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Grupo de Diálogo
Propuesta
de un Pacto
por la
Transformación
Fortalecimiento democrático,
seguridad ciudadana,
reforma del Estado
y crecimiento económico con equidad
Documento de propuesta
Septiembre 2013
Contenido
I. Surgimiento del Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa...................................... 5
II. La gobernabilidad del país. Un desafío urgente................................................. 6
III. Contexto de coyuntura de país............................................................................. 7
IV. Temas propuestos por el Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa...................... 9
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. V. Propuesta de Fortalecimiento democrático y seguimiento
al proceso electoral....................................................................................... 10
Fundamento.................................................................................................... 10
Planteamiento................................................................................................. 11
Propuesta sobre la Seguridad Ciudadana.................................................12
Fundamento.................................................................................................... 12
Planteamiento................................................................................................. 12
Propuesta sobre la reforma del Estado......................................................13
Fundamento.................................................................................................... 13
Planteamiento................................................................................................. 14
Respeto a la Ley............................................................................................. 15
Fortalecer la Gestión Ejecutiva.................................................................... 17
Profesionalizar la Carrera Pública.............................................................. 17
Plan de Nación y Política Estatales............................................................ 18
Propuesta sobre crecimiento económico con equidad..........................18
Fundamento.................................................................................................... 18
Planteamiento................................................................................................. 19
Reflexiones y propuestas para avanzar en la transición democrática:
Hacia un Pacto por la Transformación................................................................ 19
Naturaleza y alcance de la multicrisis................................................................. 19
Acuerdos Nacionales............................................................................................. 20
Llamado a una ciudadanía activa, comprometida, responsable
y transformadora…................................................................................................. 20
Anexo......................................................................................................................... 21
Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa (GDCA)
Propuesta de un Pacto por la Transformación1:
Fortalecimiento democrático, seguridad ciudadana, reforma del Estado y
crecimiento económico con equidad.
I
Surgimiento del Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa2
1.1. El PNUD invitó a un grupo de líderes de las
diversas expresiones políticas, sociales y
económicas a fin de iniciar un proceso de
diálogo sostenible y sustantivo, con miras a
reflexionar sobre los grandes problemas del
país y en esa línea de pensamiento proponer
alternativas a los problemas priorizados e incidir como ciudadanos en la propuesta y en
el seguimiento de su implementación. De esta
iniciativa nació el Grupo de Diálogo de Ciudadanía Activa (GDCA).
proponer la construcción de una agenda estratégica que contribuya al análisis, reflexión
e incidencia sobre temas fundamentales para
el futuro de Honduras, y que lleven a la generación de acuerdos mínimos de base entre
múltiples actores, a fin de fortalecer y orientar la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible, haciendo posible el avance
de la transición democrática del país, de una
democracia inconclusa a una democracia
plena y consolidada.
Reconocemos el valor del PNUD, que aporta
una vasta experiencia en materia de diálogo,
provee asistencia técnica y capacitación a
actores de la sociedad civil, el Gobierno y la
academia, sistematizando experiencias comparadas y produciendo conocimiento a partir
de la creación y mantenimiento de una comunidad de práctica en materia de diálogo. Por
lo tanto, agradecemos al PNUD por propiciar
y facilitar este espacio de reflexión ciudadana en donde nos responsabilizamos plenamente como ciudadanos y ciudadanas por los
contenidos de la propuesta presentada.
1.3. Los actores involucrados en el proceso de
diálogo pertenecemos a distintos grupos de
incidencia en el desarrollo del país: político,
económico, social, religioso, sindical y académico. En ese sentido, nos unimos con entusiasmo y compromiso en nuestro carácter
de ciudadanos y ciudadanas a fin de aportar
ideas, convicciones y propuestas que den esperanza y dirección al país.
1.4. En ese contexto presentamos al gobierno
comunidad internacional, a los partidos políticos, organizaciones de sociedad civil y muy
especialmente a la ciudadanía, nuestro aporte que contiene reflexiones sobre la situación
de país, su contexto actual y una primera propuesta de transformación centrada en cuatro
temas fundamentales para el futuro de la nación:
1.2. Como Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa,
nuestro objetivo principal es generar una reflexión comprensiva de la realidad hondureña
y a partir de esa lectura repensar, elaborar y
1. Esta propuesta ha sido trabajada desde Septiembre de 2012 y durante los meses de abril a junio de 2013 ha
sido presentada a más de 25 organizaciones de diferentes sectores y regiones del país, tratando de recoger
observaciones y sugerencias con el objetivo de fortalecer y enriquecer la misma.
2. Durante este proceso del GDCA se ha contado con la asistencia técnica y metodológica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo a través de la Unidad de Gobernabilidad, con la participación de Gastón
Aín, Miguel Ángel Barcacel, Sergio A. Membreño Cedillo, Tania C. Martínez, Annelle Hurtado, Liliam Interiano y
Vincenzo Placco.
5
aspiramos a que sea tomada en consideración por los diversos actores de la sociedad
para impulsar políticas y acciones que conduzcan a superar la multicrisis de país, que se
arrastra desde el inicio del retorno democrático en el 1980, agravándose profundamente
después del 2009 y en los últimos años, por
la combinación de factores externos, como la
crisis internacional económica-financiera e
internos de índole política.
a)Fortalecimiento democrático y seguimiento al proceso electoral
b) Seguridad ciudadana
c) Elementos de una reforma del Estado
d)Crecimiento económico con equidad,
centrado en el área fiscal y su eficiencia
1.5. Con la esperanza de un futuro mejor presentamos esta propuesta, que esperamos contribuya al debate ciudadano, de igual manera
II
La gobernabilidad del país. Un desafío urgente
2.1 Como Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa
(GDCA) compartimos la visión comprensiva
del informe de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR) que señala “A lo largo
de toda su historia, Honduras ha sido una sociedad caracterizada por serie de constantes
históricas que han impedido el desarrollo o la
construcción de una vida democrática plena
y la constitución de un Estado moderno desarrollado, como la inestabilidad sociopolítica
por conflictos armados, Gobiernos militares,
escaso crecimiento económico y bajos niveles de participación ciudadana. No obstante,
dentro de la historia republicana de Honduras una nueva etapa surge a partir de 1980 al
instaurarse progresivamente la democracia
como forma permanente de gobierno, lo cual
parecía superar la carencia de una tradición
democrática sólida.”3
democracia continúa manteniendo un orden
político-institucional, con un sistema de partidos políticos en el que tienen un gran peso
los privilegios y turno en el ejercicio de un
poder discrecional y hasta arbitrario, y no ha
transitado hacia un orden con una sociedad
civil no tutelada y condiciones que permitan
la organización y expresión pública de todos
los ciudadanos, más fundada en la competencia y el mérito, que en el clientelismo y el
patrimonialismo. Como ciudadanos creemos
que debe aprovecharse esta profunda crisis
como una oportunidad extraordinaria para retomar el proceso de transición democrática
que se desnaturalizo y se fracturó.”4
2.3 Compartimos con el informe de la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación (CVR):
2.2 Asimismo, como Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa consideramos y compartimos del
mismo informe de la CVR “…que en la transición a la democracia y el desarrollo de Honduras, se observa una progresiva erosión del
proceso democrático del país, más allá de las
reformas introducidas en los primeros años
del siglo XXI. De hecho, la crisis institucional
del 28 de junio demuestra que en Honduras la
2.3.1 Que la crisis política desencadenada el
28 de junio de año 2009 en Honduras,
fue un proceso que comenzó varios
meses atrás; siendo durante la elección de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, en enero de ese
mismo año, cuando se manifestó el
momento de mayor confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
3. Véase CVR (2011), Hallazgos y recomendaciones. Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Julio2011.Tegucigalpa pág. 23.
4. Ídem pág. 24
6
2.3.2 En términos generales, podría decirse que los hechos del 28 de junio de
2009, así como las circunstancias previas y posteriores, no fueron otra cosa
que catalizadores o disparadores de
disfunciones más estructurales o de
fondo de la sociedad hondureña, de
su clase política, del modelo de representación fijado por las normas de derecho público, de las relaciones entre
poder civil y poder militar, así como por
la participación directa o indirecta de
actores internacionales.
tan" de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) planteó, el 7 de julio del 2011,
varios de estos análisis e hizo un conjunto de
recomendaciones a la sociedad hondureña.
2.5. Al día de hoy, Honduras sigue enfrentando
desafíos muy importantes, tanto para la estabilidad de su sistema democrático como para
el mejoramiento de la calidad de vida de su
población. Los escenarios posibles dependen
en gran medida de cómo se desarrolla la gestión política del Gobierno, limitado por el difícil contexto político, económico y social, pero
sobre todo dependen de la capacidad del Gobierno y de la sociedad hondureña de promover la adopción consensuada de un conjunto
de reformas en distintas áreas que permitan
reconstruir un “pacto cívico de convivencia”,
fortalecer la legitimidad de las instituciones
y así continuar el proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho. En ese contexto, el
cumplimiento de la ley por los gobernantes y
los funcionarios de la administración pública y su capacidad gerencial es fundamental
para responder a la crisis y demandas ciudadanas. Los miembros del Grupo de Diálogo
Ciudadanía Activa (GDCA) consideramos que
de no lograrse tanto el cumplimiento de la ley,
como una gerencia eficiente en el Estado se
producirían dificultades crecientes en el corto y mediano plazo, que podrían amenazar
nuevamente la gobernabilidad del país, tanto
en lo que resta de la presente administración
como en el nuevo gobierno que tomará posesión en enero de 2014.
2.4 En ese contexto, la ruptura del orden constitucional motivado por el golpe de Estado al
Poder Ejecutivo, como lo estableció la CVR
del 28 de junio de 2009, así como la posterior
crisis institucional pusieron en evidencia,
tanto la fragilidad de algunos aspectos estructurales del sistema político de Honduras
como las deficiencias de algunos componentes jurídicos de la Constitución Política;
el principio de separación de poderes entre
el gobierno civil y los estamentos militares; la
normativa electoral y varios aspectos fundamentales del derecho público. Desde el punto
de vista normativo se evidenciaron vacíos y
lagunas importantes, particularmente en los
mecanismos de “prevención institucional de
conflictos” que hay que resolver en el corto y
mediano plazo. El quiebre institucional generó
además niveles sin precedentes de polarización e inestabilidad en la sociedad hondureña
y la ruptura del pacto cívico de convivencia.
El informe “Para que los hechos no se repi-
III
Contexto de coyuntura de país
3.1. Consideramos como Grupo de Diálogo de
Ciudadanía Activa que en la amplia gama de
crisis de país convergen problemas y elementos estructurales y de coyuntura. Lo que podemos definir como una multicrisis, es decir
varios tipos de crisis de niveles diferenciados
en su naturaleza, profundidad, alcance, com-
plejidad y responsabilidad. La multicrisis que
padece Honduras va más allá de la crisis de
estatalidad o del Estado. Es una crisis de la
sociedad y que se refleja en el Estado en su
conjunto. Los liderazgos referentes que aportaron en el pasado al país están en crisis y
sus implicaciones afectan a toda la sociedad
7
hondureña. La emergencia de liderazgos renovados y visionarios que aporten en la construcción del país es fundamental en la transición democrática que vive el país y del futuro
de la ciudadanía y de la nación. Sin una ciudadanía activa no es posible una democracia
plena y participativa.
3.2. Los elementos y rasgos que configuran este
escenario de multicrisis se presenta a continuación:
◆
◆Inequidades. El Informe sobre Desarrollo Humano 2011 muestra que: “las
inequidades existentes en la sociedad
hondureñas han creado un círculo vicioso que se auto produce en forma
perversa. Las inequidades en la economía alimentan las inequidades en la
vida social, en la política y en el acceso
de la justicia, lo cual alimenta la espiral
de desconfianza y desesperanza que
abate amplios sectores de la población”7 Lo anterior se manifiesta en el
elevado nivel de desigualdad que mantiene el país (Coeficiente de Gini 57) y
que se expresa en pocas oportunidades para la población tanto en empleo
como en educación y capacitación; en
contraste un porcentaje pequeño de la
población concentra la riqueza.
Sin rumbo de país. En una encuesta
pública de enero 20135, el 86% de la
población señala que el país va por
mal camino y un 10% que va por buen
camino. Los sentimientos de esa percepción son decepción, inseguridad y
tristeza, desaliento y miedo como lo señala también las Cartas Pastorales de
la Conferencia Episcopal de Honduras
(11 Octubre del 2012 y Febrero 2013).6
◆
Crecimiento económico débil, insuficiente e incierto. La economía hondureña ha tenido un crecimiento relativamente bajo en los últimos años, pasando de
un crecimiento negativo de -2.4% en el
2009 a 3.7 % en el 2010, 3.7% en el 2011
y de 3.3% en el 20128, crecimientos insuficientes para asegurar la estabilidad
macroeconómica del país y para generar
empleo a una masa laboral creciente.
◆
Crisis fiscal del Estado en el 2012. Un
déficit fiscal de 6% del PIB con ingresos
recaudados menores a los programados,
gastos extrapresupuestarios que han
provocado un crecimiento del endeudamiento interno que asciende a más
de Lps. 54,000 millones para financiar el
déficit. Esto ha generado una deuda flotante que afecta y desencadena impactos negativos en lo económico, social y
fiscal; severas repercusiones en la política social del Estado especialmente en
los sectores de educación y salud; que
se ven reflejados en las continuas huelgas y reclamos de médicos, enfermeras,
empleados públicos y maestros, la baja
calidad de la educación y los deficientes servicios prestados en los hospitales
públicos, que afectan la gobernabilidad
democrática del país.
◆
Crecimiento del nivel de pobreza y pobreza extrema.9 En los dos últimos años,
se agrava la pobreza pese a los altos niveles de gasto del gobierno, pasando de
60% de los hogares en el 2010 a 66.5%en
el 201210, lo que significa un retroceso en
los avances logrados del 2001 al 2007.
◆
Pérdida de confianza en la institucionalidad del Estado, que refleja la crisis
del Estado en diferentes formas: falta
5. Encuesta realizada por la Empresa Cid Gallup (Enero, 2013).
6. Carta pastoral de la Conferencia Episcopal de Honduras. Reflexiones con motivo del actual proceso electoral.11
octubre 2012.Tegucigalpa.
7. Véase PNUD (2012) Informe sobre desarrollo humano 2012. Reducir la inequidad. Un desafío impostergable.
Tegucigalpa. Pag.13
8. Datos del Banco Central de Honduras.
9. Pobreza extrema 66% de los hogares y pobreza extrema 45% de los hogares en el 2012.INE.
10. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas.
8
de independencia entre los Poderes del
Estado, su ineficacia, su falta de trasparencia, y su mala asignación presupuestaria. Es así que convergen una crisis
fiscal con una crisis de estatalidad11 y de
confianza ciudadana, a ello se agrega la
pérdida de confianza en los partidos políticos como intermediarios de la ciudadanía. Un problema de representatividad
está en el centro de esa desconfianza,
que abarca clase política e instituciones.
Por ejemplo, en el INDH 2012 se muestra
que 84.3 % de la población no confía en
los partidos políticos.
Relacionado con lo anterior, se pueden
mencionar los altos niveles de percepción de corrupción pública y política en
el país. De acuerdo a los datos de Transparencia Internacional, el país no mejora
en la escala del Índice de Percepciones
de la Corrupción (2.5/10), ni en los Indicadores de Gobernabilidad del Banco
Mundial.
◆
◆
Insatisfacción ciudadana en aumento
debido a la forma en que la democracia
es practicada. (73% de la población señala que la democracia no funciona en
Honduras, Encuesta de mayo 2012). A
ello se agrega como se indicó anteriormente, la pérdida de confianza en los
partidos políticos como intermediarios
de la ciudadanía.
◆
Reconfiguración de orientaciones políticas dentro del bipartidismo tradicional
y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas expresadas en 4 nuevos partidos políticos con implicaciones en la gestión de
Gobierno, sus políticas públicas y en la
propia gobernabilidad democrática del
país.
◆
Reactivación de la conflictividad agraria (A inicios de 2013, la Fiscalía de Derechos Humanos registra aproximadamente 78 muertes derivadas por el conflicto
en el Bajo Aguán), derivada de rezagos
sociales pero con implicaciones en temas de derechos humanos, violencia e
inseguridad, asociados también al crimen organizado -incluye narcotráficoe intereses políticos en esa región. La
falta de seguridad ciudadana y jurídica
evidenciada en este conflicto afecta la
inversión en todo el país.
Creciente nivel de inseguridad y violencia que ha derivado en una agenda y
priorización del Estado en los temas de
seguridad, pero sin resultados visibles
(Tasa de 86 homicidios por 100,000 habitantes a diciembre del 2012 según publicación del Observatorio de la Violencia).
IV
Temas propuestos por el Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa
En ese contexto de multicrisis, definimos cuatro
áreas fundamentales para encontrar una salida a
la misma y lograr avances de país en términos del
desarrollo humano, de la economía, de la gobernabilidad democrática y de la consolidación de un Estado de Derecho con respeto pleno a los derechos
humanos. En ese entorno, proponemos 4 áreas de
acción con una visión de corto y mediano plazo.
◆
◆
◆
◆
Fortalecimiento democrático y seguimiento al
proceso electoral
Seguridad ciudadana y propuesta de Reforma
de Seguridad Pública
Reforma del Estado
Crecimiento económico con equidad
11. Véase PNUD (2012) Honduras: El desafío de construir una salida a la crisis. Escenarios prospectivos 2012-2015,
Tegucigalpa.
9
◆ Elaboración de censo activo y censo pasivo
◆ Igualdad de oportunidades ante los medios
de comunicación para todos los actores participantes en el proceso electoral
◆ Cumplimiento de la ley electoral y mecanismo
de supervisión
◆ Mecanismo de selección de los magistrados
del TSE, garantizando su apoliticidad.
◆ Autonomía del TSE
◆ Independencia económica del TSE
◆ Financiamiento supervisión de las campañas
electorales y de los partidos políticos
◆ Mecanismo de supervisión y rendición de
cuentas de los partidos políticos
◆ Ciudadanización de las mesas electorales
◆ Organización y capacitación electoral
4.1.Propuesta de Fortalecimiento democrático y seguimiento al proceso electoral
Fundamento
4.1.1 Uno de los requisitos para lograr una
democracia estable y sostenible es el
fortalecimiento del Estado de derecho. Para ello, se necesitan instituciones fuertes e independientes de cualquier injerencia política, que tengan la
capacidad y autoridad para aplicar la
Ley y hacerla respetar.
4.1.2 En Honduras, la falta de independencia de las instituciones ha demostrado
ser un "talón de Aquiles" para afianzar
nuestro sistema democrático. Por lo
tanto, es necesario revisar los procedimientos establecidos para la elección de los altos funcionarios de las
instituciones encargadas de impartir
justicia. Estas instituciones son las
llamadas a servir como contrapesos
en un sistema democrático.
En este punto, el Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa, apoya y celebra la firma del "Compromiso de garantías mínimas para la ética y
la transparencia", el pasado 21 de agosto del
presente año, confiando en que todos los firmantes cumplirán su palabra cumpliendo lo
establecido en el mismo. En ese contexto, el
GDCA dará un seguimiento al cumplimiento
del mismo.
4.1.3 En ese contexto, como Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa reconocemos
y plantemos la necesidad de una profunda reforma a la Ley Electoral y de
las Organizaciones Políticas. Reconocemos que el país ha experimentado
un cambio importante en su panorama político, abriéndose a un sistema
multipartidista, con 4 nuevos partidos
y que la ciudadanía exige una mayor
representación y participación. Ello
conlleva un análisis profundo de una
reforma electoral que responda a esa
demanda y fortalezca la democracia.
4.1.4 En materia electoral, la autoridad encargada de garantizar la transparencia y equidad en los procesos electorales es el Tribunal Supremo Electoral
(TSE). Su papel es fundamental para
generar confianza en el sistema democrático, particularmente en los
procesos electorales, tanto primarios
como generales. Consecuentemente,
la aplicación de la ley, aún con las
debilidades que ésta pueda tener,
es prioritaria para generar respeto,
cimentar la autoridad, garantizar la
transparencia y credibilidad de los
procesos electorales y romper con
las malas prácticas de coerción, intimidación, fraude, incumplimiento e
impunidad que prevalece en el país.
4.1.5 En el marco de un nuevo proceso electoral en Honduras, con la convocatoria a las elecciones primarias que se
a llevaron a cabo el 18 de noviembre
Entre esas reformas se considera que las prioritarias son las siguientes:
◆
◆
◆
◆
Respetar el cronograma electoral
Ciudadanización de las mesas
Voto electrónico con un sistema auditable
Financiamiento de las campañas electorales
10
del 2012, hemos detectado una serie
de incumplimientos y de vacíos en la
Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas (LEOP) vigente.
Planteamiento
4.1.6 El Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa considera que de estos incumplimientos, dos requieren una atención
especial, sin menoscabo de otros incumplimientos que también ameritan
consideración. Estos dos incumplimientos son:
nanciamiento, para que el elector entienda de antemano los compromisos
asumidos por dichas candidaturas.
Ello podrá permitir una mejor elección
de los aspirantes. Asimismo, se podrá
evitar la violación del Artículo 142 de
la LEOP que establece las prohibiciones a funcionarios y empleados públicos para utilizar recursos del Estado
en beneficio de alguna candidatura a
elección popular.
4.1.9 En segundo lugar, la propaganda electoral, claramente definida en el Artículo 143, y el tiempo para ella, definido
en el Artículo 144, ambos de la LEOP,
no puede ser objeto de interpretación
para beneficio de determinada candidatura. El TSE debe mantenerse firme
en hacer cumplir la ley, y debe aplicar las sanciones correspondientes
por las violaciones que haya en este
sentido. Esto permitirá mayor equidad
en el proceso electoral, evitando que
se beneficien aquellas candidaturas
que poseen mayores recursos para
su propaganda electoral. Pero por sobre todo, establecerá valiosos precedentes en el sentido que la ley se hará
respetar, rompiendo con las malas
prácticas de incumplimiento que ha
prevalecido en nuestro país y enviando un claro mensaje ante el próximo
proceso de elecciones generales a
desarrollarse en noviembre del 2013.
4.1.10 Finalmente, también es importante resaltar que la Constitución de la República igualmente establece limitantes
para candidaturas a elección popular,
las que deben cumplirse y hacerse
cumplir. Particularmente, el Artículo
199 de la Constitución de la República
establece las prohibiciones de quienes no pueden ser elegidos diputados, por lo que el Tribunal Supremo
Electoral debe apegarse a lo que aquí
está establecido.
◆ Financiamiento de campañas electorales y rendición de cuentas de
los partidos políticos; y
◆ Propaganda electoral y el respeto
a los tiempos establecidos en la
ley.
4.1.7 En primer lugar, el financiamiento
de las campañas electorales y de
los partidos políticos y de la respectiva rendición de cuentas de los partidos políticos, constituyen un tema
fundamental en momentos en que la
institucionalidad democrática se ve
amenazada por el crimen organizado
y el narcotráfico, pero también por el
financiamiento irregular con fondos
del Estado.
4.1.8 Tanto el Artículo 15 de la Ley Electoral
y de las Organizaciones Políticas que
define las atribuciones del TSE, como
el Capítulo IV – Patrimonio y Régimen
Financiero de los Partidos Políticos de
la misma Ley, establecen herramientas jurídicas para que el TSE pueda
exigir declaraciones juradas sobre
la procedencia de los fondos usados en las campañas electorales. La
transparencia lograda en este sentido
permitirá detectar cualquier recurso
financiero de origen dudoso y al mismo tiempo, facilitará la vinculación de
candidaturas con las fuentes de fi-
11
4.2 Propuesta sobre la Seguridad Ciudadana
4.2.3 En ese contexto muy complejo de
violencia e inseguridad se agrega la
situación de los elevados niveles de
corrupción de la Policía Nacional,
que ha llevado a un planteamiento de
reforma de la seguridad pública y de
la misma Policía. Asimismo, la impunidad en el Sistema Judicial y la inoperancia o escasa eficacia de los entes
contralores, especialmente el Ministerio Público, dificulta la aplicación de
la justicia. Los procesos de investigación policial son débiles y contribuyen
a la escasa respuesta institucional a
la criminalidad creciente y a la necesidad de mejorar sustantivamente la
coordinación entre los diferentes entes de seguridad del país.
Planteamiento
Fundamento
4.2.1. Es oportuno destacar que en el caso
de Honduras, se agrega al nivel extrema pobreza e inequidad, una creciente violencia e inseguridad. Centroamérica (en especial Honduras), es la
ruta del narcotráfico que se origina
desde Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y se dirige a Estados Unidos de
América, vía México. De tal manera
que Honduras se convierte, no solo
en un puente, sino que también en un
productor y consumidor. Ello ha generado una lucha entre carteles, posicionando a Honduras de la red del
narcotráfico, en alianza con pandillas
internacionales. Una sociedad sin
oportunidades facilita esa propagación del dinero fácil y del crimen e
ilegalidad.
4.2.4. El Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa ha observado escasos avances
en la reforma de seguridad pública; a
más de un año de haber iniciado este
proceso no se observan cambios significativos en la reducción de la criminalidad. El Grupo apoya el proceso de
reforma de seguridad pública y justicia bajo un enfoque de integralidad,
coordinación, y respeto absoluto de
los DDHH. Ello implica una reforma
del marco jurídico, estratégico e institucional de al menos los siguientes
actores institucionales:
◆ Poder Judicial
◆ Ministerio Público
◆ Secretaria de Seguridad
◆ Policía Nacional
◆ Ministerio del Interior
◆ Gobiernos locales
4.2.2 En Honduras, esta situación es especialmente alarmante dado que desde
inicios de la década de los 90 la criminalidad y la violencia se han incrementado exponencialmente. Según
datos del Observatorio de la Violencia,
durante el año 2011, se presentaron
en Honduras, 7,059 muertes violentas, 820 más que el año anterior. En
concreto, la tasa de homicidios pasó
de 78 en el 2010 a 86 por cada 100,000
habitantes en el 2011, cifra que se
mantuvo en el 201212 (en algunos municipios las muertes violentas son más
de 140 muertos por cada 100,000 habitantes). Las cifras indicadas, colocan
a Honduras como uno de los países
más violentos del mundo, frente a una
tasa mundial de 8.8 por cada 100,000
reportada en el Informe Mundial de
Violencia y Salud de la OMS.
4.2.5. Se considera imprescindible en esa
reforma la depuración de los operadores de justicia a fin de contar con
policías, investigadores, fiscales y
jueces, competentes, independientes
12. Es relevante destacar que los departamentos que muestran una tasa de homicidios mayores al promedio nacional, entre ellos Cortes, Copan, Ocotepeque, Francisco Morazán, Yoro y Atlántida.
12
y probos. En tal sentido, respaldamos
el proceso de profilaxis de la Policía
Nacional, Ministerio Publico y Poder
Judicial, demandando mejor desempeño de los órganos de control de estos operadores de justicia:
◆ Inspectoría General de Tribunales.
◆ Supervisión Nacional del Ministerio Público
◆ Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP)
4.2.6. El Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa propone una revisión del presupuesto de la Secretaria de Seguridad
y la asignación de la tasa de seguridad bajo un orden de prioridades. En
ese sentido, se considera esencial el
nivel de coordinación tanto del Gobierno en materia de seguridad como
del apoyo armonizado de la cooperación internacional.
4.2.7. El Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa propone un Pacto Político por la
Seguridad Pública. Existe la necesidad de buscar un consenso político
en torno a la temática de seguridad
pública y justicia en el país. Considerando elementos como la eficacia de
la reforma de seguridad, su alcance y
temporalidad, la coordinación necesaria entre instituciones del Estado y
el apoyo y complementariedad de la
cooperación internacional y seguimiento de las Organizaciones de Seguridad Civil. El Acuerdo recogería los
términos del Pacto por la Seguridad
y el abordaje sistémico del problema
en cada uno de sus eslabones institucionales (prevención, persecución del
delito, sanción y rehabilitación), además de sensibilizar sobre la importancia de la niñez y la juventud hondureña como población en alto riesgo y
que deben ser apoyados con políticas
de Estado que aseguren su participación y transformación.
El actual proceso de depuración policial es cuestionado unánimemente
por la ciudanía en general, por su falta
de resultados. Por lo tanto, es urgente
promover acciones concretas y viables, como: a) Elaborar un diagnóstico
del sector justicia y seguridad en base
a resultados, fundamentalmente de lo
que no está dando resultados o se
está incumpliendo así como de lo que
se considere como fortalezas. Medición de desempeños y rendimientos
de policías, fiscales y jueces así como
de sus Unidades Administrativas. Detección de cuellos de botellas en los
procesos y propuesta de soluciones;
b) Supervisar la labor y desempeño
de los entes fiscalizadores de las tres
instancias--Inspectoría General de
Tribunales, Supervisión Nacional del
Ministerio Público y la Dirección de
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial-- , para la detección de
cuellos de botellas en los procesos y
presentar propuestas de soluciones; y
c) Diseñar e implementar un Plan de
emergencia para evacuar la “justicia
rezagada” y moras en los distintas
Unidades Administrativas del Sector
Justicia, entre otras.
4.3. Propuesta sobre la reforma del Estado Fundamento
13
4.3.1. La gobernabilidad es un factor determinante para impulsar el desarrollo
económico de un país y reducir la
pobreza. Como ya se ha comprobado,
existe una correlación positiva entre
los indicadores de gobernabilidad
y los niveles de ingreso per-cápita
de un país; en el caso de Honduras,
que ocupa un lugar muy por debajo
del promedio de América Latina y el
Caribe en la mayoría de los índices
de gobernabilidad, de acuerdo con
encuestas de opinión elaboradas por
organismos internacionales, la ciudadanía coincide que Honduras necesita mejorar considerablemente en
la credibilidad de las instituciones, la
eficiencia y eficacia en el desempeño
del Gobierno, en la seguridad jurídica,
en el control de la corrupción e impunidad y en mejorar la confianza de los
liderazgos nacionales.
cumplimiento de la ley y se gobierne
para lograr el bien común, es decir el
beneficio de las grandes mayorías de
la población.
4.3.2 Para propiciar la gobernabilidad,
un Gobierno debe ser participativo,
orientado al consenso, responsable,
transparente, eficaz y eficiente, así
como equitativo e inclusivo y al mismo
tiempo, cumplir con la Ley. La buena
gobernabilidad requiere que la Ley
sea aplicada en forma objetiva, para
proteger los derechos de los ciudadanos, para lo cual se debe contar con
un Poder Judicial independiente e
imparcial y fuerzas del orden libres de
corrupción.
4.3.3 Sin embargo, para que la gobernabilidad pueda ser parte integral del funcionamiento del gobierno, se necesita
contar con instituciones que funcionen y que garanticen el derecho a la
vida, a la libertad y sean respetuosas
de la propiedad privada. En esta forma se podrá crear el clima adecuado para atraer la inversión privada
nacional y extranjera que contribuya
con el desarrollo económico, y social
para que el Estado pueda cumplir su
contrato con la sociedad, proveyendo
seguridad humana, seguridad jurídica, servicios de calidad y amplia cobertura en educación, salud y desarrollo de la infraestructura física.
Planteamiento
Fortalecer la institucionalidad del Congreso
Nacional
4.3.4. Esta propuesta de reformas tiene
el propósito de promover un Estado
eficaz y eficiente, donde funcione el
14
◆
Presidencia del Congreso Nacional: Que la Presidencia se
rote cada dos años y que el Presidente no pueda ser candidato
a la Presidencia de la República,
salvo que renuncie a su cargo
por lo menos doce meses antes
de la convocatoria a elecciones
internas.
◆
La calidad de la Integración del
Congreso Nacional: Se propone
que se evalué y revise el mecanismo de elección y representación política de los diputados en
el Congreso Nacional buscando
la mayor representación ciudadana y calidad de la representación y función legislativa a
través de la integración de las
comisiones. Asimismo, buscar
la independencia de la elección
de los diputados de la elección
presidencial.
◆
Reglamento del Congreso Nacional: Realizar una revisión
y reforma profunda del reglamento eliminando la elevada
concentración de poder y la
discrecionalidad de que goza
quien ostente la presidencia del
Congreso Nacional, para lograr
un Congreso más democrático y
transparente.
◆
Organismos Contralores: Que el
Fiscal General y su adjunto, los
magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y el Tribunal
Supremo Electoral sean nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta
Nominadora, similar a la Junta
Nominadora que propone a los
candidatos para Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia.
◆
Beneficios especiales, exoneraciones fiscales: la permanencia o aprobación de cualquier
beneficio especial como ser los
Estatutos gremiales, condonaciones de deuda, exoneraciones fiscales y subsidios, deben
ser ratificados por la ciudadanía
hondureña.
Respeto a la Ley
Fundamento
◆ Transparencia Presupuestaria.
Que el Congreso Nacional presente liquidaciones desglosadas de su presupuesto y que
sean publicadas con periodicidad trimestral, en forma similar
al resto de los Poderes del Estado. Eliminar las partidas de subsidios para uso de los diputados
y en su lugar, planificar con el
Poder Ejecutivo la inclusión de
las obras que se deseen como
parte del programa de inversiones públicas territorialmente definidos en el Presupuesto
General de la República, en
función de las prioridades y disponibilidades presupuestarias y
del Plan de Nación.
4.3.6 Con estas acciones se crea un ambiente más propicio para mejorar la
eficacia y eficiencia del Congreso
Nacional y su representación política,
favoreciendo una mayor confianza en
los diputados y en su representación y
calidad de legislación.
4.3.5 Las propuestas anteriores tienen
como objetivo mejorar la transparencia y eficiencia en el accionar del Congreso Nacional. El Poder Legislativo,
expresado en el papel del legislador
como parte del fortalecimiento institucional y democrático del país, debe
cumplir con su papel de intermediario
en las relaciones entre la ciudadanía
y el Estado y a su vez, cada diputado
debe representar la colectividad que
con su voto lo llevo a tal posición, pero
actuando en función del bien común y
no de intereses particulares.
15
4.3.7 El Respeto a la Ley se basa en Justicia
y Seguridad. El principio básico descansa en la aplicación igualitaria de la
Ley, en el trato justo, el respeto de las
garantías Constitucionales y la protección de los derechos de todos los
ciudadanos. Si en un país no existe independencia y objetividad en las instituciones responsables de velar por
el cumplimiento de la Ley, entonces,
las actuaciones del Poder Ejecutivo y
el Poder Legislativo no están sujetas
a un sistema de pesos y contrapesos
que los obligue al cumplimiento de la
Ley, en detrimento de toda la ciudadanía. La falta de procesos adecuados para el cumplimiento de la ley y
la debilidad y falta de independencia
de las Cortes, afecta negativamente la
confianza del ciudadano en las instituciones, así como su voluntad y disposición hacia la legalidad. La mala
aplicación de la Justicia, imprevisibilidad de los fallos y falta de transparencia en los procesos repercuten,
primero en las personas y sus derechos y segundo sobre las relaciones
comerciales y la confiabilidad de los
contratos, elevando fuertemente el
costos de hacer negocios, en detrimento de la iniciativa empresarial, la
formalidad y los pequeños empresarios. Ello provoca y repercute en un
elevado nivel de impunidad y genera
que la ciudadanía intente tomar la ley
en sus propias manos y que se retraiga la inversión privada y la actividad
económica con sus consecuencias de
deterioro social.
Planteamiento
4.3.8 En este sentido las propuestas que se
presentan son las siguientes:
4.3.9 Se ha comprobado que un país no
puede alcanzar un crecimiento económico alto y sostenible con equidad,
si no se avanza al mismo tiempo en
la consolidación del sistema judicial,
en tal forma de que exista confianza,
certeza jurídica e igualdad de todos
los ciudadanos ante la Ley. La atracción de inversiones productivas se
ve negativamente afectada por un
ambiente donde predominan la incertidumbre y la lentitud en la aplicación
de la Ley, que evita que esta se convierta en un escudo de protección de
los derechos y obligaciones de todas
las personas naturales o jurídicas.
Por otra parte, un sector importante
de la población, especialmente los
que constituyen la clase más pobre,
no tiene la protección legal que necesitan sus activos y por lo tanto, tiene
un acceso muy limitado al crédito y
a los sistemas formales de trabajo y
producción.
4.3.10 También la falta de aplicación de la
ley genera un clima generalizado de
impunidad que eleva los índices de
corrupción y de inseguridad, flagelos
que lamentablemente se encuentran
afectando el desarrollo económico y
social de nuestro país.
• En materia constitucional proponemos evaluar la conveniencia de
crear un Tribunal Constitucional
con competencias para conocer la
defensa de la constitución, dirimir
las competencias y episodios de
conflictividad entre poderes del Estado y hacer efectiva las garantías
del respeto de los derechos humanos según los principios constitucionales.
• Reformar la Junta Nominadora de
los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, de tal forma que la
misma Corte no tenga representante y que se agregue un representante adicional a la Sociedad Civil
y que dicha Junta evalúe el desempeño de magistrados y recomiende
acciones a tomar.
• Extender el periodo de servicio de
los Magistrados a diez años, con
el objetivo de asegurar una mayor
profesionalización y el fortalecimiento de la carrera judicial, pero
intercalando el tiempo de la salida
de los magistrados para asegurar
una continuidad funcional.
• Diseñar e implementar un mecanismo de evaluación y revisión de
la eficacia y eficiencia de los operadores de justicia en términos del
cumplimiento de la ley en base a
resultados, (calidad y rendimiento y
transparencia) planteando los mecanismos de revocatoria del mandato de sus funciones.
Por lo tanto, todos los sectores y actores de la sociedad deben hacer una
alianza para lograr que en Honduras
funcione un sistema de justicia independiente, eficiente y confiable, que
a su vez sea ágil y fácilmente accesible para todos los ciudadanos, sin
discriminación por motivos de raza,
clase económica –social, género o
ideología.
Eficiencia y transparencia gubernamental
16
4.3.11 Uno de los temas prioritarios para
mejorar la eficiencia y transparencia en el Sector Público es reducir
la politización en la contratación de
personal y el clientelismo, tanto a nivel político como económico.
Planteamiento
Fortalecer la Gestión Ejecutiva
Fundamento
4.3.12 Esta propuesta va encaminada a fortalecer la gestión administrativa de
ciertas instituciones del Estado que
juegan un papel importante en la
administración de las políticas macroeconómicas o en la prestación
de servicios que son vitales para la
población en general. Por lo tanto,
se propone la configuración de una
Junta Nominadora integrada por
representantes de la sociedad civil,
del sector empresarial y del Poder
Ejecutivo, con la responsabilidad
de conducir el proceso por concurso público, con base en una ley de
audiencias públicas, para proponer
una terna de tres candidatos por
cargo, para que el Presidente de la
República designe a los profesionales responsables de dirigir las siguientes instituciones:
◆ Presidente del Banco Central de
Honduras y directores
◆ Comisionados de la Comisión Nacional de Banca y Seguros
◆ Presidente y directores de BANHPROVI
◆ Presidente del Banco Nacional
de Desarrollo Agrícola
◆ Comisionados de CONATEL
◆Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE)
◆
Empresa Nacional Portuaria
(ENP)
◆ Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)
◆ Servicio Nacional de Alcantarillados (SANAA)
◆ Dirección Ejecutiva de Ingresos
(DEI)
4.3.13 Bajo el mecanismo sugerido se evita
la politización en la designación de
las personas nombradas, las presiones indebidas que se suceden de
parte de los políticos al facilitar el
empleo público, se introducen elementos de evaluación de capacidad,
honestidad y experiencia de las personas seleccionadas, como factores
importantes para mejorar la gestión
administrativa. Asimismo, se debe
de fortalecer las juntas directivas de
los entes públicos para cumplir y su
función de orientar las políticas de
Estado e institucionales.
Profesionalizar la Carrera Pública
17
4.3.14 Se propone la aprobación de una
Ley que sustituya la actual Ley del
Servicio Civil que data desde el 6 de
Septiembre de 1968, que permita la
instauración de la carrera del Servidor Público, con el objetivo de mejorar las capacidades de planeación,
monitoreo y evaluación del sector
público, modernizar y lograr mayor
eficiencia y eficacia en la gestión
pública y en el accionar de los servidores públicos y atraer y retener
personal calificado y competente.
Se propone un marco legal que propicie la institucionalización de un
sistema de “Mérito e Igualdad de
Derechos”, que tenga como fin último la profesionalización del empleo
público, mediante incorporación de
políticas y sistemas modernos de reclutamiento, administración y supervisión de los recursos humanos.
4.3.15 El objetivo fundamental es crear la
carrera de Servicio Civil, proporcionando estabilidad de empleo a
los profesionales contratados por
el Estado, basada en la calidad del
desempeño, profesionalismo, especialización y justa remuneración,
de conformidad a evaluaciones periódicas a que deben estar sujetos
los servidores públicos y cuando
corresponda, basados en la carrera
administrativa especializada, para
entes desconcentrados o descentralizados.
solidar la eficacia y eficiencia como
norma en la gestión pública y con el
fin de responder plenamente a las
necesidades de la ciudadanía, se
hace necesario la definición de políticas de Estado de largo plazo. Para
lo anterior, se propone la revisión total del Plan de Nación 2020 y Visión
de Nación al 2038 como un proceso
concertador y desde la base comunitaria y con el conjunto pleno de las
organizaciones de Sociedad Civil y
ciudadanía. Este proceso debería
ser inclusivo, democrático, participativo y permitir contar con una visión y plan, así como una estrategia
de implementación macro, regional y
local que sea la base para un presupuesto plurianual que establezca los
techos de asignaciones concertadas de cara al próximo gobierno que
iniciara sus funciones en el 2014.
4.3.16 El Estado desperdicia millones de
lempiras en el entrenamiento de personal cada vez que se cambia el Gobierno, incluso cuando se trata del
mismo partido político que asume la
conducción del Poder Ejecutivo. Es
decir, cada cuatro años una parte
importante del personal es despedido, sin ninguna razón que no sea la
de acomodar plazas vacantes para
los nuevos integrantes del gobierno, fomentando el aprovechamiento
personal de posiciones que son vistas como “de oportunidad temporal”. En caso de unidades ejecutoras
de proyectos con fondos externos,
garantizar la permanencia por el periodo de ejecución del proyecto del
personal técnico seleccionado con
los procedimientos aplicables por el
organismo financiador, conforme a
evaluaciones periódicas de desempeño.
4.4. Propuesta sobre crecimiento económico con equidad
Fundamento
4.3.17 Adicionalmente, mediante la profesionalización del servicio público
se reducen las presiones ejercidas
por los políticos para colocar gente
de su confianza, haciendo omisión
de las calificaciones profesionales,
éticas y morales de las personas recomendadas, las que posteriormente son utilizadas como medios para
la obtención de privilegios, dando
como resultado el crecimiento de la
corrupción en el sector público y privado.
Plan de Nación y Política Estatales
4.4.1. La economía nacional se ha caracterizado por un comportamiento irregular, sin lograr un crecimiento alto y
sostenido durante un largo período de
tiempo, lo que ha dado como resultado una tasa promedio de crecimiento
del Producto Interno Bruto apenas
superior a la tasa de crecimiento de
la población, lo que a su vez no ha
permitido reducir en forma substantiva la pobreza ni la desigualdad. El país
se caracteriza por elevadas tasas de
desempleo y sub empleo, por lo que
una gran cantidad de hondureños se
han visto forzado a migrar del país en
busca de mejores horizontes y muchos de los hogares pobres, dependen de las remesas familiares provenientes del exterior.
4.3.18. Bajo la idea de una modernización
del Estado orientada a lograr y con-
18
En la actualidad, la economía nacional
se encuentra afectada por los proble-
mas de la desaceleración económica
y de comercio de las economías de
los países avanzados, especialmente en Europa y en Estados Unidos. A
esto debemos agregar los serios problemas fiscales que nuestra economía viene presentando desde el año
2009, con déficits del gobierno central
relativamente altos, por lo que se ha
tenido que recurrir al financiamiento
interno que ha crecido en forma extraordinaria, dada la insuficiencia de
recursos externos para financiar dichos déficits. Esto a su vez ha motivado una política monetaria restrictiva y
provocado incrementos en las tasas
de interés domesticas, con el riesgo
de llegar a afectar las actividades
productivas. Adicionalmente, el presupuesto de la nación está concentrado en más de 80% en el gasto corriente, afectado a su vez por gastos
rígidos como ser sueldos y salarios,
subsidios, transferencias, bonos, etc.,
dejando muy pocos recursos para la
inversión y para mejorar los servicios
que el Estado ofrece en áreas vitales
como seguridad, educación y salud
con priorización en la niñez, juventud
y mujeres, los pueblos indígenas y
afrodescendientes.
Planteamiento
4.4.2. En el escenario macroeconómico actual es necesario impulsar un Pacto
Fiscal para el Desarrollo que promue-
V
va un marco macroeconómico sólido
y estable de largo plazo, que facilite la
atracción de la inversión privada y el
establecimiento de prioridades nacionales, focalizadas en proyectos y programas que favorezcan la generación
de empleo productivo y una mejora
en los servicios que ofrece el Estado
a las grandes mayorías pobres. Este
Pacto debería contener límites al déficit fiscal--que de conformidad a estándares internacionales para países
de ingresos medios no debería ser superior al 3%--, límites al gasto corriente como porcentaje del total del gasto
presupuestado, límites a los sueldos y
salarios, límites mínimos para inversión y límites al endeudamiento interno y externo.
El Pacto debe centrarse en mejorar la
calidad del gasto especialmente en
las áreas de seguridad, educación,
salud, agua y saneamiento e impulsar
un mecanismo de tributación progresiva, la disminución de la evasión fiscal y la revisión objetiva del conjunto
de exoneraciones fiscales, y otras
políticas públicas adversas, la programación presupuestaria de corto,
mediano y largo plazo que promueva
y maximice el beneficio económico y
social. El presupuesto debe ser conceptualizado como un instrumento de
desarrollo para beneficio de las grandes mayorías.
Reflexiones y propuestas para avanzar en la transición democrática:
Hacia un Pacto por la Transformación
Naturaleza y alcance de la multicrisis
insuficiencia del crecimiento económico y su
inequidad; tercero, crecimiento exponencial
de la violencia e inseguridad, participación
ciudadana de baja intensidad, y límites y fragilidad del Estado hondureño, lo que caracteriza
una verdadera crisis estructural.
5.1 Diversos factores definen la naturaleza de esa
multicrisis. Primero, el deterioro progresivo de
la calidad de vida de la población hondureña
en los temas básicos como la pobreza, educación, salud, empleo y seguridad. Segundo, la
19
Acuerdos Nacionales
5.2 Los problemas de crisis de representación y
estatalidad, la fractura social (empleo, pobreza inequidad), crecimiento económico bajo
e inequitativo y desequilibrios macroeconómicos. En ese contexto, el país enfrenta una
delicada coyuntura de tránsito y reconfiguración por la suma de los problemas estructurales no resueltos y acumulados, más los
saldos de la crisis del 2009. Como lo indica el
estudio del PNUD-Programa de análisis político y escenarios prospectivos (PAPEP), no solo
está en juego la gobernabilidad del país sino
sus opciones de desarrollo.12
5.5 Proponemos como Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa considerando la actual transición democrática del país, caracterizada por
amplios rezagos en materia socio-económica
y de reconfiguración de los partidos políticos,
diseñar y avanzar hacia un “Acuerdo Nacional Mínimo” como forma de mejorar la situación del país. Coincidente con la voluntad
ciudadana expresada por la población quienes responden que un proceso de Acuerdos
Nacionales podría mejorar la situación del
país. Esos Acuerdos Mínimos deben de considerar los temas centrales señalados anteriormente, fundamentados en acuerdos de largo
plazo, que sean inclusivos y que establezcan
políticas de Estado. En concreto aspiramos y
proponemos un pacto social que coadyuve a
cerrar las enormes brechas sociales, económicas y políticas de la mayoría de la población del país, que respondan a las aspiraciones ciudadanas y propicien un ambiente de
esperanza y futuro para nuestra niñez y juventud, para la nación entera.
5.3El desafío de gestionar una crisis compleja
que se articula a las tres áreas. La cohesión
social, la competitividad del país y la gobernabilidad- un proceso electoral en el 2013 en
camino que se define como totalmente inédito y aun con una polarización de la sociedad
no totalmente resuelto en un contexto de violencia creciente. Consideramos como Grupo
de Diálogo de Ciudadanía Activa que la reconfiguración del sistema político puede ser una
vía para incrementar la legitimidad de las
instituciones democráticas.
Llamado a una ciudadanía activa, comprometida, responsable y transformadora
5.4 Un aspecto es la capacidad del Estado de
responder a la crisis y su fragilidad. Y en ese
contexto como gestionar el cambio de Gobierno y su impacto, desarrollando una gestión
pública estratégica y eficiente, en la cual se
presentan las diferentes reformas: fortalecer
la Institucionalidad del Congreso Nacional,
prevalencia del respeto a la Ley, fortalecer la
Gestión Ejecutiva y Profesionalizar la carrera
Pública.
5.6 Finalmente, fundamentados en la ética de
la convicción y de la responsabilidad y en el
pensamiento que sin una ciudadanía activa no
hay posibilidades de cambios sustantivos en
la nación. Por lo tanto hacemos un llamado a
la ciudadanía del país a participar entusiasta
y comprometidamente con las transformaciones nacionales, por el bien común y el respeto
de los derechos humanos, a trabajar y soñar
por una Honduras de todos y para todos. Que
la Honduras del bicentenario nos encuentre
como una nación de paz, de libertad, de justicia y pleno desarrollo humano.
12. Véase PNUD-PAPEP (2012) Honduras. El desafío de construir una salida a la crisis. Escenarios prospectivos
2012-2015.Tegucigalpa. julio 2012.
20
21
Recomendación
Detalles de la recomendación
Reforma
del
Estado
Seguridad ciudadana y
propuesta de Reforma de
Seguridad Pública
9) Fortalecer la instucionalidad del Congreso Nacional
Que la Presidencia se rote cada dos años y que el Presidente no pueda ser
candidato a la Presidencia de la República, salvo que renuncie a su cargo por lo
menos doce meses antes de la convocatoria a elecciones internas
Evaluar y revisar el mecanismo de elección y representación políca de los
diputados en el Congreso Nacional buscando la mayor representación ciudadana
La calidad de la Integración del Congreso Nacional y calidad de la representación
Realizar una revisión y reforma profunda del reglamento eliminando la elevada
concentración de poder y la discrecionalidad de que goza quien ostente la
presidencia del Congreso Nacional, para lograr un Congreso más democráco y
Reglamento del Congreso Nacional transparente
4) Revisión del presupuesto de la Secretaria de Seguridad y la asignación de la
tasa de seguridad bajo un orden de prioridades.
5) Un Pacto Políco por la Seguridad Pública
6) Elaborar un diagnósco del sector juscia y seguridad en base a resultados,
fundamentalmente de lo que no está dando resultados o se está incumpliendo
así como de lo que se considere como fortalezas. Medición de desempeños y
rendimientos de policías, fiscales y jueces así como de sus Unidades
Administravas. Detección de cuellos de botellas en los procesos y propuesta
de soluciones
7) Supervisar la labor y desempeño de los entes fiscalizadores de las tres
instancias--Inspectoría General de Tribunales, Supervisión Nacional del
Ministerio Público y la Dirección de Invesgación y Evaluación de la Carrera
Policial-- , para la detección de cuellos de botellas en los procesos y presentar
propuestas de soluciones
8) Diseñar e implementar un Plan de emergencia para evacuar la "juscia
rezagada" y moras en los disntas Unidades Administravas del Sector Juscia,
entre otras.
3) Depuración de los operadores de juscia:
2) Reforma del marco jurídico, estratégico e instucional de al menos los
siguientes actores instucionales:
• Ciudadanización de las mesas electorales
· Organización y capacitación electoral
•
Poder Judicial
•
Ministerio Público
•
Secretaria de Seguridad
•
Policía Nacional
•
Ministerio del Interior
•
Gobiernos locales
• Inspectoría General de Tribunales.
• Supervisión Nacional del Ministerio Público.
• Dirección de Invesgación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
• Mecanismo de supervisión y rendición de cuentas de los pardos polícos
1) Profunda reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Polícas en dos
etapas:
Corto plazo: (a mayo 2013) • Respetar el cronograma electoral
• Ciudadanización de las mesas
• Voto electrónico con un sistema auditable
• Financiamiento de las campañas electorales
• Elaboración de censo acvo y censo pasivo
• Igualdad de oportunidades ante los medios de comunicación para todos los
Fortalecimiento
actores parcipantes en el proceso electoral
democráco y seguimiento
Mediano plazo: (Después de noviembre 2013) • Cumplimiento de la ley electoral y mecanismo de supervisión
al proceso electoral
• Mecanismo de selección de los magistrados del TSE, garanzando su
apolicidad.
• Autonomía del TSE
• Independencia económica del TSE
• Financiamiento de las campañas electorales y de los pardos polícos
Área
Matriz de Recomendaciones
Anexo
Propuesta Pacto por la Transformación
TSE, CN
TSE, CN
TSE, CN
TSE, CN
MP
MP
MP
MP
CN
CN
MP
MP
CN
MP, PJ
MP
MP
SS
SS
MP
MP
MP
TSE, CN
TSE, CN
TSE, CN
PJ
MP
SS
SS
TSE
TSE, CN
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
TSE
TSE
TSE
TSE
TSE
CP
CP
MP
MP
MP
Temporalidad: Corto
Plazo (CP), Mediano
Endad
Plazo (MP), Largo
Plazo (LP)
Responsable
22
15) Impulsar un Pacto Fiscal para el Desarrollo que promueva un marco
Crecimiento económico con
macroeconómico sólido y estable de largo plazo, que facilite la atracción de la
equidad
inversión privada y el establecimiento de prioridades nacionales
14) Plan de Nación y Políca Estatales
13) Profesionalizar la Carrera Pública
12) Fortalecer la Gesón Ejecuva
11) Eficiencia y transparencia gubernamental
10) Respeto a la ley
Crear la carrera de Servicio Civil, proporcionando estabilidad de empleo a los
profesionales contratados por el Estado, basada en la calidad del desempeño,
profesionalismo, especialización, y justa remuneración, de conformidad a
evaluaciones periódicas a que deben estar sujetos los servidores públicos
Revisión total del Plan de Nación 2020 y Visión de Nación al 2038 como un
proceso concertador y desde la base comunitaria y con el conjunto pleno de las
organizaciones de Sociedad Civil y ciudadanía
La aprobación de una Ley que sustuya la actual Ley del Servicio Civil que data
desde el 6 de Sepembre de 1968
Un marco legal que propicie la instucionalización de un sistema de “Mérito e
Igualdad de Derechos”,
Extender el periodo de servicio de los Magistrados a diez años, con el objevo de
asegurar una mayor profesionalización y el fortalecimiento de la carrera judicial
Diseñar e implementar un mecanismo de evaluación y revisión de la eficacia y
eficiencia de los operadores de juscia
Reducir la polización en la contratación de personal y el clientelismo, tanto a
nivel políco como económico
Configuración de una Junta Nominadora integrada por representantes de la
sociedad civil, del sector empresarial y del Poder Ejecuvo, con la responsabilidad
de conducir el proceso por concurso público, con base en una ley de audiencias
públicas, para proponer una terna de tres candidatos por cargo, para que el
Presidente de la República designe a los profesionales responsables de dirigir las
siguientes instuciones: Presidente del Banco Central de Honduras y directores,
comisionados de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Presidente y
directores de BANHPROVI, Presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola,
Comisionados de CONATEL, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
Empresa Nacional Portuaria (ENP), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(HONDUTEL), Servicio Nacional de Alcantarillados (SANAA), Dirección Ejecuva de
Ingresos (DEI)
Que el Fiscal General y su adjunto, los magistrados del Tribunal Superior de
Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral sean nombrados por el Congreso
Organismos Contralores Nacional a propuesta de una Junta Nominadora
La permanencia o aprobación de cualquier beneficio especial como ser los
Estatutos gremiales, condonaciones de deuda, exoneraciones fiscales y subsidios,
Beneficios especiales, exoneraciones fiscales deben ser raficados por la ciudadanía hondureña
Que el Congreso Nacional presente liquidaciones desglosadas de su presupuesto y
que sean publicadas con periodicidad trimestral, en forma similar al resto de los
Poderes del Estado
Eliminar las pardas de subsidios para uso de los diputados y en su lugar,
planificar con el Poder Ejecuvo la inclusión de las obras que se deseen como
Transparencia Presupuestaria parte del programa de inversiones públicas
Evaluar la conveniencia de crear un Tribunal Constucional
Reformar la Junta Nominadora de los Magistrados a la Corte Suprema de Juscia,
de tal forma que la misma Corte no tenga representante y que se agregue un
representante adicional a la Sociedad Civil
CN
CN
MP
MP
CP
MP
SEFIN y
Gobierno
SEPLAN
SEPLAN
MP
MP
SEPLAN
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
CN
MP