El testimonio de Yesikka - Corporación Viva la Ciudadanía

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CPI emite orden de arresto contra el presidente
de Sudán, Amir Al Bashir
Entrevista
La Corte Penal Internacional ordenó el arresto del presidente Al Bashir, ¿qué
sigue?
La Corte Penal Internacional (CPI) no cuenta con su propio cuerpo policial, por lo
que no le es posible arrestar al presidente Al Bashir. El arresto del mandatario
dependerá del apoyo que la comunidad internacional le preste.
Los estados que ratificaron el Estatuto de Roma, que crea la CPI, tienen la
obligación de cooperar plenamente con la Corte, lo que implica llevar a cabo sus
órdenes de arresto. A su vez, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas que le solicitó a la CPI investigar la situación en Darfur puede ser
interpretada como un requerimiento a todos los estados, para que cooperen
completamente con la Corte, hayan o no firmado o ratificado el Estatuto de Roma.
La Corte afirmó que la orden de arresto será comunicada inicialmente a Sudán y a
los estados que formen parte del Estatuto de Roma y al Consejo de Seguridad. La
CPI también manifestó que, en caso de no haber cooperación, podría acudir al
Consejo de Seguridad para que tome medidas.
¿Cómo afectará la decisión de la Corte a los habitantes de Darfur? ¿Los
pone en situación de peligro? ¿Qué ocurrirá con la asistencia humanitaria en
la región?
Hasta ahora, la impunidad para los perpetradores de la violencia en Darfur ha
provocado una escalada del conflicto. La orden de arresto podría significar una
reafirmación del estado de derecho y un elemento disuasivo para futuros
crímenes. Al mismo tiempo, las víctimas del conflicto necesitan asistencia
humanitaria, protección y los beneficios de una salida negociada. La comunidad
internacional, en particular los países africanos, deben continuar con la búsqueda
de esos objetivos e insistir en que los criminales rindan cuentas por sus actos. Las
autoridades sudanesas no deben mantener como rehén a su propia población e
infligir más sufrimiento negando el acceso a la asistencia.
¿Esto significa el fin de cualquier negociación de paz en Darfur?
La emisión de una orden de arresto no necesariamente detiene los esfuerzos para
alcanzar la paz. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se
refirió a la situación en Darfur y pidió una investigación a la CPI, aseguró que los
crímenes cometidos en la región constituían una amenaza a la paz y a la
seguridad internacional. Al hacerlo, el Consejo claramente reafirmó no sólo que la
justicia y la paz son compatibles sino que la justicia es un elemento importante
para restablecer la paz y la seguridad.
La CPI procesa al presidente Al Bashir por dos cargos de crímenes de guerra
y cinco de crímenes contra la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre los
términos?
Los crímenes de guerra son violaciones graves a las “leyes de la guerra”,
enmarcadas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El DIH es un
compendio de normas de las Convenciones de La Haya, Ginebra y sus Protocolos
Adicionales. Esas convenciones buscan proteger a las personas que no forman
parte de un conflicto armado, como los civiles, los heridos y enfermos, y los
prisioneros de guerra. Bajo el estatuto de la CPI, para que un delito sea clasificado
como crimen de guerra, debe estar vinculado a un conflicto armado nacional o
internacional, y haber sido perpetrado de acuerdo con una política o plan más
amplio.
Los crímenes contra la humanidad son crímenes graves (como asesinato, tortura o
violación sexual) cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra los civiles y no como actos aislados. Estos crímenes suelen estar
conectados a una política o plan organizado o patrocinado por un gobierno o un
grupo no estatal. A diferencia de los crímenes de guerra, pueden ser cometidos en
tiempos de paz.
La Corte rechazó la petición del Fiscal de procesar al presidente Al Bashir
por genocidio, ¿por qué?
El crimen de genocidio, como lo definen tanto el Estatuto de Roma como la
Convención sobre Genocidio de 1948, requiere que haya pruebas de que el
perpetrador pretendía “destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico,
racial o religioso”. Esa destrucción puede manifestarse en asesinatos, violaciones
o torturas.
El Fiscal buscaba establecer que el presidente Al Bashir pretendía especialmente
destruir, basados en sus características étnicas, a los miembros de los grupos
étnicos Fur, Masalit y Zaghawa en Darfur. De acuerdo con el Fiscal, el presidente
Al Bashir, con el apoyo de las fuerzas militares sudanesas y las milicias conocidas
como Janjaweed, atacó a civiles en poblaciones habitadas principalmente por
miembros de esas tres etnias. Los ataques, incluyendo asesinatos y violaciones,
provocaron el desplazamiento forzado de una parte sustancial de esos grupos.
Los jueces, al parecer, no se convencieron de que el presidente Al Bashir cometió
esos actos con la intención necesaria para definirlos como crímenes contra la
humanidad. En todo caso, sería incorrecto interpretar una decisión formal de la
Corte como una afirmación de que no se cometió un genocidio en Darfur. La Corte
sólo está juzgando a individuos y no únicamente con base en la evidencia limitada
que se le ha presentado. El fiscal afirmó que podrá apelar la decisión de no
procesar al presidente Al Bashir por genocidio.
Si el presidente Bashir no es detenido de manera inmediata, ¿qué significa
eso para la autoridad y la importancia de la CPI?
El presidente Al Bashir es el primer jefe de Estado procesado por la Corte, lo que
envía una señal de que nadie, independiente de su situación jerárquica, está por
encima del derecho internacional. Sin embargo, la CPI sólo podrá ser tan
poderosa como los estados quieran que sea, aunque es una institución
permanente y sus órdenes de arresto no caducarán. Por ejemplo, el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia esperó 12 años para hacer efectiva una
orden de arresto contra el presidente de la autoproclamada República Srpska,
Radovan Karadžić.
La CPI ha emitido hasta ahora órdenes de arresto contra 12 personas, todas
de ellas africanas, ¿por qué la Corte parece estar enfocada en África en lugar
del mundo entero?
Los estados africanos han estado a la vanguardia del establecimiento de la CPI y
tres de las cuatro situaciones que la Corte examina en la actualidad fueron
examinadas por la Corte a pedido de los mismos estados: Uganda, la República
Democrática del Congo y la República Centroafricana. La Corte ha resaltado que
está actuando para proteger a las víctimas de atrocidades masivas y también está
analizando crímenes presuntamente cometidos en otras partes del mundo, como
Colombia, Afganistán y Georgia.
La CPI no debe ser evaluada sobre la base del lugar en donde se producen los
casos sometidos a su jurisdicción, sino sobre la manera cómo éstos cumplen o no
con los requisitos de admisibilidad y evidencia para ser presentados ante ella. La
CPI es una institución judicial independiente y su decisión de condenar a una
persona está basada en si hay suficiente evidencia para establecer, más allá de la
duda razonable, que se cometió un crimen. La Corte también depende de la
voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional para llevar a cabo las
investigaciones y recopilar evidencia.
El mandato de la Corte se limita a crímenes cometidos después del primero de
julio de 2002, lo cual excluye muchas situaciones. Salvo el caso de una remisión
por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Corte sólo puede
hacer investigaciones en países que hayan ratificado el Estatuto de Roma o
aceptado la jurisdicción de la CPI de manera ‘ad hoc’. La ratificación global de la
CPI garantizará que pueda ejercer sus funciones en todo el mundo.
¿Con qué autoridad la Corte emprende acciones contra el presidente
Bashir?
La CPI fue establecida por la comunidad internacional como una forma de
reconocer la importancia de luchar contra la impunidad de los crímenes graves. La
ratificación del Estatuto de Roma por más de 100 estados da fe de una tendencia
global a poner fin a la impunidad que ha cobijado a los perpetradores de estos
crímenes, lo cual le da una fuerte autoridad moral y legal.
En 2005, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remitió la situación de
Darfur a la CPI mediante una resolución que es obligatoria para todos los estados,
Sudán incluido (aunque éste país no ratificó el Estatuto de Roma). La remisión le
dio a la CPI jurisdicción sobre la situación en Darfur y un mandato para investigar
y procesar a los responsables de los crímenes cometidos allí. En el caso del
presidente Al Bashir, los magistrados de la CPI emitieron una orden de arresto
después de encontrar razones de peso para creer que había cometido crímenes
contra la humanidad y crímenes de guerra.
¿El presidente Al Bashir tiene inmunidad por ser jefe de Estado?
La legislación sudanesa puede darle al jefe de estado inmunidad en su país, pero
el Estatuto de Roma dice que dicha inmunidad no limita a la CPI para ejercer su
jurisdicción, lo cual fue confirmado en 2002 por la Corte Internacional de Justicia.
¿Es posible que el Consejo de Seguridad impida que el caso avance?
El Estatuto de Roma le da al Consejo de Seguridad de Naciones unidas la
autoridad para suspender una investigación o acusación por 12 meses. Este poder
debe ser usado sólo en casos en que las necesidades de paz hagan
absolutamente necesario postergar los esfuerzos de obtener justicia. El Consejo
de Seguridad no debe posponer los casos basado en amenazas, incluyendo las
de cometer violencia o frenar un proceso de paz.
El Consejo de Seguridad consideró la situación en Darfur como una amenaza para
la paz y la seguridad internacionales en 2005, y envió el caso a la CPI. Aplazarlo
podría parecer inconsistente con esa determinación. También podría significar
rendirse ante aquellos que buscan frenar la justicia en lugar de prestarles especial
atención a las voces de las víctimas que consistentemente la reclaman.
¿Que criterios se utilizarían durante un juicio en la Corte Penal Internacional
para determinar la culpabilidad o inocencia del presidente Bashir?
Diferentes criterios de prueba tienen que coincidir en distintas etapas de los
procedimientos. Para que la orden de arresto fuera emitida, el fiscal tuvo que
convencer a un panel de tres jueces de que había “bases razonables” para creer
que el presidente Bashir cometió un crimen que está dentro de la jurisdicción de la
Corte.
Antes de que se pueda iniciar un juicio, los magistrados harán una audiencia para
confirmar los cargos enunciados en la orden de arresto, que requiere un mayor
nivel de prueba. Para que los jueces confirmen los cargos, el fiscal tiene que
demostrar que hay “bases sustanciales” para creer que el acusado cometió los
crímenes que se le imputan.
En la etapa de juicio, los requisitos son más estrictos, por cuanto el fiscal debe
establecer, “más allá de las dudas razonables”, que el acusado cometió los
crímenes imputados. La defensa tiene derecho a presentar su propio caso. En
última instancia, los jueces deben estar convencidos, sin la menor duda, de que el
acusado es culpable. Si hay duda, el acusado debe ser absuelto.
El ICTJ - Centro Internacional para la Justicia Transicional (www.ictj.org) es una
organización internacional privada fundada en 2001 en la ciudad de Nueva York,
con el fin de apoyar a países que buscan salir de conflictos armados o de
regímenes dictatoriales y consolidar la institucionalidad democrática sobre la base
del ejercicio de la justicia.

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