informe de ai sobre líbano

INFORME DE AI SOBRE LÍBANO
Jefe del Estado Michel Suleiman
Jefe del gobierno Saad Hariri
Pena de muerte retencionista
Población 4,3 millones
Esperanza de vida 72,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 31/21 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 89,6 por ciento Información general
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La población palestina refugiada continuaba sufriendo discriminación, que le impedía el acceso al trabajo, la salud, la
educación y una vivienda adecuada.
Según informes, se expulsó al menos a 23 personas de nacionalidad iraquí a quienes se había reconocido la condición
de refugiados, y había decenas más de personas refugiadas y solicitantes de asilo sometidas a condiciones que
podrían constituir detención arbitraria.
Al menos 19 personas fueron declaradas culpables en juicios sin garantías de colaborar con Israel o espiar para él;
según informes, 12 fueron condenadas a muerte.
Se siguió recibiendo información sobre casos de tortura bajo custodia.
Las trabajadoras domésticas migrantes continuaban sufriendo discriminación y abusos generalizados.
Las autoridades tomaron pocas medidas para investigar la suerte que habían corrido miles de personas desaparecidas
desde la guerra civil de 1975-1990.
Información general
Aumentó la tensión en el seno del frágil gobierno de unidad y en el país en general, en medio de informes que indicaban
que el Tribunal Especial para el Líbano dictaría acta de acusación formal contra miembros de Hezbolá en relación con el
asesinato, cometido en 2005, del ex primer ministro Rafiq Hariri. Hezbolá pidió el boicot del Tribunal Especial para el
Líbano, al que acusó de estar politizado y de no investigar denuncias anteriores que habían motivado la reclusión sin
cargos durante casi cuatro años de cuatro ex jefes de los servicios de seguridad e inteligencia libaneses. En septiembre, el
primer ministro, Saad Hariri, dijo que había sido un error acusar al gobierno sirio de ser responsable del asesinato de su
padre.
16 personas murieron como consecuencia de la violencia política o a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellas al
menos 7 civiles. En un posible caso de uso excesivo de la fuerza, la policía fronteriza mató a tiros a dos civiles en las
proximidades de la localidad de Wadi Jaled, situada al norte del país, en noviembre. Según los informes, las víctimas iban
en una motocicleta y no se detuvieron. Posteriormente 2 civiles más fueron abatidos a tiros por la policía fronteriza durante
una protesta contra estos homicidios.
Siguió habiendo gran tensión a lo largo de la frontera sur con Israel. Aviones de combate israelíes violaron en repetidas
ocasiones el espacio aéreo libanés, y las fuerzas israelíes continuaron ocupando parte de la localidad de Ghayar. En
agosto, un periodista y al menos dos soldados libaneses y un soldado israelí perdieron la vida en un enfrentamiento
fronterizo.
Al menos 2 personas murieron y otras resultaron heridas por bombas de racimo y minas terrestres israelíes abandonadas
en el sur de Líbano en años anteriores.
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Líbano continuó con la elaboración de un plan nacional de acción
sobre derechos humanos.
En noviembre se sometió a examen el historial en derechos humanos de Líbano en el marco del mecanismo de examen
periódico universal de la ONU, y Líbano accedió a tomar todas las medidas precisas para poner fin a la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
Juicios injustos
Se juzgó al menos a 20 personas por delitos contra la seguridad ante tribunales cuyos procedimientos eran injustos.
Seguían en espera de juicio ante el Consejo Judicial más de 120 personas sospechosas de mantener vínculos con el grupo
armado Fatah al Islam y recluidas sin cargos desde 2007. Al parecer, la mayoría había sufrido torturas. El Consejo Judicial,
que según la opinión generalizada carecía de independencia, no preveía el derecho de apelación, ni siquiera en casos de
pena de muerte. A menudo los acusados tenían que esperar largos periodos sin que se presentasen cargos contra ellos
antes de comparecer en un juicio.
Se detuvo a decenas de personas bajo sospecha de colaborar con Israel o espiar para él. Al menos 19 fueron condenadas
a prisión o a muerte en juicios ante tribunales militares. Estos juicios no ofrecían las debidas garantías, pues los jueces eran
en su mayoría militares en activo. Además, incumplían la obligación de no aplicar la jurisdicción militar a civiles.
Dio comienzo el juicio del refugiado palestino Maher Sukkar y otras 10 personas ante un tribunal militar por delitos relativos
a la seguridad, entre los que se incluía “formar una banda armada para cometer delitos contra personas y bienes”. No se
llevó a cabo ninguna investigación sobre la denuncia de Maher Sukkar de que había “confesado” bajo tortura en abril
mientras permanecía recluido en régimen de incomunicación.
Continuó celebrándose ante el Consejo Judicial el juicio de Kamal al Nasan, Mustafa Sayw y otras personas de las que se
sospechaba que habían participado en los atentados con explosivos perpetrados en unos autobuses en la localidad de Ayn
Alaq en 2007, en los que habían muerto tres personas. Kamal al Nasan y Mustafa Sayw habían sido detenidos a principios
de 2007, recluidos en régimen de aislamiento durante 9 y 26 meses, respectivamente, en el Departamento de Información
de las Fuerzas de Seguridad Interna en Beirut y, según los informes, sometidos a tortura y otros malos tratos. Ante el
tribunal, Kamal al Nasan se retractó parcialmente de su declaración, alegando que lo habían coaccionado para que la
hiciese. No se tuvo noticia de que se hubiese llevado a cabo una investigación sobre las denuncias de tortura.
Tortura y otros malos tratos
Se continuaron recibiendo informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos a detenidos, y apenas se tomaron medidas
para mejorar la situación. Sin embargo, las autoridades permitieron que el Subcomité de la ONU para la Prevención de la
Tortura visitara el país en mayo, y en noviembre anunciaron que tipificarían como delito todas las formas de tortura y malos
tratos. Los detenidos continuaban siendo recluidos en régimen de incomunicación, las denuncias de tortura no se
investigaban y las “confesiones” presuntamente obtenidas bajo coacción se admitían como prueba en los juicios. Un año
más, el gobierno no presentó su primer informe obligatorio en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura, que
Líbano había ratificado en 2000. Tampoco constituyó un órgano independiente y con atribuciones para realizar
inspecciones en centros de detención, como se establecía en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura,
en el que Líbano era Estado Parte desde 2008.
Según informes, el 24 de junio agentes de las Fuerzas de Seguridad Interna vestidos de civil golpearon brutalmente a
Mohammad Osman Zayat mientras lo detenían. Durante el tiempo que lo mantuvieron recluido en el Departamento de
Información de dichas fuerzas en Beirut, lo obligaron en repetidas ocasiones a permanecer en posturas en tensión, lo
golpearon y le aplicaron descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo. De este modo, lo obligaron a firmar
“confesiones” que se preveía que se utilizarían en su contra en un juicio.
Discriminación: población palestina refugiada
En agosto se aprobaron dos reformas de la legislación laboral y de la seguridad social, aunque apenas contribuyeron a
suavizar las leyes y reglamentos discriminatorios a que estaban sujetos alrededor de 300.000 refugiados palestinos a
quienes se negaban derechos básicos, como el derecho a heredar bienes inmuebles y a ejercer en torno a 20 profesiones.
Una de las reformas anuló las tasas que debían abonar los refugiados palestinos para obtener un permiso de trabajo, pero
no los requisitos administrativos y de otras clases que también se les exigían para ello, por lo que se expidieron pocos
permisos nuevos, por no decir ninguno. La otra reforma daba derecho a los palestinos al cobro de una pensión, pero sólo a
cuenta de un fondo mantenido con aportaciones patronales que aún debía crearse. No les daba derecho a prestaciones por
enfermedad ni a otros subsidios.
Violencia y discriminación contra las mujeres
En mayo, el Tribunal de Apelación anuló una resolución dictada en primera instancia que otorgaba a las mujeres libanesas
el derecho a transmitir su nacionalidad a sus hijos. La resolución se había dictado en favor de Samira Soueidan en junio de
2009, pero el ministro de Justicia la había recurrido. Según la legislación libanesa, la nacionalidad la transmitía únicamente
el padre.
Las trabajadoras migrantes empleadas en el servicio doméstico continuaban siendo víctimas de explotación y abusos
físicos, sexuales y psicológicos en el trabajo. Según informes recibidos en junio, en un proceso penal poco habitual, a una
mujer libanesa se le impuso una pena de un mes de prisión y una multa por golpear y maltratar a una mujer srilankesa a la
que había contratado como empleada doméstica.
Personas refugiadas y solicitantes de asilo
Se mantenía recluidas a decenas de personas refugiadas y solicitantes de asilo, en su mayoría iraquíes y sudanesas, que
ya habían cumplido su condena, impuesta por entrada irregular en Líbano, o que habían sido absueltas de algún delito. A
muchas se las mantenía recluidas en condiciones deplorables en un centro subterráneo de Adliyeh, Beirut, y se las
obligaba a decidir entre continuar recluidas de forma indefinida o volver “voluntariamente” a sus países de origen. Según la
información recibida, se expulsó al menos a 23 personas de nacionalidad iraquí a quienes se había reconocido la condición
de refugiados, lo que constituyó un claro incumplimiento del derecho internacional.
El 10 de noviembre sacaron al refugiado iraquí Alaa al Sayad del centro de detención de Adliyeh y, según informes, le
propinaron una brutal paliza para obligarlo a embarcar en el avión en el que después lo devolvieron a Irak.
Debido a la destrucción y las demoras en la reconstrucción, continuaron desplazados alrededor de 20.000 refugiados
palestinos que en 2007 se habían visto obligados a huir de la zona del campo de refugiados de Nahr al Bared durante un
enfrentamiento entre el ejército libanés y Fatah al Islam que duró 15 días. Unos 11.000 habían podido volver a vivir en
zonas próximas al campo.
Desapariciones forzadas y secuestros
El gobierno tomó pocas medidas para investigar la suerte que habían corrido miles de personas desaparecidas durante la
guerra civil de 1975-1990, pese a la campaña de sus familiares por esclarecer la verdad. Sin embargo, algunas autoridades
del gobierno boicotearon una cumbre árabe celebrada en Libia en marzo, en protesta por la presunta implicación del
dirigente libio Muamar al Gadafi en el secuestro y desaparición forzada del destacado imán chií Musa al Sadr y dos
compañeros suyos en 1978.
El Consejo de Ministros facilitó un breve documento sobre fosas comunes a un tribunal que conocía de una demanda
interpuesta por dos ONG en nombre de familiares de víctimas de desaparición o secuestro que tenían la esperanza de
proteger e identificar los cadáveres enterrados en tres fosas comunes mencionadas en un informe oficial del año 2000.
Pena de muerte
Según los informes, al menos 12 personas fueron condenadas a muerte, 5 de ellas in absentia, tras ser declaradas
culpables de colaborar con Israel o espiar para él. En junio, el presidente Suleiman declaró que estaba dispuesto a firmar la
orden de ejecución de quienes hubiesen sido condenados a muerte por ser agentes de Israel. Decenas de presos más
continuaban recluidos en espera de ejecución. No hubo ejecuciones al seguir vigente la moratoria de facto declarada en
2004.
El 18 de febrero, un tribunal militar condenó a muerte a Mahmoud Rafeh por “colaboración y espionaje en favor del
enemigo”. Aunque el condenado aseguraba que lo habían torturado para obligarlo a “confesar”, el tribunal no ordenó
ninguna investigación.