Caracas, jueves 11 de agosto, 2005

Caracas, jueves 11 de agosto, 2005
(03:47 PM) Marcel Granier introduce demanda contra Ley de
Contenido
Caracas.- El director general de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel
Granier, introdujo hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de
nulidad contra la Ley de Contenido por considerarla inconstitucional y violatoria de
la Convención Americana de Derechos Humanos.
Granier sostuvo que la también llamada Ley Resorte es una "ley muy peligrosa"
debido a la "gran discrecionalidad que se le da a un funcionario político nombrado
básicamente por el presidente de la República".
Granier denuncia específicamente el articulado referido "a la confiscación de
espacios, a las ambigüedades de la ley, los poderes discrecionales absurdos que
le permiten a los funcionarios con la sola amenaza inhibir a la opinión pública".
Manifestó el directivo de RCTV se "ha venido observando como la penetración del
estado en los medios independientes es cada vez mayor, cada vez mas las
estaciones de radio y TV parecemos una emisora cubana, con un solo discurso,
una sola noticia. Habrán notado como el número de cadenas de carácter político
ha venido aumentando día a día y todo eso va confiscando espacios a los cuales
no tienen acceso ni la sociedad ni las ONG ni los partidos políticos ni nadie que
piense distinto al régimen".
Granier dijo estar preocupado por los "ataques" a los medios de comunicación. Se
refirió al caso de El Universal "donde de una manera totalmente arbitraria,
inconstitucional, violatoria de la convención de Derechos Humanos, el fiscal
resuelve mover un proceso contra el periódico por un editorial que es un derecho
que tiene todo medio de comunicación social"
Igualmente dijo tener inquietud por el periodista Noe Pernía "a quien no sólo
provocaron y molestaron y perturbaron en el ejercicio de sus derechos ciudadanos
cuando ni siquiera estaba ejerciendo como periodista".
Agregó que "tenemos una permanente labor de adoctrinamiento de los niños por
parte del Estado, lo cual es inconstitucional, ilegal y violatorio de los Derechos
Humanos de esos niños y sus padres".
EL UNIVERSAL
Caracas, viernes 12 de agosto, 2005
Marcel Granier afirma que el instrumento viola la Constitución
RCTV solicita al Tribunal Supremo anular la Ley de Contenido
JUAN FRANCISCO ALONSO
Por su "gran discrecionalidad" y por las muchas "ambigüedades" que tiene, el
presidente ejecutivo del Centro Corporativo 1BC y director general de Radio
Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, demandó de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo (TSJ) que anulé la Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión, también llamada Ley de Contenido.
"Esta es una ley muy peligrosa, por la gran discrecionalidad que le da a un
funcionario político (director de CONATEL) nombrado básicamente por el
Presidente. Este funcionario no sólo tiene mucha discrecionalidad, sino que la ley
está llena de ambigüedades, por eso ustedes habrán venido observando que la
penetración del Estado en los medios independientes es cada vez mayor", afirmó.
Tras asegurar que la norma cercena la libertad de expresión, Granier aseguró que
"cada vez más las estaciones de Radio y Televisión parecemos una emisora
cubana, con un solo discurso, con una sola noticia. Habrán notado cómo el
número de cadenas, de carácter político, viene aumentando día a día y todo eso
va confiscando espacios, a los cuales no tienen acceso la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales ni los partidos políticos ni nadie que piense
distinto al régimen".
Aunque el TSJ aún no ha resuelto dos acciones intentadas por el canal de Quinta
Crespo contra otras normas, su director general dijo que confía que en esta
ocasión los magistrados Luisa Estela Morales, Jesús Eduardo Cabrera, Pedro
Rondón Haaz, Arcadio de Jesús Delgado, Francisco Carrasquero, Marco Tulio
Dugarte y Luis Velásquez Alvaray sí se pronunciarán.
"Si no tuviese la esperanza ni la confianza no seguiríamos empleando cada vez
más gente, construyendo instalaciones como la del centro de noticias (El
Observador) y no acudiríamos a los órganos jurisdiccionales. Es verdad que los
órganos jurisdiccionales están en mora, pero tengo confianza en que tarde o
temprano se pondrán al día. Si no lo hacen también tenemos recursos
internacionales, podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos", agregó.
Granier dijo no temer represalias de parte del Ejecutivo por esta acción, pues "el
Gobierno no ha cesado de atacar a los periodistas y a los medios de
comunicación".
No obstante, admitió que sí le preocupan otras situaciones como "el caso de Noé
Pernía (señalado de agredir a un comunicador comunitario), a quien no solamente
provocaron, molestaron y perturbaron en el ejercicio de su derecho ciudadano. Me
preocupa el caso de El Universal, donde de una manera totalmente arbitraria,
inconstitucional y violatoria de la Convención, el fiscal resuelve mover un proceso
contra el periódico por un editorial, que es un derecho".
Con el recurso interpuesto por los directivos de RCTV ya son tres las acciones
contra la Ley de Contenido que reposan en la Sala Constitucional.
Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Jurídicos del Canal 2, Oswaldo
Quintana, precisó que el escrito denuncia que la Asamblea Nacional violó la
Constitución al no darle el carácter orgánico al texto legal, pese a que regula
derechos consagrados en la norma fundamental.
Por último, dijo que también objetan los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 25 y 33,
referentes a los tipos de programa, horarios de transmisión, sobre la producción
nacional, las restricciones a la publicidad y los espacios cedidos al Estado, entre
otros.
EL UNIVERSAL
Caracas, domingo 21 de agosto, 2005
ENTREVISTA / Marcel Granier denuncia otra arremetida contra los medios
"ENTIENDO QUE ALGUNOS BUSQUEN CONVIVIR"
El presidente de las empresas 1BC dice entender, "porque es humano", que
algunos medios traten de sobrevivir ante la equivocada percepción de que "la
dictadura castrista en Venezuela es inevitable"
ROBERTO GIUSTI
No se rinde Marcel Granier ni entrega las armas, aunque reconoce que hay
diversidad de actitudes, entre los medios, frente al Gobierno.
"Hay puntos de vista distintos y eso es lógico en una sociedad democrática. Me
parece, además, legítimo que en una circunstancia como la actual, cuando mucha
gente piensa, equivocadamente, que la dictadura castrista es inevitable en el país,
busque la manera de convivir. Es humano".
Advierte que a ese punto no sólo se llega por el convencimiento o el miedo, sino
también por el subsidio o la autocensura: "Los totalitarismos tienen muchas
maneras de permear el sistema democrático, aniquilando voluntades y debilitando
instituciones".
No obstante, sostiene que los medios más importantes mantienen posiciones
democráticas y pluralistas: "No los veo entregados frenéticamente a hacerle
propaganda al Gobierno. Algunos lo hacen más abiertamente y otros de manera
más velada".
Pero él no cede ante ningún argumento, y dispuesto, como está, a no dejarse
"aniquilar la voluntad", intentó un recurso de amparo en contra de la denominada
Ley de Contenido.
_Si no crees en la justicia venezolana, ¿qué sentido tenía dirigirse al TSJ?
_Si no damos ejemplo y utilizamos todos los recursos a nuestro alcance para
salvar lo poco que queda de democracia, luego no podremos criticar a quienes no
hacen su parte. Hay que agotar las vías jurisdiccionales internas para luego
ejercer las externas.
_Muchas veces personas e instituciones han denunciado ante la OEA
violaciones a la libertad de expresión sin obtener ningún resultado.
_No he dicho que iremos a la OEA. Hay tribunales cuyo deber es interpretar
tratados internacionales suscritos por Venezuela que privan sobre la Constitución.
Esa es una de las vías a las que podemos acudir en el futuro. Ahora, si la OEA ha
sido ineficiente y los tribunales venezolanos han actuado de manera parcial, no
quiere decir que esto vaya a ser así para siempre. Nunca dejará de haber un
vestigio de conciencia en la gente y existen evidencias que pueden convencerlos
de hacer algo.
_¿Es posible que los tribunales cambien y sean imparciales con este
gobierno?
_El Gobierno viene apretando cada vez más la tuerca sobre el Poder Judicial y
éste es cada vez más dependiente, pero todavía quedan resquicios y jueces
serios.
_¿El recurso de amparo es para que la ley sea inhabilitada totalmente?
_La ley tiene inconstitucionalidades e ilegalidades tan graves que sería muy poco
lo que se salvaría de ella. Varias veces se han intentado recursos y hasta ahora la
Sala Constitucional no ha cumplido con los lapsos establecidos por la ley. Es
importante seguir ejerciendo los recursos para que la Sala perciba el problema
que tiene entre manos.
_¿Cuál es la fundamentación jurídica del amparo?
_La Constitución garantiza la libertad de expresión, de empresa y el derecho de la
gente a estar informada. Hay, además, normas según las cuales, en materia de
derechos humanos, cuando un tratado internacional es más ventajoso para el
ciudadano que la misma Constitución o las leyes nacionales, aquél prevalece
sobre éstas. En esa materia hay jurisprudencia reiterada, tanto de tribunales
interamericanos como europeos, que define claramente los límites a la libertad de
expresión. En este caso ninguno de esos límites ha sido respetado y la Ley de
Contenido es inconstitucional de por sí, porque pretende regular garantías
constitucionales sin ser ley orgánica.
_¿Qué tipo de garantías?
_El derecho a estar informados. Nosotros tratamos de cubrir una serie de fuentes
a las cuales se nos niega el acceso. Si queremos saber qué pasó con el asesinato
de los estudiantes en el barrio Kennedy, se nos impide llegar a la información. Se
tuerce la justicia y el deber ser, no solamente de los órganos fiscalizadores, sino
del poder que controla al organismo de seguridad, hacia algunos de cuyos
miembros apuntan todos los indicios.
_¿Restringe el Gobierno el acceso a las fuentes porque así lo establece la
ley o porque lo decide arbitrariamente?
_Hay una combinación de arbitrariedad y de leyes inconstitucionales. Establecen
la censura previa para una cantidad de programas violando el mandamiento legal.
Tanto de la legislación nacional como de la internacional.
_¿Podrías dar algún ejemplo?
_Cada vez que ves un programa y te lo interrumpen con una cadena, violan el
derecho de recibir la información que tú seleccionaste. Yo puedo ver el noticiero
de cualquiera de los canales y ese derecho me lo confisca el Gobierno al irrumpir
en la señal para meter propaganda política. Alguien está viendo su telenovela y
cuando a un funcionario anónimo le da la gana te mete tres horas de cadena para
obligarte a observar un festival político.
_¿Qué otra violación hay de las garantías constitucionales?
_La persecución permanente de periodistas, como ocurrió con nuestro reportero,
Noé Pernía, quien estaba de vacaciones, asiste a una manifestación, es
provocado y encima le abren un procedimiento. Centenares de nuestros
trabajadores han sido agredidos y no hay manera de que actúe un solo fiscal.
Tenemos fotos y películas de una sarta de bandoleros que atacaron y trataron de
quemar a Radio Caracas Televisión, se las entregamos a la Fiscalía y todavía no
se ha abierto el procedimiento, a pesar de un mandamiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
_¿Han tenido que modificar la política informativa desde que se aprobó la
ley? ¿Se han visto restringidos en el trabajo?
_El cierre de las fuentes oficiales es cada vez mayor. Si se produce un derrumbe
en la autopista Regional del Centro, no hay manera de que el gobernador ni el
ministro de Infraestructura declaren sobre lo ocurrido. Ellos producen sus boletines
cuando y como les da la gana. La responsabilidad del gobernador de Miranda,
quien también fue ministro de Infraestructura, no se ha establecido. Tampoco la
del ministro del Interior y Justicia en el caso de los asesinatos de Kennedy. No hay
forma de que declare nadie. Sólo hablan de lo que quieren hablar y si a uno le
parece que no es noticioso, montan una cadena para transmitir propaganda.
_¿No habría tenido mayor impacto el recurso si hubiera sido intentado por
varios medios de comunicación?
_El recurso no fue intentado por un medio sino por Eduardo Sapene, Oswaldo
Quintana y por mí. A título personal, porque tememos que se puedan acoger a la
tesis de que las personas jurídicas no tienen derechos humanos y así desechen el
recurso.
_Pero lo hubiera podido introducir Marcel Granier, el señor Cisneros y/o los
demás representantes de los medios.
_Eso habría que preguntárselo al señor Cisneros y a las demás personas que
fungen como directivos de los medios. Yo hago lo que siento que debo hacer.
Esperé a ver la reacción ante la ley porque por inconstitucional es peligrosísima y
ya estamos viendo sus efectos. Algunos diputados y asociaciones de ciudadanos
intentaron acciones y no hubo repuesta. Entonces decidimos que era el momento
de asumir nuestra responsabilidad porque ya dentro de poco empieza la parte más
perversa de la ley.
El Nacional - Viernes 12 de Agosto de 2005
Política
Piden al TSJ que anule Ley Resorte por violar la
libertad de expresión
Directivos de RCTV consignaron una demanda ante la Sala Constitucional, en la
que impugnaron 10 artículos del instrumento legal y solicitaron que se suspenda
los efectos de la publicación de éste, por considerar que es inconstitucional e
ilegal.
OLGALINDA PIMENTEL
El presidente ejecutivo del centro corporativo 1BC y director general de RCTV,
Marcel Granier, solicitó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia la nulidad de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Tv, conocida
como Ley Resorte, por considerar que viola disposiciones constitucionales y
legales, al no tener el carácter de ley orgánica como lo establece el procedimiento
previsto en la carta fundamental.
Supletoriamente, solicitó la nulidad de los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 25 y
33 de la ley, bajo el alegato de que violan la libertad de expresión, y pidió
conjuntamente un amparo cautelar para que se suspendan los efectos de la
publicación de la ley mientras se decide el fondo del recurso.
En el escrito, que fue consignado por secretaría de la Sala, se deja a salvo las
normas que establecen bloques horarios para niños, niñas y adolescentes.
Granier, acompañado del vicepresidente de asuntos legales de la corporación,
Oswaldo Quintana, el vicepresidente de Información y Opinión, Eduardo Sapene y
otros ejecutivos, señaló que los derechos constitucionales que supuestamente
viola la Ley Resorte son “innumerables”.
“Esta es una ley muy peligrosa por la gran discrecionalidad que le da a un
funcionario político, nombrado básicamente por el Presidente de la República,
pero además está llena de ambigüedades.
Por eso se ha observado como la penetración del Estado en los medios
independientes es cada vez mayor”.
Señaló que el número de cadenas televisivas de carácter político aumenta y eso, a
su juicio, “confisca los espacios a los cuales no tienen acceso ni la sociedad, ni las
ONG ni los partidos políticos, ni nadie que piense distinto al régimen”.
Sin opinión
Indicó que el “adoctrinamiento” de los niños por parte del Estado es
inconstitucional e ilegal. Aseguró que la ley es violatoria a la Convención
Americana de Derechos Humanos, y permitiría a los funcionarios inhibir a la
opinión pública “con la sola amenaza”.
“Por eso habrán visto el desencanto enorme que hubo en estas elecciones, cuyos
índices de abstención récord lo que reflejan, en el fondo, es que no ha habido
opinión y la gente no pudo saber cuáles eran las opciones que tenían, ha visto la
manipulación creciente del CNE y optó por inhibirse. Lo que queremos es que la
gente pueda ejercer sus derechos”, expresó.
El directivo de la televisora privada manifestó su confianza en que el TSJ en que
decida el recurso, no obstante habría otras dos impugnaciones contra la Ley
Resorte que no han sido resueltas.
“Es verdad que los órganos jurisdiccionales están en mora, pero espero que tarde
o temprano se pongan al día. Si no lo hacen, podremos acudir, como hemos
tenido que hacerlo en el caso de las medidas de protección a periodistas, a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Recordó que RCTV tiene demandas pendientes por la alegada
inconstitucionalidad de tres artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
ante la Sala del alto tribunal.
Se le preguntó si no teme que esta acción desate algún tipo de ataque contra los
medios de comunicación privados. “El Gobierno no ha cesado de atacar a los
periodistas y medios de comunicación desde hace muchos años; esto no
representaría ningún cambio, pero sí me preocupa que se han vuelto más
violentos contra los periodistas”.
Citó el caso del reportero del canal, Noé Pernía, y el del diario El Universal.
El abogado Quintana, por su parte, explicó que la Ley Resorte, en principio, debió
tener carácter orgánico por mandato directo de la Constitución vigente, razón por
la cual su aprobación y sanción en la Asamblea Nacional, en 2004, habría violado
la Constitución Nacional.
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=2330
El documento fue entregado a la Sala Constitucional
RCTV introduce en el TSJ recurso de nulidad de la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión
El presidente de las empresas 1BC dijo tener esperanza en que se produzca una
salida viable que favorezca la libre expresión.
Una comisión de Radio Caracas Televisión introdujo ante la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad por inconstitucionalidad
con un amparo cautelar solicitando la nulidad de los artículos 3, 5, 8 , 9, 10, 13, 14,
15 25 y el 33 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, conocida
como la Ley de Contenido, a los que consideran "inconstitucionales y violatorios
de la Convención Americana de los Derechos Humanos".
El presidente ejecutivo del Centro Corporativo 1BC, de Radio Caracas Televisión,
Marcel Granier, quien acudió a la máxima instancia judicial del país, en compañía
del vicepresidente de Información y programas Especiales, Eduardo Sapene y el
Dr. Oswaldo Quintana Cardora, vicepresidente de Asuntos Legales de RCTV,
señaló a los periodistas de la fuente judicial, que "estamos presentando esta
demanda de nulidad en esta instancia, ya que consideramos que esta ley es
peligrosa debido a que está llena de ambigüedades (...) hemos venido observado
cómo día a día la penetración del Estado en los medios independientes es cada
vez mayor".
Según dijo el presidente de las empresas 1BC "habrán notado cómo el número de
cadenas televisivas de carácter eminentemente político vienen aumentando y todo
eso va confiscando espacios a los cuales no tienen acceso ni la sociedad ni las
organizaciones no gubernamentales ni los partidos políticos, etc (...) consideramos
que los artículos en cuestión son inconstitucionales, ilegales y violan los derechos
humanos".
En cuando al los artículos que cuestiona la planta televisora, dijo que "estamos
pidiendo la nulidad de todo lo que se refiere a la confiscación de espacios y todos
esos poderes discrecionales excesivos que le permite a los funcionarios inhibir a la
opinión pública".
En cuanto a la diligencia efectuada, de la cual, según acotó, hubo gran
receptividad por parte de los representantes del Poder Judicial, agregó que
"tenemos la confianza y la esperanza de que se produzca una salida viable que
favorezca a los medios y a la libre expresión de la gente".
Autor:
Prensa/TSJ
Fecha de Publicación:
11/08/2005