informe de ai sobre túnez

INFORME DE AI SOBRE TÚNEZ
Jefe del Estado Zin el Abidín ben Alí
Jefe del gobierno Mohamed Ganuchi
Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 10,4 millones
Esperanza de vida 74,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 24/21 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 78 por ciento Información general
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Protestas contra el gobierno
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Restricciones a ex presos políticos
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Las autoridades mantuvieron las estrictas restricciones impuestas a la libertad de expresión, asociación
y reunión, y se continuó hostigando, amenazando y encarcelando a quienes criticaban al gobierno.
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También se hostigó, intimidó y sometió a restricciones a personas que habían estado encarceladas por
motivos políticos.
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Se tuvo conocimiento de torturas y otros malos tratos en comisarías y prisiones.
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Las personas procesadas en virtud de la legislación antiterrorista eran condenadas a largas penas de
cárcel en juicios injustos.
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Siguieron imponiéndose penas de muerte, pero el gobierno mantuvo la suspensión de las ejecuciones.
Información general
En junio se modificó el artículo 61 bis del Código Penal para tipificar como delito, punible hasta con 20 años de
cárcel, los “contactos directos o indirectos con agentes de un país extranjero o una institución u organización
extranjeras para animarlos a influir en los intereses vitales de Túnez y su seguridad económica”. La
modificación se introdujo un mes después de que activistas tunecinos de derechos humanos se hubieran
reunido en España y Bélgica con funcionarios y parlamentarios de la Unión Europea con el fin de instar a ésta a
que, en el contexto de las negociaciones sobre el “estatuto avanzado” de Túnez, presionara al gobierno para
que cumpliera sus obligaciones en materia de derechos humanos. Al parecer, el propósito de la nueva
disposición era penalizar e impedir esta labor de captación de apoyos en otros Estados e instituciones
multilaterales en favor de los derechos humanos en Túnez.
En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, formuló sus observaciones sobre los derechos de la
infancia en Túnez y recomendó la modificación del Código Penal con el fin de prohibir todas las formas de
castigo corporal a niños permitidas todavía en el hogar y en los entornos de acogida alternativos.
Protestas contra el gobierno
El 17 de diciembre se desencadenó una oleada de protestas antigubernamentales cuando Mohamed Bouazizi,
de 24 años, se inmoló en la localidad de Sidi Bouzid en un acto desesperado de protesta porque un funcionario
local le había impedido vender verduras y, al parecer, lo había agredido. Las fuerzas de seguridad
emplearon fuerza excesiva, e incluso usaron munición real, para dispersar las protestas, que en su
mayoría eran pacíficas. A consecuencia de ello murieron al menos dos personas, y otras muchas
resultaron heridas por la munición real, las balas de goma, el gas lacrimógeno o las palizas. Al final del
año continuaban las protestas, que se habían extendido por todo el país.
Mohamed Ammari y Chaouki Belhoussine el Hadri murieron por disparos de las fuerzas de seguridad durante
una protesta que tuvo lugar el 24 de diciembre en Manzel Bouzayane, pequeña localidad de la provincia de Sidi
Bouzid.
Libertad de expresión y reunión
Las autoridades mantenían un estrecho control sobre Internet y los medios de comunicación. Quienes
criticaban abiertamente al gobierno o denunciaban sus violaciones de derechos humanos seguían siendo
objeto de hostigamiento, vigilancia intensiva, enjuiciamiento injusto y agresión física. Las organizaciones
independientes de derechos humanos tenían dificultades para organizar actos públicos o alquilar locales para
sus reuniones, y cuando lo conseguían se las controlaba con una fuerte presencia de fuerzas de seguridad.
Fahem Boukadous, periodista, y Hassan Ben Abdallah, licenciado sin trabajo, cumplían sendas penas de
cuatro años de cárcel en la prisión de Gafsa por su presunta participación en las protestas populares
registradas en 2008 contra el desempleo y el alto coste de la vida en la provincia suroccidental de Gafsa.
Fahem Boukadous había sido declarado culpable también de “difundir información susceptible de alterar el
orden público” por haber cubierto las protestas para un canal privado de televisión. Los dos habían sido
condenados en juicios injustos. Los habían juzgado y condenado in absentia en 2008, pero en enero y marzo
los volvieron a juzgar después de que solicitaran un nuevo juicio. Entre octubre y noviembre, Fahem
Boukadous mantuvo una huelga de hambre durante 39 días para protestar por su encarcelamiento y las duras
condiciones de reclusión. Puso fin a la protesta cuando las autoridades penitenciarias prometieron mejorar
dichas condiciones.
En marzo, las autoridades impidieron a periodistas y activistas de derechos humanos asistir en Túnez capital a
unas conferencias de prensa en las que la Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos y Human
Rights Watch tenían previsto hacer públicos sendos informes sobre el hostigamiento que sufrían los ex presos
políticos en el país.
Restricciones a ex presos políticos
Muchos ex presos políticos seguían sometidos a órdenes de control administrativo, por lo que debían
personarse con frecuencia en una comisaría y solían ser objeto de una vigilancia policial opresiva y de
restricciones del ejercicio de sus derechos civiles. Algunos volvieron a ser detenidos o encarcelados por
haber reanudado sus actividades políticas pacíficas o criticado públicamente al gobierno, mientras que a otros
se les negaba el acceso a asistencia médica. La mayoría no podían circular libremente dentro de Túnez ni
obtener un pasaporte. Por esta razón, tampoco podían acceder a empleos remunerados ni llevar una vida
normal.
Sadok Chourou salió de la prisión de Nadhour el 30 de octubre. Había quedado en libertad condicional en
2008, pero había vuelto a ser encarcelado durante un año más tras conceder unas entrevistas al canal de
televisión por satélite Al Hiwar y a otros medios de Internet en noviembre de ese año, pocos días después de
quedar en libertad. Al ser excarcelado el 30 de octubre, unos funcionarios le indicaron que no debía desarrollar
actividades políticas ni mediáticas, pero no se lo notificaron de manera oficial.
Siguió sin expedirse a Abdellatif Bouhajila el pasaporte, que necesitaba para ir al extranjero a recibir
tratamiento médico. Puesto en libertad condicional en 2007 tras haber sido condenado en 2001 a 17 años de
cárcel por su presunta pertenencia al grupo islamista Al Ansar (Los Seguidores), al parecer estaba mal de
salud como consecuencia de las huelgas de hambre y los malos tratos recibidos en prisión.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las autoridades hostigaban de forma permanente a los defensores de los derechos humanos, por ejemplo,
sometiéndolos a una vigilancia intensiva e interfiriendo o bloqueando sus comunicaciones telefónicas y su
acceso a Internet. Les impedían también asistir a mítines o reuniones sobre derechos humanos. Algunos
fueron objeto de agresiones físicas. La mayoría de las organizaciones independientes de derechos humanos
siguieron sin conseguir su legalización. En febrero, la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los
derechos humanos pidió a las autoridades tunecinas que pusieran fin a sus campañas de intimidación física y
psicológica contra las personas que defendían los derechos humanos.
Las autoridades continuaron hostigando e intimidando a Ali Ben Salem, de 78 años, por sus actividades
sobre derechos humanos y por ser miembro fundador de varias organizaciones de derechos humanos, entre
ellas el Consejo Nacional para las Libertades en Túnez y la Asociación de Lucha contra la Tortura en
Túnez. Continuó habiendo agentes de la Seguridad del Estado apostados permanentemente ante su casa, que
albergaba la sede de la Liga Tunecina de Derechos Humanos en la región de Bizerta, y le cortaron también las
comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet. Era objeto de una vigilancia constante y se le impedía
físicamente asistir a reuniones sobre derechos humanos. Continuó negándosele la tarjeta de atención gratuita
de la salud y el pasaporte, lo que le impedía recibir tratamiento médico para sus graves dolencias de espalda y
corazón.
El periodista y activista de derechos humanos Zouheir Makhlouf quedó en libertad en febrero. Detenido en
octubre de 2009, lo habían condenado por un documental sobre la contaminación en la zona industrial de
Nabeul, en el noreste de Túnez. En abril, ocho agentes de policía se presentaron en su domicilio y le dijeron
que estaba detenido. Cuando Zouheir Makhlouf les pidió que le mostraran la orden de detención, los agentes
lo golpearon delante de su esposa y sus hijos y se lo llevaron a una comisaría, donde lo tuvieron siete
horas detenido. Al quedar en libertad tenía magulladuras y la nariz rota. En diciembre, poco después de salir
de su casa para informar sobre unos disturbios ocurridos en la provincia de Sidi Bouzid, volvió a sufrir una
agresión, esta vez a manos de un hombre vestido de civil, al parecer policía.
Seguridad y medidas antiterroristas
Las autoridades siguieron deteniendo, recluyendo y juzgando a personas por presuntos delitos contra la
seguridad, entre ellas algunas devueltas a Túnez por otros Estados. Según los informes, desde 2003 se había
condenado a unas 2.000 personas en aplicación de la legislación antiterrorista, incluidas muchas juzgadas in
absentia en juicios que no habían cumplido a menudo las normas internacionales sobre justicia procesal. Los
acusados afirmaban que los habían obligado a “confesar” bajo tortura u otros medios de coacción durante su
prisión preventiva en régimen de incomunicación, pero los tribunales aceptaban dichas “confesiones” como
prueba sin investigarlas en absoluto o de forma adecuada.
Durante una visita efectuada en enero a Túnez, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección
de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo criticó la Ley Antiterrorista de 2003. Instó al gobierno
a modificar la amplia definición de “terrorismo” contenida en ella y a restringir su aplicación para excluir a las
personas condenadas impropiamente por “terrorismo”.
Seifallah Ben Hassine seguía recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Mornaguia, cerca de Túnez
capital. Se encontraba encarcelado en esas condiciones desde 2007, es decir, durante un periodo muy superior
a los 10 días permitidos por la legislación tunecina. Había sido condenado en 2003 en virtud de la Ley
Antiterrorista y el Código de Justicia Militar y tras ser sometido a seis juicios diferentes, incluidos cuatro ante el
Tribunal Militar de Túnez capital. Sus seis condenas, que debía cumplir de forma sucesiva, sumaban 68 años
de cárcel. Lo habían detenido cuando se encontraba de viaje en Turquía, donde afirmaba haber estado
recluido en régimen de incomunicación durante un mes y sufrido torturas antes de ser devuelto a Túnez.
Derechos de las mujeres
Las autoridades siguieron afirmando que Túnez era un Estado comprometido con la promoción y protección de
los derechos de las mujeres. Sin embargo, mujeres periodistas que criticaban al gobierno y defensoras de los
derechos humanos fueron objeto de actos de hostigamiento y campañas difamatorias en los medios de
comunicación controlados por el Estado.
En febrero, dos policías vestidos de civil agredieron en Túnez capital a Faten Hamdi, periodista de Radio
Kalima, cadena que no tenía autorización para emitir en el país. Trataron de obligarla a subir a un automóvil y
la golpearon en la cara, pero ella consiguió huir.
Las juezas que habían formado parte de la destituida junta directiva de la Asociación de Magistrados Tunecinos
y abogado por la independencia del poder judicial eran objeto de un hostigamiento permanente.
Kalthoum Kennou fue trasladada en contra de su voluntad de Kairuán a Tozeur, en lugar de a su ciudad natal,
Túnez. A otras juezas se les bajó el sueldo sin previo aviso y se les negaron ascensos.
En octubre, al analizar los derechos de las mujeres en Túnez, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por las denuncias sobre detenciones arbitrarias y actos
de hostigamiento a ONG y defensoras de los derechos humanos y la exclusión de las organizaciones
autónomas de mujeres de los procesos de toma de decisiones y de las ayudas del Estado.
Pena de muerte
Se condenó a muerte al menos a 22 personas, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución. El gobierno
mantenía la suspensión de las ejecuciones vigente en la práctica desde 1991. Las al menos 136 personas
condenadas a muerte, entre ellas 4 mujeres, no podían mantener contactos con familiares ni abogados.