenidos que las privadas? Para el director jurídico de Canal Sur, Carlos Millán, son un elemento vertebrador al 100% y alimentan una industria que genera trabajo y riqueza. En un contexto de crisis económica y publicitaria (con una caída del 20,9% en 2009), las autonómicas se han ajustado el cinturón. Han recortado sus presupuestos y revisado las inversiones. La corporación aragonesa, por ejemplo, ha cancelado su canal vía satélite y la catalana tiene congelado uno de deportes. Renunciar a los recursos publicitarios empeoraría el escenario. Millán cree que "una televisión sin publicidad es el fin de cualquier televisión". "En nuestro caso no ha habido ningún debate", dice Diego Carvajal, secretario general de la RTV murciana. "En todo caso, debería ser una decisión del Gobierno autonómico, que es el que define el modelo de Y además en elpais.com/especial/Sosteníbílidad > Entrevista digital. Enrique Laucirica, secretario general de la FORTA, charlará con los lectores a partir de las 13.oo. - Tribuna. Unas instituciones superfluas, de Agustín Ruiz Robledo. Encuesta,. ¿Hay que seguir subvencionando las TV autonómicas? > Mañana en Economía. La opacidad del gasto autonómico. `Las reformas que necesitamos Jordi Sevilla Los ajustes presupuestarios ponen de moda reajustes organizativos de las Administraciones públicas, la mayoría de las veces, buscando más la apariencia de austeridad que la realidad de una mejora en la eficiencia. Y sin embargo, se puede hacer bien si sabemos qué queremos hacer con las Administraciones. Con crisis o sin crisis las Administraciones públicas en España están lejos de ser lo que deben ser, a pesar de las islas de modernidad que las salpican. Tenemos la Administración que hemos ido heredando como consecuencia solapada de las distintas transformaciones sufridas pero ha faltado, hasta ahora, un plan director, un sentido global, una estrategia y un interés político suficiente para efectuar las reformas oportunas que transformen lo que tenemos en lo que necesitamos. Nuestra Constitución procedió a una deconstrucción profunda de las institucio- comercialmente como las privadas; no saturamos la pantalla. Gestionamos la publicidad teniendo en cuenta el carácter de servicio público de nuestras empresas", añade Laucirica- TV3 incluso ha reducido los anuncios a 10 minutos por hora. "La televisión pública no es sostenible sin publicidad", afirma la directora general de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Rosa Cullell, al tiempo que se pregunta "si algu- nes administrativas, que pasaron de una dictadura a una democracia, de un país cerrado, a compartir soberanía con la Unión Europea y de un Estado con una Administración a un Estado organizado en diecisiete Administraciones autonómicas, más una central. El contexto en que deben actuar ha cambiado de manera tan drástica, que no es su tamaño, el volumen de gasto público o el número de funcionarios lo que se debe revisar, sino sus objetivos, su eficacia y la evaluación de su desempeño. El Estado autonómico es mucho más que transferencias unilaterales de competencias, con suma cero. Es sobre todo un reparto de funciones que altera, de manera radical, las tareas que deben desempeñar cada una de las Administraciones. Las autonómicas no pueden aspirar a convertirse en mini-Estados, así como la central no debe pretender seguir haciendo lo de siempre, pero con menos medios, dejando de cumplir sus otras obligaciones constitucionales como garantizar la igualdad y la solidaridad en todo el territorio nacional. Articular mejor la cooperación entre Administraciones distintas que forman parte del mismo Estado, exige: la reforma del Senado, la reglamentación de la Con-, ferencia de Presidentes y Conferencias Sectoriales, así como regular los consorcios integrados de gestión interadministra- tíva para evitar duplicidades. Debe elaborarse también un Estatuto del Gobierno y de la Administración central que establezca sus deberes, derechos, competencias y financiación. A partir de conocer lo que cada uno tiene que hacer, debe redefinirse la estructura de las Administraciones actuales, para adecuar su tamaño y funcionamiento a las tareas que tenga que hacer cada una. En la Administración central se debe impulsar la gestión profesional de servicios públicos mediante agencias que tengan objetivos evaluables, creando servicios comunes de compra, contratación y personal, ahorrando costes con una sola central donde hoy existe una suma de ministerios, desarrollar la Administración electrónica como instrumento de reforma de procedimientos moviendo los bits de información na televisión privada invertirá en hacer un canal infantil o uno informativo en catalán". Con 26 años de historia, la CCMA es más potente que cualquier privada. Tiene 2.700 empleados y emite cuatro señales. Cullell, no obstante, sostiene que el grupo ha crecido de manera desordenada y que una estructura mastodóntica no es operativa. "Tenemos que cam- biar y ser capaces de plantear un nuevo modelo de empresa pública, con estructuras de gobierno, más flexibles y menos burocratizadas que nos permitan competir y dar calidad a los ciudadanos". La autofinanciación es un espejismo. Al igual que la privatización, pese a las proclamas del PP. La Ley Audiovisual consagra el carácter público de las autonómicas y da libertad a los respectivos Parlamentos para fijar su modelo. por la red, en lugar de a los ciudadanos entre ventanillas y desarrollar el Estatuto del Empleado Público implantando la carrera profesional, la evaluación del desempeño y la función directiva en una Administración no secuestrada por los cuerpos de funcionarios, que combine las exigencias de imparcialidad, mérito y capacidad en el acceso, con las modernas técnicas de gestión de puestos de trabajo. Los ciudadanos tenemos derecho a una buena administración de la cosa pública. A tener un portal único de acceso electrónico a todas las Administraciones del Estado. A ser considerados clientes, a cuyo servicio se pone la Administración, en lugar de subordinados de estas. A exigir que los impuestos sean justos y gastados bien, de manera demostrable. A que la Administra- ción sea un motor de progreso, en lugar de una rémora para el mismo. Hoy, esto es necesario. Pero, además, con las leyes aprobadas la pasada legislatura, ya es posible. Hagámoslo, aunque se pisen algunos callos. Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas (2004-2007) y director del informe "Una reforma para la AGE", del Centro PwC/IE de Sector Público.